Mis_fotos_de_madrid,Manifestación en Madrid a favor de las Flotillas, 12 de abril de 2026
Medidas preventivas para impedir posibles ataques a las flotillas que se dirigen a Gaza
7.4.2026
Pregunta en el Parlamento Europeo con solicitud de respuesta escrita E-001391/2026 a la Comisión Artículo 144 del Reglamento interno Jaume Asens Llodrà (Verts/ALE)
Este año 2026, las tres organizaciones de flotillas—Freedom Flotilla, Madleen Thousands y Sumud Flotilla— con ciudadanía europea, emprenderán una nueva navegación, en aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para intentar romper el bloqueo israelí desde 2007 a la palestina Gaza. Navegarán pacíficamente en aguas internacionales, ondeando las banderas de algunos países de la Unión, lo que, en caso de ser atacadas, desencadenaría la aplicación del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea. Las autoridades de la Unión conocen que Israel ya ha pirateado numerosos barcos en el Mediterráneo por lo que no es una sorpresa y es necesario prevenirlo. La Resolución 2803 del Consejo de Seguridad no prohíbe la ayuda marítima ni las relaciones con la población palestina.
Ante esta situación:
1.
¿Qué medidas preventivas tomará la Comisión para impedir ataques piratas israelíes?
2.
¿Qué medidas ha tomado contra Israel tras los ataques en 2025 y anteriormente?
El capital europeo fluye hacia Palantir: más de 100
gestoras de activos y bancos aumentan sus inversiones en la controvertida
empresa tecnológica. Inversores de todo el continente ya han invertido más de 27.000 millones
de dólares en este líder en IA de grado militar, que ha sido acusado de
numerosas violaciones de los derechos humanos.
Durante el último año, los principales bancos y
gestores de activos europeos han incrementado drásticamente sus inversiones en
Palantir, la controvertida empresa tecnológica estadounidense. Esto ocurre a
pesar de los vínculos de la empresa con graves violaciones de los derechos
humanos. La compañía presta servicios a la agencia de Inmigración y Control de
Aduanas de Estados Unidos (ICE) y al ejército israelí en los territorios
palestinos. En 2020, Amnistía Internacional denunció a la empresa por incumplir las
normas internacionales, mientras que la consultora MSCI le otorgó una
puntuación de dos sobre diez en materia de "libertades civiles" y
"derechos humanos" en un reciente informe de referencia para
inversores institucionales de todo el mundo. El fundador y presidente de Palantir, Peter Thiel , defiende abiertamente posturas
antidemocráticas y antieuropeas.
Aun así, más de 100 importantes bancos, gestoras de
activos, aseguradoras y fondos de pensiones europeos incrementaron su
participación conjunta en la empresa en más del 60% el año pasado. Así lo
revelan los datos recopilados por una investigación internacional coordinada
por Follow The Money , plataforma de periodismo independiente, en la
que participó EL PAÍS.
El valor económico de estas
participaciones casi se cuadruplicó en un año, impulsado por el espectacular
aumento del precio de las acciones de Palantir a lo largo de 2024. A finales de
2025, el valor total de estas inversiones alcanzó los 27.000 millones de
dólares. Sin embargo, esta cifra es una estimación conservadora: solo incluye a
las entidades investigadas que declaran sus participaciones ante la SEC, el
organismo regulador de valores de Estados Unidos.
La inversión de algunas de las 127 empresas analizadas
se explica por sus participaciones en Palantir a través de fondos que replican
índices bursátiles. Estos fondos adquieren automáticamente todas las empresas
incluidas en un índice bursátil determinado, y dado que Palantir es una de las
mayores empresas cotizadas en Estados Unidos, los inversores terminan
incluyéndola en sus carteras. Ninguna de las entidades menciona a Palantir en
sus listas de exclusión, cuyo objetivo es proporcionar los nombres de las
entidades prohibidas que los inversores deben evitar debido a sus violaciones de las normas internacionales de derechos
humanos .
Casi todos los mayores inversores europeos en Palantir
analizados en la investigación afirman apoyar las directrices de la OCDE. Estas
exigen auditorías y la debida diligencia al invertir en empresas acusadas de
violaciones de los derechos humanos, especialmente en zonas de conflicto o
áreas donde se utiliza inteligencia artificial (IA) .
