Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un nuevo expediente contra Israel en el que acusa al Gobierno israelí de incumplir las medidas provisionales ordenadas por el máximo tribunal de Naciones Unidas para prevenir la comisión de un genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.
La presentación profundiza la ofensiva jurídica iniciada por Pretoria a fines de diciembre de 2023, cuando recurrió a la CIJ amparándose en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y acusó a Israel de cometer actos de carácter genocida durante su operación militar en Gaza.
El conflicto comenzó después de los ataques perpetrados por Hamás y otras milicias palestinas contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que dejaron alrededor de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados. Israel respondió con una amplia campaña militar sobre la Franja de Gaza, dando inicio a una guerra que se convirtió en uno de los principales focos de tensión de Medio Oriente y que posteriormente tuvo repercusiones en Líbano, Siria, Yemen, Irán y el mar Rojo.
Las medidas ordenadas por la CIJ
A partir de la demanda sudafricana, la CIJ ha dictado sucesivas medidas provisionales jurídicamente vinculantes para Israel. Entre ellas figura la obligación de adoptar las acciones necesarias para impedir actos comprendidos dentro de la Convención sobre Genocidio, evitar y sancionar la incitación directa y pública al genocidio y facilitar las condiciones para el ingreso de asistencia humanitaria.
El tribunal también ha ampliado sus disposiciones a medida que se deterioraron las condiciones humanitarias en Gaza. Sin embargo, la CIJ carece de mecanismos propios para ejecutar sus resoluciones, por lo que su cumplimiento depende en gran medida de los Estados y de la actuación de los órganos políticos de Naciones Unidas.
El pasado 25 de agosto, Sudáfrica entregó un extenso expediente en el que sostiene que Israel ha incumplido de manera sistemática estas obligaciones.
Pretoria asegura que, incluso después del alto el fuego declarado en octubre de 2025, la población civil ha continuado sufriendo las consecuencias de las operaciones militares. Entre los antecedentes incorporados al documento, el Gobierno sudafricano afirma que desde entonces ha muerto, en promedio, un niño al día en Gaza a manos de las fuerzas israelíes.
Pretoria promete continuar la ofensiva judicial
Sudáfrica recordó que las órdenes dictadas por la CIJ tienen carácter vinculante y sostuvo que la comunidad internacional también tiene obligaciones derivadas de la Convención sobre Genocidio para prevenir y sancionar este crimen.
Ante lo que considera un incumplimiento israelí, el Gobierno sudafricano anunció que seguirá explorando las vías jurídicas disponibles para conseguir que Israel aplique «de forma plena e inmediata» las decisiones del tribunal.
Pretoria también advirtió que el caso excede la situación particular de Gaza, pues considera que está en juego la capacidad de la CIJ para hacer valer sus decisiones y, con ello, la legitimidad del sistema internacional de justicia.
Un proceso abierto desde enero de 2024
La disputa judicial tuvo uno de sus principales hitos el 26 de enero de 2024, cuando la CIJ ordenó por primera vez medidas provisionales en respuesta a la demanda sudafricana. El tribunal no determinó entonces que Israel estuviera cometiendo genocidio —una cuestión que corresponde resolver en la sentencia sobre el fondo—, pero consideró necesario proteger provisionalmente determinados derechos de la población palestina contemplados en la Convención sobre Genocidio.
Posteriormente, ante el agravamiento de la crisis humanitaria, la corte emitió nuevas disposiciones. En marzo de 2024 ordenó garantizar sin demora la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria a gran escala, mientras que en mayo de ese año adoptó nuevas medidas relacionadas con la ofensiva israelí sobre Rafah.
El procedimiento impulsado por Sudáfrica se convirtió desde entonces en uno de los principales frentes jurídicos internacionales derivados de la guerra de Gaza. Otros países han respaldado o buscado intervenir en el proceso, ampliando la dimensión diplomática del litigio.
En paralelo, la guerra desencadenó otros procedimientos ante organismos judiciales internacionales y profundizó las divisiones diplomáticas respecto de Israel y Palestina. Mientras Pretoria mantiene que existen fundamentos para aplicar la Convención sobre Genocidio, Israel ha rechazado reiteradamente esa acusación y sostiene que sus operaciones militares responden al derecho de defenderse frente a Hamás.
La presentación del nuevo expediente no implica una resolución definitiva de la CIJ sobre la acusación de genocidio. El procedimiento sobre el fondo continúa abierto y será el tribunal el que deberá determinar finalmente si Israel incurrió en responsabilidad internacional bajo la Convención de 1948.
La nueva actuación sudafricana busca, entretanto, mantener la presión sobre el cumplimiento de las medidas provisionales y situar nuevamente la conducta de Israel en Gaza en el centro del debate jurídico internacional.
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