jueves, 30 de marzo de 2023

Racismo y discriminación: El Gobierno israelí acelera demolición de casas palestinas en Jerusalén ocupada


 

Racismo y discriminación: El Gobierno israelí acelera demolición de casas palestinas en Jerusalén ocupada

Joan Mas Autonell
EFE, 3 de marzo de 2023

Este sistema "es parte de una legalidad racista y discriminatoria" que "busca hacer la vida imposible a los palestinos para que dejen la ciudad". Mientras tanto con todas las facilidades y apoyos del gobierno israelí, se levantan miles de casas para colonos ilegales sobre tierras palestinas confiscadas -robadas- a los palestinos.

La imagen de familias palestinas que ven como excavadoras custodiadas por policías demuelen sus viviendas son comunes en Jerusalén Este, pero desde que el Gobierno derechista israelí asumió el poder es una realidad aún más patente para muchos palestinos que se vieron forzados a alzar sus hogares sin permiso.

Es el caso de Rateb Mater, palestino de 50 años que hace pocas semanas vio como Israel demolía la vivienda donde residía con diez miembros de su familia en Jabal Mukaber, uno de los barrios de la parte oriental ocupada de la urbe más afectados por el derribo de casas palestinas, una vieja política israelí que ahora intensifican el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu y sus socios ultraderechistas.

"Nuestra vida se fue abajo", dice Mater a Efe, que contempla las ruinas de su casa mientras niños de su familia juegan sobre restos de una estructura de dos pisos que quedó reducida a escombros.

Mientras, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, presionaba para aumentar las demoliciones como parte de una campaña de mano dura para "restablecer el orden en Jerusalén Este".

DEMOLICIONES REPETIDAS

Es la segunda vez que Israel demuele el hogar de Mater, cuya primera casa se destruyó en los noventa por el mismo motivo: no tener permiso de construcción, lo que la hace "ilegal" ante Israel, que derriba estas estructuras regularmente.

Israel ya ha demolido 67 instalaciones palestinas de la urbe este 2023, entre estas más de veinte que eran domicilios, dejando sin hogar a unas 107 personas, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

"Hay una tendencia de aumento de demoliciones desde 2019", señala a EFE una portavoz de la ONG israelí Ir Amim, pero con la llegada al poder a fines de diciembre del nuevo Gobierno -el más derechista de la historia de Israel-, la práctica se agrava aún más y refleja la ideología de la coalición, que tiene en su agenda la profundización de la colonización judía en territorio palestino.

De seguir así, alertan analistas, esta dinámica podría poner en riesgo las casas de muchas otras personas, en medio de un fuerte repunte de violencia del conflicto palestino-israelí y mientras crece el malestar contra un Ejecutivo que también acelera el derribo de viviendas familiares de atacantes palestinos como medida punitiva.

PERMISOS A CUENTAGOTAS

La sombra de la demolición afecta a decenas de miles de palestinos de la parte oriental de Jerusalén, ocupada por Israel en 1967 y anexionada en 1980, que por años alzan sus casas sin permisos ante la dificultad de lograrlos.

Muchos intentan obtener licencias para regularizar sus casas desde hace años, pero se entregan a cuentagotas y el Ayuntamiento "impone tantos obstáculos que se hace casi imposible construir legalmente", dice a EFE Meir Margalit, exconcejal en el municipio por el partido izquierdista Meretz y que participó en un grupo contra demoliciones.

Mater lo probó sin éxito desde 2005 y lamenta que tras perder su vivienda no tiene otro hogar para su familia ni sus nietos, menores de edad. "No tenemos otro lugar a donde ir", comenta desde dentro de una barraca de ladrillos donde ahora duerme con algunos familiares, divididos entre esta estructura y la casa de un hermano.

Este sistema "es parte de una legalidad racista y discriminatoria" que "busca hacer la vida imposible a los palestinos para que dejen la ciudad", denuncia Margalit.

Israel "quiere prevenir su crecimiento demográfico" para mantener una mayoría de población judía israelí en la Ciudad Santa, según el exconcejal, que tacha este proceso de "urbanicidio" contra los 350.000 palestinos que son el 40% de habitantes de la ciudad.

