viernes, 21 de enero de 2022

La inacción europea apoya la colonización israelí


 

Viñeta de Palestinalibre.org

La inacción europea apoya la colonización israelí

Santiago González Vallejo
Infolibre.es, 20 de enero de 2022

Acaba de suceder lo previsto. Los Países Bajos han suspendido la ayuda a la organización palestina Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Aparentemente, el motivo de la suspensión de la ayuda, precedida de investigación y auditoria con los consiguientes costes, es la acusación israelí según la cual la UAWC mantiene lazos con una organización palestina, el FPLP, considerada terrorista por la UE. La ayuda neerlandesa iba entre otras cosas a ayudar a los agricultores palestinos de la zona C, en el Valle del Jordán, donde la colonización israelí es más aguda con continuas amenazas de anexión. 

Esta suspensión de la ayuda, así como el motivo aducido, son semejantes a lo ocurrido con World Vision, una importante organización no gubernamental de los Estados Unidos. En el año 2016, los servicios de información israelí acusaron a su Jefe de Oficina en Gaza, Mohammad El Halabi, de haber desviado fondos a Hamás por valor de varias decenas de millones de dólares. La acusación de los servicios de información israelí fue acompañada de generosas declaraciones del entonces primer ministro Netanyahu contra esa organización y, de paso, a la imputación a las ONGs, e incluso a organismos internacionales, de desviar recursos a las organizaciones de resistencia palestinas.

 

A causa de dichas acusaciones, que en ningún momento han podido probarse, dos gobiernos, Australia y Alemania, suspendieron su financiación a World Vision. Las auditorias contables y la defensa de El Halabi han costado millones de dólares a su organización. Las primeras han demostrado que el uso de los limitados fondos de los que disponía El Halabi, así como el de los de la central de World Vision en Jerusalén, se correspondía con criterios acordes a los fines aprobados. Después de varios años, tímidamente, Alemania y Australia han vuelto a financiar a esta ONG. Entretanto, Mohammad El Halabi, al negarse a admitir ningún cargo, siquiera menor, según la oferta de la fiscalía israelí destinada a tapar las vergüenzas de un sistema judicial colonial, lleva preso desde ese año, 2016, sin que haya habido sentencia. 

Hay un paralelismo evidente con lo ocurrido a la española Juana Ruíz, actualmente encarcelada por Israel, y a las diferentes ONGs recientemente prohibidas y denunciadas por Israel (¡en los Territorios Ocupados!). 

Los gobiernos donantes, escrupulosos con los dineros que van a parar a las ONGs que sostienen en respiración artificial la vida económica palestina o que intentan testimoniar los desmanes de la ocupación israelí, mantienen una relación aparentemente esquizofrénica con Israel. Establecen una diferenciación entre un Estado de Israel legalizado por las Naciones Unidas en 1947 y se abstraen del hecho de que es ese mismo Estado, así como todos sus gobernantes, el que, desde esa fecha, ha aumentado su superficie a costa de los palestinos, de su expulsión, palestinos a los que somete a leyes discriminatorias y, en el caso de varios millones de ellos, a normas básicamente coloniales. 

Esa esquizofrenia es hipocresía. Israel no es un Estado ‘normal’, es un Estado que vulnera las normas internacionales y los principios que dice defender esa comunidad internacional. 

Veamos de nuevo el ejemplo de los Países Bajos. La ocupación israelí es continua. La expansión de las colonias y la expulsión de palestinos es cosa de todos los días, según los informes de los propios embajadores sobre el terreno. El gobierno de los Países Bajos lo sabe. ¿Hace algo? 

Hace casi dos años, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reveló los nombres de 112 empresas que facilitan la ocupación en los denominados Territorios Ocupados Palestinos y se lucran con ello. Con anterioridad, se investigó a dichas empresas, se las dio la oportunidad de cesar en su vulneración de la IV Convención de Ginebra y otras normas internacionales y, aun así, prefirieron continuar sus actividades, que fomentan la ocupación y debilitan al pueblo palestino. Entre ellas, hay varias empresas cuya sede se encuentra en los Países Bajos: Booking (alojamiento y viajes en las colonias), Tahal (tratamiento e infraestructuras de agua en las colonias), Kardan (sectores de bienes raíces, infraestructura de agua y servicios financieros que proveen de servicios a las colonias) y Altice (telecomunicaciones para las colonias). 

Por supuesto, los Países Bajos pueden subvencionar o no a quienes consideren oportuno. Pero no se entiende que sean beligerantes con organizaciones de resistencia, que dejen de ayudar a organizaciones que promueven el desarrollo local y pasen por alto (y, por lo tanto, apoyen) aquellas actividades que realizan sus empresas y que fortalecen la ocupación. Todo esto complementado con palabras, y no hechos, de apoyo a un discurso favorable a la paz y a no sabemos qué posibilidades de (co)existencia de dos estados en ese territorio de Palestina. 

Los Países Bajos, ¿han hecho algo efectivo con respecto a aquellas de sus empresas que participan y se lucran con la ocupación de los Territorios Palestinos? ¿Prohíben el comercio con las colonias israelíes? ¿Han dictado alguna sanción a Israel por su vulneración de las normas internacionales? ¿Reconocen al Estado palestino y defienden su estatalidad, el trato igualitario a la población palestina y el derecho al retorno? ¿Se escandalizan de que haya resistencia palestina? 

Pero podemos ver otro ejemplo. 

