martes, 21 de octubre de 2014

La ONU advierte sobre el plan israelí para realojar a beduinos en Cisjordania

Jerusalén, 21 sep (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) advirtió hoy sobre un plan de Israel para transferir a miles de beduinos del centro de Cisjordania a una ciudad de reciente creación más al sur, cerca de Jericó.

"Si se implementa ese plan, aumentará la preocupación de que se lleve a cabo una 'transferencia forzosa' contraviniendo la Cuarta Convención de Ginebra", alerta el organismo en un comunicado.
El comisionado general de la UNRWA, Pierre Krähenbühl, sostiene que la medida servirá también para "ampliar la expansión de asentamientos ilegales israelíes, amenazando la viabilidad de la solución de dos estados" para el conflicto palestino-israelí.
La Agencia exhorta a las autoridades israelíes a no proceder con la transferencia de esas comunidades y pide a los países donantes y a la comunidad de naciones que se opongan firmemente.
En abril pasado, Israel dio a conocer el proyecto para realojar a las comunidades rurales beduinas residentes en toda Cisjordania en tres áreas: Nweima, al Jabal y Fasayil.
La mayor parte de las poblaciones que se pretende realojar, denuncia UNRWA, son refugiados palestinos registrados como tales por la agencia.
"El impacto humanitario del plan de transferencia podría ser inmenso", denunció Krähenbühl, al referirse al primero de ellos, el de Nweima, propuesta cuya puesta en práctica podría conducir a la transferencia de al menos 12.000 personas.
Numerosos beduinos incluidos en las comunidades que figuran en el plan han vivido en sus actuales poblaciones durante décadas, a las que llegaron tras la primera guerra árabe-israelí con su forma de vida tradicional dedicada al pastoreo principalmente.
Con la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este por Israel en 1967, tras la Guerra de los Seis Días, esas aldeas, subraya la nota, han sido testigo de la expansión de asentamientos judíos a su alrededor.

Se sigue llamando Palestina


Luz Gómez es profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.
La semana pasada Palestina vivió un momento esperanzador con la reunión, por primera vez desde 2007, de un Gobierno de unidad nacional y con su reconocimiento como Estado soberano por parte de Suecia, un país de peso en la ingeniería política internacional (distinta cosa, aunque también significativa, es la petición del Parlamento británico a su Gobierno para que reconozca a Palestina). Cohesión, trabajo en las instituciones internacionales y potenciación de la sociedad civil son los retos de la política palestina para los próximos tiempos.
Pero antes de poder escenificar su unidad, Palestina tuvo que sufrir en Gaza una ofensiva israelí cuyas causas no están del todo claras. Cuando a principios de julio el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decidió lanzar el ataque, había varios factores que parecían empujarle a ello.
En primer lugar, el secuestro y asesinato del joven palestino Muhammad Abu Khdeir, quemado vivo a las afueras de Jerusalén a raíz del secuestro y asesinato de tres estudiantes de una yeshivacercana a Hebrón, había llegado a gozar de unos niveles de apoyo popular preocupantes. Tanto por la derecha como por la izquierda, a Netanyahu se le pidió que hiciera algo más que culpar a Hamás: o bien que vengara a los jóvenes asesinados, o bien que calmara los ánimos. Para el primer ministro israelí, la maniobra más segura era atacar Gaza.
En segundo lugar, uno de los asuntos que menos sale a la luz pública internacional es el estado de movilización y la tensión creciente en que vive la población palestina del Estado de Israel (en torno al 20%). En el último año se han aprobado una serie de leyes que discriminan aún más a los palestinos con ciudadanía israelí, como el Plan Prawer, que expropia a los beduinos del Néguev. Y lo más importante: se ha impulsado el proyecto para una Ley Fundamental que defina a Israel como un Estado judío. Entre junio y julio cerca de 600 palestinos, de ellos 180 menores, fueron detenidos en manifestaciones en demanda del fin de las políticas discriminatorias, lo cual supone la mayor campaña de arrestos masivos desde octubre de 2000, cuando comenzó la Segunda Intifada. Es este un escenario muy preocupante para el Gobierno israelí, pues uno de sus grandes temores es la concreción de una nueva Intifada, sobre todo si tiene a los palestinos israelíes como principales protagonistas.
Por último, el fracaso de las negociaciones de paz tampoco dejaba a Netanyahu en buen lugar: su consecuencia, la formación del Gobierno de unidad nacional palestino, ha contado con el beneplácito más o menos explícito de los aliados de Tel Aviv. Y ha venido a rebatir uno de los puntos fundamentales del argumentario israelí: que los palestinos no son un socio fiable para la paz porque no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos.
Uno de los asuntos que menos sale a la luz es la tensión creciente de los palestinos en Israel 
Por todo ello atacar Gaza una vez más parecía una solución política: desviaba la atención, aunque solo fuera temporalmente, de esta acumulación de problemas. Pero el resultado fue el contrario del deseado. La popularidad de Netanyahu cayó del 82% a las dos semanas de comenzar la ofensiva al 38% un mes después.
Se pueden decir muchas cosas de Netanyahu, pero no que haya ocultado nunca sus intenciones sobre Palestina. Con más o menos tecnicismos, nunca ha aceptado la solución de los dos Estados. Tampoco ahora. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU el 29 de septiembre no mencionó ni una vez al Estado palestino o las negociaciones y sí 15 veces al ISIS. El 11 de julio, tres días después de que comenzaran los bombardeos, negaba la posibilidad de un Estado palestino independiente. El conflicto de Gaza, dijo entonces, significa que “no puede haber una situación, bajo acuerdo alguno, en la cual nosotros renunciemos al control de la seguridad del territorio al oeste del río Jordán”, es decir, que Israel no renunciará a Cisjordania. Y aquí reside todo: si por Netanyahu fuera, el Estado palestino se reduciría a Gaza. Porque la anexión de Jerusalén oriental es un hecho, y la de Cisjordania, al ritmo actual de crecimiento de la colonización, es cuestión de unos años. Solo hay un problema: que con la tierra van los palestinos. Como ha dicho recientemente Hanan Ashrawi, diputada del Consejo Legislativo Palestino, “los palestinos creyeron un día en la solución de los dos Estados; hoy, de lo único que están seguros es de que no abandonarán su tierra”.
Si al primer ministro israelí la guerra de Gaza no le ha servido de mucho, y Hamás, en cierto modo, ya la había ganado por anticipado con la formación del Gobierno de unidad nacional, ¿les ha servido de algo a Israel o a Palestina? Responder a esta pregunta es entrar de lleno en el terreno de la otra guerra: la de narrativas.
Netanyahu, y con él buena parte de los israelíes, se resiste a encarar el futuro, y el Gobierno sigue aplicando recetas de otro tiempo:check-points, bloqueo, castigos colectivos, arrestos indiscriminados, confiscación de tierras. Los más sensatos llaman, como pedía el editorial del 1 de septiembre del diario Hareetz, a acabar con el bloqueo de Gaza por el bien general, pero son muy pocos quienes plantean un cambio de estrategia verdadero. Michel Warschawski, veterano activista, contaba hace unas semanas cómo el miedo a sus compatriotas empieza a cundir entre los pocos israelíes que se oponen a estas políticas y defienden un futuro conjunto palestino-israelí. En un mundo en que los equilibrios geoestratégicos se están recomponiendo, Israel necesita reinventarse, “desprovincializarse” que diría la filósofa norteamericana Judith Butler, si no quiere perder definitivamente la guerra de narrativas que viene librando con los palestinos desde los años setenta, cuando no desde la Nakba misma.
Para los israelíes, tras la fulgurante fundación del Estado en 1948 y su rápida consolidación, la guerra de 1967 supuso un cambio sustancial en la reivindicación de la continuidad histórica, cultural y racial del pueblo judío en que habían basado su derecho a construir un Estado en Palestina. Con la ocupación de Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza, tanto o más importante que reivindicarse como nación comenzó a ser despojar a los palestinos de ese derecho, hasta el punto de acabar condicionando su relato al del pueblo cuya tierra habían arrebatado y cuya existencia habían negado. El historiador israelí Shlomo Sand denomina “ultraidentidad” a esta estrategia entregada a un pasado mítico para perpetuar un presente imposible, y la considera letal para la viabilidad democrática del Estado, incluso para el conjunto del judaísmo.
Israel necesita reinventarse si no quiere perder la guerra de narrativas
Tampoco los palestinos supieron librarse al principio de la trampa de someter la construcción de su relato a la lógica del ellos/nosotros, hasta el punto de casi perderse en el cruce de acusaciones sobre víctimas y verdugos. Arafat, en el célebre discurso de 1988 en Argel en que proclamó la independencia del Estado de Palestina en las fronteras de 1967, dio un vuelco inesperado a esa narrativa. Al mundo le sorprendió su reconocimiento de Israel y el proyecto político que enunció, pero mucho más revolucionario era el mensaje implícito sobre la identidad palestina. Se ha llegado a comentar si él mismo supo entenderlo, si no le superó la genialidad de los dos artífices de la Declaración de Independencia, el académico Edward Said y el poeta Mahmud Darwix. En cualquier caso, la fuerza de la dialéctica saidiana asentó un nuevo significado para el relato palestino: la identidad no es lo que se hereda, es lo que se lega, es tan cambiante como territorial y verbal. En un poema de 1986, Mahmud Darwix ya había reducido a lo esencial su punto de vista, en unas palabras tan sencillas que costará que haya paz si no se entienden: “Se llamaba Palestina. Se sigue llamando Palestina”.

