miércoles, 11 de agosto de 2021

Relatora de la ONU pide a Israel la "liberación inmediata" de la española Juana Ruiz


Anteriormente, la Unión Europea, ha afirmado que la detención carece de fundamentos y que “no se ha encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación de fondos en Palestina”, lo cual Israel acusa a Juana y la tienen 5 meses encarcelada y encadenada.

La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, ha pedido este miércoles a Israel la "liberación inmediata" de la española Juana Ruiz, quien se encuentra detenida desde abril entre otros delitos por pertenecer a una organización ilegal por su trabajo para la ONG palestina Health Work Committees (HWC).

En un comunicado, Lawlor se ha referido al caso de la española, cuyo juicio en un tribunal militar israelí arrancó este martes y fue aplazado hasta el 1 de septiembre, y ha expresado su preocupación por los arrestos, acoso, criminalización y amenazas contra defensores de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos e Israel.

La relatora de la ONU, un cargo independiente, se ha mostrado "conmocionada" por el hecho de que miembros de HWC, "que ofrecen servicios de salud a palestinos que viven en áreas remotas de Cisjordania, hayan sido detenidos, interrogados y puedan ser criminalizados por su trabajo en Derechos Humanos".

La directora de la ONG, Shatha Odeh, y Juana Ruiz, que era coordinadora de proyectos, se encuentran encarceladas en la prisión de Damoun mientras que su tesorero, Tayseer Abu Sharbak, está en la de Ofer.

Ruiz, que reside desde hace más de tres décadas en Cisjordania, fue detenida el 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes y permanece en prisión provisional, acusada de un total de cinco cargos, tres en relación con su trabajo en HWC --ilegal a ojos de Israel--, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones.

"Pido a las autoridades israelíes que liberen a los tres defensores de los Derechos Humanos inmediatamente", ha reclamado Lawlor, que también ha pedido a las autoridades que investiguen las denuncias de supuestos malos tratos contra las dos mujeres.

Fuente: Europa Press



 

El juicio contra la cooperante española en Israel se aplaza hasta septiembre

 

Se la acusa de participar en el desvío de millones de euros para financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina.


La trabajadora humanitaria española Juana Ruiz es trasladada esposada de pies y manos en la prisión israelí de Ofer. / EFE

Jerusalén

Después de cuatro meses de espera comenzó en la cárcel militar de Ofer, en Cisjordania, el juicio contra la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz. La defensa planteó algunas cuestiones, solicitó acceso a nuevas pruebas y la vista se retomará el 1 de septiembre. La justicia militar acusa a Ruiz de formar parte de una «organización ilegal» y participar en sus actividades.Más...







La hija de la cooperante española detenida en Israel: "Su objetivo es desmantelar las ONG palestinas"..

La hija de la cooperante española detenida

 en Israel: "Su objetivo es desmantelar las ONG palestinas"

María Rishmawi se ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para hablar con Aida Bao 

en 'Hora 25' .sobre la situación de su madre.

.Juana Ruiz está detenida en el país desde hace cuatro meses acusada de pertenecer a una organización ilegal palestina.


CADENA SER

Juana Ruiz Sánchez es una trabajadora humanitaria española, una cooperante que lleva cuatro meses detenida en Israel al estar acusada de pertenecer a una organización ilegal palestina y de desviar fondos a un grupo palestino calificado como terrorista. Se dedica a la cooperación desde hace tres décadas, y una noche se la llevaron de su casa sin mediar palabra.MÁS...

martes, 10 de agosto de 2021

Diferencia entre una empresa de helados y CAF, que nos deja helados. Santiago González Vallejo

 Diferencia entre una empresa de helados y CAF, que nos deja helados 

Santiago González Vallejo 

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe 

GARA, 10 de agosto de 2021

Una empresa de helados, Ben & Jarry’s ha decidido dejar de vender sus productos en las colonias sionistas. Otras empresas, con menos notoriedad y discreción, han hecho lo propio. En este caso, han explicitado en un comunicado “que es incompatible con nuestros valores que el helado (…) se venda en el Territorio Ocupado Palestino” y, señalan, que asumen “la definición de los territorios palestinos ocupados tal como la definen las Naciones Unidas”. 

