UNICAJA Banco continúa bloqueando la cooperación al desarrollo con Palestina COMUNICADO DE PRENSA de Asociación Al-Quds Andalucía

 

UNICAJA Banco continúa bloqueando la cooperación al desarrollo con Palestina

COMUNICADO DE PRENSA de Asociación Al-Quds Andalucía 28 de octubre de 2026:

En los últimos dos años Unicaja ha bloqueado la recepción de subvenciones de Ayuntamientos andaluces y ha obstaculizado el envío de transferencias a Cisjordania y Gaza

La Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, entidad andaluza que trabaja en la Cooperación Internacional al Desarrollo con Palestina desde hace más de 26 años, tenemos que denunciar que Unicaja Banco ha bloqueado hasta en ocho ocasiones su cuenta corriente y ha obstaculizado la realización de cuatro transferencias internacionales en los últimos dos años.

Bloqueos injustificados

Estos bloqueos se han realizado de forma arbitraria, sin previo aviso y sin explicación coherente, afectando tanto a ingresos por donaciones solidarias como a subvenciones concedidas por administraciones públicas para proyectos de cooperación internacional (independientemente de que estos se produzcan en efectivo o por transferencia).

§  En agosto de 2025 bloqueó la transferencia a nuestra cuenta de una subvención concedida por el Ayuntamiento de Casares (dentro de la Convocatoria del Premio Blas Infante Casares Solidario), por importe de 17.000 €, para un proyecto en Cisjordania, alegando “prevención de blanqueo de capitales”.

§  En septiembre de 2025, bloqueó también dos transferencias del Ayuntamiento de Málaga, correspondientes a dos subvenciones de la Convocatoria Pública de Cooperación Internacional al Desarrollo de 2025, para dos proyectos en Cisjordania, concedidos por este Ayuntamiento a la Asociación Al Quds, alegando nuevamente “prevención de blanqueo de capitales”.

Estas subvenciones provienen de organismos públicos, están fiscalizadas por las correspondientes Intervenciones y sujetas a control económico, por lo que no existe riesgo alguno de blanqueo de capitales. Se trata de fondos de procedencia lícita, cuya retención carece de fundamento legal y compromete la ejecución de los proyectos sanitarios y de emergencia que Al Quds desarrolla en Palestina, en coordinación con entidades locales como los Comités de Trabajo para la Salud en Cisjordania y la Asociación Bozour en Gaza.

Transferencias obstaculizadas

§  Ha obstaculizado transferencias internacionales a Cisjordania y Gaza, de fondos correspondientes a proyectos ya financiados por el Ayuntamiento de Málaga en convocatorias públicas y con resoluciones publicadas en el BOP y remitidas a este banco.

§  En septiembre de 2026, sigue obstaculizado el envío de los fondos provenientes de los beneficios de la XXIV Velada de Música de Gibralfaro de Solidaridad con Palestina por un importe de más de 8.000,00 euros, sumados a donaciones finalistas recibidas por parte de entidades locales y particulares que sumarían alrededor de 1.000,00 euros más. Esta transferencia iba destinada al Instituto Canaan de Nueva Pedagogía en Gaza, como en años anteriores.

§  A día de hoy, sólo se ha podido realizar una transferencia de las cuatro previstas.

§  Por ello, hemos perdido más de 200,00 euros en comisiones pagadas en transferencias devueltas en estos dos últimos años.

La Asociación Al Quds recuerda que: en todos los casos se trata de ingresos claramente identificados y que esta organización:

§  Está inscrita en el Registro de Agentes de Cooperación Internacional al Desarrollo (RACDA) de la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo), en la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo), y con numerosos proyectos financiados por la AACID, Ayuntamiento de Málaga o la Diputación Provincial de Málaga.

§  Está acogida a la Ley49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, presentando anualmente su memoria económica a la Agencia Tributaria, además de publicar en su página web, todos sus proyectos, financiadores y contrapartes locales (www.alqudsandalucia.org).

Pese a ello, el banco ha continuado exigiendo documentación adicional de forma reiterada y aleatoria.

Impacto y denuncia

Esta situación obstaculiza la gestión de fondos y compromete el cumplimiento de plazos, justificación y seguimiento de proyectos de cooperación. Resulta aún más grave en un contexto de emergencia humanitaria en Palestina, donde la población de Gaza y Cisjordania vive bajo condiciones extremas y sufre lo que numerosos organismos internacionales ya califican como genocidio.

