martes, 21 de julio de 2020

PETICIÓN DE SANCIONES A ISRAEL




Sr Presidente Pedro Sánchez

Presidencia

Palacio de la Moncloa, Madrid

C/C Sra Ministra de Asuntos de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González

Palacio Santa Cruz

Madrid

 Madrid, 20 de julio de 2020

Ref: Coherencia con la defensa del derecho internacional, con los derechos palestinos

 Estimado Sr Presidente,

El pasado día 4 de febrero, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señalaba que “los pasos hacia la anexión, si se implementan, no pueden pasar sin oposición” ante la anunciada anexión de territorios palestinos declarada por el gobierno israelí.

La política española, independiente del color del gobierno, ha sido la defensa del derecho internacional y el apoyo, por consiguiente, a la autodeterminación del pueblo palestino; ser contrario a que conquistas militares dicten las leyes y la reivindicación de la IV Convención de Ginebra.

Pero, lo que está ocurriendo y está suficientemente documentado, es que Israel no sólo ha conquistado, sino que ya ha anexado parte de lo conquistado, ha trasladado población a territorio ocupado, cercando a la población palestina en limitados bantustanes, apropiándose de recursos naturales y desarrollando normas jurídicas tachadas de apartheid por numerosos expertos jurídicos. Todo esto a la vista y la complicidad de todos que, por acción u omisión, dejan hacer y, encima, amplían colaboraciones en diversos ámbitos, comerciales, científicos, militares (¡) e institucionales.

Esto no puede seguir así. Es cierto que tímida y parcialmente unos países han reclamado los daños de bienes donados a la población palestina, destruidos o apropiados por la potencia ocupante. Se habla de diferenciar el origen de los bienes cuyo origen son las colonias sionistas de los genéricos israelíes, pero sin afectación real y sin establecer la prohibición de ese comercio espurio como reclama la lógica. Mientras, sigue el libre acceso comercial de los productos de una potencia ocupante que expolia recursos –como el agua- a los ocupados. O no son rechazados los artilugios y empresas que favorecen la industria securitaria de la muerte y asesinato planificado israelí.

Ante el anuncio de una nueva anexión de iure, donde de facto ya se ha ejercido la ley de la fuerza israelí, diversos países europeos han declarado por escrito que hay que traducir los discursos de defensa del derecho internacional, en actos prácticos. Sin necesidad de calificar ahora qué tipo de actos prácticos son los más adecuados para parar y revertir la política de ocupación sistemática israelí, nos sorprende que España no esté entre esos países.

España acaba de aprobar un Marco de Asociación País con Palestina para el periodo 2020-2024 por importe de 100 millones de euros. Pero también se ha abstenido en la última votación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando se planteaba la necesidad de sanciones a la potencia ocupante israelí (A_HRC_43_L.36_Rev.1.pdf). Todo parece indicar que el camino tomado por su gobierno es de financiar un estatus quo de dependencia de la población palestina y cercenando un atisbo de coherencia frente a la potencia ocupante, a la que de facto se la deja hacer. A las pruebas nos remitimos.

Por lo tanto, le pedimos que España asuma su responsabilidad. Una responsabilidad que no puede dejarse a la restricción de la unanimidad del conjunto de países que conforman la Unión Europea. Debe reclamar por cada uno de los daños que sufran las donaciones españolas en territorio palestino, no de forma fragmentada y parcialmente;  no debe comerciar con las colonias sionistas y en cambio debe poner reparos a un acuerdo comercial de libre comercio con una potencia ocupante que se lucra con la ocupación; ni deben ser elegibles, ni operar en nuestro país, las empresas que se benefician de la ocupación, sean españolas, israelíes o de un tercer país, sean de material ferroviario, turísticas o militares.

¿Queremos ser coherentes entre el discurso y la acción?

Atentamente,


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