Autobús SOLARIS (Grupo CAF) en las calles de Madrid
CAF, presumiblemente la peor empresa de Euskadi
Santiago González Vallejo
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe,
Gara/Naiz, 5 de octubre de 2026
Un error empresarial es plausible. Puede
afectar a la continuidad de la empresa, pero puede, quizás, corregirse y
aprovechar la experiencia para evitar ese y otros errores, favoreciendo la
continuidad y crecimiento de la compañía.
En el caso de la empresa del Goierri, Construcciones
y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), tal parece que los representantes de su
Consejo de Administración (Kutxabank, Mayoral, Cartera Social...) aun sabiendo
que se han metido en un atolladero de grandes proporciones a cambio de 500
millones de euros brutos, con un contrato de 25 años, persisten y profundizan
en sus errores.
En la actualización de la Base de Datos de
las Naciones Unidas de aquellas empresas que participan en la colonización
ilegal de Territorios Ocupados Palestinos −reconocidos por España y más de 140
países más como Estado de Palestina−, aparece nuevamente CAF. No ha hecho nada
por evitarlo, todo lo contrario.
Junto a su socio de consorcio, el
constructor Shapir, financiado por el Banco Hapoalim y otros, CAF es el gestor,
constructor y proveedor de vehículos de las líneas Roja y Verde de tranvías, al
servicio del trazado que marca la potencia ocupante, en terrenos expropiados y
con sus habitantes palestinos originales expulsados. Infraestructura y
servicios de transporte tranviario que van desde Jerusalén Occidental a las
colonias próximas que rodean el Gran Jerusalén, todo en Territorios Ocupados
Palestinos en los más de 70 km2 anexionados por Israel.
Baste decir que la Corte Internacional de
Justicia ha dictado la ilegalidad de la ocupación y la colonización. Mandata a
todos los Estados para que no favorezcan la colonización y les apremia a
cumplir sus obligaciones de defensa del Derecho internacional y en contra de
los crímenes contra la humanidad, como son la colonización, la limpieza étnica
o el genocidio.
El Estado de Israel es responsable de los
crímenes cometidos contra los palestinos. El ejército israelí ha conquistado
territorios, desplaza o mata a sus habitantes originarios, pero, ¿quién
construye nuevas viviendas, pone las cañerías, abre una tienda o establece las
infraestructuras y el servicio de transporte colectivo? Las respuestas son
Mekorot y Shapir, Carrefour (con la marca Electra) o los vehículos ferroviarios
o de autobuses CAF y Solaris...
Todas esas empresas mencionadas, en una
lista de por lo menos 214, están incluidas en la Base de Datos de las Naciones
Unidas por su implicación criminal en el lucro de la colonización, apartheid y
limpieza étnica del pueblo palestino.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
(CAF), Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y Salvat Logista son las
empresas españolas incluidas en la actualización de la Base de Datos. Según la
información suministrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas a todas ellas se les considera contribuyentes activos de la
colonización: «Una empresa puede contribuir a un impacto adverso a través de
sus propias actividades (acciones u omisiones) cuando dichas actividades se
combinan con las de otro actor de tal forma que se elimina o reduce la
capacidad de disfrutar de un derecho humano.
La «contribución» implica un perjuicio que
es, en parte, aunque no exclusivamente, resultado de las propias acciones de la
empresa, ya que la acción o inacción de otra parte también ha desempeñado un
papel significativo en la producción de dicho perjuicio;»
Concretamente, CAF está señalada como
«contribuyente» por:
1. El suministro de equipos y materiales
que faciliten la construcción y la ampliación de los asentamientos y del muro,
así como de la infraestructura asociada a ellos;
2. La prestación de servicios y
suministros que contribuyan al mantenimiento y la existencia de los
asentamientos, incluido el transporte;
3. El uso de los recursos naturales, en
particular el agua y la tierra, con fines comerciales;
Tanto Ineco como Salvat Logista aparecen
solamente señaladas en el punto 2.
CAF, que afirma tener asesores académicos
y sellos de sostenibilidad, manifiesta que solo gestiona y construye las líneas
de tranvías y se niega a responder el porqué de su aceptación del trazado
urbano por el que se le paga y que está diseñado para ampliar la colonización.
Su pagador, es el mismo que diseña el trazado, la colonización, la
transferencia de población de la potencia ocupante a territorio ocupado, la limpieza
étnica, en suma, el que representan las Autoridades de Ocupación
israelíes.
Lástima para CAF que, desde la celebración
de los juicios de Núremberg, en los que se sometió a juicio a patronos de
empresas, se rechace el supuesto argumento de la obediencia debida (así como el
lucro) en el caso de crímenes contra la humanidad. Los avales financieros
comprometidos que pueda tener CAF han de estar en consonancia con el respeto al
Derecho Internacional. Ese es un elemento marco de funcionamiento de cualquier
empresa que pretenda tener futuro y no quiera acabar sancionada.
Su inclusión en la Base de Datos ha sido
lo que ha provocado que sindicatos, partidos y sectores académicos belgas
rechazasen que CAF obtuviera un contrato con la entidad ferroviaria belga. Por
desgracia, en esa ocasión, la oferta de CAF salió adelante.
El gobierno vasco (PNV-PSE-PSOE), gestor
del 3% de las acciones de CAF, no se replantea éticamente cuestionar su apoyo
al actual Consejo de Administración de CAF, dirigido por Martínez Ojinaga,
sucesor de Arizkorreta; por ende, ese tándem político excluyó del Real Decreto
de prevención de genocidio, de septiembre de 2025, las exportaciones de bienes
a las colonias (¡?), lo cual incluiría a los trenes, mientras que sí prohibió
la importación de productos desde las mismos.
Pero la contestación sigue aumentando. El
ayuntamiento de Barcelona (y seguramente otros gobiernos municipales), exige ya
en sus formularios de licitación que las empresas oferentes no estén incluidas
en la relación de la Base de Datos de las NNUU. Y ahora, son los maquinistas
escoceses los que rechazan a CAF como ofertante de trenes en su país. Están
ampliando los apoyos a su reclamo. Ya hay presentada una demanda por parte del
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) y otras asociaciones ante la
Fiscalía española contra su consejo de administración por su implicación en la
colonización ilegal israelí.
En resumen, en una batalla desigual, y
frente a la inoperancia o complicidad de muchos gobiernos, los movimientos sociales
de muchas partes del mundo, al igual que cuando se actuó contra la Sudáfrica
del apartheid, son ya conocedores del apoyo de CAF y Solaris a la colonización
y apartheid israelí. Y se manifestarán en consecuencia, dañando no solo a CAF,
considerada como un tractor industrial vasco, sino a toda la marca industrial
del País Vasco.
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