Tarjetas de
crédito canceladas, cuentas de Google cerradas: jueces de la CPI sobre la vida
bajo las sanciones de Trump
The Guardian, 18 de febrero de 2026
Kimberly
Prost y Luz del Carmen Ibáñez Carranza prometen que las represalias de EE.UU.
no afectarán al trabajo de la Corte Penal Internacional
Cuando la
canadiense Kimberly Prost se enteró de que la administración de Donald Trump le
había impuesto sanciones, fue un shock.
Durante años,
ha sido jueza en la Corte Penal Internacional, evaluando acusaciones de
crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad; ahora figura en la
misma lista que terroristas y personas involucradas en el crimen organizado.
"Fue un momento de incredulidad", dijo.
Las
consecuencias fueron tanto materiales como psicológicas. Tras la cancelación de
sus tarjetas de crédito y sus cuentas de Amazon y Google, se tambaleó por lo
que describió como un "ataque directo y flagrante" contra uno de los
tribunales más prestigiosos del mundo.
“Estas son
medidas coercitivas diseñadas para atentar contra nuestra capacidad de realizar
nuestro trabajo de forma objetiva e independiente”, dijo. “Queremos que la
gente comprenda lo equivocado que está esto”.
Desde que
Trump regresó al poder el año pasado, su administración ha trabajado
incansablemente para
obstaculizar el tribunal con sede en La Haya. Hasta la fecha, 11 funcionarios del tribunal , incluyendo al fiscal jefe y ocho
jueces , han sido sancionados, lo que incluye medidas como la
prohibición de viajar a Estados Unidos y multas y penas de prisión para las
empresas estadounidenses que les prestan servicios.
En una orden
ejecutiva del año pasado, Trump acusó al tribunal de llevar a cabo “acciones
ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano,
Israel”, sugiriendo que las sanciones eran una represalia por las
investigaciones realizadas a funcionarios estadounidenses e israelíes. Ni
Estados Unidos ni Israel se encuentran entre los 125 signatarios del Estatuto de Roma, el tratado de 1998 que dio origen al
tribunal.
La orden
ejecutiva impulsó a 79 países, entre ellos Canadá, Brasil, Dinamarca, México y
Nigeria, a unirse en apoyo a la corte. Las sanciones,
según declararon en una carta conjunta, «aumentan el riesgo de impunidad para
los delitos más graves y amenazan con erosionar el estado de derecho
internacional».
Ella e Ibáñez
Carranza estaban convencidos de que las acciones de la administración Trump, si bien representaban un desafío a nivel
personal, no habían afectado el trabajo de la corte. "Estas medidas son
completamente inútiles", declaró Prost. "Puedo afirmar que, en nombre
de todos los jueces de esta corte y de los fiscales, seguiremos desempeñando
nuestro trabajo de forma independiente. Esto no afecta la forma en que
analizamos nuestros casos ni cómo los resolvemos".
Antes de
unirse a la CPI, Prost trabajó durante cinco años con las Naciones Unidas en su
programa de sanciones. Aun así, le sorprendió el alcance de las sanciones.
«Tienen un impacto tan grave en la vida cotidiana que no es simbólico», dijo.
«Pierdes todas tus tarjetas de crédito, sin importar dónde se emitieron».
Tareas
sencillas, desde reservar un Uber hasta un vuelo o una habitación de hotel, se
volvieron imposibles. Las transferencias bancarias ahora conllevaban la
incertidumbre de si se procesarían correctamente o serían rechazadas. Tras la
cancelación de sus cuentas de Amazon y Google, Prost vivía con la preocupación
constante de que sus otras cuentas también desaparecieran. «Todo se convierte
en un gran desafío», dijo.
Para la jueza
peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, las sanciones estadounidenses marcaron
la segunda vez que una superpotencia mundial la perseguía por su trabajo con la
CPI. En diciembre, un tribunal ruso la juzgó en ausencia, junto con el fiscal
jefe de la corte y otros siete jueces, tras la decisión de la CPI de emitir una
orden de arresto contra Vladimir Putin por la invasión de Ucrania. Recibieron
condenas de hasta 15 años de prisión.