¿Qué ha hecho el Gobierno español ante el sistema judicial colonial israelí que ha juzgado a Juana Ruíz? ¿Qué ha hecho España y otros organismos como el Punto Nacional de Contacto, que vela por el respeto de las Líneas Directrices de la OCDE para multinacionales, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, frente a las empresas españolas que contribuyen a la ocupación, como CAF, GMV, TYPSA, OSSA, INECO o SEMI (ACS)? España, formalmente, dilata su reconocimiento del Estado palestino esperando que lo lleve a cabo la Unión Europea. 

Pero Suecia sí que ha reconocido ya a Palestina. La mayoría de los países de las Naciones Unidas, también. 

La imposición de sanciones a las empresas, como las que se llevaron a la práctica contra la Sudáfrica del apartheid, constituye una reclamación de la sociedad civil internacional. 

En resumen, cada país, con mayor o menor intensidad, simula su hipocresía. Pero hay que manifestar que el rey de la hipocresía está desnudo y los gobiernos y parlamentos tienen que ser consecuentes con sus discursos y sus hechos. 

Hace unos años, Josep Borrell, preguntado sobre de qué depende la solución de los problemas de Oriente Medio, sostuvo que “sin Europa, la Autoridad Palestina no existiría” (23/IV/2006). No dijo que Europa, los Países Bajos, España sostienen, asimismo, por acción o inacción, la ocupación y el apartheid de Israel sobre los palestinos. 

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Santiago González Vallejo pertenece al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe 


jueves, 20 de enero de 2022

Los presos administrativos palestinos deciden boicotear a los tribunales militares israelíes



 Los presos administrativos palestinos deciden boicotear a los tribunales militares israelíes

Addameer, 20 de enero de 2021
El boicot incluye a los tribunales militares israelíes a todos los niveles, incluidos los tribunales de primera instancia, los tribunales de apelación y el Tribunal Superior civil israelí. En consecuencia, los detenidos administrativos palestinos se negarán a participar en los procedimientos y audiencias de los tribunales; sus asesores jurídicos ya no asistirán ni participarán en los procedimientos judiciales en su nombre.

En consonancia con el boicot de los detenidos administrativos palestinos a los tribunales militares israelíes, Addameer se hace eco del llamamiento a la solidaridad y a exigir que las instituciones locales e internacionales de derechos humanos y los Estados parte pidan al régimen de ocupación y apartheid israelí que ponga fin a su política de detención administrativa y libere a todos los detenidos administrativos que se encuentran actualmente en las cárceles de ocupación israelíes.

Carta de los presos administrativos palestinos a los representantes de la Comunidad Internacional, a la opinión pública
Asunto: Detenidos administrativos en las cárceles de la ocupación israelí
Su Excelencia, país,....

Nosotros, los detenidos administrativos palestinos, le enviamos saludos desde las prisiones del
régimen de ocupación israelí.

El régimen de ocupación israelí utiliza la política de detención administrativa, sin cargos ni juicio, contra nuestro pueblo palestino de forma arbitraria y violando las normas internacionales, los convenios de derechos humanos y la Cuarta Convención de Ginebra.

Esta política, que tiene como objetivo a nuestras familias y personas que sufren y tratan de vivir
libremente y con dignidad, como otros pueblos libres del mundo, es aplicada por el
Shin Bet [servicios de información israelí] como medio arbitrario y opresivo para humillar y torturar a los detenidos palestinos y a sus familias, minar su moral, quebrar su voluntad e interrumpir las actividades sociales y políticas legítimas de los palestinos según el derecho internacional. La política de detención administrativa se dirige a los defensores de los derechos humanos y a notables
y figuras sociales notables, incluidos académicos, activistas y representantes elegidos del
Consejo Legislativo Palestino. A ellos se suman estudiantes universitarios, educadores
mujeres, niños, pacientes enfermos que necesitan tratamiento sanitario, etc.

En los últimos cinco años, hemos observado una amplia expansión de la política de detención administrativa, utilizando pretextos nuevos, ficticios e infundados.

Estas circunstancias pueden resumirse como sigue:

I. Se produce una detención repentina sin orden judicial, que se basa en el estado de ánimo del oficial del Shin Bet o del agente que redacta un informe malicioso contra los individuos palestinos que son objeto de la misma. A menudo, la detención se debe a una opinión política u opinión social o simplemente por ejercer derechos humanos fundamentales, como participar en las elecciones locales o universitarias o incluso asistir a un gimnasio. Otros son atacados por visitar a un paciente o ayudar a alguien necesitado.

II. La incertidumbre y la arbitrariedad de la detención administrativa causan daños morales y psicológicos a los detenidos y a sus familias. Los detenidos no saben
el motivo de su detención, ni sus abogados reciben ninguna información significativa. Además, los detenidos desconocen la duración de su detención y la fecha de su liberación, ya que las órdenes de detención pueden renovarse indefinidamente.

III. La política de detención administrativa no se utiliza por razones de seguridad, ni siquiera
por una razón política aparente. Por el contrario, se dirige a aquellos que se manifiestan contra las violaciones de los derechos humanos.

IV. Los detenidos administrativos palestinos son presentados ante un tribunal militar israelí, sin credibilidad real ni autoridad para tomar decisiones. Las sentencias son dictadas por tribunales militares que no respetan las convenciones y normas internacionales, en particular las normas sobre juicios justos. En su lugar, estos tribunales operan bajo la ley militar especial; los jueces militares son oficiales de las Fuerzas de Ocupación israelíes, que aplican la política del Shin Bet.

V. Los detenidos administrativos palestinos no tienen una sentencia clara o definida, ya que todas las órdenes de detención administrativa son renovables indefinidamente. La decisión judicial se basa únicamente en un "expediente secreto". El juez militar se niega a revelar los detalles del expediente y no verifica la exactitud de la información que contiene.

