CAF persiste en el crimen, la lucha continúa
Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
naiz.eus, 23 de junio de 2026
En este mes de junio se han sucedido dos hechos relevantes relacionados con la empresa CAF: la comparecencia de personas afectas a BDZ (Boikota, Desinbertsioa, Zigorrak) en las Juntas Generales de Gipuzkoa, el día 11 de junio, y la Junta de accionistas, el día 13.
CAF está señalada por las Naciones Unidas como agente necesario en la colonización de Territorio Palestino −calificado como crimen por el Derecho internacional−, al servicio de las autoridades israelíes de ocupación, colonización y presunto genocidio. El motivo es que CAF, en contra de la opinión de sus trabajadores, y junto a su socio colonial Shapir, se lucra construyendo, proveyendo de vehículos y gestionando líneas de tranvía en la ciudad ocupada de Jerusalén y en los asentamientos ilegales próximos.
La comparecencia en las Juntas Generales la solicitaron EH Bildu y Elkarrekin. En ella, se expusieron los elementos centrales del comportamiento de CAF, que obedece y cobra de las autoridades de ocupación, las cuales fijan el trazado de las líneas, las expropiaciones o las expulsiones de palestinos en la Jerusalén ocupada y en los setenta kilómetros cuadrados contiguos de Cisjordania incorporados por Israel desde su conquista en 1967. La dirección de CAF no puede alegar ignorancia, porque antes de la licitación israelí para la infraestructura tranviaria y urbanización, en zonas sobre las que Israel no tiene soberanía, tanto trabajadores como movimientos de solidaridad con Palestina, y hasta la propia Autoridad Palestina les reprocharon su contumacia, alentada por catedráticos de Derecho (marítimo, curiosamente) y otros secuaces a la orden del mejor postor.
El representante del PP se ausentó al término de la primera alocución del representante de BDZ. La representante socialista repitió que desde el gobierno de España no se habían concedido créditos de exportación a CAF para este proyecto, por lo que el tándem CAF-Shapir se había financiado a través del Banco Hapoalim. Y, dado que la intervención de BDZ se había referido a la denuncia contra el Consejo de Administración de CAF ante la Fiscalía, así como a los casos judiciales de Sidenor y de eDreams, abogó por que los contrarios al proyecto de Jerusalén, si veían ilicitud en las actuaciones de CAF, continuasen por la vía judicial. Pero, ante la petición de la representante de Elkarrekin de propuestas específicas contra las empresas que apoyan la colonización de Palestina, de medidas que pudieran reclamarse a entidades locales, al gobierno vasco o español, con el fin de modificar la conducta de CAF, no quiso pronunciarse (lo cual es una manera de pronunciarse) sobre su apoyo a medidas concretas
Existe, pongamos por caso, la posibilidad de incorporar en los concursos cláusulas que excluyan a empresas que no cumplan ciertos requisitos (ya durante la covid-19 se excluyó a aquellas empresas que tuvieran actividades en guaridas fiscales), por ejemplo, a las empresas incluidas en la Base de Datos, tal como ya ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona; y, además, los accionistas, sean Cartera Social, Kutxabank o el propio gobierno vasco, a través de Finkatuz, etc., podrían votar en contra de la Información No Financiera que presenta el Consejo de Administración de CAF en la Junta de Accionistas. Días antes, también Amnistía Internacional había propuesto en una declaración ese voto en contra.
El motivo es que en esa Información No Financiera se recoge que CAF ejerce una diligencia reforzada, que estudia las (buenas) prácticas de las empresas con las que se relaciona y que el proyecto de (l Gran) Jerusalén se lleva parcialmente a cabo en «territorios en disputa», y que esa infraestructura beneficia a todos sus usuarios, entre los que se cuenta población «árabe».
