miércoles, 4 de diciembre de 2024

La labor de zapa de Marruecos en América Latina contra el pueblo del Sáhara Occidental Luis Portillo Pasqual del Riquelme (*)


 La labor de zapa de Marruecos en América Latina contra el pueblo del Sáhara Occidental

Luis Portillo Pasqual del Riquelme (*)
 
Con gran aflicción recibimos la noticia de que el Gobierno de la República hermana de Panamá ha suspendido sus relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que había reconocido allá en 1978, cuando se convirtió en el primer país de Latinoamérica en honrar ese reconocimiento de la institución fundamental del pueblo saharaui.
Esa triste noticia me hace recordar que ya en 2007, en un artículo titulado “La legalidad internacional no es una utopía”, refiriéndome a las artimañas de Marruecos y a las falacias de sus apologetas, señalaba:
«Si Marruecos ha obstruido sistemáticamente un referéndum transparente y justo es porque sus gobernantes temen perderlo. Niegan así, de antemano, suprimiéndola de la realidad, la pretendida utopía (la legalidad internacional y, en su caso, la independencia), al tiempo que mantienen al pueblo saharaui en la más indigna de las condiciones de vida, el destierro y la miseria. Esperan así ganar tiempo, agotar y desmoralizar a los saharauis, alienar la memoria histórica de las jóvenes generaciones, vencer por extenuación a todo un pueblo, con la vana esperanza de que, finalmente, sucumbirán y aceptarán lo que les echen, hundidos en las contradicciones que los obstáculos torticeros generan».
Esas contradicciones --derivadas de la invasión y ocupación marroquí— se referían, entre otras muchas, a los problemas de desarrollo de las nuevas generaciones de ciudadanos saharauis, constreñidos por todo tipo de limitaciones materiales, sin poder aplicarse plenamente a la construcción democrática de su Estado invirtiendo en el mismo los conocimientos y titulaciones universitarias adquiridas en universidades de otros países y teniendo que emigrar lejos de su tierra criminalmente usurpada. Por no hablar de la difícil supervivencia cotidiana de cientos de miles de familias saharauis.
Y entre esos obstáculos torticeros señalados en aquel temprano artículo que el diario El País no quiso publicar, hay que destacar la permanente labor de zapa e intoxicación del régimen alauita en varios países de Latinoamérica. Pero no solo allí, por supuesto; también en Estados Unidos, en los países de la Unión Europea y en las propias instituciones de la UE. Al igual que sucede con todo lo relativo a los TT.OO. del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, la noticia de la suspensión de las relaciones diplomáticas del Gobierno panameño con la República Saharaui ha pasado desapercibida para mucha gente. Pero no para los miles de ciudadanos saharauis que malviven como pueden en esos TT.OO., en los campamentos de personas refugiados de Tinduf o en la diáspora, desperdigados por muchos países de Europa y del resto del Mundo, desarraigados y apátridas por culpa de Marruecos, ante la indiferencia de la denominada comunidad internacional.
Todo ello, consecuencia de la ocupación militar marroquí, de la política alauita de segregación contra los saharauis y de un sinfín de obstáculos torticeros, empezando por la obstaculización del referéndum de autodeterminación mandatado por la ONU y que debiera haber llevado a la práctica la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), creada para ese fin en 1991 y convertida hoy en un mecanismo más de ocupación del territorio. Absolutamente ineficaz en la implementación de sus objetivos, pero plenamente eficaz al servicio del ocupante marroquí.
Visto desde fuera, para quienes no están al tanto de las tropelías del majzén alauita y de los tejemanejes del  lobby promarroquí español, la injusta medida adoptada por el actual Gobierno panameño puede parecerle una noticia anodina, una gota de agua en el océano de noticias que circulan aceleradamente por los múltiples canales informativos (y, también, tóxicos y de desinformación promovidos por los tentáculos alauitas).
Pero no es así, no es nada anodina. Responde a la permanente labor de zapa y de compra de voluntades   de políticos, periodistas, académicos, funcionarios mediocres, ocupantes de sillones ministeriales que envían documentos al BOE atribuyendo marroquinidades “por error”, e incluso dirigentes a quienes les espían el móvil con el programa Pegasus; una tarea que viene realizando sistemáticamente Marruecos, ya sea de forma soterrada o a empellones, con su política de sobornos y prebendas –la política de la chequera— desde que invadiera la mayor parte del Sáhara Occidental tras el infame chantaje de la Marcha Verde –reconocido como tal por el propio Hasán II—y los no menos infames e ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid, firmados en el palacio de La Zarzuela --con el aval del actual Emérito—por el último Gobierno de la dictadura franquista y todavía hoy sin abolir, y sin que los documentos pertinentes hayan sido “desclasificados” y puestos a disposición del público casi 50 años después.
