martes, 18 de octubre de 2022

La comunidad internacional debe tomar medidas rápidas y concretas para detener el nuevo procedimiento de Israel para la entrada y residencia de extranjeros en Cisjordania


 La comunidad internacional debe tomar medidas rápidas y concretas para detener el nuevo procedimiento de Israel para la entrada y residencia de extranjeros en Cisjordania

alhaq.org, 14 de septiembre de 2022

Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC): Las autoridades de ocupación israelíes han impuesto nuevas restricciones a la entrada de ciudadanos extranjeros y palestinos que tienen pasaportes extranjeros y desean trabajar, ser voluntarios, reunirse con sus familiares palestinos o actuar en solidaridad con el pueblo palestino en el territorio palestino ocupado (TPO). Las limitaciones del nuevo procedimiento, que se publicó el 4 de septiembre de 2022 y entrará en vigor el 20 de octubre de 2022, se aplican también a los extranjeros cuyo trabajo requiera que permanezcan durante cualquier periodo de tiempo en Cisjordania (excluida Jerusalén ocupada).

Estas medidas israelíes infringen el derecho internacional humanitario y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las restricciones de entrada coartan la libertad de movimiento de los palestinos, de recibir ayuda humanitaria y de desarrollo, y de acoger a médicos y otros expertos. Además, estas medidas vulneran los derechos soberanos del pueblo palestino, incluido el derecho a acoger a expertos, artistas, atletas, estudiantes, turistas y voluntarios.

Compuestas por 90 páginas, las nuevas directivas israelíes obligan a quienes deseen entrar en Cisjordania (excluida la Jerusalén ocupada) a hacerlo exclusivamente a través del puente Rey Hussein (Allenby). Los visitantes que deseen trabajar, ser voluntarios o estudiar en el territorio palestino ocupado, independientemente de su nacionalidad, deberán solicitar un visado de entrada 45, 60 o incluso hasta 153 días antes de su llegada, así como presentar un extenso cuestionario sobre su currículum vitae y cualquier vínculo familiar o conyugal en Cisjordania. Además, las autoridades de ocupación israelíes se reservan el derecho de determinar unilateralmente los conocimientos técnicos que necesita el Territorio Palestino Ocupado.

La decisión israelí también implica una clara discriminación, al obligar a los extranjeros a declarar cualquier relación familiar que puedan tener en el territorio palestino ocupado, lo que a menudo se utiliza para detectar y denegar la entrada a los palestinos de nacionalidad extranjera. Los extranjeros también deben revelar asuntos intrínsecamente privados, como informar de cualquier relación afectiva con palestinos (esta escandalosa condición se eliminó posteriormente por la presión internacional. Sin embargo, los procedimientos recién ajustados siguen estableciendo que cualquier renovación de visado de alguien con un visado de trabajo u otro visado para fines especiales debe ir acompañada de información sobre la existencia de una pareja con un palestino inscrito en el registro de población de Cisjordania, si es el caso). Esto arroja más sospechas sobre los propósitos de esta medida. Tiene que ver con la ingeniería racial de la población del TPO en el marco de su régimen de apartheid, que constituye un crimen contra la humanidad. Para garantizar que no se incumplan estas condiciones, las nuevas directivas israelíes se reservan el derecho de imponer fianzas exorbitantes de hasta 20.000 dólares a los palestinos de nacionalidad extranjera. Las directivas israelíes se aplican también a los miembros del personal y a los voluntarios de las agencias de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales, en su mayoría europeas, que prestan ayuda humanitaria y al desarrollo. De este modo, las autoridades de ocupación israelíes tratan de impedir el flujo de la necesaria ayuda humanitaria y al desarrollo para hacer frente a las terribles condiciones de vida creadas por las acciones discriminatorias de Israel y el incumplimiento de su obligación como potencia ocupante.

De manera crítica, la decisión israelí coincide con una escalada sin precedentes en todo el territorio palestino ocupado, que incluye desplazamientos y traslados forzados de población a ambos lados de la Línea Verde. Israel ataca las infraestructuras palestinas, incluidos los proyectos financiados por los donantes. La destrucción no se limita a la nivelación del terreno, la demolición de viviendas y el arranque de árboles, sino que también se extiende para socavar las capacidades de la sociedad palestina, su resistencia, su supervivencia y las organizaciones de la sociedad civil. Además, las restricciones israelíes no han perdonado a las empresas del sector privado palestino, que sí necesitan expertos extranjeros.

Hacemos un llamamiento a los miembros de la comunidad internacional, en particular a los Estados miembros de la Unión Europea, para que tomen medidas significativas y efectivas para detener estas crecientes restricciones, exigir un trato recíproco y reclamar ante las declaraciones y denuncias. Además, pedimos a la Misión Permanente de Investigación de las Naciones Unidas, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en mayo de 2021, que investigue esta medida como una grave violación que entra en la categoría de discriminación racial.




Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados
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