jueves, 2 de diciembre de 2021

Suecia se opone a la apelación del Consejo sobre la sentencia relativa al Sáhara Occidental

 En una medida que no sorprendió a nadie, el Consejo de la UE recurrió la reciente anulación del Tribunal de Justicia de la UE del comercio y la pesca en el Sáhara Occidental ocupado. Pero el Consejo no fue unánime.


 wsrw29 noviembre 2021

Western Sahara Resource Watch ha sabido que Suecia ha votado en contra de la decisión del Consejo de la UE de recurrir la sentencia de septiembre del Tribunal General de la Unión Europea, que anuló tanto el acuerdo agrícola como el acuerdo pesquero UE-Marruecos en la medida en que se aplicaban al Sáhara Occidental ocupado.

La objeción sueca al recurso está en línea con la posición declarada del país de que los acuerdos bilaterales UE-Marruecos no deben extenderse al Sáhara Occidental. En 2018, Suecia fue el único Estado miembro de la UE que objetó la práctica que la UE había adoptado en respuesta a sentencias anteriores del Tribunal de Justicia de la UE que ya habían invalidado la aplicación de los acuerdos UE-Marruecos a la última colonia de África: el enfoque de añadir una enmienda a los acuerdos impugnados para incluir explícitamente al Sáhara Occidental en su ámbito geográfico, sin el consentimiento del pueblo del territorio. Suecia explicó su negativa a respaldar tales enmiendas afirmando que "no se han cumplido los requisitos legales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", ya que "organizaciones vitales que representan al pueblo del Sáhara Occidental no han dado su consentimiento".

El Gobierno sueco buscó apoyo en el Parlamento para su posición de votar en contra de la apelación, y señaló que el fallo del 29 de septiembre de 2021 "está de acuerdo con fallos anteriores y con la posición del Gobierno [sueco], en el sentido de que un tratado no puede crear obligaciones o derechos para terceros sin su consentimiento y que, por tanto, los acuerdos no pueden celebrarse sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Por lo tanto, el Gobierno tiene la intención de votar no a la apelación de las sentencias”. Ninguna de las partes se opuso a esta posición.

Que el pueblo del Sahara Occidental dé su consentimiento a los acuerdos de la UE que afectan a su territorio, fue la conclusión que había emitido el Tribunal de Justicia de la UE en la apelación del Consejo de la UE sobre la sentencia de 2015 que anulaba el acuerdo agrícola UE-Marruecos en el Sáhara Occidental. Fue la primera de las cinco sentencias consecutivas del Tribunal de Justicia de la UE que han llegado a la misma conclusión: como Marruecos no tiene soberanía ni mandato de administración sobre el Sáhara Occidental, y dado el estatus separado y distinto del territorio en relación con cualquier otro país en el mundo, la UE no puede incluirlo en sus acuerdos con Marruecos. Hasta ahora, el Consejo solo había apelado contra esa primera sentencia del Tribunal General de la UE de 2015, luego respaldada por un Consejo unánime, ya que varios Estados miembros, según se informa, citaron la importancia de agotar todo el procedimiento legal para tener total claridad sobre el asunto.

WSRW no tiene conocimiento de otras posibles posiciones divergentes expresadas por otros Estados miembros de la UE.

Como consecuencia de los recursos de casación interpuestos, ambos acuerdos que estaban sujetos a la sentencia de septiembre de 2021, el acuerdo comercial y el de pesca, seguirán aplicándose al Sáhara Occidental hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se haya pronunciado. Se espera que el proceso tarde un año más.

El Frente Polisario, el representante del pueblo del Sáhara Occidental reconocido por la ONU y la otra parte en los asuntos del Tribunal de la UE, ha condenado la decisión de recurrir. “Demuestra la conspiración de algunos partidos europeos con el ocupante marroquí, para seguir saqueando las riquezas del pueblo saharaui, y atestigua el intento de entorpecer el proceso de descolonización”, se lee en un comunicado oficial de prensa.

El recurso de casación ya había sido aprobado provisionalmente a nivel de los embajadores de los Estados miembros de la UE (COREPER) el 10 de noviembre, pero aún requería la aprobación a nivel ministerial. Eso fue logrado el 19 de noviembre durante la reunión de los Ministros de Desarrollo de la UE. La aprobación del COREPER se produjo pocos días después de que el rey de Marruecos emitiera una clara amenaza frente a la Unión. Al celebrar la invasión marroquí del Sáhara Occidental el 6 de noviembre, el rey declaró que “quiero decirles a quienes tienen actitudes ambiguas o ambivalentes, que Marruecos no tendrá con ellos ninguna transacción económica o comercial en la que el Sáhara marroquí no esté incluido”.

La UE considera a Marruecos un importante socio comercial e inversor. Como señalaron los funcionarios de la Comisión Europea en audiencias en el Parlamento Europeo a finales de octubre, Marruecos es “el primer socio comercial en la vecindad sur, y el vigésimo en general. El comercio entre la UE y Marruecos tiene un valor de 35.000 millones de euros: el valor de los bienes que se intercambian. Esta fue la cifra en 2020, por lo que de hecho es una relación importante y considerable".