El caso de Panamá no es el primero en el continente latinoamericano, ni quizás sea el último…, visto lo visto. Pues no hace mucho nos llegaba una noticia similar desde la República hermana de Ecuador, una decisión de otro gobierno neoliberal --como el de la ‘conservadora’ Dina Boluarte en Perú-- comprado con las promesas y los dineros que Marruecos obtiene de las riquezas que saquea en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
La labor de zapa de Marruecos –acontecimientos o eventos aparentemente casuales, triviales e inconexos entre sí—siempre va acompañada de buenas cantidades de dinero y otras prebendas, como ya quedó demostrado desde un principio con la huida y deserción del incalificable Jalihenna uld Rachid, marioneta de Madrid y Rabat y premiado con el pago de Marruecos a los traidores.
¡Qué diferencia con la grandeza de otros dirigentes latinoamericanos, como el presidente Gustavo Petro de Colombia, quien, sensible a los lazos de una misma lengua y a las similitudes derivadas de una misma herencia colonial de la metrópoli española, y en la perspectiva de un futuro de libertad e independencia para el pueblo saharaui, sugirió ante el monarca Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se permitiera a la nación saharaui –y a otros países africanos-- participar como miembro observador en las Cumbres Iberoamericanas! Un estatus perfectamente factible, puesto que la comunidad iberoamericana ya contempla la figura de observador asociado y consultivo desde el año 2009, estatus del que ya gozan doce países, entre ellos Marruecos desde 2010.
Y a esa constante labor de zapa e intoxicación de las huestes alauitas, se añade el ferviente trabajo corrosivo del propio lobby español, con Felipe González (FG) a la cabeza (“hay que encapsular el tema del Sáhara”), como embajador de los intereses de Marruecos, y sus ilustres seguidores marrocosocialistas (Rodríguez Zapatero, José Bono, López Aguilar, …) agrupados en torno al grupúsculo encomendado por Marruecos al desertor y renegado expolisario Hash Ahmed, figurante principal de una organización pantalla de Marruecos, como desveló el CNI español y publicó el nada sospechoso diario El País. Marruecos, a diferencia de Roma, sí paga traidores. El hoy tránsfuga promarroquí y amigo de Rodríguez Zapatero (o viceversa), Hash Ahmed, tan solo hace unos años echaba pestes del lobista Felipe González --“convertido en un embajador al servicio de Marruecos”--  y desvelaba los esfuerzos de FG ante el presidente de Chile, Eduardo Frei, para evitar que el Gobierno chileno reconociera a la República Saharaui. ¡Cosas veredes, amigo Sancho! Y estas gentes se llaman ‘socialistas’ y se quedan tan tranquilos. Hoy, el señor Hash Ahmed recorre el mismo camino que el Sr. FG. Poderoso caballero es Don Dinero.
Ya ha sido ampliamente divulgado –pero no es suficientemente conocido— el ímprobo trabajo de zapa de FG en favor de sus amigos alauitas y en contra del pueblo saharaui, al que traicionó miserablemente --también al pueblo español--, como hiciera igualmente el entonces futuro jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, para obtener la aquiescencia del omnipresente amigo americano a la dinastía borbónica, entregando al pueblo saharaui a cambio de ceñir en su real testa la corona traspasada ilegítimamente por el dictador Francisco Franco.
También tenemos en la memoria el vejatorio y humillante trato dispensado por el Gobierno reaccionario de Perú a la ciudadana saharaui Jadiyetu El Mohtar, negándole la entrada en esa República hermana y reteniéndola miserablemente –de forma humillante y vejatoria—en el aeropuerto de Lima, una situación que conviene airear para que se sepa qué clase de gobernantes tiene Perú. Ese comportamiento rastrero y miserable nos trajo a la memoria, por sus similitudes, la situación vivida hace años por la valiente ciudadana saharaui Aminetu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, con los intentos de soborno del entonces presidente Rodríguez Zapatero y su ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, como ha recordado recientemente la abogada y presidenta de IAJUWS (Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara), Inés Miranda, en las Jornadas celebradas en el Congreso de los Diputados, en Madrid, bajo el título acusador “¡Sin Expolio no hay Ocupación!”. Los gobiernos de esos países latinoamericanos, en lo que atañe al Pueblo Saharaui y al Sáhara Occidental, han claudicado del respeto de los derechos humanos y la legalidad internacional.
Y ello nos duele aún más por las similitudes que acercan a los pueblos latinoamericanos y al sufrido pueblo saharaui, como son la lengua y la herencia común de la dominación española. El pueblo saharaui es el único de todo el Magreb que conserva el idioma español como segunda lengua oficial, con lo que ello supone para estrechar los lazos culturales y humanos que Marruecos trata de eliminar, de consuno con los chovinistas galos, siguiendo su burda lógica colonialista en pleno siglo XXI.