Para que no te olvides: Gaza sigue estando así

La ofensiva israelí en Gaza de julio y agosto costó la vida a más de 2.100 personas y dejó la franja devastada. Semanas después, Palestina ya no ocupa tantos titulares, pero su situación sigue siendo muy delicada.
La conferencia internacional de donantes para recabar fondos para la reconstrucción de la Franja de Gaza, celebrada este domingo en El Cairo, recaudó 5.400 millones de dólares, anunció el ministro noruego de Asuntos Exteriores, Borge Brende, en una rueda de prensa.
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, ha anunciado una contribución española de 36 millones de euros para Palestina para el periodo 2014-2017. De este monto, al menos el 50% será destinado al proceso de recuperación y reconstrucción de Gaza.
Mientras, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viajará a Gaza el próximo martes para entrevistarse con diferentes autoridades palestinas y comprobar el estado de las instalaciones de la organización.
Para que no te olvides de cómo esta Gaza, te dejamos esta serie de fotografías que ha realizado este fin de semana el fotógrafo de AFP Ahmud Hams. Queda mucho trabajo por hacer

Ocho partidos piden hoy al Gobierno que demande a Israel por destruir el aeropuerto de Gaza pagado por España

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -  
   Izquierda Plural y el Grupo Mixto defenderán este miércoles en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso una iniciativa firmada por ocho partidos para reclamar la suspensión del acuerdo de asociación que la Unión Europea tiene suscrito con Israel desde 1995, que se ponga fin al bloqueo de la franja de Gaza y que se exijan a Israel daños y perjuicios por haber destruido en sus últimos ataques el aeropuerto de la franja, que fue financiado por España.
   Se trata de una proposición no de ley firmada por los integrantes de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y por las formaciones Amaiur, ERC, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Nueva Canarias (NC), Compromís-Equo y Geroa Bai, adscritas al Grupo Mixto.
   En la iniciativa, impulsada por el BNG y a cuyo texto ha tenido acceso Europa Press, estas formaciones argumentan que Israel viene incurriendo en una "vulneración flagrante" del artículo dos del acuerdo que tiene con la Unión Europea y que compromete a "respetar los derechos humanos y los principios democráticos".

NO VENDERLES ARMAS

   Por eso quieren que el Congreso exija al Gobierno que promueva la suspensión de ese acuerdo de asociación vigente desde hace 19 años y que proceda, asimismo, a suspender el comercio de armas con Israel mientras este país no cumpla la legislación internacional en materia de Derechos Humanos y con las disposiciones de la Convención de Ginebra.
   Estos siete partidos también defienden que el Ejecutivo haga gestiones ante la comunidad internacional para lograr que finalice el bloqueo al que está sometida la Franja de Gaza desde 2006, así como que incentive la vía del diálogo y la negociación para terminar con la ocupación del territorio palestino que arrancó en 1967 y que se proceda a la aplicación efectiva de las decisiones de Naciones Unidas.
   En el último punto de la proposición no de ley animan al Gobierno a demandar "daños y perjuicios" al Estado de Israel por la destrucción del aeropuerto de Gaza, cuya construcción financió España y que es "una infraestructura básica para las comunicaciones" y para poder el "aislamiento en el que vive la población de la franja".

lunes, 6 de octubre de 2014

Suecia se convertirá en el primer país miembro de la UE en reconocer al Estado Palestino

El primer ministro sueco, Stefan Lofven, ha anunciado este viernes que su nuevo Gobierno de centro-izquierda reconocerá al Estado palestino.
Con esta decisión, Suecia se convertirá en el primer país miembro de la Unión Europea que reconocen a Palestina como Estado. Hungría, Polonia y Eslovaquia ya reconocían a Palestina antes de entrar en la Unión.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el reconocimiento de facto del Estado de Palestina en 2012 con el estatus de "estado observador". Sin embargo, la Unión Europea y la mayoría de los países de la UE todavía no lo han reconocido oficialmente.
"El conflicto entre Israel y Palestina solo se puede resolver con la solución de dos estados, negociado de acuerdo con las leyes internacionales", ha dicho Lofven durante su discurso inaugural ante el Parlamento. "Una solución de dos estados requiere reconocimiento mutuo y una voluntad de coexistencia pacífica. Por tanto, Suecia reconocerá el estado de Palestina", ha añadido.
UN IMPULSO A PALESTINA
La decisión del nuevo Gobierno de centro-izquierda servirá para impulsar las ambiciones de Palestina. En los círculos internacionales, Suecia es un país con una reputación demostrada como mediador en asuntos internacionales y una voz influyente en la política de exteriores europea. Por tanto, se espera que otros países se sumen a su postura próximamente.
No obstante, también es posible que Israel critique la decisión y que Estados Unidos y la Unión Europea se mantengan al margen y sigan defendiendo que el estado de Palestina solo puede nacer de un proceso de negociación.
Los palestinos quieren crear un estado independiente en Cisjordania y Gaza, con su capital en Jerusalén Este. Las fronteras de Gaza están claramente definidas, pero los territorios exactos que constituirán Palestina en Cisjordania y Jerusalén Este solo se podrá determinar a través de las negociaciones con Israel en una solución de dos estados, que actualmente se encuentran suspendidas.

Martín Pallín: “En la judicatura española prima la cultura de la autoridad frente a la de servidores públicos”


