España mandó munición a Israel pese a haber anunciado que tenía suspendidas las exportaciones de armamento
El Gobierno asegura que la operación estaba autorizada antes del 7 de octubre y que el material es para “pruebas o demostraciones” y no es “susceptible de ser utilizado en el conflicto”
20M€ en armas exportadas de España a Israel en una década
La filial de Nammo en EEUU vendió en 2010 a Israel más de 5.000 lanzacohetes M72, un arma que ha sido vista en la Franja de Gaza durante la última década. La misma filial mandó en octubre de 2023 casi 2.000 lanzacohetes de otro modelo, según informó el diario israelí Haaretz.
“Lo que fabrica Nammo es como mínimo controvertido”, apunta Pozo. “No son cartuchos de perdigones precisamente”.
El conflicto en Gaza y Ucrania ha disparado la venta de material de esta empresa y sus filiales. El portal Infodefensa señalaba el pasado noviembre que Nammo Palencia pasaba por un “buen momento” después de que “la demanda de munición” hubiese “disparado” la facturación. Este periódico se ha puesto en contacto con Nammo Palencia para recoger declaraciones de la compañía pero no ha obtenido respuesta.
“El Gobierno debe convertir la suspensión temporal de exportaciones de armas a Israel en permanente hasta que se elimine el riesgo de que se usen para cometer o facilitar crímenes de guerra”, señala Alberto Estevez, portavoz de Amnistía Internacional España sobre comercio de armas. “Eso debería incluir las licencias de exportación autorizadas antes del 7 de octubre”.
Continúan las adjudicaciones a empresas de defensa israelíes
Lo que tampoco ha frenado han sido las adjudicaciones de contratos de material de defensa a empresas de Israel, un flujo comercial difícil de rastrear puesto que, a diferencia de las exportaciones, no se resumen todas en un documento oficial, tal y como contó este periódico el pasado noviembre.
Según el análisis del Centre Delàs, la Plataforma de Contratación del Sector Público muestra que, desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre, España ha seguido comprando material y cerrando nuevos contratos con compañías armamentísticas de Israel. La Secretaría de Estado de Comercio ha admitido a elDiario.es que las importaciones tampoco se han suspendido.
El 15 de diciembre, por ejemplo, se adjudicó un contrato de más de 576 millones de euros para el suministro de un sistema de lanzacohetes para un proyecto conjunto con dos empresas españolas. El 22 de noviembre se adjudicó por 237 millones a otra compañía israelí el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro y se adquirieron de Israel inhibidores de frecuencia para las fuerzas armadas por valor de 1,4 millones. Al día siguiente, el 23 de noviembre, se cerró otra adjudicación de tecnología militar por 82.600 euros. Al cabo de una semana, se formalizó otro contrato de tecnología militar con otra empresa de Israel por 3,7 millones.
Diversas ONG han pedido al Ejecutivo español un “embargo integral” que incluya tanto exportaciones como importaciones. Según estas organizaciones, adquirir armamento de Israel contribuye a legitimar a unas empresas que publicitan sus productos como “probados en combate” (en Gaza) y también permite a estas compañías abaratar costes y poder así armar al ejército israelí a un precio menor. La industria militar del país hebreo exporta tres cuartas partes de todo lo que produce.
“Los indicios apuntan a que España no ha formalizado ninguna prohibición para exportar armas a Israel”, apunta Pozo, “la tragedia en Gaza tampoco ha sido óbice para seguir adquiriendo los mismos productos y servicios con los que se materializa esa barbarie”.
Responsabilidad jurídica de los países que envían armas a Israel
Juristas, expertos en genocidio, organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales llevan tiempo solicitando a los gobiernos una suspensión de la compra y venta de armas al Gobierno de Tel Aviv. El fallo provisional emitido hace dos semanas por la Corte Internacional de Justicia –máximo tribunal de la ONU–, en el que establece que es verosímil que Israel esté cometiendo acciones que constituyan un genocidio, ha abierto la puerta a consideraciones sobre la responsabilidad de los países que facilitan armas y cobertura diplomática a Israel.
