CAF y el tren ligero de Jerusalén: cinco afirmaciones
corporativas que desoyen el derecho internacional y los derechos humanos
Nuria Berro Fernández, responsable de campaña sobre
empresas y derechos humanos en Amnistía Internacional España,
Amnistía Internacional España, 11 de junio de 2026
Contenidos
·
1. La pretendida “neutralidad” de un proyecto que vulnera
el derecho internacional
·
2. Invocar estándares internacionales mientras se niegan
las obligaciones que generan
·
3. Debida diligencia intensificada, derechos humanos
ignorados
·
4. Compromiso formal con normativa de Naciones Unidas vs.
menosprecio a sus investigaciones
·
5. Compromiso de transparencia vs. falta de publicación de
informes
·
Recomendaciones de Amnistía Internacional
La empresa vasca Construcciones y
Auxiliar de Ferrocarriles S.A (CAF), que celebra este sábado 13 de junio su
junta anual de accionistas, lleva años menospreciando el derecho internacional
y los derechos humanos. CAF participa desde 2019 en la
ampliación de la red de tren ligero de Jerusalén, un proyecto
declarado ilegal por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que
une asentamientos israelíes ilegales entre sí y con Jerusalén Occidental.
En el último año, CAF ha sido señalada
por Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado desde
1967, en su informe De la Economía de la Ocupación, a la
economía del genocidio y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos la ha incluido en su base de datos de empresas con
actividades que plantean especial preocupación en materia de derechos humanos
por su actividad en Territorio Palestino Ocupado. Además, el pasado
mes de abril se hizo pública la denuncia ante la
Fiscalía presentada por seis organizaciones de la sociedad civil contra
directivos de CAF y la Fiscal ha abierto una investigación por
su posible participación en la comisión de crímenes internacionales.
A pesar de estos señalamientos, que se
suman a las reiteradas peticiones de
organizaciones como Amnistía Internacional, la compañía
mantiene su participación en el proyecto. Lejos de valorar la retirada
responsable en coherencia con su afirmación de respetar el derecho
internacional y los derechos humanos, CAF obvia las violaciones de derechos
humanos y menosprecia a organismos internacionales como Naciones Unidas en los
informes que se votarán en su junta de accionistas de 2026.
Tras un detallado análisis, Amnistía
Internacional ha contrastado las afirmaciones de CAF en estos informes e
identificado las siguientes afirmaciones que desoyen el derecho internacional y
los derechos humanos. En consecuencia hace un llamamiento a accionistas
para votar en contra de la aprobación de dichos informes, solicitar a la
compañía el inmediato abandono del proyecto y, en caso de no producirse,
retirar la inversión en CAF. Los argumentos rebatiendo las afirmaciones de
CAF se recogen en un documento que ha sido enviado a los accionistas de
referencia de la compañía: Cartera Social, S.A., Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación
Bancaria, Fundación Privada Daniel Bravo Andreu, Indumentaria Pueri S.L.
(Mayoral) y el Instituto Vasco de Finanzas (Gobierno Vasco). Amnistía
Internacional les ha solicitado a todos ellos una reunión para repasarlos y ha
reforzado el llamamiento a la desinversión.
Miembros de las fuerzas de seguridad
israelíes controlan el acceso en un puesto de control cercano a la Puerta de
los Leones, en Jerusalén, mientras personas musulmanas esperan para entrar en
el recinto de la mezquita de Al Aqsa antes de la oración del viernes. La imagen
fue tomada en el contexto del conflicto entre Israel y Hamás. © Saeed Qaq / SOPA
Images
1. La pretendida “neutralidad” de un proyecto que
vulnera el derecho internacional
El proyecto de tranvía no puede
considerarse una simple iniciativa de movilidad urbana como las que CAF
desarrolla en ciudades como Madrid, Bilbao o Barcelona, entre muchas otras en
todo el mundo. El proyecto contribuye a la vida en los asentamientos, a su
crecimiento y sostenibilidad económica y facilita el movimiento de la población
colona. Los asentamientos israelíes son ilegales. Lo dicen claro el IV Convenio de Ginebra, la Corte Internacional de Justicia o
la Unión Europea, entre
otros. Con su participación en el proyecto de tren ligero, CAF
está facilitando las violaciones del derecho internacional por parte de
Israel y de los derechos humanos de las personas palestinas, apoyando la
consolidación de la brutal ocupación de Israel y su sistema de apartheid.
CAF afirma que el proyecto contribuye a la
movilidad de las personas, sin discriminación. Sin embargo, obvia el hecho de
que los movimientos de la población palestina están fuertemente restringidos,
elemento estructural del sistema de apartheid israelí sobre Cisjordania,
incluida Jerusalén Oriental. Las restricciones dependen del estatus
administrativo y legal otorgado por Israel y en el caso de las personas
palestinas residentes en Jerusalén Oriental, anexionada ilegalmente por Israel
en 1980, no tienen libre acceso a los asentamientos sino que solo pueden entrar
en ellos previa autorización de las autoridades israelíes por motivos
específicos.
Ninguna actividad económica es neutral,
pero mucho menos una que contribuye a la vulneración de los derechos humanos.