Por el contrario, la dirección de la empresa CAF, en manifestaciones públicas, dice que ha hecho una debida diligencia y que “la responsabilidad en materia de Derechos Humanos es una cuestión prioritaria para el Grupo CAF en todos los territorios en los que desarrolla sus actividades”, en contradicción con su decisión de lucrarse en Territorio Ocupado Palestino a las órdenes de la potencia israelí ocupante y con el rechazo de la población y representantes palestinos.  

Lo que hace la primera empresa Ben&Jarry’s es acorde a la legalidad internacional. Las mentiras de la dirección de CAF, casi nos dejan helados. 

El casi viene por conocer la contumacia de la dirección de esta empresa que, ya desde el principio, intentó engañar a los inversores diciendo que el contrato logrado con su asociada Shapir era en Jerusalén e Israel, cuando es en los Territorios Ocupados Palestinos y, por lo tanto, su actuación es ilegal e ilegítima desde el derecho internacional.  

La dirección y accionistas de referencia de CAF, Kutxa Bank, Fundación BBK, Confecciones Mayoral, Bravo Andreu, Norges Bank y la Administración Vasca que preside el Sr., Urkullu, amigo del asesor de CAF en este asunto, alegan que no hay sanciones por parte de la Unión Europea por su actuación, cuando saben que la Comisión Europea delega inicialmente a los Estados miembros esa responsabilidad. También que las Naciones Unidas han creado una Base de Datos con las empresas que actúan ilegalmente en los Territorios Ocupados Palestinos, donde está Shapir y clientes y proveedores de CAF, como Egged y Banco Hapoalim. Se ha pedido por parte de diferentes organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Al Haq, que CAF sea incluida en esa lista de la Base de Datos, administrada por las Naciones Unidas a la que se la niegan fondos para su actualización, pero esta petición debiera ser suficiente para excluir a CAF de ciertos sellos de respetabilidad, como el Pacto Mundial, que sólo exigen, de momento, una declaración de parte, de la propia CAF, de respeto de ciertas normas, sin contrastarlas. En eso estamos. 

Pero la dirección de CAF no es que se haya metido, sin querer, por ignorancia, a apoyar a la potencia ocupante facilitando la transferencia de población de la potencia ocupante al Territorio Ocupado, aspecto prohibido por la Cuarta Convención de Ginebra, de la que el Estado español es parte. La realidad es que ha sido consciente, buscando informes pretendidamente exculpatorios, de encargo, al amigo del Presidente de Euskadi y arroparse de representación del PNV, acogiendo en su Consejo de Administración a la ex vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain, buscando alianzas institucionales y de presión a nivel estatal y resistirse a reconocer el error estratégico y legal de sus actuaciones. Cree que participar al lado de las autoridades de ocupación israelí, en su política de hechos consumados y apartheid, no tendrá consecuencias en el futuro mercantil de la empresa. O, por lo menos, en las gratificaciones de sus actuales componentes. Pero si las hay, es cuestión de tiempo. 

Eso es lo que explica que se hayan lanzado en una nueva licitación para las nuevas líneas Azul y Púrpura, parte de la red de tren ligero entre Jerusalén y las colonias próximas, Gilo en el sur y Ramat Eshkol y Ramot, en el norte, todas en los Territorios Ocupados Palestinos.   

Que exista ocupación militar y jurisdicción militar para los palestinos rebeldes (y ahora una española), que haya habido expropiaciones, expulsión de vecinos palestinos originarios, que se profundice la ocupación y la transferencia de población colona a Territorio Ocupado, para la dirección de CAF significa que ella “no participa de ninguna manera de las cuestiones estrictamente políticas en ninguno de los países en los que opera, ni apoya a ninguna de las partes en conflicto, si las hubiera”. Parafraseando a un dictador como Francisco Franco, la dirección de CAF dice ‘haga como yo, no me meto en política’. Aunque se perjudique a los palestinos y se lucre con el ocupante. Su cinismo casi nos deja helados. Pero no inanes. 







