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El presidente argentino Javier Milei ríe junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una sesión especial de la Knéset en honor de Milei, en Jerusalén, el 11 de junio de 2025. (Yonatan Sindel/Flash90)
Xavier Abu Eid, +972mag,
Mientras se distancia de sus aliados tradicionales, Israel profundiza sus vínculos con una nueva ola de dirigentes populistas de derecha dispuestos a protegerlo de la rendición de cuentas.
Incluso antes de asumir, la futura administración de la Espriella había acordado con Israel restablecer plenamente las relaciones diplomáticas, trasladar la embajada colombiana a Jerusalén, reanudar las exportaciones de carbón y retirarse tanto de la causa presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que acusa a Israel de genocidio, como del Grupo de La Haya. De la Espriella también anunció que Colombia abandonaría sus planes de abrir una embajada en Palestina y prometió «no dejar nunca de defendera Israel porque esel pueblo de Dios».
Estas medidas han señalado un notable vuelco diplomático. Hasta hace poco, Colombia era uno de los ejemplos más claros de una tendencia muy diferente en América Latina.
Durante el genocidio israelí en Gaza, varios gobiernos de izquierda y socialdemócratas criticaron duramente las políticas israelíes, retiraron a sus embajadores de Tel Aviv, se sumaron a la causa sudafricana ante la CIJ y presionaron a la Corte Penal Internacional (CPI) para que acelerara las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Palestina. Algunos también participaron en reuniones del Grupo de La Haya, que pidió medidas coordinadas de rendición de cuentas ante las violaciones sistemáticas del derecho internacional por Israel.
Pero elecciones recientes han llevado al poder a dirigentes de derecha, extrema derecha y populistas en un número creciente de países, entre ellos Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Honduras. Una tradición diplomática latinoamericana durante mucho tiempo basada, al menos formalmente, en el derecho internacional está virando hacia una política más transaccional: mayor alineamiento con Israel y respaldo de sus narrativas políticas a cambio de una cooperación militar y de seguridad más profunda, así como de la posibilidad de unas relaciones más estrechas con Washington.
Dirigentes como Javier Milei en Argentina, de la Espriella en Colombia y Santiago Peña en Paraguay han abrazado abiertamente una estrecha alineación política con el presidente usamericano Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Paraguay, Honduras y Guatemala trasladaron sus embajadas a Jerusalén, mientras Argentina y Colombia anunciaron planes para hacer lo mismo, desafiando el consenso internacional reflejado en la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU.
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En Naciones Unidas, Argentina, Honduras, Guatemala y Ecuador se han alineado cada vez más con Israel, USA y un pequeño grupo de apoyos diplomáticos tradicionales de Israel, como Tuvalu y las Islas Marshall.
Para Israel, el momento de este giro es crucial. Si los responsables israelíes han tratado durante mucho tiempo la cuestión palestina ante todo como una batalla por la percepción internacional, esa batalla se ha vuelto mucho más difícil de ganar a medida que disminuye el apoyo público a Israel en gran parte de Europa y USA.
Sin embargo, mientras la destrucción de Gaza y la acelerada anexión de la Cisjordania ocupada han generado una condena internacional creciente y tensado las relaciones con aliados tradicionales, aún quedan algunas fuerzas políticas comprometidas con proteger a Israel de la rendición de cuentas: movimientos de extrema derecha, incluidos sionistas cristianos y figuras populistas.
Junto con el arraigado apoyo político a Israel en Washington y gobiernos europeos afines, ayudan a impedir que esa condena se convierta en un aislamiento diplomático total. América Latina es hoy uno de los lugares más claros para observar cómo se desarrolla ese esfuerzo.
Socios «orgullosamente sionistas»
El interés de Israel en buscar alianzas con la extrema derecha latinoamericana se basa en un objetivo estratégico central: la impunidad.
Con escasa consideración por el derecho internacional y los derechos humanos, Israel se ha opuesto durante mucho tiempo a limitar su territorio a las fronteras de 1967 y ha impugnado medidas europeas que niegan un trato preferente a los productos fabricados en asentamientos israelíes. También ha favorecido acuerdos bilaterales centrados en la cooperación económica y política, dejando sin abordar el estatuto jurídico del territorio palestino ocupado.
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Las relaciones de Israel con los países latinoamericanos han reflejado a menudo este enfoque. Su acuerdo de libre comercio de 2007 con MERCOSUR, el bloque comercial sudamericano creado en 1991, no contenía ninguna referencia explícita a las fronteras de 1967. La ola de reconocimientos latinoamericanos del Estado palestino entre 2010 y 2012 cambió esa realidad, cuando varios países dejaron claro que sus relaciones con Israel se limitaban a esas fronteras.
Ese principio cobró nueva importancia durante el genocidio de Gaza y en medio del impulso acelerado de Israel hacia la anexión de la Cisjordania ocupada. El Grupo de La Haya fue creado a comienzos de 2025 para convertir las declaraciones de apoyo al derecho internacional en medidas aplicables, principalmente en relación con Palestina. Colombia emergió como uno de sus principales participantes latinoamericanos, mientras que debates en otros lugares de la región, incluido Chile, avanzaron hacia propuestas para prohibir la importación de productos originarios de asentamientos israelíes.