La decisión de apelar se produce en medio de una mayor tensión sobre cuestiones migratorias entre la UE y Marruecos. A finales de octubre, se filtró el Plan de Acción de la Comisión sobre migración con países socios; uno de esos socios es Marruecos. El borrador recomienda que se implemente "una asociación de iguales" con Marruecos "a través del diálogo, el reparto de responsabilidades, la confianza mutua y el respeto". Describe a Marruecos como "un socio importante en la vecindad del sur" y califica la cooperación bilateral en materia de migración como "sólida y duradera". A raíz del aumento de los flujos migratorios desde Marruecos y el Sáhara Occidental hacia Europa, el documento destaca la necesidad de un "compromiso reforzado de Marruecos".

El recurso de casación se dirige contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 29 de septiembre de 2021, que anula la decisión del Consejo de la UE de ampliar tanto el Acuerdo Agrícola como el Acuerdo Pesquero UE-Marruecos al Sáhara Occidental. Fue la quinta sentencia consecutiva del Tribunal de Justicia de la UE sobre la práctica de aplicar los acuerdos UE-Marruecos al territorio. Todas esas sentencias concluyeron que el Sáhara Occidental tiene un estatus separado y distinto de Marruecos y, como tal, debe considerarse como un tercero en cualquier acuerdo UE-Marruecos. Extender el alcance territorial de cualquier acuerdo de este tipo al territorio requiere necesariamente el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a través de sus representantes, repitió el Tribunal, y agregó que las consultas de la población local realizadas por las instituciones de la UE no cumplieron con ese requisito, como ya fue denunciado en su momento, entre otros por Western Sahara Resource Watch.

ALSTOM y CAF se lucran con la ocupación de Palestina COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LA CAUSA ÁRABE 01/12/2021

 Con motivo de la Feria Rail Live celebrada en Madrid entre los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se exhibió una pancarta y se repartieron octavillas con este contenido por parte de miembros del CSCA.




El 12 de febrero de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo pública la Base de Datos con la relación de empresas que se lucran con la ocupación, actuando en los Territorios Ocupados Palestinos de 1967. Entre las mencionadas se encuentran ALSTOM y Shapir, empresa constructora israelí.

Shapir y CAF ganaron un concurso realizado por las autoridades de ocupación, en contra de la representación palestina, para ampliar y construir un tren ligero entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas, facilitando la movilidad y transferencia de la población de la potencia ocupante al territorio ocupado, previamente expropiado y, en muchos casos, como en el barrio de Shu’afat, con expulsión de sus vecinos palestinos.

39 organizaciones han reclamado a las Naciones Unidas que incluyan a CAF en ese listado.

Se ha pedido a Renfe y otras operadoras de metro o tranvía o de autobuses que no contraten a Alstom y a CAF (y su filial de autobuses Solaris) mientras sigan vulnerando los derechos humanos y el derecho internacional.


miércoles, 1 de diciembre de 2021

Concentración solidaria con el pueblo palestino para exigir a las instituciones y agentes vascas que pongan fin a su complicidad con la colonización israelí en Bilbo.


Al grito de «Palestina askatu» contra la represión israelí
Contra la complicidad de CAF

 Fuente: ecuadoretxea

Concentración solidaria con el pueblo palestino para exigir a las instituciones y agentes vascas que pongan fin a su complicidad con la colonización israelí en Bilbo.

El pueblo palestino lleva más de 70 años resistiendo a las políticas de ocupación militar, colonización, apartheid y limpieza étnica en las que se sustenta el proyecto sionista de la creación del Estado de Israel. Desde su creación ha ido ocupando y anexionando cada vez más tierras y sometiendo a la población palestina a través de continuos ataques, represión, restricciones de movimiento, discriminación, castigos colectivos y numerosas violaciones de derechos humanos y derecho internacional.

Este régimen no se podría mantener sin la complicidad y apoyo de grandes potencias y empresas multinacionales que contribuyen material y simbólicamente con las graves violaciones a los derechos del pueblo palestino. A pesar de que en Euskal Herria siempre ha existido una cercanía y solidaridad con la lucha del pueblo palestino, también son numerosas las muestras de complicidad con la colonización sionista a nivel institucional, cultural y deportivo, o comercial, como es el caso de la empresa CAF.

CAF fue seleccionada para encargarse de la expansión de una red de tranvía que conecta Jerusalén Oeste con las colonias israelíes en el territorio palestino ocupado, particularmente en Jerusalén Este. Estas colonias son ilegales según el derecho internacional y así lo ratifican numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Convención de Ginebra y otros organismos internacionales de derechos humanos. Además, las colonias se consideran un crimen de guerra bajo el estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional.

El proyecto del tranvía quebranta el derecho internacional porque fortalece el control de Israel sobre tierra palestina ocupada incluyendo Jerusalén Este. Con su participación, CAF está contribuyendo a las graves violaciones israelíes del derecho internacional y de los derechos humanos palestinos. Este caso tiene una relevancia particular para nosotras ya que el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca tiene acciones en CAF y debería asegurar que el dinero público, nuestro dinero, no vaya a apoyar la ocupación ilegal israelí del territorio palestino.

