martes, 7 de diciembre de 2021

BDS ALMERIA DENUNCIA LA DEFINICION DE ANTISEMITISMO Y SUS EJEMPLOS DE IHRA

 

BDS ALMERIA DENUNCIA LA DEFINICION DE ANTISEMITISMO Y SUS EJEMPLOS DE IHRA

La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) es una organización intergubernamental fundada en 1998 que reúne a gobiernos y “expertos” para “fortalecer, avanzar y promover la educación e investigación y el recuerdo del Holocausto en todo el mundo”. Está integrado por 28 países de la U.E. (entre ellos España) y además Israel, Canadá, EE.UU y Argentina, como vemos, países alineados con Israel que conforman una minoría dentro del conjunto de la comunidad internacional, pero que algunas de sus posiciones apoyadas por el lobby sionista ganan cada día influencia en el empeño de identificar la denuncia del sionismo con el antisemitismo, que debería ser más propiamente denominado judeofobia, esta posición la oímos en boca de Macron cuando afirma que “el anti sionismo es la forma reinventada de antisemitismo”. Este discurso esta abonando el terreno para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino, especialmente la campaña BDS (boicot, desinversión y sanciones) al tratar de que se afiance una mentira mil veces repetida: que la lucha contra el Estado racista de Israel es una actividad antisemita. Podemos decir que la operación política de identificar antisemitismo con anti sionismo tiene por finalidad crear una cobertura política que evite las criticas a las practicas terroristas del Estado de Israel. La decisión de elaborar este articulo viene motivada por la polémica que ha suscitado la definición de IHRA de “antisemitismo” y mas en concreto algunos de los ejemplos prácticos de como identificar una actitud antisemita. Aunque esta definición fue adoptada en 2016 y encontró críticas, es durante el pasado año cuando ha cobrado fuerza una campaña para que Estados miembros ratificaran y defendieran la bondad de esta definición, que por otra parte no tiene consecuencia jurídica. «El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto». A ello sigue una serie de ejemplos prácticos de manifestaciones antisemitas, destacando por su implicación en cercenar la libertad de expresión dos de ellos: . * aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático, ▪ establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis, Quiero ello decir que exigir a Israel que acabe con la ocupación, el apartheid, los asesinatos, el encarcelamiento y un largo etc. es una práctica antisemita, o que comparar las atrocidades nazis incluida la ocupación de países con la ocupación de Palestina es una manifestación antisemita. Estas aberraciones están contempladas en el catalogo de ejemplos de una declaración que los Gobiernos de la Unión Europea o la propia U.E como veremos más adelante adoptan como la biblia para catalogar actitudes antisemitas. En los últimos meses las organizaciones sionistas han desarrollado una ofensiva para que los Gobiernos hagan suya esta definición, en Argentina la ley 114/20 la ha adoptado, lo que ha concitado el rechazo de importantes organizaciones de derechos humanos plasmadas en un documento titulado “Critica a la definición de antisemitismo de la IHRA”. Es un documento lúcido y argumentado; en un momento de la crítica, el documento afirma “Los ejemplos que acompañan la definición de IHRA asimilan la percepción y valoración de las practicas del estado de Israel y del sionismo como ideología política a las categorías de judío y semita estableciendo una sinonimia inadecuada e inaceptable”. Este documento está respaldado por el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, La cátedra libre de estudios palestinos “Edward Said” de la Universidad de Buenos Aires, Asamblea permanente de Derechos Humanos y la internacional de judíos anti sionistas (IJAN) En estos meses han sido algunos de estos países europeos los que han ratificado la adhesión a esta definición. Muy recientemente la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) celebraba que el Gobierno Español por boca de Carmen Calvo se sumara a la definición de antisemitismo de la IHRA, que sepamos, esta decisión que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y la libre practica de la solidaridad con Palestina ha sido escasamente contestada, si podemos reconocer que Iñigo Errejón en nombre de Mas País presentó un pregunta escrita al gobierno con fecha 25 de febrero 2021, interesándose por el alcance de esta adhesión y poniendo en duda la legitimidad de los ejemplos a los que nos hemos referido. Desconocemos si ha sido ya respondida. Por ir concluyendo, el extenso documento de la Unión Europea de 5 de octubre de 2021: “Comunicado de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo…. “Estrategias de la U.E. de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía (2021-2030) es un documento interesante y detallado, en el que no podía faltar la susodicha definición, así en el apartado denominado: “Manual para el uso practico de la definición operativa de antisemitismo de IHRA, catálogo de buenas prácticas”. Entre los puntos de este apartado dice “Adoptar y utilizar la definición de antisemitismo de la IHRA”. En el apartado 4.1 “Utilización de todos los instrumentos para hacer frente al antisemitismo a través de la acción exterior de la U.E.” dice: “Israel es un socio clave de la Unión Europea especialmente en lo que respecta a la lucha mundial contra el antisemitismo. La Unión Europea tratará de seguir reforzando el “Seminario de alto nivel UE- Israel sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo que coorganiza anualmente ambas partes centrándose en darle seguimiento operativo.” Es decir, para hacer frente al antisemitismo que mejor que tener como socio preferente a un gobierno sionista racista y criminal: las paradojas de la política y la desvergüenza. Llegados a este punto BDS Almería seguirá combatiendo la identificación de antisemitismo con anti sionismo, somos profundamente antirracistas, y somos profundamente solidarios con Palestina y seguiremos denunciando las políticas racistas y criminales del Estado Sionista de Israel. BDS Almería. Diciembre 2021

