Santiago González Vallejo es economista, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
En Bogota se proyecta construir una línea de metro, en aras a avanzar en un transporte sostenible. Será una decisión buena y no precisaría de un artículo sino fuera por las posibles manos en las que podría acabar ejecutándese dicho proyecto en Colombia.
Partimos de la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea donde se aprobó, por parte de esta última, favorecer el desarrollo económico y las inversiones de la primera por medio de la concesión de un fondo de inversiones para proyectos en cambio climático y energía, transporte sostenible e industria digital por importe de 45.000 millones de euros, algo más de 50.000 millones de dólares. Por supuesto, este fondo trata de competir estratégicamente con los Estados Unidos y con China.
Así, entre los proyectos que serían beneficiarios de estas inversiones se encuentra la construcción y equipos de transporte de la línea 2 del metro bogotano.
Y aquí viene el problema. Entre las empresas que se han presentado al concurso se encuentra, en un consorcio junto a las empresas Acciona y Sacyr, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, cuyo acrónimo CAF, no hay que confundirlo con el del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). CAF (trenes) es una empresa española que tiene un problema irresoluble de confrontación con el derecho internacional.
Permítanme explicarles dicha confrontación. En el año 2019, la empresa española CAF se adjudicó un concurso organizado por las autoridades de ocupación israelíes para construir, gestionar y suministrar vehículos y señales, líneas de tren ligero entre Israel y las colonias ilegales en el Territorio Ocupado Palestino. Esta ilegalidad, determinada entre otras normas por la IV Convención de Ginebra, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia o la última Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2334/2016), junto a los llamados de la propia Autoridad Palestina, motivó que múltiples empresas ferroviarias y de construcción no se presentaran al concurso citado.
Incluso los trabajadores de CAF se manifestaron en contra junto con diferentes asociaciones sociales.
CAF fue denunciada ante los organismos de mediación de responsabilidad social corporativa de la OCDE, como conoce puntualmente el Punto Nacional de Contacto de Colombia.
El trazado de esas líneas de tren ligero que pasan por el Jerusalén ocupado es diseñado por la potencia ocupante, Israel. Es decir, CAF traza railes y pone trenes en una zona donde su contratante, Israel, expropia y expulsa a los habitantes originarios palestinos. Las líneas de tranvía facilitan y amplían el trasvase de población de la potencia ocupante al territorio ocupado. Ahonda la ocupación y la colonización israelí.
CAF ignora y elude el derecho internacional
Amnistía Internacional, junto a otras 30 asociaciones entre las que se encuentra nuestra organización, ha pedido formalmente que CAF sea incluida en la Base de Datos de empresas que delinquen, lucrándose y facilitando la ocupación israelí. Dicha Base de Datos cumple un mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En teoría debería actualizarse cada año aunque, en la práctica, Estados Unidos y la Unión Europea sedes de numerosas empresas multinacionales, ponen trabas en su realización.
Por su parte, la empresa CAF argumenta en su defensa que el transporte público y tranviario reduce la huella de carbono, es un transporte sostenible. Esgrime ademas, como coartada, que no habrá discriminación. Si se paga el billete podrán utilizarlo cualquiera, sean palestinos, israelíes o turistas colombianos.
No es cierto. Ese tranvía 'sostenible', no es inclusivo. El trazado cumple un plan colonial. Su acceso también es colonial. No accederán los palestinos de Jerusalén a los que Israel les quita sus residencias. Tampoco los palestinos que no sean autorizados a acceder a territorio ocupado controlado por Israel. Los colonos, sí. Así, pues, no todos subirán al tranvía del apartheid de CAF.
CAF hace suya esa frase de “hecha la ley, hecha la trampa”. Por eso, ha pagado informes y ha coleccionado sellos de buenas prácticas, como el Global Compact, que no contemplan revisión por terceros de sus afirmaciones.
Y para remate, recibe el beneplácito de un Occidente (cuyo significado sería un conjunto de países ricos, cuasi blancos y un cristianismo a la medida) en el que Israel es intocable. Ni el auditor de CAF, E&Y, ni España, ni la UE (ya no mencionemos a Estados Unidos o el Reino Unido), tan proclives y rápidos en la imposición de sanciones a empresas o a la economía rusas por la invasión rusa a Ucrania, han puesto objeciones efectivas contra la actuación de CAF o a la economía israelí por la ocupación y colonización palestina. Asi pues, nos encontramos con una doble vara de medir en las invasiones de territorios.
Es cierto que la Unión Europea declara que la ocupación israelí es ilegal y hace directivas de diligencia debida. Declara pero no actúa. De modo que empresas como CAF, Edreams, Alstom, Mekorot, etc., o la industria militar o securitaria israelí Elbit, Rafael, Hewlett-Packard, Pegasus, etc.. acampan a sus anchas en territorio palestino o son cómplices y hacedores de la ocupación y colonización israelí.
No es menos cierto que la UE rechaza que las colonias israelíes asentadas en terrtorio palestino, formen parte de Israel y no tienen formalmente libre acceso al mercado europeo, previsión que no lo tienen todos los tratados de libre comercio que Israel ha firmado con diferentes países, pero dicho control es manifiestamente mejorable. La permisividad de ese comercio es cómplice con la ocupación. Por eso, entidades cívicas europeas han obligado a que la Comisión Europea tenga que posicionarse ante la disyuntiva de que si son colonias ilegales (sea en Palestina o en el Sáhara Occidental) el comercio debe ser prohibido.
Frente a la pusilanimidad o complicidad de gobiernos o de organismos regionales o locales, asociaciones cívicas y de derechos humanos han logrado que Oslo, con apoyo sindical, prohíba que CAF pueda siquiera ofertar en nuevos concursos. Barcelona ha redactado una norma de concursos públicos donde se excluyen a empresas con actividad en paraísos fiscales (otra complicidad internacional) o que vulneren el derecho internacional, como CAF.
CAF debe ser excluida del concurso del metro de Bogotá.
Contra la Sudáfrica del apartheid se hicieron peticiones públicas y tiempo después, algunos Estados respondieron contra las empresas que participaban en esa política de segregación. En Argentina han condenado a empresas que participaron activamente en la represión de la dictadura. En Nuremberg se condenaron a empresas, descartando su supuesta argumentación, de que obedecían ordenes de las autoridades nazis, pero lucrándose por los pedidos.
CAF no puede lucrarse obedeciendo las órdenes de planificación colonial israelí y no afectarle su complicidad colonizadora. Ni en el Territorio Ocupado palestino, ni en otra parte cuyos rectores no quieran mirar para otro lado.
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