Las naciones latinoamericanas se independizaron de España en las primeras décadas del siglo XIX, cuando todavía España no había iniciado siquiera la colonización de lo que después se llamaría Sáhara Español y actualmente Sáhara Occidental, cuya descolonización apremió la ONU desde la década de 1960, especialmente a raíz de la importantísima Resolución 1514, que induciría la descolonización de muchas naciones africanas, hoy independientes. Y ahora, algunos de los gobiernos de esos países, como Panamá y Ecuador, que lograron independizarse de España como el resto de repúblicas latinoamericanas, pretenden negar ese mismo derecho a la independencia al heroico pueblo saharaui, la última colonia aún pendiente de descolonización en África. Marruecos paga esos sobornos a políticos y dirigentes con los beneficios que extrae de la explotación, saqueo y exportación de los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado.
Los gobiernos derechistas y neoliberales latinoamericanos --sobornados con dineros, prebendas y promesas--  se han ahormado con sumo gusto a la decisión unilateral del delincuente presidente estadounidense Donald Trump, quien en los estertores de su anterior mandato presidencial perpetró la maniobra preparada por su yerno Jared Kushner –“
el judío más influyente del mundo”, según sus propios congéneres-- saltándose a la torera la legalidad internacional y la doctrina jurídica onusiana de la descolonización al declarar unilateralmente la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental a cambio de la “normalización” de las relaciones (que siempre existieron ‘bajo cuerda’) entre Marruecos e Israel; el Estado sionista del Israel de Netanyahu, que está aniquilando al pueblo palestino (y al libanés) y contra quien el Tribunal Penal Internacional (TPI) acaba de dictar una orden de detención internacional.
Ahora, el presidente electo Donald Trump ha elegido a su consuegro, Charles Kushner, como próximo embajador de Estados Unidos en Francia. El padre de Jared Kushner —esposo de la hija de Trump, Ivanka, y consejero áulico de su primera presidencia (2017-2021)— tiene antecedentes penales: fue condenado en 2005 a dos años de cárcel (la máxima pena que podía recibir en virtud de un acuerdo con la fiscalía) por un fraude multimillonario y financiación ilegal de la campaña de Trump, pero este le indultó en diciembre de 2020, en la recta final de su primer mandato en la Casa Blanca; otra tropelía presidencial made in USA, como atribuir la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos porque sí. El consuegro del presidente electo se declaró culpable de 18 cargos, entre ellos los dos citados y otro de manipulación de testigos. Estos son los personajes y tales sus tejemanejes.
Después de más de medio siglo desde que la Asamblea General de la ONU exigiera la descolonización del Sáhara entonces español y el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) emitiera el dictamen de la Opinión Consultiva solicitada por el propio Gobierno marroquí, dejando probado que no existía vínculo alguno de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental, ahora (2020), de buenas a primeras, el expresidente convicto Donald Trump proclama unilateralmente esa soberanía marroquí. Para colmo, aduciendo como pretendida justificación ante la ciudadanía estadounidense que Marruecos fue el primer país del mundo en reconocer la independencia de Estados Unidos (una fake news que Marruecos difunde por doquier en Internet y donde haga falta). Lo cual es radicalmente falso, como reconocen los documentos oficiales del propio Gobierno de los EE. UU (el primer país fue Francia; España, el tercero; el sultanato de Marruecos fue solo el noveno país, por orden cronológico:
«Morocco was one of the first countries to recognize the newly independent United States. Morocco formally recognized the United States by signing a treaty of peace and friendship in 1786. Full diplomatic relations began in 1905». (U.S. Department of State, “U.S. Relations With Morocco). Por orden cronológico, el Sultanato de Marruecos solo estableció relaciones formales con Estados Unidos en 1786, después de Francia (1778), Países Bajos (1782), España (1783), Suecia, Gran Bretaña, Brunswick-Lüneburg (el entonces Reino de Hanover), los Estados Pontificios y Prusia (1785). Es decir, en el noveno lugar (“The First Countries to Diplomatically Recognize the United States”, Journal of the American Revolution (JAR), May 10, 2018).
Y eso, sin tener en cuenta que Francia y España estuvieron combatiendo junto a los rebeldes, prestaron una valiosísima y cuantiosa ayuda de todo tipo y tuvieron un papel decisivo (¡decisivo!) en el final victorioso de la Guerra de Independencia americana contra Gran Bretaña. Por tanto, mucho antes de que tuviera lugar el mencionado reconocimiento formal (que España estuvo retrasando para no alentar a sus propias colonias y para tratar de recuperar Gibraltar de la Corona Británica). El apoyo de España a la independencia de las 13 colonias se saldó con la pérdida de 30 barcos y 9.000 soldados. En cambio, no hay noticias de que hubiera un solo marroquí en esa guerra. Esperemos que algún asesor de Trump tome nota y le invite a corregir su mala información, lo cual es mucho esperar, por supuesto