CAF y el "efecto mariposa"


 Koldo Sagasti

naiz.eus                              4 de diciembre de 2021


¿Habéis probado recientemente a comprar, por ejemplo, una bicicleta nueva? Inmediatamente os habréis dado cuenta de que es imposible. Debido a la falta de suministros, todas las bicicletas de aquí a tres años ya están vendidas. La escasez de componentes producidos en Vietnam ha provocado un descenso de los que se ensamblan en algún país de Europa del Este e, indirectamente, una empresa con sede social en Vitoria-Gasteiz no ha podido satisfacer la demanda. Algunos llaman a este fenómeno el “efecto mariposa”, lo que significa que, en un sistema dinámico-caótico como es el mercado, una pequeña perturbación, como puede ser el vuelo de una mariposa, puede amplificarse en el tiempo y el espacio y causar huracanes en las antípodas. No hay más que ver cómo los efectos de un virus que muta en un rincón del mundo se pueden sentir en todo el planeta en sólo unas pocas horas. El mundo se hace cada vez más pequeño y la interacción entre pueblos distantes es cada vez más estrecha. Por eso, es cada vez más común que el comportamiento de una empresa en una región del planeta condicione su actividad en otra región, especialmente si esa empresa está jugando en el tablero de juego internacional.

No son pocas las empresas vascas que desarrollan su actividad a lo largo y ancho del mundo, incluso en regímenes que no muestran el más mínimo respeto por los más elementales derechos humanos. El ejemplo más notable es CAF. La compañía ferroviaria de Beasain está trabajando en la construcción de un ferrocarril que conectará los asentamientos ilegales en Jerusalén Este con la capital. El derecho internacional prohíbe expresamente que una fuerza ocupante equipe con infraestructuras permanentes a áreas ocupadas ilegalmente, y la ilegalidad de este proyecto es tan obvia que todos los demás candidatos en el procedimiento de adjudicación de contratos se retiraron previamente del proceso.
Los ejecutivos de CAF tienen una visión estratégica muy limitada si creen que su comportamiento en Palestina no les vendrá de vuelta .El aleteo de una mariposa allí tarde o temprano les volverá convertido en forma de torbellino



CAF eta «tximeleta efektua»

Koldo Sagasti

naiz.eus

Azkenaldian saiatu al zarete, adibidez, bizikleta berria erosten? Berehala ohartuko zineten ezinezkoa dela. Hornidura falta dela-eta hemendik hiru urtera arteko guztiak salduta daude jada. Vietnamen ekoizten diren osagaien eskasiak eragin du Europa Ekialdeko herrialderen batean muntatzen direnen beherakada eta, zeharka, egoitza soziala Gasteizen duen enpresa bat eskaerari aurre egin ezinik geratu da. Zenbaitek “tximeleta efektua” deitzen dio fenomeno horri, alegia, merkatua bezalako sistema dinamiko-kaotiko batean aldaera ñimiño batek, tximeleta baten hegada balitz bezala, denboran eta espazioan anplifikatu eta urakana eragin dezake antipodetan. Ikusi besterik ez dago nola munduko bazter batean mutazioa pairatzen duen birus baten ondorioak planeta osoan sumatu daitezkeen ordu gutxiren buruan. Mundua gero eta txikiagoa da eta herri urrunen arteko elkarreragina gero eta estuagoa. Horregatik, gero eta ohikoagoa da enpresa batek munduko eskualde batean duen jokaerak beste eskualde bateko bere jarduna baldintzatzea, areago enpresa horrek nazioarteko joko taulan jokatzen badu.