Este año, hemos vuelto a ver como Israel reprime con violencia protestas en la explanada de las mezquitas y ocupa lugares santos para los musulmanes. Estos hechos nos volvieron a dejar con la imagen de represión que tuvo su mayor impacto en los bombardeos masivos de gaza, donde más de 243 palestinos, entre ellos 65 niños perdieron la vida.

En 2021, Israel ha recrudecido su ofensiva en contra de las organizaciones de la sociedad civil, hemos sido testigos del injusto encarcelamiento de Juana Sánchez, trabajadora, y varios compañeros de diversas ONGs. La acusación de terrorismo a 6 organizaciones palestinas defensoras de los derechos humanos y la huelga de hambre de presos palestinos como protesta ante las detenciones administrativas, un sistema por el que Israel arresta a sospechosos sin cargos, juicio o fechas de liberación.

Ahora más que nunca es imprescindible tomar una postura clara y eficaz en solidaridad con el pueblo palestino las organizaciones de derechos humanos, y exigir a las instituciones y agentes vascas, como la empresa CAF, que pongan fin a su complicidad con la colonización israelí. Porque Palestina no está sola y porque queremos una Euskal Herria libre de complicidades con el sionismo. Ese es el lado correcto de la historia.


Herri palestinarrak 70 urte baino gehiago daramatza Israelgo Estatuaren sorrera eta sionismoari aurre egiten. Estatu hau okupazio militarraren politikan, kolonizazioan, apartheidean eta garbiketa etnikoan oinarritua dago. Israel sortu zenetik, orduan eta lur gehiago okupatzen eta anexionatzen joan da eta herri palestinarra etengabe erasotu, zapaldu, mugimendua murriztu, diskriminatu eta zigortu du, baita giza eskubideen eta nazioarteko zuzenbidearen aurkako urraketa ugari egin ere.

Potentzia handien eta enpresa multinazionalen konplizitate eta laguntzarik gabe, erregimen hori ezingo litzateke mantendu eta herri palestinarraren eskubideen urraketak ere ez lirateke posible izango. Euskal Herrian beti egon da herri palestinarraren borrokarekiko hurbiltasuna eta elkartasuna. Halere, sionismoarekin konplizitatea erakusten dutenak ere asko dira bai erakunde, kultura, kirol, edo merkataritza-mailan,  CAF enpresaren kasuan bezala.

CAF tranbia-sare baten hedapenaz arduratzeko aukeratu zuten. Sare honek Jerusalem eta Israelgo kokaguneak lotzen ditu Palestinako lurralde okupatuan. Kokagune hauek legez kanpokoak dira zuzenbidearen arabera eta hala berresten dute Nazio Batuen hainbat ebazpenek, Gorteak, Nazioarteko Justizia Batzordeak, Genevako Konbentzioak eta nazioarteko giza eskubideen aldeko erakunde batzuk ere. Gainera, kokaguneak gerra-krimentzat hartzen dira Nazioarteko Zigor Auzitegiaren Erromako Estatutuaren baitan.

 Tranbiaren proiektuak nazioarteko zuzenbidea hausten du Israelek Palestinako lur okupatuaren gaineko kontrola indartzen duelako, Ekialdeko Jerusalem barne. Bere parte-hartzearekin, CAF nazioarteko zuzenbidearen eta Palestinako giza eskubideen urraketa israeldarrei laguntzen ari da. Kasu honek garrantzi berezia du guretzat; izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak akzioak ditu CAFen, eta ziurtatu beharko luke diru publikoak, gure diruak, ez duela lagunduko Israelek lurralde palestinarra legez kanpo okupatzen.

Aurten, berriz ere ikusi dugu Israelek indarkeriaz zapaltzen dituela protestak meskiten zelaigunean, eta musulmanentzako leku santuak hartzen dituela. Gertaera horiek berriro utzi gintuzten errepresio irudiarekin, zeinak eragin handiena izan baitzuen gaza-bonbardaketa masiboetan; izan ere, 243 palestinar baino gehiago hil ziren, horien artean 65 haur.

2021ean, Israelek gogortu egin du gizarte zibileko erakundeen aurkako erasoa, Juana Sánchez langilea eta hainbat GKEetako lankideak bidegabeki espetxeratu izanaren lekuko izan gara. Giza eskubideen aldeko 6 erakunde palestinarri terrorismoa leporatzea eta preso palestinarren gose-greba egitea, atxiloketa administratiboen aurrean protesta gisa. Sistema horren bidez, Israelek susmagarriak atxilotzen ditu, kargurik, epaiketarik edo askatze-datarik gabe.

Orain, inoiz baino gehiago, Herri Palestinarraren aldeko elkartasun jarrera argia eta eraginkorra hartzea ezinbestekoa da eta euskal erakunde eta eragileei, hala nola CAF enpresari, Israelen kolonizazioaren konplize izateari uzteko exijitu behar diogu. Palestina ez baitago bakarrik eta sionismoaren konplize ez den Euskal Herria nahi dugu. Hori da historioaren alde zuzena.


Día internacional de solidaridad con el pueblo palestino (29/11) en Gijón

 




CSCA - CODOPA

2021

 Día internacional de solidaridad con el pueblo palestino (29/11)

 

Plaza del Instituto, Gijón

Martes 30, noviembre de 2021

 Manifiesto para concentración pública

“… no basta enfurecerse contra la injusticia: es necesario proteger a quien la desenmascara.” La frase de la escritora Irene Vallejo, extraída de su contexto literario que la relaciona con un episodio de El Quijote, marca con certeza una guía de acción moral y cívica.

