El «escolasticidio» y el genocidio en Gaza: evaluación, testimonios y análisis jurídico.Palestinian Centre for Human Right (PCHR

 Niño sentado entre los escombros de una escuela de la UNRWA destruida en Nuseirat, en la Franja de Gaza. © 2024 UNRWA»

El «escolasticidio» y el genocidio en Gaza: evaluación, testimonios y análisis jurídico

La destrucción sistemática de la educación en Gaza constituye un «escolasticidio» y forma parte del genocidio de Israel contra el pueblo palestino

Palestinian Centre for Human Right (PCHR), 28 de septiembre de 2026

En colaboración con el Centro de Estudios Palestinos de la Universidad SOAS de Londres y la organización Amigos de las Universidades Palestinas, el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) ha publicado un nuevo informe titulado «Escolasticidio y genocidio en Gaza: evaluación, testimonios y análisis jurídico», en el que se documenta la destrucción sistemática por parte de Israel del sistema educativo de Gaza y se examina cómo esta política forma parte integrante del genocidio que Israel lleva a cabo desde hace tres años contra los palestinos de la Franja de Gaza.

El informe demuestra que los ataques de Israel contra la educación en Gaza, incluidos los dirigidos contra las instalaciones educativas y el personal de la UNRWA, van mucho más allá de la destrucción de colegios y universidades o del asesinato de profesores palestinos. Constituyen una política integral destinada a desmantelar los cimientos educativos, intelectuales, sociales y culturales necesarios para la supervivencia y el desarrollo de la sociedad palestina.

Basándose en decenas de testimonios y declaraciones juradas recopilados por los investigadores de campo y los abogados del PCHR en Gaza, junto con la amplia documentación del PCHR, material de fuentes abiertas, informes de las Naciones Unidas, investigaciones académicas y jurisprudencia internacional pertinente, el informe identifica cinco patrones interrelacionados de «escolasticidio»: el asesinato de estudiantes, profesores y académicos; la causación de graves daños físicos y mentales a estas personas; la destrucción de instalaciones educativas; la obstrucción del establecimiento de estructuras educativas alternativas; y la imposición de condiciones genocidas que impiden a los estudiantes acceder a la educación.

En julio de 2026, el PCHR había documentado el asesinato de aproximadamente 20 051 estudiantes, más de 830 profesores y personal educativo, y más de 194 becarios, académicos e investigadores. Casi toda la infraestructura educativa de Gaza ha sufrido daños extensos o ha sido destruida, mientras que cientos de miles de estudiantes han sufrido una interrupción prolongada de su educación en medio del desplazamiento, el hambre, los bombardeos, la pérdida de familiares, la destrucción de sus hogares, la falta de electricidad y de acceso a Internet, y el colapso de los servicios esenciales.

El informe del PCHR concluye que determinados actos cometidos en el marco de la campaña de «escolasticidio» de Israel constituyen actos de genocidio según el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre ellos el asesinato de miembros del grupo protegido, la causación de daños físicos o mentales graves y la imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física, total o parcial.

El informe destaca además el impacto a largo plazo en los niños y jóvenes palestinos, que incluye daños psicológicos, pérdida de oportunidades educativas, merma de las perspectivas de futuro y trauma intergeneracional. La destrucción por parte de Israel de la infraestructura educativa y, en general, de la vida civil en Gaza no solo constituye un ataque a los derechos de la generación actual, sino también a los de las generaciones futuras.

La educación ha desempeñado históricamente un papel central en el mantenimiento de la identidad palestina, el conocimiento, la cohesión social y la continuidad cultural, especialmente en el contexto de un desplazamiento y una ocupación prolongados. Por lo tanto, la destrucción por parte de Israel de universidades, escuelas, bibliotecas, expedientes académicos e instituciones culturales conlleva consecuencias que van mucho más allá de la pérdida de la infraestructura física. Su objetivo es separar a los palestinos de su historia y su vida intelectual, mermar su capacidad para reconstruir su sociedad y privar a las generaciones futuras de los medios para aprender, desarrollarse y participar plenamente en su comunidad.

