‏El senador de Izquierda Unida por Asturias Jesús Iglesias y José Antonio Martín Pallín el que ha sido fiscal del Tribunal Supremo asistirán al Congreso Internacional de Juristas que se celebra en Bruselas en relación al estudio de las responsabilidades jurídicas de los autores del genocidio iraquí.



La Asociación Internacional de Abogados Demócratas [IADL, en sus siglas en inglés], organización con estatuto consultivo en el Consejo Social y Económico de Naciones Unidas, celebrará su 18º congreso en Bruselas del 15 al 19 de abril de 2014.

Durante dos días los días 16 y 17 de abril de 2014, el Congreso se dedicará a temas específicos mediante el trabajo en comisiones. El Tribunal BRussells junto con la Red Internacional antiOcupación (IAON), de la que forma parte la organización a la que pertenezco, ha previsto una comisión sobre “Responsabilidad y Justicia para Iraq.”
Para que el trabajo de la comisión el Comité patrocinador está compuesto por personalidades de diversos campos profesionales. Por este motivo, me dirijo a usted en nombre del comité organizador, del que formo parte, para reiterarle nuestro agradecimiento por haber aceptado formar parte de dicho comité (al final de esta carta podrá encontrar más detalles sobre el comité patrocinador). Como bien sabe, la agresión contra Iraq lanzada por la Coalición de la Voluntad bajo el mando de Estados Unidos y Reino Unido no solo fue inmoral sino ilegal, según la definición de crimen contra la paz establecida por el tribunal de Nuremberg. 

De acuerdo con la legalidad internacional, una guerra como esta debe tener consecuencias legales para los agresores y derechos para las víctimas. Hasta el día de hoy, ningún responsable de esta acción bélica ha sido llevado ante la justicia por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o por haber emprendido una guerra ilegal. Es una obligación moral el cambiar esta situación. A todos aquellos que idearon y llevaron a cabo la invasión de Iraq se les ha de exigir su responsabilidad por la destrucción de la infraestructura del país, de su economía y de su sociedad; de su pasado histórico, de su sistema sanitario y de su sistema educativo. 

La acción legal es imprescindible y debe conseguir no solo la restauración del orden legal internacional, destruido con el inicio de la llamada guerra preventiva, sino además la defensa de las víctimas iraquíes en los tribunales, y el juicio con todas las garantías legales de quienes fueron responsables de la muerte de civiles y de la destrucción de un país. Si queremos restaurar el respeto y la aplicación de la legalidad internacional; si queremos garantizar los derechos de las víctimas de la guerra ilegal contra Iraq, debemos asegurarnos de que Iraq esté presente en las acciones y en los planes de las organizaciones de juristas, abogados y activistas en todo el mundo. Le agradecemos  su participación en el comité patrocinador dada la importancia de un encuentro en el que se reunirán más de 1000 personas personalidades del ámbito jurídico de todo el mundo. 

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