Sin embargo, bancos como Norges Bank, que
administra el fondo soberano de Noruega, incrementaron su inversión en Palantir
en un 60% entre 2024 y 2025, alcanzando casi 29 millones de acciones por un
valor de 5.100 millones de dólares a finales de diciembre de 2025, convirtiéndose
así en el mayor inversor europeo en la compañía. La gestora de activos francesa
Amundi ocupa el segundo lugar, con casi 3.000 millones de dólares invertidos,
seguida por la aseguradora británica Legal & General (2.500 millones de
dólares). Entre los principales bancos, destacan Barclays de Londres (2.200
millones de dólares), Deutsche Bank (2.000 millones de dólares), BNP Paribas de
Francia (más de 1.000 millones de dólares), el Banco Nacional Suizo (1.100
millones de dólares) y la gestora de activos holandesa Cardano (1.000 millones
de dólares).
Entre los bancos europeos analizados,
también se encuentran dos españoles. Santander poseía acciones por valor de 18
millones de dólares a finales de 2025, es decir, 16 veces más que un año antes.
Según el banco, la inversión se realiza a través de fondos delegados a otros
gestores de activos, quienes toman las decisiones de inversión. BBVA, por su
parte, alcanzó un total de 103 millones de dólares invertidos en Palantir a
finales del mismo año, con una posición que aumentó de 400.000 a 583.000
acciones en 12 meses. Fuentes internas del banco destacan que las
participaciones de BBVA se deben exclusivamente a transacciones realizadas en
nombre de clientes y fondos de inversión.
Bancos
europeos, gestoras de activos y fondos de pensiones que han declarado
inversiones en Palantir ante la SEC . Valor en dólares al 31 de
diciembre de 2025.
Valor de las acciones en 2025 (en miles
de millones de dólares estadounidenses)
Número de acciones en 2024
BANCO DE NORGES
5.15
Gráfico lineal pequeño con 2 valores,
que van desde 17984806 hasta 28971257.
Amundi
2,85
Gráfico lineal pequeño con 2 valores,
que van desde 6804915 hasta 16012307.
Grupo Legal & General Plc
2.50
Gráfico lineal pequeño con 2 valores,
que van desde 11231758 hasta 14056448.
BARCLAYS PLC
2.17
Gráfico lineal pequeño con 2 valores,
que van desde 6869473 hasta 12232574.
DEUTSCHE BANK AG\
1,96
Gráfico lineal pequeño con 2 valores,
que van desde 6785225 hasta 11011757.
Grupo UBS AG
1.17
Gráfico lineal pequeño con 2 valores,
que van desde 11564724 hasta 6603921.
Cardano Risk Management BV
1.17
Gráfico lineal pequeño con 2 valores,
que van de 0 a 6585630.
Banco Nacional Suizo
1.11
Gráfico lineal pequeño con 2 valores,
que van desde 5.749.400 hasta 6.236.100.
MERCADOS FINANCIEROS DE BNP PARIBAS
1.10
Gráfico lineal pequeño con 2 valores,
que van desde 4941199 hasta 6181138.
ABP
0,94
Gráfico lineal pequeño con 2 valores,
que van de 0 a 5306905.
Fuente: SEC
/ EL PAÍS
Por qué
Palantir es problemático: De ICE a Gaza, pasando por Alemania.
Palantir, ahora uno de los principales
contratistas del gobierno estadounidense, comenzó como una pequeña empresa que
recibió una oportunidad de Washington. Su fundador y presidente, Peter Thiel,
es una de las figuras más influyentes de Silicon Valley: cofundó PayPal y fue
uno de los primeros inversores de Facebook. También es conocido por su
oposición a la democracia y por ser el principal defensor de Donald Trump en el
sector tecnológico.
La empresa se ha dado a conocer por su
capacidad para analizar grandes volúmenes de datos e información no
estructurada en busca de patrones, especialmente mediante herramientas
diseñadas para las fuerzas armadas y los servicios de seguridad. Además, a
diferencia del resto del sector, siempre ha compartido parte de su trabajo en
vídeos explicativos y educativos en redes sociales, como demuestran las decenas
de miles de visualizaciones que ha acumulado en su canal de YouTube.