Junto con debates paralelos en Europa, Estados Unidos y Canadá, estos acontecimientos sugerían que la estrategia diplomática tradicional de Israel estaba bajo presión. Sus tácticas habituales —cooperación de seguridad, culpa histórica por la persecución antisemita y apelaciones a «derechos bíblicos»— demostraban ser menos eficaces frente a las crecientes pruebas de graves crímenes de guerra en Gaza.
Al mismo tiempo, el gobierno de Netanyahu defendía abiertamente posiciones que la diplomacia israelí había intentado ocultar durante mucho tiempo, entre ellas la limpieza étnica de Gaza y la negación permanente de un Estado palestino.
Pero si tales argumentos siguen siendo ampliamente inaceptables en Europa, hoy encuentran una audiencia más receptiva entre una nueva generación de dirigentes latinoamericanos de derecha y populistas, aparentemente dispuestos a profundizar las relaciones con Israel independientemente de su historial de derechos humanos o de sus violaciones sistemáticas del derecho internacional.
Este giro es especialmente visible en Chile, hogar de una de las mayores diásporas palestinas del mundo, cuyo nuevo gobierno nombró este año a Gabriel Zaliasnik embajador en Israel. Abogado destacado, expresidente de la comunidad judía de Chile y abierto defensor de los intereses israelíes, Zaliasnik se ha definido públicamente como un «orgulloso sionista» y ha hablado de fortalecer los vínculos entre «el pueblo chileno y el pueblo judío», reforzando la idea de Israel como Estado perteneciente únicamente al pueblo judío y no por iguala todos sus ciudadanos.
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Los diplomáticos extranjeros en Tel Aviv representan a sus Estados ante un país compuesto por ciudadanos judíos y palestinos; no son emisarios interreligiosos ante «el pueblo judío». Mantener relaciones diplomáticas con Israel tampoco exige respaldar el sionismo ni leyes y prácticas que discriminan a los palestinos. Al contrario, esos países siguen obligados por convenios internacionales que prohíben la discriminación racial.
El nombramiento de Zaliasnik fue firmemente respaldado por el presidente chileno José Antonio Kast, cuyo ascenso político ha marcado una ruptura con buena parte de la reciente tradición diplomática chilena. Kast ha defendido al fallecido dictador Augusto Pinochet, y su padre fue miembro del Partido Nazi alemán. Su círculo de política exterior incluye además figuras con antiguos vínculos institucionales con organizaciones proisraelíes, como su asesor Eitan Bloch, exasesor político del embajador israelí en Chile y miembrodel AmericanJewish Committee.
Tratar a Israel como una excepción corre el riesgo de socavar los mismos principios de ciudadanía, igualdad y no discriminación que esos gobiernos dicen defender en otros ámbitos. Y normalizar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y la anexión también debilita un sistema internacional en el que los Estados latinoamericanos se han apoyado históricamente para defender su propia soberanía e integridad territorial.
De los Acuerdos de Abraham a los «Acuerdos de Isaac»
En abril de 2026, Netanyahu y el presidente argentino Javier Milei lanzaron los «Acuerdos de Isaac», un nuevo marco de cooperación entre Argentina, Israel y lo que su declaración conjunta denominó «naciones afines» del hemisferio occidental. La iniciativa invoca explícitamente a los descendientes de Isaac y una «tradición judeocristiana» compartida.
Los acuerdos podrían proporcionar a Israel algo de lo que hasta ahora carecía en América Latina: un marco político para profundizar la cooperación más allá de las relaciones bilaterales existentes. La iniciativa toma como modelo los Acuerdos de Abraham entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Baréin. Esos acuerdos demostraron que Israel podía ampliar sus vínculos regionales y su integración económica sin resolver la cuestión palestina.
Los Acuerdos de Isaac y de Abraham comparten así una característica estructural importante: ofrecen a Israel una forma de normalización diplomática en gran medida desvinculada del cumplimiento del derecho internacional. Pese a no haber logrado exigir responsabilidades a Israel, los Estados miembros de la UE, Gran Bretaña, Noruega, Suiza, Australia y Canadá siguen insistiendo en que el derecho internacional debe ser el marco para abordar la ocupación israelí. Más recientemente, Gran Bretaña, Canadá, Francia y otros países anunciaron sanciones contra los asentamientos israelíes, medidas que España, Irlanda, Bélgica y los Países Bajos ya habían adoptado.
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Al presentar a Israel como parte de una civilización «judeocristiana» compartida, los Acuerdos de Isaac van además más lejos que los de Abraham al abrazar explícitamente una ideología religiosa. Ese encuadre puede resonar entre dirigentes como Milei y Kast y entre sectores sionistas cristianos, pero dista mucho de ser consensual en América Latina. También choca con la creciente alarma de comunidades cristianas por el trato de Israel a los cristianos palestinos.
