Francesca Albanese responde a sus detractores
Anatomía de una difamación
Francesca Albanese,
Recientemente, los Gobiernos de Alemania, Francia, Italia y República Checa han pedido la dimisión de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados por unos comentarios manipulados. Después de presentar su informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que aplicarían a Francesca Albanese las mismas sanciones que a los jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional que persiguen el genocidio en Gaza: retirada del visado, prohibición de entrar en Estados Unidos, congelación de todos sus bienes. La jurista italiana responde en nuestras páginas a la amplia campaña internacional de descrédito de la que es objeto.
Mi mandato lleva dos años siendo objeto de polémicas cuidadosamente orquestadas y de una creciente virulencia. El 8 de febrero, una diputada francesa me atacó basándose en declaraciones truncadas según las cuales supuestamente afirmé que Israel “es el enemigo común de la humanidad”, cuando en realidad mi discurso iba dirigido contra los países que habían armado a Israel, así como contra los medios de comunicación y los algoritmos de las redes sociales que amplificaban el discurso genocida (
1). Sin tomarse la molestia de verificar el tenor exacto de mis palabras ni examinar los hechos, el ministro francés de Asuntos Exteriores Jean-Noël Barrot se hizo eco sin tardanza de esos ataques, llevándolos al ámbito internacional y calificando de “descomedidas y culpables” unas afirmaciones que nunca he hecho; tras ello, anunció que Francia acudiría al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar mi dimisión. Sus homólogos de Italia, Alemania y República Checa siguieron su ejemplo sin proceder, tampoco ellos, a las verificaciones elementales que requiere su cargo. El 19 de febrero, el primer ministro francés Sébastien Lecornu repitió públicamente la misma demanda. Aunque la crítica es inherente al ejercicio de cualquier cargo público —con más razón si este atañe a los derechos humanos—, este asunto revela un aspecto turbador: el encarnizamiento con el que algunos Estados prefieren arremeter contra la mensajera antes que intentar refutar el mensaje.
El carácter inédito y corrosivo de este ataque contra una experta independiente designada por las Naciones Unidas no se debe tan solo a lo violento de las acusaciones y a la fabricación deliberada de mentiras, sino también, y sobre todo, al hecho de que sea la cúspide de un Estado la que asuma y dirija la maniobra. Ya no se trata de una controversia, sino del síntoma del fracaso de un sistema hecho de promesas solemnes y tratados internacionales que se esgrimen en tiempos de paz, pero que se entierran en cuanto su aplicación estorba.
Fue el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el organismo que me nombró relatora especial, cargo que asumí el 1 de mayo de 2022 y cuyo mandato expira en 2028. Octava —y primera mujer— titular de este mandato, lo asumí tras una carrera dedicada a la defensa de los derechos humanos, principalmente en las Naciones Unidas —en especial en el Alto Comisariado para los Derechos Humanos y en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), en Jerusalén—, además de a la investigación universitaria sobre Palestina.
Las tareas de este mandato de la ONU consisten en “investigar las violaciones por parte de Israel de los principios y fundamentos del derecho internacional y del derecho internacional humanitario” en su calidad de potencia ocupante desde 1967, “recibir comunicaciones, oír a los testigos” y recurrir a “las modalidades de procedimiento que considere necesarias” para cumplir con mi mandato, además de “informar, con conclusiones y recomendaciones, al Consejo de Derechos Humanos […] hasta el fin de la ocupación israelí de esos territorios”. El “fin de la ocupación israelí”: ese es el límite temporal asignado a este mandato.
La atención de la que Israel es objeto no es producto de una elección personal ni de un prejuicio, sino que deriva de la resolución 1993/2A adoptada el 19 de febrero de 1993 por el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a más de treinta años de ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Acusarme de “falta de neutralidad” equivale a deformar premeditadamente este mandato. Ninguno de los otros catorce relatores de la ONU a quienes se les ha conferido un mandato de país es víctima de semejantes ataques; nadie acusa a los titulares del mandato sobre Afganistán, Rusia o Irán de sufrir “obsesiones” en el ejercicio de su misión. Pero, en cuanto el asunto atañe a Israel, realizar las tareas ordinarias de un mandato supone, a ojos de algunos —dentro incluso de determinados gobiernos—, una falta necesitada de justificación antes que un deber que cumplir.