VI. El comandante militar israelí de la región tiene derecho a emitir una orden de detención y prorrogarla por el periodo que desee. Además, el comandante militar israelí tiene derecho a ponerte en libertad y luego devolverte a la prisión a las pocas horas de tu liberación sin ninguna justificación.

VII. Esta política manipula las emociones de los detenidos y sus familias hasta el último minuto. Los detenidos no saben si su detención será prolongada hasta el momento de su prolongación. El extremo de esta política es tal, que los detenidos son informados de su puesta en libertad. Sin embargo, cuando los detenidos llegan al último control, un oficial del Shin Bet emite otra orden para renovar el período de detención, lo que hace que los detenidos vuelvan a ser enviados a detención administrativa. Estos procesos arbitrarios constituyen una forma de tortura psicológica tanto para el detenido como para su familia.

VIII. Estas políticas han llevado a algunos detenidos a pasar más de diez años en detención sin ningún horizonte ni fin a la vista. Han perturbado cientos de vidas y privado a los detenidos palestinos y a sus familias del derecho a la libertad y a una vida digna.

IX. Esta política ha comenzado a ampliarse en los últimos años para incluir a más palestinos, mujeres y niños palestinos menores de 18 años, por no hablar de los pacientes y los ancianos palestinos que son físicamente incapaces de suponer un riesgo para la "seguridad".

X. Las políticas de detención administrativa van acompañadas de un conjunto de instrucciones injustas e injustificadas que no tienen absolutamente nada que ver con la seguridad. Esto incluye la confiscación de las pertenencias de los detenidos en el momento de la detención, impedir a las familias asistir a los tribunales y a las sesiones judiciales, impidiendo el contacto con las familias, y la prohibición de que los detenidos participen en acontecimientos vitales necesarios, como funerales, nacimientos y bodas, incluso por teléfono. 

Además, la detención administrativa sólo puede utilizarse en caso de amenazas extremas a la seguridad según el derecho internacional, y no como un castigo colectivo, político y social arbitrario e injustificado.

Ante esta política arbitraria y represiva, llevamos a cabo varias iniciativas y gestiones y realizamos diálogos para cambiar nuestra brutal realidad. Nos reunimos con muchos funcionarios del Shin Bet y del Shabbas (Servicio de Prisiones de Israel) para poner fin a la política de detención administrativa y revelar los archivos secretos en los tribunales de las autoridades ocupadas.

Por lo tanto, nuestra única opción ahora es comenzar nuestro movimiento de resistencia masivo y unido contra la política de detención administrativa después de llegar a un callejón sin salida. A partir del 1 de enero de 2022, nuestro movimiento incluye un amplio boicot a todos los niveles de los
tribunales israelíes. Además, si la ocupación no responde a nuestras justas demandas, nuestro
movimiento se intensificará hasta llegar a una huelga de hambre colectiva abierta dentro de unos meses.

Esta carta le presenta todos los puntos principales de nuestro caso. Además, creemos que hay una responsabilidad moral en cada ser humano que es libre y defiende la verdad, la justicia y los derechos humanos. Esperamos que se niegue a quedarse de brazos cruzados ante esta atrocidad inhumana cometida contra nosotros. A su vez, esperamos que defienda la verdad y la justicia en todas las formas y medios posibles para usted.

Esperamos que las instituciones internacionales y locales de derechos humanos presionen al régimen de ocupación israelí para que libere a todos los detenidos administrativos palestinos y ponga fin a su injustificada política de detención administrativa, que se lleva a cabo por razones ilógicas e ilegales.

Pregunte y haga un seguimiento de los detenidos administrativos en las prisiones de ocupación
directamente y escuche sus demandas, las condiciones que experimentan, así como sus
objetivos. Puede solicitar una visita a la Autoridad Penitenciaria israelí a través de su abogado para
visitar al preso "Fadi Hamad Ahmad Ghanem".

Firmado,
Detenidos administrativos palestinos en las cárceles de la ocupación israelí

miércoles, 19 de enero de 2022

El gobierno considera que a las empresas se les debe exigir el pleno respeto del Derecho Internacional. Recuerda que hay un nuevo marco de sanciones en la UE.

 



En una respuesta parlamentaria sobre las empresas que se lucran con la ocupación de Palestina

El gobierno considera que a las empresas se les debe exigir el pleno respeto del Derecho Internacional. Recuerda que hay un nuevo marco de sanciones en la UE.  

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/68292      15/11/2021     169728

AUTOR/A: BUSTAMANTE MARTÍN, Miguel Ángel (GCUP-ECP-GC)

RESPUESTA:

La protección y promoción de los derechos humanos (DDHH) constituye una piedra angular de la política exterior de España, siendo el ámbito conocido como “Empresas y DDHH” una de las prioridades de la acción exterior en materia de derechos humanos. Esta prioridad rige para la política exterior de España en todas las regiones y países del mundo.

La centralidad que España atribuye a los conocidos como “Principios rectores sobre Empresas y DDHH” fueron formulados por primera vez en el informe que presentó el 21 de marzo de 2011 el Representante Especial del Secretario General de las NNUU sobre DDHH y Empresas (RE), y que el Consejo de Derechos Humanos de las NNUU (CDH) hizo suyos formalmente por medio de la Resolución 17/4, adoptada por consenso el 16 de junio de ese mismo año. Entre los Principios Rectores figuran los llamados principios fundacionales, sobre los que asientan los principios operacionales que tienen la finalidad de darles cumplimiento. Todos los Principios Rectores constituyen, por tanto, el punto de referencia para la actuación del Estado en esta la materia, tanto en el ámbito nacional como en el de su política exterior.