Palantir no es la única empresa que
analiza datos con fines bélicos. Sin embargo, es la más emblemática en lo que
respecta a la inteligencia artificial y la defensa. Guillermo Pulido, candidato
a doctorado en Estudios Estratégicos, explica cómo la IA ha transformado el
campo de batalla: “Si sumamos los sensores de los drones, las cámaras
satelitales y los de cada soldado… podríamos tener decenas de miles. La
capacidad humana para analizar toda esa información sería inalcanzable: la IA
lo hace con mucha rapidez. La cadena de ataque —el proceso desde la
localización de un objetivo hasta su validación— ha pasado de durar varios días
a tan solo unos minutos”.
Los productos de Palantir se han utilizado en Estados
Unidos bajo cuatro administraciones, tanto demócratas como republicanas. Su
sistema inteligente Maven (MSS), que utiliza Claude, la IA de Anthropic, es
considerado fundamental por el Pentágono para recopilar datos clasificados de
múltiples fuentes y utilizarlos para la adquisición de objetivos, la
planificación estratégica y la guía de drones y misiles. Diversos medios de
comunicación internacionales han informado que la tecnología de Palantir se
utilizó en los recientes ataques
con misiles contra objetivos iraníes .
Las agencias de seguridad estadounidenses han
adjudicado contratos multimillonarios a la empresa. El ICE ha estado utilizando
su software para localizar familias migrantes desde al menos 2020, cuando
Amnistía Internacional denunció a la agencia por extralimitarse frecuentemente
en el uso de esta tecnología. 404 Media , una empresa estadounidense de medios
digitales, reveló que Palantir desarrolló una aplicación para el ICE que mapea
la presencia de migrantes en vecindarios específicos, utilizando archivos
personales, fotografías y una estimación de la probabilidad de que se
encuentren en sus hogares. Palantir sostiene que su software ayuda a
"mejorar el seguimiento del ciclo de vida migratorio y a servir a la
seguridad nacional [de EE. UU.] al tiempo que promueve la eficiencia, la
transparencia y la rendición de cuentas. Al mejorar la integración de datos y
los flujos de trabajo dependientes de datos, nuestro software puede ayudar al
ICE a realizar sus funciones principales de manera más eficaz y confiable
".
En 2024, la empresa firmó una alianza estratégica con
las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para apoyar sus operaciones militares en Gaza. Un portavoz de Palantir afirma que la
empresa no ha participado en el desarrollo de los sistemas de IA utilizados por
el ejército israelí para localizar objetivos.
En Europa, varios gobiernos también
confían en la tecnología de Palantir, aunque no sin controversia. En Alemania,
la división de ciberseguridad del ejército emitió una alerta oficial sobre el
uso que la empresa hace de datos confidenciales de defensa. Mientras tanto, el
uso del software de análisis de datos de la empresa está prohibido a nivel
federal, aunque algunas fuerzas policiales estatales aún lo utilizan. En
España, el Ministerio de Defensa adjudicó a Palantir un contrato de 16,5
millones de euros (19 millones de dólares) en 2022, sin licitación pública,
para la gestión de bases de datos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas. Y, en los Países Bajos, el ejército utiliza el software de la empresa
en operaciones militares secretas, como reveló Follow The Money el año pasado.
El director ejecutivo de Palantir, Alex
Karp, ha declarado que quiere que su empresa convierta a Estados Unidos en la
potencia mundial dominante. En la cumbre DealBook, celebrada a finales de 2025
y organizada por The New York Times, afirmó que su país posee
una "cultura superior" y justificó el uso del software de su empresa
por parte del ICE con estas palabras: "Protegemos a las personas en este
país... y nuestra Constitución deriva esa protección de una fuerza superior:
Dios".
Francesca Bria es catedrática del
University College de Londres y directora de la iniciativa de soberanía digital
de Eurostat. Explica que «Palantir no es una empresa privada en el sentido
estricto de la palabra. Es un brazo del aparato de seguridad nacional
estadounidense. Cuando los gobiernos europeos adquieren sus herramientas, no
solo compran software: renuncian a su soberanía».
