lunes, 23 de febrero de 2026

Más de 400 españoles han servido para el ejército israelí durante el genocidio de Gaza Pablo Elorduy Elsaltodiario.com


 Gabriel M., en una marcha de adiestramiento en el Ejército israelí. CRÓNICA/El Mundo

Más de 400 españoles han servido para el ejército israelí durante el genocidio de Gaza
Pablo Elorduy
Elsaltodiario.com, 13 de febrero de 2026
Los documentos oficiales del ejército israelí señalan que hay hasta 50.000 soldados con doble o más nacionalidades operando en las Fuerzas Armadas de Israel.

El abogado israelí Elad Man, de la ONG Hatzlacha ha facilitado la respuesta oficial del ejército israelí, conocido como Tzahal, a su petición de transparencia sobre los soldados extranjeros reclutados para la operación genocida que Israel ha llevado a cabo desde el 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza. Entre los documentos, publicados por el portal Declassified UK, se encuentra un listado con los números de soldados de una serie de países. España ocupa el lugar número 21. Más de 400 personas con pasaporte español habían participado en este exterminio según los documentos emitidos por las Fuerzas Armadas de Israel (FDI).

Concretamente, hay 372 personas con la doble nacionalidad hispano israelí, más 79 que tienen más de dos nacionalidades, incluyendo la española, en su pasaporte. Según detalla el documento, podría darse alguna duplicidad en el registro, es decir, que alguna de las 79 personas con múltiples nacionalidades estuviese contabilizada entre las 372 de doble nacionalidad. Los datos corresponden a una fecha posterior al 31 de marzo de 2025, por tanto caen de lleno en el periodo temporal en el que ha tenido lugar el genocidio.

En el caso de comisión de delitos, el Estado español tiene jurisdicción para investigar y, si es pertinente, encausar a ciudadanos españoles. La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que España tiene la competencia para perseguir delitos cometidos por ciudadanos con nacionalidad española en suelo extranjero como los contemplados en el artículo 607 del Código Penal respecto a crímenes de lesa humanidad. 

Hasta la fecha no se ha procesado a ningún soldado con doble nacionalidad que haya regresado de Gaza. La Fundación Hind Rajab (HRF) planteó en 2025 una denuncia contra el soldado israelí Mori Keisar cuando se encontraba en Barcelona. Los abogados Raúl Maíllo y Antonio Segura plantearon asimismo una denuncia en la Audiencia Nacional contra Shaul Shcherbatov, sargento de las FDI. Esas denuncias no prosperaron.

En estos casos se trataba de ciudadanos israelíes, pero la jurisdicción es aun más clara cuando se trata de personas con doble nacionalidad. El requisito, sin embargo, es que las más de 400 personas que aparecen en el documento de las FDI sean identificadas, bien por víctimas, bien por testigos, o bien por el Gobierno español a través de sus bases de datos.

50.000 soldados con una o más nacionalidad

El documento del FDI, proporcionado en base a la Ley de Información del estado sionista, detalla que es posible que haya soldados que aparezcan contabilizados como con doble y múltiple nacionalidad, aunque no especifica en qué casos ocurre esto. La solicitud fue registrada en marzo de 2025 y la respuesta ha sido entregada en febrero de 2026. La respuesta, no obstante, no incluye información sobre el carácter estable o temporal de la residencia de esos soldados con más de una nacionalidad.

Estados Unidos es el país que aporta más soldados voluntarios: con más de 12.000 personas con doble nacionalidad estadounidense israelí, y otros 1.200 multinacionales. Francia, Rusia, Alemania y Ucrania son los siguientes países en la lista para un total de 50.000 soldados “extranjeros” implicados en la devastación de la Franja de Gaza.

En el caso de los países latinoaméricanos, destaca Argentina, desde donde han partido más de 600 personas con doble nacionalidad. También hay 500 brasileños y 181 mexicanos con doble nacionalidad. 

En agosto de 2024, otro documento de la Knesset, el parlamento israelí, detalló que había 6.731 “soldados solitarios” en esta operación. Se trata de la denominación usada para personas sin familia ni soporte en Israel. Aquel informe no detalló cuántos españoles se encuentran entre ellos, aunque contabilizaba que hay 432 de “otros países”, que se sumaban a los 531 soldados solitarios estadounidenses, los 508 rusos, etcétera.