En aplicación de esta Resolución y de los Principios que incorpora, la Oficina de la Alta Comisionada de las NNUU para los DDHH (OACNUDH) publicó una Guía para su interpretación y elaboró, asimismo, unas directrices aplicables en materia de diligencia debida. En la misma línea, el CDH hizo pública en febrero de 2020 una base de datos con una relación de 112 empresas que en la actualidad obtienen beneficios económicos de la ocupación de los Territorios Ocupados, a fin de facilitar a los Estados la aplicación eficaz de los Principios Rectores y de las directrices en relación con dichas empresas. Más recientemente, en octubre de este mismo año, la Alta Comisionada ha presentado un informe en forma de documento político conjunto en el cual se recogían algunas consideraciones clave para el diseño y la aplicación y supervisión administrativa de las recomendaciones más relevantes en la materia. España ha tomado debida nota del mismo, y junto con los demás Estados miembros de la Unión Europea y otros países y socios activos en este ámbito, está estudiando dicho informe a fin de poder poner en común las conclusiones del informe.

Cabe destacar que en la citada base de datos publicada por el CDH no figura a día de hoy ninguna empresa española.

En ejercicio de sus competencias en el ámbito de las Empresas y los DDHH, el Gobierno adoptó en septiembre de 2017, por acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, el Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos (PAN) con una vigencia de tres años. Dicho plan recoge los ámbitos de actuación y la previsión de las medidas correspondientes a cada uno de ellos a fin de dar efectivo cumplimiento a los mencionados Principios Rectores. Desarrolla, por otra parte, nuestro V Plan Director de la Cooperación Española, y encuentra conexión con otras estrategias sectoriales de cooperación, y con diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

El pleno respeto del Derecho Internacional, en la medida en que resulta aplicable a las empresas de todo tipo, incluidas las empresas transnacionales, forma parte indudablemente de los deberes cuyo cumplimiento es exigible a las mismas. En este sentido, cabe recordar la importancia del nuevo marco de sanciones en materia de Derechos Humanos del que se ha dotado la Unión Europea, y cuyas iniciativas han recibido hasta la fecha el respaldo del Consejo de Asuntos Exteriores, a propuesta del Alto Representante, Sr. Borrell. De estos consensos, aplicables a la Unión como a sus Estados miembros, ha participado España. Conviene además recordar, en este contexto, que la UE ya adoptó sanciones con anterioridad a la existencia de esta base de datos contra las empresas israelíes que operaban en los Territorios Ocupados al margen del derecho internacional.

Es a este marco común multilateral, pero sobre todo europeo, al que debe remitirse la actuación de España en materia comercial con respecto a las empresas incluidas en la base de datos del CDH. Cabe recordar, en este sentido, que la política comercial común es competencia exclusiva de la Unión y sus instituciones (art. 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Esto es aplicable tanto a las políticas públicas en relación con empresas del sector privado como a las políticas de contratación del sector público y de las empresas y entidades a él vinculadas, por cuanto se refiera a su vertiente exterior de actividad y afecte por tanto a la política comercial común de la UE. España igualmente aplica en su actuación respecto de dichas empresas las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. En todo caso, el Gobierno de España, del mismo modo que la Unión Europea, mantiene su posición sobre los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados, que considera una vulneración del Derecho Internacional.

Madrid, 27 de diciembre de 2021

 

Hace referencia a la pregunta:

Previsiones acerca de adoptar alguna medida para las empresas relacionadas con los concursos públicos, subvenciones u otro tipo de ayudas, como consecuencia de sus comportamientos favorables a la ocupación de Palestina y contrarios a la solución que propone España (núm. reg. 169728)

https://www.congreso.es/entradap/l14p/e16/e_0169728_n_000.pdf

martes, 18 de enero de 2022

La Comisión Europea no encuentra pruebas suficientes de Israel sobre las 6 organizaciones palestinas prohibidas

 La Comisión Europea no encuentra pruebas suficientes de Israel sobre las 6 organizaciones palestinas prohibidas



Respuestas a las preguntas:

ES 

E-004936/2021 

Respuesta del alto representante y vicepresidente Borrell 

en nombre de la Comisión Europea 

(6.1.2022) 


   

La UE ha tomado nota de la inclusión de seis organizaciones palestinas en la lista del Ministerio de Defensa de Israel, algunas de las cuales llevan a cabo actividades financiadas con contribuciones de la UE o de sus Estados miembros.  

 

La UE considera que este asunto es muy serio, lo está estudiando y está en contacto con los interlocutores israelíes para pedir aclaraciones sobre sus acusaciones.  

 

Las acusaciones anteriores de uso indebido de los fondos de la UE, que concernían a determinados miembros de organizaciones de la sociedad civil palestina, no han sido probadas. La UE no ha cejado en su empeño de dilucidar este asunto con las autoridades israelíes. 

 

La UE también es plenamente consciente del caso de Juana Ruiz Sánchez ante la jurisdicción militar israelí y ha supervisado de cerca su juicio y condena, al tiempo que ha permanecido en estrecho contacto con las autoridades consulares españolas. La UE ha apoyado las peticiones de España ante las autoridades israelíes de mejorar sus condiciones de detención y de que pueda recibir asistencia consular. 

 

La sociedad civil contribuye de manera esencial a la buena gobernanza y al desarrollo sostenible en la UE, Israel, Palestina[1] y en muchos otros lugares. La UE seguirá defendiendo el Derecho internacional y apoyando a las organizaciones de la sociedad civil que desempeñan una función de promoción del Derecho internacional, los derechos humanos y los valores democráticos.  