La empresa desestima estas controversias
como absurdas. En declaraciones a los medios de comunicación que participaron
en esta investigación, un portavoz afirma que el software de Palantir ha
ayudado a instituciones europeas en los ámbitos de la salud, la defensa y la
seguridad nacional. «La misión fundacional de Palantir», aseguran, «es apoyar a
las democracias liberales occidentales y sus instituciones esenciales».
Los
inversores que dijeron “no” a Palantir
Las controvertidas colaboraciones de
Palantir con el ICE y el ejército israelí le han valido una puntuación de dos
sobre diez en materia de «libertades civiles» y «derechos humanos» en el
informe MSCI. Este es un documento de referencia clave para los inversores
institucionales que toman decisiones de inversión responsables.
En los Países Bajos, tras revelarse que el
fondo público de pensiones para profesores había invertido cientos de millones
de euros en Palantir, un grupo de inversores lanzó una petición exigiendo que
el fondo se desvinculara de la empresa. En un reciente artículo de opinión, tres
profesores de la Universidad de Utrecht calificaron la inversión de
«lamentable».
«Los mismos profesores que imparten clases
sobre privacidad, autonomía, derechos humanos y derecho humanitario de la
guerra», señalan los autores, «se ven obligados a participar en un fondo de
pensiones que invierte millones de euros en una empresa inextricablemente
vinculada a la vigilancia a gran escala, el procesamiento de datos militares y
las violaciones de los derechos humanos».
En Noruega, la guerra de Gaza tuvo repercusiones
en las carteras de algunos fondos. La gestora de activos Storebrand vendió una
participación de 24 millones de dólares en Palantir en octubre de 2024,
alegando que la empresa suministraba productos que permitían la vigilancia de
los residentes en los territorios palestinos. KLP Pension, el mayor fondo de
pensiones del país escandinavo, excluyó de su cartera a la corporación
estadounidense Oshkosh y a la empresa alemana ThyssenKrupp por vender armas a
Israel que se utilizan en Gaza. Sin embargo, estos fueron casos aislados: hasta
el momento, la penalización por la exposición a Israel ha sido mínima entre las
principales gestoras de activos.
SE HA SOBREPASADO EL MILLÓN DE FIRMAS SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO UE-ISRAEL. Pero no nos detengamos ahí
Al finalizar el día 15 de abril 1.086.318 ciudadanos europeos habían firmado la Iniciativa Ciudadana Europea pidiendo que se suspenda el Acuerdo Asociación de la Unión Europea con Israel.
Esta Iniciativa se puso en marcha formalmente el 12 de enero de 2026, por lo que en apenas tres meses se habían alcanzado los primeros objetivos, el millón de firmas y superar en siete Estados europeos el umbral mínimo fijado de firmas. Actualmente, son en diez Estados europeos que han superado ese umbral mínimo, entre ellos el Estado Español.
El objetivo de los organizadores de la Iniciativa Ciudadanía Europea, European Left Alliance, es alcanzar 1.500.000 para tener la seguridad de que la ICE se culmina con éxito y evitar que algunas de las firmas invalidadas, por duplicación, datos inexactos, etc., sean motivos de echar atrás esta propuesta.
Con esta Iniciativa, la Comisión Europea está obligada a reconsiderar la suspensión total del Acuerdo de Asociación. La Comisión Europea hizo una propuesta de suspender a Israel determinados programas de colaboración, pero el Consejo Europeo (donde se reúnen los Jefes de Estado o de Gobierno) no alcanzaron ningún acuerdo.
Por lo tanto, la recogida de firmas sigue estando en marcha y hay que seguir divulgando la ICE de suspensión del Acuerdo UE- Israel.
El consejo de administración de CAF y sus accionistas de cabecera (Fundación BBK, Kutxabank, Cartera Social, Indumenta Pueri /Mayoral vestidos infantiles, Fundación Daniel Bravo Andreu e Instituto Vasco de Finanzas) persisten en seguir siendo una empresa colonizadora al servicio de la potencia ocupante israelí.