La detención de Juana.Teresa Aranguren


Si no hay un nuevo aplazamiento, que ya van tres, Juana Ruiz irá a juicio este 10 de agosto. Ante un tribunal militar israelí. Al igual que a toda la población palestina de los territorios ocupados, a Juana se le aplica la legislación militar, no así a los colonos para los que rige la justicia ordinaria. Es una de las manifestaciones del régimen de apartheid que Israel ha impuesto en territorio palestino. Y conviene recordar que las colonias, todas, son una violación flagrante de la legislación internacional y, según los términos de la Convención de Ginebra, al ser acciones que buscan “trasformar la demografía” del territorio ocupado en beneficio de la potencia ocupante, pueden ser consideradas “crímenes de guerra”. Pero esa es otra historia o quizá no.

A Juana la detuvieron bajo una figura supuestamente legal: “Detención con propósito de interrogatorio” por la que se puede arrestar a una persona sin comunicarle los cargos de los que se le acusa durante un periodo máximo de 75 días, lo cual es ya una a​berración jurídica aunque no tan escandalosa como la fórmula de la detención administrativa que Israel aplica a la población palestina bajo ocupación militar y que supone una detención sin cargos prorrogable de seis en seis meses, indefinidamente. Hay casos en que esta prórroga ha durado años.

De cualquier modo, de lo que se trata es de dar envoltura legal a lo que es un atropello de los derechos humanos y una presunta justificación jurídica a las prácticas atroces de la ocupación. Hay todo un entramado legislativo diseñado para justificar lo injustificable, desde la tortura hasta el robo de la tierra. Por poner un ejemplo recordaré la llamada “ley de la propiedad de los dueños ausentes” dictada al poco de la creación de Israel que permitió al nuevo Estado quedarse con las propiedades de todo palestino que estuviera fuera de su vivienda en la fecha en la que se proclamó el Estado, 15 de mayo de 1948. Esto afectó a los bienes de todos aquellos que habían sido expulsados de sus hogares en las operaciones de “vaciado de población palestina” llevadas a cabo por milicias sionistas, luego ejército israelí, en los meses previos y posteriores a la creación del Estado de Israel y a quienes, sin salir de Palestina, huyeron de las zonas de combate hacia lugares más seguros en casas de parientes o en una segunda residencia en el campo. Desde humildes labranzas a grandes mansiones, todo pasó a manos del recién creado Israel. Sus dueños nunca han podido recuperarlas. La ley de la propiedad de los dueños ausentes nunca ha sido derogada. Una ley para cubrir la limpieza étnica y el robo de la tierra.

De entonces hasta ahora los métodos quizás se han refinado, pero el objetivo sustancialmente sigue siendo el mismo: eliminar o cuando menos reducir al mínimo la presencia palestina, la del pasado y la del presente, la que existió y la que existe y resiste en tierra palestina.

La detención de Juana tuvo lugar en la madrugada del 13 de abril. 20 soldados israelíes armados hasta los dientes irrumpieron en su casa en Beit Sahur en el distrito de Belén y se la llevaron. Ni siquiera tuvo tiempo de recoger sus gafas. Durante tres semanas estuvo detenida sin cargos y sin que nadie de su familia pudiera visitarla. Su marido, Elías Rismawi, médico palestino de Belén, se presentó cada día a las puertas de todas las prisiones en las que estuvo detenida sin saber aún de qué se le acusaba.

Finalmente, ya en mayo, se formalizaron los cargos: tener vínculos con una organización ilegal y desvío de fondos para financiar dicha organización. Se trata del Frente Popular para la liberación de Palestina (FPLP), un partido político de raíz marxista fundado por el médico cristiano George Habash en los años 60, cuando la lucha armada para recuperar la tierra de la que habían sido expulsados formaba parte sustancial de la estrategia de las organizaciones palestinas. El Frente, así se le conoce popularmente, es, junto a FATAH, la formación política más antigua de la resistencia palestina y tuvo entre sus filas figuras tan relevantes como el gran escritor Gassan Kanafani asesinado por el Mossad en Beirut en 1972. En la actualidad, el FPLP que, al igual que el resto de partidos políticos palestinos, ha ido evolucionando con el tiempo, es una formación de izquierdas con representación parlamentaria más bien escasa pero con un notable prestigio social. El hecho de que, a instancias de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea hayan incluido al FPLP en su listado de organizaciones terroristas, lo ha convertido en excusa perfecta para criminalizar toda actividad social, humanitaria, asistencial o política de carácter progresista.

