Maquinaria israelí demuele un edificio en Hebrón, Cisjordania (REUTERS/Mussa Qawasma)
Castigo colectivo en Hebrón: familias palestinas expulsadas de sus hogares
El equipo de Friends of Hebron
Las fuerzas israelíes están arrasando barrios palestinos en Hebrón y expulsando por la fuerza a familias de sus hogares. Se ha expulsado a 411 familias, lo que supone al menos 2.500 personas, y muchas más se encuentran en situación de riesgo en los barrios de Ein Deir Baha y Farsh al-Hawa. Entre ellas hay personas con discapacidad, enfermedades crónicas, madres lactantes, personas mayores y bebés.
«Actuaremos para destruir este lugar, para cambiarlo por completo», amenazó el primer ministro israelí, Netanyahu, tras un atentado que el 23 de octubre acabó con la vida de dos soldados israelíes destinados en un puesto de control cerca de Hebrón.
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Zona afectada: octubre de 2026. Familias afectadas por las expulsiones en Hebrón
El ejército israelí ha impuesto un bloqueo total en Cisjordania, y toda la población de la ciudad, compuesta por 250 000 residentes, se encuentra sitiada. El ejército ha demolido con excavadoras viviendas familiares y tiendas, y vehículos militares patrullan las calles exigiendo la evacuación inmediata a través de altavoces. Los soldados están realizando redadas y destrozando viviendas y oficinas, y utilizan los edificios como puestos militares avanzados. No se ha proporcionado ningún refugio a las familias obligadas a abandonar sus hogares por la noche.
Mira un vídeo grabado el 24 de octubre de 2026 en Hebrón que muestra la destrucción: https://www.youtube.com/
Issa Amro, reconocido defensor palestino de los derechos humanos, describe cómo no pudo salir de su casa en Hebrón, mientras que su propia hermana, Hayat, fue una de las personas obligadas a abandonar su hogar junto con sus siete hijos. «Hacemos un llamamiento urgente a la ONU, a los gobiernos internacionales y a las organizaciones humanitarias para que actúen ya: protejan a la población civil, exijan el fin de las demoliciones ilegales y las restricciones colectivas, y garanticen el acceso seguro a los suministros esenciales y a los servicios de emergencia», declaró Amro.
Tanto él como la organización Working for Peace and Justice / Friends of Hebron reclaman el regreso inmediato de las familias a sus hogares y la reconstrucción de las viviendas que fueron demolidas.
Las familias afectadas no tienen ninguna relación con el atentado, pero se enfrentan a un castigo colectivo. La operación puede considerarse un intento de Netanyahu de ganarse el voto de los electores de cara a las elecciones israelíes del 27 de octubre, al tiempo que constituye un medio para ampliar el control militar israelí sobre Hebrón como preparación para una toma militar del control y la expansión de los asentamientos.
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Ein Deir Baha y Farsh al-Hawa se encuentran en H1, la parte de Hebrón equivalente a la Zona A, que está bajo el control de la Autoridad Palestina en la Cisjordania en general. La operación militar pone de manifiesto las crecientes incursiones de Israel en la Zona A, lo que socava los Acuerdos de Oslo y supone un paso más hacia la anexión de Cisjordania.
Se prevé que el confinamiento perturbe gravemente la vida cotidiana e impida la cosecha de aceitunas en Hebrón y en el resto de Cisjordania, algo que se ha negado casi por completo a los palestinos en los últimos años.
«No hay que olvidarse de Hebrón. Necesitamos medidas urgentes, no solo declaraciones de preocupación», afirmó Amro.
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Israel desplaza por la fuerza a 2.500 palestinos, impone castigos colectivos y lleva a cabo actos de represalia generalizados contra la población civil en Hebrón
PCHR, 24 de octubre de 2026
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) condena enérgicamente la imposición, por parte de las Fuerzas de Ocupación Israelíes (IOF), de castigos colectivos y medidas de represalia generalizadas contra la población civil palestina en Hebrón, en el sur de Cisjordania. Estas medidas incluyen el cierre de las entradas a la ciudad, el aislamiento de sus barrios, la demolición de viviendas e instalaciones comerciales, la confiscación de vehículos y el desplazamiento forzoso de cientos de familias de sus hogares, además de campañas de detenciones masivas y ataques contra la población civil.