Los trabajadores de CAF, antiguos accionistas, como Norges Bank, la Autoridad Palestina, organizaciones palestinas –que intervinieron en su Junta de Accionistas por delegación–, movimientos sociales como BDZ, Amnistía Internacional y hasta la Administración española –que no la vasca– han insistido hasta la saciedad que CAF no debiera haber concursado, junto con la empresa israelí Shapir, en un proyecto de ampliación y gestión de una línea, y la construcción de otra de tren ligero, que abarcan territorio ocupado palestino. Esas líneas de tranvía (y otra en la que concursó, la Azul, pero sin lograr la adjudicación), planificadas por la potencia ocupante, Israel, sirven para ampliar la colonización israelí en territorio ocupado, consolidar las expropiaciones a los palestinos, la pérdida de sus hogares y propiedades, y los traslados de población de la potencia ocupante a territorio ocupado.
Antes del proyecto, la dirección de CAF sabía que sus acciones eran contrarias a la IV Convención de Ginebra y a resoluciones de las Naciones Unidas, incluyendo las emitidas por el Consejo de Seguridad, más los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Se amparaban en la falta de sanciones a las empresas colonizadoras y argumentaban que todas las normas enunciadas afectaban a los Estados y no a los agentes que hacen posible la colonización y el apartheid israelí.
Vestían su hipocresía, cinismo y falsedad, mintiendo primero sobre dónde se realizaba su proyecto, «en la ciudad israelí de Jerusalén», consentido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, obviando que, además de por Jerusalén Este, las líneas transcurrirían por los cerca de 70 km² de Cisjordania anexionados por Israel al Gran Jerusalén.
Esas falsedades han ido arropadas por informes ad hoc de «expertos», auditores y empresas especializadas en lavar atropellos empresariales. Ni siquiera ha sabido CAF explicar la elección de su socio, Shapir, que cuenta con canteras y participa en la construcción de asentamientos (ilegales) e infraestructuras militares en territorio ocupado. Empresa que ya entró en la Base de Datos de las Naciones Unidas como colonizadora, ¡antes de tender el primer raíl o proceder a la exportación de tranvías!
CAF ya forma parte de la Base de Datos de las Naciones Unidas por su actividad colonial. Algo que sus «expertos» y sus lobbies creían que no iba a pasar, con su reconstrucción de una «diligencia debida reforzada». En sus informes ya han pasado de decir «ciudad israelí» a declarar que su actividad (líneas, depósitos, gestión) transcurre «parcialmente en territorios objeto de controversia política», utilizando la terminología de la potencia ocupante. Se trata de una empresa que se autocalifica de «neutral y técnica», cuando sabe que Israel no reconoce la ocupación (todo es Israel, no existe, ni se reconoce Palestina) y que margina a cualquier operador privado que exprese la existencia de ocupación.
El consejo de administración de CAF, Arizkorreta, Marínez Ojinaga, Carmen Alló, etc., rechaza las implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto de colonización que realiza y se lucra a las órdenes de las autoridades israelíes que son las que planifican, ordenan, apresan y matan a quién se oponga. Desde los juicios de Núremberg se rechaza la excusa de obediencia debida (a los contratos firmados). Desde los movimientos sociales hemos manifestado en público que, si CAF abandonase el proyecto e Israel, potencia ocupante y autoridad de la colonización, la demandara ante un tribunal de inversiones, estaríamos dispuestos a apoyarles, dado que la ampliación de la colonización choca con la legalidad internacional.
Mientras tanto, continúan la ampliación de las colonias israelíes y la expulsión de palestinos. El penúltimo ejemplo es la destrucción de los cuarteles de la Unrwa en Zalman Sharagi Street 21, Sheikh Jarrah, Jerusalén Este ampliado, para construir 1.440 viviendas, eliminando servicios y a funcionarios a la población palestina, ante la mirada «equilibrada» de los rectores de CAF en su «protección de los derechos humanos y la necesidad de ofrecer a la población [¿israelí?] una infraestructura para todas las comunidades [¿que Israel permita?] sin discriminación».