Israel siempre ha preferido a las organizaciones islamistas frente a las formaciones tradicionales del movimiento nacional palestino de carácter laico y modernizador; esgrimir la amenaza islámica es un método muy eficaz para acallar críticas, queda mejor decir que se está en guerra contra Hamás que contra una población indefensa y atrapada, mientras una lluvia de bombas cae sobre Gaza. Además los términos político-religiosos están en sintonía con la ideología que sustenta el Estado que se proclama “Estado judío” y cuyas leyes establecen una clara diferencia entre ciudadanos judíos y no judíos porque solo los primeros pueden ser considerados miembros de “la nación judía”.

No son las mezquitas lo que inquieta a las autoridades israelíes, sino las asociaciones de mujeres, los centros culturales, las fundaciones que fomentan la investigación, las bibliotecas, los grupos de teatro, los círculos de escritores, los sindicatos de campesinos y pescadores, las agrupaciones de abogados y juristas, las asociaciones de periodistas, las ONG que trabajan en proyectos educativos o sanitarios…En los últimos meses varias organizaciones de carácter humanitario y social han sido intervenidas por el ejército israelí en Cisjordania, entre ellas la Asociación de mujeres de Ramala, la ONG ADAMER que atiende a los presos palestinos en cárceles israelíes, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro para la Investigación y el Desarrollo de Bisan, la DCI una ONG en Defensa de la Infancia y los Comités de Trabajadores de la Salud (HWC ) donde desde hace décadas trabaja Juana Ruiz. En plena pandemia y en pleno proceso de vacunación, las 14 clínicas que HWC regentaba y que estaban llevando a cabo ese trabajo en Cisjordania han sido cerradas por el ejército israelí. Todo aquello que promueve el desarrollo y la cohesión de la sociedad palestina termina resultando sospechoso para las autoridades israelíes. La estrategia es acabar con todo aquello que permite a la población palestina resistir la atrocidad cotidiana de la ocupación, quebrar las redes de solidaridad interna que, pese a todo y frente a todo, hacen que la sociedad palestina no se hunda en la desesperanza. Y también, minar los vínculos de cooperación entre la sociedad palestina y Europa, ya que los fondos supuestamente desviados por la organización HWC y los de la mayoría de ONG palestinas provienen básicamente de la UE.

A este respecto y en respuesta a una pregunta de la europarlamentaria Soraya Rodríguez, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha afirmado que “no ha encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación de fondos en Palestina”. La respuesta de Borrell, pronunciada apenas tres días antes de la fecha fijada para el juicio, parece echar por tierra las acusaciones israelíes o cuando menos indica que la UE no se las traga. Lo cual es reconfortante en tanto que europeos pero escasamente eficaz a la hora de cambiar la estrategia de la ocupación israelí.

Juana Ruiz es ciudadana española y por tanto europea y es de suponer que tanto el Gobierno de España como las instituciones de la UE están realizando gestiones que el lenguaje diplomático suele calificar de discretas, por no decir secretas, ante el Gobierno israelí. No dudo de la buena fe de quienes llevan a cabo esas hipotéticas y discretas gestiones, pero eso no basta. Esta no es una cuestión de soberanía y respeto a las leyes de otro país porque las leyes que Israel aplica en los territorios palestinos ocupados, las que está aplicando en el caso de Juana Ruiz, no son respetables, son leyes coloniales, leyes que avalan el apartheid, el castigo colectivo y en muchos casos el crimen de guerra. Esta es una cuestión de derechos humanos y frente a eso no cabe la discreción ni el silencio.

Juana Ruiz está a punto de cumplir 63 años y, desde hace más de 30, vive con su familia en Beit Sahur, en el distrito de Belén, en la Cisjordania ocupada; esta española de Palestina o palestina de España es una persona muy querida por sus vecinos y por todos aquellos, sean cooperantes, periodistas o simples viajeros, que han pasado por Belén y por su casa. Porque su casa, hospitalidad árabe o hispana o ambas a la vez, siempre está abierta al visitante y al amigo.