Ez dira gutxi planeta osoan diharduten euskal konpainiak, eta zenbait giza eskubideekiko gutxieneko begirunea ere erakusten ez duten erregimenetako merkatuetan. Adibiderik nabariena CAFena dugu. Beasaingo trengintza konpainiak Jerusalem Ekialdeko kolonia ilegalak hiriburuarekin lotuko dituen trenbidea eraikitzeko lanetan dihardu. Nazioarteko legediak espresuki debekatzen dio indar okupatzaile bati ilegalki okupatutako eremuak azpiegitura iraunkorrez hornitzea, eta hain da nabaria proiektuaren ilegaltasuna, ezen kontratua esleitzeko lehiaketako beste hautagai guztiak erretiratu egin ziren prozesutik.

Ikuspegi estrategiko murritza dute CAFeko zuzendaritzako arduradunek, Palestinan darabilten jokabidea bueltan etorriko ez zaiela pentsatzen badute. Hango tximeleten hegoen astindua ere goizago edo beranduago zirimola bilakatuko zaie. •


lunes, 6 de diciembre de 2021

B'tselem y PCHR publican un informe sobre las "investigaciones" israelíes sobre las protestas de la Gran Marcha del Retorno




 B'tselem y PCHR publican un informe sobre las "investigaciones" israelíes sobre las protestas de la Gran Marcha del Retorno

Fuente: B'tselem

Las organizaciones israelíes, B'tselem, y la palestina, Palestinian Center Human Right (PCHR) publican un nuevo informe que analiza las investigaciones que Israel afirma haber realizado tras las protestas de la Gran Marcha del Retorno en la Franja de Gaza.

El informe muestra cómo Israel trabajó para encubrir la verdad y proteger a los funcionarios políticos y militares responsables, en lugar de tomar medidas contra las personas que idearon e implementaron la política ilegal de fuego abierto, que resultó en la muerte de más de 200 palestinos y heridos a alrededor de 8.000 palestinos más.

Israel se apresuró a anunciar que estaba investigando las protestas, principalmente debido a los procedimientos en curso en la Corte Penal Internacional en La Haya. El motivo del anuncio radica en uno de los principios rectores de la CPI: el principio de complementariedad, que significa que la Corte hará valer su jurisdicción solo cuando el estado en cuestión “no quiera o no pueda” llevar a cabo su propia investigación. Una vez que un estado ha investigado los incidentes, la Corte no intervendrá.

Sin embargo, declarar que se está llevando a cabo una investigación no es suficiente para evitar la intervención de la CPI. La investigación debe ser efectiva, estar dirigida a los funcionarios de alto rango responsables de diseñar e implementar la política y conducir a acciones contra ellos. Las investigaciones de Israel en relación con las protestas de Gaza no cumplen con estos requisitos. Consisten íntegramente en que los militares se investigan a sí mismos y no han examinado las normas ilegales de política de fuego abierto dictadas a las fuerzas de seguridad, ni las políticas implementadas durante las protestas. En cambio, se centran exclusivamente en los soldados de menor rango y en la cuestión de si actuaron en contra de estas órdenes ilegales.

Además, mientras se producían las protestas, el Tribunal Supremo de Israel atendió las peticiones que impugnaban la legalidad de la política de fuego abierto. Los jueces desestimaron las peticiones y permitieron al ejército seguir empleando esta política. Sin embargo, no confirmó las normas que se estaban aplicando sobre el terreno, ya que éstas nunca se presentaron al Tribunal. El Tribunal sólo aprobó las normas que el Estado afirmaba que el ejército estaba siguiendo, ignorando la flagrante disparidad entre las afirmaciones del Estado y la realidad sobre el terreno. Cuando se atendieron las peticiones, decenas de manifestantes habían muerto y casi 2.000 habían resultado heridos.
El sistema de aplicación de la ley militar no ha cumplido ni siquiera el papel limitado que se le ha asignado: investigar sólo "incidentes excepcionales". El ejército decidió arbitrariamente investigar solo los casos en los que las fuerzas de seguridad habían matado a palestinos, sin dar ninguna explicación de esta decisión. Los miles de incidentes en los que los palestinos resultaron heridos, algunos tan gravemente que quedaron paralizados o tuvieron que someterse a amputaciones, no se investigaron.

El número de heridos en estas protestas es casi insondable: un total de 13.457 palestinos, 8.079 de ellos heridos por fuego real, 2.424 por balas metálicas recubiertas de goma y 2.954 por botes de gas lacrimógeno que los impactaron directamente. De los heridos, 155 sufrieron heridas que resultaron en amputaciones. Ninguna de estas lesiones está siendo investigada.