[1] Esta denominación no debe interpretarse como el reconocimiento de un Estado de Palestina y se utiliza sin perjuicio de las posiciones individuales de los Estados miembros al respecto. 

 




Preguntas parlamentarias
PDF 43kWORD 10k
28 de octubre de 2021
E-004936/2021
Pregunta con solicitud de respuesta escrita  E-004936/2021
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
 Respuesta escrita 
 Asunto: Sobre la declaración de seis organizaciones palestinas de derechos humanos como organizaciones terroristas por parte de Israel

El 19 de octubre, el Ministerio de Defensa de Israel declaró como terroristas a seis organizaciones de derechos humanos (Addameer, al-Haq, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development y Union of Palestinian Women Committees). En virtud de esta decisión, tomada conforme a la Ley antiterrorista de 2016 y que culmina una campaña de detenciones de trabajadores humanitarios, como la española Juana Ruiz, Israel prohíbe las actividades de estas orgqanizaciones, autoriza el cierre de sus oficinas y la incautación de sus materiales, prohíbe su financiación y autoriza a encarcelar a sus integrantes. Estas organizaciones son sobradamente conocidas en las Naciones Unidas y por la UE, además de recibir financiación de Estados miembros, como Suecia, cuyo Ministro de Desarrollo ha criticado la decisión, o España, donde estuvieron hace una semana en una gira parlamentaria.

1. ¿Va a condenar el vicepresidente / alto representante esta declaración, realizada sin pruebas, como terroristas de seis organizaciones palestinas de derechos humanos ampliamente reconocidas y financiadas por la UE?

2. ¿Piensa exigir a Israel que respete la promoción de los derechos humanos y reconsidere su decisión?

3. ¿Piensa exigir a Israel que asegure la protección del personal de estas organizaciones palestinas y las organizaciones europeas que trabajan con ellas?

Última actualización: 15 de noviembre de 2021 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004936_ES.html


Pregunta posterior con similar respuesta: 

Preguntas parlamentarias

PDF 53kWORD 11k
4 de noviembre de 2021
E-004982/2021
Pregunta con solicitud de respuesta escrita  E-004982/2021
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Giuliano Pisapia (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), François Alfonsi (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Margrete Auken (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Milan Brglez (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Clare Daly (The Left), Tanja Fajon (S&D), Dino Giarrusso (NI), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Aurore Lalucq (S&D), César Luena (S&D), Billy Kelleher (Renew), Chris MacManus (The Left), Martina Michels (The Left), Alessandra Moretti (S&D), Javier Nart (Renew), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Manu Pineda (The Left), Sira Rego (The Left), Nacho Sánchez Amor (S&D), Alfred Sant (S&D), Isabel Santos (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Jordi Solé (Verts/ALE), Patrizia Toia (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
 Respuesta escrita 
 Asunto: Decisión de Israel de designar a seis ONG palestinas de derechos humanos como organizaciones terroristas

El 22 de octubre, el Ministerio de Defensa israelí emitió una orden militar en la que acusaba a seis ONG palestinas (Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Centro Bisan para Investigación y Desarrollo, Defense for Children International-Palestine, Unión de Comités de Trabajo Agrícola y Unión de Comités de Mujeres Palestinas) de afiliarse con Frente Popular para la Liberación de Palestina, designándolas «organizaciones terroristas».

La decisión se tomó utilizando la controvertida legislación antiterrorista antipalestina de 2016, que autoriza a las fuerzas de seguridad israelíes a cerrar las oficinas de estas organizaciones, embargar sus activos y detener a sus trabajadores. También se prohíbe financiar o incluso expresar públicamente apoyo a sus actividades.

Aunque el Gobierno israelí aún no ha aportado pruebas que respalden sus alegaciones, esta decisión prohibirá de manera efectiva las actividades de estas organizaciones, conocidas internacionalmente por su firme defensa de los derechos humanos de los palestinos, y que a lo largo de los años han facilitado tanto a la Unión como a las Naciones Unidas documentación sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos por Israel.

La decisión ya ha sido condenada por la ACNUDH(1) y otros representantes de las Naciones Unidas(2)(3), así como por organizaciones internacionales de derechos humanos conocidas(4), que la consideran un intento de criminalizar y deslegitimar el trabajo en materia de derechos humanos.

1. ¿Cómo ha evaluado la Unión dicho informe?

2. ¿Tendrá esta decisión israelí consecuencias en la financiación de estas organizaciones por parte de la Unión?

(1)https://www.facebook.com/578014429053553/posts/1829695803885403/?d=n
(2)https://twitter.com/cvoule/status/1452226671499751427
(3)https://twitter.com/MaryLawlorhrds/status/1451549710184026127?s=20
(4)https://www.hrw.org/news/2021/10/22/israel/palestine-designation-palestinian-rights-groups-terrorists

lunes, 17 de enero de 2022

Resolución de las Naciones Unidas sobre "Soberanía permanente del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales", A/76/540




 Resolución de las Naciones Unidas sobre "Soberanía permanente del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales", A/76/540,  


Tomando nota del informe preparado por la Comisión Económica y Social para Asia Occidental sobre las consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado, transmitido por el Secretario General * ,

