Israel mantiene la prohibición de la unificación familiar palestina
Adalah, 10 de marzo de 2022
La nueva orden temporal afirma explícitamente que su propósito es garantizar una mayoría demográfica judía. Adalah: "La Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel" es una de las leyes más racistas y discriminatorias del mundo, y debe ser derogada inmediatamente".
Tras más de 200 horas de deliberaciones, la Knesset (Parlamento) israelí aprobó el 10 de marzo de 2022, la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel (Orden Temporal), por una mayoría de 45-15 votos. La Ley prohíbe la unificación de las familias palestinas, ya que prohíbe al ministro del Interior conceder la residencia o la condición de ciudadano a los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza que estén casados con ciudadanos palestinos de Israel. También prohíbe la unificación entre un ciudadano o residente de Israel con cónyuges de "estados enemigos", incluidos Siria, Líbano, Irak e Irán.
En respuesta, Adalah - El Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel emitió la siguiente declaración:
"La Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel es una de las leyes más racistas y discriminatorias del mundo. Ningún otro Estado prohíbe a sus ciudadanos el ejercicio de su derecho básico a la vida familiar, basándose únicamente en su identidad nacional o étnica. Durante 18 años, la Knesset ha renovado repetidamente la prohibición, y el Estado ha defendido la legalidad de la medida ante el Tribunal Supremo israelí con argumentos de seguridad infundados y sin fundamento. Esta fachada ha sido finalmente eliminada, ya que los actuales impulsores de la Ley no han ocultado, ni por un momento, su objetivo, que es mantener una mayoría judía. Los legisladores basaron la legitimidad de sus acciones en la Ley del Estado-nación judío de 2018, que consagra constitucionalmente la supremacía judía sobre los palestinos. Impugnaremos esta Ley ante el Tribunal Supremo de Israel, y los magistrados tendrán que decidir ahora si, ante el lenguaje explícito de la Ley, seguirán permitiendo que esta Ley racista se ampare en el eterno pretexto de la temporalidad."
La Ley aprobada hoy por la Knesset israelí incorpora disposiciones de una versión anterior de la orden temporal promulgada inicialmente en 2003 por un período de un año. La Knesset ha prorrogado la ley anterior 21 veces en los últimos 18 años. Sin embargo, el 6 de julio de 2021, la ley expiró después de que la Knesset no lograra la mayoría necesaria para prorrogarla. En particular, el hecho de no prorrogar la ley anterior no se debió a la falta de voluntad política, sino a que las facciones políticas rivales no lograron alcanzar un compromiso. Desde su expiración, se han presentado cuatro proyectos de ley diferentes en la Knesset, que posteriormente se consolidaron en la Ley actual.
A diferencia de la ley anterior, la nueva Ley incluye una sección que declara explícitamente que su objetivo es garantizar una mayoría demográfica judía. La sección establece:
"El propósito de esta ley es establecer restricciones a la ciudadanía y a la residencia en Israel de ciudadanos o residentes de países hostiles o de la región, junto con disposiciones irregulares para las licencias de residencia o los permisos de estancia en Israel, teniendo en cuenta el hecho de que Israel es un Estado judío y democrático, y de manera que se garantice la salvaguarda de los intereses vitales para la seguridad nacional del Estado."
Los copatrocinadores de la ley confirmaron el objetivo demográfico de la misma, y que la ley pretende luchar contra lo que acuñaron como intentos de "conseguir gradualmente el derecho al retorno" de los palestinos. La ministra del Interior, Ayelet Shaked, también ha repetido este objetivo.
La nueva Ley también introduce algunos otros puntos, como el requisito formal de que el ministro del Interior establezca un comité para examinar las solicitudes por motivos de violencia doméstica, y una cuota máxima anual de permisos por motivos humanitarios, basada en el número de solicitudes aprobadas en 2019. En los años siguientes, el ministro del Interior podrá determinar una cuota máxima anual de licencias o permisos, con la aprobación del Gobierno y la Knesset. La legislación también requiere que el ministro informe sobre el número de permisos emitidos, así como el número de rechazos de las solicitudes que se le presentan.
Más información y antecedentes:
Situación actual de las solicitudes de reagrupación familiar:
A pesar de que la ley expiró en julio de 2021, Israel no ha cambiado su política racista que impide la reunificación familiar de los palestinos. La ministra del Interior, Ayelet Shaked, ordenó a la Autoridad de Población e Inmigración del ministerio, que revisa las solicitudes de reagrupación familiar, que siga aplicando la ley [que ha expirado]. A raíz de una reciente petición presentada por HaMoked y otras organizaciones israelíes de derechos humanos, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó el 11 de enero de 2022 que el ministro del Interior "debe actuar únicamente con arreglo a la ley vigente, y no puede seguir aplicando la Ley [caducada] ni los reglamentos dictados en virtud de ella". Por lo tanto, es urgente que el gobierno apruebe una nueva legislación,
La acción legal de Adalah contra la Ley a lo largo de los años:
Desde que se promulgó la Ley, Adalah ha presentado dos peticiones (2003 y 2007) contra la prohibición de la unificación familiar palestina ante el Tribunal Supremo de Israel.
Adalah también se ha opuesto a todas las renovaciones de la orden temporal desde su promulgación, y ha instado a los miembros de la Knesset a rechazar la prórroga de la orden temporal, a abstenerse de cualquier acuerdo que no conduzca a su completa derogación, y/o a negarse a votar a favor de una ley permanente que prohíba la unificación familiar palestina.
Críticas internacionales:
Numerosos órganos de tratados de derechos humanos de la ONU han instado a Israel a facilitar la unificación familiar de todos los ciudadanos y residentes permanentes, más recientemente,
- el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en 2019;
- el Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ESCR) en 2019;
- el Comité de la ONU para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 2017;
- y para revocar la ley, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 2014, al considerar que la ley viola las obligaciones de Israel en virtud del tratado.
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