martes, 26 de abril de 2022

Expertos de la ONU piden a los gobiernos que reanuden la financiación de las seis ONGs palestinas designadas por Israel como "organizaciones terroristas"


 Expertos de la ONU piden a los gobiernos que reanuden la financiación de las seis ONGs palestinas designadas por Israel como "organizaciones terroristas"

25 de abril de 2022


Observaciones introductorias de Ilze Brands Kehris Subsecretario General de Derechos Humanos
GINEBRA (25 de abril de 2022) - Los expertos en derechos humanos de la ONU* han pedido hoy a la comunidad internacional que tome medidas inmediatas y eficaces para proteger y sostener a las seis organizaciones de la sociedad civil (ONGs) palestina que fueron designados como "organizaciones terroristas" por el Gobierno de Israel en octubre de 2021.

"La inquietante designación de estas organizaciones como 'organizaciones terroristas' por parte de Israel no ha ido acompañada de ninguna prueba pública concreta y creíble", han declarado los expertos en derechos humanos. "Observamos que la información presentada por Israel tampoco ha convencido a varios gobiernos y organizaciones internacionales que tradicionalmente han proporcionado financiación a la indispensable labor de estas seis organizaciones."

En octubre de 2021, los expertos de la ONU denunciaron la designación por parte de Israel de seis organizaciones de la sociedad civil palestina -la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos Addameer, Al-Haq, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, Defensa de los Niños Internacional - Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas- como organizaciones terroristas. La designación de Israel le permite cerrar las organizaciones, confiscar sus bienes, poner fin a su trabajo y acusar a sus dirigentes y personal de delitos terroristas.

"Israel ha tenido seis meses para justificar sus acusaciones y no lo ha hecho", dijeron los expertos. "Pedimos a los gobiernos financiadores y a las organizaciones internacionales que concluyan rápidamente que Israel no ha demostrado sus acusaciones y que anuncien que seguirán apoyando financiera y políticamente a estas organizaciones y a las comunidades y grupos a los que sirven".

Aunque Israel no ha fundamentado sus acusaciones públicamente ni ante los gobiernos financiadores y las organizaciones internacionales, varios de los financiadores han retrasado sus contribuciones a las organizaciones palestinas mientras investigan estas acusaciones. La Unión Europea ha suspendido formalmente su financiación a dos de estas organizaciones. Esto ha socavado el trabajo de estas organizaciones palestinas y ha tenido un impacto incalculable en las comunidades a las que apoyan. Según los expertos, no se ha aclarado la duración de estas medidas.

"Estamos profundamente preocupados por el aparente uso indebido de la legislación antiterrorista por parte de Israel para atacar a algunas de las principales organizaciones de la sociedad civil de Palestina. Este uso indebido debe ser rechazado y contrarrestado", dijeron los expertos.

"Las Naciones Unidas han sido muy claras al afirmar que la redacción y aplicación de las leyes antiterroristas tienen que ser rigurosamente coherentes con el derecho internacional y las protecciones de los derechos humanos, incluidos los principios de seguridad jurídica, necesidad, proporcionalidad, Estado de derecho y no discriminación".

En este contexto, los expertos acogieron con satisfacción la declaración emitida el 23 de marzo de 2022 por la ministra belga de Cooperación al Desarrollo, Meryame Kitir, quien afirmó que "Mi administración ha llevado a cabo una investigación interna sobre las alegaciones. Ésta no ha revelado ninguna prueba que confirme las acusaciones. Por lo tanto, he decidido no tomar ninguna medida contra las organizaciones palestinas en cuestión. Las pruebas aportadas por las autoridades israelíes tampoco permiten reconsiderar mi decisión".

Los expertos en derechos humanos subrayaron que reconocen y aplauden la indispensable labor de la sociedad civil palestina a la hora de pedir cuentas a Israel por su ocupación y sus violaciones de los derechos humanos y de promover los principios democráticos y los derechos humanos en la sociedad palestina.

"La aplicación de las leyes antiterroristas a defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio -sin pruebas convincentes que justifiquen estas afirmaciones- parece indicar un intento políticamente motivado por parte de Israel de silenciar a algunos de sus críticos más eficaces en violación de sus derechos a la libertad de asociación y de expresión", afirmaron.

"Si la comunidad internacional se toma en serio su apoyo a la autodeterminación de los palestinos y al fin de la ocupación israelí, que dura ya 55 años, debe mostrarse más firme y enérgica a la hora de defender el trabajo de estas organizaciones y recordar a Israel sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".

En consecuencia, los expertos en derechos humanos pidieron a la comunidad internacional que:

  • Concluir públicamente que Israel no ha fundamentado sus acusaciones contra las seis organizaciones;
  • Reanudar, continuar e incluso aumentar su apoyo financiero y político a la labor de estas seis organizaciones; y
  • Exigir a Israel que se retracte de las designaciones y deje de acosar a todas las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil palestinas, israelíes e internacionales que promueven los derechos humanos y la responsabilidad en Israel y Palestina.
Michael Lynk, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Melissa Upreti (Presidenta), Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Clément N. Voule, Relator Especial sobre el derecho de reunión y asociación pacíficas; y Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.


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