Tras la independencia de las 13 colonias, los países latinoamericanos se independizarían de España a partir de 1810. Marruecos se independizó de Francia y España en 1956; Argelia, de Francia en 1954 y Mauritania, en 1960; aunque Marruecos estuvo 10 años sin reconocer al Estado mauritano, hasta 1970, reivindicando todo su territorio como parte de su “Gran Marruecos”, pretensión de la que ya solo le queda el territorio del Sáhara Occidental, dependiente éste de los vaivenes del Tío Sam, que sigue mangoneando en todo lo que considera sus patios traseros. Pero ahora, los gobernantes de algunos de esos mismos países latinoamericanos que se independizaron de España le niegan la independencia, legítima, al pacífico pueblo saharaui y claudican ante las argucias y sobornos del colonialismo marroquí, también, seguramente, con algún empujoncito yanqui. Han interiorizado la victoria del convicto Donald Trump y se han decantado decididamente por el caballo ganador de la era Trump-Netanyahu; el primero, con un montón de cargos por delitos, pero gloriosamente impune…, de momento. Y el segundo, con una orden de arresto internacional dictada nada menos que por el Tribunal Penal Internacional (TPI). Ambos personajes, estrechos aliados de Marruecos. Y los emisarios alauitas, contándoles “las mil y una noches” a ciertos políticos y dirigentes latinoamericanos, entusiasmados por disfrutar unas suntuosas vacaciones pagadas en el país de Mohamed VI, mientras éste disfruta de las suyas en París, en el ·París para los señoritos”, ¿recuerdan?
El camino hacia la libertad ya lo señaló el Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, como también otros muchos luchadores: por desgracia, solo la lucha armada permitirá acceder a la libertad…, ante la tozudez de la potencia colonial y su represión salvaje (Frantz Fanon, “Los condenados de la Tierra”). Incluso la Carta de la ONU reclama el uso de las armas para los pueblos subyugados por el colonialismo, como es el pueblo saharaui. Y la obligación de todos los países miembros de la Organización de respetar la legalidad internacional, incluido el apoyo a la lucha de liberación de los pueblos colonizados.
La deriva promarroquí hoy de los países latinoamericanos citados es tanto más grave por cuanto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la más alta instancia judicial de la UE, acaba de sentenciar, ahora ya de forma definitiva e inapelable, que el Sáhara y Marruecos son dos territorios distintos y separados, y que cualquier decisión respecto a sus recursos naturales o su futuro precisa del consentimiento del pueblo saharaui, en concordancia con la doctrina de la descolonización y los Principios de la Carta de la ONU.
NUESTRA TAREA no es ocultar esa deriva trumpista, cobarde y venenosa, sino denunciarla, sacar a la luz las verdaderas maniobras subyacentes y combatir con la ley en la mano el yugo colonial, precisamente ahora que la máxima autoridad judicial de la UE ha vuelto a dar la razón al pueblo saharaui y a su representante legítimo, el Frente Polisario. Y aún más, ahora que nos ha dejado quien, con su trabajo infatigable, logró esa gran victoria del y para el pueblo saharaui: Gilles Devers, un modesto abogado insobornable, abnegado defensor de ambas causas justas, la palestina y la saharaui, que, al conocer la victoria saharaui ante el Tribunal de la UE frente a sus poderosos enemigos, exclamó: ”¡Ya puedo morir tranquilo!”. Desde luego, bien merecido tienes ese descanso, Gilles. Como ha escrito alguien, nosotros, en lugar de venirnos abajo con tu partida, redoblaremos nuestra determinación y nuestro compromiso.
Las palabras de despedida de un excombatiente saharaui del Frente Polisario a este defensor de los pueblos oprimidos no pueden ser más expresivas y profundas: “Todos dejamos una huella en nuestra familia, en nuestras amistades y en nuestros conocidos cuando partimos; pero dejar una gran Huella en dos Pueblos, el Saharaui y el Palestino, pocos lo consiguen. Gilles Devers (D.E.P.) consiguió dejar una huella bien visible en la historia de estos dos Pueblos.“ Estas líneas van por ti, querido Gilles, y por todos aquellos que te han precedido en la lucha por la Justicia, la Libertad y la Paz.
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(*) Luis Portillo Pasqual del Riquelme es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (España), antiguo profesor de Estructura Económica Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental (CESO) de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) en cárceles marroquíes. Autor de En defensa de la Causa Saharaui. Testimonios de denuncia, resistencia y solidaridad (Editorial Círculo Rojo, nov. 2024).