 ¿Cuál es el límite de nuestra resignación con las actuaciones del Estado de Israel?

 El pasado 22 de octubre, Benny Gantz, ministro de Defensa israelí, señaló a seis destacadas organizaciones de la sociedad civil palestina como "organizaciones terroristas", citando supuestos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Sus denominaciones: Al-Haq (con estatuto de consultora de NN UU para la defensa de Derechos Humanos), Addameer (organización que defiende y apoya a la población palestina encarcelada por el Estado de Israel), Centro Bisan de investigación y desarrollo, Defense For Children International-Palestine (Sección palestina de la organización Defensa de la Infancia Internacional), Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas.

Las pruebas aportadas por el ministro para la acusación: ninguna.

 Necesitamos un salto atrás en el tiempo para buscar motivos a tan infundado señalamiento.

 Hace ya varios años que comenzó la campaña de desprestigio contra organizaciones de la sociedad civil palestina. La iniciativa la llevó entonces el Ministerio denominado de Asuntos Estratégicos.

Este ministerio recopiló informes en los que se afirmaba que muchos grupos palestinos de derechos humanos, así como los activistas que promueven el boicot a Israel, están afiliados a organizaciones terroristas. Los países donantes de financiación a esos grupos, europeos y norteamericanos principalmente, no quedaron convencidos con las acusaciones y, en consecuencia, mantuvieron su contribución financiera.

 Para fundamentar las acusaciones contra las ONG, algunas de las cuales han conseguido a lo largo del tiempo gran prestigio por su esmerado trabajo en el ámbito internacional, emisarios israelíes hicieron llegar a gobiernos de países europeos donantes un dossier reservado en mayo de 2021. Este documento de 74 páginas fue preparado por el Servicio de Seguridad israelí, Shin Bet.  El objetivo explícito israelí era persuadirles para que dejaran de financiar a esas organizaciones.

 El dossier había sido elaborado, en lo fundamental, a partir de los interrogatorios realizados por el Shin Bet a dos excontables de los Comités de Trabajo de la Salud (HWC), que fueron expulsados de esta organización por malas prácticas financieras y posteriormente detenidos por la policía israelí. Las declaraciones de estas personas se consiguieron mediante prácticas de tortura sicológica, de acuerdo con el testimonio público de sus abogados.

 En sus declaraciones, los contables, no acusan a los Comités de trabajo de la Salud, sino a las 6 organizaciones antes mencionadas. Curiosamente jamás habían realizado trabajo para ninguna de ellas. En todos los casos, se repite la misma versión: esas organizaciones recaudan fondos y actúan como instrumentos del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Pruebas aportadas, ninguna. Tan sólo menciones genéricas al hecho de que “era del conocimiento público que esas organizaciones trabajaban para el FPLP”.

Tanto el dossier como cientos de páginas de los interrogatorios fueron conseguidos por varios medios de comunicación: +972, Local Call y The Intercept.

 En ese contexto se produce el asalto a las oficinas de los Comités de Trabajo de la Salud en Ramallah, a principios de este año y la detención, con encarcelamiento posterior, de Juana Ruiz Rishmawi y otros trabajadores, en abril de 2021. Más tarde, en el mes de agosto fue detenida la Directora General de la Organización.

 Entretanto, la gira de los enviados por el Ministerio de Exteriores israelí a países europeos donantes y a EE.UU. no consiguió los propósitos deseados. Quienes visitaron Suiza, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Suecia, España, así como la sede central de la Unión Europea, recibieron respuestas similares: el dossier carece por completo de pruebas y no hay motivos para cortar la financiación a las ONGs palestinas.

 La solvencia internacional de estas es tal que ha habido numerosas manifestaciones de apoyo en el ámbito mundial.

En el campo sindical son destacados los pronunciamientos de la Confederación Sindical Internacional y, en nuestro país, la mayoría de los sindicatos.

De igual manera ha ocurrido en el terreno político institucional. Consideremos tres muestras significativas:

-         La alta Comisaria de NNUU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado la maniobra israelí de acusar a las organizaciones palestinas de colaboración con el terrorismo y ha señalado como imprescindible la labor de estas como garantes para la defensa de esos derechos.

-         La oficina del Vicepresidente y Alto Representante de la UE para las relaciones Exteriores, Josep Borrell, ha insistido en que los documentos israelíes no aportan pruebas y mantiene su intención de seguir colaborando con las 6 organizaciones de la sociedad civil palestina.

-         Excepcional, por lo inédito hasta el momento, es la moción presentada en la Cámara de Representantes de EE UU por la congresista Betty MacCollum el 28 de octubre. En ella, las diez representantes que firman esa moción demandan a la Administración Biden que revise y ponga fin a los acuerdos de colaboración y financiación con el Estado de Israel, en vista del ataque injustificado a las ONGs palestinas.

 Las reacciones en el campo de las organizaciones no gubernamentales y de defensa de los Derechos Humanos se cuentan por centenares, tanto en nuestro país como internacionalmente.

 ¿Cuál es entonces nuestra posición en este acto, con el que conmemoramos el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, establecido por NN UU en 1977?