En el caso de Reino Unido, como detalla Declassified UK, sí se produjo una denuncia contra diez británicos que sirvieron en las FDI: "Aunque sus nombres no se hicieron públicos, el expediente de 240 páginas acusó a los sospechosos británicos de “asesinato selectivo de civiles y trabajadores humanitarios, incluso mediante disparos de francotiradores, y ataques indiscriminados contra zonas civiles”.

Alto el fuego y Junta de la Paz

Desde octubre de 2025 está vigente un alto el fuego en Gaza que sigue siendo protagonizado por los reiterados incumplimientos por parte de Israel de los términos acordados con Hamás, el gobierno de la Franja. Desde el 11 de octubre del pasado año hasta el 11 de febrero de 2026 se han contabilizado 591 asesinados en Gaza, lo que eleva la cifra total hasta 72.049 víctimas mortales del genocidio.

El 11 de febrero, el presunto criminal de guerra según la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, formalizó su adscripción a la llamada “Junta de Paz” formada por Donald Trump. El presidente estadounidense quiere utilizar dicha junta, a la que se accede por invitación, para diseñar el futuro de Gaza.

Para llegar a Estados Unidos, que no reconoce la jurisdicción de la CPI, Netanyahu atravesó el espacio aéreo de tres países firmantes de la convención contra el genocidio y parte de esa corte, Grecia, Italia y Francia. Los Gobiernos de esos Estados no hicieron valer la orden de arresto de la Corte Penal Internacional que pesa sobre él como responsable del genocidio de Gaza desde noviembre de 2024.

DURMIENDO CON EL ENEMIGO: CHILE PODRÍA CONDENAR A 111 SOLDADOS CHILENOS-ISRAELÍES SI COMETIERON CRÍMENES DE GUERRA 

https://www.diariousach.cl/chile, 18 de febrero de 2026

De ser responsables de crímenes de lesa humanidad, los acusados arriesgan penas que pueden alcanzar entre 20 y 40 años de prisión.

Un total de 111 chilenos con doble nacionalidad israelí integran la lista oficial de soldados que han participado en operaciones militares en Gaza y Cisjordania, lo que abre la posibilidad de que sean juzgados en Chile si existen indicios de crímenes de lesa humanidad, informó el Centro de Información sobre Palestina.

En declaraciones a EFE su directora, Stefanie Elias Musalem explicó que la cifra fue facilitada por el propio Ejército israelí en respuesta a una petición formal realizada por la ONG israelí Hatzlacha, en la que pedía aclarar cuantos soldados cuentan con doble nacionalidad, ya fueran reservistas o en servicio activo.

La noticia se conoce un día después de que un abogado chileno presentara ante la justicia de Chile una denuncia contra un soldado israelí que se encuentra de visita en territorio chileno para que, por circunstancias extraordinarias, sea juzgado en el país por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.

El hecho de que también tengan nacionalidad chilena abre un nuevo precedente jurídico pues, de acreditarse la participación de estos militares con doble nacionalidad en crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, podrían ser juzgados en base a la legislación su país, Chile.

La Ley 20.357 del Código Penal de Chile especifica que "se entenderá, especialmente, que resulta necesaria dicha designación, tratándose de investigaciones por delitos de lesa humanidad y genocidio", por lo que cumpliría las condiciones para una investigación dentro del territorio andino.

Las penas contempladas pueden alcanzar entre 20 y 40 años de prisión si se acreditaran estos hechos.

De acuerdo con estimaciones de medios israelíes, el Ejército de Israel cuenta actualmente con alrededor de 170.000 miembros en servicio activo, cifra que supera los 400.000 efectivos cuando se suman los reservistas.

De ellos, más de 50.000 tienen doble nacionalidad, y cerca de 2.500 son latinoamericanos: 1.686 brasileños, 609 argentinos, 181 mexicanos, 161 peruanos y los 111 chilenos, entre otros.