La Asociación Al Quds ha interpuesto reclamaciones tanto al servicio de atención al cliente de Unicaja como al Banco de España, sin haber obtenido hasta la fecha respuesta satisfactoria. Además, ha consultado con la Coordinadora de ONGD para verificar si esta práctica se extiende a otros proyectos en otros países, sin haber encontrado casos similares.

Desde Al Quds denunciamos públicamente tanto los bloqueos injustificados como las transferencias no ejecutadas y exigimos explicaciones a Unicaja Banco. Alertamos de que esta política está comprometiendo gravemente la cooperación internacional con Palestina en un momento crítico. A su vez, este banco aparece en la lista de entidades de la banca armada denunciadas por su complicidad con el genocidio palestino.

De todas estas incidencias tenemos documentación, resoluciones y comunicaciones del propio banco, que podemos facilitar en caso necesario para documentar este gravísimo hecho del que desconocemos los motivos reales,

Málaga, 28 de octubre de 2026

Para más información: info@alqudsandalucia.org

Comunicado_Prensa_UNICAJA_AlQds_oct2026

 

La Fiscalía polaca se niega a investigar la presunta implicación de Nitro-Chem en un genocidio Fundación Hind Rajab,

 

La Fiscalía polaca se niega a investigar la presunta implicación de Nitro-Chem en un genocidio

 

Fundación Hind Rajab, 19 de octubre de 2026

 

La Fundación Hind Rajab (HRF), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Europeo de Asistencia Jurídica (ELSC) han recurrido la decisión de la Fiscalía del Distrito de Varsovia de desestimar su denuncia penal contra representantes de Nitro-Chem S.A., uno de los mayores productores mundiales de TNT y uno de los principales proveedores de los fabricantes de armas de Estados Unidos (EE. UU.) y de la OTAN.

 

19 de octubre de 2026 - Varsovia, Polonia — La coalición presentó su denuncia original el 26 de junio de 2026, alegando que los representantes de Nitro-Chem colaboraron en la comisión de crímenes internacionales en Gaza —entre ellos, genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad— al suministrar TNT y otros explosivos tanto directamente a Israel como a los fabricantes de armas de EE. UU. para su uso en la producción de bombas aéreas pesadas y proyectiles de artillería. Posteriormente, EE. UU. suministró grandes cantidades de dicha munición a Israel para su uso en el genocidio que está llevando a cabo contra los palestinos.

 

Desestimación en seis semanas sin una investigación exhaustiva

La decisión del fiscal, con fecha del 3 de agosto de 2026, se dictó apenas seis semanas después de la presentación de la denuncia —un plazo notablemente corto para un caso que implica complejas cadenas de suministro internacionales, transferencias transfronterizas y denuncias de graves crímenes internacionales—. La rápida desestimación pone de manifiesto que no se ha llevado a cabo la investigación exhaustiva y diligente exigida tanto por el proceso penal polaco como por las obligaciones de Polonia en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los Convenios de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

Cuestiones fácticas clave —entre ellas, las relaciones contractuales de Nitro-Chem, su conocimiento de los programas de armamento para los que se suministró su TNT, las comunicaciones con los clientes y la posterior transferencia y uso de las armas en cuestión en el genocidio— deberían haberse investigado antes de que la denuncia pudiera desestimarse debidamente.

 

Las bombas suministradas por EE. UU. y sus consecuencias en Gaza

Según el informe «The Missing Ingredient: Polish TNT» (El ingrediente que faltaba: el TNT polaco), EE. UU. ha suministrado a Israel grandes cantidades de bombas aéreas y otras municiones pesadas utilizadas en el genocidio cometido contra los palestinos en Gaza. Entre ellas se incluyen bombas de la serie Mk-80, como la Mk-82 y la Mk-84, así como bombas antibúnker BLU-109. Solo entre octubre de 2023 y julio de 2024, EE. UU. transfirió a Israel al menos 14 000 bombas Mk-84, 6 500 bombas Mk-82 y 1 000 bombas antibúnker BLU-109. La coalición alega que algunas de estas armas podrían haber contenido TNT suministrado por Nitro-Chem.

