jueves, 19 de noviembre de 2026

Querella en la Audiencia Nacional contra la dirección de CAF por su participación en el Tren Ligero de Jerusalén


 NOTA DE PRENSA

Querella en la Audiencia Nacional contra la dirección de CAF por su participación en el Tren Ligero de Jerusalén

● La Comunitat Palestina de Catalunya presenta la querella en como parte de la coalición de NOVACT, SUDS, Observatori DESCA, Paz con Dignidad, BDZ Euskal Herria y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, con la representación jurídica del Centro Guernica 37.

● Las entidades acuden a la Audiencia Nacional tras nueve meses sin avances. La Fiscalía incorporó la denuncia a sus diligencias sobre Gaza, aunque los hechos ocurren en el Territorio Palestino Ocupado de Jerusalén Este.

● La querella se dirige contra responsables de CAF y de seis empresas vinculadas, por posibles delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

Barcelona, 18 de noviembre de 2026. La Comunitat Palestina de Catalunya ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra responsables de CAF y de seis empresas vinculadas al Tren Ligero de Jerusalén, una infraestructura conectada e indispensable para los asentamientos israelíes en Territorio Palestino Ocupado. La acción solicita que se investigue su posible responsabilidad penal por su participación en el proyecto desde 2019 consistente en la construcción, ampliación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén.

Las organizaciones impulsoras ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos el pasado 18 de febrero de 2026. Nueve meses después, ante la falta de avances, dan el paso a la Audiencia Nacional.

De la denuncia ante la Fiscalía a la acción judicial
La acción judicial llega cuando han transcurrido nueve meses desde la denuncia presentada ante la Fiscalía y seis meses después de que la Fiscalía acordara admitirla a trámite e investigar los hechos, sin que haya habido una respuesta en los seis meses de que disponía la Fiscalía para acudir a la Audiencia Nacional tras evaluar el contenido de la misma. La denuncia solicitaba investigar al Consejo de Administración de CAF y a los directivos de seis empresas relacionadas, cuatro filiales, CAF TURNKEY & ENGINEERING, CAF SIGNALLING S.L., CAF ISRAEL LTD., CAF INVESTMENT PROJECTS S.A. y dos joint ventures: LAVI LIGHT RAIL - OPERATION AND MAINTENANCE LTD y CFIR LIGHT RAIL LTD.

En mayo, la Fiscalía incorporó la denuncia contra CAF a las diligencias de investigación sobre las violaciones del derecho internacional en Gaza. La Fiscalía había anunciado que abría estas diligencias de investigación el pasado 18 de septiembre de 2025, destinadas a recabar y preservar pruebas para cooperar con la Corte Penal Internacional.

Las organizaciones denunciantes ya subrayaron hace unas semanas que los hechos denunciados contra CAF se refieren a su actividad en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, y no en la Franja de Gaza; así como que los hechos denunciados no eran objeto de investigación por la Corte Penal Internacional. “Leemos esta decisión de la Fiscalía como una forma de no investigar nuestra denuncia”, afirmaron las organizaciones impulsoras de la querella.

La querella se sustenta en la misma base jurídica que la denuncia presentada ante la Fiscalía, pero esta vez interpuesta ante la Audiencia Nacional. Con la presentación de la querella, las entidades reclaman una investigación judicial que esclarezca los hechos y determine las posibles responsabilidades penales de los titulares de las empresas que participan en ellos y los facilitan.

La querella solicita investigar posibles delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, previstos en los artículos 611.5.º, 611.6.º y 614 del Código Penal. El escrito vincula estos preceptos con la posible contribución de los querellados al traslado y asentamiento de población de la potencia ocupante en territorio ocupado, al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas y a vulneraciones del derecho internacional humanitario y de las obligaciones impuestas por las Convenciones de Ginebra.

La acción se dirige contra miembros de los consejos de administración, administradores de derecho o de hecho, directivos y responsables del proyecto en CAF y seis sociedades vinculadas a su ejecución, por sus actuaciones desde 2019 hasta la actualidad. También comprende a otras personas cuya posible implicación en este proyecto ferroviario pueda identificarse durante la investigación.

Una infraestructura al servicio de la consolidación de los asentamientos
CAF participa desde 2019, junto con la empresa israelí Shapir, en la ampliación de la Línea Roja, la construcción de la Línea Verde, el suministro de material ferroviario y la operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén.