En la Guía de las Naciones Unidas de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos se explicitan aspectos de sentido común: el ‘conflicto siempre generará consecuencias negativas para los derechos humanos; las actividades comerciales en un área afectada por un conflicto nunca serán "neutrales" y sin impacto. Incluso si una empresa no toma partido en el conflicto y se esfuerza por ser imparcial, sus actividades necesariamente influirán en la dinámica del conflicto [aumentando y profundizando la ocupación y la colonización]; una simple adquisición de tierras puede alimentar el conflicto cuando se basa en el despojo previo o el desalojo forzoso de las comunidades; las empresas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario además de los derechos humanos acordados internacionalmente; las empresas deben identificar y evaluar no solo las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos, sino también las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los conflictos que la empresa puede causar o contribuir a través de sus propias… Y ofreciendo siempre como posibilidad el abandonar las actividades.
La permisividad social y política ante los atropellos israelíes, ya calificados de genocidio, ha ido cambiando por la acumulación de crímenes derivados de la propia soberbia sionista.
En España y otros países ya hay procedimientos judiciales contra empresas colonizadoras o que facilitan el genocidio, contra la entidad rectora del fútbol internacional, la FIFA, por ejemplo, por consentir (y apoyar) a equipos de colonos que legitiman la ocupación israelí. Por el contrario, hay gobiernos locales como el Ayuntamiento de Barcelona que disponen de mecanismos para excluir a empresas colonizadoras como CAF, algo pendiente en el resto de las administraciones, incluyendo a los gobiernos autonómicos y al gobierno español. Los movimientos sociales y algunos gobiernos coherentes, como sucedió durante los años de la Sudáfrica del apartheid, en muchas partes del mundo, vamos a seguir construyendo mecanismos, campañas y normas para señalar y sancionar a las empresas que incurren en actividades criminales.
Protesta de las personas solidarias con Palestina a las puertas del evento Rail Live, Zaragoza 2024. | Foto: Foro Palestina Libre
El Gobierno no sabe, no contesta sobre sanciones a empresas españolas que facilitan la colonización israelí
CSCA. 14 de abril de 2026. En una sucesión de preguntas parlamentarias del Grupo Parlamentario SUMAR (184/000238, 184/004828, 184/024381, 184/025366, 184/025978, 184/026775, 184/027819, 184/029576, 184/031281, 184/035710), sobre cómo el gobierno va a confrontar con las empresas españolas implicadas en la colonización israelí en Territorio Ocupado Palestino, observamos que las respuestas del gobierno (184/000238, 184/004828, 184/024381, 184/25978, 184/026775, 184/027819, 184/29576, 184/031281, eluden cualquier respuesta. Es decir, el gobierno no ha hecho nada, no piensa hacer algo, ni siquiera incluir cláusulas en la contratación pública, para excluir a dichas empresas. Sus singulares discursos sobre la tragedia palestina, diferenciados a los de otros gobiernos europeos, en lo que respecta a sanciones a empresas colonizadoras, no se diferencia del mirar a otro lado de la comunidad internacional.
En septiembre de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó la actualización de la Base de Datos de las empresas que participan en la colonización israelí en Territorio Ocupado Palestino, Están incluidas en esa Base de Datos, ACS, CAF, INECO y SEMI. Por razones de mandato limitativo se habían excluido a otras empresas que actúan en Territorio Ocupado Palestino y a las que actuaban en los Altos del Golán sirio. CAF, además, fue nombrada en el Informe de la relatora de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio'.
Esa falta de actuación contra esas empresas se observa en que elude el nombrarlas o exculpar a una empresa pública (!) aceptando lo que rechaza y recrimina a otras administraciones, En este caso, en el de INECO, considera que hacer parte de una obra (necesaria para hacer el todo), evita la responsabilidad de formar parte del proyecto colonial
Incluso, intenta escudarse en donaciones arbitrarias, propias las más de las veces en operaciones de marketing, para no asumir mecanismos de reparación.
Desde múltiples organizaciones se exigen sanciones a Israel, a las empresas cómplices con la colonización, la suspensión del Acuerdo de Asociación UE Israel y de cualesquiera subvenciones o programas con el Estado de Israel, el comercio de armas, investigación, etc en las líneas que se hicieron contra la Sudáfrica del apartheid.