La mayoría no tiene ciudadanía, sino un permiso de residencia permanente que Israel les puede retirar con relativa facilidad.

EXPANSIÓN DE COLONIZACIÓN

De acuerdo con Ir Amim, en torno a la mitad de las casas palestinas de Jerusalén Este podrían estar levantadas sin permiso, mientras Israel construye y amplía asentamientos judíos con permisos regulados, lo que ha llevado a unos 200.000 colonos a vivir en el área ocupada de la urbe.

Pero la mayoría de los palestinos no quiere irse de Jerusalén. "Les pueden demoler la casa o negar permisos, pero no dejan la ciudad, aunque después tengan que vivir en una carpa", remarca Margalit.

Para Mater, que sigue limpiando con maquinaria las ruinas de lo que quedó de su hogar, no hay alternativa. "No nos iremos a ninguna parte", comenta, mientras se plantea levantar otra vivienda.

"No podremos construir una casa como la que fue demolida, cuesta mucho dinero y no nos queda nada, pero veremos si podemos construir algo pequeño para poder vivir", concluye.

Fuente: Swiss Info


miércoles, 29 de marzo de 2023

Acto en Café Macondo. "GUERRA IRAK 20 AÑOS DESPUÉS


 

Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Hyundai CE debe cortar los vínculos con los crímenes de guerra en Masafer Yatta.Amnistía Internacional


 

Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Hyundai CE debe cortar los vínculos con los crímenes de guerra en Masafer Yatta


Amnistía Internacional



Hyundai Construction Equipment (Hyundai CE) debe tomar medidas inmediatas para impedir que sus productos sigan implicados en las demoliciones de Masafer Yatta, han manifestado hoy Amnistía Internacional yDemocracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN). Estas organizaciones han documentado cinco casos en los que las fuerzas israelíes han utilizado excavadoras fabricadas por Hyundai CE para arrasar propiedades palestinas en Masafer Yatta, una zona de la Cisjordania ocupada donde unas 1.150 personas palestinas se hallan en riesgo inminente de traslado forzoso. Las demoliciones en cuestión desplazaron al menos a 15 personas palestinas, entre ellas 6 menores de edad, y constituyen crímenes de guerra según el Cuart Convenio de Ginebra.

Amnistía Internacional presentó sus conclusiones por escrito a Hyundai CE y le solicitó que explicara los procedimientos de diligencia debida aplicados en materia de derechos humanos con la intención de impedir que las fuerzas israelíes utilizaran sus productos para cometer violaciones de derechos humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Hyundai CE respondió declarando carecer de “implicación en actividades de asentamiento israelí”, pero no proporcionaba detalles sobre la diligencia debida. Tampoco abordaba los motivos de preocupación de Amnistía Internacional acerca del uso de productos de Hyundai CE por parte de las fuerzas armadas israelíes para llevar a cabo demoliciones en Masafer Yatta. Amnistía Internacional escribió también a EFCO Ltd (EFCO), distribuidor exclusivo de Hyundai CE en Israel, si bien al redactarse estas líneas no había recibido respuesta.

La población palestina de Masafer Yatta vive en un estado de temor constante, oteando el horizonte por si llegan las fuerzas israelíes y las excavadoras, lo que significaría el fin de la vida tal y como la conocen. Algunas de las personas residentes ya han visto a las fuerzas armadas israelíes derribar con excavadoras las viviendas de sus vecinos y destruir infraestructuras esenciales para la localidad, y estas excavadoras llevaban el logotipo de Hyundai”, ha declarado Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

“Hyundai CE debe tomar medidas urgentes para evitar que sus productos faciliten traslados forzosos y demoliciones ilegítimas de viviendas. Estas violaciones contribuyen a mantener el sistema de apartheid de Israel y son crímenes previstos por el derecho internacional, por lo que ninguna empresa debe estar vinculada a estos actos ni beneficiarse de ellos. Pedimos a Hyundai CE que corte sus vínculos con su distribuidor israelí EFCO hasta que éste tome medidas concretas para garantizar que los productos de Hyundai CE no se utilizan para cometer violaciones de derechos humanos.”

