CASO ‘FLOTILLA POR LA LIBERTAD’

Las acusaciones populares reclaman que sea España donde se juzgue el asalto israelí al Mavi Marmara para que las víctimas españolas tengan acceso a una justicia efectiva

Las acusaciones populares que están presentes en el caso de ‘La flotilla’, la Asociación Cultura y Paz y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y en la que son querellantes Laura Arau, Manuel Tapial y David Segarra, ante el auto del Juez Ruz rechazando el archivo de la causa y la consulta al Tribunal Supremo para que dirima que tribunal es el más adecuado para juzgar los hechos acontecidos por el asalto israelí al buque Mavi Marmara y otros, en aguas internacionales, opinan lo siguiente sobre ese auto:

-       Ratificación de que los hechos encausados son calificados de crímenes de lesa humanidad y su persecución está obligada por la firma por parte de nuestro país de varios Tratados Internacionales, incluyendo las Convenciones de Ginebra, por lo que no a lugar su archivo a pesar del cambio de la ley sobre jurisdicción universal promovida por diferentes Gobiernos.

-       El auto del Juez Ruz espera que el Tribunal Supremo establezca si España tiene jurisdicción subsidiaria o complementaria a la de Israel y Turquía sobre estos hechos. Las acusaciones piensan que España tiene jurisdicción complementaria.

-       Por otra parte Israel nunca ha mostrado interés por hacer justicia en este tipo de casos y no creemos que vaya a hacerla ahora. Israel no es signatario de la Corte Penal Internacional. Es más Israel ya ha utilizado subterfugios engañado a España en casos anteriores llevados a la Audiencia Nacional, como el de Al-Daraj, y ese es un muy mal precedente para confiar en lo que diga el Estado de Israel y en el interés real del sistema judicial israelí. 

-    Señalar que hay una décima víctima mortal en el asalto israelí al Mavi Marmara. Nos referimos a Uğur Süleyman Söylemez, de 51 años, había pasado cuatro años en coma tras ser tiroteado en el asalto. Murió el 23 de mayo de 2014.

-       Con las consideraciones tanto de la Fiscalía en enero de 2013, como del Juez de considerar siempre que el caso del asalto del Mavi Marmara está contemplado como crimen de lesa humanidad, se entiende poco la invitación de las autoridades españolas de Dan Meridor, que en el momento de los autos era Viceprimer Ministro y Ministro de Inteligencia y Energía Atómica, y en esa responsabilidad coparticipó en las órdenes al Ejército israelí. Eso revela una complicidad de las autoridades españolas por acción u omisión con las políticas de ocupación israelí y que éstas sean impunes.

Por último, las acusaciones populares españolas consideran que los crímenes del asalto al Mavi Marmara deben ser plenamente investigados y juzgados en nuestro país, al haber víctimas españolas, y sus responsables tienen que rendir cuentas en función de los hechos acaecidos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las autoridades españoles debieran apoyar estas demandas, socorrer a las víctimas españolas y reconsiderar las relaciones con Israel dado el sistemático incumplimiento de las obligaciones de este Estado con el derecho internacional.