Al amparo de 1o establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.
En relación con la respuesta emitida con fecha 9 de febrero a la pregunta parlamentaria 184/031281, relativa a las actuaciones del Gobierno respecto a las empresas españolas INECO, ACS, CAF y SEMI incluidas en la Base de Datos de Naciones Unidas sobre empresas vinculadas a actividades en los Territorios Palestinos Ocupados, el Gobierno señala que la actividad de INECO, empresa pública, se limita a un contrato suscrito en 2017 para la realización de estudios técnicos relativos a los túneles de la denominada "Línea Azal" del tranvía de Jerusalén, en el tramo considerado internacionalmente parte del Estado de Israel y no Territorio Ocupado.
No obstante, no se explica por qué el Gobierno considera compatible dicha participación con el hecho de que la mencionada infraestructura conecta el casco urbano de Jerusalén con asentamientos como Gilo, considerados por la comunidad internacional como parte de los Territorios Palestinos Ocupados, ni siquiera cómo se valora desde el Ejecutivo el impacto de dicha infraestructura en el proceso de colonización, ampliamente cuestionado por representantes palestinos y por diversos organismos internacionales.
Asimismo, la respuesta a la pregunta 184/031281 no solventan las cuestiones relativas a las demás empresas aludidas (ACS, CAF y SEMI que también se hallan incluidas en la Base de Datos de Naciones Unidas.
¿INECO y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del que depende han planteado algún tipo de reparación al pueblo palestino?
¿Qué acciones está desarrollando el gobierno para que el resto de las empresas mencionadas, ACS, CAF y SEMI, respeten el derecho internacional?
¿Qué acciones va a realizar con respecto a la contratación pública, subvenciones, etc., con respecto a todas las empresas mencionadas en la Base de Datos de las Naciones Unidas por su actividad colonizadora en Territorios Ocupados?
Palacio del Congreso,
03 de marzo de2026
Enrique Santiago Romero, Portavoz IU / GP Plurinacional SUMAR
Félix Alonso Cantorné, Diputado GP Plurinacional SUMAR
Juan Antonio Valero Morales, Diputado IU / GP Plurinacional SUMAR
Engracia Rivera Arias, Diputada IU / GP Plurinacional SUMAR
Nahuel González López, Diputado IU / GP Plurinacional SUMAR
Francisco Sierra Caballero, Diputado GP Plurinacional SUMAR
RESPUESTA DEL GOBIERNO
(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/35710 03/03/2026 Registro 103511
AUTOR/A: ALONSO CANTORNÉ, Félix (GSumar); GONZÁLEZ LÓPEZ, Nahuel (GSumar); RIVERA ARIAS, Engracia (GSumar); SANTIAGO ROMERO, Enrique Fernando (GSumar); SIERRA CABALLERO, Francisco (GSumar); VALERO MORALES, Juan Antonio (GSumar)
RESPUESTA:
En relación con el asunto interesado, se señala que INECO (Ingeniería y Economía del Transporte) participa en el diseño de un tramo de túnel situado íntegramente en territorio reconocido internacionalmente. Por ello, y al no contribuir la compañía al mantenimiento de asentamientos israelíes, se ha solicitado formalmente a Naciones Unidas su exclusión de la Base de Datos del Alto Comisionado, reafirmando el compromiso que Ineco tiene con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el año 2008.
Ineco es plenamente sensible a la dramática situación que sufre la población palestina, colaborando con organizaciones humanitarias como UNRWA, Fundación de Apoyo al Pueblo Palestino, Acción contra el Hambre, Oxfam Intermón, Save the Children, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja en su labor de apoyo a Palestina; e impulsando la incorporación a la compañía de personas refugiadas, entre ellas de origen palestino, a través de su Plan Iguales de inclusión sociolaboral.
Condenan a prisión al ex director general de cementera francesa Lafarge por financiar a yihadistas en Siria
París (Francia) (AFP) – 13 de abril de 2026
Un tribunal de París condenó este lunes a la cementera francesa Lafarge y a ocho antiguos directivos por "financiación del terrorismo", al haber pagado a yihadistas en 2013 y 2014 para mantener activa una fábrica durante la guerra en Siria.