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martes, 3 de diciembre de 2024

EL SALVADOR REABRE EL JUICIO POR EL ASESINATO, EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1989, DE SEIS JESUITAS, CINCO ESPAÑOLES, UNO SALVADOREÑO Y DOS MUJERES TRABAJADORAS.

 EL SALVADOR REABRE EL JUICIO POR EL ASESINATO, EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1989, DE SEIS JESUITAS, CINCO ESPAÑOLES, UNO SALVADOREÑO Y DOS MUJERES TRABAJADORAS.
Manuel García Fonseca


El proceso contra los autores del crimen logró comenzar en 1992 tras diversas denuncias y acciones sociales e institucionales de las que formó parte la visita a El Salvador de una delegación del Congreso español. Esta delegación elaboró un informe donde se hacía evidente la autoría del grupo militar “Atlacatl” preparado en la academia militar “La Escuela de las Américas” de ESTADOS UNIDOS. En ella fueron entrenados y recibieron instrucciones que incluían la tortura, contra las acciones de protesta o denuncia de la injusticia y la apropiación de tierras por los grandes terratenientes. Se condenó a los soldados ejecutores de la matanza, pero no se ha logrado la condena de los autores intelectuales, salvo a el excoronel Inocente Orlando Montano detenido fuera de El Salvador y procesado en España a 130 años de cárcel.
El informe de la delegación del Congreso de los diputados de España tuvo una influencia decisiva para que se realizara el juicio a los asesinos. Durante una semana la delegación española llevó a cabo entrevistas a todas las instituciones políticas y sociales de El Salvador, los presidentes del gobierno y del parlamento, de los sindicatos, y de todas las organizaciones populares y judiciales, y quedó en evidencia el asesinato de los 6 jesuitas y de dos mujeres trabajadoras de la Universidad llevado a cabo por los militares, y promovido y dirigido por la cúpula militar y el gobierno.
Una vez más, 35 años después, un juzgado de San Salvador abre un proceso contra los autores intelectuales, entre ellos el presidente Cristiani, tres exmilitares y un exdiputado. La justicia salvadoreña tiene nulo apoyo del presidente actual Nayib Bukele
Los crímenes de mayor relieve internacional fueron los asesinatos de los Obispos y sacerdotes como Monseñor Romero y los jesuitas directores de la Universidad Católica Centro Americana, para impedir la acción social de la Iglesia, y de los intelectuales con fuerte base popular. Pero los mayores crímenes se realizaron contra los campesinos. De todos los horrores que ha sufrido El Salvador en su historia reciente, la masacre de El Mozote, donde el batallón Atlacatl asesinó a casi mil campesinos, niños, mujeres, jóvenes y mayores, es quizás la más terrible.
A pesar de las dificultades y de la tolerancia demostradas por parte de las autoridades al crimen cometido, actualmente un juez salvadoreño ha comenzado el proceso por la masacre de los campesinos. Sin embargo, en El Salvador la acción de la política contra autores o promotores de estos terribles crímenes sigue hoy en día siendo nula.
 Merecen nuestro respeto y admiración los jueces o personas que, a pesar de los poderes fácticos, y las grandes familias dominantes, dueños de tierras y vidas, abren nuevos procesos que al menos mantienen viva la información   y el deber de reparación de los pobres de la tierra y de los que luchan por la paz y la justicia                                  .

Un año después del inicio de la catástrofe humanitaria en Gaza, OCHA pide acciones urgentes .Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2 de diciembre de 2024

 

Las primeras lluvias invernales en Gaza han agravado los problemas de las comunidades vulnerables, poniendo en riesgo a alrededor de medio millón de personas en zonas propensas a inundaciones. Foto: UNRWA
Un año después del inicio de la catástrofe humanitaria en Gaza, OCHA pide acciones urgentes

