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Human Rights Watch pide la liberación del cooperante de Gaza Mohammad al-Halabi tras 6 años de detención
Mohammad Halabi.
WAFA, 25 de abril de 2022
Las autoridades israelíes deben liberar inmediatamente a Mohammad al-Halabi, un trabajador humanitario de Gaza detenido durante casi seis años, tanto antes como durante su juicio, dijo hoy Human Rights Watch. El 17 de febrero de 2022, el Tribunal Supremo israelí renovó la detención de al-Halabi por 90 días: su 23ª renovación.
Los fiscales israelíes han acusado a al-Halabi, de 45 años, jefe de la oficina de Gaza de la organización benéfica cristiana World Vision, de desviar decenas de millones de dólares a grupos armados palestinos. Pero, tras más de 160 vistas, el tribunal aún no lo ha condenado. El juicio se ha visto empañado por graves violaciones de las garantías procesales, incluido el mantenimiento en secreto de gran parte de las supuestas pruebas contra él. Las auditorías realizadas por los gobiernos donantes y las empresas independientes contratadas por World Vision no han encontrado ninguna infracción.
"Es una burla al debido proceso y a las nociones más básicas de un juicio justo mantener a alguien durante casi seis años en prisión preventiva basándose en gran medida en pruebas secretas", dijo Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch. "Las 23 renovaciones de la detención de al-Halabi por parte del Tribunal Supremo israelí son una muestra más de cómo, con demasiada frecuencia, avalan la política gubernamental que pisotea los derechos de los palestinos".
Dado que la prolongada detención de al-Halabi antes y durante el proceso viola de forma tan flagrante las garantías del derecho internacional de los derechos humanos a un juicio "dentro de un plazo razonable", debería ser liberado inmediatamente, señaló Human Rights Watch.
Las autoridades israelíes detuvieron a Al-Halabi, padre de cinco hijos, en junio de 2016 en el cruce de Erez entre Gaza e Israel, cuando regresaba de una reunión en la oficina de World Vision en Jerusalén. El paradero de Al-Halabi no se reveló durante semanas. En julio de 2016, las autoridades israelíes registraron la oficina de World Vision en Jerusalén.
El 4 de agosto de 2016, las autoridades israelíes anunciaron que Al-Halabi había confesado haber desviado hasta 50 millones de dólares a Hamás, algunos de ellos destinados a actividades militantes. Las acusaciones, a las que también se refirió el entonces primer ministro Netanyahu y que ocuparon los titulares de todo el mundo, hicieron que los principales donantes, incluidos los gobiernos de Australia y Alemania, congelaran su financiación a los proyectos de World Vision en Gaza. También hicieron que World Vision, que opera en 100 países, suspendiera su trabajo en Gaza, que incluía programas de educación y atención sanitaria, y cancelara los contratos de 120 empleados.
El trabajo de World Vision en Gaza sigue suspendido. Además, a finales de 2021, las autoridades israelíes designaron a seis destacadas organizaciones de la sociedad civil palestina como "terroristas" e "ilegales" basándose en supuestas "pruebas" secretas, una medida que permite cerrar sus oficinas, confiscar sus bienes y encarcelar a su personal y a sus partidarios.
Desde 2016, World Vision y Al-Halabi han negado las acusaciones contra ellos. World Vision ha dicho que su presupuesto de diez años para Gaza fue de solo 22,5 millones de dólares. Una auditoría forense del programa de World Vision en Gaza realizada por la empresa auditora Deloitte y el bufete de abogados estadounidense DLA Piper no encontró fondos desaparecidos, ni actividad criminal, ni pruebas de que Al-Halabi trabajara para Hamás, según una investigación de agosto de 2021 en The Guardian. El gobierno australiano también revisó su financiación para World Vision en Gaza, más del 25 por ciento del presupuesto de la organización allí entre 2014 y 2016, y no encontró "nada que sugiriera un desvío de fondos gubernamentales."
Los fiscales israelíes acusaron a Al-Halabi de múltiples delitos, entre ellos la pertenencia a Hamás y a su brazo armado y al apoyo a sus actividades. Lo más grave es que han acusado a Al-Halabi, residente en Gaza, de "ayuda al enemigo en la guerra", lo que entra dentro del artículo de "traición" del Código Penal de Israel de 1977 (artículos 97-103). Sin embargo, las directrices del fiscal general de Israel dicen que este cargo "no se utilizará" contra "un residente de los territorios ocupados... aunque pueda existir su base legal".