Cuatro años después de nuestra primera entrevista en la que alertaba de que la reforma de la jurisdicción universal se debía a los intereses de Telefónica en China, volvemos a repasar la situación de la Administración de Justicia en España con uno de sus más destacados veteranos, el jurista José Antonio Martín Pallín. Nacido en 1936, este ex fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, fue durante la dictadura franquista uno de los fundadores de la organización clandestina “Justicia Democrática”. Ya entrada la democracia, desempeñó la presidencia de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Unión Progresista de Fiscales, así como la portavocía de Jueces por la Democracia. Retirado de la magistratura desde 2006, es colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión Internacional de Juristas.
Invitado por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe a impartir una conferencia en Gijón, conversamos con él sobre el legado de Gallardón en la Administración de Justicia, el sistema de acceso a la carrera judicial, las violaciones de derechos humanos en Melilla, los Centros de Internamiento de Emigrantes y los crímenes franquistas, entre otros asuntos.
Periodismo Humano. El periodo de Gallardón al frente del Ministerio de Justicia será recordado por su fallido intento de reforma de la Ley del aborto, ensombreciendo la gravedad de otras medidas como el encarecimiento de las tasas judiciales que logró mucha menos atención entre la opinión pública y que el nuevo ministro ya ha avanzado que será reformada. El encarecimiento del acceso a la justicia lo ha alejado de su concepción como derecho, facilitando que sean las clases privilegiadas las que tengan más posibilidades de defenderse y grandes sectores de la población desamparados. El ministro Gallardón amparaba esta medida en el desincentivo del abuso de las demandas y agilizar así el funcionamiento de la Administración de la Justicia. En nuestra anterior entrevista usted apuntaba algunos de los grandes obstáculos para esta Administración: un sistema basado en el papel, el abuso de los recursos, la deficiente cultura del ejercicio de la demanda civil colectiva… Según su criterio, ¿cuáles serían las medidas más urgentes que debería emprender el sistema judicial español?
Martín Pallín. Efectivamente me sorprende que en el caso de ministro Gallardón se haya centrado la atención en lo relativo a la Ley del aborto. Cualquier decisión sobre el aborto es de gobierno e, incluso, de partido puesto que tiene una carga ideológica muy importante. Sin embargo, un ministro de Justicia, como de Fomento, tiene competencias específicas y para mí en este caso lo más desastroso, con diferencia, han sido sus leyes que tratan de estructurar la Administración de Justicia. La ley de tasas es absolutamente desproporcionada, hace añicos el principio constitucional del acceso a la justicia. Y nadie se ha rebelado contra ello. Quizá es muchísimo más grave en cuanto a la incidencia en el conjunto de la ciudadanía que la Ley del aborto. La regulación del Consejo del Poder Judicial, que ha sido deficiente en todos los gobiernos, ya la ha terminado de rematar con la creación de vocales permanentes, que en cualquier estructura se hacen con el poder, y transitorios, condenados a la inestabilidad. La jurisdicción universal la ha lapidado por completo y, paradójicamente, gracias a ello Rajoy ha podido ir a China. Parece que ahí le salió mal el cálculo. O bien, si se mira sólo desde el punto de vista de los negocios. En realidad, su periodo al frente del Ministerio de Justicia ha sido un desastre total. Tampoco ha sacado adelante una reforma de nuestras leyes procesales, y especialmente el penal no puede seguir así. No pueden haber causas que duren cinco o seis años, como la Gürtel o el caso Malaya. Esto es único en el mundo. No hay ningún país democrático y civilizado que tenga un proceso que dure diez años, que tenga doscientos acusados y que el juicio oral dure dos años. ¡Los juicios de Nuremberg duraron seis meses!
P. Pero precisamente esta Ley de Tasas se presentó como una vía para agilizar la Administración de la Justicia. ¿Qué otras reformas considera urgentes para acabar con estos procesos eternos y que la justicia no pierda su valor ejemplarizante?
M. P. Lo de agilizar parece una broma de mal gusto, sobre todo cuando se manejan estadísticas falsas y poniendo siempre como modelo a Francia argumentando que con 70 millones de habitantes tiene menos procesos, lo cual es absolutamente falso. En Francia sólo puede ejercitar la acción penal el Ministerio Fiscal. En España hemos visto cómo la ejerce Manos Limpias o cualquier espóntaneo que salte al ruedo. Por supuesto no tengo nada que objetar en que la puedan llevar a cabo los perjudicados por un delito. Pero es que ya lo dijeron los constituyentes: los procesos deben ser orales, especialmente en el ámbito penal, y no se puede seguir haciendo procesos con cientos de miles de papeles. El caso Malaya tiene más de un millón de papeles. Eso lo cuenta uno en otros países y se quedan a cuadros.
P. En varias intervenciones en medios de comunicación, ha alertado sobre el riesgo de que la jueza Alaya, encargada de la investigación de los ERES de la Junta de Andalucía, estuviera confundiendo la investigación de unos supuestos casos fraudulentos de concesión de subvenciones con la criminalización del poder legislativo que aprobó las leyes andaluzas y, por ende, al partido socialista. Ha hablado del riesgo de que vayamos hacia un gobierno de los jueces. ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos para avanzar en la separación de poderes?
M. P.Eso me preocupa institucionalmente y he aplicado esta misma teoría cuando se me han presentado querellas contra ministros del Partido Popular. No podemos meternos en terrenos estrictamente políticos. Los ERES han manejado
Si la jueza Alaya quiere ser coherente, el Partido Popular tendría que ser considerado cooperador necesario o cómplice, lo cual me parece un disparate monumental
. unos 700 millones y parece que han llegado a sus destinos legítimos seiscientos y pico. Parece que alguien ha metido la mano en la caja y sobre esto no tengo nada que objetar a la actitud de la jueza instructora, sea Alaya o quien sea. Ahora, pretender criminalizar un gobierno o votaciones de un Parlamento que apoya unas transferencias que según la jueza son ilícitas cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía dice que son inadecuadas… La cantidad de Parlamentos que habrán adoptado decisiones inadecuadas. Además está la paradoja de que esas transferencias fueron aprobadas con los votos favorables del PP y de IU, incluso con enmiedas que pedían que se destinarán más fondos. Si la jueza Alaya quiere ser coherente, el Partido Popular tendría que ser considerado cooperador necesario o cómplice, lo cual me parece un disparate monumental.
P. Los crímenes franquistas de lesa humanidad ni prescriben ni son amnistiables. El reciente informe del Relator de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha sido especialmente duro en este sentido con el Estado español y le exige al gobierno que los investigue, mientras éste sigue haciendo oídos sordos.  ¿Le queda otra salida a la ciudadanía para que se haga justicia que acudir a tribunales en otros países o a supranacionales como el Europeo de Derechos Humanos?
M. P. En Estrasburgo se ha intentado pero este tribunal ha salido con una cinta política, no jurídica, diciendo que era un problema de España. Así que veo muy pocas posibilidades. Veo muy bien también que en Argentina se esté abordando estos crímenes, pero yo que estoy muy metido en las Asociaciones de Memoria Histórica, les repito una y otra vez que no se hagan ilusiones porque tiene un recorrido simbólico y de ahí no va a pasar. Éste es un país que ha digerido con una facilidad pasmosa, quizás porque han sido cuarenta años, algo que es digno de un juicio de Nuremberg. De hecho, si los aliados en lugar de ir a Italia, hubieran venido por Gibraltar a España, Franco habría acabado como Mussolini. Pero la Historia es la Historia y no tiene sentido ponernos nostálgicos. Pero es que además en España hay mucha gente que no tiene conciencia de que fueran crímenes. Es más, hay muchos que siguen considerando que Franco fue un salvador frente al comunismo internacional.
P. Entonces ¿sólo nos queda que la justicia se haga en los tribunales españoles?
M. P. Por supuesto. Y creo que en algún momento tienen que ser coherentes con el propio ordenamiento jurídico constitucional y los pactos internacionales firmados por España. Siempre recuerdo, y ya estoy cansado porque parezco un obseso, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece una excepción clarísima a la retroactividad de las normas penales lo firmó España en abril de 1977 y la Ley de Amnistía es de octubre de ese mismo año. Por tanto, esa Amnistía va en contra de un pacto internacional por razones puramente cronológicas. Pero somos un país muy peculiar.