Pero las
sanciones estadounidenses fueron de otro nivel, dado el peso del país en el
sistema financiero global. Poco después de ser sancionada, Ibáñez Carranza
declaró que su banco en los Países Bajos le canceló la tarjeta de
crédito. "¿Por qué? Es un banco europeo, no estadounidense",
dijo. "Hemos visto un exceso de cumplimiento de las sanciones, porque
algunos bancos están aterrados por sus relaciones con bancos o instituciones
estadounidenses".
Sin embargo,
lo más doloroso fue ver cómo las sanciones afectaron a su hija, lo que provocó
la cancelación de su visa estadounidense y sus cuentas de Google. "Vive en
otra parte del mundo, no tiene ningún vínculo con la CPI", dijo. "Es
triste. Esto es pura represalia por algo que no ha hecho".
Era un patrón
que se observaba en toda la CPI, dijo, donde cónyuges, padres e hijos de
funcionarios habían quedado atrapados en la redada de las sanciones. "Este
es el tipo de persecución que creo que el mundo no debería permitir", dijo
Ibáñez Carranza. "Servimos a la humanidad. Estamos impartiendo justicia
para las víctimas más vulnerables de todo el mundo, para millones y millones de
mujeres y niños que no tienen voz".
Destacó la
labor crucial que realizó la corte al aceptar casos cuando las naciones no
podían o no estaban dispuestas a procesar crímenes en su territorio. "Por
lo tanto, mi llamado es a que todo el mundo defienda esta institución que es la
causa de la humanidad".
Las sanciones
han agravado un panorama ya complejo para el tribunal, tras imponerse meses
después de que su fiscal principal, Karim Khan, fuera acusado de conducta sexual inapropiada. Khan
ha negado las acusaciones.
Si bien las
medidas se han centrado hasta ahora en individuos, la corte ha estado lidiando
con el temor de que Washington pueda imponer sanciones a la corte en su
conjunto. "La preocupación es que las sanciones se utilicen para cerrar la
corte, para destruirla, en lugar de simplemente atarla de manos", declaró un funcionario de la CPI a
The Guardian el año
pasado.
Desde
entonces, el tribunal ha tomado medidas, afirmó Prost. «Se ha tomado muy en
serio el asunto y se han implementado diversas medidas preventivas», añadió.
Preguntas en
el Parlamento Europeo sobre estas sanciones extraterritoriales de Estados
Unidos
Sanciones
extraterritoriales que hacen que ciudadanos de la Unión y funcionarios de
instituciones apoyadas por la Unión se vean privados de servicios bancarios
15.12.2025
Pregunta con
solicitud de respuesta escrita E-004941/2025 a la Comisión
Artículo 144 del Reglamento interno
Nela Riehl
(Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Anna Strolenberg (Verts/ALE), Kai
Tegethoff (Verts/ALE), Cecilia Strada (S&D), Mélissa Camara (Verts/ALE),
Jaume Asens Llodrà (Verts/ALE), Reinier Van Lanschot (Verts/ALE), Rudi Kennes
(The Left), David Cormand (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Catarina
Vieira (Verts/ALE), Chloé Ridel (S&D), Hanna Gedin (The Left), Kim Van
Sparrentak (Verts/ALE), Krzysztof Śmiszek (S&D), Vladimir Prebilič
(Verts/ALE), Annalisa Corrado (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Matjaž Nemec
(S&D), Robert Biedroń (S&D), Leila Chaibi (The Left), Gerben-Jan
Gerbrandy (Renew), Mounir Satouri (Verts/ALE), Benedetta Scuderi (Verts/ALE),
Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Villy Søvndal (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani
(Renew), Manon Aubry (The Left), Marc Botenga (The Left), Thijs Reuten
(S&D), Irene Montero (The Left), Sara Matthieu (Verts/ALE), Rima Hassan
(The Left), Hana Jalloul Muro (S&D), Rasmus Nordqvist (Verts/ALE)
Recientemente,
proveedores de servicios financieros y digitales han denegado servicios a
ciudadanos de la Unión objeto de sanciones extraterritoriales estadounidenses
—concretamente, a la relatora especial de las Naciones Unidas Albanese y al
juez de la Corte Penal Internacional Guillou— debido a preocupaciones relacionadas
con el cumplimiento normativo. En ambos casos, se restringió el acceso en la
Unión a servicios bancarios y de pago esenciales a pesar de que estas personas
operaban legalmente en el marco de la jurisdicción de la Unión. Estas prácticas
son contrarias al Derecho de la Unión y socavan principios fundamentales como
la independencia judicial, la rendición de cuentas multilateral y la soberanía
financiera. También plantean interrogantes sobre las obligaciones en materia de
servicios de pago en la Unión, en particular la continuidad del servicio en el
mercado interior.