El portavoz del PNV, Iriondo, leyó su discurso. Es decir, que cualesquiera que fuesen los argumentos que se hubieran invocado previamente, intervenía con un discurso ya preparado de antemano. La línea del mismo consistía en culpabilizar de todo a Netanyahu y considerar que sería un abuso responsabilizar a CAF como causante de cualquier daño, tratándose de una empresa tractora, apegada al territorio y que ejemplifica el pundonor de la industria vasca. El problema de la debilidad de su discurso es que, desde la ocupación militar israelí, son empresas como Shapir las que construyen asentamientos o bases militares; son bancos como Hapoalim los que dan servicio a los colonos, o es un cliente de CAF, en su división de autobuses, Solaris, llamado Egged, el que gestiona líneas regulares entre Israel y las colonias. CAF facilita la expansión de asentamientos queridos por la colonial Israel.
Las empresas son agentes de la colonización. Del crimen de la colonización en territorios robados a los palestinos. Lo peor, en un lapsus freudiano, fue su afirmación de que, cuando CAF apostó por lucrarse con el proyecto del Gran Jerusalén era otro momento y no había tanta sensibilidad ni tantas protestas. El proyecto ya era ilegal en 2019, cuando CAF licitó junto a Shapir, y lo es en el año 2026, con el genocidio palestino transmitido en directo. O se respeta el Derecho internacional o no se respeta. Lo remató luego, cuando, como si fuera voz de la empresa, y no de la ciudadanía, justificó a la dirección de la empresa por temor a la ejecución de avales si no se respeta un contrato (ilegal y nulo de pleno derecho), y no quiso saber si conservarían los palestinos funcionarios de la UNRWA de Jerusalén su trabajo en unas instalaciones destruidas por Israel en Jerusalén para edificar viviendas para colonos y si volverían a ser clientes apátridas del tranvía de CAF.
Estuve presente en la Junta de Accionistas, a la que acudí con el atuendo de chándal de preso, con el que los israelíes vistieron a los participantes secuestrados en las flotillas. Contrastaba con los trajes azul marino y los elegantes vestidos del resto de los accionistas. El año pasado estuvo el jerosolimitano Mounir echándoles en cara su proyecto colonial. Este año, frente a la sede de CAF custodiada por la Ertzaintza, hubo una manifestación popular a favor de la vida digna y la libertad del pueblo palestino, lo contrario de lo que se auguraba que iba a ser defendido por el Consejo de Administración de CAF.
Las cifras del balance y los elementos destacables del ejercicio 2025 que ofreció el Consejero Delegado, Martínez Ojinaga, fueron brillantes. Récord de facturación, pedidos −hasta cuatro años de fabricación plena−, margen de beneficios, tanto en trenes como en señalización o autobuses. Desgranó varios proyectos relevantes, Bélgica, Nápoles, Helsinki... pero no mencionó −en sus cuarenta minutos− que se había incluido a CAF, como el resto de las empresas mencionadas, Shapir, Hapoalim, Egged, en la Base de Datos de las Naciones Unidas por su apoyo a la colonización israelí, ni el daño reputacional consiguiente o la inexistencia de una diligencia debida acorde con la realidad. No contó tampoco que su Consejo de Administración tiene una denuncia ante la Fiscalía por su apoyo al crimen de la colonización israelí.
El presidente de CAF, Andrés Arizkorreta, tampoco explicó a los accionistas, a pesar de manifestar que el Consejo de Administración aboga por actuaciones técnicas y neutrales en sus proyectos, su preferencia por utilizar la terminología israelí y no la del Derecho internacional, empleando términos como «territorios en disputa» y «árabes», en lugar de palestinos.
Insistió, contra toda evidencia, en que CAF dispone de diligencia debida reforzada y que catedráticos, auditores, reguladores y Negocios Responsables −que cobran por sus informes− les cuentan como el espejito mágico de la madrastra, que son los más bellos del Goierri y parte del extranjero.
Nadie, excepto el accionista que representa al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, votó en contra del punto de Información No Financiera. Es decir, que los discursos a favor de la paz, de apoyo al pueblo palestino siguen nadando en la inanidad de los hechos.
Hagamos, por último, referencia al portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales. Recalcó la incapacidad ejecutiva de las Juntas Generales, frente a la capacidad normativa de la Diputación de Gipuzkoa, del Gobierno Vasco o el Gobierno de España. Y la voluntad de su grupo, allí donde gobierne, incluyendo los actuales ayuntamientos, junto a aliados que defiendan los mismos valores, de apoyar con hechos al pueblo palestino frente a las empresas colonizadoras.
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