 

Se trata de armas de alto poder explosivo y de amplio radio de acción, con un radio de explosión que abarca cientos de metros; su uso en zonas civiles densamente pobladas vulnera los principios fundamentales del Derecho internacional humanitario en materia de distinción, proporcionalidad y precaución.

 

Las pruebas apuntan al papel central de Nitro-Chem en la cadena de suministro

El informe documenta además cómo Nitro-Chem se convirtió en el eje central de esta cadena de suministro. Dado que Estados Unidos cesó la producción nacional de TNT en 1986, depende en gran medida de las importaciones, y las autoridades polacas reconocen que aproximadamente el 90 % del TNT importado por Estados Unidos procede de Polonia. General Dynamics, el principal fabricante estadounidense de estas municiones, identificó explícitamente a Nitro-Chem como «la única fuente cualificada de TNT para los programas de bombas de EE. UU.» en una presentación de 2018.

 

Según el informe, esta dependencia ha persistido a lo largo del genocidio en curso. A pesar de que la Corte internacional de Justicia determinó en enero de 2024 la existencia de un riesgo plausible de genocidio, las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra líderes israelíes en noviembre de 2024 y el conocimiento público del suministro de bombas por parte de EE. UU. a Israel, los contratos entre Nitro-Chem y los fabricantes de armas estadounidenses se renovaron y ampliaron repetidamente a partir de octubre de 2023, incluyendo nuevos acuerdos en abril de 2024 y abril de 2025 por un valor aproximado de 310 millones de dólares.

 

Además, los registros confirman que Nitro-Chem vendió explosivos directamente a fabricantes de armas israelíes como IMI, Elbit y Rafael.

 

La continuación y la ampliación de estas relaciones comerciales, ante las crecientes pruebas sobre el uso y las consecuencias de las armas en cuestión en Gaza, exigen una investigación exhaustiva y genuina sobre el conocimiento y la intención de los representantes de Nitro-Chem.

La coalición solicita una revisión judicial

HRF, FIDH y ELSC solicitan al Tribunal Regional de Varsovia que revise la desestimación de la Fiscalía y garantice que las denuncias sean objeto de una investigación efectiva e independiente.

Natacha Bracq, directora de litigios de HRF

«Nuestra denuncia pone de relieve una cadena de suministro que atraviesa Polonia, ampliamente documentada en “The Missing Ingredient: Polish TNT” (El ingrediente que falta: el TNT polaco), y, sin embargo, la Fiscalía polaca decidió archivar el caso antes incluso de descubrir hasta dónde llega. Solicitamos a la Fiscalía que investigue los contratos, los envíos, las comunicaciones y la cadena de responsabilidad que solo las autoridades polacas están en condiciones de desentrañar por completo. Un sobreseimiento en seis semanas no puede sustituir a una investigación sobre si el TNT fabricado en Polonia contribuyó a las armas utilizadas para cometer crímenes internacionales. Si no hay nada que descubrir, que las pruebas lo demuestren. Pero si esta cadena de suministro contribuyó a facilitar el genocidio en Gaza, Polonia tiene la responsabilidad de encontrarla, sacarla a la luz y detenerla».

Clémence Bectarte, coordinadora del Grupo de Acción Judicial de la FIDH

«Este caso pone a prueba si Polonia seguirá el ejemplo de otros Estados que ahora se están tomando en serio su obligación de investigar el genocidio en Gaza, incluidos los agentes económicos. Las armas utilizadas en Gaza no surgen de la nada: se fabrican, se financian y se suministran. Ignorar esa cadena significa ignorar cómo se hace posible este genocidio».

 

Daan de Grefte, asesor jurídico sénior del ELSC

 

«Este caso es un claro ejemplo de cómo los intereses corporativos y estatales intentan diluir la responsabilidad penal por el delito de genocidio. El genocidio —y los crímenes de guerra relacionados con él— no lo comete únicamente el régimen sionista. Lo comete una red global de políticos y directores ejecutivos, y lo hacen posible los dobles raseros y un Estado de derecho deficiente. Es responsabilidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley velar por el cumplimiento de su propia legislación penal, incluso si esta es infringida por «aliados cercanos» o por empresas de importancia estratégica. Confiamos en que el Tribunal Regional de Varsovia no eludirá su responsabilidad de hacer cumplir la ley polaca».