P. La carrera judicial requiere, como otras, muchos años de preparación lo que, a falta de becas, favorece que la mayoría de las personas que la integran durante décadas pertenecieran a clases privilegiadas económicamente y más conservadoras. Esto parecía que empezaba a cambiar con una clase media más amplia que podía apoyar a sus hijos e hijas en este largo periplo. Con esta larga crisis y el alto desempleo, la carrera judicial vuelve a ser inaccesible para la mayoría de los licenciados en Derecho. ¿Cómo afecta estos condicionantes y tener una magistratura mayoritariamente conservadora a un país?
M. P. A mí me parece aberrante el sistema de selección: es un sistema que no existe en ningún país del mundo. Tampoco hace falta estudiar tanto: hay jóvenes que con cinco años de estudio y una buena memoria como para presentarse a un concurso tipo Pasapalabralo consiguen porque es pura memoria… Conozco a compañeros que se estudiaban la mitad de los 500 temas e iban a jugársela a una carta. La generalidad de las personas tienen que invertir tres, cuatro o cinco años encerrados en su casa ocho o diez horas, repetir como loritos ante el
El sentido democrático se aprende en las escuelas, y nuestras escuelas no lo enseñan ni para ser juez ni para ingeniero de caminos
preparador los temas y tener suerte al sacar las bolas. Eso efectivamente no se lo pueden permitir todas las familias. Pero el problema del conservadurismo viene más bien de la falta de controles democráticos durante la formación. El sentido democrático se aprende en las escuelas, y nuestras escuelas no lo enseñan ni para ser juez ni para ingeniero de caminos. Entonces, ¿por qué vamos a ser una excepción?
 P. Lo que pasa es que una judicatura conservadora deja desamparada a la ciudadanía.
M. P. Sí, pero esto se resolvería si como contrapartida se exigiese de verdad, como lo recoge la Constitución, que las sentencias estuvieran motivadas, que el juez razone, explique y motive el porqué llega a esa conclusión. Lo que pasa es que son jueces conservadores que además no dan explicaciones: “Esto es porque lo que digo yo y se acabó”. O lo que razonan es totalmente disparatado. Como decía el juez norteamericano Holmes, al que yo admiro mucho, “una sentencia vale lo que valen sus razonamientos ”.  Y esa es la única defensa que tenemos los ciudadanos. Pero aquí no existe esa cultura. En la judicatura española prima la de la autoridad y el poder frente al considerarse servidores públicos que tienen que explicar a sus ciudadanos por qué toman esas decisiones.
Tenemos los recursos que llegan al Tribunal Constitucional, que debería ser el controlador, como lo es el de Estrasburgo. Desgraciadamente el Tribunal Constitucional no responde a esas expectativas, por lo menos en estos momentos. El primer TC fue un buen ejemplo, pero a partir de entonces se instauró descaradamente el bipartidismo y el reparto de cuotas.
P. Las encuestan sitúan a Podemos como tercera fuerza política en las próximas elecciones en España. Más allá del fenómeno político, ¿cómo podría influir esta ruptura con el bipartidismo en el reparto de cuotas en instituciones como el Tribunal Constitucional?
M. P. El reparto de cuotas se puede evitar abriendo el sistema de nombramientos. En el caso del TC, que los candidatos viniesen de propuestas de los decanos de las facultades de derecho, de la Academia de Ciencias Morales, de la jurisprudencia, de la propia abogacía… A partir de estas candidaturas se podría hacer una selección incluso a través de sesiones televisadas. Se puede hacer, de hecho, se hace en otros países.
P. Si pudiera elegir, ¿con qué sistema judicial se quedaría?
M. P.Es difícil. Yo tengo cierta predisposición al sistema
Hay jóvenes que con cinco años de estudio y una buena memoria como para presentarse a un concurso tipo Pasapalabra consiguen ser jueces porque es pura memoria
anglosajón, los jueces estadounidenses e, incluso, la Cámara de los Lores en el caso Pinochet actuaron de una forma excepcional. Pero somos europeos así que me acercaría más al alemán porque empieza en la universidad. No puede ser es que una persona se licencie en Derecho y que, por embutirse en la cabeza unos temas, sea juez. Ningún sistema admite que un piloto de una línea aérea pilote porque se sepa de memoria determinados temas. Hay que tener horas de vuelo. En la carrera judicial lo mismo. En Inglaterra no se puede ser juez sin diez años de experiencia como abogado. Es una cosa muy seria ser juez. Aquí es una profesión más.
P.  Casi diariamente nos llegan casos de abusos cometidos contra personas migrantes en la frontera española de Melilla: devoluciones ilegales, negación de su derecho a solicitar asilo, agresiones por parte de agentes marroquíes con la connivencia de los españoles…  ¿Por qué son tan pocos los casos que llegan a judicializarse? ¿Estamos, la sociedad civil, infrautilizando el recurso de la demanda ante los tribunales españoles para la defensa de los derechos humanos?
M. P. No es un problema de denunciar, sino de valor de los jueces porque es conflictivo. Lo de Melilla me parece ya el summun de la insensatez. Tenemos este lío, y lo vamos a seguir teniendo, con Marruecos sobre si Ceuta y Melilla son territorio suyo o no. Y que haya un Ministro del Interior que diga que hay cinco metros de esa vaya que no son españoles… Pues un día los marroquíes dirán que a por ellos, ya que son suyos según el Ministro del Interior. Después nos replegaremos otros cinco metros y así hasta llegar a la Plaza Mayor de Melilla. Es el colmo de la insensatez, además de delito porque contraviene la Ley de extranjería.
Afortunadamente este juez de Melilla ha tomado medidas y ha imputado al jefe de la Guardia Civil en Melilla.
P. Pero resulta paradójico que sea excepcional lo que ha hecho este juez cuando se llevan años denunciando las ilegalidades cometidas en esta frontera. Algo parecido pasa con los Centros de Internamiento de Emigrantes, donde son encerradas personas hasta 60 días no por haber cometido un delito sino por una falta administrativa, no tener los papeles en regla. Sólo un reducido grupo de ONG tienen acceso a parte de sus instalaciones y a sus internos. Se han denunciado casos de abusos policiales, la falta de asistencia sanitaria y legal por parte de sus presos, especialmente grave en el caso de los enfermos y las mujeres embarazadas…  ¿Cómo se sostiene legalmente la figura de los CIE?
M. P.En un sistema moderno donde la policía cuenta con métodos científicos como parece que han puesto en marcha con el caso del presunto pederasta en Madrid, los CIE no parece que sean necesarios. Expulsiones hay en todos los países, por un procedimiento administrativo, con garantías y recursos ante los tribunales. A eso no me voy a oponer. La ley autoriza que se les tenga encerrados
Una vez que los inmigrantes ingresan en el CIE podrían tener los mismos derechos que un señor alojado en el Ritz porque no ha cometido ningún delito
para tenerlos localizados y pasarlos de ahí al avión. No parece necesario con los métodos de identificación actuales. Pero una vez que los inmigrantes ingresan en el CIE podrían tener los mismos derechos que un señor alojado en el Ritz porque no han cometido ningún delito: está ahí esperando por cuenta del Estado.
P. Hace ya una década de la invasión de Irak y todos conocemos las terribles consecuencias que ha tenido para la población civil. Sin embargo, sus máximos instigadores políticos -los expresidentes Bush, Blair y Aznar- siguen paseándose por el mundo dando lecciones políticas. Mientras, cuanto más divulgación hay sobre el derecho internacional más se normaliza su violación. ¿Qué mensaje está lanzando al mundo una Corte Penal Internacional que por ahora sólo ha podido abordar crímenes cometidos en el continente africano por gobiernos africanos?
M. P. Es una situación lamentable y, volviendo la vista atrás, nos lleva a la convicción de que la justicia sólo se puede hacer si la imponen los vencedores, como en Nuremberg. Pero hay que ser realistas y la Corte Penal Internacional es un avance importante, pero no puede actuar sin el visto bueno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde tienen derecho a veto los países vencedores de la I Guerra Mundial. Hay que reformar el Consejo de Seguridad, pero hace ya años que asistí a una reunión en la sede de la ONU en Nueva York donde debatían la necesidad de retirar el derecho a veto. Deben seguir debatiendo.