Los funcionarios de nivel gubernamental, el Fiscal General israelí, los jueces de la Corte Suprema, el MAG y otros altos oficiales militares son responsables de diseñar la política ilegal de fuego abierto y de su implementación. Ellos son los que deberían ser investigados y responsabilizados por sus resultados letales. Las investigaciones realizadas por Israel no son más que una cortina de humo diseñada, según Israel, para proteger a los funcionarios responsables ante la CPI. De hecho, demuestran lo contrario: que Israel no quiere, ni puede investigar los abusos de derechos humanos cometidos por sus fuerzas de seguridad durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno en la Franja de Gaza. Teniendo esto en cuenta, la responsabilidad de garantizar la rendición de cuentas por estas violaciones ahora recae en la CPI.

Informe: https://www.btselem.org/publica…/202112_unwilling_and_unable

jueves, 2 de diciembre de 2021

Suecia se opone a la apelación del Consejo sobre la sentencia relativa al Sáhara Occidental

 En una medida que no sorprendió a nadie, el Consejo de la UE recurrió la reciente anulación del Tribunal de Justicia de la UE del comercio y la pesca en el Sáhara Occidental ocupado. Pero el Consejo no fue unánime.


 wsrw, 29 noviembre 2021

Western Sahara Resource Watch ha sabido que Suecia ha votado en contra de la decisión del Consejo de la UE de recurrir la sentencia de septiembre del Tribunal General de la Unión Europea, que anuló tanto el acuerdo agrícola como el acuerdo pesquero UE-Marruecos en la medida en que se aplicaban al Sáhara Occidental ocupado.

La objeción sueca al recurso está en línea con la posición declarada del país de que los acuerdos bilaterales UE-Marruecos no deben extenderse al Sáhara Occidental. En 2018, Suecia fue el único Estado miembro de la UE que objetó la práctica que la UE había adoptado en respuesta a sentencias anteriores del Tribunal de Justicia de la UE que ya habían invalidado la aplicación de los acuerdos UE-Marruecos a la última colonia de África: el enfoque de añadir una enmienda a los acuerdos impugnados para incluir explícitamente al Sáhara Occidental en su ámbito geográfico, sin el consentimiento del pueblo del territorio. Suecia explicó su negativa a respaldar tales enmiendas afirmando que "no se han cumplido los requisitos legales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", ya que "organizaciones vitales que representan al pueblo del Sáhara Occidental no han dado su consentimiento".

El Gobierno sueco buscó apoyo en el Parlamento para su posición de votar en contra de la apelación, y señaló que el fallo del 29 de septiembre de 2021 "está de acuerdo con fallos anteriores y con la posición del Gobierno [sueco], en el sentido de que un tratado no puede crear obligaciones o derechos para terceros sin su consentimiento y que, por tanto, los acuerdos no pueden celebrarse sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Por lo tanto, el Gobierno tiene la intención de votar no a la apelación de las sentencias”. Ninguna de las partes se opuso a esta posición.

Que el pueblo del Sahara Occidental dé su consentimiento a los acuerdos de la UE que afectan a su territorio, fue la conclusión que había emitido el Tribunal de Justicia de la UE en la apelación del Consejo de la UE sobre la sentencia de 2015 que anulaba el acuerdo agrícola UE-Marruecos en el Sáhara Occidental. Fue la primera de las cinco sentencias consecutivas del Tribunal de Justicia de la UE que han llegado a la misma conclusión: como Marruecos no tiene soberanía ni mandato de administración sobre el Sáhara Occidental, y dado el estatus separado y distinto del territorio en relación con cualquier otro país en el mundo, la UE no puede incluirlo en sus acuerdos con Marruecos. Hasta ahora, el Consejo solo había apelado contra esa primera sentencia del Tribunal General de la UE de 2015, luego respaldada por un Consejo unánime, ya que varios Estados miembros, según se informa, citaron la importancia de agotar todo el procedimiento legal para tener total claridad sobre el asunto.

WSRW no tiene conocimiento de otras posibles posiciones divergentes expresadas por otros Estados miembros de la UE.

Como consecuencia de los recursos de casación interpuestos, ambos acuerdos que estaban sujetos a la sentencia de septiembre de 2021, el acuerdo comercial y el de pesca, seguirán aplicándose al Sáhara Occidental hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se haya pronunciado. Se espera que el proceso tarde un año más.

