Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
martes, 16 de junio de 2026
domingo, 14 de junio de 2026
La labor de UNRWA en la preservación de la memoria colectiva de Palestina
La labor de UNRWA en la preservación de la memoria colectiva de Palestina
- Los documentos rescatados por UNRWA preservan la memoria colectiva palestina en medio de la guerra, el exilio y la amenaza de desaparición
Recientemente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado el objetivo de ocupar el 70% de la franja de Gaza, una aspiración que contraviene frontalmente el plan de paz acordado en octubre de 2025, que establece la retirada de las fuerzas israelíes del territorio. Esta declaración no puede leerse como un hecho aislado. Se inscribe en una lógica más amplia de imposición de hechos consumados que también se despliega, con creciente intensidad, en la Cisjordania ocupada, donde el Gobierno israelí está forzando la expulsión de comunidades palestinas enteras mediante una estrategia orientada a hacer invivible la permanencia de la población originaria en su propia tierra.Leer más..
sábado, 13 de junio de 2026
Apelación a las Asociaciones Nacionales de Fútbol Miembros de la FIFA para expulsar a Israel del fútbol .Coalición Internacional Contra el Apartheid y los Asentamientos
Apelación a las Asociaciones Nacionales de Fútbol Miembros de la FIFA para expulsar a Israel del fútbol
Preguntas de Santiago González Vallejo, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe al Consejo de Administración de CAF, a la Junta de Accionistas del día 13 de junio de 2026
Preguntas de
Santiago González Vallejo, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe al Consejo
de Administración de CAF, a la Junta de Accionistas del día 13 de junio de 2026
1- El Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles presenta en su informe no Financiero y en otras publicaciones públicas, como la realizada ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que sus actividades son ‘técnicas y neutrales’
Pero ese
Consejo de Administración de CAF usa la terminología de la potencia ocupante en
su proyecto del Gran Jerusalén, diciendo que “se encuentra parcialmente en
territorios objeto de controversia política” y que beneficia a población vulnerable
‘árabe’.
Las
expresiones acordes al derecho internacional (más técnico y neutral) son que su
proyecto se hace en ‘Territorio Ocupado’ y hay ‘palestinos’-palabra tabú para
el supremacismo israelí
¿Por qué el Consejo de Administración opta
por el lenguaje de la potencia ocupante y supremacista israelí en lugar de la
del derecho internacional?
2-Debido a la
sinrazón y contumacia del Consejo de Administración de CAF, advertido en
diferentes Juntas de Accionistas por este Comité de Solidaridad con la Causa
Árabe y Amnistía Internacional, CAF ha sido incluida en la Base de Datos de
empresas que facilitan y se lucran con la colonización y crimen que se comete
en Palestina. Esto significa una constatación de la falta de diligencia debida,
falta de ética de la dirección de la empresa, rigor en sus auditores y dejadez
de organismos reguladores. Un elemento que destroza la reputación de la empresa
y que sus competidores aprovecharán. Ya tiene una denuncia ante la Fiscalía por
este motivo.
Cara a la
empresa, este Consejo de Administración significa que tiene escaso rigor, su
perseverancia en el error a pesar de ser advertido por trabajadores y
movimientos sociales, su falta de ética, su poco aprecio por competitividad
sana y no aliada de la criminalidad y del genocidio del pueblo palestino, un
daño irreparable a su reputación.
¿Cuándo va a dejar el proyecto de
colonización criminal del Gran Jerusalén? ¿Qué medidas positivas va a tomar
para poder salir de la Base de Datos de las Naciones Unidas, como han hecho
otras empresas alineadas con la legalidad internacional?
viernes, 12 de junio de 2026
Juntas Generales de Gipuzkoa | Comisión de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, 11 de Junio de 2026
El video de la sesión sobre CAF en las Juntas Generales de Guipúzcoa
Entrevista a Alys Samson
Protesta contra el proyecto de CAF en el tranvía de Bilbao. Foto: Hibai Agorria / ARGIA CC-BY-SA
En abril, una coalición de diversas organizaciones del País Vasco, Cataluña, el Estado español y Palestina presentó una demanda contra la empresa CAF ante la Audiencia Nacional. El motivo es la intervención de la empresa Beasain en la construcción de infraestructuras para la colonización de Palestina. La fiscalía admitió el caso e inició una investigación, anunciada por las siguientes asociaciones: NOVACT, Comunitat Palestina de Catalunya, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representada por el Centro Guernica 37. Alys Samson, portavoz de la asociación NOVACT, es activista de derechos humanos y una de las personas involucradas en este proceso judicial. Tuvimos la oportunidad de hablar con ella en vísperas de la Junta General de Accionistas de CAF.