Esta mujer afable y solidaria lleva encarcelada cuatro meses y va a ser juzgada por un tribunal militar israelí en virtud de una legislación colonial diseñada no para impartir justicia, sino para aplastar todo indicio de resistencia a la ocupación militar de Palestina.

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Teresa Aranguren es periodista y escritora.


lunes, 9 de agosto de 2021

Líder de una ONG de salud palestina detenida Por Sharmila Devi

 Líder de una ONG de salud palestina detenida

Por Sharmila Devi



Fuente: thelancet.com

Vol 398 7 de agosto de 2021

Organizaciones de salud y derechos humanos han solicitado la liberación de Shatha Odeh, directora de los Comités de Trabajo de Salud palestinos [Health Work Committees], que está en manos del ejército israelí.

Casi 130 organizaciones de más de 40 países han respaldado la carta solicitando que la OMS intervenga por la liberación de Shatha Odeh, directora de la organización no gubernamental Comités de Trabajo de Salud Palestina (HWC), que fue arrestada el 7 de julio de 2021 y desde entonces está detenida por el ejército israelí. 

Los cargos en su contra se relacionan con la supuesta financiación de organizaciones terroristas, según dijo a The Lancet la directora del programa de salud de la mujer en HWC, Hanan Abu Ghoush:

“Estamos esperando la próxima audiencia judicial militar el próximo 17 de agosto para saber lo que podría suceder a continuación". "Los israelíes están diciendo que ella que tomó dinero de la UE y de otros para dárselo a organizaciones terroristas, pero tenemos la verificación y otros documentos para probar que están mintiendo". 

La oficina del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que las acusaciones se basaban en el apoyo ilegal al Frente Popular para la Liberación de Palestina, y que el tribunal militar había ordenado que la detuvieran hasta el final del proceso judicial.  

La carta enviada a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-general de la OMS, el 11 de julio, dice que Odeh, de 60 años, “es una buena líder respetada de la sociedad civil tanto a nivel local como internacional”, “Ella es una dedicada profesional sanitaria que, como directora de HWC, ha sido fundamental en la organización de los servicios de la salud, incluidos los sexuales y salud reproductiva y salud mental, a más de 400 000 beneficiarios en toda Cisjordania". 

La carta decía que estaba detenida en una prisión donde el acceso de visitas de familiares fue efectivamente denegado y solo había tenido acceso restringido a su medicación esencial para la hipertensión y al apoyo legal.

“Expresamos nuestra conmoción por los términos de encarcelamiento de una líder defensora regional e internacional de los derechos de las mujeres y los derechos a la salud”: La carta estaba firmada por grupos que incluyen a Health Provety Action en el Reino Unido, Flinders University de Australia y People's Health Movement (PHM), una red global de activistas de salud de base. Odeh es miembro de la dirección global de PHM. 

“Existen muy pocas organizaciones en Palestina que realicen el difícil trabajo de proporcionar servicios de salud basada en la comunidad. El caso de Shatha tiene que ser presentado en el contexto de impunidad con el que los suministradores de atención médica son atacados en Palestina, Siria y Myanmar, por nombrar sólo unas pocas zonas de conflicto”, dijo a The Lancet, Samer Jabbour, profesor de Práctica de la Salud Pública en el Universidad Americana de Beirut, también uno de los expertos de PHM en conflictos y salud y signatario de la carta. Continuó diciendo que:

“Esperamos que el director general de la OMS hará una declaración pública y lleve su caso en las conversaciones bilaterales con Israel, así como establecer mecanismos para apoyar y proteger a los proveedores de atención médica de las violaciones de los derechos humanos”. 

Cuando llevaron a Odeh a una audiencia en un tribunal militar israelí 12 días después su arresto, ella todavía estaba usando esa misma ropa, después de que se le negara ropa limpia durante ese tiempo. Ella también perdió casi 9 kg de peso corporal en 2 semanas. 

HWC fue fundado en 1985 y proporciona servicios de atención en salud primaria y secundaria, en particular a los grupos vulnerables que incluyen mujeres y personas con discapacidades en Cisjordania. Tiene más de 350 trabajadores, entre ellos 180 empleados a tiempo completo, así como a muchos especialistas a tiempo parcial y otros que proporcionan atención médica. 