La ideología, sin embargo, solo explica una parte del giro. Algunos dirigentes populistas latinoamericanos también parecen calcular que unas relaciones más estrechas con Israel pueden abrirles una vía hacia una mayor influencia en Washington.
Pero no está claro que ese cálculo sirva realmente a los intereses de sus países. El exembajador chileno Jorge Heine resumió el peligro en una entrevista con Responsible Statecraft: «En el momento en que te alineas con una de las grandes potencias en competencia te conviertes en subordinado. Y entonces te tratan como tal».
La experiencia reciente ofrece pocas pruebas de que el alineamiento político garantice un trato favorable de Washington. Argentina, Panamá y Chile han sufrido presiones usamericanas por sus relaciones económicas con China, pese a sus esfuerzos por congraciarse con la administración Trump. Chile, por ejemplo, recibió en julio un arancel usamericano adicional del 12,5 % sobre muchas desus exportaciones.
Reconocer Jerusalén como capital de Israel —como han hecho Honduras, Guatemala y Paraguay al situar allí sus embajadas— supone igualmente una ruptura significativa con la tradición diplomática latinoamericana de posguerra. La región ha defendido en general el principio de que un territorio no puede adquirirse legalmente por la fuerza. Incluso disputas territoriales muy amargas, desde la crisis del canal Beagle entre Argentina y Chile hasta el conflicto entre Perú y Ecuador, acabaron resolviéndose mediante mediación, mecanismos de tratados y apelaciones al derecho internacional, y no mediante anexiones unilaterales.
Para algunos gobiernos populistas, sin embargo, la adhesión a esos principios parece cada vez más secundaria frente a otras preocupaciones inmediatas: acceder, a través de Israel, a tecnologías de ciberseguridad y militares para alimentar sus propias políticas represivas internas.
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En los últimos años, sin embargo, países árabes, entre ellos Qatar y Arabia Saudí, también han ampliado su comercio e inversión en América Latina, especialmente en logística, transporte e infraestructuras. El comercio bilateral entre América Latina y el Consejo de Cooperación del Golfo superó los 32.000 millones de dólares en 2022, de los que más de 21.000 millones correspondían a exportaciones latinoamericanas hacia el Golfo. En comparación, el comercio total entre Israel y América Latina rondó los 6.000 millones de dólaresese año.
Los vínculos de América Latina con otras potencias de Oriente Medio también se han expandido rápidamente. El comercio de Turquía con América Latina y el Caribe alcanzó por sí solo 16.400 millones de dólares en 2025, acompañado de una notable expansión diplomática: Ankara aumentó sus misiones en la región de seis en 2022 a 20 en la actualidad, al tiempo que crecían los enlaces aéreos directos y la representación comercial.
Por tanto, no existe un argumento económico evidente para subordinar la política de un país hacia Oriente Medio a las preferencias israelíes. Los Estados árabes tienen un peso económico considerable, mientras que las grandes comunidades árabes y palestinas de América Latina poseen importancia política, comercial y cultural propia.
¿Una estrategia a largo plazo?
Mientras Israel profundiza su presencia en América Latina, la Autoridad Palestina parece carecer de una estrategia regional comparable. Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades palestinas pueden movilizarse contra los esfuerzos por normalizar los crímenes de guerra israelíes, pero no pueden sustituir una estrategia diplomática palestina más amplia hacia América Latina.
Una estrategia así exigiría una coordinación mucho más estrecha con los Estados árabes y musulmanes, en particular con aquellos que ya están ampliando su comercio e inversión en la región. Como mínimo, la dirección palestina podría nombrar un enviado especial para América Latina y trabajar con gobiernos árabes para crear un grupo de trabajo diplomático permanente centrado en la región.
También exigiría confrontar a los gobiernos que están ayudando a normalizar la anexión israelí de territorio árabe ocupado, incluidos Jerusalén Este y los Altos del Golán sirios. Los gobiernos árabes y musulmanes tienen derecho a preguntar por qué Estados como Paraguay, Colombia, Guatemala y Honduras deberían mantener representaciones diplomáticas en capitales árabes y musulmanas sin consecuencias políticas después de reconocer o legitimar reivindicaciones israelíes unilaterales sobre territorio ocupado.
La resistencia interna a unas relaciones más estrechas con Israel también está creciendo en partes de América Latina, especialmente allí donde se considera que los gobiernos normalizan crímenes de guerra. La actual ola de liderazgo derechista y populista no definiráa AméricaLatina indefinidamente.
Tampoco está claro que el intento de normalizar la negación de los derechos palestinos sobreviva a futuros ciclos electorales. El próximo calendario político puede resultar decisivo: Israel tiene previsto celebrar elecciones el 27 de octubre, seguidas poco después por las elecciones de mitad de mandato usamericanas de noviembre. Ambas podrían reconfigurar las coaliciones políticas que sostienen la actual estrategia diplomática de Israel.
Los gobiernos latinoamericanos podrían entonces tener que decidir si las recompensas a corto plazo del alineamiento compensan un interés nacional de largo plazo en preservar las reglas internacionales de las que dependen en última instancia su propia soberanía y seguridad.
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