Iván Jiménez CostaNo es muy común que las organizaciones de la sociedad civil recurran a los tribunales. ¿Qué les motivó y qué esperan de esta demanda?
Antes de la adjudicación del contrato, se lanzó una campaña para que CAF se retirara del proyecto que abastece a los asentamientos ilegales. En aquel momento, los sindicatos y el comité de trabajadores de la empresa solicitaron a la dirección de CAF que se retirara de este proyecto israelí. Numerosos actores sociales del País Vasco se sumaron a esta demanda, y posteriormente también el Estado español. Seis años después, esta campaña se ha internacionalizado y organizaciones de todo el mundo, incluyendo palestinos, se han sumado a este llamamiento, pidiendo a CAF que se retire del proyecto que fomenta el apartheid.
Sin embargo, CAF ha vuelto a hacerse oír y se ha comprometido a incrementar sus negocios con Israel. En este contexto, hemos visto la necesidad de que seis organizaciones de la sociedad civil presenten una demanda para exigir responsabilidad penal a esta empresa y enviar un mensaje claro al mundo: la impunidad no es una opción. De hecho, Israel no puede cometer todos sus crímenes solo, y CAF lo está ayudando en esto, ya que proporciona al régimen israelí la infraestructura esencial para su ocupación. Esto es complicidad, y no pueden seguir haciéndolo con impunidad.

Independientemente de los criterios éticos, ¿existe una base legal sólida para demandar a la directiva de la CAF?
La denuncia interpuesta contra los miembros de la Junta Directiva de la CAF se basa en el derecho internacional humanitario y en el Código Penal español.
CAF no es un actor cualquiera; desempeña un papel fundamental en la construcción y el mantenimiento del tren ligero de Jerusalén. Esta infraestructura conecta los asentamientos en la Jerusalén Este ocupada con Jerusalén Oeste, y estos asentamientos son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Nuestra denuncia subraya que esta infraestructura apoya la anexión ilegal de Jerusalén Este, ya que contribuye a la estabilización y expansión de los asentamientos, así como a las políticas de exclusión contra los palestinos. Por lo tanto, fundamentamos la esencia de la denuncia en tres disposiciones del Código Penal español. Estas tres disposiciones se refieren a delitos contra las personas y la propiedad que deben protegerse en el contexto de un conflicto armado.
Uno de los artículos es el 611.5, que se refiere al traslado de población de una fuerza de ocupación a un territorio ocupado; otro es el 611.6, que trata sobre prácticas discriminatorias basadas en criterios raciales; y el tercero es el artículo 614, que trata sobre actos contrarios al Cuarto Convenio de Ginebra. En nuestra denuncia, sostenemos que los tribunales españoles tienen competencia para juzgar estos delitos, dado que CAF tiene su sede en España y allí se toman las decisiones corporativas. El Estado español debe garantizar que las empresas bajo su jurisdicción no infrinjan el derecho internacional.
La cadena de responsabilidad es larga, desde la administración vasca, pasando por inversores como Kutxabank, hasta los empleados que poseen una parte significativa de las acciones de la empresa. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de estos actores?
La denuncia que hemos presentado ante la Fiscalía se dirige específicamente contra los miembros del Consejo de Administración de CAF, ya que entendemos que ellos tomaron las decisiones corporativas relativas a la participación en el proyecto del Tren Ligero de Jerusalén. Sin embargo, este caso suscita un debate más amplio sobre la responsabilidad de cada uno de los actores que posibilitan y apoyan este tipo de proyectos.
Con motivo de la Junta General de Accionistas de CAF, se presentó una carta abierta firmada por cientos de organizaciones internacionales. En ella se solicita al Gobierno Vasco que suspenda su participación en la empresa. El 3% de las acciones de CAF son fondos públicos del Gobierno Vasco, y no es justo destinar ni un solo euro de dinero público a una empresa que realiza actividades ilegales.

Muchos de los actores involucrados en este proyecto han intentado eximirse de responsabilidad, argumentando que sus relaciones con Israel son diversas (económicas, comerciales, relacionadas con armamento o políticas, por ejemplo), y que no es justo insistir únicamente en las CAF. ¿Por qué centrarse específicamente en las actividades de las CAF?