Tribunal Russell para Palestina: Israel ha cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad e incitado al genocidio

Ana Martín

Periodista
Los días 24 y 25 de septiembre de 2014, jueces, juristas, académicos, altos funcionarios de las Naciones Unidas, periodistas y destacadas figuras del mundo de la cultura, se dieron cita en Bruselas para asistir a una sesión urgente del Tribunal Russell para Palestina, centrada en la  operación militar israelí en Gaza, Margen Protector.
Atribittion: Tribunal Russell Foto: José Sánchez
Atribittion: Tribunal Russell Foto: José Sánchez
El Tribunal -cuyo jurado está compuesto por Michael Mansfield, QC (Queen´s Counsel); John Dugard, académico de derecho internacional y ex juez; Richard Falk, ex Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas; Christiane Hessel, Presidenta de la Asociación EJE -por sus siglas en francés- (los niños, el juego, la educación) y viuda del patrocinador del Tribunal, Stephane Hessel; Radhia Nasraoui, fundadora de la Asociación Tunecina contra la Tortura; Ken Loach, director de cine; Paul Laverty, escritor; Roger Waters, músico, fundador de Pink Floyd; Ronnie Kasrils, Ex Ministro del Consejo Nacional Africano;Ahdaf Soueif, novelista egipcio; y Vandana Shiva, escritora india- examinó los crímenes de guerra perpetrados por Israel en la operación Margen protector, los crímenes de lesa humanidad y, por primera vez, el crimen de genocidio. El Tribunal también examinó las consecuencias legales y la responsabilidad que corresponde a terceros Estados.
El jurado tuvo en cuenta los testimonios de los siguientes testigos y peritos: Paul Behrens, experto en genocidio; Ivan Karakashian, Coordinador de la Unión para la Defensa Internacional de la Niñez; Mads Gilbert y Mohammed Abou-Arab, cirujanos; Coronel Desmond Travers, experto en municiones; Agnes Bertrand, Defensora en Aprodev-; Eran Efrati, ex soldado israelí; Michael Deas, Coordinador en Europa de la Campaña Palestina para el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS); y Mohammed Omer, Martin Lejeune, David Sheen, Max Blumenthal y Paul Mason, periodistas, presentes en Gaza durante la Operación. El caricaturista de The Guardian Martin Rowson fue el ilustrador de la sesión. El director del Centro Plaestino de Derechos Humanos, Raji Sourani, y el cineasta Ashraf Masharawi no pudieron asistir porque les negaron la salida en la frontera egipcia de Rafa (http://www.humanite.fr/deux-temoins-palestiniens-empeches-de-se-rendre-au-tribunal-russell-552769#sthash.RDWOSlQ6.dpuf)
Tras una noche de deliberación, el Tribunal Russell para Palestina concluyó que en Gaza se han cometido los siguientes crímenes de guerra, además del de incitación al genocidio: homicidio intencionado, destrucción de bienes no justificada por necesidades militares y ejecutada a gran escala, ataques intencionados contra la población civil en tanto que tal o contra civiles que no participaban directamente en las hostilidades, utilización desproporcionada de la fuerza, ataques intencionados contra edificios religiosos, escuelas y hospitales que no son objetivos militares, empleo de armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra destinados a causar males superfluos y sufrimientos inútiles, o a atacar sin discriminación violando el derecho internacional relatico a los conflictos armados y utilización de la violencia con el objetivo de extender el terror entre la población civil.
En cuanto a los crímenes contra la humanidad,  el tribunal ha encontrado asesinatos, persecución y exterminio, y ha dispuesto de pruebas que demuestran la intensificación de la retórica racista y la incitación a la violencia durante el verano de 2014, en diferentes niveles de la sociedad israelí: en los medios tradicionales o sociales, así como en oficiales de policía, líderes religiosos, representantes públicos y adictos del fútbol entre otros.
Además, el jurado añadió: “Nos tememos sinceramente que en un ambiente de impunidad y ausencia de sanciones por crímenes graves y repetidos, las lecciones de Ruanda y otras atrocidades masivas sean papel mojado”.
Finalmente, el Tribunal ha pedido a Israel a respete sus obligaciones en materia de derecho internacional y a Palestina que acceda inmediatamente al Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, y ha recordado que es deber de los estados terceros cooperar para terminar con la situación ilegal creada por la ocupación, el bloqueo y los crímenes cometidos en la Franja de Gaza. También ha pedido a la Unión Europea que adopte sanciones contra Israel, en la línea de sus medidas restrictivas para otros países, con el fin de conseguir los objetivos de preservar la paz, reforzar la seguridad internacional y respetar los derechos humanos.
Breve historia del Tribunal Russell
El Tribunal Russell  (llamado así en homenaje al matemático, filósofo, político y moralista Bertrand Russell) celebró su primera sesión en Estocolmo, en 1967, bajo la presidencia de Jean-Paul Sartre, y en aquella ocasión estudió la impunidad de estados Unidos en la guerra de Vietnam. Su objetivo era «pronunciar un juicio moral en los casos en que las leyes en vigor no consienten procesos y juicios normativos”. Tuvo un impacto importante en la opinión pública internacional y promovió un trabajo riguroso y serio de expertos sobre los crímenes cometidos por Estados Unidos, con el apoyo de una fuerte mediatización gracias a la participación de intelectuales y artistas reconocidos y respetados.
02_03_TribunalRussel_PalestinaEn los años 1970, el Tribunal Russell II, presidido por el abogado y político socialista italiano Lelio Basso (fallecido en 1978), celebró tres sesiones en Roma, Bruselas y de nuevo Roma, para pronunciase sobre la impunidad que disfrutaban los autores de crímenes contra la humanidad en América Latina (Brasil, Argentina y  Chile).
En cuanto al Tribunal Russell para Palestina, se creó en 2009 sobre los modelos anteriores, con el patrocinio de Stephan Hessel (autor de Indignaos, fallecido a los 96 años en 2013) y basa su acción en el derecho internacional y en los dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia y las resoluciones de Naciones Unidas. Es un tribunal de opinión, creado para “movilizar a las opiniones públicas para que Naciones Unidas y los estados miembros adopten las medidas indispensables para terminar con la impunidad del estado de Israel y para llegar a un arreglo justo y duradero del conflicto”. Las primeras sesiones se celebraron los días 1,2 y 3 de marzo de 2010, en Barcelona. La de 2014 es la quinta sesión celebrada en los últimos cinco años. Las anteriores examinaron la complicidad de Naciones Unidas, la Unión Europea y las empresas, así como el crimen de “apartheid”.
Declaración final
En la declaración final, el Tribunal Russell para Palestina, reunido de urgencia en septiembre de 2014 expone: “Durante el conflicto, la población civil se ha visto expuesta a todas las atrocidades de la guerra: ningún lugar donde refugiarse o huir, ninguna organización internacional que pudiera protegerles, ningún derecho capaz de servir de escudo contra las masacres, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad (…)
Atribittion: Tribunal Russell Foto: David Vilaplana
Atribittion: Tribunal Russell Foto: David Vilaplana
“…Este tribunal es una contribución a la larga lucha por la edificación y consolidación del derecho internacional. Somos los depositarios de ese derecho que las generaciones han contribuido a forjar para que sea la expresión de valores humanos y universales. Las generaciones futuras nos juzgarán sobre el estado en que les leguemos este derecho. El derecho internacional no puede ser un instrumento de la política de dos pesos, dos medidas. Su credibilidad se basa en el hecho de que se impone cualquiera que sea la identidad de quienes lo violan y de las víctimas de las violaciones(…)
«Por este motivo, el Tribunal Russell para Palestina es un acto ciudadano. Intelectuales, militantes de la paz, juristas, políticos, miembros de organizaciones internacionales… todos han respondido a la llamada para aclarar las responsabilidades que incumben a nuestros gobernantes. No basta con denunciar la violación del derecho, hay que trabajar para acabar con ella. Y nuestros gobernantes no solo destacan por su falta de acción sino que también contribuyen a veces, directa o indirectamente, a que la ilegalidad se eternice (…).
“Por eso, este tribunal es también una piedra importante, aportada por gente de todo el mundo, para el edificio de la paz. La ocupación es el principal obstáculo a una paz justa y duradera en Oriente Próximo. La impunidad permite que la ocupación perpetúe, arruina la perspectiva de un estado palestino viable, prolonga la injusticia y conduce inexorablemente a la violencia. Dirigiéndonos contra esa impunidad, contra la continuación de una injusticia que dura desde hace 60 años,  trabajamos para que la región tenga un futuro distinto con el fin de que palestinos e israelíes (…) así como el conjunto de los pueblos de la región, puedan disfrutar de un futuro de paz, coexistencia y seguridad”.

“Sin justicia ni legalidad no puede haber solución para Palestina”

