Israel amenaza a los abogados que representan a las organizaciones de la sociedad civil palestina
Siham Rashid, 9 de agosto de 2022
Para consternación e indignación de los defensores de los derechos humanos, el Ministerio de Defensa israelí está amenazando a tres destacados abogados por representar y defender a sus clientes.
Antes de una audiencia de apelación para Al-Haq y Defensa Internacional de los Niños-Palestina (DCI-P) [Defense for the Children International–Palestine], los abogados Michael Sfard y Avigdor Feldman [el mismo que defendió a Juana Ruíz, trabajadora española en los Comités de Salud Palestinos (HWC) y encarcelada por israel] recibieron una carta en la que se insinuaba que el mero hecho de representar a sus clientes y buscar el debido proceso constituía una violación de la Ley Antiterrorista de Israel de 2016. DCI-P y Al-Haq constituyen dos de las seis organizaciones de derechos humanos que Israel designó como organizaciones "terroristas" en una flagrante desautorización de los derechos humanos.
La UE investigó la designación como "terrorista" por parte israelí y no encontró ninguna prueba que justificara estas afirmaciones, lo que ilustra aún más las motivaciones políticas de Israel tras la designación. La carta redactada por el gobierno israelí amenazando a los abogados defensores llegó casi inmediatamente después de que nueve Estados miembros de la Unión Europea decidieran el 12 de julio reanudar la financiación vitalmente necesaria de estas organizaciones, financiación que habían retirado durante un periodo de nueve meses tras la designación israelí como "terroristas".
Los Estados miembros de la UE subrayan constantemente la necesidad global de una sociedad civil fuerte y de organizaciones basadas en los derechos, especialmente en los territorios palestinos ocupados, donde una ocupación militar israelí brutal e ilegal ha garantizado que generaciones de palestinos no experimenten su derecho humano esencial a vivir con dignidad y libertad. Aunque es evidente que la acusación de terrorismo carece de fundamento, los Estados miembros de la UE participan en una especie de teatro del absurdo, afirmando que "si se presentaran pruebas de lo contrario, actuaríamos en consecuencia", en lugar de exigir a Israel que cese sus intentos de criminalizar a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos, que son fundamentales para la supervivencia de los palestinos que viven bajo la ocupación militar israelí.
Los Estados miembros de la UE deben cumplir su compromiso, que afirma que "una sociedad civil libre y fuerte es indispensable para promover los valores democráticos". Obsérvese el marcado contraste en el planteamiento de estos Estados con respecto a las organizaciones de la sociedad civil ucraniana, donde la UE (y Estados Unidos) hacen recaer sobre Rusia la responsabilidad de cesar inmediatamente su represión y sus ataques a las organizaciones de la sociedad civil. En marzo de 2022, en respuesta al ataque de Putin a Ucrania, los parlamentarios europeos votaron por abrumadora mayoría una propuesta para contrarrestar la represión contra las organizaciones de la sociedad civil y los individuos en Ucrania. Los parlamentarios condenaron la criminalización rusa y reiteraron la importancia de garantizar un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil. Son estos mismos parlamentarios los que abandonan toda preocupación por la protección cuando se trata de organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos palestinos.
Cuando se trata de los derechos humanos de los palestinos, la UE y Estados Unidos están en la misma página: Israel es siempre la excepción a la regla del derecho internacional.
En octubre de 2021, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, declaró durante una rueda de prensa que Estados Unidos no había sido avisado con antelación de las designaciones, y que se pondrá en contacto con el gobierno israelí para obtener más información. También declaró que Estados Unidos cree que "el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y una sociedad civil fuerte son de vital importancia para un gobierno responsable y receptivo". Estas son palabras trágicamente orwellianas cuando se trata del gobierno de Estados Unidos, cuyo colosal apoyo financiero, diplomático y militar a la ocupación militar de Israel demuestra claramente que el gobierno de Estados Unidos ha volcado, de hecho, sus enormes recursos en la supresión de los derechos humanos de los palestinos, despreciando por completo la búsqueda palestina de la libertad.
Por qué Israel ataca a estas organizaciones
En marzo de 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la apertura de una investigación sobre el trato de Israel a los palestinos en respuesta a una solicitud de la Autoridad Palestina (AP). El mismo día que la CPI anunció la investigación, Estados Unidos e Israel declararon su oposición a esta decisión, con el objetivo de garantizar que Israel siga estando exento de cualquier responsabilidad por su letanía de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos contra los palestinos.
Ello no impidió que numerosas organizaciones atacadas por Israel aportaran pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel a la CPI, lo que culminó en un reciente informe en el que se concluía que
"...poner fin a la continua ocupación israelí y a la discriminación contra los palestinos es esencial para detener el conflicto y frenar el persistente ciclo de violencia, mientras que una 'cultura de la impunidad' alimenta los resentimientos y alimenta la tensión recurrente, la inestabilidad y la prolongación del conflicto".
El extenso trabajo de estas organizaciones de la sociedad civil que documentan los abusos de Israel contra los palestinos y la cooperación con la CPI amenaza a los líderes políticos y militares israelíes con ser procesados por crímenes de guerra. Este es el motivo que ha llevado a la designación de estas organizaciones.
Este artículo se publicó por primera vez en Mondoweiss. Siham Rashid es el Director Ejecutivo del Jerusalem Fund/Palestine Center. Las opiniones de este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las de The Jerusalem Fund.
Consecuencias de la designación
La designación de terrorismo criminaliza el trabajo de las seis organizaciones, y será utilizada como pretexto por Israel para cerrar oficinas, incautar activos (incluyendo la confiscación de archivos personales de clientes o usuarios), congelar cuentas bancarias, detener al personal e incluso prohibir la financiación o las expresiones públicas de apoyo a sus actividades. También podría hacer que terceras partes y socios extranjeros se muestren recelosos a la hora de comprometerse con estas organizaciones y su trabajo. La población palestina que vive bajo la ocupación militar, que históricamente ha dependido en gran medida de estas organizaciones, dejaría de tener acceso a servicios y programas fundamentales.
Estas organizaciones ya no podrían llamar la atención de la comunidad internacional sobre los abusos diarios de los derechos humanos inherentes a la supresión por parte del régimen militar israelí de la búsqueda de libertad e igualdad del pueblo palestino.
En abril de 2022, los expertos de las Naciones Unidas pidieron a los gobiernos que reanudaran la financiación a las seis organizaciones y "que anunciaran que seguirían apoyando financiera y políticamente a estas organizaciones y a las comunidades y grupos a los que sirven." El 18 de julio de 2022, la congresista estadounidense Ayanna Pressley escribió al Secretario de Estado Blinken y al Director de Inteligencia Nacional Haines, en la que ella y más de 20 de sus colegas instaron a la administración estadounidense a celebrar una reunión informativa interinstitucional para discutir la designación israelí y sus implicaciones en la sociedad civil palestina.
El gobierno de Biden debe presionar a Israel para que revierta esta peligrosa designación. Estados Unidos no puede seguir afirmando que apoya los derechos humanos, proporcionar a Israel 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar, y luego mantener un silencio cómplice mientras esa misma ayuda se utiliza para violar el derecho internacional, incluido el uso de la violencia contra los defensores de los derechos humanos. El pueblo palestino está bajo la ocupación militar israelí, y la administración estadounidense está desempeñando un papel destacado en permitir esta parodia.
Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados
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