 Solicitamos a nuestro gobierno autonómico que mantenga la colaboración con y financiación a las organizaciones de la sociedad civil palestina, con la mediación de las organizaciones civiles que operan en Asturias.

Lo mismo corresponde aplicar para el Gobierno del Estado y demás gobiernos autonómicos.

 A las organizaciones de la sociedad civil asturiana les instamos a que dediquen atención a la ocupación militar y el régimen de apartheid que el Estado de Israel ejerce contra la población palestina.

 Llamamos a todas las instituciones mencionadas y a la ciudadanía de Asturias a romper la resignación con el Estado de Israel y a exigirle el respeto a los Derechos Humanos, el fin de la ocupación y el reconocimiento de la independencia y soberanía del pueblo palestino.

 ¡Por la solidaridad de la ciudadanía de Asturias con el pueblo palestino!

 Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de Asturias

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.



martes, 30 de noviembre de 2021

CONFERENCIA SOBRE EL SÁHARA

 

Pregunta del BNG en el Congreso de los Diputados sobre el juicio a Juana Ruiz en Israel

 

Pregunta del BNG en el Congreso de los Diputados sobre el juicio a Juana Ruiz en Israel 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado del BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al GRUPO PLURAL, formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita. 

El caso de Juana Ruiz Sánchez ilustra el sistema judicial y leyes israelíes: una ciudadana del Estado español que trabajaba en una organización sanitaria palestina, Health Work Commitees, en los Territorios Ocupados, que vive en la zona A, y ejerce su actividad en territorio palestino, es secuestrada y metida presa por fuerzas militares israelíes. La potencia ocupante que expropia, que expulsa a los palestinos, que tiene legalizada la tortura, los asesinatos extrajudiciales, la detención administrativa sine die y que está acusada de crímenes de guerra y lesa humanidad, Israel, declara ilegal a la organización sanitaria y la acusa, sin pruebas, que financia a una organización declarada terrorista. De paso, Juana Ruíz tiene que admitir ante un tribunal militar de ocupación israelí que trabaja para esta organización sanitaria, ahora ilegal para Israel y legal en los Territorios Ocupados, y que recauda fondos para HWC necesarios para cubrir las necesidades de la población que la potencia ocupante no atiende. 

Israel, faltando a su obligación de atender las necesidades sanitarias de la población palestina ocupada, más en el contexto de la pandemia mundial, pretende impedir que éstas sean cubiertas mediante donaciones de la cooperación internacional creando dudas y sospechas. Israel ha lanzado las mismas acusaciones de desvío de recursos a otras organizaciones palestinas, entre ellas Al Haq y Adameer, amicus curiae de la Corte Penal Internacional en la acusación de crímenes de guerra y lesa humanidad a Israel. 

En este proceso, tanto el Estado español como la Unión Europea han declarado no encontrar prueba alguna de desvío de dinero. Algunos donantes han solicitado explicaciones a la potencia ocupante, pero mientras tanto han cortado sus ayudas a la población palestina y a las organizaciones de vigilancia de derechos humanos. Uno de los objetivos estratégicos israelíes. 

Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas al Gobierno: 
1. ¿Admite, como proceso legal y legítimo, el sistema judicial de la potencia ocupante y, por lo tanto, la pena impuesta a una ciudadana española y al resto de las organizaciones y población palestina? 
2. Si no es así, ¿qué medidas diplomáticas ha tomado, más allá de la atención personal prestada por los servicios consulares? 
3. Si comparamos las medidas adoptadas respecto a otros Estados ocupantes de territorios, ¿Está el Estado español aplicando las mismas sanciones a Israel? 

Madrid, a 30 de noviembre de 2021 
Néstor Rego Candamil 
Diputado del BNG en el Congreso
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Fayrouz Sharqawi: "El tranvía de Jerusalén es una herramienta colonial que une los asentamientos del este y el oeste "

 ICHARD WEYNDLING (INTERNAZIONALISTAK AUZOLANEAN) / PAMPLONA 29.11.2021 |

Noticias de Navarra
Fayrouz Sharqawi , coordinadora de promoción de Grassroots al-Quds. Foto: https://eyewitnesspalestine.org
Fayrouz Sharqawi , coordinadora de promoción de Grassroots al-Quds. Foto: https://eyewitnesspalestine.org









Hablamos con Fayrouz Sharqawi de la organización Grassroots Al Quds (Jerusalén) sobre estos acontecimientos, sobre el afán de Israel de hacer limpieza étnica en Jerusalén y sobre el papel de CAF en este crimen según la ley internacional

Juani Ruiz, una mujer española que ha dedicado su vida profesional a la sanidad en Palestina, acaba de ser condenada por un tribunal militar israelí tras haber pasado siete meses en prisión. Fue acusada de recaudar fondos para una organización terrorista y condenada sin pruebas por un tribunal militar. Un total de seis organizaciones que trabajan en los campos de sanidad, agricultura, derechos humanos, derechos de los y las prisionero y prisioneras, derechos de la mujer y de la niñez también han sido acusadas de financiar el terrorismo e ilegalizadas.

La alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet condenó la decisión de Israel, llamándolo "un ataque contra los defensores de los derechos humanos, las libertades de asociación, opinión y expresión y contra el derecho de participación pública'', y dijo que "debería ser revocado de inmediato." Bachelet afirmó que los grupos diana eran "algunos de los grupos de derechos humanos y humanitarios más respetados en el territorio ocupado Palestino y que han trabajado durante décadas con la ONU.".

¿Puede explicar cómo utiliza Israel la palabra terrorismo y por qué sintió la necesidad de meter a Juani Ruiz en prisión y calumniar estas organizaciones humanitarias?

-Creo que el régimen de ocupación israelí, como cualquier otro colonizador, ve una amenaza en la sociedad civil palestina y es por eso que hemos visto en años recientes la escalada en acusaciones tanto a individuos como a organizaciones de trabajar contra el Estado de Israel y del terrorismo. Es un uso clásico del término, criminalizar actores de la sociedad civil, es una forma de aterrorizar a la gente y mandar un mensaje a todos los que estén trabajando en contra de la ocupación y colonización de que serán enjuiciados. Es una continuación natural de un proceso que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años con la legislación israelí haciendo que lo que se conoce como "trabajar contra el Estado de Israel" sea un acto criminal y que conlleva implicaciones legales.

Es importante verlo dentro de un contexto más amplio, si recordamos el levantamiento que tuvo lugar en mayo y junio de este año, fue un momento en el que todos: a los ocupantes, al mundo y a la misma gente de la calle de palestina les recordó que el pueblo palestino sigue aquí y que tiene una comprensión muy clara de su propia lucha contra el colonialismo y la ocupación. Ilegalizar estas organizaciones es una de las muchas reacciones que hemos visto recientemente por parte de las autoridades de la ocupación que trabajan en contra de estos actores.

¿Cree que tiene algo que ver con las investigaciones del ICC sobre los crímenes de guerra israelíes? 

–Aunque debo decir que los y las palestinos y palestinas tienen un poco de desconfianza hacia el sistema judicial internacional y a su capacidad para influir en nuestra realidad, desde luego que esto podría tener algo que ver. El termino terrorismo es utilizado no solo aquí en Palestina sino en todo el mundo como una palabra mágica que abre la puerta a mayor control para una monitorización más cerrada de la gente, de la misma forma en que la crisis sanitaria del coronavirus fue utilizada en el contexto Palestino-israelí como una herramienta de colonización para reforzar su control sobre la gente. Y creo que este es un buen momento para que todos y todas pongamos en cuestión la palabra terrorismo y lo que realmente significa.

Hablando sobre las seis organizaciones palestinas que fueron declaradas como cómplices del terrorismo, no hay ninguna prueba en los informes que las autoridades de la ocupación han presentado que lo corrobore.

Pero creo que lo más importante es fijarse en el término terrorismo y ver cómo se utiliza y qué es definido como terrorismo. Quiero decir ¿por qué no estamos hablando sobre terrorismo estatal israelí, sobre terrorismo colonial israelí que se está utilizando contra el pueblo palestino no solo en Gaza sino en toda Palestina. Creo que es una buena oportunidad para que todos y todas paremos y examinemos la forma en la que el mundo permite que se utilice la palabra terrorismo.

¿Qué le dice el hecho de tener preso a una ciudadana española durante siete meses sobre la relación entre Israel y el Estado español y con otros estados occidentales en general?

–Esta es una de las muchas historias que muestran que el Estado israelí de ocupación tiene sus intereses y los protege y cómo el mundo en general tolera este comportamiento indignante por parte de Israel, comportándose como el mocoso malcriado que hace lo que quiere y que, incluso cuando se trata de los intereses y soberanía de otros países, por alguna razón estos gobiernos lo consienten.

La propaganda israelí, que ha estado funcionando de forma muy efectiva en Europa, EEUU y otros países del norte global, está consiguiendo que otros países sean tímidos a la hora de manifestarse contra la ocupación, contra el colonialismo. Además de la propaganda creo que los intereses económicos son la razón que está detrás de esto, detrás del silencio de los gobiernos, cuando sus propios ciudadanos están siendo criminalizados, en contra de toda lógica y ley por defender la liberación palestina.

¿Si el gobierno israelí siente que tiene impunidad para tratar a una ciudadana española de esta manera, cómo trata a las personas palestinas que quiere castigar?

–No ha habido apenas un posicionamiento claro a nivel global sobre la gran cantidad de palestinos y palestinas que están siendo asesinados y asesinadas por la ocupación año tras año. Creo que se normaliza cada vez más la muerte de personas palestinas –como si se murieran por causas naturales– cuando han sido asesinadas decenas y cientos cada año desde el comienzo de la colonización israelí.

Aquellas personas que no son asesinadas son encarceladas. Estamos hablando de más de 4.500 presas palestinas en cárceles israelíes en estos momentos. Y tenemos que recordar que estas personas no son criminales. Muchas de ellas están detenidas bajo la llamada detención administrativa, que significa que no se han presentado pruebas contra ellas, pero están detenidas en base a las llamadas pruebas secretas. Algunas de estas personas están en huelga de hambre para protestar por su detención ilegal y muchas son organizadoras comunitarias y trabajadoras de derechos humanos, ONG, etc.