En este
contexto:
·
1.
¿Cómo valora la Comisión las consecuencias
de estos casos para la integridad del Derecho de la Unión, la independencia de
las instituciones internacionales y la capacidad de la Unión para proteger a
sus ciudadanos de sanciones extranjeras extraterritoriales?
·
2.
¿Tiene previsto la Comisión reforzar la
aplicación del estatuto de bloqueo de la Unión y proporcionar instrumentos a
corto plazo (en particular, canales de pago protegidos respaldados por la
Unión) al tiempo que apoya a los proveedores de servicios financieros y de pago
establecidos en la Unión mediante oportunidades de crecimiento e incentivos
reglamentarios para reducir la dependencia de infraestructuras de pago no
pertenecientes a la Unión?
·
3.
¿Actuará la Comisión diplomáticamente en
las Naciones Unidas y con los Estados Unidos para garantizar que las medidas
extraterritoriales no obstaculicen la capacidad de la Unión para salvaguardar
su soberanía financiera y digital y proteger a los ciudadanos de la Unión y a
las instituciones apoyadas por la Unión frente a medidas coercitivas
extranjeras?
Apoyos Esta pregunta está apoyada por otros diputados además
de sus autores: César Luena (S&D), Jonas Sjöstedt (The Left).
Respuesta ES E-004941/2025
Respuesta de
la Sra. Albuquerque en nombre de la Comisión Europea (18.2.2026)
La Comisión
lamenta profundamente que los Estados Unidos hayan recurrido a la imposición de
sanciones que presionan de manera injustificable a la Corte Penal Internacional
(CPI), a su personal y a las personas que cooperan con ella. Además, el hecho
de que los operadores de la UE se vean amenazados con sanciones secundarias por
realizar determinadas actividades con las personas objeto de sanciones, exista
o no una relación directa con el país sancionador, constituye una aplicación
extraterritorial de sanciones a la que la Comisión se opone, entre otros, en
los foros de las Naciones Unidas, por considerarla contraria al Derecho
internacional.
En las
declaraciones que realiza en el ámbito de las Naciones Unidas, sobre todo a la
hora de enfrentarse a las nociones falsas de las «medidas coercitivas
unilaterales» propuestas en contra de las medidas restrictivas autónomas de la
UE, la Unión insiste sistemáticamente en que toda sanción debe ser conforme a
la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho internacional humanitario y
respetar el derecho a la tutela judicial efectiva.La UE manifiesta sus reservas
cada vez que una medida de un tercer país amenaza con mermar la integridad del
sistema multilateral, el funcionamiento de las instituciones respaldadas por la
UE o la protección de la labor humanitaria y las actividades económicas
legítimas.
La Comisión
sigue muy de cerca las novedades relacionadas con las sanciones estadounidenses
que afectan a la CPI y a las personas asociadas a sus actividades. Mantiene una
estrecha comunicación con la CPI, los Estados miembros y las otras partes
interesadas, y reitera la importancia de garantizar la independencia y el
funcionamiento de la CPI.