En ese sentido, la relatora de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, Francesca Albanese, ha indicado en varias ocasiones que una de las vías para ayudar a que se cumplan las órdenes jurídicamente vinculantes dictaminadas por la Corte Internacional de Justicia es “la suspensión urgente de la compra y venta de armas a Israel”. Albanese menciona el acuerdo económico existente entre la Unión Europea e Israel, que en su artículo 2 estipula como condición el “respeto de los derechos humanos”. “El reconocimiento por parte de la Corte Internacional de Justicia del riesgo de genocidio obliga a la Unión Europea a suspender el acuerdo”, ha señalado la relatora de la ONU.
La Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel y representa el 30% de su comercio de bienes. La escasa capacidad de consenso en el seno de la misma dificulta una decisión en torno a este acuerdo, pero cada Estado por sí mismo puede adoptar medidas.
Tras el fallo provisional del máximo tribunal de la ONU, el abogado estadounidense y profesor de derecho internacional Francis Boyle, que ganó dos casos de protección por genocidio en Bosnia, ha advertido de que los Estados que respaldan a Israel con envíos de armamento pueden “ser demandados ahora ante la Corte Internacional de Justicia por ayuda e incitación al genocidio” contra los palestinos “en violación del artículo 3e de la Convención sobre Genocidio, que penaliza la complicidad”.
En la misma línea se ha expresado estos días el exfiscal jefe fundador del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien destaca que el máximo tribunal de la ONU cita en en su fallo provisional el artículo III de la Convención de Genocidio, relativo al concepto de complicidad. En declaraciones a elDiario.es, Moreno Ocampo ha explicado que “la complicidad de genocidio requiere que el Estado que hace un aporte material sustancial sepa que hace un envío [de armas] a un grupo que tiene una intención genocida”. En ese sentido, señala que “si la Corte Internacional de Justicia considera que hay un genocidio en Gaza, los envíos [de armas a Israel] pueden ser considerados genocidio” también.
A su vez, Moreno Ocampo advierte de que “las reglas dicen cosas, pero los líderes creen que las pueden ignorar”, y pone el ejemplo de Azerbaiyán: “Israel es el principal proveedor de armas para Azerbaiyán, que cometió un genocidio contra la gente de Nagorno Karabaj en 2023. A su vez, al dictador de Azerbaiyán la UE lo considera un socio energético en el que se puede confiar. Ese es el mundo en el que vivimos”.
Por su parte, Raz Segal, profesor israelí de la Universidad Stockton (EEUU), experto en genocidio, insiste estas semanas en que con la decisión del máximo tribunal de la ONU “todas las universidades, empresas y países del mundo tendrán que considerar con mucho cuidado su compromiso con Israel y sus instituciones. Estos vínculos ahora pueden constituir complicidad con el genocidio”.
Qué dice el Tratado sobre el Comercio de Armas
En el marco de los derechos humanos y el derecho internacional, son numerosas las organizaciones de derechos humanos que reclaman una suspensión de las ventas de armas a Israel y recuerdan que el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas establece que no se autoricen transferencias si estas suponen “una violación de las obligaciones internacionales” o “si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”.
Diversos juristas expertos en derecho internacional indican que la propia “transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado” constituye un crimen de guerra: “el crimen más grave que Israel comete en Cisjordania”, señalaba hace unos días el exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en una entrevista con elDiario.es.
Este fin de semana el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, denunciaba que Israel está destruyendo “todos los edificios en Gaza dentro del radio de un kilómetro de la valla” que separa este territorio de Israel. “La destrucción generalizada de bienes, no justificada por necesidades militares, y ejecutada de forma ilegal y sin motivo, constituye una grave violación de la Convención de Ginebra y un crimen de guerra”, ha añadido.
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