Personas encima de un equipo de construcción sostienen una pancarta
Activistas protestan en una obra del tren ligero de Jerusalén, en la Jerusalén Oriental ocupada, para exigir que el fabricante español de trenes CAF ponga fin a su participación en el ferrocarril de los colonos israelíes, 16 de diciembre de 2020. Keren ManorActiveStills
Adri Nieuwhof, 9 de febrero de 2021
Traducción. CSCA
La empresa pública que está construyendo una vía ferroviaria de alta velocidad a través de Inglaterra tiene derecho a excluir a una empresa española que está ayudando a Israel a colonizar tierras palestinas en violación del derecho internacional.
Esta es la conclusión de un nuevo escrito del Centro Europeo de Apoyo Legal y Abogados por los Derechos Humanos de los Palestinos.
HS2 Ltd., que está construyendo la línea de alta velocidad que unirá Londres, Birmingham, Manchester y Leeds, ya está buscando ofertas de licitación.
La empresa HS2 está financiada en su totalidad por el gobierno británico y está bajo la supervisión del Departamento de Transporte del Reino Unido.
El fabricante español de trenes CAF es una de las empresas que aspira a suministrar material rodante para HS2.
Está entre las cinco empresas preseleccionadas por HS2 como posibles proveedores de locomotoras y vagones.
Pero CAF lidera actualmente la ampliación del tren ligero de Jerusalén, un tranvía israelí que une los asentamientos de Israel en la Cisjordania ocupada con Jerusalén.
Crimen de guerra
La complicidad de CAF en las continuas violaciones del derecho internacional por parte de Israel justifica su exclusión de las licitaciones públicas en el Reino Unido, afirman los dos grupos jurídicos.
Señalan que "cada asentamiento ilegal israelí, construido en tierras robadas al pueblo palestino, se considera un crimen de guerra según la Cuarta Convención de Ginebra."
Recientemente, en 2019, el gobierno británico reafirmó su posición de que los asentamientos de Israel "son ilegales según el derecho internacional."
Los activistas han estado presionando al gobierno para que sea coherente y ponga su dinero donde está su palabra.
La Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC en el reino Unido) movilizó a sus simpatizantes para que enviaran un correo electrónico al ministro de Transportes, Andrew Stephenson, instándole a excluir a CAF de cualquier licitación de HS2.
Unas 2.000 personas participaron en la acción, lo que llevó a Stephenson a responder que "sería inapropiado que el departamento interviniera".
Pero los dos grupos jurídicos rechazan esa afirmación. Por el contrario, afirman que HS2 está "legalmente facultada para tomar todas las medidas necesarias" para impedir que CAF pueda licitar.
Los organismos públicos como HS2 están obligados por la legislación internacional a "respetar, proteger y cumplir los derechos humanos" y a evitar las relaciones económicas con empresas implicadas en violaciones del derecho internacional, argumentan los grupos de derechos.
legislación británica permite a las autoridades públicas excluir de los contratos a las empresas implicadas en "faltas profesionales graves".
Los grupos de derechos argumentan que esa mala conducta incluye la participación en violaciones continuas del derecho internacional, como la ocupación y colonización de tierras palestinas por parte de Israel.
Crecientes protestas
CAF se ha enfrentado a crecientes protestas por su papel en el tren ligero de Jerusalén.
En 2019, su comité de empresa de la central de Beasaín, votó en contra de la participación en el proyecto e instó a la dirección a retirarse.
Hace un año, más de 70 partidos políticos, sindicatos y otros grupos del País Vasco, donde CAF tiene su sede, instaron al fabricante de trenes a retirarse de un proyecto que "afianza claramente el apartheid israelí."
Los grupos vascos recordaron a CAF que la empresa francesa Veolia se vio obligada a retirarse del proyecto de tren ligero de Jerusalén en 2015 tras una sostenida campaña internacional.
Sin embargo, CAF ha ignorado hasta ahora estas advertencias y sigue profundamente involucrada en el ferrocarril de los colonos de Israel.
Por ello, el pasado mes de diciembre, más de 30 organizaciones pidieron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que incluyera a CAF en la base de datos de la ONU de empresas implicadas en los asentamientos ilegales israelíes.
Al ayudar a ampliar el tren ligero de Jerusalén, CAF está implicada en "violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos fundamentales de los palestinos", observó Maha Abdallah, del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo, uno de los firmantes del llamamiento.
"Acogemos con satisfacción el informe jurídico de LPHR y ELSC que concluye que es legal que el gobierno del Reino Unido excluya a CAF, y a cualquier otra empresa que viole los derechos humanos de los palestinos, del proceso de contratación de HS2", dijo Alys Samson Estapé, coordinadora para Europa del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones, a The Electronic Intifada.
Estapé añadió que "CAF no debería ser recompensada con contratos" por ayudar a violar el derecho internacional.
"En cambio, al igual que Veolia, debería ser boicoteada hasta que ponga fin a su complicidad con el apartheid israelí".
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