Un panóptico a cielo abierto
Mi trabajo consiste en determinar y calificar jurídicamente los hechos sucedidos en los territorios ocupados, donde reina una dualidad jurídica institucionalizada: a los colonos israelíes se les aplica el derecho civil, mientras que a los palestinos —niños incluidos— se les aplica el derecho militar. Israel es, en efecto, el único país del mundo en el que hay niños sistemáticamente juzgados ante tribunales militares. Describir este sistema como un apartheid ejercido contra los palestinos bajo la forma de una dictadura militar no es una provocación, sino una calificación jurídica. Mis primeros informes remitidos a la ONU en 2022 y 2023 documentaron las trabas sistemáticas puestas al derecho de autodeterminación del pueblo palestino, la privación arbitraria y sistemática de libertad y el impacto estructural de la ocupación sobre la infancia (2).
El derecho a vivir como pueblo, a decidir con voz propia, a gestionar los recursos, a planificar su propio futuro…: la autodeterminación condiciona el ejercicio de todos los demás derechos. Su negación constituye el núcleo de todo proyecto colonial de asentamientos. Desde hace décadas, la fragmentación territorial; la expansión de las colonias; las restricciones en materia de desplazamientos, trabajo, educación y acceso a la justicia; la confiscación de tierras; la demolición de decenas de miles de casas; el aislamiento de Gaza y los cerca de 6000 muertos —de los cuales en torno a 1200 eran niños— causados por ataques israelíes entre 2008 y 2022 han vuelto improbable toda perspectiva de una vida libre e independiente.
Israel ha instaurado un régimen carcelario, variable en su intensidad y métodos, en el conjunto de los territorios palestinos ocupados que condiciona todas las dimensiones de la vida cotidiana. Constantemente vigilados; con sus desplazamientos entorpecidos por puestos de control, muros y una red burocrática opresiva; siempre expuestos a ser arrestados o a sufrir detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los palestinos viven en una especie de panóptico (3) a cielo abierto.
La “adultización” de la infancia
Concluido justo antes y presentado justo después de los ataques del 7 de octubre de 2023, mi informe sobre la infancia es a la vez el más abrumador y el menos comentado. En él hablo del proceso de “adultización” (unchilding), un término que tomo prestado de la estudiosa palestino-israelí Nadera Shalhoub-Kevorkian (4), para describir la vida cotidiana de unos niños privados de protección y de inocencia que crecen en medio de una violencia omnipresente: asesinados, mutilados, huérfanos, testigos de la muerte o la humillación continua de sus seres queridos y de la destrucción de su hogar… Ignorar su desesperación es renunciar a una parte de nuestra humanidad y violar la obligación más sagrada del mundo y del derecho internacional: proteger la infancia.
Mi informe de marzo de 2024 se inscribe en el mismo enfoque: también se centra en las víctimas de un sistema estructurado. Con el título de Anatomía de un genocidio (5), documenta los cinco primeros meses de ataques israelíes sobre Gaza tras las masacres perpetradas por Hamás el 7 de octubre de 2023: asesinatos, graves agresiones físicas y mentales y sometimiento a condiciones de vida destinadas a la destrucción del grupo, todo ello inscrito en una retórica deshumanizadora desplegada por responsables estatales. Durante ese periodo, Israel disfrazó sus actos con un “camuflaje humanitario” recurriendo a un lenguaje lenitivo —“conflicto”, “daños colaterales”, “zonas seguras”, “órdenes de evacuación”, etc.— para justificar la progresiva destrucción de Gaza y su identidad, así como la supresión de la capacidad de los palestinos para existir como comunidad, vivir en su tierra y transmitir su memoria. En el siguiente informe, El genocidio como supresión colonial (6), expuse cómo el genocidio se extiende a Cisjordania y Jerusalén Este por medio de una limpieza étnica, en lo que es la consecución lógica de una empresa de colonización de asentamientos: eliminar para reemplazar, destruir para apropiarse.