Palabras pronunciadas en la sesión inaugural de la conferencia “Un año después de la catástrofe humanitaria en Gaza: necesidades urgentes, soluciones duraderas” por Muhannad Hadi, Coordinador Humanitario para el Territorio Palestino Ocupado, en nombre de Tom Fletcher, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia
Es un honor para mí pronunciar estas palabras en nombre del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, Sr. Tom Fletcher, y transmitir su urgente llamamiento a la acción basada en el respeto del derecho internacional y la humanidad básica.
Nos reunimos hoy para responder a la abrumadora crisis humanitaria en Gaza, donde el sufrimiento de los civiles es inimaginable.
Como ha subrayado el Secretario General, las condiciones en Gaza no son aptas para la supervivencia humana. Los civiles no pueden satisfacer ni siquiera las necesidades humanas más básicas: agua, alojamiento, alimentos y atención sanitaria. La gente está muriendo y se les niegan los elementos esenciales, incluida la ayuda humanitaria. Estas condiciones violan directamente el derecho internacional humanitario.
La comunidad internacional tiene la obligación moral y jurídica de utilizar toda su influencia para abordar y revertir la situación. 
Los Estados miembros tienen la capacidad de poner fin a las violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza. La protección de los civiles es primordial. La situación puede y debe cambiar.
Excelencias y distinguidos invitados,
Como Coordinador Humanitario para el Territorio Palestino Ocupado, es mi deber llamar su atención sobre lo que la gente ha estado experimentando cada día en Gaza durante casi 14 meses.
Todos los civiles de Gaza —hombres, mujeres y niños— viven a la sombra de la muerte. Si no mueren a causa de bombas o balas, corren el riesgo de morir por falta de alimentos, agua y atención médica. Las mujeres mueren durante el parto a un ritmo tres veces superior al de antes de octubre de 2023.
Casi todos los habitantes de Gaza han sido desplazados, muchos de ellos varias veces. La mayoría vive en refugios temporales, expuestos a las duras lluvias y al frío del invierno. Su salud física y mental se ha visto gravemente afectada. Los preparativos para el invierno se han visto afectados por los impedimentos constantes al traslado de suministros a Gaza, entre ellos la inseguridad, el acceso restringido, las hostilidades, las municiones sin detonar y la escasez de combustible.
La población del norte de Gaza lleva más de 50 días sitiada y las Naciones Unidas no han podido acceder a esa zona.
Las fuerzas israelíes han denegado repetida y sistemáticamente nuestras solicitudes de acceso, con consecuencias devastadoras: hay familias atrapadas bajo los escombros, los enfermos y los heridos no pueden llegar a los hospitales y se han agotado los suministros básicos (agua, alimentos y atención médica). Otros se han visto obligados a huir a zonas que no son más seguras y a hacer frente a las mismas condiciones brutales.
La crisis alimentaria empeora día a día en toda la Franja de Gaza, con una hambruna extrema que aumenta en el centro y el sur de Gaza. Más de un millón de personas no han recibido sus raciones mensuales de alimentos desde julio.
El sistema de salud ha quedado diezmado. Los bombardeos han destruido hospitales y suministros médicos esenciales. Peor aún, los habitantes de algunas zonas del norte de Gaza han pedido a la ONU que deje de prestar asistencia por temor a convertirse en un objetivo.
El acceso al agua potable sigue siendo muy limitado y las condiciones sanitarias persisten en Gaza.
En medio de una violencia y destrucción incesantes en Gaza, la violencia doméstica, el acoso sexual y el abuso de mujeres y niñas aumentan, alimentados por el hacinamiento, la falta de servicios y medios de vida y el trauma de los desplazamientos repetidos.
Además, más de 17.000 niños palestinos no están acompañados o separados de sus familiares y tutores y necesitan protección. 
Mientras tanto, la ruptura total del orden público ha provocado un aumento de los saqueos a los camiones de ayuda humanitaria. Las fuerzas israelíes atacan a la policía civil y le impiden actuar.
En lo que va de año, los camiones de la ONU han sido saqueados 75 veces. Los grupos armados también han irrumpido en las instalaciones de la ONU 34 veces.
Ésta es la realidad en Gaza hoy.
Al mismo tiempo, la violencia en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, ha aumentado drásticamente, con graves consecuencias para los civiles.
Las fuerzas israelíes siguen empleando una fuerza letal que no se ajusta a las normas de aplicación de la ley. En Cisjordania, las fuerzas israelíes han matado a tres niños palestinos cada semana en promedio desde el 7 de octubre de 2023, lo que supone un aumento de cuatro veces en comparación con los primeros nueve meses de 2023. 
Los ataques de los colonos israelíes contra los palestinos y sus propiedades, a menudo en presencia de fuerzas israelíes, se han vuelto más audaces y brutales. Desde el 7 de octubre de 2023, la violencia, la intimidación y el acoso de los colonos han desplazado a 1.722 palestinos, incluidos 835 niños. Continúan la demolición de viviendas de propiedad palestina y las restricciones de movimiento que dificultan el acceso de los civiles a los servicios esenciales.
Aprovecho esta oportunidad para recordar la exigencia de la Corte Internacional de Justicia y de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que Israel ponga fin a sus políticas y prácticas ilegales.
Excelencias y distinguidos invitados, 
A pesar de los desafíos extraordinarios, los trabajadores humanitarios persisten en sus esfuerzos por prestar ayuda vital.
En apenas dos semanas de noviembre, casi medio millón de personas recibieron servicios sanitarios esenciales, además de decenas de miles de niños y sus cuidadores que recibieron apoyo en materia de salud mental. En los asentamientos para desplazados internos se está atendiendo cada vez más la desnutrición y las necesidades sanitarias.
UNRWA proporciona servicios vitales a casi 2 millones de personas en Gaza y a un millón de refugiados palestinos en Cisjordania.
UNRWA tiene una vasta infraestructura humanitaria en Gaza, pero también en Cisjordania, que incluye escuelas, instalaciones médicas y vínculos profundos con las comunidades locales.
Hay que permitir que esto continúe.
Estimamos que se necesitan al menos 6.600 millones de dólares para abordar la crisis humanitaria que afecta a 3,3 millones de personas en Gaza y Cisjordania.
Gaza es uno de los lugares más peligrosos y desafiantes del planeta para brindar ayuda humanitaria.
Excelencias y distinguidos invitados,
Además de la destrucción de la infraestructura básica, estamos presenciando la destrucción de la vida palestina.
La gente muere, las familias se desgarran y la dignidad humana básica es despojada diariamente.
Para poner fin a este sufrimiento es necesario ante todo un alto el fuego.
También exige un respeto pleno e inquebrantable del derecho internacional humanitario en todas las circunstancias y sin condiciones. 
Los trabajadores humanitarios deben tener acceso seguro, rápido, sin obstáculos y sostenido a todas las personas necesitadas en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.
Todo esto es indispensable para aliviar el sufrimiento, reconstruir vidas y restaurar la dignidad del pueblo de Palestina.
Se necesita una acción inmediata y decisiva por parte de todos los que están aquí.
Gracias.