 

Las organizaciones mantienen su compromiso de exigir responsabilidades a las personas y empresas que presuntamente han contribuido a la comisión de crímenes internacionales, así como de garantizar que las denuncias creíbles sean investigadas adecuadamente por las autoridades competentes.

El premio Sájarov, la Universidad Pública Vasca y CAF Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe naiz.eus/es,

 Campus de la UPV/EHU en Leioa (Bizkaia)

El premio Sájarov, la Universidad Pública Vasca y CAF

Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

naiz.eus/es, 29 de octubre de 2026

Varias noticias contemporáneas tienen como elemento común las posiciones sobre Palestina, la situación del pueblo palestino y su genocidio televisado. 

Serían estas la concesión del Premio Sájarov por parte del Parlamento Europeo al Tribunal Penal Internacional (TPI) y la difusión pública de la postura ética de la Universidad del País Vasco, que ha dado por finalizada su colaboración con CAF, la empresa colonizadora de los Territorios Ocupados, al servicio de Israel. 

En el caso del premio Sájarov, había tres candidaturas. El Tribunal Penal Internacional recibió el apoyo en la Conferencia de Presidentes (conformada por los presidentes de los grupos del Parlamento Europeo) de los Socialdemócratas, Liberales, Verdes e Izquierda. Las otras candidaturas, sin querer desmerecer sus virtudes, perdieron al dividirse el voto de las derechas y extremas derechas. De trasladar esa votación a su respectiva representación en el Parlamento Vasco, habrían sido 67 de los 75 parlamentarios vascos los que hubiesen otorgado al TPI un merecido éxito, contrapeso de las medidas estadounidenses, como son las sanciones, de momento individuales, a 17 jueces y fiscales, que les excluyen de los servicios de los bancos occidentales, incluyendo los europeos. El motivo de la sanción de los Estados Unidos, que no es parte ni signatario del TPI, es la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. 

Los Estados Unidos, en su afán de desmantelarlo, además de incentivar el abandono de otros países miembros del tribunal, han dado de plazo al TPI hasta el 7 de abril de 2027 para modificar sus premisas de funcionamiento o impondrá sanciones al propio TPI que le impedirían proseguir con sus tareas. 

Por su parte, la Comisión Europea sigue arrastrando los pies y continúa sin poner en marcha el Reglamento de Bloqueo de protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de legislación adoptada por un tercer país, tal como correspondería a este caso de los EE. UU. contra el TPI, del cual forman parte prácticamente todos los países europeos, formalmente defensores de su existencia. 

En nuestro segundo ejemplo, el código ético de la Universidad del País Vasco (EHU) ha determinado que no se renueve su convenio con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por la implicación de esta empresa en las tareas de colonización israelí (tachadas de crimen de guerra y lesa humanidad por la Corte Internacional de Justicia, CIJ) al gestionar y construir infraestructuras entre Jerusalén Occidental y el Gran Jerusalén, en los 70 km2 anexados por Israel de Territorio Ocupado Palestino, favoreciendo la expansión de colonias y la creación de otras nuevas, fuera de Israel. Esta acción colonizadora ha supuesto la inclusión de esta empresa, al igual que las españolas INECO y Salvat Logística, en la Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas, por facilitar y lucrarse con la colonización israelí. 

La medida de la Universidad del País Vasco se encuadra en el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de adoptar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en Territorio Palestino Ocupado. 

Debemos congratularnos por estos dos hechos, el premio Sájarov y la cancelación del Convenio EHU-CAF. El primero ha quedado respaldado por la inmensa mayoría de los representantes y partidos que están en el Parlamento de Vitoria. El segundo, debería gozar del mismo respaldo. 

Si la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del gobierno vasco (PNV-PSE PSOE), Juan Ignacio Pérez Iglesias, no respaldan la coherencia de la EHU, tenemos un problema. 

La lucha contra la ocupación y colonización, así como los indicios del genocidio que lleva a cabo Israel con el concurso y complicidad de Estados y empresas, constituye un deber. Un deber que puede costar dinero, pero que exige coherencia y determinación, no omisiones a través de dobles discursos y engaños. 