El Frente Polisario, el representante del pueblo del Sáhara Occidental reconocido por la ONU y la otra parte en los asuntos del Tribunal de la UE, ha condenado la decisión de recurrir. “Demuestra la conspiración de algunos partidos europeos con el ocupante marroquí, para seguir saqueando las riquezas del pueblo saharaui, y atestigua el intento de entorpecer el proceso de descolonización”, se lee en un comunicado oficial de prensa.

El recurso de casación ya había sido aprobado provisionalmente a nivel de los embajadores de los Estados miembros de la UE (COREPER) el 10 de noviembre, pero aún requería la aprobación a nivel ministerial. Eso fue logrado el 19 de noviembre durante la reunión de los Ministros de Desarrollo de la UE. La aprobación del COREPER se produjo pocos días después de que el rey de Marruecos emitiera una clara amenaza frente a la Unión. Al celebrar la invasión marroquí del Sáhara Occidental el 6 de noviembre, el rey declaró que “quiero decirles a quienes tienen actitudes ambiguas o ambivalentes, que Marruecos no tendrá con ellos ninguna transacción económica o comercial en la que el Sáhara marroquí no esté incluido”.

La UE considera a Marruecos un importante socio comercial e inversor. Como señalaron los funcionarios de la Comisión Europea en audiencias en el Parlamento Europeo a finales de octubre, Marruecos es “el primer socio comercial en la vecindad sur, y el vigésimo en general. El comercio entre la UE y Marruecos tiene un valor de 35.000 millones de euros: el valor de los bienes que se intercambian. Esta fue la cifra en 2020, por lo que de hecho es una relación importante y considerable".

La decisión de apelar se produce en medio de una mayor tensión sobre cuestiones migratorias entre la UE y Marruecos. A finales de octubre, se filtró el Plan de Acción de la Comisión sobre migración con países socios; uno de esos socios es Marruecos. El borrador recomienda que se implemente "una asociación de iguales" con Marruecos "a través del diálogo, el reparto de responsabilidades, la confianza mutua y el respeto". Describe a Marruecos como "un socio importante en la vecindad del sur" y califica la cooperación bilateral en materia de migración como "sólida y duradera". A raíz del aumento de los flujos migratorios desde Marruecos y el Sáhara Occidental hacia Europa, el documento destaca la necesidad de un "compromiso reforzado de Marruecos".

El recurso de casación se dirige contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 29 de septiembre de 2021, que anula la decisión del Consejo de la UE de ampliar tanto el Acuerdo Agrícola como el Acuerdo Pesquero UE-Marruecos al Sáhara Occidental. Fue la quinta sentencia consecutiva del Tribunal de Justicia de la UE sobre la práctica de aplicar los acuerdos UE-Marruecos al territorio. Todas esas sentencias concluyeron que el Sáhara Occidental tiene un estatus separado y distinto de Marruecos y, como tal, debe considerarse como un tercero en cualquier acuerdo UE-Marruecos. Extender el alcance territorial de cualquier acuerdo de este tipo al territorio requiere necesariamente el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a través de sus representantes, repitió el Tribunal, y agregó que las consultas de la población local realizadas por las instituciones de la UE no cumplieron con ese requisito, como ya fue denunciado en su momento, entre otros por Western Sahara Resource Watch.

ALSTOM y CAF se lucran con la ocupación de Palestina COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LA CAUSA ÁRABE 01/12/2021

 Con motivo de la Feria Rail Live celebrada en Madrid entre los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se exhibió una pancarta y se repartieron octavillas con este contenido por parte de miembros del CSCA.




El 12 de febrero de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo pública la Base de Datos con la relación de empresas que se lucran con la ocupación, actuando en los Territorios Ocupados Palestinos de 1967. Entre las mencionadas se encuentran ALSTOM y Shapir, empresa constructora israelí.

Shapir y CAF ganaron un concurso realizado por las autoridades de ocupación, en contra de la representación palestina, para ampliar y construir un tren ligero entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas, facilitando la movilidad y transferencia de la población de la potencia ocupante al territorio ocupado, previamente expropiado y, en muchos casos, como en el barrio de Shu’afat, con expulsión de sus vecinos palestinos.

39 organizaciones han reclamado a las Naciones Unidas que incluyan a CAF en ese listado.

Se ha pedido a Renfe y otras operadoras de metro o tranvía o de autobuses que no contraten a Alstom y a CAF (y su filial de autobuses Solaris) mientras sigan vulnerando los derechos humanos y el derecho internacional.


miércoles, 1 de diciembre de 2021

Concentración solidaria con el pueblo palestino para exigir a las instituciones y agentes vascas que pongan fin a su complicidad con la colonización israelí en Bilbo.