El PCHR subraya que la destrucción del sistema educativo de Gaza no comenzó el 7 de octubre de 2023. Durante décadas, las escuelas, universidades e instituciones educativas palestinas han sido objeto de ataques, restricciones y destrucción durante sucesivas operaciones militares israelíes. Sin embargo, la magnitud sin precedentes de la destrucción desde octubre de 2023 representa la culminación y la intensificación de este patrón de larga data.

El PCHR insta a la comunidad internacional, en particular a los Estados Partes en la Convención sobre el Genocidio, a:

Adoptar medidas inmediatas y efectivas para poner fin al genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino en Gaza, incluida su política de «escolasticidio».

Garantizar el pleno cumplimiento de las tres medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia en el caso Sudáfrica contra Israel.

• Imponer un embargo de armas exhaustivo a Israel y suspender toda ayuda militar, financiera y de otro tipo que pueda contribuir a la comisión de crímenes internacionales.

  

• Apoyar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluida la Corte Penal Internacional, y garantizar que se investigue y enjuicie a los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

• Adoptar medidas concretas para proteger a los estudiantes, profesores, académicos e instituciones educativas palestinas y garantizar el restablecimiento del derecho a la educación en Gaza.

• Prestar apoyo sostenido a la reconstrucción de las escuelas, universidades, bibliotecas e infraestructuras educativas de Gaza, velando al mismo tiempo por que la reconstrucción no sustituya a la rendición de cuentas.

• Abordar las consecuencias a largo plazo en el ámbito psicológico, educativo y del desarrollo que sufren los niños y jóvenes palestinos, y garantizar su acceso a la rehabilitación, al apoyo en materia de salud mental y a una educación inclusiva.

Informe completo: «Scholasticide and Genocide in Gaza: Assessment, Testimonial and Legal Analysis».

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Por la absolución de los cuatro compañeros de Valladolid

 

Presentación del Libro: Gaza, un genocidio televisado. Mohamed Safa

 

Autor: Mohamed Safa

Mohamed Safa nació en Cisjordania, territorio palestino ocupado por el Estado de Israel desde 1967. Médico oftalmólogo de profesión, cursó sus estudios en la Universidad de Santiago de Compostela.A lo largo de su trayectoria, ha impulsado y participado en numerosas iniciativas culturales y políticas destinadas a dar mayor visibilidad a la causa palestina, desafiando el discurso oficial y las narrativas impuestas por sectores sionistas, grupos antisemitas y la ultraderecha. Su activismo se ha materializado en artículos, conferencias y obras de autoría propia. El genocidio de Gaza le ha impulsado a escribir sobre la situación de la sociedad actual ante lo que sucede en Gaza.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU actualiza la lista de empresas implicadas en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado . OHCHR

 El Consejo de Derechos Humanos de la ONU actualiza la lista de empresas implicadas en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado

OHCHR, 25 de septiembre de 2026

Siguen en la lista las empresas españolas CAF e INECO

Ginebra. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha publicado hoy un informe actualizado sobre la base de datos de empresas que participan en actividades en los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino ocupado. En la lista figuran un total de 214 empresas de 11 países.

Por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), la base de datos se publicó por primera vez en 2020 y se actualizó posteriormente en 2023 y 2025. El informe actualizado identifica a las empresas que participan en actividades específicas relacionadas con los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, que el CDH ha ordenado a la Oficina que tenga en cuenta. La última actualización se centra en las empresas que operan en los sectores de la agricultura, el transporte, el almacenamiento, la gestión de residuos, la energía, la alimentación y los servicios de hostelería.

Tras una convocatoria pública para recabar aportaciones en 2024, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió información relativa a 596 empresas. En el informe del año pasado, y dentro de los recursos disponibles, la Oficina examinó 215 de estas empresas, incluidas las que ya figuraban en la lista. En esta última actualización, la Oficina ha examinado 126 empresas de las 381 restantes. La Oficina sigue examinando las empresas cuya evaluación no pudo completarse a tiempo para el presente informe.

De las 126 empresas examinadas, 61 se añadieron a la lista. La Oficina también constató que cinco empresas que figuraban anteriormente en la lista ya no participaban en dichas actividades, por lo que fueron eliminadas.

