lunes, 10 de octubre de 2022

EL CSCA se dirige a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, pidiéndola que en los contratos públicos se penalice a las empresas que violan el derecho internacional, como CAF, por sus actuaciones en los Territorios Ocupados Palestinos.


 

Instalaciones de CAF-Shapir en French Hill, al norte de Jerusalén, en Territorio Ocupado 

EL CSCA se dirige a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, pidiéndola que en los contratos públicos se penalice a las empresas que violan el derecho internacional, como CAF, por sus actuaciones en los Territorios Ocupados Palestinos. 

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, 10 de octubre de 2022 

En una carta registrada el 3 de octubre en el ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana se la pidió que su ministerio y los organismos de los que dirige, como ADIF, RENFE, etc que “las empresas deben de respetar un modelo de conducta basada en el cumplimiento de las leyes y en el cumplimiento del derecho internacional. También en las orientaciones de los poderes públicos” (…) y que “la ley de contratos públicos es un instrumento que puede servir para premiar o desincentivar a empresas que no son rigurosas en el respeto de la legalidad internacional”.  

Por el contrario, parece que el ministerio quiere rebajar las cláusulas de contratación permitiendo que empresas condenadas por la CNMC sea en obras públicas o en suministros ferroviarios puedan presentarse a los diferentes concursos de los organismos contratantes. 

Como se sabe, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha creado una base de datos de empresas (A/HRC/43/71) (2020) que vulneran el derecho internacional, las Convenciones de Ginebra o la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad, por lucrarse y facilitar la ocupación de los Territorios Palestinos.  

Tras la publicación de esa Base de Datos es público y ha sido denunciado, incluso en el Punto Nacional de Contacto del ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que determinadas empresas españolas, conscientemente, vulneran la legalidad internacional. Por ejemplo, CAF, que construye, gestiona y licita líneas de tren ligero entre la ciudad de Jerusalén y las colonias ilegales en Cisjordania, facilitando la expropiación de terrenos palestinos, expulsando a sus pobladores y facilitando la ocupación, el urbanicidio y el traslado de población ocupante a territorio ocupado, al servicio de la potencia ocupante israelí.  

Las empresas españolas que tenemos conocimiento de lucrarse y facilitar la ocupación son: CAF, Edreams, GMV, OSSA, SEMI y TYPSA. Además, hay multinacionales ferroviarias como Alstom. 

Ya el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, pidió el pasado 16 de mayo que la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, deje de entregar a las autoridades israelíes 57 trenes que servirían para unir Jerusalén Oeste con los asentamientos de Jerusalén Este y Cisjordania, por considerar estas acciones una "violación" del derecho internacional y la legitimidad internacional. 

Desde la ocupación de Cisjordania en 1967, los sucesivos gobiernos israelíes, de todos los espectros, han implementado una amplia política de asentamientos, a la que se opone el derecho internacional. Más de 600.000 colonos israelíes viven en Cisjordania y Jerusalén Este. 

CAF participa junto con Shapir en la ampliación, mantenimiento y gestión de dos líneas de tren ligero entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas, facilitando la movilidad de la población de la potencia ocupante a Territorio Ocupado. Además, está licitando en un concurso de las autoridades de ocupación para la construcción y aprovisionamiento de tranvías en una tercera línea Azul que también conectará Jerusalén con otras colonias, a pesar de que sus actividades están en contra de los Convenios de Ginebra y de la representación palestina. 

31 organizaciones de derechos humanos y de solidaridad, entre ellas el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe o Amnistía Internacional, han pedido formalmente al Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas que incorporen a la empresa CAF (su socio Shapir, su cliente Egged y su proveedor Banco Hapoalim ya lo están) a la Base de Datos de empresas que se lucran y participan en la ocupación de Palestina. CAF, por su parte, intenta lavar su imagen accediendo a sellos de sostenibilidad de dudosa actividad comprobatoria. 

 

 

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