Al grito de «Palestina askatu» contra la represión israelí
Contra la complicidad de CAF

 Fuente: ecuadoretxea

Concentración solidaria con el pueblo palestino para exigir a las instituciones y agentes vascas que pongan fin a su complicidad con la colonización israelí en Bilbo.

El pueblo palestino lleva más de 70 años resistiendo a las políticas de ocupación militar, colonización, apartheid y limpieza étnica en las que se sustenta el proyecto sionista de la creación del Estado de Israel. Desde su creación ha ido ocupando y anexionando cada vez más tierras y sometiendo a la población palestina a través de continuos ataques, represión, restricciones de movimiento, discriminación, castigos colectivos y numerosas violaciones de derechos humanos y derecho internacional.

Este régimen no se podría mantener sin la complicidad y apoyo de grandes potencias y empresas multinacionales que contribuyen material y simbólicamente con las graves violaciones a los derechos del pueblo palestino. A pesar de que en Euskal Herria siempre ha existido una cercanía y solidaridad con la lucha del pueblo palestino, también son numerosas las muestras de complicidad con la colonización sionista a nivel institucional, cultural y deportivo, o comercial, como es el caso de la empresa CAF.

CAF fue seleccionada para encargarse de la expansión de una red de tranvía que conecta Jerusalén Oeste con las colonias israelíes en el territorio palestino ocupado, particularmente en Jerusalén Este. Estas colonias son ilegales según el derecho internacional y así lo ratifican numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Convención de Ginebra y otros organismos internacionales de derechos humanos. Además, las colonias se consideran un crimen de guerra bajo el estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional.

El proyecto del tranvía quebranta el derecho internacional porque fortalece el control de Israel sobre tierra palestina ocupada incluyendo Jerusalén Este. Con su participación, CAF está contribuyendo a las graves violaciones israelíes del derecho internacional y de los derechos humanos palestinos. Este caso tiene una relevancia particular para nosotras ya que el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca tiene acciones en CAF y debería asegurar que el dinero público, nuestro dinero, no vaya a apoyar la ocupación ilegal israelí del territorio palestino.

Este año, hemos vuelto a ver como Israel reprime con violencia protestas en la explanada de las mezquitas y ocupa lugares santos para los musulmanes. Estos hechos nos volvieron a dejar con la imagen de represión que tuvo su mayor impacto en los bombardeos masivos de gaza, donde más de 243 palestinos, entre ellos 65 niños perdieron la vida.

En 2021, Israel ha recrudecido su ofensiva en contra de las organizaciones de la sociedad civil, hemos sido testigos del injusto encarcelamiento de Juana Sánchez, trabajadora, y varios compañeros de diversas ONGs. La acusación de terrorismo a 6 organizaciones palestinas defensoras de los derechos humanos y la huelga de hambre de presos palestinos como protesta ante las detenciones administrativas, un sistema por el que Israel arresta a sospechosos sin cargos, juicio o fechas de liberación.

Ahora más que nunca es imprescindible tomar una postura clara y eficaz en solidaridad con el pueblo palestino las organizaciones de derechos humanos, y exigir a las instituciones y agentes vascas, como la empresa CAF, que pongan fin a su complicidad con la colonización israelí. Porque Palestina no está sola y porque queremos una Euskal Herria libre de complicidades con el sionismo. Ese es el lado correcto de la historia.


Herri palestinarrak 70 urte baino gehiago daramatza Israelgo Estatuaren sorrera eta sionismoari aurre egiten. Estatu hau okupazio militarraren politikan, kolonizazioan, apartheidean eta garbiketa etnikoan oinarritua dago. Israel sortu zenetik, orduan eta lur gehiago okupatzen eta anexionatzen joan da eta herri palestinarra etengabe erasotu, zapaldu, mugimendua murriztu, diskriminatu eta zigortu du, baita giza eskubideen eta nazioarteko zuzenbidearen aurkako urraketa ugari egin ere.

Potentzia handien eta enpresa multinazionalen konplizitate eta laguntzarik gabe, erregimen hori ezingo litzateke mantendu eta herri palestinarraren eskubideen urraketak ere ez lirateke posible izango. Euskal Herrian beti egon da herri palestinarraren borrokarekiko hurbiltasuna eta elkartasuna. Halere, sionismoarekin konplizitatea erakusten dutenak ere asko dira bai erakunde, kultura, kirol, edo merkataritza-mailan,  CAF enpresaren kasuan bezala.