En un comunicado emitido después que Israel allanó la sede de HWC en Ramallah, el 9 de junio, Amnistía International dijo que HWC estaba a la vanguardia de la respuesta a la pandemia de COVID-19. "Esta organización ha sido atacada repetidamente, con sus empleados sufriendo hostigamientos y arrestos por su presunta afiliación al Popular Liberation Front for Palestine [sic], un partido político palestino con una rama armada”.

“Los Comités de Trabajo de Salud es uno de los principales proveedores de servicios de salud en los Territorios Palestinos Ocupados, con hospitales en funcionamiento y clínicas de salud que brindan atención médica a las comunidades marginadas”, dijo en su declaración Saleh Higazi, subdirector de Amnistía Internacional para Medio Oriente y África del Norte.

“El Health Work Committees 

La oficina de HWC en Jerusalén fue cerrada por las autoridades israelíes en 2015 y su oficina de Ramallah fue previamente allanada en octubre de 2019, cuando su director financiero fue detenido. En marzo de 2021, otros dos miembros del personal fueron arrestados. Tanto Amnistía International como Jabbour dijeron que la elección de HWC formaba parte de un ataque más amplio de Israel contra las organizaciones de la sociedad civil palestina. 

Desde el 5 de marzo de 2020 hasta 15 de julio de 2021, la OMS ha declarado que hubo casi 229.000 casos de COVID-19 en Cisjordania y casi 113.000 casos en la Franja de Gaza, que teme una cuarta ola de la enfermedad con la propagación de la variante delta y del SARS-CoV-2. 

Un informe de Medical Aid para Palestinos, de julio de 2021, dice que la variante Delta "amenaza con agravar la crisis en el fragmentado sistema de salud palestino, que no está preparado, y profundizar una creciente crisis mental y de bienestar entre una fuerza laboral de atención sanitaria palestina agotada”. 

Referencias: 

Sobre la carta a la OMS https://phmovement.org/signon-letter-requesting-who-tointervene-for-release-ofpalestinian-activist-shatha-odeh/

De Amnesty International https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/israeli-armyshutdown-of-healthorganization-will-havecatastrophic-consequences-forpalestinian-healthcare/

Del Informe de Medical Aid for Palestinians https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/dealingwithdeathanddistress.pdf


Comunicado de la Plataforma por la Libertad de Juana Ruiz

"Esperamos que el juicio, aún sin garantías, sirva para liberar a la cooperante española Juana Ruiz encarcelada en Israel"



El próximo 10 de agosto tendrá lugar el juicio, sin garantías y en una corte militar israelí, contra la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz. La Plataforma de apoyo, formada por 140 organizaciones, espera que sirva para demostrar que las acusaciones contra nuestra compañera son falsas y para lograr su libertad tras cuatro meses de encarcelamiento injusto y arbitrario.

El Alto Comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya ha declarado por escrito en una carta dirigida a la europarlamentaria Soraya Rodríguez, que no existen pruebas de las acusaciones que mantienen en prisión a Juana y que “proporcionar condiciones de detención adecuadas y garantizar que reciba asistencia consular y asesoramiento jurídico siguen revistiendo extrema importancia”.

Mientras tanto la familia ha tenido que abrir una cuenta de recogida de fondos para sufragar los elevados gastos de la defensa jurídica de Juana Ruiz que ha logrado ya, gracias a la enorme solidaridad de cientos de personas y organizaciones, obtener el 60% del total necesario.

También desde el Gabinete de la Presidencia del Gobierno se han dirigido a la Plataforma por escrito para informar que el Gobierno ha concedido a la detención y procesamiento de Juana Ruiz la “máxima prioridad”. Igualmente informan de que se mantiene la “adecuada interlocución con las autoridades israelíes competentes” y que han trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la solicitud de la Plataforma para mantener un encuentro en el que conocer las gestiones que se están realizando desde el Gobierno para la libertad de Juana Ruiz. Esta comunicación respondía a una carta abierta remitida por la propia Plataforma para pedir al Gobierno su apoyo para la libertad de Juana Ruiz.