Esto suele ser utilizado como excusa por quienes participan en graves violaciones de derechos humanos, con la esperanza de eximirse de su responsabilidad y complicidad. Nosotros, quienes hemos lanzado esta campaña, trabajamos por los derechos humanos del pueblo palestino y denunciamos a las empresas y a quienes los violan. Muchos se enriquecen a costa de la violación de los derechos del pueblo palestino. La Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, ha denominado a esto la «economía del genocidio», ya que Israel no podría cometer genocidio sin la participación de estos actores económicos.
No tenemos ninguna obsesión particular con ninguna empresa, pero el caso de CAF es muy evidente, muy claro; se trata de una intervención directa y decisiva en un proyecto de colonización clave. Muchos actores llevan años advirtiendo sobre esto, especialmente en el País Vasco, donde la solidaridad con Palestina está muy arraigada.
En los días previos a la Junta General de Accionistas de la CAF, se han organizado acciones de solidaridad en todo el mundo, durante la Semana Internacional de Acción contra la CAF. ¿Ha adquirido este problema una dimensión global que trasciende el País Vasco?
Es fundamental reconocer plenamente el papel de la sociedad civil y del movimiento popular en el País Vasco en este asunto. Durante casi una década, han organizado diversas movilizaciones y acciones para presionar a CAF a que se retire del proyecto de Jerusalén. Cabe destacar especialmente el papel del movimiento BDZ en el País Vasco, que ha trabajado incansablemente en la región, en coordinación con actores internacionales y el movimiento palestino BDS, hasta lograr que esta campaña se internacionalice. El resultado de este trabajo es lo que estamos viendo: se están organizando protestas en todos los países donde CAF tiene delegaciones, y campañas de boicot en los países donde participará en la licitación de contratos públicos, hasta que se retire de este proyecto ilegal.
El sábado 13 de junio se organizó una manifestación nacional en Beasain, frente a la Junta General de Accionistas de la CAF. ¿Cuál es la importancia de la movilización popular en la lucha por romper las relaciones económicas y comerciales con el régimen israelí?
Estoy seguro de que miles de personas participarán en la movilización de Beasain. Esto demostrará, una vez más, que el País Vasco tiene un firme compromiso con Palestina y que está organizado para denunciar y detener la complicidad con el régimen israelí. La movilización popular es esencial. Las movilizaciones organizadas en torno al recrudecimiento del genocidio en los últimos tres años lo han demostrado. Los logros alcanzados habrían sido imposibles sin la presión ejercida por la movilización. Ahí tenemos el ejemplo de Sidenor. Cuando supimos que Sidenor vendía acero a la industria armamentística israelí y que lo empaquetaba en Barcelona, colaboramos en Cataluña y el País Vasco, junto con la comunidad palestina. La empresa tuvo que anunciar que había dejado de vender acero a Israel, y eso fue una gran victoria.
Se ha iniciado una investigación y los miembros de la junta directiva están siendo procesados por crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez que ocurre algo así en España. Todo esto ha sido posible gracias a la movilización popular. Llegará el día en que la CAF tampoco tendrá más remedio que retirarse del proyecto israelí, y será gracias a la movilización popular.
jueves, 11 de junio de 2026
COMUNICADO CONJUNTO DE PAZ CON DIGNIDAD, ASOCIACIÓN UNADIKUM Y RUMBO A GAZA
COMUNICADO
CONJUNTO DE PAZ CON DIGNIDAD, ASOCIACIÓN UNADIKUM Y RUMBO A GAZA
Las organizaciones firmantes rechazamos de forma rotunda las
acusaciones difundidas por diversos medios de comunicación a partir de una
información distribuida por la Agencia EFE el pasado 3 de junio y basada en
declaraciones del Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra
el Antisemitismo, que nos vincula con el financiamiento directo o indirecto del
terrorismo.
Estas acusaciones carecen de pruebas verificables y se
presentan sin evidencia documental, judicial, administrativa o financiera que
las sustente. Pese a ello, han sido reproducidas por numerosos medios de
comunicación sin la mínima labor de contraste exigible cuando se difunden
imputaciones tan graves.
No estamos ante un hecho aislado. Estas acusaciones forman
parte de una campaña continuada de criminalización de la solidaridad
internacional con Palestina que, desde hace años, tiene como objetivo
desacreditar, intimidar y silenciar a organizaciones de derechos humanos,
agencias humanitarias y movimientos sociales que denuncian las violaciones
sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional cometidas
contra el pueblo palestino.