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Cinco organizaciones llevan a los presidentes de la FIFA y de la UEFA a la Corte Penal Internacional


 El presidente de la FIFA, Infantino, y el presidente de Israel, Herzog

Cinco organizaciones llevan a los presidentes de la FIFA y de la UEFA a la Corte Penal Internacional
NOTA DE PRENSA
justpeaceadvocates.ca, 18 de febrero de 2026
Se ha presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una denuncia acusando a los presidentes de la FIFA y la UEFA de colaborar en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el territorio palestino ocupado.
El presidente de la FIFA, Infantino, y el presidente de la UEFA, Čeferin, han sido acusados ​​de complicidad en crímenes de guerra (en concreto, el traslado de población civil a territorios ocupados) y crímenes de lesa humanidad (en concreto, el apartheid) en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). La comunicación se presentó formalmente ante la Fiscalía de la CPI el 16 de febrero de 2026.
Clubes de asentamientos ilegales
La denuncia se centra en la inclusión por parte de la FIFA y la UEFA de clubes de fútbol israelíes radicados en asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado, construidos sobre tierras robadas al pueblo palestino. La FIFA y la UEFA permiten a estos clubes jugar en ligas organizadas por la Asociación de Fútbol de Israel y celebrar partidos en los terrenos confiscados. También brindan apoyo financiero y estructural a los clubes de los asentamientos, algunos de los cuales han participado en las competiciones organizadas por la UEFA.
Legitimación de la ocupación ilegal
Además de infringir los Estatutos de la FIFA y la UEFA, esta práctica normaliza la vida en los asentamientos y legitima la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel, contribuyendo al traslado de población civil a territorios ocupados, en contravención del artículo 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma. Esta práctica también contribuye al apartheid (un crimen de lesa humanidad según el artículo 7(1)(j) del Estatuto de Roma): los palestinos no pueden entrar en los partidos como espectadores, jugar ni dirigir los clubes ilegales de los asentamientos. Los asentamientos forman parte del proyecto colonial del gobierno israelí, y las políticas de la UEFA y la FIFA, bajo el liderazgo político de sus presidentes, contribuyen a la realización de estas actividades delictivas.
Ignorando los informes sobre derechos humanos
Los Presidentes de la FIFA y la UEFA han actuado con pleno conocimiento de que estas prácticas constituyen la comisión de violaciones de derechos humanos, apartheid y crímenes de guerra, y han ignorado múltiples informes y cartas que les dirigieron expertos de derechos humanos de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y miembros del Parlamento Europeo, entre muchos otros.
Interferencia política
La evidencia también demuestra que los presidentes de la UEFA y la FIFA cooperaron con las más altas esferas de los gobiernos de Israel y Estados Unidos para facilitar la participación continua de la Asociación de Fútbol de Israel y los clubes de los asentamientos, y para protegerlos de la rendición de cuentas. En lugar de aplicar los Estatutos de la FIFA y expulsar a los clubes de los asentamientos, el Sr. Infantino ha liderado a la FIFA en la supresión de todos los esfuerzos de la Asociación Palestina de Fútbol para recuperar la jurisdicción legal y política sobre su territorio. También ignoró la advertencia del Comité de Monitoreo Israel-Palestina de la FIFA de que mantener el statu quo carecía de legitimidad internacional e hizo caso omiso de su recomendación de expulsar a los clubes de los asentamientos o sancionar a la Asociación de Fútbol de Israel. Bajo el liderazgo político del Sr. Čeferin, la UEFA ha extendido efectivamente su propio territorio y jurisdicción administrativa a la Palestina ocupada, es decir, a áreas que caen bajo la jurisdicción de la Asociación Palestina de Fútbol y, por lo tanto, de la Confederación Asiática de Fútbol.
Los abogados que presentaron la demanda consideran que «esta es una excelente oportunidad para que la CPI siente un precedente muy necesario. La FIFA y la UEFA son poderosos monopolios reguladores privados que desempeñan funciones cuasipúblicas con ingresos que superan el PIB de muchos países del mundo. Estas corporaciones globales operan con impunidad y no existen mecanismos efectivos de rendición de cuentas, internos o externos, para ellas o sus líderes por las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional».
Las partes demandantes presentaron un escrito de 120 páginas y pruebas a la Fiscalía de la CPI el 16 de febrero. Entre ellas se incluyen un grupo de futbolistas palestinos, clubes palestinos, propietarios de tierras, una organización de derechos humanos en Palestina y grupos de defensa:

Irish Sport for Palestine,

Scottish Sport for Palestine,

Just Peace Advocates,

Sport Scholars for Justice in Palestine

Euro-Med Human Rights Monitor


[NOTA de CSCA: El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe pidió formalmente em junio de 2024 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la inclusión de la FIFA y de la UEFA en la Base de Datos como organismos que facilitan y son cómplices de la colonización de Territorio Ocupado Palestino por parte de Israel]

viernes, 20 de febrero de 2026

Denuncian a los presidentes de la FIFA y de la UEFA en el Tribunal de La Haya por "legitimar la ocupación de Palestina"


 De izquierda a derecha: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. EFE

Denuncian a los presidentes de la FIFA y de la UEFA en el Tribunal de La Haya por "legitimar la ocupación de Palestina"
Varias organizaciones acusan tanto a Infantino como a Ceferin de "complicidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (en concreto, el apartheid) en virtud del Estatuto de Roma".

  • EFEBruselas- 18 de febrero de 2026

Varias organizaciones han denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los presidentes de la FIFA la UEFA, Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, respectivamente, por "legitimar la ocupación de Palestina" por parte de Israel, por ejemplo, permitiendo la participación en competiciones de clubes de fútbol israelíes ubicados en asentamientos ocupados.
La denuncia fue presentada el pasado lunes ante la CPI por las organizaciones Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Sport Scholars for Justice in Palestine y Euro-Med Human Rights Monitor, según informó esta última en un comunicado.
En ella, acusan tanto a Infantino como a Ceferin de "complicidad en crímenes de guerra (en concreto, el traslado de población civil a territorios ocupados) y crímenes de lesa humanidad (en concreto, el apartheid) en virtud del Estatuto de Roma" de la CPI.
Así, la denuncia se enfoca en la inclusión por parte de la FIFA y la UEFA de clubes de fútbol de Israel que están ubicados en "asentamientos ilegales de territorio palestino ocupado".
"La FIFA y la UEFA permiten a estos clubes jugar en ligas organizadas por la Asociación de Fútbol de Israel y celebrar partidos en las tierras confiscadas. También ofrecen apoyo financiero y estructural a los clubes de los asentamientos, algunos de los cuales han participado en las competiciones organizadas por la UEFA", argumentan.
Esta práctica, a juicio de los denunciantes, "normaliza la vida en los asentamientos y legitima la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel, contribuyendo al traslado de población civil a territorios ocupados" y al "apartheid", puesto que "los palestinos no pueden entrar en los partidos como espectadores, jugar ni dirigir los clubes de los asentamientos ilegales".
En esta línea, las ONG apuntan que Infantino y Ceferin "han actuado con pleno conocimiento de que estas prácticas constituyen la comisión de violaciones de derechos humanos, apartheid y crímenes de guerra, y han ignorado múltiples informes y cartas que les dirigieron expertos en derechos humanos de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y miembros del Parlamento Europeo, entre muchos otros".
Además, subrayan que ambos "cooperaron con las más altas esferas de los gobiernos de Israel y Estados Unidos para facilitar la participación continua de la Asociación de Fútbol de Israel y los clubes de asentamientos, y para protegerlos de la rendición de cuentas".
"En lugar de aplicar los Estatutos de la FIFA y expulsar a los clubes de asentamientos, el señor Infantino ha liderado a la FIFA en la represión de todos los esfuerzos de la Asociación Palestina de Fútbol por recuperar la jurisdicción legal y política sobre su territorio", critican con respecto al presidente de la FIFA.
"Bajo el liderazgo político del señor Ceferin, la UEFA ha extendido su territorio y jurisdicción administrativa a la Palestina ocupada, es decir, a zonas bajo la jurisdicción de la Asociación Palestina de Fútbol y, por ende, de la Confederación Asiática de Fútbol", apuntan en relación al presidente de la UEFA.
Los abogados que han presentado estas acusaciones defienden que se trata de una "excelente oportunidad" para que la CPI "siente un precedente muy necesario", puesto que la FIFA y la UEFA "son poderosos monopolios reguladores privados que desempeñan funciones cuasi públicas con ingresos que superan el PIB de muchos países del mundo".

Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, premio “Amistad” 2025 de Casa Árabe


 

Ediciones del Oriente y del Mediterráneo,
premio “Amistad” 2025 de Casa Árabe

 

·  Se trata de la tercera edición de este galardón, que tiene por objetivo reconocer la labor de quienes contribuyen a fortalecer el entendimiento entre las sociedades árabe y española.


·  El jurado ha destacado la trayectoria de la editorial, creada en 1989, que a lo largo de sus 37 años de vida ha publicado en español a destacados autores de la literatura marroquí, argelina, palestina, libanesa o egipcia.


·  La entrega del galardón, una estatuilla del prestigioso artista Rachid Koraïchi, tendrá lugar en la sede de la institución en Madrid durante la primavera de 2026, en el marco del 20 aniversario de Casa Árabe, en una fecha por determinar más adelante.

 

Madrid, 19 de febrero de 2026.- Casa Árabe anuncia hoy el fallo del jurado de la tercera edición del premio “Amistad”. Tras la sesión de deliberación, celebrada el 17 de febrero en Madrid, se ha acordado otorgar la condecoración a Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, editorial creada en 1989 por Fernando García Burillo e Inmaculada Jiménez Morell “para dar a conocer la literatura y las sociedades de ambos lados del mar Mediterráneo”.

El jurado ha valorado su destacada labor en favor del conocimiento y la difusión de la cultura árabe en España, mediante la traducción y publicación de relevantes obras de autores de Oriente Medio y África del Norte, así como de reconocidos especialistas españoles y europeos en la materia, en géneros que incluyen poesía, narrativa y ensayo. Desde 1989, la editorial ha desarrollado un esfuerzo sostenido y riguroso que ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento del entendimiento mutuo y al diálogo intercultural.

La editorial, una empresa familiar con 37 años de trayectoria, es pionera en la publicación de literaturas periféricas en español, facilitando así el acercamiento a otras realidades a través de la producción literaria en diversas lenguas.

Cuenta entre su catálogo con libros de poesía, novelas, ensayos, obras dedicadas a la fotografía, cocina y viñetas gráficas de autores árabes, de nacimiento o de origen, agrupados en distintas colecciones (Poesía, Letras, Memorias del Mediterráneo, El collar de la Paloma, Encuentros, Sociedades, Transversales, Correspondencias, Periplos, DisEnso, Biblioteca Afro Americana Madrid, Azulejos, Sabores y Cuentos).

Ha publicado un sinfín de autores árabes contemporáneos, algunos tan reconocidos como el poeta sirio Adonis, el palestino Mahmud Darwish, Mohammed Bennís, Murid Barguti, Dris Chraibi, Tahar Ben Jelloun, Yabra Ibrahím Yabra, Fatima Merrnissi, Samira Khalil, o Radwa Ashur. Igualmente ha editado obras clásicas de la literatura oriental, como las poesías de Al Mutanabbi o las Rubayat de Rumi. A lo largo de los años, ha incluido en su catálogo a grandes nombres, pero también ha dado cabida a autores noveles y académicos españoles estudiosos de las sociedades árabes actuales, tales como Pedro Martínez Montávez, Ignacio Álvarez Ossorio, Luz Gómez, Laura Mijares, o Ignacio Gutiérrez de Terán. Y no han dejado pasar por alto las literaturas de otras geografías, entre ellas la turca, griega, iraní, india o japonesa, por mencionar algunas.

Como ganadores del Premio “Amistad” recibirán, además de la prestigiosa distinción, un “Orante”, escultura realizada por el artista Rachid Koraïchi, reconocido internacionalmente por sus trabajos en escultura, instalaciones, cerámica y textiles. Se trata de una figura de 28 cm. de altura realizada en acero corten con efecto óxido, situada sobre una peana en color óxido turquesa con firma del autor, logotipo de Casa Árabe y espacio para grabar el nombre de la ganadora del premio y el año. El tamaño total de la pieza es de 35x21x4 cm. 