Amnistía Internacional considera que Hyundai CE no ha obrado con la diligencia debida en materia de derechos humanos en lo que respecta a sus operaciones empresariales en Israel. En una evaluación de riesgos adecuada debería haberse señalado la probabilidad de que las fuerzas israelíes terminaran utilizando los productos de Hyundai CE para cometer violaciones en Israel y los TPO. Hyundai CE tiene ahora la responsabilidad de mitigar los daños asociados. Para ello, debe adoptar medidas tales como revisar sus directrices de derechos humanos y publicar un plan en el que se expongan los pasos que dará para evitar que sus productos estén implicados en violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional y DAWN piden a Hyundai CE que suspenda la distribución de sus productos en Israel a través de EFCO hasta que éste se comprometa a obrar con la diligencia debida en materia de derechos humanos y garantice que los usuarios finales no utilizan maquinaria de Hyundai CE para actividades ilegítimas.

Las fuerzas israelíes derriban viviendas con excavadoras de Hyundai CE

En mayo de 2022, el Tribunal Superior de Israel rechazó una petición de las personas residentes en Masafer Yatta y resolvió que la demolición de nueve pueblos y aldeas podía seguir adelante, lo que dio luz verde a uno de los mayores actos de traslado forzoso en los TPO desde 1967. Hasta la fecha se han llevado a cabo decenas de demoliciones. En enero de 2023, las autoridades israelíes comunicaron a las personas residentes la inminencia de su traslado forzoso.

Amnistía Internacional y DAWN comprobaron que se habían utilizado excavadoras de Hyundai CE en cinco de las demoliciones efectuadas en Masafer Yatta en 2022. Por ejemplo, el 15 de febrero de 2022, las fuerzas israelíes utilizaron una excavadora de cadenas Hyundai HX330AL para derribar una casa y un depósito de agua en la localidad de Jallet al Mayah, lo que obligó a desplazarse a una familia de seis personas. En julio de 2022, las fuerzas israelíes utilizaron una excavadora de ruedas Hyundai HW210 y una excavadora de cadenas Hyundai HX330AL en distintas ocasiones para demoler dos viviendas de la localidad de Umm Qussa, con lo que desplazaron por la fuerza al menos a nueve personas. En todos estos casos, podía verse el logotipo de Hyundai en las excavadoras, junto al adhesivo de la marca EFCO.

“Éste es un momento crucial para las personas palestinas que residen en Masafer Yatta, pues se enfrentan a un aumento de las demoliciones de viviendas y destrucción de su comunidad por parte del gobierno israelí, con la intención de expulsar de esta zona a la población autóctona”, ha declarado Adam Shapiro, director de Incidencia, Israel/Palestina, de DAWN.

“Las empresas como Hyundai deben tomar medidas inmediatas para asegurarse de que no son cómplices de crímenes de guerra y enviar el mensaje inequívoco al gobierno israelí y a las empresas de que las normas de derechos humanos no son meras palabras sobre el papel, sino que tienen consecuencias prácticas. Se está advirtiendo a Hyundai CE de un delito: la empresa puede tomar medidas decisivas que tengan un impacto amplio”.

Responsabilidades de las empresas

Los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos establecen que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en su lugar de operaciones, lo cual significa que deben tomar medidas para prevenir, abordar, mitigar y remediar cualquier daño a los derechos humanos vinculado a sus operaciones, productos o servicios, aunque no estén implicadas directamente en la comisión de violaciones. Las empresas tienen también el deber de garantizar que sus distribuidores operen solamente con clientes que respetan los derechos humanos. En este caso, este deber se aplica con independencia de los contratos específicos que vinculan a Hyundai CE, EFCO y las fuerzas armadas israelíes.