La campaña no tiene como objetivo principal a nuestras
organizaciones. Su objetivo fundamental es atacar y aislar a la sociedad civil
palestina. Se pretende desacreditar a organizaciones que documentan violaciones
de derechos humanos, sostienen servicios esenciales para la población civil,
acompañan a las víctimas y defienden el derecho internacional en uno de los
contextos más devastadores del mundo.
Resulta especialmente grave que estas acusaciones se produzcan
en un momento en que la población de Gaza continúa sufriendo una destrucción
sin precedentes, desplazamientos forzados, utilización del hambre como arma de
guerra, ataques contra infraestructuras civiles y una crisis humanitaria
extrema; y en el que aumenta la presión por la colonización violenta de
amplísimas zonas de Cisjordania con total impunidad y ante la pasividad
generalizada de la llamada comunidad internacional.
Las tres organizaciones contamos con trayectorias públicas
ampliamente conocidas y desarrollamos nuestra actividad con total
transparencia, sometidas a mecanismos de control, fiscalización y rendición de
cuentas. La asociación Unadikum
viene trabajando desde 2011 en la denuncia de la agresión contra el pueblo
palestino. Entre 2011 y 2014 desarrolló labores de acompañamiento y protección
de campesinos y pescadores en la Franja de Gaza, y ha participado durante
numerosos años en brigadas de apoyo y protección a los campesinos durante la
campaña de la recogida de la aceituna en Cisjordania. A lo largo de todo este
tiempo, ha mantenido una labor constante de solidaridad sobre el terreno y de
denuncia política, siempre desde una perspectiva no violenta y de defensa de
los derechos del pueblo palestino. Paz
con Dignidad trabaja desde hace más de dos décadas junto a organizaciones
palestinas de derechos humanos y de desarrollo social. Rumbo a Gaza forma parte de la Coalición Internacional de la
Flotilla de la Libertad (Freedom Flotilla Coalition), una iniciativa civil y no
violenta que desde 2010 denuncia el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza y
promueve el respeto al derecho internacional; ha sido atacada por Israel, que
en 2010 asesinó a diez activistas de la Flotilla e hirió a más de cincuenta
personas, ha sufrido asaltos ilegales a las embarcaciones en aguas
internacionales, ha sufrido secuestros de activistas, encarcelamiento indebido
y malos tratos.
Ninguna de nuestras organizaciones ha recibido jamás acusación
alguna por parte de las autoridades judiciales españolas ni ha sido objeto de
procedimientos que respalden las afirmaciones difundidas estos días.
Por ello, denunciamos no solo la falsedad de estas
acusaciones, sino también la falta de rigor periodístico demostrada por
aquellos medios que han reproducido estas informaciones sin verificar
adecuadamente los hechos ni ofrecer a las organizaciones afectadas la
posibilidad de contrastar las afirmaciones realizadas.
La responsabilidad de los medios de comunicación es especialmente
relevante cuando se trata de acusaciones susceptibles de causar graves daños y
poner en riesgo la seguridad de las organizaciones sociales y de las personas
que forman parte de ellas.
Por todo
ello:
•
Rechazamos de manera categórica las acusaciones
del aparato propagandista del Estado de Israel y difundidas contra nuestras
organizaciones.
•
Exigimos a la Agencia EFE y a los medios que han
reproducido estas informaciones la rectificación de aquellas afirmaciones que
carecen de respaldo probatorio y que nos ponen a organizaciones y personas en
grave riesgo de seguridad.
•
Reclamamos a los medios de comunicación el
cumplimiento de los principios básicos de rigor, verificación y contraste
informativo.
• Reafirmamos
nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, el derecho
internacional, la solidaridad entre los pueblos y con la población palestina.
Hacemos un llamamiento a organizaciones sociales, sindicatos,
movimientos ciudadanos, instituciones públicas, medios de comunicación y
representantes políticos para que rechacen esta nueva campaña de
criminalización de la solidaridad internacionalista y refuercen su compromiso
con la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional.
No nos van a intimidar. La solidaridad con el pueblo palestino
no es un delito. La defensa de los derechos humanos no es un delito. Y ninguna
campaña de difamación nos hará renunciar a nuestro compromiso con la justicia,
la paz y la dignidad de los pueblos.
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