Entrevista de Carlos Pérez Cruz a Luz Gómez en su blog Todos los caminos están cerrados, y transcrita para El Asombrario & Co. Luz Gómez acaba de editar el libro BDS por Palestina con Ediciones del Oriente y del Mediterráneo sobre la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones contra la política de ocupación ilegal de territorios y el apartheid de la población palestina ejercidos por los gobiernos del Estado israelí.
Al margen del cinismo político, la sociedad se moviliza. La tragedia palestina sigue su curso ante la indiferencia cómplice de los Estados; la ocupación israelí avanza al igual que lo hace el muro en Cisjordania; Gaza continúa bloqueada y bajo asedio; los refugiados siguen siéndolo desde hace 66 años mientras a diario se suman más palestinos a esa condición; Israel practica políticas de apartheid en Territorios Ocupados y discrimina a los palestinos que viven dentro de su Estado… A punto de morir las enésimas conversaciones auspiciadas por la administración estadounidense (o de renovarse, otra forma de morir), la sociedad civil articula su respuesta a través del movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones). Luz Gómez, profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid (Premio Nacional de Traducción 2012), coordina la publicación de BDS por Palestina [Ediciones del Oriente y del Mediterráneo], libro que recopila diversos artículos, documentos y entrevistas que explican los fundamentos y motivaciones de esta acción no violenta contra las políticas de Israel.
“El BDS es un movimiento cívico no violento que promueve el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel mientras prosiga con la ocupación y el apartheid”. O sea, que va para largo.
Sí. Lo ideal sería que acabase dentro de unos meses, ese es el fin último de la campaña de boicot, dejar de tener que ser necesaria, pero me temo que no, y más en estos días en que estamos viendo que las llamadas negociaciones y el proceso de paz previsiblemente van a acelerar la desintegración de la Autoridad Nacional mientras el cumplimiento de las demandas históricas de las sociedad palestina, reconocidas por el derecho internacional, se alejan todavía un poco más.
“Responde a un llamamiento de la sociedad civil palestina”. Es un detalle que puede parecer irrelevante pero en el que se hace hincapié. ¿Por qué?
Eso es muy importante, de las cuestiones más interesantes del movimiento BDS. El llamamiento al BDS nace de los propios palestinos y son ellos los que nos invitan a los que estamos fuera de Palestina, los que nos dicen qué podemos hacer, los que coordinan entre nosotros las campañas y las acciones. Nos enseña sobre todo que las iniciativas que vienen desde dentro de la sociedad palestina tienen una mayor trascendencia y trayectoria en términos de eficacia y solidaridad, pues están por encima de coyunturas políticas, a diferencia de los proyectos que hemos conocido durante la pasada década de las ONG y de grupos de distinto tipo, la mayoría desparecidos con la crisis y la falta de financiación. Es importante también porque rompe con determinados prejuicios que existen, incluso entre quienes miran con simpatía al mundo árabe, una suerte de mirada orientalista de los occidentales bienintencionados en la que intentamos imponer nuestras soluciones, dar nuestros consejos, sin escuchar y sin tener en cuenta que los que mejor saben lo que necesitan son los palestinos.
El BDS “tiene tres objetivos: el fin de la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental; el cumplimiento del derecho al retorno de los refugiados; y la consecución de una ciudadanía igualitaria para los palestinos de Israel”. ¿Objetivos irrenunciables? ¿Factibles?
Desde luego, son irrenunciables porque sin ellos no hay justicia. Y si no hay justicia no hay solución. Lo dice Raji Sourani [director del Centro Palestino de Derechos Humanos en Gaza], sin justicia la solución es imposible. También hay que decir que el BDS no da soluciones a cómo tenga que ser el Estado palestino, a si habrá dos Estados o un solo Estado binacional o un solo Estado sin diferenciaciones nacionales. Lo que pide es que se cumpla con el derecho internacional, y esto significa que acabe la ocupación de los Territorios Ocupados, tanto de Gaza como de Cisjordania como de Jerusalén Oriental, que la ciudadanía israelí sea igualitaria para los ciudadanos árabes de su Estado, pero también que acabe el apartheid que está practicando el gobierno israelí en Cisjordania a través de toda la legislación que se aplica a los ciudadanos palestinos, y que se cumpla con el derecho de los refugiados palestinos a volver a sus tierras, a sus casas, y a ser recompensados por todos estos años de desposesión. Sin eso, que es justicia ni más ni menos, que es pedir que se cumpla la legalidad y que la justicia impere, no puede haber solución. Son mínimos. A partir de ahí cómo se vehicule el futuro Estado, cómo se gestione, está por discutir, pero no es el fin de la actual campaña BDS.
Desde la proclamación en 1948 del Estado de Israel hasta el presente ha habido guerras, intifadas, conversaciones llamadas de paz… Con independencia de los métodos, las consecuencias para los palestinos son invariables: siempre a peor. Empeoramiento de sus condiciones de vida, expansión territorial israelí y la consiguiente confiscación de tierras y de recursos naturales de las colonias, construcción del muro y consolidación de un sistema de apartheid, entre otras consecuencias. ¿Es el BDS la alternativa ciudadana a la inoperancia y el pragmatismo cínico de la política?
Yo creo que sí. Una de las características más importantes del BDS es que se articula y funciona –aunque todo sea política– al margen de la política oficial y de los cauces que hasta ahora se han venido estableciendo. El BDS es interseccional, llama a toda la población. Podemos colaborar como consumidores, como comerciantes, como productores, como profesores, como intelectuales, como artistas… Se puede participar siendo palestino o no, a nivel personal o institucional, como ciudadano de a pie o como militante… Hay distintas campañas en marcha. Este funcionamiento en red es lo que desconcierta a la política tradicional de carácter jerárquico y estructurada verticalmente. El BDS nos llama a todos. Por un lado, el boicot lo podemos practicar todos. Por otro, las sanciones son algo que tiene que ver más con la legislación y la demanda de su cumplimiento, de modo que se exija a Israel que cumpla con el derecho internacional y que si no, se le aplique la propia legislación sancionadora. En cuanto a la desinversión, se centra en la capacidad de presión política y social que ésta tiene en una economía globalizada, de modo que Israel se vea forzado a cambiar sus políticas. Boicot, sanciones y desinversión entrelazados actúan como una especie de tentáculos que afectan a distintos ámbitos e implican a actores diversos, lo cual distingue y aleja el BDS de la política tradicional de los gobiernos, pues los protagonistas primeros siempre son los ciudadanos.
El BDS no es un arma novedosa, y no sólo porque se aplicara en Sudáfrica. También los países árabes la han aplicado con anterioridad con Israel, por supuesto sus ciudadanos. De ello nos hablas en tu ensayo del libro. ¿Cómo fueron esos boicots precedentes y qué los diferencia del actual movimiento BDS?
Precisamente esto de lo que estábamos hablando. El boicot de los Estados árabes viene marcado por la Liga Árabe, pero a pesar de que ésta sea un organismo supranacional, la aplicación del boicot dependía de la legislación de cada país. Si bien en un principio, en los años 50, tuvo cierta pujanza y se implementó de manera bastante exhaustiva, con el tiempo el boicot de la Liga Árabe fue perdiendo eficacia hasta prácticamente desaparecer, especialmente a raíz de los Acuerdos de Oslo, que supusieron un punto y aparte radical en demasiadas cuestiones de la historia palestina. La palabra que resume lo que sucedió es “normalización”, esto es, el intento, bajo la batuta de Estados Unidos, de naturalizar a Israel como un Estado legítimo en su entorno regional. La reacción, sobre todo en los países vecinos (Jordania, Egipto), fue la creación de movimientos antinormalización, en cierto modo, y sólo en cierto modo, antecedentes del actual BDS. A efectos de la actual campaña BDS, en el caso árabe, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, esta historia previa de boicot institucional y su reacción en los movimientos antinormalización obliga a que el BDS deba articular respuestas específicas, pues además, al menos nominalmente, siguen existiendo en casi todos los países árabes boicots estatales a Israel. Por ejemplo, la Liga Árabe lanzó en el año 2006 unas nuevas directrices para reactivar el boicot, por supuesto con poco éxito. Es una situación un tanto paradójica en la que se mezcla la política institucionalizada, jerárquica, y la política horizontal, ciudadana, y desde mi punto de vista resulta especialmente interesante para comprender las relaciones de las sociedades árabes con sus regímenes.
Damos por supuesto el apoyo de los pueblos árabes a sus hermanos palestinos, pero no es tan evidente en el caso de los gobiernos árabes por eso que se llama la realpolitik. Dices en el libro que muchas cosas murieron con los Acuerdos de Paz entre Egipto e Israel en 1978.
Sí, porque el encuentro frente a frente en Camp David de los dos líderes, el egipcio Anwar el-Sadat y israelí Menájem Beguin, no solamente es una cuestión simbólica. Supuso además un cambio radical en la estrategia política que había liderado Egipto con el nasserismo en el Movimiento de Países No Alineados y del Tercer Mundo, en los años 50-60. Es importante por la quiebra que esto supone en Egipto y también en el resto de las sociedades árabes. En Egipto la población asumió la ruptura entre régimen y sociedad. Palestina es siempre, desde mi punto de vista, el pivote que permite medir o tantear o ver hacia dónde se está inclinando el resto de la política y las sociedades árabes. Hasta los 70 el nasserismo, aunque fuera de una manera autocrática, criticable, fallida en muchos aspectos, había aunado la voluntad política con la voluntad civil de la población. A partir de Camp David eso se rompe. Palestina sigue siendo una preocupación de la ciudadanía mientras que para el gobierno egipcio se trata de una cuestión de alta política que gestiona al margen de sus ciudadanos y que continuamente le separa de ellos. Algo que se ha dicho a raíz de la revolución de 2011, pero no se ha insistido lo suficiente, y es que la segunda intifada, la intifada de Al-Aqsa del año 2000, propició un movimiento de reorganización de la sociedad civil egipcia a favor de Palestina (algo que también tuvo lugar en Siria o en Argelia, por ejemplo) que articuló a la vez la convicción de que solamente desde la movilización civil se podía cambiar algo respecto a Palestina y, por añadidura, respecto a los propios gobiernos y a la situación concreta de cada Estado árabe.
