jueves, 25 de agosto de 2022

Se presenta un caso de crímenes de guerra contra Israel por crímenes contra la propiedad en nombre de la familia Salhiah de Sheikh Jarrah y otros


 Se presenta un caso de crímenes de guerra contra Israel por crímenes contra la propiedad en nombre de la familia Salhiah de Sheikh Jarrah y otros

[donde actúa, entre otros la empresa CAF]
Londres/La Haya/Palestina:  Bindmans LLP, en colaboración con el Centro Internacional de Justicia para los Palestinos (CIJP), ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con la larga y continuada política de Israel de privar a los civiles palestinos de sus propiedades para los asentamientos y en circunstancias "no justificadas por la necesidad militar".

Las investigaciones de la CIJP han revelado que la práctica de Israel de apropiarse ilegalmente de las tierras de los palestinos está tan extendida que se vio obligada a asociarse con Bindmans LLP para presentar lo que describió como una denuncia "de entrada". A la denuncia inicial, basada en dos casos concretos, le seguirán pruebas de otros muchos casos de robo ilegal de tierras o destrucción de propiedades por parte de las autoridades israelíes en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

El primer caso está relacionado con la apropiación de tierras de la familia Salhiah en Sheikh Jarrah, Jerusalén Este [donde actúa, entre otras la empresa española CAF]. La familia Salhiah vivía en su propiedad desde 1950, ya que se trasladó allí tras su expulsión de Ein Karim durante la Naqba de 1948. Tras décadas de intentos por parte de Israel de apropiarse de la propiedad de la familia Salhiah, en enero de 2022, el ejército israelí desalojó a la familia con el uso de granadas de aturdimiento y una violenta operación militar. Un testigo describió la "invasión" del terreno como "una guerra", con el "despliegue de soldados israelíes, helicópteros, excavadoras y camiones de bomberos". Los miembros de la familia Salhiah fueron agredidos y detenidos. Las propiedades de los Salhiah, incluidas sus casas, fueron demolidas dejando a la familia sin hogar.  

El segundo caso se refiere a una propiedad en Khuza'a, Gaza, Palestina, perteneciente a la familia Kadih. Los Kadih han sido víctimas de una apropiación sistemática de sus tierras durante décadas. La familia es propietaria de sus tierras desde hace más de 100 años, durante los cuales han sido su hogar y ha proporcionado ingresos a tres generaciones de la familia. Los repetidos intentos de apropiarse de las tierras de la familia han incluido la confiscación por parte de Israel de tierras para construir una valla de separación y crear una frontera entre Gaza e Israel, y para posteriormente reubicar la valla más en el interior de Gaza. En 1956, durante la "masacre de Jan Yunis", los militares confiscaron más tierras a pesar de que estaban dentro de las fronteras establecidas de Gaza. Después, en 1993, las fuerzas israelíes intentaron apropiarse de más tierras desplazando la valla de separación. Los diversos actos ilegales continuados han dado lugar a que la familia sólo conserve una pequeña parte de la tierra que poseía originalmente.

La denuncia, redactada por los prestigiosos abogados británicos Julianne Morrison y Conor McCarthy, de Monkton Chambers, por encargo de Bindmans LLP, es el resultado de meses de trabajo de los analistas de la CIJP, que han reunido minuciosamente pruebas para apoyar la investigación de la CPI, abierta por la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, el 3 de marzo de 2021. La CPI tiene el mandato de investigar las denuncias de crímenes internacionales perpetrados desde el 13 de junio de 2014 en la región.

La apertura de la investigación de la CPI se produjo tras el anuncio de Bensouda en 2019 de que, tras una "evaluación exhaustiva, independiente y objetiva", su examen preliminar de la situación había concluido que se cumplían todos los criterios requeridos, según el Estatuto de Roma, para abrir una investigación formal. Es importante destacar que la fiscal anunció que estaba convencida de que  

I. existía una base razonable para creer que se habían cometido o se estaban cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y en la Franja de Gaza;  

II. los posibles casos derivados de la situación serían admisibles; y  

III. no había razones de peso para creer que una investigación no serviría a los intereses de la justicia.

La investigación de la CPI continúa bajo la autoridad de Karim Khan QC, que fue nombrada nuevo fiscal de la CPI en junio de 2021.  

En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU completó su examen de las prácticas de derechos humanos de Israel y observó que:  

"El Comité está profundamente preocupado por la continua construcción y expansión de los asentamientos israelíes y de los puestos de avanzada no autorizados en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado, y por el traslado de la población del Estado parte a los mismos, a pesar de las recomendaciones formuladas por diferentes órganos de tratados, la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad, la resolución 31/36 (2016) del Consejo de Derechos Humanos y la resolución 75/97 (2020) de la Asamblea General."  

El Comité señaló a continuación "con preocupación la injerencia del Estado parte [Israel] en el pleno acceso de los palestinos y la población árabe siria a sus tierras y medios de subsistencia en los territorios ocupados, mediante expropiaciones, confiscaciones, requisas e invasiones ilícitas".

A pesar de la insistencia de la ONU en que Israel cese su política de robo de tierras, el gobierno israelí ha ampliado y apoyado sistemáticamente dicha política, incluyendo la continuación de la construcción de asentamientos sin rendir cuentas por sus acciones.  

La denuncia, presentada por la CIJP, pide al fiscal de la CPI que incluya los casos que ha presentado, y que pretende presentar, como parte de su investigación formal. El ICJP sigue reuniendo pruebas en otros muchos casos para presentarlos a la CPI.  

Tayab Ali, director del ICJP y socio de Bindmans LLP, declaró: "Las pruebas disponibles para respaldar las acusaciones de crímenes relacionados con la propiedad perpetrados por las autoridades israelíes son amplias, creíbles y claras. El hecho de que se haya permitido que esto continúe como una política aceptada para la expansión ilegal de Israel es alucinante. El silencio y el apoyo de los países de la UE, así como del Reino Unido y Estados Unidos, equivale a la complicidad en estos crímenes. No hay esperanza de ninguna resolución pacífica en la región a menos que la comunidad internacional permita y apoye a la CPI para que funcione como una estructura independiente de rendición de cuentas por los muchos crímenes que el equipo de la CIJP está investigando en la región. La verdadera esperanza de paz necesita una verdadera rendición de cuentas".

Contacto: Claddagh NicLochlainn



Tel: +44 (0) 20 3488 2737




Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados

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