El premio “Amistad” de Casa Árabe ha sido creado con el propósito de reconocer la labor de individuos y entidades, públicas o privadas, nacionales o internacionales, que hayan contribuido de forma destacada a fortalecer los lazos de convivencia, concordia y entendimiento entre las sociedades árabe y española.  


En esta tercera edición, el jurado ha estado integrado por el director general de Casa Árabe, Miguel Moro Aguilar, como presidente, y seis miembros de los ámbitos de la cultura, la lengua, la educación, la economía, o la comunicación. Estos son: Tamara El Khoury, doctora en Derecho Constitucional y profesora asociada en IE University; Rosa Meneses, periodista y subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC); Leila Nachawati, doctora en Comunicación y profesora  en la Universidad Carlos III de Madrid; Javier Fonseca, escritor y docente en la Escuela de Escritores; Francisco Moreno, presidente de la Fundación Antonio Gala en Córdoba; y Pablo Delgado, director general de Strategic Gears Spain. 

El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe promovió la candidatura de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo que, felizmente, ha sido la ganadora

 
Casa Árabe es una institución de diplomacia pública española liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, que opera como centro estratégico en las relaciones de España con el mundo árabe. Desde su fundación en 2006, desempeña su labor integrada en una Red junto con Casa de América, Casa Asia, Casa África, Casa del Mediterráneo y Centro Sefarad-Israel. Cuenta con dos sedes físicas localizadas en Madrid y Córdoba 

 

 

 




Ruth Pimentel
Responsable de Comunicación y prensa

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miércoles, 18 de febrero de 2026

Tarjetas de crédito canceladas, cuentas de Google cerradas: jueces de la CPI sobre la vida bajo las sanciones de Trump .Ashifa Kassam .The Guardian


 

Tarjetas de crédito canceladas, cuentas de Google cerradas: jueces de la CPI sobre la vida bajo las sanciones de Trump

Ashifa Kassam

The Guardian, 18 de febrero de 2026

Kimberly Prost y Luz del Carmen Ibáñez Carranza prometen que las represalias de EE.UU. no afectarán al trabajo de la Corte Penal Internacional

 

Cuando la canadiense Kimberly Prost se enteró de que la administración de Donald Trump le había impuesto sanciones, fue un shock.

Durante años, ha sido jueza en la Corte Penal Internacional, evaluando acusaciones de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad; ahora figura en la misma lista que terroristas y personas involucradas en el crimen organizado. "Fue un momento de incredulidad", dijo.

Las consecuencias fueron tanto materiales como psicológicas. Tras la cancelación de sus tarjetas de crédito y sus cuentas de Amazon y Google, se tambaleó por lo que describió como un "ataque directo y flagrante" contra uno de los tribunales más prestigiosos del mundo.

“Estas son medidas coercitivas diseñadas para atentar contra nuestra capacidad de realizar nuestro trabajo de forma objetiva e independiente”, dijo. “Queremos que la gente comprenda lo equivocado que está esto”.

Desde que Trump regresó al poder el año pasado, su administración ha trabajado incansablemente para obstaculizar el tribunal con sede en La Haya. Hasta la fecha, 11 funcionarios del tribunal , incluyendo al fiscal jefe y ocho jueces , han sido sancionados, lo que incluye medidas como la prohibición de viajar a Estados Unidos y multas y penas de prisión para las empresas estadounidenses que les prestan servicios.

En una orden ejecutiva del año pasado, Trump acusó al tribunal de llevar a cabo “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano, Israel”, sugiriendo que las sanciones eran una represalia por las investigaciones realizadas a funcionarios estadounidenses e israelíes. Ni Estados Unidos ni Israel se encuentran entre los 125 signatarios del Estatuto de Roma, el tratado de 1998 que dio origen al tribunal.

 

La orden ejecutiva impulsó a 79 países, entre ellos Canadá, Brasil, Dinamarca, México y Nigeria, a unirse en apoyo a la corte. Las sanciones, según declararon en una carta conjunta, «aumentan el riesgo de impunidad para los delitos más graves y amenazan con erosionar el estado de derecho internacional».