lunes, 2 de diciembre de 2024

Grupos palestinos de derechos humanos cuestionan las licencias ilegales israelíes de exploración de gas en las costas de Gaza


 Al Haq, 08 de febrero de 2024



Grupos palestinos de derechos humanos cuestionan las licencias ilegales israelíes de exploración de gas en las costas de Gaza: Adalah exige que Israel revoque las licitaciones que violan el derecho internacional; Al Mezan, Al-Haq y PCHR instan a las empresas licenciadas a abstenerse inmediatamente de participar en actos de saqueo de los recursos naturales soberanos del pueblo palestino.
El 29 de octubre de 2023, en medio de la brutal ofensiva militar de Israel contra Gaza, caracterizada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como un genocidio plausible contra el pueblo palestino en Gaza, el Ministerio de Energía israelí anunció que había otorgado licencias a seis empresas israelíes e internacionales para explorar en busca de gas natural en áreas que se consideran zonas marítimas palestinas según el derecho internacional. Entre las empresas se encuentran Eni SpA (Italia), Dana Petroleum (Reino Unido, una subsidiaria de la Compañía Nacional de Petróleo de Corea del Sur) y Ratio Petroleum (una empresa israelí). Las licencias se otorgan después de la Cuarta Ronda de Licitaciones Offshore ("OBR4"), que el Ministerio de Energía e Infraestructura de Israel lanzó en diciembre de 2022.
  
El mapa 1 muestra los límites marítimos del Estado de Palestina de conformidad con su declaración de 2019 de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El mapa 2 muestra las zonas cubiertas por la licitación. Las líneas rojas indican lo que Israel designa de facto como su zona de concesión, mientras que las líneas negras representan los límites marítimos de Palestina, como se muestra en el mapa 1.
 
 
 
 
 
 
 