La actualización de este año también incluye información sobre el tipo de implicación de cada empresa en los impactos negativos sobre los derechos humanos, basada en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Estos establecen tres niveles de implicación, siendo el más alto el de «causalidad»: cuando las actividades de una empresa son, por sí solas, suficientes para afectar a la capacidad de las personas de disfrutar de un derecho humano. A este le sigue el nivel de «contribución», en el que las actividades de una empresa se combinan con las de otro actor de tal forma que afectan al disfrute de un derecho humano. El tercer nivel es el de «vínculo directo», en virtud del cual se considera que las operaciones, los productos o los servicios de una empresa están directamente vinculados a impactos negativos sobre los derechos humanos.

Esta evaluación se centra en el impacto de las empresas sobre el derecho a la autodeterminación y, dadas las limitaciones de recursos, no aborda los impactos sobre otros derechos ni las formas de implicación en los mismos. De las 214 empresas incluidas en la lista, se constató que 200 contribuían a los impactos negativos sobre el derecho a la autodeterminación, 14 estaban directamente vinculadas y no se estableció ningún nivel de causalidad.

El informe insta a las empresas a «cumplir con su propia responsabilidad de respetar los derechos humanos con arreglo a las normas internacionales ampliamente aceptadas».

«Cuando las empresas participen en las actividades enumeradas, deberán adoptar las medidas adecuadas para hacer frente a los impactos negativos sobre los derechos humanos en los que estén implicadas», señala.

«Este informe es otro recordatorio para las empresas de que tienen responsabilidades en materia de derechos humanos y de que se espera que actúen con la debida diligencia para garantizar que no se vean implicadas en violaciones o abusos de los derechos humanos», afirmó Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esta actualización se suma a los recientes informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que examinan la implicación de las empresas y los intereses económicos en los efectos negativos sobre los derechos humanos en el contexto de los actuales conflictos en Sudán y en Myanmar.

«Los Estados deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar, mediante medios judiciales, administrativos, legislativos u otros medios apropiados, que, cuando se produzcan abusos contra los derechos humanos relacionados con las empresas en su territorio y/o bajo su jurisdicción, las personas afectadas tengan acceso a recursos efectivos, de conformidad con el derecho internacional», añade el informe.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) y Salvat Logista según este Informe se consideran Contribuyentes a la colonización: "Una empresa puede contribuir a un impacto adverso a través de sus propias actividades (acciones u omisiones) cuando dichas actividades se combinan con las de otro actor de tal forma que se elimina o reduce la capacidad de disfrutar de un derecho humano.

La «contribución» implica un perjuicio que es, en parte, aunque no exclusivamente, resultado de las propias acciones de la empresa, ya que la acción o inacción de otra parte también ha desempeñado un papel significativo en la producción de dicho perjuicio;

Por su parte, CAF tiene señalados como contribuyente por los aspectos a), e) y g). Ineco y Salvat sólo el e).

Significado de estos epígrafes:

1.  El suministro de equipos y materiales que faciliten la construcción y la ampliación de los asentamientos y del muro, así como de la infraestructura asociada;

      E) La prestación de servicios y suministros que contribuyan al mantenimiento y la existencia de los asentamientos, incluido el transporte;

      G) El uso de los recursos naturales, en particular el agua y la tierra, con fines comerciales;

Informe completo (en inglés)

La ONU identifica 214 empresas, tres españolas, con actividad en los asentamientos israelíes

EFE, publico.es, 25 de septiembre de 2026

Las compañías españolas que se encuentran en la lista son Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y Salvat Logística.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes una lista actualizada de las empresas con actividades económicas en los asentamientos israelíes ilegales en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. En el documento figuran 214 firmas de 11 países, entre ellas tres españolas y una mexicana.

La lista, que cubre actividades empresariales entre el 2 de agosto de 2019 y el 15 de abril de 2026, incluye 192 firmas israelíes y ocho estadounidenses, con dos empresas constan China, Francia y Reino Unido, y con una, Sudáfrica, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo.