En situaciones de conflicto armado, incluida la ocupación militar, las empresas deben también respetar el derecho internacional humanitario. Según el Cuarto Convenio de Ginebra, el traslado forzoso es un crimen de guerra, al igual que la destrucción ilegítima de bienes sin necesidad militar. En virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los traslados forzosos que forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil son crímenes de lesa humanidad. Las empresas que proporcionen a sabiendas asistencia práctica que contribuya sustancialmente a la comisión de crímenes de lesa humanidad pueden ser declaradas penalmente culpables de facilitar e instigar dichos crímenes.

Las demoliciones en Masafer Yatta son también violaciones del derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la vivienda. Como potencia ocupante de los TPO que es, Israel está obligado a respetar y proteger estos derechos.

Preguntas sin respuesta

El 20 de julio de 2022, Hyundai CE publicó un conjunto de principios rectores para la gestión de los derechos humanos. En este documento, Hyundai CE afirma que rechaza cualquier forma de violación vinculada a sus operaciones comerciales, y también se compromete a “[prestar] atención a la violación de los derechos de la población local residente” [Traducción de Amnistía Internacional].

Amnistía Internacional envió un escrito a Hyundai CE el 27 de enero de 2023, en el que expresaba su preocupación ante el hecho de que la empresa estuviera incumpliendo sus obligaciones internacionales y sus propias directrices. En su respuesta del 2 de febrero, Hyundai CE hacía hincapié en que la empresa mantenía su responsabilidad de respetar los derechos humanos y subrayaba su compromiso con la “promoción” de los Principios rectores de la ONU, además de afirmar que no estaba implicada en los asentamientos israelíes. Sin embargo, no hacía mención alguna de los hallazgos de Amnistía Internacional relativos al uso de su maquinaria en las demoliciones de Masafer Yatta.

En la carta de seguimiento enviada el 6 de febrero, Amnistía Internacional reiteraba las conclusiones de su investigación y sus preguntas. Al escribir estas líneas, no se había recibido respuesta.

El 21 de febrero, Amnistía Internacional escribió a EFCO para comunicarle sus hallazgos y solicitar información sobre sus procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos. Al escribir estas líneas, EFCO no había respondido.

“Hyundai CE debe transformar sus promesas sobre derechos humanos en medidas eficaces. Nuestra investigación demuestra que, hasta la fecha, sus procesos de diligencia debida no han impedido que sus productos se usen para violar derechos humanos. Hyundai CE debe mejorar sus procesos en materia de derechos humanos y suspender las relaciones con su distribuidor israelí en tanto no se garantice el cumplimiento de las normas internacionales”, ha declarado Mark Dummett.

“Si sigue adelante, la expulsión masiva de la población palestina de Masafer Yatta constituirá uno de los mayores actos de traslado forzoso en los TPO desde 1967. Hyundai CE no debe participar en este crimen atroz. Reiteramos nuestro llamamiento a los Estados, empresas y otros agentes con influencia sobre la política israelí para que utilicen todas las herramientas políticas y diplomáticas a su disposición a fin de detener las demoliciones en Masafer Yatta y poner fin al traslado forzoso de personas palestinas.”

Información complementaria

En la década de 1980, las autoridades israelíes declararon “zona militar cerrada” una extensa área de Masafer Yatta, alegando que necesitaban el territorio para llevar a cabo ejercicios de entrenamiento. Desde entonces, las familias palestinas que viven en la zona desde hace generaciones se enfrentan a la amenaza constante de la demolición y el desplazamiento, así como a ataques de los grupos de colonos y al hostigamiento de las fuerzas armadas israelíes.


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lunes, 27 de marzo de 2023

EL TREN DE C.A.F. EN LA OCUPACIÓN ISRAELÍ . LA EMPRESA DEBE ABANDONAR EL PROYECTO DE TREN LIGERO

 EL TREN DE C.A.F. EN LA  OCUPACIÓN ISRAELÍ  

LA EMPRESA DEBE ABANDONAR EL PROYECTO DE TREN LIGERO  

La empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.  (C.A.F.) es una sociedad española que cotiza en bolsa y opera en la industria ferroviaria. Construye trenes y material ferroviario  para las redes de tranvía, ferrocarril metropolitano, metro de  neumáticos, de cercanías, de largo recorrido y de alta velocidad.  En España, fabrica y vende material a R.E.N.F.E. y diversas  Comunidades Autónomas y ayuntamientos para proyectos de Alta Velocidad, Regionales y Cercanías.  