No soy la única que ha llegado a estas conclusiones. En enero de 2024, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) consideró que existía un riesgo plausible de violación de la Convención sobre el Genocidio y ordenó medidas cautelares. En julio de 2024, este mismo organismo también se pronunció sobre la ilegalidad de la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados y exigió el cese inmediato y sin condiciones de la misma. Por último, el TIJ constató la existencia de una discriminación sistémica y determinó que Israel estaba vulnerando la prohibición de la segregación racial y el apartheid, así como de las políticas de anexión. Son ya incontables las instituciones y organizaciones que han llegado a la conclusión de que Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino en el poco territorio que aún le queda a este. El historiador israelí Raz Segal dio la voz de alarma en octubre de 2023. En 2024, historiadores israelíes especialistas en la Shoah, como Amos Goldberg y Omer Bartov, también consideraban que su país estaba cometiendo un genocidio (7). Meses más tarde, Amnistía Internacional llegaba a idéntica conclusión (8) y, en julio de 2025, la organización israelí B’Tselem publicó un informe en este sentido con un título abrumador, aún más estremecedor si cabe cuando uno se lo imagina en hebreo: Nuestro genocidio (9). Por último —aunque podrían aducirse otros muchos ejemplos—, en septiembre de 2025, una comisión internacional independiente de investigación afirmaba asimismo que se estaba produciendo un genocidio en Gaza (10). Pese a la documentación minuciosa que estos informes ofrecen de los crímenes perpetrados, no han merecido sino una atención limitada o nula por parte de los medios de comunicación y los gobiernos occidentales. A falta de una decisión judicial formal, una comisión de investigación de la ONU estableció lo más parecido a una conclusión casi jurisdiccional basada en la determinación de los hechos y el análisis a la luz del derecho. En todo caso, la obligación de evitar un genocidio surge tan pronto como se identifica la existencia de un riesgo serio del mismo. En enero de 2024, cuando el Tribunal Internacional de Justicia reconoció que se daba un riesgo plausible en Gaza, los Estados estaban en la obligación de actuar, empezando por la suspensión de las entregas de armas.
Genocidio en Gaza, un crimen colectivo
Mi análisis de la complicidad de ciertas empresas, publicado en julio de 2025, fue el que suscitó las reacciones más virulentas. En él describo la “economía del genocidio” (11): una red de actores privados cuyas inversiones, tecnologías, servicios y cadenas de suministro sustentan materialmente la realidad descrita en los informes precedentes. Su nivel de implicación conlleva responsabilidades. Poner fin al genocidio pasa también por desmantelar las estructuras materiales que lo hacen posible… y rentable. Este informe llevó a que Estados Unidos me impusiera sanciones draconianas en agosto de 2025, una práctica ya aplicada a jueces del Tribunal Penal Internacional y a varias organizaciones palestinas. Estoy aislada financieramente del mundo. Cualquiera que tenga alguna relación conmigo, incluso los miembros de mi familia (soy madre de una hija que tiene la ciudadanía estadounidense), puede verse amenazado con multas de un millón de dólares y penas de veinte años de cárcel. Mi capacidad para ejercer mi mandato, y simplemente para seguir adelante con mi vida, se topa con graves obstáculos.
Pese a que estos ataques son apoyados por mi propio país, Italia, y en ausencia de un respaldo concreto por parte de otros Estados, he seguido con mi misión. Mi informe más reciente califica el genocidio en Gaza de “crimen colectivo” (12), ya que es posible y está financiado gracias al indefectible apoyo político y militar de varios Estados, entre los cuales figuran los que hoy me atacan con mayor saña.