El PCHR subraya que estas medidas forman parte de una política israelí recurrente destinada a socavar la propia presencia de los palestinos mediante el endurecimiento de las restricciones a los residentes, la destrucción de sus propiedades, su desplazamiento forzoso de sus hogares y la imposición de una realidad coercitiva que erosiona sus derechos fundamentales. El PCHR subraya además que el hecho de aprovechar el tiroteo ocurrido cerca de la entrada norte de la ciudad para justificar el castigo colectivo, el desplazamiento forzoso de los residentes y la destrucción de sus bienes no proporciona ningún fundamento jurídico para estas violaciones y no exime a Israel de sus obligaciones para con la población civil, que son personas protegidas en virtud del Derecho internacional humanitario.
Según la información recopilada por los investigadores de campo del PCHR, un importante contingente de las Fuerzas de Defensa de Israel (IOF) irrumpió en Hebrón alrededor de las 08:00 horas del viernes 23 de octubre de 2026, cerró las entradas principales y secundarias de la ciudad e impuso restricciones a la circulación, fragmentando el centro de la ciudad y aislándola de las localidades y pueblos circundantes. Estas medidas se produjeron tras un tiroteo cerca de la entrada norte de la ciudad, junto a la carretera de circunvalación 35, en el que murieron dos palestinos de la familia al-Ja’bi y dos soldados israelíes. Aproximadamente una hora y media después de que comenzara la incursión, llegaron refuerzos militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FOI) a la zona de Farsh al-Hawa, cerca de la entrada norte y de la carretera de circunvalación, acompañados de excavadoras y bulldozers. Las Fuerzas de Defensa de Israel procedieron a demoler y arrasar propiedades e instalaciones civiles, incluida una parcela de 17 dunums (17.000 m2) utilizada como patio por una empresa de azulejos y cerámica propiedad de la familia al-Qawasmi. Las Fuerzas de Defensa de Israel demolieron los muros que rodeaban el patio y una casa de tres plantas perteneciente a Riyadh ‘Ezzam Mahmoud Imreish, a pesar de que este había obtenido una orden judicial provisional tras una notificación previa emitida por la Administración Civil israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel también demolieron un local comercial dedicado a la venta de recambios de automóvil. Las Fuerzas de Defensa de Israel confiscaron todos los vehículos aparcados en el patio y en el garaje, los cargaron en camiones y se los llevaron a un destino desconocido. Las Fuerzas de Defensa de Israel también cerraron completamente la carretera e impidieron a los propietarios acceder a sus propiedades mientras continuaban las operaciones de demolición y arrasamiento.
Hacia las 23:30 de ese mismo día, llegaron refuerzos adicionales de las Fuerzas de Defensa de Israel (IOF) a las zonas de Deir Bahah, el cruce de Khabbab y el cruce de al-Jeldah. Las IOF comenzaron a ordenar a los residentes, a través de altavoces, que evacuaran sus hogares de inmediato. Las familias se vieron obligadas a recoger todas las pertenencias que pudieron y abandonar la zona, que las Fuerzas de Defensa de Israel acordonaron por completo, estableciendo controles militares en todas las salidas y cruces que conducían fuera de la zona y sometiendo a registros tanto a los vehículos como a los residentes que huían a pie.
Un residente contó al investigador de campo del PCHR que había evacuado su hogar junto con su familia tras escuchar las órdenes de evacuación. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IOF) los detuvieron en uno de los cruces, registraron su vehículo y comprobaron su documento de identidad antes de permitirles continuar, sin informarles de cuándo se les permitiría regresar a sus hogares. Afirmó que él y su familia se alojaban ahora en casa de un familiar. Añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel (IOF) habían comunicado a algunos residentes que permanecerían en la zona durante varios días, mientras que a otros se les había dicho que las medidas podrían durar seis meses. Estas declaraciones contradictorias han agravado el miedo y la incertidumbre entre las familias obligadas a abandonar sus hogares sin saber cuándo podrán regresar.