En cuanto a las empresas españolas, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), ya aparecían en la anterior versión del listado, de 2025. En cambio, la firma de transportes Salvat Logística es una de las 61 añadidas este año, así como el conglomerado mexicano Orbia Advance.

Además aparecen conocidas multinacionales como las plataformas de reserva online estadounidenses Expedia, Airbnb y Booking; la también norteamericana Motorola Solutions; la empresa de ingeniería francesa Egis; o las británicas JCB y Greenkote, del sector de la construcción.

Por el contrario, cinco empresas que estaban el año pasado en el documento han sido retiradas de la misma tras aportar pruebas de que ya no estaban implicadas en actividades en asentamientos israelíes, entre ellas Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI) y Actividades de Construcción y Servicios (ACS), ambas españolas.

Israel cuestiona la iniciativa e Ineco pide la retirada

La Embajada de Israel ante la ONU en Ginebra reaccionó inmediatamente a la publicación y afirmó en un comunicado que se trata de "una herramienta política empleada por la Oficina del Alto Comisionado para continuar con la difamación de empresas que no han hecho nada malo". Asimismo, consideró perjudicial para la población dicha base de datos.

"Disuadir a empresas y otras entidades de operar en territorios en conflicto puede tener, en sí mismo, efectos adversos sobre los derechos humanos", añadió.

Por su parte, Ineco insiste en que no trabaja en territorios ocupados y que su actividad en Israel se limita a proyectos situados en territorio reconocido internacionalmente. Desde finales de 2023 ha renunciado a nuevos contratos en el país y sus ingresos allí han caído de casi 10 millones de euros anuales a menos de tres millones. Por esto, la compañía ha solicitado a la ONU que la retire de la base de datos.

Diferentes niveles de implicación

Según la ONU, de las 214 empresas incluidas en la nueva lista, 200 "contribuyen a impactos adversos sobre el derecho a la libre determinación" de los palestinos, mientras que las 14 restantes, aunque con una implicación menor, tienen vinculación "directa", es el caso de la española Salvat Logística o de las británicas JCB y Greenkote.

Tras las primeras versiones de 2020 y 2023, la oficina abrió en 2024 una convocatoria pública para que interesados presentaran más información sobre posibles implicaciones empresariales en los asentamientos ilegales.

Recibió entonces datos de 596 firmas, y las actualizaciones de 2025 y 2026 son resultado del estudio de estos expedientes, aunque quedan todavía 255 compañías por analizar.

La lista no conlleva sanciones económicas para las empresas que incluye, pero la ONU sí les insta a que tomen medidas para el respeto de los derechos humanos.

En palabras del alto comisionado Volker Türk, el documento "recuerda a las empresas que tienen responsabilidad en materia de derechos humanos, y que se espera de ellas la diligencia debida para asegurarse de que no se vean implicadas en violaciones o abusos".

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas también instó a los Estados a garantizar mediante medidas judiciales, administrativas o legislativas el apoyo a personas afectadas por abusos de derechos humanos relacionados con actividades empresariales.

La Campaña Escocesa de Solidaridad con Palestina acoge con satisfacción las declaraciones de los sindicatos de maquinistas ASLEF y STUC, en relación con la preselección de CAF para proveer la nueva flota de trenes suburbanos para ScotRail.

 La Campaña Escocesa de Solidaridad con Palestina acoge con satisfacción las declaraciones de los sindicatos de maquinistas ASLEF y STUC, en relación con la preselección de CAF para proveer la nueva flota de trenes suburbanos para ScotRail. 

La Campaña Escocesa de Solidaridad con Palestina acoge con satisfacción la intervención del sindicato de maquinistas ASLEF y del Congreso Escocés de Sindicatos (STUC) en relación con la preselección de Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles S.A. (CAF) para suministrar la nueva flota de trenes de cercanías de ScotRail.

ASLEF ha dejado su postura muy clara: si se adjudica el contrato a CAF, sus afiliados no conducirán estos trenes. Se trata de un ejemplo contundente de cómo los trabajadores ponen en práctica la solidaridad con Palestina y utilizan su voz colectiva para plantar cara a la complicidad empresarial.