Los jueces y fiscales del TPI, al igual que Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, están cumpliendo con su deber, y eso les vale amenazas y sanciones de los Estados Unidos. Kutxabank, Mayoral, Cartera Social, Daniel Bravo Andreu, Independance AM y la propia Administración Vasca, a través del Instituto Vasco de Finanzas, así como los mandatarios del Consejo de Administración de CAF, regido por Martínez Ojinaga y Andrés Arizkorreta, se están lucrando con la colonización, la expulsión de la población palestina y la expropiación de sus tierras. Si muestran una abierta oposición, todos sabemos que a los palestinos les puede esperar la cárcel o la muerte. 

El respeto por los derechos humanos empieza en Beasain. Empieza por tomar las decisiones correctas, como han señalado desde el principio los trabajadores de CAF. Lo correcto, lo ético y lo legal era no participar ni lucrarse en proyectos coloniales en Territorio Ocupado, fuera de Israel, en trazados marcados por las autoridades de ocupación y colonización. 

Así de sencillo. Y costoso. No vale con promocionar concursos literarios. No basta con rotular cartelería o promocionar el euskara en tesis de ingeniería y otros lavados de cara con sello verde. 

Allí donde hay conflictos existen otras instancias que pueden mediar para su resolución, con el Derecho internacional como instrumento, apoyando sanciones en los concursos de contratación, en el código penal si fuera necesario. Pero no tratando de borrar la existencia de limpieza étnica y el supremacismo de una de las partes y sus facilitadores. 

Lástima que el lehendakari solo le formulara a CAF una fugaz petición de reflexión ética un día y que su gobierno reclame a aquellas instituciones que son más coherentes que ellos mismos «reconsiderar» su sacrificio y que se pasen a su propia complicidad y animen un lucro criminal. 

En todo caso, mientras suceden estas miserias, la ocupación y colonización israelí siguen avanzando, sin que haya habido sanciones a la potencia israelí que le hagan modificar sus políticas. 

El resto, la sociedad civil, seguirá respondiendo, demandando, trabajando o boicoteando para que instituciones y empresas sean coherentes, no mantengan dobles discursos y para que estos se correspondan con sus hechos.

 

Algunas aclaraciones al consejero Pérez sobre Israel y CAF .Josu Oskoz y Juan Ibarrondo, Activistas pro derechos humanos naiz.eus/es

 Algunas aclaraciones al consejero Pérez sobre Israel y CAF

Josu Oskoz y Juan Ibarrondo, Activistas pro derechos humanos

naiz.eus/es, 29 de octubre de 2026

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, señor Antonio Pérez Iglesias, al hilo de la decisión de la EHU de no seguir colaborando con la empresa CAF, nos ha sorprendido con unas declaraciones absolutamente inadmisibles desde una perspectiva de la defensa de los derechos humanos. 

Alude el consejero a la necesidad de poner límites a la negativa a colaborar y hacer negocios precisamente con quien ha sobrepasado todos los límites de inhumanidad, el Estado de Israel. 

Alega el consejero, para nuestro asombro, que existen otras muchas empresas vascas que hacen negocios con Israel, incluso en el campo militar, algo, esto último, que hasta podría ser ilegal según la legislación española y el derecho internacional de derechos humanos. 

¿Da por buenas, el consejero, las actuaciones ilegales? No olvidemos que ya ha habido empresas acusadas judicialmente por este motivo, y el hecho de que no haya más es solo un signo de la impunidad con la que actúan. 

El consejero, con estas declaraciones, parece más bien el portavoz de la patronal que un cargo público que debe velar por el respeto a la legalidad y los derechos humanos. 

Pero, sobre todo, como bien dice el rector de la EHU, no parece entender que nunca se pueden poner los intereses económicos de algunos por encima de los principios morales básicos que deben regir cualquier sociedad civilizada frente a la barbarie. 

Hacer negocios con genocidas es un acto a todas luces inmoral desde cualquier ética humanista. 

No olvidemos, además, que el Gobierno al que pertenece el consejero ha otorgado su galardón más importante en la defensa de los derechos humanos −el René Cassin− a Francesca Albanese, que es precisamente quien ha denunciado la actuación de la empresa ferroviaria CAF por colaborar con la ocupación ilegal de territorios en Palestina. 

Israel está cometiendo un genocidio. En palabras de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado (agosto 2025): «La Comisión determinó que las fuerzas israelíes habían cometido los siguientes actos constitutivos de genocidio en virtud del artículo II de la Convención contra el Genocidio: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; y d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo» (párrafo 66). 

La empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (CAF) aparece expresamente citada en la base de datos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que enumera las empresas que participan en actividades relacionadas con los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado. La base de datos no se refiere a toda actividad económica en Israel, sino específicamente a actividades vinculadas a los asentamientos ilegales (septiembre de 2026). 

El Informe de la relatora Albanese “De la economía de ocupación a la economía de genocidio” cita expresamente a CAF entre las «empresas que contribuyeron a desarrollar carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para establecer y ampliar las colonias, y conectarlas con Israel, al tiempo que excluían y segregaban a los palestinos» (párrafo 51). 

Debería tener en cuenta, además, el señor Pérez, que la EHU no es ni mucho menos la única institución que ha decidido no colaborar con empresas que hacen negocios ilícitos con la legalidad internacional. 

A modo de ejemplo, el 30 de mayo de 2025, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó medidas para excluir de la contratación pública a las empresas incluidas en la base de datos relativa a actividades económicas vinculadas a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, lista que, como hemos visto, incluye a CAF. 

Posteriormente, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública que gestiona la mayor parte del transporte urbano de Barcelona y su área metropolitana, incorporó en los pliegos de una licitación para la fabricación de trenes una cláusula que impedía contratar con empresas incluidas en esta base de datos de la ONU. 

En cuanto a las alusiones en el sentido de por qué solo a Israel. Son tan burdas que no merecen siquiera ser contestadas. 

Por todo ello, como activistas en defensa de los derechos humanos, nos congratulamos con la decisión tomada por la EHU y no podemos sino rechazar las declaraciones del consejero como contrarias al derecho internacional de derechos humanos. 

Sáhara Occidental 1975. El fin del colonialismo franquista . Por Santiago González Vallejo*. loquesomos.es

 Sáhara Occidental 1975. El fin del colonialismo franquista

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Por Santiago González Vallejo*

loquesomos.es, 28 de octubre de 2026

Hace unos días falleció Tomás Bárbulo, el periodista autor de ‘La historia prohibida del Sahara Español’, libro imprescindible para conocer la intrahistoria del nacimiento del movimiento de liberación nacional saharaui, el Frente Polisario. Pues bien, el libro de Isaías Barreñada recoge de forma exhaustiva todos los elementos que convergieron en la fallida descolonización del Sáhara Occidental, en los años contemporáneos al tardofranquismo y la Transición española.

Un tardofranquismo con dos almas, la proveniente de los ‘africanistas’ militares que eran o descendían de los ganadores de la guerra civil, con planteamientos clásicos coloniales, con ribetes formalmente paternalistas y reminiscentes de la «tarea del hombre blanco»; y la de los pragmáticos y modernizadores funcionarios del Régimen, en su intento lampedusiano de entrar en el club de la comunidad internacional en el lado occidental, obviando la falta de libertades en España.

El autor desmonta la retórica del ‘buenismo’ de la colonización española, situándola en el estándar de explotación de los recursos, discriminación y dualidad de trato frente a los indígenas por parte de los colonizadores españoles. El recurso de conceder el estatus de provincia por parte del franquismo no se produjo por un altruismo igualitario con respecto al resto del territorio ‘español’, sino como una estratagema para intentar eludir los procesos descolonizadores dictados por las Naciones Unidas.

Mapa del Sahara, 1958.

Barreñada informa de las relaciones previas a la colonización, de la sumisión y no interferencia, por ejemplo, entre las autoridades españolas y los clanes en cuanto a costumbres para que la coexistencia no sufriera, incluyendo el mantenimiento del esclavismo en la sociedad saharaui (y de la zona). Sólo las circunstancias de las sequías y la profundización de la colonización -geográfica y económicamente- llevaron a una sedentarización de la población nómada saharaui y a una colonización «normal» a partir de los años 40. Ya en los años 60, las nuevas generaciones saharauis, en un contexto como es el de la descolonización mundial, los movimientos de liberación, la independencia marroquí y la argelina (con una guerra por medio contra el colonizador francés, en este último caso), son las que van conformando las reivindicaciones de independencia. Una independencia diferenciada del nacionalismo marroquí, tradicionalmente inserto en el Gran Marruecos, que abarcaría partes de Argelia y el Sáhara, Mauritania y todos los territorios españoles del norte de África. Los enfrentamientos con Argelia, no hay que olvidarlo, ocasionaron una guerra entre ambos Estados. El planteamiento de liberación nacional, frente a la política retardataria africanista española, legitimó la lucha armada saharaui.