En una dura sentencia, la justicia impuso seis años de prisión, con encarcelación inmediata, para el exdirector ejecutivo Bruno Lafont y multas de casi 5,7 millones de euros (6,65 millones de dólares) para la empresa y cuatro exdirectivos.
En 2022, la empresa francesa ya fue condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 778 millones de dólares, tras declararse culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones consideradas "terroristas" por Washington.
En su sentencia, el tribunal de París consideró que Lafarge pagó cerca de 5,6 millones de dólares en 2013 y 2014, a través de su filial Lafarge Cement Syria (LCS), a grupos e intermediarios yihadistas para mantener en actividad su planta de Jalabiya, en el norte de Siria.
Para preservar sus intereses económicos en una Siria que abandonaban el resto de multinacionales, la empresa realizó pagos a tres organizaciones yihadistas, entre ellas el Estado Islámico (EI), lo que les permitió "preparar atentados terroristas", en particular los de enero de 2015 en Francia, agrega.
"Esta forma de financiación de las organizaciones terroristas, y principalmente del Estado Islámico, ha sido fundamental para que la organización terrorista se hiciera con el control de los recursos naturales de Siria", subrayó la presidenta del tribunal, Isabelle Prévost-Desprez.
La empresa, absorbida más tarde por la suiza Holcin, estableció una "asociación comercial con el EI", afirmó la magistrada, que hace hincapié en la elevada cantidad abonada.
Durante el juicio celebrado entre noviembre y diciembre, la defensa trató de desmentir que su fábrica en Jalabiya permaneció activa por razones puramente financieras, en detrimento de la seguridad de su millar de empleados.
"Podíamos lavarnos las manos e irnos, pero ¿en qué situación habrían quedado los empleados de la fábrica si nos hubiéramos marchado?", sostuvo Christian Herrault, exdirector general adjunto de Lafarge. "Teníamos que elegir entre dos malas soluciones, la peor y la menos mala", agregó.
Este sistema preveía el pago de dinero para financiar la adquisición de insumos destinados a la producción de cemento y para asegurar los "pagos de seguridad" y permitir que los empleados de la cementera y las mercancías pudieran pasar los puestos de control en la región.
Recurso anunciado
Por estos hechos, ocho exresponsables de la cementera recibieron penas que van de 18 meses a siete años de prisión. El tribunal decretó la encarcelación inmediata para Bruno Lafont y Christian Herrault, condenados a seis y cinco años de cárcel respectivamente.
El director ejecutivo de Lafarge de 2008 a 2015, de 69 años, fue detenido en la sala del tribunal y llevado de inmediato por la policía. Su abogada, Jacqueline Laffont, anunció a la prensa que recurrirá inmediatamente la sentencia y denunció una orden de ingreso en prisión "injustificada".
La fiscalía nacional antiterrorista consideraba que Bruno Lafont estaba perfectamente informado y que dio "directrices claras" para mantener la actividad de la fábrica, "una elección puramente económica, de un cinismo alucinante".
Pese a los millones desembolsados, la fábrica de Jalabiya fue finalmente evacuada por Lafarge de forma urgente y en la más absoluta imprevisión el 18 de septiembre de 2014, ante el avance del EI. Al día siguiente, cayó en manos de los yihadistas.
Algunas víctimas de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, que mataron a 130 personas en París y sus alrededores, se personaron como acusación particular, al considerar que este caso era uno de los "engranajes" que ensangrentaron Francia esos años.
AFP
Lafarge o cómo los servicios de inteligencia utilizan grandes empresas para extender una red de espionaje
MILAGROS DE DIEGO CEREZO
Documentos TV, 28 de junio de 2023
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La encabezó Jean Claude Veillard, director de Seguridad del grupo Lafarge entre 2008 y 2015. Introdujo a dos nuevos trabajadores en la fábrica que harían las veces de espías encubiertos y tejerían la red de espionaje contra el régimen del dictador sirio. "Los trabajadores de Lafarge fueron una importante fuente de información", admite Christophe Gomart, director de Inteligencia Militar de 2013 a 2017.
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