CAF figura en la base de datos de las Naciones Unidas de empresas cómplices debido a su participación en el proyecto del tranvía de Jerusalén, que conecta con asentamientos ilegales.

ScotRail es una empresa ferroviaria de propiedad estatal gestionada dentro del sector público por ScotRail Trains Limited, una filial de Scottish Rail Holdings Limited (SRH), que es propiedad al 100 % del Gobierno escocés. La decisión de incluir a CAF en la lista de finalistas contrasta radicalmente con la retórica del Gobierno escocés y la postura adoptada por el Parlamento escocés. Los diputados del Parlamento escocés han votado en dos ocasiones por abrumadora mayoría a favor de una política de boicot, desinversión y sanciones (BDS). El Gobierno escocés ha incumplido claramente la política de boicot que el Parlamento aprobó.

La intervención de ASLEF demuestra el poder que tienen los trabajadores cuando se organizan colectivamente en sus lugares de trabajo. Las políticas sindicales son importantes, pero su verdadera importancia se pone de manifiesto cuando los trabajadores las llevan a la práctica.

La SPSC cree que este ejemplo debería inspirar a los trabajadores de toda Escocia a preguntarse qué papel desempeñan sus propios lugares de trabajo, sus empresas y sus sectores a la hora de mantener o facilitar la opresión de Israel sobre el pueblo palestino, y qué pueden hacer colectivamente para hacer frente a esa complicidad.

Los trabajadores no tienen por qué aceptar la complicidad empresarial como algo inevitable.

Desde el transporte y la construcción hasta la educación, las finanzas, la tecnología y los servicios públicos, los trabajadores y sus sindicatos deben examinar sus propios lugares de trabajo, plantear sus preocupaciones de forma colectiva y organizarse para lograr un cambio.

La solidaridad también debe significar apoyar a los trabajadores y a los sindicatos cuando emprenden acciones. Cuando los trabajadores se enfrentan a ataques por cuestionar la complicidad, el movimiento de solidaridad en su conjunto debe apoyarles y dar mayor visibilidad a sus reivindicaciones.

El Gobierno escocés debe escuchar ahora a la sociedad civil escocesa y al movimiento sindical y excluir a CAF del proceso de licitación de ScotRail.

Como afirmó Dave Moxham, secretario general adjunto del STUC: «Sería inconcebible que una empresa profundamente implicada en la expansión de los asentamientos ilegales israelíes recibiera fondos de los contribuyentes escoceses».

El dinero público no debería recompensar a las empresas implicadas en el robo de tierras por parte de Israel. Y no se debería esperar que los trabajadores faciliten esa complicidad.

Hussein Ezzedine, Responsable sindical de la Campaña Escocesa de Solidaridad con Palestina (SPSC)

Declaración del STUC: Sería «inconcebible» que el dinero de los contribuyentes se utilizara para financiar los asentamientos ilegales del Gobierno israelí

STUC Statement: Taxpayer money used to fund illegal Israeli Government settlements would be ‘unconscionable’ 21 de septiembre de 2026

En respuesta al llamamiento de los trabajadores del transporte para que se excluya a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF) de la lista de licitadores preseleccionados para la nueva flota de trenes de cercanías escocesa, Dave Moxham, vicesecretario general del STUC, declaró:

«Sería inaceptable que una empresa profundamente implicada en la expansión de los asentamientos ilegales israelíes recibiera fondos de los contribuyentes escoceses.

«El Gobierno escocés y, ahora, el Gobierno del Reino Unido han condenado acertadamente el uso que hace el Gobierno israelí de los asentamientos en Cisjordania como medio para negar la condición de Estado a Palestina. La expansión del sistema de tranvía de Jerusalén, que conecta los asentamientos ilegales con Jerusalén Oeste, constituye un crimen de guerra según el derecho internacional. CAF figura en la base de datos de la ONU de empresas cómplices.

«Por lo tanto, instamos al Gobierno escocés a que actúe ahora, en consonancia con la posición del Parlamento sobre el boicot, la retirada de inversiones y las sanciones, y a que elimine a CAF de la lista de licitadores preseleccionados».