Según las estimaciones iniciales publicadas por el Ayuntamiento de Hebrón, las Fuerzas de Defensa de Israel (IOF) desplazaron por la fuerza a unas 500 familias, lo que supone unas 2.500 personas, de sus hogares en una zona que abarca aproximadamente 350 dunums (3,5 Hectáreas), tal y como se indica en un mapa publicado por el Ayuntamiento. En el momento de redactar este informe, la zona sigue sometida a estrictas restricciones militares impuestas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en medio de contínuas redadas y registros de viviendas. Durante estas operaciones, las FDI saquearon el contenido de las casas y colocaron banderas en las viviendas registradas, marcando cada una de ellas con un letrero rojo una vez finalizado el registro.
En la madrugada del sábado 24 de octubre de 2026, las Fuerzas de Defensa de Israel (IOF) lanzaron una campaña de detenciones a gran escala en el centro de la ciudad de Hebrón y en las aldeas, pueblos y campos de refugiados cercanos, deteniendo a decenas de palestinos y trasladándolos a los campamentos y centros militares de las IOF situados en las afueras de la ciudad para ser interrogados. Varios detenidos fueron puestos en libertad en las primeras horas de la mañana.
M. Sh. contó al investigador de campo del PCHR que las Fuerzas de Defensa de Israel (IOF) irrumpieron en su vivienda, situada en el centro de la ciudad, alrededor de la 01:00 y lo subieron a un vehículo militar en el que ya se encontraban varios detenidos más. A continuación, fueron trasladados a un puesto militar cercano a la entrada del campo de refugiados de al-Fawwar, al sur de Hebrón. Afirmó que permaneció retenido allí hasta las 07:00, tiempo durante el cual varios detenidos fueron agredidos y los soldados los amenazaron antes de ponerlos en libertad en el mismo lugar.
El PCHR expresa su profunda preocupación por el alcance cada vez mayor de las medidas israelíes en Hebrón, su rápida escalada en menos de 24 horas y las informaciones según las cuales se habría comunicado a algunos residentes que las restricciones podrían mantenerse durante seis meses. Estos acontecimientos suscitan serias inquietudes de que las medidas puedan sentar un precedente para acciones similares en ciudades y pueblos de toda Cisjordania, especialmente en medio de las repetidas amenazas de altos cargos políticos israelíes de imponer medidas comparables en otros lugares.
El PCHR subraya que la situación actual en Hebrón no puede considerarse aisladamente del contexto más amplio de las políticas israelíes en toda Cisjordania, que incluyen las demoliciones de viviendas, el desplazamiento forzoso de comunidades palestinas, la expansión de los asentamientos, los cierres y las restricciones a la libertad de circulación. En su opinión consultiva del 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal. La CIJ sostuvo que Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado, cesar inmediatamente toda actividad de asentamiento y derogar toda la legislación y las medidas que mantienen la situación ilegal.
En consecuencia, el PCHR insta a la comunidad internacional a que adopte medidas urgentes para ejercer presión sobre Israel y obligarle a poner fin de inmediato a todas las medidas de castigo colectivo impuestas a Hebrón y a sus residentes; a revocar las órdenes de evacuación; a permitir que las familias regresen sanas y salvas a sus hogares; a levantar los cierres impuestos en las entradas y carreteras de la ciudad; a detener las demoliciones y las operaciones de arrasamiento; y a cesar la confiscación de vehículos y bienes.
El PCHR insta a todas las Altas Partes Contratantes de los cuatro Convenios de Ginebra a que cumplan con sus obligaciones en virtud del artículo 1 común de respetar y garantizar el respeto de los Convenios en todas las circunstancias. Esto les exige adoptar medidas concretas para poner fin a las violaciones en curso, garantizar el respeto y la protección de la población civil palestina y sus bienes, poner fin a la ocupación ilegal de Israel y garantizar el ejercicio por parte del pueblo palestino de sus derechos inalienables, incluido el derecho a la autodeterminación.
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