Tras varias audiencias a puerta cerrada, Al-Halabi compareció públicamente por primera vez en enero de 2017 ante el Tribunal de Distrito de Beersheba, donde alegó que había sido "torturado física y emocionalmente." Su padre, Khalil al-Halabi, dijo a Human Rights Watch que tenía entendido que los interrogadores del Shin Bet obligaron a al-Halabi a permanecer en dolorosas posiciones de estrés, le golpearon la cabeza contra la pared, le privaron de sueño y comida y le negaron el acceso a un abogado durante sus primeras semanas de detención. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha declarado que Al-Halabi ha sido sometido a "tratos crueles, degradantes e inhumanos que pueden equivaler a tortura".
Según el abogado de Al-Halabi, Maher Hanna, los fiscales le han ofrecido acuerdos de culpabilidad, incluidos acuerdos que le habrían llevado a cumplir la condena y a quedar en libertad a cambio de admitir su culpabilidad por un cargo menor. Al-Halabi ha mantenido su inocencia y se ha negado.
La cadena pública australiana ABC informó de que, durante una vista celebrada en marzo de 2017, el juez del tribunal de distrito animó a Al-Halabi a aceptar un acuerdo de culpabilidad, advirtiéndole de que tenía "pocas posibilidades" de ser declarado inocente. ABC informó de que el juez añadió: "Has leído los números y las estadísticas. Sabe cómo se manejan estos asuntos".
El periodista que informó sobre la historia trabaja ahora en Human Rights Watch.
Gran parte de las supuestas pruebas contra Al-Halabi siguen siendo secretas. Al parecer, el caso de la fiscalía se basa en gran medida en una supuesta confesión que Al-Halabi hizo a un compañero de prisión, que testificó en el juicio de Al-Halabi a puerta cerrada. Hanna, el abogado de Al-Halabi, dijo a Human Rights Watch que el gobierno interfirió en su capacidad para representar a su cliente, incluso no permitiéndole ver algunas de las pruebas del gobierno o interrogar a algunos testigos y restringiendo lo que puede decir públicamente sobre el proceso. Hacia el final del juicio, el tribunal ordenó que Hanna tuviera dos guardias presentes siempre que revisara las transcripciones del juicio y otros materiales del tribunal, y que utilizara un ordenador portátil proporcionado por el gobierno cuando preparara documentos para el tribunal, como las preguntas a los testigos y su argumento final.
El juicio de Al-Halabi concluyó en julio de 2021, y poco después se presentaron los alegatos finales ante el tribunal de distrito. Actualmente, Al-Halabi está a la espera de un veredicto.
La ley israelí limita a nueve meses la detención de un acusado antes y durante el juicio. Tras ese periodo, el Tribunal Supremo debe autorizar prórrogas por periodos renovables de hasta tres meses cada uno. El Tribunal justificó su última prórroga de la detención de Al-Halabi señalando la gravedad de los cargos, la preocupación de que Al-Halabi pudiera eludir la justicia si quedaba en libertad y el próximo veredicto del tribunal de distrito.
El tribunal no evaluó las pruebas del caso y rechazó la oferta de la defensa de proporcionar seguridad privada, control electrónico y vigilancia permanente si Al-Halabi quedaba en libertad bajo fianza. El tribunal admitió que la detención de Al-Halabi durante tanto tiempo constituía una violación "amplia y continuada" de su libertad, pero sugirió que la complejidad de los hechos requería un procedimiento tan prolongado y dijo que el testimonio de Al-Halabi y otras pruebas de la defensa ocuparon aproximadamente la mitad de las sesiones del juicio.
Hanna, el abogado de Al-Halabi, rechaza la idea de que la defensa haya contribuido a los retrasos. Señaló que, aunque las disputas sobre cuestiones de procedimiento, las apelaciones y las restricciones de Covid-19 ralentizaron los procedimientos, a veces no hubo sesiones del juicio durante dos o tres meses, junto con los recesos de verano y de vacaciones, y que las vistas se aplazaron rápidamente. Dijo que la mayor parte del testimonio de Al-Halabi era en realidad el contrainterrogatorio del gobierno y que trató de acelerar los procedimientos, pero que el tribunal a menudo denegaba esas peticiones.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Israel ratificó en 1991, establece que toda persona "tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad" (artículo 9) y a una "audiencia pública e imparcial" celebrada "sin dilaciones indebidas" (artículo 14). Interpretando estas disposiciones, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo en 2014 que "la detención de personas en espera debe ser la excepción y no la regla" y que "la detención preventiva extremadamente prolongada también puede poner en peligro la presunción de inocencia."
"El escandalosamente largo procesamiento de Al-Halabi combina muchas de las características del amañado sistema de justicia israelí contra los palestinos, incluidos los malos tratos, las pruebas secretas y la prolongada detención preventiva para coaccionar las declaraciones", ha declarado Shakir. "El caso subraya por qué otros países deben reaccionar cuando Israel lanza acusaciones descabelladas contra el personal de las organizaciones de la sociedad civil que sirven a los palestinos".
Mas información sobre el proceso: https://
Sobre su última vista: https://causaarabeblog.
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