Esta infraestructura conecta los asentamientos ilegales israelíes de Jerusalén Este ocupada entre sí y con Jerusalén Oeste, favoreciendo su integración y expansión y profundizando la colonización y la fragmentación del territorio palestino. La querella ofrece evidencias de que las actividades de CAF contribuyen a la consolidación de la anexión ilegal y al mantenimiento de prácticas discriminatorias contra la población palestina.

La querella se suma a años de movilización y advertencias sobre las consecuencias de este proyecto. En junio de 2026, más de 160 organizaciones suscribieron una carta abierta para exigir a CAF que abandonara el Tren Ligero de Jerusalén y reclamar medidas a las administraciones públicas mientras la empresa mantenga su participación en el proyecto.

El 25 de septiembre de 2026, la ONU actualizó su base de datos de empresas implicadas en los asentamientos ilegales israelíes en territorio ocupado palestino: 214 empresas de 11 países. Entre ellas tres españolas: CAF, Ineco y Salvat Logística. Las tres están vinculadas al Tren Ligero de Jerusalén.

La presión sobre CAF alcanza sus vínculos institucionales y comerciales
En Barcelona, gracias a la Instrucción de la Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Barcelona para el cumplimiento de los convenios Internacionales suscritos por España en los contratos financiados por el Ayuntamiento de Barcelona, una empresa como CAF no puede ser contratada por el ayuntamiento (exceptuando el mantenimiento de lo que ya tienen contratado en el pasado) por estar operando en territorio palestino ocupado. La norma obliga a comprobar de forma proactiva si las empresas licitadoras figuran en los listados internacionales contemplados en la instrucción y establece que las empresas incluidas no pueden ser admitidas ni resultar adjudicatarias en los procedimientos sujetos a ella. La inclusión de CAF en la base de datos de Naciones Unidas sobre actividades empresariales vinculadas a los asentamientos israelíes sitúa
a la compañía bajo estos mecanismos de verificación. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Barcelona realiza procedimientos de diligencia debida para verificar las empresas que se publican en cada actualización de la base de datos y, gracias a la instrucción, CAF ha sido excluido de algunos contratos, menos los de mantenimiento.

La Universidad del País Vasco (EHU) ha decidido no renovar el convenio de colaboración con CAF, cuya vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2026, por los vínculos de la empresa con proyectos en territorio ocupado palestino. La medida supone el cierre del Aula CAF de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, donde se desarrollan actividades de formación e investigación ferroviaria.

Actualmente en Escocia, el sindicato de maquinistas de Escocia (ASLEF), el sindicato general STUC y el Partido Verde Escocés han advertido al Gobierno escocés y a la operadora pública ScotRail que se niegan a conducir los trenes de la empresa vasca CAF si esta resulta adjudicada en el macroconcurso de renovación de flota. CAF ha sido preseleccionada para el suministro de 69 trenes eléctricos (ampliables) para ScotRail, un contrato valorado en unos 420 millones de euros.

Las organizaciones impulsoras de la querella reiteran sus exigencias:
● A CAF, que ponga fin a su participación en el Tren Ligero de Jerusalén y a toda colaboración con la ocupación y colonización israelí del territorio palestino, y repare al
pueblo palestino por todo el daño cometido en el marco de su actividad.
● A la Audiencia Nacional, que investigue los hechos denunciados en la querella y esclarezca las responsabilidades penales que correspondan.
● A la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos, que informe del estado de las diligencias y esclarezca las actuaciones realizadas sobre los hechos denunciados.
● Al Gobierno de Euskadi, que retire su inversión de CAF mientras siga participando de la ocupación israelí.
● Al Gobierno español, que adopte medidas efectivas y garantice que ningún recurso público contribuya al mantenimiento o expansión de los asentamientos.
● A las administraciones públicas, que dejen de contratar a CAF mientras mantenga su participación en territorio ocupado palestino.

Las organizaciones impulsoras defienden que la movilización social, las decisiones institucionales y la acción judicial deben avanzar para exigir responsabilidades. Con esta
querella, reclaman que se investiguen los hechos y que las posibles responsabilidades penales se determinen ante los tribunales. La impunidad no puede ser una opción.

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