El libro recoge minuciosamente el proceso formal de descolonización desde las Naciones Unidas, incluida la visita del Comité de Descolonización de las NNUU a los territorios saharauis. En esa visita, hay una decantación popular a favor de la independencia y el apoyo al Frente Polisario como organización más representativa, con proclamas contra el colonizador español, revirtiendo la autoimagen que el régimen franquista tenía de sus relaciones con el pueblo saharaui.

También cuenta el contexto geopolítico. El Sáhara era una pieza de tensión y posible desestabilización institucional. Un test del enfrentamiento secular de Occidente (EEUU) con la Unión Soviética. Marruecos (y Kissinger) frente a Argelia (en el Movimiento de Países No Alineados considerada próxima a Moscú). Se recogen las actuaciones de las tendencias políticas del régimen franquista en los años 70 y cómo en esa situación el príncipe Juan Carlos prioriza sus relaciones con la embajada estadounidense para asegurarse la defensa de su trono, frente a posibles movimientos de la oposición antifranquista (y de dentro del régimen).

Escudo de armas de la Repuìblica Aìrabe Saharaui Democraìtica

La monarquía marroquí, que ostenta asimismo la jefatura de la jerarquía religiosa, persiguió evitar la autodeterminación del pueblo saharaui, requiriendo un dictamen a la Corte Internacional de Justicia (que le fue absolutamente contrario) y, a la par, organiza la Marcha Verde (como alternativa al resultado jurídico), de civiles y soldados marroquíes, con el peligro de enfrentamiento armado con el Ejército español y de muertes en sus filas, lo que hubiera recrudecido el conflicto y forzado al Ejército a tomar medidas, en un momento de debilidad de la Jefatura del Estado. El Rey, muerto Franco, lo mismo que los sucesores franquistas, se decantaron por abandonar cualquier atisbo de mantenimiento de los compromisos internacionales y firmaron la entrega (administrativa) del Sáhara al tándem Marruecos y Mauritania, abandonando el territorio, y subscribiendo los Acuerdos de Madrid, con cláusulas secretas para salvaguardar intereses económicos. Ese abandono español ha creado un limbo jurídico cuyo mantenimiento en el tiempo ha permitido una realpolitik y unos hechos consumados favorables a los planteamientos de anexión marroquíes.

Hay, al final del libro un capítulo poco conocido sobre las posiciones de los partidos – en esos años prohibidos- de la oposición antifranquista, del Partido Comunista de España, el Partido Comunista internacional/Partido del Trabajo, el PSOE… y de sus publicaciones. El libro recoge elementos y documentos de esos años que la amnesia de la vorágine de la Transición interna española ha sepultado. Sí, hubo soldados de gleba o de castigo destinados en el Sáhara y militares que hicieron informes para sus organizaciones, lo mismo que hubo pronunciamientos públicos anticolonialistas de diferentes partidos. También recoge, tras los Acuerdos de Madrid, la adopción de compromisos en las palabras del secretario general del PSOE, Felipe González, en su viaje a los campamentos saharauis, así como la posición de Santiago Carrillo, secretario general del PCE, a favor de que España renovase sus obligaciones de respeto a la autodeterminación saharaui, aunque no se hizo con la fuerza con la que, en su día, se plasmó en Portugal en su Constitución el apoyo a la independencia de un caso similar, la antigua colonia de Timor.

Hay otros elementos relevantes estudiados por Barreñada, como la concesión de la nacionalidad española a los saharauis, de vigente actualidad tras su aprobación a trompicones en el Congreso de una Proposición de ley en 2026(!) o las lagunas de la Ley de Memoria Histórica y la posible forma de subsanarlo.

En todo caso, se trata de un libro necesario para los que quieran conocer los porqués del enquistamiento político existente y la pugna constante para defender e impedir la autodeterminación del pueblo saharaui por parte de diferentes sujetos políticos de la zona y de sus aliados. Conocer que el Frente Polisario tiene el Derecho internacional y toda una panoplia de resoluciones de las Naciones Unidas a su favor, y cómo Marruecos (una vez desaparecida la pretensión mauritana sobre parte del territorio saharaui) ha ido ganando aliados y modificando pronunciamientos de diferentes gobiernos, entre ellos, el presidido por Pedro Sánchez, erosionando la capacidad internacional saharaui.

