Antisionismo no es antisemitismo El antisemitismo es racismo y el antisionismo es anticolonialismo

 Antisionismo no es antisemitismo

El antisemitismo es racismo y el antisionismo es anticolonialismo

Hace unos meses circuló un manifiesto iniciado por estudiosos palestinos publicado por el diario “AL-AYYAM”, gracias a la traducción de Ignacio Gutiérrez de Terán que venía a incidir en la campaña interesada de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) de homologar que la crítica al sionismo y a Israel era antisemitismo.

Posteriormente, desde círculos académicos españoles se complementó ese manifiesto con otro, encabezado por Pedro Martínez Montávez, que era más explícito al negarse a admitir la definición de IHRA que se quiere poner como norma en diferentes legislaciones de varios países y en la UE para 

perseguir las manifestaciones que consideran que Israel es un Estado colonial y racista y, por lo tanto, es legítimo luchar contra sus políticas. Se pedía evitar la instrumentalización política del antisemitismo en favor de los intereses de Israel y trabajar activamente por una solución al conflicto palestino-israelí basada en el cumplimiento de la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos, la denuncia del racismo y la igualdad entre todos los actuales habitantes de la Palestina histórica.

Contemporáneamente a este debate y la actuación del lobby proisraelí de IHRA, otra serie de estudiosos han hecho otra definición de antisemitismo más equilibrada y acorde a la lucha contra el supremacismo, la declaración de Jerusalén.  

Finalmente, En una pregunta de Íñigo Errejón (Más País) dirigida al gobierno se pide la confirmación sobre la adopción de la definición de antisemitismo por parte de España; si es vinculante jurídicamente, incluyendo los ejemplos que la IHRA pone en la explicación de su definición; y si, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no puede afectar a la libertad de expresión y a la crítica al estado de Israel. 

La respuesta reitera que "la legislación española garantiza el legítimo derecho al debate y a la crítica política, amparados ambos por el derecho a la libertad de expresión, sin más límites que los fijados por nuestro ordenamiento jurídico.