A pesar del trueque de presos, Gaza sigue encarcelada

Raji Sourani y Eyad el Sarraj
Al-Yasira

Traducción para Rebelión de Loles Oliván
El acuerdo de intercambio de presos concluido entre Israel y Hamas ha supuesto alivio a miles de familias impacientes por que sus seres queridos volvieran a casa. En medio de la prolongada y beligerante ocupación de Israel, somos testigos de un singular momento de celebración unificada de Israel y Palestina. Sin embargo, este acontecimiento, y la resultante fanfarria de los medios, no deben distraer la atención de la trágica realidad subyacente.

Los problemas reales que exigen atención se centran en los 63 años de ocupación beligerante de Israel y en la rutina de las violaciones del derecho internacional perpetradas por las fuerzas de ocupación. El ejemplo más claro de ello es el cierre absoluto impuesto por Israel a la Franja de Gaza.

Israel inició por vez primera su política de cierre en la Franja de Gaza en 1991. En los últimos años la reforzó progresivamente tras la elección del presidente Abbas, la detención de Gilad Shalit y la toma de posesión [del gobierno] por parte de Hamas de la Franja de Gaza. Hoy en día, el cierre es absoluto.

1,8 millones de palestinos en Gaza están separados del resto de Palestina y del mundo exterior. Esta asfixia económica y psicológica ha diezmado la economía de Gaza, situando la dependencia, el desempleo, la pobreza y la ayuda a niveles récord. Toda una generación ha quedado aislada y sin acceso al mundo exterior.

Los civiles se han colocado en el ojo del huracán. Las repetidas incursiones, ataques y la ofensiva israelí en 2008-2009 contra la Franja de Gaza han ido dirigidas contra la población civil: sus casas, sus bienes y sus medios de subsistencia económica. Miles de casas y decenas de miles de hectáreas de tierra agrícola han sido sistemáticamente arrasadas. Hoy en día, el 35% de la tierra agrícola de Gaza está fuera del alcance de los agricultores, aislada en una ilegal “zona de amortiguación” impuesta por Israel.

Mediante su cierre, Israel ha atentado públicamente y sin rubor contra civiles, las denominadas por el Derecho internacional humanitario “personas protegidas”.

Israel se ha referido explícitamente a su política de cierre como una forma de “guerra económica” diseñada para presionar a Hamas a través de la población civil. Uno de los objetivos declarados del cierre ha sido la liberación de Gilad Shalit, y la operación de los pasos fronterizos ha estado vinculada a su situación.

El cierre de la Franja de Gaza es, sin duda, ilegal. Es una forma de castigo colectivo prohibido explícitamente por el Derecho internacional consuetudinario y por el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra. Uno no necesita ser abogado para entender la ilegalidad y la inhumanidad del cierre. Es abiertamente y sin ambigüedades, ilegal, y los que participan en su creación y su aplicación son responsables penalmente.

Hasta la fecha, la comunidad internacional ha hecho la vista gorda frente a este castigo colectivo. Se han emitido declaraciones anodinas que se refieren al cierre como “insostenible”. El resultado ha sido la institucionalización de la ilegalidad. Mientras Tony Blair comprueba en la actualidad las cuotas de café y mayonesa, 1,8 millones de personas siguen siendo castigadas ilegalmente y viendo cómo se socava su propia dignidad.

Que se intensifique y se perpetúe esta realidad implica que el imperio de la ley está absolutamente ausente. La historia de la ocupación se ha caracterizado por persistentes violaciones del Derecho internacional y por la total impunidad por tales crímenes. Ni una sola vez un alto dirigente militar o político israelí ha tenido que rendir cuentas de acuerdo con lo que claramente exige el Derecho internacional.

Las consecuencias han sido más violaciones del Derecho internacional y la continuación del sufrimiento de civiles. La impunidad se ha vuelto tan omnipresente y las violaciones del Derecho internacional tan rutinarias, que hoy por hoy, Israel se siente cómodo admitiendo públicamente que su política de cierre está dirigida contra la población civil.

Lo que se requiere es la aplicación y el cumplimiento del Derecho internacional. Esto no es una invención de Gaza o de Palestina. Se trata de un derecho humano fundamental. También es una necesidad urgente: si se nos niega el imperio de la ley, los palestinos estamos condenados a la ley de la selva. Ello no constituye únicamente una violación de nuestros derechos humanos, sino que allana el camino para un futuro sin justicia, sin paz y sin seguridad.

Saludamos la liberación de los presos, pero se trata de una medida puntual. 1.8 millones habitantes de Gaza permanecen encerrados en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. La comunidad internacional no puede permitir que continúe este delito. Los palestinos deben ser tratados como iguales y sus derechos humanos deben ser respetados y protegidos.

El pretexto de la detención de Shalit ya no existe como motivación (aberrante) del cierre. La ilegalidad de este castigo colectivo ha sido confirmada por todas las organizaciones de derechos humanos y por el Comité Internacional de la Cruz Roja. No se trata de una cuestión política sino que atenta contra la esencia de la humanidad que compartimos y exige una acción inmediata.

No hay alternativa a la justicia.

*Raji Sourani es director del Centro Palestino para los Derechos Humanos, con sede en Gaza. Eyad Sarraj es psiquiatra palestino y fundador y director médico del Programa Comunitario de Salud Mental de Gaza.

Fuente: http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/10/20111021103340280648.html
Publicado en Rebelión-25-10-2011

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