El 7 de agosto de 2019 se adjudicó un contrato de 1.800 millones  de euros para la expansión del tren ligero de Jerusalén (J.L.R.) de Israel en el marco del consorcio TransJerusalem J-Net Ltd.  Su socia en el citado consorcio, la empresa constructora israelí  Saphir, está incluida en la lista elaborada por el Consejo de  Derechos Humanos de Naciones Unidas en la que figuran  empresas que se benefician de las violaciones sistemáticas de  derechos de la población palestina en los Territorios Ocupados,  hecho que Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente. 

C.A.F. DEBE ABANDONAR EL PROYECTO DE  TREN LIGERO EN JERUSALÉN. SOLO ASÍ  ESTARÁ LIBRE DE CONTRIBUIR A LA VIOLACIÓN  DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA  POBLACIÓN PALESTINA EN LOS TERRITORIOS  PALESTINOS OCUPADOS 

Este contrato incluye la ampliación de la "Línea Roja",  actualmente en funcionamiento, y la construcción de la "Linea  Verde", así como el suministro de vehículos y servicios técnicos.  Estas extensiones conectan Israel con los asentamientos ilegales de la ciudad de Jerusalén Oriental ocupada y con Jerusalén  Occidental. En febrero de 2022, el Comité de Planificación  Regional de Transportes de Jerusalén aprobó nuevas  ampliaciones, que también atravesarían Territorios Palestinos  Ocupados. C.A.F. se ha presentado a las nuevas licitaciones.  Posteriormente al contrato citado, optando así al concurso para  construir, financiar, operar y mantener las líneas azul y púrpura  del tren ligero de Jerusalén, que también transcurrirán por  Territorios Palestinos Ocupados. Esta licitación está pendiente de  asignación.  

Asentamientos israelíes en los Territorios  Palestinos Ocupados. 

Desde 1967, Israel ha derribado decenas de miles de  propiedades palestinas en Cisjordania y Jerusalén Oriental y  ha sometido a desplazamiento forzado a comunidades enteras.  

Se han desviado recursos naturales, como por ejemplo, el  agua, para destinarlos a unos asentamientos que prosperan al mismo tiempo que las comunidades palestinas sufren  violaciones sistemáticas e institucionalizadas de  derechos humanos. En los últimos años, Israel ha venido  ampliando estos asentamientos y las infraestructuras conexas. 

LOS ASENTAMIENTOS ISRAELÍES EN  CISJORDANIA Y JERUSALÉN ORIENTAL,  DONDE RESIDEN MÁS DE 600.000 ISRAELÍES,  CARECEN DE LEGITIMIDAD INTERNACIONAL.  Y CONSTITUYEN EL CRIMEN DE APARTHEID. 

Según el derechos internacional, cuando una potencia  ocupante establece o construye asentamientos en territorios  ocupados y permite que su población civil viva en ellos, está  cometiendo crímenes de guerra

Los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados se  construyen en terrenos que Israel se ha apropiado  ilegalmente, son causa de todo un abanico de violaciones  graves y sistemáticas de los derechos humanos de la  población palestina y han sido condenados y declarados  ilegales por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,  y por la Unión Europa

Apartheid israelí contra la población palestina. 

El crimen de lesa humanidad de apartheid, según la  Convención contra el Apartheid, el Estatuto de Roma de la  Corte Penal Internacional y el derecho internacional  consuetudinario, se comete cuando se perpetra cualquier acto cruel o inhumano (en esencia, una violación grave de  derechos humanos) en el contexto de un régimen  institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de  un grupo racial sobre otro con la intención de mantener dicho  sistema. 

Desde su creación en 1948, los sucesivos gobiernos de Israel  han creado y mantenido un sistema de leyes, políticas y  prácticas concebidas para oprimir y dominar a la  población palestina, sistema que se manifiesta de diferentes formas en las diferentes zonas en las que ejerce su control.  Una de estas formas es la confiscación discriminatoria de  tierras, propiedades, demoliciones de viviendas y desalojos  forzosos.