Notas para los editores:

Se adjunta a esta nota una copia del comunicado de prensa y de la carta de ASLEF dirigida al secretario del Gabinete de Transporte, Stephen Flynn.

ASLEF, junto con los otros tres sindicatos que representan a los trabajadores de Scotrail, y el STUC tienen una posición consolidada sobre Palestina, que incluye el apoyo al boicot, la retirada de inversiones y las sanciones: https://www.stuc.org.uk/campaigns-int-palestine/   

Para confirmar la reciente inclusión de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en la lista de finalistas para fabricar la nueva flota de trenes de cercanías de ScotRail,(donde están Alstom Engineering and Services Limited, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF S.A.), Hitachi Rail Limited, Siemens Mobility Limited y Stadler Rail Schweiz AG véase a continuación: ScotRail announces shortlist of manufacturers for new suburban train fleet | ScotRail

• BDSmovement.net: Boycott CAF
• TSSA calls for Scottish Government to drop Israeli-linked settlement firm
• ScotRail drivers in boycott threat over Israeli settlement-linked firm

El porqué de la inclusión de CAF en la Base de Datos de las Naciones Unidas como empresa colonizadora y qué se puede hacer .Comparecencia de Santiago González Vallejo y Koldo Sagasti en el Parlamento Vasco

 En las pruebas de conducción de la Línea Verde, hasta la colonia ilegal de Gilo, la ministra de Transporte y Seguridad Vial, General de Brigada (res.) Miri Regev, el director general del Ministerio Moshe Ben Zaken, el director general del Cuerpo de Fuerzas de Defensa de Israel Tamir Cohen, el subcontador general del Ministerio de Finanzas Oshrat David Dakar, y el Grupo de Concesionarios JNET (Shapir, CAF y Lavi), el CEO de Moriah, Gilad Bar-Adon. Foto CAF Israel.

Comparecencia de Santiago González Vallejo y Koldo Sagasti en el Parlamento Vasco

El porqué de la inclusión de CAF en la Base de Datos de las Naciones Unidas como empresa colonizadora y qué se puede hacer

Borrador de la transcripción literal 24 de marzo de 2026de la comparecencia de Santiago González Vallejo (Comité de Solidaridad con la Causa Árabe) y Koldo Sagasti (BDZ de Euskadi) en la Comisión de Industria del Parlamento Vasco, el día 24 de marzo de 2026.

En dicha comparecencia intervinieron los parlamentarios Jon Hernández Hidalgo (Sumar), Maider Lainez Lazcoz (Grupo Socialista), Diana Urrea Herrera (EH Bildu). No quisieron intervenir otros portavoces, como Markel Olano Arrese (EAJ-PNV), presente en la sala.

En la intervención de Santiago González Vallejo se mostró la falta de diligencia debida de CAF, la falsedad de sus informaciones al inversor y la contratación de informes exculpatorios por su actividad de gestión y construcción de líneas de tranvía entre Jerusalén Occidental y las colonias próximas, facilitando la colonización israelí, la expulsión de sus habitantes palestinos y la transferencia de población israelí a Territorio Ocupado. Aspectos prohibidos por el derecho internacional.

La diligencia debida (en alguna parte de la transcripción se pone diligencia de vida) es un mecanismo de estudio de riesgos y afectación a los derechos humanos y al derecho internacional en los proyectos e inversiones que las empresas deben acometer si su objetivo es cumplir la legalidad internacional, aunque estén desarrollando su actividad, como multinacionales, en otro territorio.

Al final de su intervención, Santiago González Vallejo, pidió a los parlamentarios que influyan para que la Administración Vasca, propietaria del 3 % del capital de CAF, se oponga al Consejo de Administración de esta empresa en su actividad colonial, para ello pueden manifestarse públicamente y, además, votar en contra del Informe no financiero de esta empresa en la Junta de Accionistas; también que hagan norma legal en el País Vasco, la Declaración del Ayuntamiento de Barcelona para que no sea elegible una empresa en la contratación pública que esté incluida en la Base de Datos de las Naciones Unidas por su actividad colonial, como es el caso de CAF.