Estados Unidos es, con diferencia, el principal proveedor de armas a Israel, mientras que varios Estados miembros de la Unión Europea (UE) siguen procediendo con estos envíos; de hecho, la UE sigue siendo el principal socio comercial de Tel Aviv. Salvo algunas pocas excepciones, como España y Eslovenia, los Estados del Viejo Continente han optado por la inacción o la complicidad. Francia, por ejemplo, ha autorizado en varias ocasiones a Benjamín Netanyahu a sobrevolar su espacio aéreo pese a la orden de arresto en su contra emitida por el Tribunal Penal Internacional. París ha seguido comerciando con equipamiento militar, facilitado el tránsito por sus puertos y aeropuertos y mantenido dinámicos intercambios comerciales con Israel. Grandes bancos franceses financian a empresas vinculadas con la industria militar israelí y las colonias, mientras que varios miles de ciudadanos francoisraelíes sirven en el Ejército israelí.
Paralelamente, se está intensificando la represión de las movilizaciones: manifestaciones prohibidas, conferencias académicas censuradas, activistas y periodistas acusados de “apología del terrorismo”, actuaciones policiales violentas… Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido se hallan a la cabeza de la represión con la excusa de una legítima lucha contra el antisemitismo. Varios proyectos de ley proponen amalgamar la indispensable lucha contra la judeofobia y todas las formas de racismo con la prohibición de toda crítica a Israel en cuanto Estado. Presentada como si de algo obvio se tratara, esta confusión que asimila a nuestros hermanos y hermanas judíos a la política israelí forma parte de una ofensiva política: instrumentalizar la lucha contra el antisemitismo para criminalizar las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino y justificar campañas de difamación. Por todo el mundo hay ciudadanos israelíes y personas judías que, por el mero hecho de criticar las políticas de Tel Aviv, están sufriendo las mismas campañas de desprestigio. Sus voces son acalladas y se pone su lealtad en tela de juicio.
El antisemitismo, horrible y odioso, es el odio a los judíos: no tiene nada que ver con el trabajo de quienes defienden los derechos humanos, que se basa en el análisis de los actos de un Estado. Todo el sistema del derecho internacional reposa en el principio de la responsabilidad de los Estados. Son los Estados los que asumen y cargan con obligaciones jurídicas, y son ellos los que en primer lugar han de responder de su violación. Israel no es una excepción: las críticas al Estado de Israel no se dirigen contra lo que este es ni contra la religión que profesa, sino contra lo que hace, en especial en lo que atañe al derecho internacional, el cual vulnera de manera grave, reiterada y con una persistente impunidad.
La pregunta que se plantea no es de naturaleza ideológica, sino jurídica: ¿está respetando Francia sus compromisos internacionales al realizar las antedichas acciones? Mi mandato de relatora especial me ha enseñado algo esencial: cuando el poder se ve cuestionado, no debate, golpea. Calumniar para descalificar, intimidar para reducir al silencio: la violencia atestigua más el nerviosismo que la fuerza.
Mi trabajo sigue la estela del de mis predecesores: John Dugard, Richard Falk y Michael Lynk. También ellos fueron acusados de antisemitismo o de indulgencia con el terrorismo. Y también se puso en marcha en su contra el proceso consistente en reemplazar los hechos documentados por la polémica, el análisis jurídico por los ataques ad hominem. El mecanismo está ya bien engrasado. Grupos proisraelíes —con la organización UN Watch, con sede en Ginebra, a la cabeza— llevan años redactando informes difamatorios contra cualquiera (sobre todo si pertenece al personal de las Naciones Unidas) que documente las contravenciones del derecho internacional cometidas por Tel Aviv. Con el pretexto de equilibrar un “tratamiento desproporcionado en lo que atañe a Israel”, estos actores aíslan y fragmentan afirmaciones para tergiversar su sentido, tras lo cual amplifican y divulgan la desinformación que generan hasta dotarla de una apariencia de verdad.