La Cúpula de la Roca, en la explanada de las mezquitas, vista tras una alambrada. Foto: Mundubat/www.theotherjerusalem.org

Fayouz, usted es una ciudadana palestina de Jerusalén/Al Quds. ¿Podría hablarnos sobre la organización con la que trabaja, Grassroots Al Quds?

–Grassroots Al Quds es una plataforma para la organización comunitaria palestina y la movilización y networking en Jerusalén. Nuestro objetivo es investigar y contar el relato de Jerusalén desde el punto de vista palestino. Nuestra investigación se centra en la documentación de la historia de Jerusalén y la situación actual bajo ocupación israelí porque consideramos que este conocimiento es una herramienta que la gente puede utilizar a nivel global y a nivel local.

Apoyamos la organización comunitaria y las iniciativas y organizaciones de base. Y construimos contactos entre ellas para que juntas puedan crear estrategias a largo plazo para Jerusalén, logrando así realizar nuestra visión para la ciudad. A nivel global, contamos la historia de Jerusalén incluyendo el uso de nuestras herramientas para comunicar virtualmente y nuestro libro la guía Grassroots Jerusalén, porque creemos en la importancia de dar voz a la gente palestina, una narrativa que es a menudo censurada o reducida. Es necesario combatir la desinformación a nivel global sobre lo que está sucediendo en Palestina y en Jerusalén.

En 2017 la administración Trump accedió a la exigencia israelí de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. ¿Qué relevancia tuvo este hecho?

–Creo que debería ser visto como un hito más en una línea del tiempo. No es un antes y un después. Pero fue desde luego un resultado directo de los acontecimientos de los últimos años. Especialmente la creciente tolerancia global hacia la ocupación israelí de Palestina y hacia la continua desposesión y desplazamiento de su pueblo. Creo que la declaración abrió el camino para que otros países fueran explícitos en su apoyo a la ocupación de Palestina.

También ha hecho que las autoridades de la ocupación sean más descaradas a la hora de implementar sus planes para Jerusalén y para la transformación de la ciudad que ha ido progresando de forma constante desde 1948 y especialmente desde 1967. Sus planes y prácticas se han vuelto más agresivas y represivas en los últimos años.

¿Cuál es el plan del Gobierno israelí para Jerusalén?

–Desde la ocupación de 1967 el plan para Jerusalén ha sido abiertamente la creación de una población mayoritaria judía en la ciudad y consolidar su control sobre el este y el oeste de Jerusalén para crear la llamada capital unida e indivisa del Estado de Israel, lo cual significa echar a la población palestina con leyes, políticas y planes maestro de la ciudad. Una ciudad que no deja lugar para las personas palestinas y crea más y más infraestructura para la colonización y presencia colona en la ciudad, ya sea residencial o económica. Los planes maestros para Jerusalén, sobre todo el plan Jerusalén 2020 y ahora otros planes como Jerusalén 2050, buscan convertir Jerusalén en un centro económico y de negocios. Estos planes suelen traducirse en un desplazamiento más agresivo de los y las residentes palestinos a través de la revocación de su estatus legal, quitándoles el permiso para vivir en su propia ciudad. Políticas de planificación como la confiscación de viviendas y la demolición de viviendas son muy comunes en Jerusalén. La extirpación literal de las personas palestinas quitándoles su tierra y demoliendo sus casas y empujándolas a abandonar Jerusalén. A la vez, se establecen más colonias y las antiguas se expanden de forma continua. Proyectos económicos coloniales como zonas industriales, centros comerciales y distritos de negocios, se construyen además de las miles de viviendas que se crean cada año.

Este es el contexto en el que se deben entender las noticias que la gente pueda haber escuchado este año, noticias provenientes de Shiekh Jarrah y Silwan. Estas son dos comunidades palestinas muy importantes situadas justo a las afueras de la ciudad antigua, Shiekh Jarrah al norte y Silwan al sur. Son parte del cinturón colonial más estrecho que es el centro de la ciudad. El objetivo es sionizar todo el centro de la ciudad, la ciudad antigua y sus inmediaciones y es exactamente por eso que, observando Shiekh Jarrah y Silwan, puedes ver cuántos distintos tipos de colonización están siendo implementados allí.

La gente habrá oído noticias sobre Shiekh Jarrah especialmente en mayo y junio, pero aún hoy hay 28 familias que se enfrentan al riesgo inminente de ser expulsadas de sus casas porque organizaciones de colonos están reclamando sus derechos sobre el terreno en el que están construidas sus casas. Ya hay un centro médico israelí, un edificio que pertenece a la llamada institución nacional de seguros y hay un llamado parque nacional declarado en los terrenos de Shiekh Jarrah, que es una forma de hacer greenwashing de la ocupación. También hay que tener en cuenta que ya hay colonos viviendo en distintas partes del barrio. En Silwan hay outposts, edificios que han sido tomados por los colonos y convertidos en colonias de edificio único. Solamente en Silwan hay 70 outposts de este tipo. Pero además de eso hay un llamado parque nacional y centro de visitantes bautizado "La ciudad de David" que es gestionado por la organización de colonos llamada Elad.