La repetición de este tipo de actos forma parte de un ataque  sistemático y generalizado contra la población palestina. Por  ello, Amnistía Internacional denuncia que Israel comete el  crimen de apartheid contra la población palestina en todos los lugares donde ejerce el control de sus derechos: tanto en Israel y  Territorios Palestinos Ocupados, como en relaciona a la población refugiada palestina. 

El papel de las empresas en los Territorios  Palestinos Ocupados 

En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las  Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe con una base de datos de empresas que  tienen vínculos específicos con asentamientos israelíes en  Cisjordania cuya elaboración le había sido encomendada por el  Consejo de Derechos Humanos en 2016. 

La lista incluye más de 100 compañías israelíes y multinacionales diversas, desde empresas de turismo digital o  

telecomunicaciones, hasta constructoras como Shapir, socia  israelí de C.A.F. en el proyecto de tren ligero en Jerusalén.  En 2016 y 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU  declaró ilegal el proyecto del tren ligero, afirmando que “viola  claramente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”. La participación de C.A.F. en este proyecto  contribuye a los impactos negativos sobre los derechos humanos, y sitúa a la empresa entre aquellas que contribuyen al  establecimiento, mantenimiento y crecimiento de los  asentamientos. 

LA EMPRESA ESPAÑOLA C.A.F. FACILITA EL  CRIMEN DE APARTHEID AL CONSTRUIR  INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LOS  TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS 

En diciembre de 2020, Amnistía Internacional, junto a más de 30  organizaciones de derechos humanos y sindicatos, apoyó la  petición de inclusión de C.A.F. en la base de datos de  Naciones Unidas, que la Oficina del Alto Comisionado para los  Derechos Humanos debe actualizar regularmente en  cumplimiento de la resolución 31/36 del Consejo de Derechos  Humanos.  

Recientemente el Fondo Noruego de Inversiones, gestionado  por Norges Bank ha comunicado su decisión de abandonar su  participación en el accionariado en Saphir (empresa israelí socia  de C.A.F. en este proyecto) por el alto riesgo de que sus  operaciones contribuyan a sistemáticas violaciones de derechos.  Simultáneamente Norges Bank ha reducido su participación  accionarial en C.A.F. 

Sin embargo, a finales de 2022, el organismo público Finkatuz, a  través del cual gestiona el Gobierno Vasco sus participaciones  empresariales, ha aumentado su porcentaje de participación en la empresa C.A.F. hasta, por lo menos, el 3% de su capital desde el  1,24% que tenía anteriormente. El Gobierno Vasco entra así a  formar parte de los accionistas de referencia de la empresa. A  causa de este proyecto, la participación del Gobierno Vasco ha  sido en repetidas ocasiones objeto de preguntas y críticas en el  Parlamento Vasco

El Punto Nacional de Contacto de las Directrices de la OCDE  para Empresas Multinacionales en España (Ministerio de  Industria, Comercio y Turismo), tras petición de mediación del  Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ha dictaminado que  “el tipo de actividades que la empresa objeto de la queja lleva a  cabo en estos territorios se enmarca dentro de las actividades 

que las mencionadas resoluciones condenan”. Además,  recomienda a C.A.F. “mayor diligencia en la valoración de los  daños o vulneraciones a los derechos humanos”, “revisar su  política de divulgación de información, incluyendo los factores  de riesgo que puedan existir en sus actividades” y “la  elaboración de un informe por un tercero independiente que  examine el impacto social de dicho proyecto en los TPO”.  El papel del Estado 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece la obligación extraterritorial  para los Estados de proteger los derechos humanos en otros  países, tal y como lo interpreta el Comité de Derechos  

Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Así,  el Comité especifica que “sería contradictorio que esa  referencia [el artículo 2.1 del PIDESC] permitiera que un  Estado adoptara una actitud pasiva cuando un agente  domiciliado en su territorio y/o bajo su jurisdicción y, por tanto, bajo su control o autoridad, perjudicara a los derechos de  otras personas en otros Estados, o cuando la conducta de ese agente pudiera provocar que se causara un daño previsible”.  Por lo tanto, el fracaso de un Estado a la hora de impedir que  una empresa bajo su jurisdicción cometa abusos de derechos  humanos en otro Estado va en contra del artículo 2.1 del  PIDESC. 