Israel otorgó licencias de exploración de gas para la Zona G, un área marítima adyacente a las costas de Gaza, como se muestra en el área verde del Mapa 2 anterior. Cabe destacar que el 62 por ciento de la Zona G se encuentra dentro de los límites marítimos declarados por el Estado de Palestina en 2019 , de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) de 1982, de la que Palestina es signataria. Además de las licencias ya otorgadas en la Zona G, Israel también ha emitido licitaciones para las Zonas H y E (como se muestra en rosa en el Mapa 2); el 5 por ciento de la Zona H se encuentra dentro de los límites marítimos declarados de Palestina, junto con el 73 por ciento de la Zona E. A pesar de no ser parte de la CNUDM, Israel ha respondido a la declaración palestina sosteniendo que, dado que Israel no reconoce a Palestina como un estado soberano, Palestina carece de la autoridad para declarar sus límites y aguas marítimas. Este argumento está en directa contradicción con los principios establecidos del derecho internacional, como se describe a continuación.
Israel es la Potencia ocupante en la Franja de Gaza y ejerce un control pleno y efectivo sobre las zonas marítimas de Palestina. La emisión de la licitación y la posterior concesión de licencias para la exploración en esa zona constituyen una violación del derecho internacional humanitario (DIH) y del derecho internacional consuetudinario. Las licitaciones, emitidas de conformidad con el derecho interno israelí, equivalen en la práctica a una anexión de facto y de iure de las zonas marítimas palestinas reclamadas por Palestina, ya que pretende sustituir las normas aplicables del DIH aplicando en su lugar el derecho interno israelí a la zona, en el contexto de la gestión y explotación de los recursos naturales. En virtud del derecho internacional aplicable, Israel tiene prohibido explotar los recursos finitos no renovables del territorio ocupado con fines comerciales y en beneficio de la Potencia ocupante, de conformidad con las normas de usufructo, a las que se refiere el artículo 55 del Reglamento de La Haya. En cambio, Israel, como autoridad administrativa de facto en el territorio ocupado, no puede agotar los recursos naturales con fines comerciales que no sean en beneficio de la población ocupada.
El 5 de febrero de 2024, Adalah envió una carta al Ministro de Energía de Israel, así como al Fiscal General de Israel, exigiendo: (i) la revocación de las licencias de exploración de gas otorgadas en la Zona G; (ii) la cancelación de cualquier licitación pendiente en áreas que se encuentran dentro de los límites marítimos de Palestina; y (iii) el cese inmediato de cualquier actividad que implique la explotación de recursos de gas en las fronteras marítimas de Palestina, ya que estas áreas no pertenecen al Estado de Israel, e Israel no posee ningún derecho soberano sobre ellas, incluidos derechos económicos exclusivos. Además, la exploración y explotación de gas en las áreas marítimas de Palestina violan flagrantemente el derecho fundamental del pueblo palestino a la libre determinación, que abarca la gestión de sus recursos naturales.
El 6 de febrero de 2024, el bufete de abogados Foley Hoag LLP, en representación de Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR), envió avisos a las empresas Eni SpA , Dana Petroleum Limited y Ratio Petroleum para que desistieran de realizar cualquier actividad en las áreas de la Zona G que se encuentran dentro de las áreas marítimas del Estado de Palestina, enfatizando que tales actividades constituirían una flagrante violación del derecho internacional.
Las organizaciones notificaron a las empresas que cualquier intento de explorar y explotar los recursos naturales reclamados por el Estado de Palestina sin su consentimiento violará inevitablemente el DIH, incluidas las leyes de ocupación. Las organizaciones advirtieron que la complicidad en crímenes de guerra como el saqueo es un delito penal grave, que expone a los actores corporativos a responsabilidad penal individual. Es importante destacar que la Corte Penal Internacional actualmente tiene una investigación activa abierta sobre crímenes internacionales cometidos en el territorio del Estado de Palestina y, por lo tanto, tiene jurisdicción para investigar y procesar a cualquier individuo considerado responsable de la comisión del crimen de guerra de saqueo. Además, participar en la licitación y realizar exploraciones de gas en las zonas marítimas de Palestina, en violación del DIH, expone a las empresas al riesgo de acciones civiles por daños y perjuicios. Las organizaciones declararon que están dispuestas a utilizar todos los mecanismos legales disponibles en la mayor medida posible a menos que las empresas se abstengan de actividades que contravengan el derecho internacional en el territorio ocupado, incluidas las aguas palestinas.
Según las organizaciones, la demarcación unilateral por parte de Israel de sus fronteras marítimas para incluir las zonas marítimas y los lucrativos recursos naturales de Palestina no sólo viola el derecho internacional, sino que también perpetúa una práctica de larga data de explotación de los recursos naturales palestinos para sus propios beneficios económicos y coloniales. Israel pretende saquear los recursos de Palestina, explotando lo que ya es una mera fracción de los recursos naturales que les corresponden legítimamente a los palestinos.

jueves, 28 de noviembre de 2024

Razones para un Boicot a HP:

 


Grupo Boicot RESCOP

1. Colaboración con la ocupación israelí: HP suministra tecnología al gobierno de Israel que apoya la ocupación de Palestina, como:

Sistemas de identificación biométrica: Utilizados en puntos de control que limitan la libertad de movimiento de los palestinos.

Infraestructura tecnológica: Para el registro poblacional que discrimina a los palestinos y facilita la segregación.

Tecnología para prisiones: Donde se detiene a palestinos, incluidos menores, sin un debido proceso legal.



2. Violaciones de derechos humanos: Las tecnologías de HP contribuyen al mantenimiento de un sistema que organizaciones de derechos humanos califican como apartheid, perpetuando la opresión de los palestinos.


3. Campaña BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones): El movimiento BDS llama a boicotear a HP hasta que deje de participar en proyectos que violen los derechos humanos.


4. Alternativas disponibles: Existen otras marcas, como Dell y Lenovo, que no están involucradas en prácticas similares, permitiendo consumir de manera más ética.



Conclusión: El boicot a HP es una forma de exigir que las empresas respeten los derechos humanos y de no contribuir indirectamente a sistemas de opresión.






La labor de zapa de Marruecos en América Latina contra el pueblo del Sáhara Occidental Luis Portillo Pasqual del Riquelme (*)

  La labor de zapa de Marruecos en América Latina contra el pueblo del Sáhara Occidental Luis Portillo Pasqual del Riquelme (*)   A Gilles D...