La actuación política que quiera ser relevante e influyente tiene que basarse en argumentos y conocer la historia, además de mostrar su simpatía por el pueblo saharaui. En este libro están presentes ambos aspectos.

Sahara Occidental 1975. El final del colonialismo franquista
Autor: Isaías Barreñada
Editorial: Los Libros de la Catarata
ISBN: 9788410673861
Idioma: Castellano
Número de páginas: 320

* Santiago González Vallejo, economista y activista social. Cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe – CSCA.

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Cómo la UE se salta los derechos de los saharauis negociando con Marruecos acuerdos comerciales

 Cómo la UE se salta los derechos de los saharauis negociando con Marruecos acuerdos comerciales

CSCA: Hay dos sentencias del Tribunal Europeo de Justicia que señalan que Marruecos no es soberano del Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización y de ejecutar la autodeterminación y que el Frente Polisario es el representante del pueblo saharaui. Por contra, la UE y Marruecos siguen negociando diferentes acuerdos comerciales que incluyen el Sáhara Occidental y sus aguas territoriales y, compensaciones teóricas, dirigidas a la 'población' que vive en el Sáhara o saharauis en los campos de refugiados.

Pregunta en el Parlamento Europeo

Nuevo informe sobre los beneficios para el pueblo saharaui del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos

8.7.2026

Respuesta escrita

Pregunta con solicitud de respuesta escrita  E-002835/2026 a la Comisión
Artículo 144 del Reglamento interno
Lynn Boylan (The Left), Oihane Agirregoitia Martínez (Renew), Andreas Schieder (S&D), Irene Montero (The Left), Isabel Serra Sánchez (The Left), João Oliveira (The Left), Vicent Marzà Ibáñez (Verts/ALE), Rudi Kennes (The Left), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Ana Miranda Paz (Verts/ALE), Vladimir Prebilič (Verts/ALE), Estrella Galán (The Left), Martin Günther (The Left), Per Clausen (The Left)

Desde la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de octubre de 2024, y la aplicación provisional de las modificaciones al Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, no se ha publicado ningún nuevo informe sobre los beneficios de dicho Acuerdo por el que se amplían las preferencias arancelarias a los productos originarios del Sáhara Occidental.

En respuesta a una pregunta escrita anterior[1], la Comisión facilitó un enlace al informe de 2023, publicado en marzo de 2024. En cambio, no se ha hecho público ningún nuevo informe. Esto resulta preocupante ya que el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos modificado, en respuesta a una decisión del TJUE, se aplica de forma provisional desde hace nueve meses.

• 1.
  ¿Cuál es el calendario para la publicación de un nuevo informe sobre dichos beneficios?
• 2.
  ¿Abarcará el nuevo informe el período transcurrido desde que las modificaciones del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos se aplican de forma provisional?
• 3.
  ¿Proporcionará el nuevo informe detalles sobre el mecanismo de control mencionado en el acuerdo modificado?

Presentación: 8.7.2026

• [1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-003711-ASW_ES.html#ref1.

Última actualización: 17 de julio de 2026

Respuesta del Sr. Šefčovič en nombre de la Comisión Europea

6.10.2026

Pregunta escrita

Se está preparando un informe a posteriori acerca del efecto y los beneficios del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.° 1 y n.° 4 del Acuerdo Euromediterráneo, de 2018. Abarcará el intervalo transcurrido desde la publicación del último informe y proporcionará una evaluación comparativa de todo el período de aplicación del Acuerdo.

El informe no comprenderá el tiempo transcurrido desde octubre de 2025, fecha en la que el nuevo Acuerdo de 2025 entró en aplicación con carácter provisional. Tal valoración sería prematura en este momento, ya que el Acuerdo no se ha aplicado durante un período suficiente para permitir una evaluación cualitativa y cuantitativa adecuada.

Dado que el informe tratará sobre la aplicación del Acuerdo de 2018, el mecanismo de control establecido en virtud del Acuerdo de 2025 no se evaluará en el dicho informe.

Última actualización: 7 de octubre de 2026