Esta obligación extraterritorial de proteger requiere que el  Estado tome medidas para prevenir que entidades bajo su  jurisdicción vulneren los derechos del Pacto. Así lo establece  el Comité, que especifica que el Estado parte del PIDESC  debe adoptar medidas para “prevenir y corregir las  vulneraciones de los derechos reconocidos en el Pacto que se producen fuera de su territorio, debido a las actividades de  entidades empresariales sobre las que pueden ejercer un  control, en especial en los casos en que los recursos de que  disponen las víctimas ante los tribunales nacionales del  Estado en que se ha producido el daño son nulos o  ineficaces”. 

Peticiones de Amnistía Internacional: 

La empresa española C.A.F. debe abandonar  inmediatamente el proyecto de tren ligero en Jerusalén.  

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos  Humanos de Naciones Unidas debe incluir a C.A.F. en la  base de datos de Naciones Unidas sobre empresas que  operan en los asentamientos ilegales israelíes, hasta que  abandone el proyecto de Tren ligero en Jerusalén. 

El Gobierno de España y la Unión Europea deben  regular las actividades de empresas domiciliadas en su  jurisdicción para prohibir que operen en asentamientos o  comercien con ellos. En consecuencia, el Gobierno de  España debe pedir a C.A.F. que ponga fin a sus  actividades en los Territorios Palestinos Ocupados y que  abandone el proyecto de tren ligero en Jerusalén. 

El Gobierno Vasco, como accionista de referencia de la  empresa, debe solicitar el abandono del proyecto y la  retirada de las licitaciones en curso por las que C.A.F. ha  optado a nuevos proyectos en los Territorios Palestinos  Ocupados. 

jueves, 23 de marzo de 2023

ESTUDIO DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ARGENTINA: CASO PALESTINO







 ESTUDIO DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ARGENTINA: CASO PALESTINO

Con motivo del III Foro Mundial de DDHH, en Buenos Aires, Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) y Santiago González, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y antiguo miembro de la Secretaría Internacional de USO, han participado en diversos encuentros y reuniones con organizaciones sociales y de derechos humanos.

Además, de intercambio de experiencias e informaciones sobre asuntos jurídicos e incidencia sobre empresas que intervienen en la ocupación israelí en los Territorios Ocupados, como CAF y Mekorot, el principal objetivo ha sido explorar las posibilidades del sistema judicial argentino y la jurisdicción universal. Esto se hace tras comprobar que el sistema judicial israelí forma parte de la ocupación, dando cobertura legal'; el estudio de otros países que han cambiado sus normas de jurisdicción universal, como España; y la lentitud interesada de la Corte Penal Internacional en el caso palestino.

Para ello se han tenido encuentros con abogados y activistas en derechos humanos. También con los sindicatos argentinos, comunidad Palestina en Argentina y otras personalidades y altos funcionarios.…

Un encuentro emotivo ha sido con las madres de mayo y su testimonio de apoyo a la Causa Palestina y saber su compromiso con la lucha para que se haga justicia.

Entre las personas con las que se han tenido encuentros se pueden destacar a Horacio Pietragalla Corti, secretario de Estado sobre Derechos Humanos de Argentina; Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma;  Roberto Baradel, secretario Internacional de la CTA de los Trabajadores; Rafael Araya, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericanas y del Caribe; Riyad Alhalabi, embajador palestino en Argentina y diversos representantes de organizaciones españolas, portuguesas, italianas marroquíes, argentinas y latinoamericanas y personalidades presentes en los diversos actos del Foro de Derechos Humanos, como Baltasar Garzón, Enrique Santiago, Juan Carlos Monedero o Hana Jalloul.


iNFORMACIÓN III FORO MUNDIAL DDHH

miércoles, 22 de marzo de 2023

Presentación del libro: "Palestina: cien años de colonialismo y resistencia"de Rashid Khalidi.