2. Invocar estándares internacionales mientras se
niegan las obligaciones que generan
CAF insiste en que asume su
responsabilidad de respetar los derechos humanos, basándose para ello en los estándares
marcados por Naciones Unidas y la OCDE, entre otros instrumentos. Al mismo
tiempo destaca la opinión de especialistas que ha consultado y que afirman que
estos textos no son vinculantes para una empresa. Es decir, respetar los
derechos humanos se convierte así para la compañía en opcional, lo que queda
muy lejos de la intención expresada de asumir su responsabilidad.
La obligación de las empresas de respetar
los derechos humanos está consolidada en el derecho internacional y
recogida entre otras en directivas de la Unión Europea.
3. Debida diligencia intensificada, derechos humanos
ignorados
CAF afirma haber aplicado la debida
diligencia que es el proceso por el cual las empresas toman todas las medidas
necesarias y eficaces para identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas y
responder por los impactos negativos, reales o potenciales de sus propias
actividades o las de su cadena de valor. Pero en ningún momento ha hecho
públicos los mecanismos supuestamente activados, tanto antes de la licitación
del proyecto como posteriormente durante su ejecución, y que sostienen su
afirmación de no estar contribuyendo a violaciones de derechos humanos.
Un proceso riguroso de debida diligencia
no puede obviar que Naciones Unidas y la Unión Europea ya habían declarado como
ilegales los asentamientos israelíes y el Consejo de Derechos Humanos había
pedido el cese del proyecto del tranvía desde 2016, ni tampoco las denuncias de
organizaciones como Amnistía Internacional.
CAF no puede sostener que sus operaciones
carecen de impactos en derechos humanos, dado que su análisis omite elementos
esenciales del contexto, los riesgos asociados a la ocupación militar y las
obligaciones internacionales de debida diligencia que le competen. La
condición ilegal de los asentamientos y los abusos graves, generalizados y
sistemáticos contra los derechos humanos que se cometen como consecuencia de su
existencia misma hacen del todo imposible que las empresas comerciales
desarrollen actividades empresariales en los asentamientos de una manera
compatible con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Hasta la fecha, CAF no ha presentado públicamente
evidencia suficiente que la exima de responsabilidad por su eventual
contribución a vulneraciones de derechos humanos, limitándose a formular
declaraciones genéricas.
Trabajadores de la construcción participan
en las obras de la Línea Verde del tren ligero de Tel Aviv, en el norte de la
ciudad. El proyecto incluye la construcción de un puente y una estación como
parte de la ampliación de la red de transporte público. © Chen Junqing /
Xinhua.
4. Compromiso formal con normativa de Naciones Unidas
vs. menosprecio a sus investigaciones
En 2025, el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, tras la pertinente investigación, incorporó a
CAF a la lista de más de 100 empresas que participan en actividades
que plantean especial preocupación en materia de derechos humanos.
Los motivos son tres:
·
el suministro
de equipos y materiales que facilitan la construcción y expansión de los
asentamientos;
·
la prestación
de servicios de apoyo a su mantenimiento;
·
la
utilización de recursos naturales para fines empresariales.
CAF resta importancia a esta inclusión
argumentando que no conlleva ninguna calificación jurídica. Sin embargo, el
hecho de que no genere sanciones ni efectos jurídicos no exime a la empresa de
reconocer la gravedad de la situación ni de asumir su responsabilidad y
proceder a una retirada responsable.
5. Compromiso de transparencia vs. falta de
publicación de informes
La empresa no ha dado cumplimiento
efectivo ni a sus propios compromisos internos de transparencia ni a las
exigencias derivadas de la debida diligencia en materia de derechos humanos que
incluyen una comunicación detallada en todo lo referido al análisis de riesgos,
los informes encargados a terceras personas expertas y las medidas adoptadas
para prevenir y mitigar los riesgos identificados.
De esta manera, está incumpliendo su
compromiso de transmitir información financiera y no financiera de forma
completa y veraz para que la toma de decisiones de los inversores se pueda
basar en el conocimiento y la comprensión.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
A CAF:
·
Suspender de
inmediato su provisión de productos y servicios al tren ligero de Jerusalén que
conecta el territorio israelí con asentamientos en el Territorio Palestino
Ocupado,
·
No optar a
ningún otro contrato público que pueda contribuir a la ocupación ilegal de
territorio palestino por parte de Israel.
A LOS INVERSORES:
·
Requerir a
CAF la retirada responsable del proyecto, instándole a adoptar las medidas
necesarias para su desvinculación del mismo.
·
En caso de
que la empresa no proceda en tal sentido, se recomienda proceder a la
desinversión responsable, en atención a los riesgos jurídicos, reputacionales y
de derechos humanos identificados.
·
Votar en
contra de la aprobación del informe anual y del informe de información no
financiera en el marco de la Junta de Accionistas.
A LA EMPRESA AUDITORA:
·
Proceder a
una revisión exhaustiva del contenido del informe a la luz de los elementos y
argumentos expuestos, a fin de evaluar su suficiencia, consistencia y
adecuación a los estándares internacionales aplicables en materia de derechos
humanos y debida diligencia empresarial.
A LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA:
·
Revisar la
calificación otorgada a la empresa a la luz de los presentes elementos,
valorando el impacto potencial de los riesgos asociados en materia de derechos
humanos, cumplimiento normativo y sostenibilidad, de conformidad con sus
metodologías de evaluación de riesgo.
INFORME COMPLETO
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