CAF tranbia-sare baten hedapenaz arduratzeko aukeratu zuten. Sare honek Jerusalem eta Israelgo kokaguneak lotzen ditu Palestinako lurralde okupatuan. Kokagune hauek legez kanpokoak dira zuzenbidearen arabera eta hala berresten dute Nazio Batuen hainbat ebazpenek, Gorteak, Nazioarteko Justizia Batzordeak, Genevako Konbentzioak eta nazioarteko giza eskubideen aldeko erakunde batzuk ere. Gainera, kokaguneak gerra-krimentzat hartzen dira Nazioarteko Zigor Auzitegiaren Erromako Estatutuaren baitan.

 Tranbiaren proiektuak nazioarteko zuzenbidea hausten du Israelek Palestinako lur okupatuaren gaineko kontrola indartzen duelako, Ekialdeko Jerusalem barne. Bere parte-hartzearekin, CAF nazioarteko zuzenbidearen eta Palestinako giza eskubideen urraketa israeldarrei laguntzen ari da. Kasu honek garrantzi berezia du guretzat; izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak akzioak ditu CAFen, eta ziurtatu beharko luke diru publikoak, gure diruak, ez duela lagunduko Israelek lurralde palestinarra legez kanpo okupatzen.

Aurten, berriz ere ikusi dugu Israelek indarkeriaz zapaltzen dituela protestak meskiten zelaigunean, eta musulmanentzako leku santuak hartzen dituela. Gertaera horiek berriro utzi gintuzten errepresio irudiarekin, zeinak eragin handiena izan baitzuen gaza-bonbardaketa masiboetan; izan ere, 243 palestinar baino gehiago hil ziren, horien artean 65 haur.

2021ean, Israelek gogortu egin du gizarte zibileko erakundeen aurkako erasoa, Juana Sánchez langilea eta hainbat GKEetako lankideak bidegabeki espetxeratu izanaren lekuko izan gara. Giza eskubideen aldeko 6 erakunde palestinarri terrorismoa leporatzea eta preso palestinarren gose-greba egitea, atxiloketa administratiboen aurrean protesta gisa. Sistema horren bidez, Israelek susmagarriak atxilotzen ditu, kargurik, epaiketarik edo askatze-datarik gabe.

Orain, inoiz baino gehiago, Herri Palestinarraren aldeko elkartasun jarrera argia eta eraginkorra hartzea ezinbestekoa da eta euskal erakunde eta eragileei, hala nola CAF enpresari, Israelen kolonizazioaren konplize izateari uzteko exijitu behar diogu. Palestina ez baitago bakarrik eta sionismoaren konplize ez den Euskal Herria nahi dugu. Hori da historioaren alde zuzena.


Día internacional de solidaridad con el pueblo palestino (29/11) en Gijón

 




CSCA - CODOPA

2021

 Día internacional de solidaridad con el pueblo palestino (29/11)

 

Plaza del Instituto, Gijón

Martes 30, noviembre de 2021

 Manifiesto para concentración pública

“… no basta enfurecerse contra la injusticia: es necesario proteger a quien la desenmascara.” La frase de la escritora Irene Vallejo, extraída de su contexto literario que la relaciona con un episodio de El Quijote, marca con certeza una guía de acción moral y cívica.

 ¿Cuál es el límite de nuestra resignación con las actuaciones del Estado de Israel?

 El pasado 22 de octubre, Benny Gantz, ministro de Defensa israelí, señaló a seis destacadas organizaciones de la sociedad civil palestina como "organizaciones terroristas", citando supuestos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Sus denominaciones: Al-Haq (con estatuto de consultora de NN UU para la defensa de Derechos Humanos), Addameer (organización que defiende y apoya a la población palestina encarcelada por el Estado de Israel), Centro Bisan de investigación y desarrollo, Defense For Children International-Palestine (Sección palestina de la organización Defensa de la Infancia Internacional), Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas.

Las pruebas aportadas por el ministro para la acusación: ninguna.

 Necesitamos un salto atrás en el tiempo para buscar motivos a tan infundado señalamiento.

 Hace ya varios años que comenzó la campaña de desprestigio contra organizaciones de la sociedad civil palestina. La iniciativa la llevó entonces el Ministerio denominado de Asuntos Estratégicos.

Este ministerio recopiló informes en los que se afirmaba que muchos grupos palestinos de derechos humanos, así como los activistas que promueven el boicot a Israel, están afiliados a organizaciones terroristas. Los países donantes de financiación a esos grupos, europeos y norteamericanos principalmente, no quedaron convencidos con las acusaciones y, en consecuencia, mantuvieron su contribución financiera.