 

 Presentación del libro: "Palestina: cien años de colonialismo y resistencia"





Presentación del libro: "Palestina: cien años de colonialismo y resistencia" 
de Rashid Khalidi.

Descubre cómo el movimiento BDS Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, 
se está convirtiendo en una herramienta clave en la lucha antiapartheid.

Ponentes: 
  • Luz Gómez, Catedrática de Estudios Árabes de la UAM.

  • Héctor Grad, Profesor de Antropología de la UAM y miembro de BDS.

Próximo 23 de marzo a las 19h en el Ateneo La Maliciosa, calle Peñuelas 12, Madrid. 
Metro Embajadores.

sábado, 18 de marzo de 2023

No puede haber democracia sin derechos humanos para todos


 No puede haber democracia sin derechos humanos para todos

9 de marzo de 2023

La lucha por la democracia debe basarse en la lucha contra la ocupación y el apartheid.
Las protestas contra la reforma judicial del gobierno israelí son cada vez más numerosas. La objeción a los planes del gobierno israelí de debilitar el poder judicial, socavar el principio de separación de poderes y acabar con otras señas de identidad del régimen democrático es, sin duda, urgente e importante, dadas las repercusiones sobre el futuro de millones de personas que viven entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

Pero Israel nunca ha sido una democracia: Durante décadas, millones de palestinos han vivido bajo la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza, despojados de derechos fundamentales y privados de libertades básicas. No están representados en el parlamento israelí y no pueden votar ni influir de ningún otro modo en los procesos de toma de decisiones que conforman y dictan cada detalle de sus vidas. Los palestinos y otros ciudadanos y residentes de Israel, especialmente los no judíos, también han sido objeto de discriminación sistémica y, en ocasiones, de algo mucho peor.

Mientras la atención se centra, con razón, en Cisjordania tras los recientes y violentos acontecimientos, incluido el pogromo llevado a cabo por colonos israelíes en Huwara, Gaza debe mantenerse en la conversación. Las medidas adoptadas por el gobierno israelí para reforzar su control sobre Cisjordania están inextricablemente vinculadas al aislamiento y la fragmentación de Gaza como parte de su política de separación, que pretende dividir a los palestinos que viven en Gaza de los palestinos de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y de Israel. Los crímenes perpetrados en Huwara, con el respaldo del ejército, son producto de la misma política israelí que niega a dos millones de residentes de Gaza el acceso a familiares, atención médica, medios de subsistencia y una vida digna.

El actual bombardeo legislativo refleja la intención del gobierno de afianzar un régimen de supremacía judía, intensificar la anexión de jure en Cisjordania y profundizar el aislamiento de Gaza. El gobierno también está trabajando incansablemente para erosionar aún más las pocas vías disponibles para proteger los derechos de los grupos minoritarios en Israel, incluidos sus ciudadanos palestinos, y de los 5,4 millones de palestinos que viven bajo la ocupación israelí en Gaza y Cisjordania.

Décadas de ocupación, desposesión y opresión, incluidos 16 años de asfixiante e ilegal cierre de Gaza, han demostrado sin lugar a dudas que Israel elude sus obligaciones para con los palestinos y se niega a reconocer su responsabilidad de proteger sus derechos básicos. Gisha sigue trabajando para proteger la libertad de circulación de los palestinos y los numerosos derechos que dependen de ella. Nos unimos a las protestas como parte del Bloque Antiocupación para hacer sonar este mensaje: No puede haber democracia sin derechos humanos para todos, incluido el derecho a la libertad de circulación. La lucha por la democracia debe estar enraizada en la lucha contra la ocupación y el apartheid.

PREGUNTA DEL BNG SOBRE COMERCIO DE ARMAS Y EMPRESAS ESPAÑOLAS COLONIZADORAS

  PREGUNTA DEL BNG SOBRE COMERCIO DE ARMAS Y EMPRESAS ESPAÑOLA COLONIZADORAS A LA MESA DEL CONGRESO  El diputado del BLOQUE NACIONALISTA GAL...