La Plataforma por la Libertad de Juana Ruiz ha pedido reiteradamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, con su anterior titular Arancha González Laya y recientemente con el actual, José Manuel Albares, un encuentro y, además, una declaración institucional que despeje cualquier duda sobre el destino de los fondos de la cooperación con Palestina y que desmienta, como acaba de hacer la Unión Europea, que sirvan para financiar ninguna otra causa que no sean los proyectos de asistencia humanitaria y sanitaria para los que se destina.

Mientras tanto se ha abierto una campaña de recogida de fondos para obtener el dinero necesario para pagar la defensa de Juana Ruiz y en la que cualquier persona puede participar en el siguiente enlace: https://www.kukumiku.com/proyectos/libertad-para-juana-ruiz/

Israel acusa a Juana Ruiz de pertenencia a una organización ilegal y de obtención de fondos para actividades ilegales. Juana Ruiz lleva más de 30 años trabajando en los Comités de Trabajadores de la Salud de Palestina, una organización que se encarga de trabajar por el derecho a la salud de las y los palestinos y que mantiene proyectos sociales en el área de los territorios ocupados. Hay que recordar que Juana Ruiz fue detenida por más de 20 soldados fuertemente armados en su casa de Beith Sahur el día 13 de abril y que tuvo que esperar 17 días hasta conocer los cargos de los que se le acusaba. Pasó más de dos semanas incomunicada, sometida a extensos interrogatorios sin la presencia de un abogado y sin poder tener sus efectos personales, entre elloslas gafas sin las cuales no podía leer ningún documento de los que le presentaban. También hay que recordar que será juzgada por un tribunal militar, a pesar de que es una civil y que las normas internacionales prohíben su enjuiciamiento por una corte militar sin mediar un estado de guerra.

La Plataforma, en la que concurren organizaciones sociales, políticas, sindicales y ONG’s de Cooperación con Palestina, ha denunciado además la ofensiva de Israel contra la cooperación internacional que se ha centrado en los Comités de Trabajadores de la Salud de Palestina (HWC), la ONG en la que trabaja Juana Ruiz, pero que está alcanzando a otras organizaciones no gubernamentales palestina y europeas que están en el punto de mira del régimen israelí por su apoyo al pueblo palestino.

Además de Juana Ruiz están detenidos la directora de la HWC, Satha Odeh, el actual contable de la organización, Tayseer Abu Sharbak y el anterior contable, Saeed Abbad. Las oficinas centrales, desde donde se gestiona el trabajo de esta organización sanitaria y humanitaria están cerradas desde el 8 de junio cuando el ejército israelí allanó las instalaciones y destruyó o confiscó todo el material informático, además de emitir una orden para que se mantengan cerradas durante los próximos 6 meses.

Amnistía Internacional emitía el día 13 de junio una nota calificando de “catástrofe sanitaria” el cierre de la HWC por cuanto era la organización que se ocupaba de la vacunación contra la Covid-19 en amplias zonas de Cisjordania, además de cubrir las atenciones sanitarias de la población palestina en los territorios ocupados

Desde entonces Israel ha cerrado otras organizaciones palestinas.

El 8 de junio el ejército israelí asaltó y clausuró el Sindicato de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC). El 30 de julio hicieron lo mismo con la organización Defense for Children International y el 31 de julio cerraron el Bisan Center for Research and Development , una organización sin ánimo de lucro para la defensa de la cultura, el bienestar y los derechos civiles de la población palestina, especialmente la que se encuentra marginada. Además, algunas ONG’s belgas se han visto sometidas al escrutinio del Gobierno por las falsas acusaciones israelíes en un proceso que parece estar a punto de concluir por la ausencia absoluta de pruebas.

Por todos estos motivos seguimos exigiendo al Gobierno español y a la Unión Europea que continúe exigiendo a Israel el respeto por las leyes internacionales, que prohíben la mayoría de los pasos dados en el proceso contra Juana Ruiz, que siga trabajando activamente por la liberación de la cooperante española, que el Ministerio de Asuntos Exteriores español reciba a una delegación de la Plataforma y que defienda la cooperación internacional, y la que se practica en el Estado español especialmente, como un trabajo solidario, en favor de los pueblos y despeje de una vez por todas las dudas que el régimen israelí ha sembrado interesada y torticeramente en la cooperación con Palestina.

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