Un postureo diplomático
Si se examinan con atención, los “informes” de estos grupos suenan a hueco. En las Naciones Unidas se conoce desde hace mucho su carácter falaz y difamatorio. Las acusaciones según las cuales supuestamente justifiqué las atrocidades del 7 de octubre de 2023, negué las violencias sexuales cometidas o minimicé el sufrimiento de los rehenes proceden de esta fábrica, y todo pese a que he condenado sin ambigüedad y sin descanso los ataques contra los civiles israelíes del 7 de octubre en particular y los crímenes de Hamás en general.
Los condené sin dudar como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cuyos autores deben ser presentados ante la justicia en el marco de juicios internacionales. Condené la violencia sexual perpetrada contra víctimas israelíes, tal y como fue documentada por una comisión de investigación de la ONU (13). Asimismo, y de conformidad con el derecho internacional, considero las violaciones cometidas en un contexto de hostilidades como un arma de guerra y las tengo por potencialmente constitutivas de crímenes de guerra y, dependiendo de las circunstancias, crímenes contra la humanidad. El funcionamiento de la justicia internacional no se fundamenta en la indignación selectiva ni en la instrumentalización política. Solo reposa en la calificación jurídica de los hechos, la atribución de responsabilidades individuales y el respeto al due process (‘debido proceso’) para todos y todas, sin excepción.
Si bien he manifestado una condena inequívoca de las masacres y otros crímenes contra los civiles israelíes, he rebatido la afirmación, ampliamente extendida —sobre todo, por alguna razón que se me escapa, en Francia—, según la cual estos estuvieron motivados principalmente por el antisemitismo (14). Como han señalado eminentes especialistas en la Shoah y el antisemitismo, esta lectura es errónea a la par que peligrosa, ya que oculta las causas estructurales de la violencia y falsea el análisis (15). Aunque el antisemitismo ha podido tener un papel en el caso de ciertas personas concretas, estas masacres —como explicó el secretario general de la ONU, António Guterres— se produjeron en el contexto de 56 años de ocupación asfixiante (16). Ningún crimen justifica otro crimen, pero ignorar el contexto supone sustentar una lectura deformada que amenaza con alimentar el ciclo de violencia en lugar de resolverlo, poniendo en peligro tanto a los palestinos como a los propios israelíes.
Es preciso ponerle nombre a lo que revela esta campaña: la energía invertida en calumniarme contrasta con el silencio ante el actual genocidio en Gaza y la inacción frente a quienes han sido objeto de órdenes de arresto por crímenes internacionales emitidas por el Tribunal Penal Internacional. Con el pretexto de “responsabilizar a la ONU”, de lo que se trata en realidad es de redefinir la defensa de los derechos humanos como la adopción de una postura partidista.
La ironía es patente. En septiembre de 2025, Francia reconoció el Estado de Palestina: un gesto que fue celebrado como una señal fuerte, como un paso simbólico. Pero reconocer un Estado y apoyar activamente a su ocupante, sin ejercer presión para que este último respete el derecho internacional y proceda a la retirada incondicional de los territorios ocupados —tal y como exige el Tribunal Internacional de Justicia—, tiene más de postureo diplomático que de compromiso jurídico y político. El reconocimiento de un Estado sin territorio, sin soberanía y sin que se detenga la ocupación que padece, no es más que una declaración vacía, en especial cuando, al mismo tiempo, uno se esfuerza por intimidar a los expertos encargados de documentar precisamente las violaciones que hacen imposible la creación concreta de ese Estado. No se puede reconocer Palestina el lunes y tratar de amordazar a sus defensores el resto de la semana.
Los dirigentes que se prestan a este juego no solo tienen mi persona en el punto de mira. Están sacrificando también el propio orden jurídico internacional y acelerando el desmantelamiento del derecho internacional humanitario y de las instituciones que lo custodian justo en el momento en que está en juego su supervivencia.
