"Se quiere echar a los judíos", afirman los denunciantes del boicot avilesino a Israel

La entidad sionista, que también ha demandado a Gijón por vetar productos del país hebreo, acusa a los ediles de apoyar la discriminación

"El fin del boicot que promueve BDS -Boicot, Desinversiones y Sanciones- no es ayudar a los palestinos, sino echar a los judíos al mar". Así lo sostiene el presidente de ACOM -Acción y Comunicación en Oriente Medio-, Ángel Mas, la entidad que ha presentado recursos contencioso-administrativos contra los ayuntamientos de Avilés y Gijón por aprobar declaraciones de boicot "contra el apartheid y la colonización israelí". La organización comenzó en diciembre a responder de este modo a las administraciones que se adhieren a la campaña BDS: los primeros de la lista fueron el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y el Cabildo de Gran Canaria, según explica el abogado de la entidad, Ignacio Palacios. 
ACOM es "una asociación española con interés en que las relaciones entre España e Israel sean las mejores posibles", afirma Mas. "En ella hay ente de izquierdas y de derecha, judíos y no judíos. Y creemos que defender a Israel en España es bueno para España", dice. No tienen, según él, ninguna subvención pública, y sobreviven con las cuotas de los asociados. Y ven con preocupación las iniciativas del BDS. "Tienen una estrategia de colonización regional para presentar estas mociones", apunta. Para el presidente de ACOM, el BDS "en sus fines es antisemita". "No busca la solución de dos estados para dos pueblos, que dicen los acuerdos de Oslo. Para nada. Y atacan al único estado democrático de Oriente Medio", destaca. 
Mas censura a los concejales, tanto a los avilesinos como a los de otras Corporaciones que deciden el boicot, por "votar discriminación". "Los ediles saben de esto lo mismo que de Osetia del Norte o de Chipre, ocupada por Turquía en el norte. Y no debería hacerse una votación así. Cuando me presentan algo para firmar y no sé, no lo firmo", indicó. Además, según ACOM, un ayuntamiento tiene "la misma competencia para declarar este boicot como para declarar la guerra a Rusia". 
Los argumentos que utiliza ACOM para defender la ilegalidad de las mociones de boicot están relacionados, principalmente, con la discriminación y ataque a los derechos constitucionales que suponen. "La aprobación de decisiones ilegales sujeta a los miembros de las corporaciones locales a responsabilidades civiles y penales por prevaricación administrativa", relata.

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