Después hablaremos de la reacción israelí al empuje del BDS pero, ¿cuáles son las estratagemas que Israel ha utilizado y utiliza, especialmente a nivel ciudadano pero también de Estados, para dificultar la aplicación práctica del boicot?
Israel tiene enorme pericia y posibilidades internacionales para atacar el boicot. Algunas estrategias son difíciles de prever, pero otras son de repertorio. La más evidente viene siendo la acusación de antisemitismo a todo el que apoye el boicot, que es fácilmente rebatible puesto que el BDS nada tiene que ver con una cuestión de raza ni de etnia ni de religión, nada que tenga que ver con el judaísmo en sí sino con las políticas de un Estado, en este caso el de Israel. Esto se viene abajo cuando hay destacadísimos judíos en todo el mundo que apoyan la campaña BDS y acusan precisamente a Israel por la utilización del antisemitismo y de la memoria histórica del Holocausto en beneficio de una política estatal y en detrimento del pueblo judío y de su historia. Ahí está por ejemplo la filósofa estadounidense Judith Butler que en el libro responde con claridad a esta acusación. Y también lo contradicen los movimientos que apoyan el boicot desde dentro de Israel, organizaciones israelíes mayoritariamente judías, como Boycott From Within, fundamentales en la campaña BDS. La acusación de racismo, que es la más burda, es la primera que saca Israel a relucir cuando se ataca cualquiera de sus políticas, no sólo mediante el BDS. Otra de las cuestiones que el gobierno de Israel esgrime es que el boicot pretende acabar con el Estado de Israel en sí, puesto que, se dice, se ahogaría su economía. Pero la campaña BDS no tiene esa intención, lo que exige es que los productos de los Territorios Ocupados, si hablamos de economía, no puedan ser tratados como productos del Estado de Israel en la misma situación de igualdad jurídica a nivel de comercio internacional. La propia legislación israelí confunde los Territorios Ocupados que están directamente bajo su jurisdicción y que ya son más del 40% de Cisjordania con territorios propios. Aunque no estén anexionados de hecho lo están en la práctica legal, pues su producción pasa como producción israelí. Por eso el boicot a los productos de los Territorios Ocupados afecta necesariamente al comercio israelí en su conjunto, es el Estado de Israel el primero para el que esas fronteras no existen. Pero el boicot no pretende privar a los ciudadanos israelíes de la posibilidad de que los productos internacionales lleguen a Israel, es decir, simplificando, los ciudadanos israelíes no van a quedar desabastecidos, Israel no va a desaparecer por inanición, por decirlo de alguna manera, sino que lo que se tiene que resentir es la economía del ciudadano israelí que elige a sus gobiernos, los mismos que profundizan en las políticas de ocupación y apartheid.
Sudáfrica no desapareció después del boicot.
No, desde luego, como no lo hará Israel, aunque sí el Israel que hoy conocemos. Las tergiversaciones fáciles son las más efectivas a nivel de la opinión internacional, y sobre todo de la opinión interna israelí, que tiene que protagonizar también un cambio radical. Esta es una cuestión muy importante que tiene que ver con el llamado campo de la paz que se dice que existe dentro de Israel, el campo comprometido con la solución de dos Estados. Otra recriminación más sutil que las anteriores es que la presión que implica el boicot, con el rechazo a dialogar con los israelíes que no denuncien directamente la ocupación y se opongan a las políticas de su gobierno, también va contra ellos. Alegan que con el boicot se rompería la posibilidad de trazar puentes pero, como responde el propio Omar Barghouti [cofundador del BDS palestino], después de casi quince años de conversaciones y de negociaciones de paz, ¿qué ha hecho el campo de la paz israelí? ¿Qué ha conseguido? ¿Dónde está? Si realmente es necesario este diálogo, y además también es posible, cambiemos las bases. Partamos de la denuncia y empecemos después a dialogar. No se puede poner en el mismo nivel a la víctima y al verdugo. Hay que reconocer cuál es el estatuto de cada uno y a partir de ahí ver si con este nuevo comienzo es posible una solución, puesto que el diálogo por el diálogo y la relación de iguales lo único que hace es justificar y legitimar el statu quo de la situación actual de ocupación y de apartheid.
BDS, Boicot, Sanciones y Desinversiones. Tres formas de acción para lograr esos objetivos antes señalados. Aunque sea en síntesis, ¿en qué se cifran esas tres formas de acción? ¿Cuáles son las líneas maestras de la acción BDS?
El boicot en sí tiene varias campañas en marcha. Hay una que es el boicot comercial a los productos de los Territorios Ocupados y en general al comercio israelí. Se trata de no consumir, no comercializar y no importar productos que vengan de las colonias, de los asentamientos en Territorios Ocupados. Por añadidura, de empresas israelíes que no distinguen entre productos producidos dentro de Israel, el de las fronteras del 67, y en la Cisjordania ocupada. Son importantes los pasos que se están dando en la legislación europea para exigir que el etiquetado deje muy claro de dónde procede cada producto. Esto facilitaría el boicot de los consumidores.
Existe también el boicot académico, que consiste en denunciar los convenios internacionales de intercambios científicos o docentes, o las actividades propias del mundo universitario, con instituciones o universidades israelíes en tanto que quienes participen en ellos no denuncien la ocupación y la política del Estado de Israel. En este sentido, lo más notable es el rechazo absoluto a cualquier tipo de contacto con la sede universitaria que está en Ariel, en una de las mayores colonias de Cisjordania, lo cual ya está bastante extendido. Insistimos siempre mucho en que el boicot académico no es un boicot contra las personas, es un boicot contra las instituciones. No nos negamos a compartir nuestros proyectos de investigación o a dar clase con profesores que vengan de una universidad israelí, siempre y cuando denuncien la ocupación y la financiación no venga de sus universidades, ni ellos lo hagan como representantes del sistema universitario israelí, porque hasta ahora la universidad israelí no se ha distanciado de la política de los sucesivos gobiernos israelíes respecto a la ocupación de territorios, no la ha denunciado e incluso colabora con proyectos de investigación en campos como el armamentístico o el agrícola que tienen las colonias y la extensión de la ocupación como protagonistas.
Hay otro tipo de boicot muy importante, sobre todo por la trascendencia pública que tiene, que es el cultural y deportivo. Artistas, cantantes, cineastas… que rechazan actuar en Israel en tanto no cambie la política actual, algunos de cuyos testimonios recogemos en el libro: por ejemplo el del cineasta Ken Loach, el del antiguo líder de Pink Floyd, Roger Waters, el de escritores de renombre internacional que rechazan que sus libros se publiquen en grandes editoriales israelíes partícipes de lleno en el sistema de transmisión del sionismo como forma de conocimiento y visión del Estado de Israel, como por ejemplo Alice Walker, autora de El color púrpura, que explica por qué ella, que le encantaría que su obra estuviera traducida al hebreo, no va a aceptar que se publique en esas condiciones, o Naomi Klein detallando por qué eligió una editorial comprometida con el BDS. Continuamente se ponen en marcha distintas campañas y llamamientos que se pueden ir siguiendo en internet a través de la página del movimiento BDS.
El boicot es una primera parte de las siglas BDS, que también acogen las desinversiones, algo más difícil de organizar en primera instancia porque se dirige a las decisiones financieras de Estados, organizaciones y empresas. Pero también en este sentido ha habido importantes avances. Hace diez años era imposible pensar que bancos como, por ejemplo, PGGM, una de las principales cajas de ahorro de Holanda, fueran a retirar sus inversiones de bancos israelíes, y sin embargo ha sucedido tras presiones de sus accionistas en coordinación con la campaña BDS. Otra cosa que ha sido muy importante, y que, como nos recuerda Aitor Hernández Carr en el libro, es un gran logro, es que en el nuevo programa marco I+D de la Unión Europea, que llega hasta el año 2020, llamado ‘Horizon 2020’, se haya introducido una cláusula específica en la que se exige que todos los convenios científicos que se hagan con Israel tienen que dejar claro que no va a haber relación con ningún tipo de instituciones u organismos israelíes en los Territorios Ocupados. Hay que decir que de forma global Israel es el primer beneficiario de los fondos de I+D de la Unión Europea, por encima de España o de cualquier otro Estado de la Unión, porque colabora como socio igualitario en multitud de proyectos de toda la Unión. Así que las cuestiones académicas no son solo de boicot, como se ve, también este tipo de desinversión económica es fundamental.
Las sanciones, tercera parte de la sigla BDS, son una herramienta jurídica indispensable y ahí el papel de los políticos profesionales es fundamental, pues en ellos recae en última instancia la presión para actuar a través de la legalidad internacional. Hasta ahora las sanciones a Israel por su incumplimiento sistemático del derecho internacional no han existido, por más que se hayan puesto en marcha campañas que, sobre todo, han dado a conocer a la opinión pública lo que está sucediendo, como la sentencia no vinculante del Tribunal de la Haya sobre la ilegalidad del Muro de Cisjordania o los procesos judiciales abiertos en Europa, incluida España, contra algunos militares israelíes por su implicación en la operación ‘Plomo fundido’. Las sanciones por el incumplimiento de la legalidad internacional sería el tercer eslabón de esta cadena BDS. Yo creo que hay que ser optimistas porque del boicot inicial hemos llegado a las desinversiones, que están empezando a funcionar. ¿Llegaremos a las sanciones? Para ello es importante también ver qué va a suceder con la Autoridad Nacional, hacia dónde va a ir. ¿Realmente va a buscar su futuro en implicarse en todos los organismos internacionales y en poner en marcha las posibilidades que tiene en la actualidad al haber sido reconocida Palestina como Estado observador dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, o va a seguir en este juego de “amagar y no dar” que no tiene futuro?