Más de 170 familias se enfrentan a la amenaza de ser expulsadas de sus casas. 70 casas van a ser demolidas para crear un parque temático, un "parque bíblico" llamado "El jardín del rey". Y otras 80 familias se enfrentan a querellas de colonos que dicen ser los propietarios legítimos. Alegan que son dueños de la tierra utilizando los tribunales israelíes para quitarles las propiedades a los palestinos. Los diferentes proyectos se están desarrollando conjuntamente de forma muy estratégica y efectiva para echar a la población palestina y asentar a los colonos israelíes.

¿Lo que describe podría ser llamado justamente limpieza étnica?

–Desde luego. La limpieza étnica como herramienta colonial no se inventó en Palestina, pero es una parte integral del régimen colonial. Desde 1967 aquellas personas palestinas que viven en la parte este de Jerusalén se han tenido que enfrentar a una limpieza étnica. Es sistemático. Ya no es tan violento y rápido como en la limpieza étnica de 1948 cuando todos y todas los y las palestinos y palestinas de la parte oeste de Jerusalén fueron masacrados y masacradas y expulsados y expulsadas a la fuerza con armas de fuego y bombas. En 1967 se empezaron a elaborar planes para la expulsión y ha tomado una forma diferente, utilizando la ley israelí que es una herramienta colonial que crea la ilusión de que estos palestinos y palestinas están siendo expulsados y expulsadas porque están infringiendo la ley. Según las leyes internacionales todo lo que están haciendo es ilegal, los asentamientos, el robo de propiedades y todo lo demás.

¿Cómo está participando CAF en este proceso a través de la construcción y operación del proyecto del tranvía de Jerusalén?

–El proyecto del tranvía es como cualquier otro proyecto que se vende como un proyecto de desarrollo urbano y como una herramienta moderna que revitalizará Jerusalén e impulsará la economía. Pero si nos fijamos detenidamente en los planes del tranvía, las líneas existentes y las nuevas que se están construyendo ahora mismo, vemos que el Jerusalem Light Rail (tranvía) es otra herramienta colonial cuyo principal objetivo es conectar los asentamientos en el este con la parte oeste de la ciudad haciendo así que sea más fácil para la población colona israelí vivir en estas colonias y viajar hasta el trabajo en el centro económico. Es parte de la llamada guerra demográfica que las autoridades israelíes han declarado contra la gente palestina, especialmente en Jerusalén.

El tranvía forma parte de una red de infraestructura junto con carreteras que conectan asentamientos del margen oeste entre sí y con Jerusalén y las múltiples líneas de bus que han circulado ya entre los asentamientos durante décadas. CAF, que es cómplice y socio financiero en este proyecto colonial, está tomando un rol activo en la expulsión y desposesión de palestinos y palestinas en Jerusalén simplemente para conseguir beneficio económico.

¿Cómo están trabajando las personas de Shiekh Jarrah y otros barrios para defender sus barrios y su derecho a vivir en sus propias casas?

–La gente de Shiekh Jarrah y de Silwan han dado un buen ejemplo de organización comunitaria. La fragmentación de las comunidades palestinas es un contexto muy desafiante en el que estamos viviendo. Por lo tanto, es muy alentador ver cómo estas comunidades han conseguido organizarse y unirse en una sola comunidad o trabajar juntos y construir redes entre ellos y ellas y con otras comunidades en el Jerusalén palestino.

Es destacable la manera en que utilizaron los medios de comunicación, a nivel local y global, especialmente las redes sociales para movilizar las conexiones que tenían y las conexiones que construyeron durante el levantamiento entre Shiekh Jarrah y movimientos en todo el mundo. Decenas de miles de personas salieron a las calles durante mayo y junio en apoyo a la lucha palestina en Jerusalén y en toda Palestina.

Llamamos al levantamiento la Intifada de la Unidad, porque fue un momento en el que todas las partes fragmentadas de Palestina se movilizaron juntas, algo no visto desde la primera intifada (en la década de los 80).

¿Qué puede hacer la gente en Navarra, Euskal Herria y el Estado español para apoyar los derechos del pueblo palestino?

–En la solidaridad con Palestina se trata sobre todo de ser responsable y hacer que tu gobierno y tus empresas sean responsables y de decir "con nuestro dinero no continuarás apoyando y desarrollando la ocupación y colonización israelí de Palestina."

¿Y un mensaje para las personas que trabajan para CAF y las comunidades que dependen de la empresa para su bienestar económico?

–Es legítimo preocuparte sobre tu propia existencia, de tu comunidad y de tu familia, pero también es importante que aquellas personas que trabajen en esa empresa o que dependen de ella –con sus prácticas y participación actual en Palestina– sean conscientes de que esto está sucediendo a expensas de la población palestina, de su sustento y de sus familias. Creo que nosotras, las comunidades del mundo debemos apoyarnos los y las unos y unas a los y las otros y otras. Necesitamos utilizar nuestro poder para poner fin a la explotación de gente con fines lucrativos. Podemos responsabilizar a CAF y eso debe hacerse. Movilícense contra la implicación de CAF en Palestina y di "no permitiré que mi sustento sea a expensas de otras personas".

Habrá una movilización por Palestina y contra la ilegalización de las ONG en el Día Internacional de Solidaridad con Palestina con el apoyo y participación de Rotten XIII. Estatua Carlos III, Plaza del Castillo, 29 de noviembre a las 19:00.


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