1. Reafirma los derechos inalienables del pueblo palestino y de la población del Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales, incluidos los recursos terrestres, hídricos y energéticos; 
2. Exige a Israel, la Potencia ocupante, que deje de explotar, dañar, destruir, agotar y poner en peligro los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y del Golán sirio ocupado; 
3. Reconoce el derecho del pueblo palestino a reclamar indemnización por la explotación, el daño, la destrucción, el agotamiento o la puesta en peligro de sus recursos naturales, como consecuencia de las medidas ilegales tomadas por Israel, la Potencia ocupante, y los colonos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y expresa la esperanza de que esta cuestión se trate en el marco de las negociaciones sobre el estatuto definitivo entre palestinos e israelíes; 
4. Destaca que el muro y los asentamientos que Israel está construyendo en el Territorio Palestino Ocupado, incluso en Jerusalén Oriental y sus alrededores, contravienen el derecho internacional y privan seriamente al pueblo palestino de sus recursos naturales, y pide a ese respecto que se respeten todas las obligaciones jurídicas afirmadas en la opinión consultiva emitida el 9 de julio de 2004 por la Corte Internacional de Justicia y en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, incluida la resolución ES-10/15 de la Asamblea General; 
5. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que cumpla estrictamente las obligaciones que le impone el derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario, y a que ponga fin de inmediato y por completo a todas las políticas y medidas dirigidas a alterar el carácter y el estatuto del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental; 
6. Exhorta también a Israel, la Potencia ocupante, a que ponga fin a todas las actividades, incluidas las de los colonos israelíes, que dañen el medio ambiente, en particular el vertido en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, así como en el Golán sirio ocupado, de todo tipo de materiales de desecho, que ponen en grave peligro sus recursos naturales, concretamente los hídricos y terrestres, y que constituyen una amenaza para el medio ambiente, el saneamiento y la salud de la población civil; 7. Exhorta además a Israel a que deje de destruir infraestructura vital, especialmente conductos de agua, redes de alcantarillado y redes de suministro de electricidad, y a que ponga fin a la demolición y confiscación de hogares palestinos y de infraestructura civil, tierras agrícolas y pozos de agua, lo cual, entre otras cosas, repercute negativamente sobre los recursos naturales del pueblo palestino, destaca la necesidad urgente de promover los proyectos de reconstrucción y desarrollo a este respecto, incluso en la Franja de Gaza, y pide que se reste apoyo a los esfuerzos necesarios en ese sentido, en consonancia con los compromisos asumidos, en particular, en la Conferencia Internacional de El Cairo sobre Palestina y la Reconstrucción de Gaza, celebrada el 12 de octubre de 2014; 
8. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que elimine todos los obstáculos a la ejecución de proyectos ambientales críticos, entre ellos las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Franja de Gaza y la reconstrucción y el desarrollo de la infraestructura de abastecimiento de agua, incluido el proyecto de la planta de desalinización en la Franja de Gaza;
9. Exhorta también a Israel a que no obstaculice el desarrollo palestino ni la exportación de las reservas descubiertas de petróleo y gas natural; 
10. Pide que se retiren de inmediato de la Franja de Gaza, en condiciones de seguridad, todas las municiones sin detonar y se preste apoyo a la labor que realiza el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas en ese sentido y acoge con beneplácito los enormes esfuerzos desplegados por el Servicio de Actividades relativas a las Minas hasta el momento; 
11. Alienta a todos los Estados y a las organizaciones internacionales a que sigan promoviendo activamente políticas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional en relación con todas las prácticas y medidas israelíes ilegales en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, en particular las actividades israelíes de asentamiento y la explotación de los recursos naturales; 
12. Recalca, a este respecto, la exhortación realizada por el Consejo de Seguridad, en su resolución 2334 (2016), a todos los Estados a que establezcan una distinción, en sus relaciones pertinentes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967; 
13. Solicita al Secretario General que en sus períodos de sesiones septuagésimo sexto y septuagésimo séptimo la informe, por conducto del Consejo Económico y Social, sobre las consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado, y, por otro lado, en su septuagésimo séptimo período de sesiones, la informe sobre la aplicación de la presente resolución, incluso en lo que respecta a los efectos acumulados de la explotación, los daños y el agotamiento por Israel de los recurs os naturales del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y del Golán sirio ocupado, y a las repercusiones de dichas prácticas en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible9 , y decide incluir en el programa provisional de su septuagésimo séptimo período de sesiones el tema titulado “Soberanía permanente del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales”.

 A/76/94–E/2021/73. 
Esta resolución fue aprobada por 156 a favor, 7 en contra (Canadá, Estados Federados de Micronesia, Israel, Islas Marshall, Nauru, Palau, Estados Unidos) y 15 abstenciones (Australia, Brasil, Camerún, Costa de Ivora, Guatemala, Haití, Honduras, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, Sudán del Sur, Togo, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)].


-Explotación de los recursos naturales en los territorios palestinos ocupados
International Centre of Justice for Palestinians (ICJP)

Resumen ejecutivo

Desde su ocupación en 1967, Israel ha tenido un control efectivo sobre los recursos naturales de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Esto ha privado a los palestinos de su derecho a explotar sus propios recursos naturales y a tener un acceso equitativo a ellos, y ha provocado el deterioro económico de los TPO con consecuencias devastadoras para el pueblo palestino. El siguiente informe resume las principales conclusiones de los informes elaborados por las principales ONG, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los TPO y académicos, al tiempo que proporciona el marco legal que rige la explotación de los recursos naturales.

Un informe elaborado por un experto especial de la ONU sugiere que cada año las empresas de canteras israelíes extraen aproximadamente 17 millones de toneladas de piedra de la Cisjordania ocupada, que se destinan casi en su totalidad al mercado israelí. Esta desigualdad de acceso a los recursos naturales en el territorio ocupado puede demostrarse claramente en la zona del Mar Muerto, cuyos recursos naturales son cultivados exclusivamente por la ocupación israelí. Además, un gran número de olivos que pertenecen a los agricultores palestinos son destruidos rutinariamente por los colonos israelíes, a los que Israel protege con una impunidad bien establecida para sus crímenes (Lynk, 2019).