La Comisión
mantiene su predisposición a ofrecer todo su apoyo para defender la CPI contra
las presiones externas y a estudiar la adopción de medidas adecuadas y eficaces
al objeto de mantener indemnes las operaciones de la CPI y garantizar que el
mandato de esta se cumpla en su totalidad.
Pregunta
Solicitud de
seguimiento relativa a la activación del estatuto de bloqueo
23.12.2025
Pregunta con
solicitud de respuesta escrita E-005056/2025 a la Comisión
Artículo 144 del Reglamento interno
Rima Hassan (The Left), Leila Chaibi (The Left), Rudi Kennes (The Left), Manon
Aubry (The Left), Matjaž Nemec (S&D), Cecilia Strada (S&D), Hana
Jalloul Muro (S&D), Estrella Galán (The Left), Catarina Martins (The Left),
Annalisa Corrado (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Rasmus Nordqvist
(Verts/ALE), Villy Søvndal (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Irene
Montero (The Left), Emma Fourreau (The Left), Thijs Reuten (S&D), Marina
Mesure (The Left), Maria Grapini (S&D), Damien Carême (The Left), Francisco
Assis (S&D)
En una
pregunta con solicitud de respuesta escrita[1] presentada en mayo de 2025 por
varios diputados provenientes de los grupos The Left, Verts/ALE, Renew, S&D
y PPE, se preguntó a la Comisión acerca de la activación del estatuto de
bloqueo, destinado a neutralizar los efectos de las sanciones impuestas por
terceros países. Esta pregunta se formuló a raíz del informe de 2024 del
Parlamento Europeo sobre los derechos humanos, que pedía la activación urgente
de este estatuto tras la decisión de la administración de Trump de imponer
sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI).
En su
respuesta[2] de 30 de julio de 2025, la Comisión
se limitó a asegurar que estaba siguiendo la situación de cerca y que se
estaban considerando «medidas efectivas». Sin embargo, hasta la fecha, el
fiscal de la Corte Penal Internacional, dos fiscales adjuntos, seis jueces y la
relatora especial de las Naciones Unidas Francesca Albanese siguen sujetos a
sanciones impuestas por los Estados Unidos, ante lo cual Europa no ha
reaccionado. La agencia de viajes del Parlamento incluso ha llegado a anular
una reserva de hotel para Francesca Albanese debido a estas sanciones.
Los tres
informes adoptados por la Comisión AFET el 2 de diciembre de 2025 reiteran el
llamamiento de activar con urgencia el estatuto de bloqueo.
En este
contexto, se pide a la Comisión que conteste a las siguientes preguntas:
·
1.
¿Qué impide dar curso a esta solicitud?
·
2.
¿Cómo protege la Comisión a los
ciudadanos, los operadores y las instituciones de la Unión Europea contra la
aplicación extraterritorial de una norma de un tercer país?
Presentación:
23.12.2025
·
[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002163_ES.html.
·
[2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002163-ASW_ES.html.
Respuesta
Respuesta de
la Sra. Albuquerque en nombre de la Comisión Europea (18.2.2026)
La Comisión
está estudiando medidas adecuadas y eficaces que garanticen la continuidad de
las funciones de la Corte Penal Internacional (CPI) y el cumplimiento de su
mandato. Entre las medidas consideradas se incluye la adopción de un acto
delegado de la Comisión que modifique el anexo del Reglamento (CE) n.º 2271/96
del Consejo sobre el estatuto de bloqueo1. No obstante, las relaciones
diplomáticas y la búsqueda de soluciones específicas siguen siendo la línea de
actuación preferida.
La Comisión
sigue vigilando muy de cerca la situación de las sanciones impuestas por los
Estados Unidos que afectan a la CPI y a las personas asociadas a sus
actividades. Se mantiene en permanente contacto con la CPI, los Estados
miembros y las partes interesadas y reitera la importancia de garantizar la
independencia y el funcionamiento de la CPI.
La
Comisión recuerda que la aplicación extraterritorial de sanciones es ilegal e
incompatible con el Derecho internacional.
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