Por último, tanto Santiago González Vallejo, como Koldo Sagasti, se reafirmaron en seguir extendiendo las Campañas de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra CAF en todos los sitios donde CAF o su firma de autobuses SOLARIS pudieran presentarse y que ya ha obtenido éxitos como la desinversión de Norges Bank tanto de las acciones de CAF como del socio del mismo, Shapir.

En la última Junta de accionistas de CAF, a pesar del llamamiento de Amnistía Internacional y del CSCA, sólo éste último, entre los accionistas votó en contra del Informe no Financiero proporcionado por el Consejo de Administración de CAF.

ARCHIVO ADJUNTO

9 presos civiles saharauis del grupo de Gdeim Izik inician una huelga de hambre indefinida

 Todos los lunes delante del ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, Plaza de la Provincia

9 presos civiles saharauis del grupo de Gdeim Izik inician una huelga de hambre indefinida

Comunicado de prensa

Nosotros, presos civiles saharauis del grupo de Gdeim Izik (véase más abajo la lista de los huelguistas), después de dieciséis años de detención arbitraria e injusta, anunciamos a la opinión pública nacional e internacional nuestra decisión de iniciar una huelga de hambre indefinida a partir de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026.

Emprendemos esta «batalla de los estómagos vacíos» para protestar contra la confiscación, por parte de la administración penitenciaria marroquí, de nuestro derecho a ser trasladados a las ciudades del Sáhara Occidental ocupado, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional humanitario, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra, que constituye el marco jurídico vinculante aplicable al territorio del Sáhara Occidental, considerado un territorio cuyo proceso de descolonización aún no ha concluido mediante la celebración de un referéndum libre e imparcial que permita al pueblo saharaui expresar su voluntad como fuente de la soberanía nacional.

Esta acción de lucha se inscribe asimismo en la continuidad de un largo recorrido de huelgas de hambre que hemos llevado a cabo durante nuestros dieciséis años de detención en las cárceles de la ocupación. Mediante esta huelga, pretendemos:

1- Obligar al Estado ocupante marroquí a aplicar las decisiones de los mecanismos convencionales de las Naciones Unidas que lo han condenado explícitamente por tortura sistemática y han confirmado el carácter arbitrario de nuestra detención. Entre estas decisiones figura, en particular, el dictamen del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, así como las múltiples decisiones del Comité contra la Tortura, cuyo número supera las ocho decisiones;

2- Denunciar las graves violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas los presos civiles saharauis en las distintas cárceles de la ocupación, incluidas las torturas físicas y psicológicas, el internamiento durante largos años en celdas disciplinarias de aislamiento, la privación de atención médica y sanitaria, así como la confiscación del derecho a ser trasladados a las ciudades del Sáhara Occidental;

3- Solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional humanitario, incluidos los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que amplíe el mandato jurídico de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), de manera que incluya la vigilancia y protección de los derechos humanos, así como la documentación de todas las graves violaciones cometidas contra los civiles saharauis desarmados en la parte ocupada del territorio por parte de la ocupación marroquí.

Solicitamos asimismo que se permita al Comité Internacional de la Cruz Roja acceder inmediata e incondicionalmente al territorio para llevar a cabo sus misiones humanitarias, consistentes en proteger a la población civil y visitar las cárceles y los lugares de detención, especialmente tras la violación marroquí del acuerdo de alto el fuego el 13 de noviembre de 2020.

Al anunciar nuestra determinación de continuar esta acción de lucha con valentía y perseverancia hasta obtener plenamente nuestros derechos o hasta sacrificar nuestras vidas por ellos, hacemos un llamamiento a todas las conciencias humanas vivas, a las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, así como a las organizaciones y mecanismos de la comunidad internacional, para que intervengan urgentemente y ejerzan presión sobre las autoridades de ocupación a fin de obligarlas a responder rápidamente a nuestras legítimas reivindicaciones antes de que sea demasiado tarde.

Asimismo, hacemos plenamente responsable al Estado marroquí de nuestra integridad física y psicológica.

Patria o Muerte

23 de septiembre de 2026