Israel como espejo de Occidente
Podemos huir de la verdad, pero ocultarla resulta más complicado. Es solo una cuestión de tiempo: la justicia llamará a la puerta de quienes han perpetrado crímenes en Gaza y de sus cómplices. La destrucción de Gaza ha despertado conciencias que creíamos anestesiadas y ha vuelto visible lo que muchos se negaban a ver: no solo la brutalidad de la ocupación, sino también la complicidad activa de nuestras democracias occidentales en su perpetuación. Porque lo cierto es que Israel no es una anomalía en el orden mundial, sino, en muchos aspectos, un espejo del mismo en el que descubrimos lógicas de excepción, jerarquías coloniales entre vidas dignas de duelo y vidas sacrificables, o una retórica de la seguridad que garantiza la impunidad. Si la mayoría de los gobiernos occidentales no se oponen a Israel es porque, de hacerlo, se estarían poniendo en entredicho a sí mismos.
Por ello, es a la vez instructivo y entristecedor que Francia, patria declarada de los derechos humanos, se ponga en primera línea no para defender unos principios, sino para proteger un statu quo; no para promover el derecho internacional, sino para neutralizar a sus custodios.
Sin embargo, algo ha cambiado. Ha nacido un movimiento —en los campus universitarios, en las redes sociales, en las calles, en las salas de audiencia— que reclama una verdadera justicia social, el respeto efectivo a los derechos humanos, un multilateralismo descolonizador y la universalidad sin excepción de sus principios. Una universalidad que no tolera el apartheid, por más que lo ponga en práctica un Estado aliado de las capitales occidentales. Este movimiento no dejará que lo reduzcan al silencio por medio de campañas de difamación. No se verá desalentado por sanciones ni represiones. Cada vez se hace más grande y cobra fuerza conforme salen a la luz las mentiras y las tergiversaciones que tratan de descalificarlo.
(1) Cf. mis declaraciones íntegras en el foro de Al Jazeera (AJ Forum), X (antiguo Twitter), 9 de febrero de 2026.
(2) Cf. Situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (A/77/356), Privación arbitraria de libertad en el territorio palestino ocupado: la experiencia palestina entre rejas y fuera de ellas (A/HRC/53/59) y Situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (A/78/545), informes de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, respectivamente, 21 de septiembre de 2022, 28 de agosto de 2023 y 20 de octubre de 2023, https://docs.un.org
(3) Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo XXI, Madrid, 2023.
(4) Nadera Shalhoub-Kevorkian, Incarcerated childhood and the politics of unchilding, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
(5) Anatomía de un genocidio (A/HRC/55/73), informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 1 de julio de 2024, https://docs.un.org
(6) El genocidio como supresión colonial (A/79/384), informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 1 de octubre de 2024, https://docs.un.org
(7) Cf. Raz Segal, “A textbook case of genocide”, 13 de octubre de 2023, jewishcurrents.org; Amos Goldberg, “Ce qui se passe à Gaza est un génocide, car Gaza n’existe plus”, Le Monde, 29 de octubre de 2024.
(8) “Amnistía Internacional concluye que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza”, 5 de diciembre de 2024, www.amnesty.org
(11) De la economía de ocupación a la economía de genocidio (A/HRC/59/23), informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 2 de julio de 2025, https://docs.un.org
(12) El genocidio de Gaza: un crimen colectivo (A/80/492), informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 20 de octubre de 2025.
(13) Cf. “Detailed findings on attacks carried out on and after 7 October 2023 in Israel”, Naciones Unidas, 10 de junio de 2024, www.ohchr.org
(14) Cf. “Israel’s symbolic ‘ban’ must not distract from atrocity crimes in Gaza: UN expert”, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 15 de febrero de 2024, www.ohchr.org
(15) Cf. Omer Bartov, Christopher R. Browning, Jane Caplan, Debórah Dwork, David Feldman et al., “An open letter on the misuse of Holocaust memory”, The New York Review of Books, 20 de noviembre de 2023.
(16) Cf. “Secretary-General’s remarks to the Security Council – on the Middle East”, 24 de octubre de 2023, www.un.org
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CONMEMORACIÓN DEL ASESINATO DE RACHEL CORRIE
y agradecemos a todas las personas en el mundo que continúan alzando la voz, marchando y negándose a mirar hacia otro lado. Su solidaridad sigue siendo una fuerza poderosa.
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