Israel ha trasladado la mayor parte de sus residuos industriales a plantas de tratamiento en la Cisjordania ocupada, contribuyendo a un daño medioambiental irreversible en todo el TPO (Lynk, 2019) (B'TSELEM, 2017). Esto, a su vez, ha privado a los palestinos de sus derechos sociales y económicos, ya que el derecho de acceso al agua y a otros recursos naturales se considera un requisito previo para la realización de otros derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. (Amnistía, 2017) (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2003).  

Como describe Michael Lynk, Relator Especial sobre la Situación en los Territorios Palestinos Ocupados, alrededor de cinco millones de palestinos siguen enfrentándose a la amenaza constante de confiscación y degradación de su suministro de agua, así como a la explotación de sus recursos naturales. Estas privaciones forzosas tienen lugar en el marco del dominio militar israelí y la expansión de su régimen de asentamientos, en total desprecio de sus obligaciones en virtud del derecho internacional (Lynk, 2019).  

El agua en los TPO:

Las fuentes de agua en los TPO son el río Jordán, el Acuífero costero y el Acuífero de montaña. En 1967, tras la ocupación israelí, todo el uso y desarrollo del agua en Palestina se puso bajo el control militar de Israel.

En 1967, Israel emitió la Orden Militar nº 92:

"Esto confiere todos los poderes definidos en cualquier ley jordana que se ocupe del agua en manos de un oficial israelí nombrado por el Comandante de Área. Este oficial israelí a cargo asume el control total de los recursos hídricos. Tiene derecho a autorizar el funcionamiento de una organización determinada o a crear una nueva autoridad del agua. Puede controlar sus métodos de funcionamiento y nombrar a su jefe. etc." (Rabah y Fairweather, 1995).

Seguido de la orden militar nº 158/1967:

"No se permite a ninguna persona establecer, poseer o administrar una institución de aguas (cualquier construcción que se utilice para extraer recursos hídricos superficiales o subterráneos o una planta de procesamiento) sin un nuevo permiso oficial. Está permitido denegar un permiso a un solicitante. revocar o modificar una licencia, sin dar ninguna explicación. Las autoridades competentes pueden registrar y confiscar los recursos hídricos para los que no exista permiso, aunque el propietario no haya sido condenado". (Ibid.).

Estas órdenes siguen en vigor hoy en día, negando a los palestinos el derecho a construir nuevas instalaciones de agua o a mantener las existentes sin un permiso militar. La disparidad resultante en la disponibilidad y el uso del agua entre los palestinos y los colonos israelíes en el territorio palestino ocupado ha hecho que los colonos israelíes consuman tres veces más agua en comparación con sus homólogos palestinos (Lynk, 2019).  

La expansión de los asentamientos israelíes ha dado lugar a más obstáculos técnicos, administrativos y financieros para la igualdad de acceso al agua de los palestinos. Los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado están conectados al sistema nacional de agua, mientras que las comunidades palestinas de la misma zona no tienen acceso a la misma red de agua. En consecuencia, los palestinos se ven obligados a comprar cantidades importantes de agua a precios más altos a los camiones cisterna o a empresas israelíes como Mekorot, que extrae su agua del interior de Cisjordania ocupada. Los palestinos que viven en el territorio palestino ocupado son, por término medio, mucho más pobres que los colonos israelíes, y este régimen institucionalizado de discriminación económica sólo sirve para infligir una mayor carga financiera a los ya empobrecidos palestinos del territorio palestino ocupado (ídem).

El agua en Gaza:

Un buen resumen sobre la situación del agua en Gaza es el de Michael Lynk, que describe la situación de la siguiente manera

"La situación del agua en Gaza es una crisis que roza la catástrofe humanitaria. Las Naciones Unidas estimaron en 2017 que más del 96% de las aguas subterráneas del Acuífero Costero -la única fuente de agua natural de Gaza- se habían vuelto no aptas para el consumo humano, y el Acuífero quedaría irreversiblemente dañado como fuente de agua potable para 2020 si no se produce una intervención radical. Gaza se encuentra al borde del abismo por múltiples factores, entre ellos el aumento de su población; la consiguiente sobreexplotación del acuífero de origen; la importante contaminación del acuífero por aguas residuales y agua de mar; una economía débil y en franca contracción, unida a una pobreza extrema; la repetida destrucción de sus sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y energía por parte de Israel a través de sus diversas campañas militares desde 2006; el asfixiante bloqueo de Israel, incluidas las restricciones que impone a la importación de productos de doble uso (como bombas de agua, piezas de repuesto, tuberías y productos químicos de purificación); y una grave división política intrapalestina; la disminución de la financiación de los donantes internacionales. La crisis del agua en Gaza está creando un grave peligro para la salud pública de sus habitantes. La falta de un suministro de energía seguro -debido a una central eléctrica dañada por la guerra, a una falta crónica de combustible para hacer funcionar lo que queda de la central y a fuentes externas inseguras- ha hecho que el sistema de tratamiento de residuos de Gaza funcione mal, cuando es que funciona". (Ibídem), (Amnistía, 2017).  

 
Otros recursos naturales:

El enfoque de Israel hacia los recursos naturales de los TPO es el de un Estado soberano (Lynk y UNHRC, 2019), ya que explota lo que considera sus propios "recursos naturales" para su beneficio y crecimiento, en lugar de respetar sus obligaciones como potencia ocupante.  