El boicot fue una herramienta fundamental para acabar con el apartheid en Sudáfrica, gran referente y motivador de esta acción para acabar con la ocupación y el apartheid israelí. Ambas situaciones, de ello se habla en el libro, tienen sus diferencias y sus muchas semejanzas, ¿cuáles son las diferencias de seguimiento y fuerza del BDS a Israel a día de hoy comparadas con el BDS a Sudáfrica en su momento de máximo apogeo? ¿Cuán lejos está una acción de lo que logró la otra?
A nivel de apoyo internacional estamos desde luego muy lejos todavía, pero también hay que decir que hemos ido mucho más deprisa que en la experiencia de Sudáfrica. En ese caso pasaron veinticinco, treinta años, hasta llegar a un consenso internacional sobre la necesidad de acabar con el apartheid y la importancia del boicot para que eso sucediera. Ahora se cumplen diez años desde que en 2004 se lanzó la campaña BDS, en Ramallah. Su comité de coordinación está en contacto y trabaja de forma fluida con los líderes del boicot sudafricano. El BDS es una campaña que aprende de lo que pasó en Sudáfrica pero que también ve las diferencias y se distancia de la mera copia de modelos de manera acrítica. En Sudáfrica la caída del régimen del apartheid se debió fundamentalmente a una cuestión económica. El apartheid ya no era rentable y, al no serlo, desde dentro de la propia sociedad sudafricana blanca se consideró, llegado un momento, que aquello tenía que acabar. Esta situación no es exactamente igual en el caso de Israel. Sí es muy importante que la sociedad israelí se dé cuenta de que la situación actual no se puede mantener, de que esta política de aniquilación del pueblo palestino y de absorción de todos sus recursos, incluido el territorio, no tiene futuro, no tiene posibilidades, que la población palestina está ahí, que los palestinos no se van a marchar y que la comunidad internacional ya no es como en el año 1948, que pudo ignorar la limpieza étnica de entonces. El fin del apartheid y de la ocupación –y de esto hablan en el libro [el profesor de sociología] Ran Greenstein, que es sudafricano, y [el economista] Shir Hever, que es israelí– no será tanto una cuestión económica como política, no será sólo el ahogo económico el que haga cambiar a los israelíes de dentro sino tal vez algo así como el ahogo identitario, el ahogo, fruto entre otras cosas de la presión internacional, por la imagen en negativo de la historia del Estado de Israel, de lo que quiso ser y del futuro que le aguarda como Estado paria. Hay otro factor también muy importante que distingue el BDS por Palestina del caso del boicot sudafricano, y en el libro hay varias intervenciones en este sentido, con artículos en relación con el movimiento sindical europeo, la lucha altermundista en la India o la industria penitenciaria en Estados Unidos.
Se trata de la complicidad del BDS con otros movimientos locales de carácter alternativo, movimientos de reivindicación de nuevas políticas y del fin de determinadas prácticas económicas. Eso es algo importantísimo, el carácter interseccional de la lucha del BDS con otras luchas y otras reivindicaciones que se están produciendo ahora mismo en el resto del mundo. Desde mi punto de vista, en buena medida es donde se juega su futuro el BDS. Si se consigue aunar estas luchas y mostrar cómo la batalla por la justicia tiene que ser transversal, que no puede quedarse localizada en un espacio, en una historia, en una causa cerrada, por más que la de Palestina en el año 2014, sino reclamar que la justicia o es universal o no lo es, en palabras de Raji Sourani, eso hará que el BDS siga adelante con más fuerza y que más bien antes que después veamos resultados.
Estás particularmente involucrada dentro de la vertiente académica del BDS. ¿Cuál es su situación a día de hoy? ¿Qué grado de adhesión ha logrado entre la comunidad universitaria y qué queda por lograr en ese ámbito?
Nos queda mucho, por supuesto, pero también hemos avanzado bastante deprisa en el último año. A nivel estatal los profesores universitarios de las distintas comunidades autónomas nos organizamos en el año 2011 en la Plataforma Estatal por el Boicot Académico a Israel. Este año en el mes de febrero hemos lanzado una campaña de recogida de firmas en apoyo del manifiesto del BDS Académico y, para nuestra sorpresa, en muy pocas semanas hemos recogido ochocientas firmas de profesores, casi cuatro mil de estudiantes y cien de personal de administración y servicios y, sobre todo, hemos conseguido que poco a poco sea una cuestión que pase a discutirse en los órganos administrativos de las universidades, en los departamentos, las facultades y los sindicatos. Hemos descubierto que el apoyo, cuando se empieza a explicar el sentido del BDS y cuáles son los objetivos, es mucho mayor del que esperábamos. Estamos acabando de perfilar para el día 15 de mayo, el día de la Nakba [conmemoración de la “catástrofe" de la limpieza étnica de Palestina], la presentación de la campaña y de los apoyos que ha recibido a los responsables de política universitaria de las distintas administraciones, así como las actuaciones que solicitamos de ellos, en consonancia lo que he comentado a propósito de la campaña general de boicot académico. Por otra parte, a modo de ejemplo práctico de una reciente actuación de BDS académico, los compañeros de la Universidad de Vic han lanzado la campaña “Complicitats que maten” en la que denuncian el convenio que ha firmado la universidad con el Instituto Technion de Israel, que bajo el paraguas de la cooperación científico-médica encubre el reconocimiento de una institución que colabora directamente al mantenimiento de la ocupación.
También existe una red de boicot académico coordinada a nivel europeo, la EPACBI, en la que estamos integrados, y al mismo tiempo estamos en estrecho contacto con lo que está pasando en Estados Unidos, pues en el último año el BDS académico se ha extendido allí de una manera impensable. Si en Estados Unidos, donde la presión de los intereses de Israel es fortísima, ha sido posible que la mayor asociación de académica del país, la American Studies Association, haya apoyado el boicot, creemos que en España, donde el movimiento de solidaridad con Palestina tiene un largo recorrido, se puede llegar a conseguir que el boicot sea algo generalizado dentro del mundo universitario. Creo que la universidad será, y así debería ser, uno de los primeros espacios de generalización del BDS.
Y en esos contactos persona a persona, compañero a compañera, ¿cuáles son los mayores prejuicios a los que se enfrenta la campaña BDS a la hora de sumar compromisos?
Yo diría que el desconocimiento. No es tanto la animadversión ideológica hacia lo que implica un boicot o las posiciones políticas de cada uno, sino el desconocimiento de la historia de Palestina e Israel por un lado, y el desconocimiento de la legislación internacional por otro; y también el desconocimiento, en general, de la pluralidad y de la vitalidad de la sociedad palestina. Se conocen, para bien o para mal, los estereotipos sobre Israel como representante del pueblo judío, los milagros que se han producido con la fundación del Estado “en una tierra sin gente”, “el desierto que florece”, “la única democracia de Oriente Medio”… Toda esa publicidad, la marca Israel que es muy potente y que no se ha visto contrarrestada por el lado palestino. Por un lado está esta ignorancia. Cuando se rompe con la barrera de la ignorancia, cuando se empieza a entender lo que pasa… sobre todo en el mundo universitario, en que, además, cada uno tiene su especialidad. Lo que decíamos de la transversalidad es fácilmente aplicable a la universidad, pues hay que mostrar que la ocupación y el apartheid no es solamente una cuestión política, histórica o social, sino arquitectónica, agroalimentaria o médica, por poner algunos ejemplos. Si a cada uno se le explica con lo que le resulta más cercano, las barreras empiezan a romperse. Boca a boca, persona a persona, sí, pero vuelvo a decir lo que comentaba al comienzo sobre la lógica del BDS: la política ahora no tiene otra vía, la forma clásica, vertical, ha caducado, ya no sólo en Israel y Palestina, sino un poco en todas partes, como estamos viendo con la crisis a todos los niveles en Europa, por no ir más lejos.
Scarlett Johansson y su affaire con Oxfam y SodaStream han dado un impulso publicitario quizá más que efectivo al BDS. La administración Netanyahu parece haberse puesto algo nerviosa, incluso recibió una advertencia al respecto de John Kerry. ¿Empieza a inquietar el BDS a la administración israelí? ¿Hay ya un contraataque específico más allá de la rutinaria hasbara [propaganda]?
Sí, claro que sí. De hecho ya está tramitada en el Parlamento israelí la ley antiboicot que va a convertir en criminal, y se le va a poder perseguir por la vía penal, a cualquier ciudadano que apoye la campaña BDS. Pero si el gobierno israelí no respondiera y no reaccionara, es que no estaría funcionando el BDS. Así que el BDS va por el buen camino. Pero eso también está haciendo que dentro de la propia sociedad israelí empiece a haber personas que se replantean qué es el BDS, que empiezan a considerar que puede ser una estrategia útil para salvar, precisamente por propio interés, Israel como sociedad democrática y Estado de derecho, o que por lo menos pueda serlo. En el libro recogemos un artículo de Gideon Levy, uno de los más importantes periodistas israelíes, en el que públicamente manifiesta su apoyo al BDS y explica cómo lo hace por una cuestión egoísta y de interés como israelí y como judío, por el bien del Estado de Israel. Hay que reconocer el coraje que hay que tener para hacer esto dado el carácter tribal, como él mismo dice, de la sociedad israelí. Apoyar públicamente el BDS supone romper la última frontera y salirse por completo de la tribu. Pero que el gobierno de Israel esté empezando a plantearse políticas concretas, no sólo esta legislativa que hemos mencionado sino también políticas de hasbara específicas contra el BDS con consignas a sus embajadas, significa que el BDS funciona y que es una estrategia adecuada. El propio movimiento creará sus mecanismos de respuesta e irá reaccionando. Está bien que sea así, pues el BDS no es algo estanco, monolítico, el BDS siempre está en marcha.

Carlos Pérez Cruz, músico y periodista. Desde 2001 dirige el programa ‘Club de Jazz’, a su vez sección de ‘Carne Cruda 2.0’ que dirige Javier Gallego en la Cadena SER (antes en RNE3). Colabora con Radio Vitoria (EiTB) y la revista ‘Cuadernos de Jazz’. Desde 2012 mantiene el blog/podcast ‘Todos los caminos están cerrados’, dedicado a los Territorios Ocupados de Palestina.

Fuente: Luz Gómez: “Sin justicia ni legalidad no puede haber solución para Palestina”, Carlos Pérez Cruz, El asombrario & Co., 26/04/2014.

FOLIXA POR LA PAZ 21 DE JULIO