El CSCA insiste ante el Juez Ruz que la persecución de crímenes de lesa humanidad siguen siendo competencia de los tribunales españoles

Tras la modificación en España de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, el Juez Ruz que lleva el caso de la Flotilla, pidió a las partes si consideraban que esa modificación legal supondría el archivo de esta causa.
El caso de la Flotilla se refiere al asalto del ejército israelí del buque turco llamado Mavi Marmara, cabeza de una flotilla de barcos, en mayo de 2010, cuando se dirigía a Gaza (Palestina) con víveres, materiales y pasajeros civiles para romper el bloqueo israelí. Ese abordaje causó 9 asesinatos, múltiples heridos, entre ellos una persona en situación de coma y el secuestro en un primer momento de todos sus pasajeros y tripulantes.
En enero de 2013, el fiscal del caso aceptó que los hechos de la demanda fueran calificados de crímenes de lesa humanidad.
Ante la cuestión de archivo solicitada por el Juez a todas las partes, incluyendo la fiscalía, la acusación particular (Laura Arau, Manuel Espinar Tapial y David Segarra, ciudadanos españoles, pasajeros en el Mavi Marmara) y populares (la Asociación Cultura y Paz y Solidaridad, Haydée Santamaría y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe), han suscrito los escritos realizados por sus abogados, Gonzalo Boyé, Enrique Santiago y Antonio Segura donde se rechaza esa posibilidad de archivo y se reclama que España, al haber suscrito y estar vigentes y de superior rango legal a la norma modificada diferentes convenciones internacionales, como la IV Convención de Ginebra, el Tratado contra la Tortura y el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, es plenamente competente, por lo que el Juzgado del Sr. Ruz debe continuar con las diligencias del caso, proseguir las investigaciones e interrogatorios hasta concluir el sumario.
El caso de la Flotilla no ha sido juzgado. El auto del fiscal mencionado dice que Israel no ha realizado una investigación judicial, ni ha habido juicio por esos crímenes de lesa humanidad. 
El Gobierno del PP que ha realizado el cambio de la ley sobre la jurisdicción universal ha pretendido dejar impunes los graves crímenes cometidos contra cualquier ciudadano, incluyendo los españoles, con una aglomeración de restricciones y obviando las obligaciones impuestas en la suscripción de determinados Tratados internacionales. Es probable que varios jueces que están encargados de diferentes sumarios de crímenes de lesa humanidad eleven al Tribunal Constitucional estas contradiciones para que éste las dirima. Mientras, las víctimas seguirán reclamando justicia.
La postura del PP a favor de la impunidad se ve confirmada cuando antes de que se aprobase la modificación de la ley del poder judicial y sobre la jurisdicción universal ya invitó a un seminario militar a dos acusados israelíes en noviembre de 2013 (casos Gaza 2002 y Flotilla 2010) Abraham Dichter y Dan Meridor mostrándoles su apoyo a que no serían molestados judicialmente.

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