Canteras:  En 2015, Israel otorgó concesiones mineras a 10 canteras operadas por Israel en la zona C de Cisjordania. Desde entonces, la producción aumentó sustancialmente, alcanzando 17 millones de toneladas en 2015 (Lynk, 2019). Aunque esta política fue impugnada por Yesh Din, una ONG israelí, el Tribunal Supremo israelí desestimó la petición y afirmó que "el Reglamento de La Haya de 1907 permite el desarrollo económico y la vida normal bajo la ocupación". Esta sentencia, sin embargo, ignora la protección de los intereses de los civiles protegidos y la prohibición de la explotación económica (Yesh Din, 2017), (Lynk, 2019).

El Mar Muerto: El Mar Muerto se encuentra en el territorio palestino ocupado; sin embargo, Israel lo ha declarado, junto con importantes porciones de tierra que lo rodean, como zonas militares cerradas y prohibidas para los palestinos. En particular, es rico en riquezas minerales, como aguas subterráneas, sal, potasa y barro. Israel se beneficia de esta abundancia de minerales, ya que un estudio realizado en 2012 ha calculado que 50 fábricas de cosméticos israelíes extraen el lodo y otras materias primas relacionadas (ídem).

Desarrollo de petróleo y gas: Actualmente, los palestinos dependen principalmente de Israel para el suministro de energía. Esta dependencia ha causado grandes pérdidas de ingresos a la economía palestina, debido a los derechos y recargos impuestos por Israel para la importación de gas, petróleo y aceite a través de Israel en el territorio palestino ocupado, lo que a su vez ha impedido la capacidad de los palestinos para construir una economía independiente. (Ibid.).  

Marco legal:

Israel está violando claramente sus obligaciones y deberes como potencia ocupante según el Derecho Internacional Humanitario (DIH). En primer lugar, Israel tiene el deber de administrar el territorio palestino "temporalmente", de buena fe, y por el bien de los palestinos, que son ciudadanos protegidos, hasta el final de su" ocupación (Pabian, 2021), (Lynk, 2019), (Lynk, 2017). Además, Israel no puede adquirir ningún "derecho de soberanía sobre el territorio ocupado", (Ibid.), y debe actuar únicamente como "administrador y usufructuario" en el territorio palestino, de acuerdo con el artículo 55 del Reglamento de La Haya de 1907. Esto significa que Israel está obligado a limitar la explotación de los recursos naturales públicos en el territorio palestino ocupado y a garantizar que su uso de los recursos naturales no le beneficie económicamente como potencia ocupante. En este sentido, un uso excesivo de los recursos naturales que no esté justificado por una necesidad militar puede equivaler a un saqueo y un pillaje, lo que se considera un crimen en virtud del artículo 8 del Estatuto de Roma (Clapham et al., 2018) (Akram, Dumper y Lynk, 2011). Además, Israel tiene el deber de garantizar el nivel de vida adecuado para el pueblo palestino, incluidas las necesidades para la vida personal y económica, lo que requiere la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales (Clapham et al.,2018).

Además, el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe explícitamente el traslado de la población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado, un acto considerado crimen de guerra en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma. Esta disposición es relevante, ya que la expansión de los asentamientos de Israel priva inevitablemente a los palestinos de sus recursos naturales en las zonas donde se establecen los asentamientos (Lynk, 2019).  

Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Israel viola múltiples normas, entre ellas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que afirman el derecho de los palestinos a la autodeterminación, un derecho amplia y repetidamente reconocido por la comunidad internacional (resolución 73/158 de la Asamblea General). La realización del derecho a la autodeterminación incluye necesariamente el derecho a cultivar y explotar sus propios recursos naturales. Además, Israel viola el derecho de los palestinos a un nivel de vida adecuado; su derecho a disfrutar de la riqueza y los recursos naturales sin discriminación; el derecho al desarrollo, su derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho a no ser discriminados y su derecho al agua (Lynk, 2019).

 
Fuentes:

Akram, S., Dumper, M. and Lynk, M. (2011). International law and the Israeli-Palestinian conflict : a rights-based approach to Middle East peace. London Routledge. 

Bothe, M., (n.d.). Expert opinion relating to the conduct of prolonged occupation in the occupied Palestinian territory. 

B'TSELEM (2017). Made in Israel: Exploiting Palestinian Land for Treatment of Israeli Waste. [online] Available at: https://www.btselem.org/publications/summaries/201712_made_in_israel

Clapham, A., Gaeta, P., SassòliM., Van, I. and Académie De Droit International Humanitaire Et De Droits Humains À Genève (2018). The 1949 Geneva Conventions : a commentary. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2003). General Comment No. 15, The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Lynk, M. (2019). Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied Since 1967 A/HRC/40/73

Pabian, E. (2021). Prolonged Occupation and Exploitation of Natural Resources. Journal of International Humanitarian Legal Studies, pp.1–40. 

Rabah, J. and Fairweather, N. (1995). Israeli Military Orders in the Occupied Palestinian West Bank, 1967-1992. Jerusalem: Jerusalem Media & Communication Centre. 

International Committee of the Red Cross (ICRC), Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 287, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b36d2.html  UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 1998, ISBN No. 92-9227-227-6, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html   

UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html 

UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html 

International Conferences (The Hague), Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and Its Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land, 18 October 1907, available at: https://www.refworld.org/docid/4374cae64.html 

UNGA , A/Res/73/158, The Right of the Palestinian People to Self-Determination (Dec. 17, 2018) 


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