 Para fundamentar las acusaciones contra las ONG, algunas de las cuales han conseguido a lo largo del tiempo gran prestigio por su esmerado trabajo en el ámbito internacional, emisarios israelíes hicieron llegar a gobiernos de países europeos donantes un dossier reservado en mayo de 2021. Este documento de 74 páginas fue preparado por el Servicio de Seguridad israelí, Shin Bet.  El objetivo explícito israelí era persuadirles para que dejaran de financiar a esas organizaciones.

 El dossier había sido elaborado, en lo fundamental, a partir de los interrogatorios realizados por el Shin Bet a dos excontables de los Comités de Trabajo de la Salud (HWC), que fueron expulsados de esta organización por malas prácticas financieras y posteriormente detenidos por la policía israelí. Las declaraciones de estas personas se consiguieron mediante prácticas de tortura sicológica, de acuerdo con el testimonio público de sus abogados.

 En sus declaraciones, los contables, no acusan a los Comités de trabajo de la Salud, sino a las 6 organizaciones antes mencionadas. Curiosamente jamás habían realizado trabajo para ninguna de ellas. En todos los casos, se repite la misma versión: esas organizaciones recaudan fondos y actúan como instrumentos del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Pruebas aportadas, ninguna. Tan sólo menciones genéricas al hecho de que “era del conocimiento público que esas organizaciones trabajaban para el FPLP”.

Tanto el dossier como cientos de páginas de los interrogatorios fueron conseguidos por varios medios de comunicación: +972, Local Call y The Intercept.

 En ese contexto se produce el asalto a las oficinas de los Comités de Trabajo de la Salud en Ramallah, a principios de este año y la detención, con encarcelamiento posterior, de Juana Ruiz Rishmawi y otros trabajadores, en abril de 2021. Más tarde, en el mes de agosto fue detenida la Directora General de la Organización.

 Entretanto, la gira de los enviados por el Ministerio de Exteriores israelí a países europeos donantes y a EE.UU. no consiguió los propósitos deseados. Quienes visitaron Suiza, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Suecia, España, así como la sede central de la Unión Europea, recibieron respuestas similares: el dossier carece por completo de pruebas y no hay motivos para cortar la financiación a las ONGs palestinas.

 La solvencia internacional de estas es tal que ha habido numerosas manifestaciones de apoyo en el ámbito mundial.

En el campo sindical son destacados los pronunciamientos de la Confederación Sindical Internacional y, en nuestro país, la mayoría de los sindicatos.

De igual manera ha ocurrido en el terreno político institucional. Consideremos tres muestras significativas:

-         La alta Comisaria de NNUU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado la maniobra israelí de acusar a las organizaciones palestinas de colaboración con el terrorismo y ha señalado como imprescindible la labor de estas como garantes para la defensa de esos derechos.

-         La oficina del Vicepresidente y Alto Representante de la UE para las relaciones Exteriores, Josep Borrell, ha insistido en que los documentos israelíes no aportan pruebas y mantiene su intención de seguir colaborando con las 6 organizaciones de la sociedad civil palestina.

-         Excepcional, por lo inédito hasta el momento, es la moción presentada en la Cámara de Representantes de EE UU por la congresista Betty MacCollum el 28 de octubre. En ella, las diez representantes que firman esa moción demandan a la Administración Biden que revise y ponga fin a los acuerdos de colaboración y financiación con el Estado de Israel, en vista del ataque injustificado a las ONGs palestinas.

 Las reacciones en el campo de las organizaciones no gubernamentales y de defensa de los Derechos Humanos se cuentan por centenares, tanto en nuestro país como internacionalmente.

 ¿Cuál es entonces nuestra posición en este acto, con el que conmemoramos el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, establecido por NN UU en 1977?

 Solicitamos a nuestro gobierno autonómico que mantenga la colaboración con y financiación a las organizaciones de la sociedad civil palestina, con la mediación de las organizaciones civiles que operan en Asturias.

Lo mismo corresponde aplicar para el Gobierno del Estado y demás gobiernos autonómicos.

 A las organizaciones de la sociedad civil asturiana les instamos a que dediquen atención a la ocupación militar y el régimen de apartheid que el Estado de Israel ejerce contra la población palestina.

 Llamamos a todas las instituciones mencionadas y a la ciudadanía de Asturias a romper la resignación con el Estado de Israel y a exigirle el respeto a los Derechos Humanos, el fin de la ocupación y el reconocimiento de la independencia y soberanía del pueblo palestino.

 ¡Por la solidaridad de la ciudadanía de Asturias con el pueblo palestino!

 Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de Asturias

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.



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