Ella e Ibáñez Carranza estaban convencidos de que las acciones de la administración Trump, si bien representaban un desafío a nivel personal, no habían afectado el trabajo de la corte. "Estas medidas son completamente inútiles", declaró Prost. "Puedo afirmar que, en nombre de todos los jueces de esta corte y de los fiscales, seguiremos desempeñando nuestro trabajo de forma independiente. Esto no afecta la forma en que analizamos nuestros casos ni cómo los resolvemos".

 

Antes de unirse a la CPI, Prost trabajó durante cinco años con las Naciones Unidas en su programa de sanciones. Aun así, le sorprendió el alcance de las sanciones. «Tienen un impacto tan grave en la vida cotidiana que no es simbólico», dijo. «Pierdes todas tus tarjetas de crédito, sin importar dónde se emitieron».

Tareas sencillas, desde reservar un Uber hasta un vuelo o una habitación de hotel, se volvieron imposibles. Las transferencias bancarias ahora conllevaban la incertidumbre de si se procesarían correctamente o serían rechazadas. Tras la cancelación de sus cuentas de Amazon y Google, Prost vivía con la preocupación constante de que sus otras cuentas también desaparecieran. «Todo se convierte en un gran desafío», dijo.

Para la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, las sanciones estadounidenses marcaron la segunda vez que una superpotencia mundial la perseguía por su trabajo con la CPI. En diciembre, un tribunal ruso la juzgó en ausencia, junto con el fiscal jefe de la corte y otros siete jueces, tras la decisión de la CPI de emitir una orden de arresto contra Vladimir Putin por la invasión de Ucrania. Recibieron condenas de hasta 15 años de prisión.

Pero las sanciones estadounidenses fueron de otro nivel, dado el peso del país en el sistema financiero global. Poco después de ser sancionada, Ibáñez Carranza declaró que su banco en los Países Bajos le canceló la tarjeta de crédito. "¿Por qué? Es un banco europeo, no estadounidense", dijo. "Hemos visto un exceso de cumplimiento de las sanciones, porque algunos bancos están aterrados por sus relaciones con bancos o instituciones estadounidenses".

Sin embargo, lo más doloroso fue ver cómo las sanciones afectaron a su hija, lo que provocó la cancelación de su visa estadounidense y sus cuentas de Google. "Vive en otra parte del mundo, no tiene ningún vínculo con la CPI", dijo. "Es triste. Esto es pura represalia por algo que no ha hecho".

Era un patrón que se observaba en toda la CPI, dijo, donde cónyuges, padres e hijos de funcionarios habían quedado atrapados en la redada de las sanciones. "Este es el tipo de persecución que creo que el mundo no debería permitir", dijo Ibáñez Carranza. "Servimos a la humanidad. Estamos impartiendo justicia para las víctimas más vulnerables de todo el mundo, para millones y millones de mujeres y niños que no tienen voz".

Destacó la labor crucial que realizó la corte al aceptar casos cuando las naciones no podían o no estaban dispuestas a procesar crímenes en su territorio. "Por lo tanto, mi llamado es a que todo el mundo defienda esta institución que es la causa de la humanidad".

Las sanciones han agravado un panorama ya complejo para el tribunal, tras imponerse meses después de que su fiscal principal, Karim Khan, fuera acusado de conducta sexual inapropiada. Khan ha negado las acusaciones.

Si bien las medidas se han centrado hasta ahora en individuos, la corte ha estado lidiando con el temor de que Washington pueda imponer sanciones a la corte en su conjunto. "La preocupación es que las sanciones se utilicen para cerrar la corte, para destruirla, en lugar de simplemente atarla de manos", declaró un funcionario de la CPI a The Guardian el año pasado.

Desde entonces, el tribunal ha tomado medidas, afirmó Prost. «Se ha tomado muy en serio el asunto y se han implementado diversas medidas preventivas», añadió.

 

Preguntas en el Parlamento Europeo sobre estas sanciones extraterritoriales de Estados Unidos

Sanciones extraterritoriales que hacen que ciudadanos de la Unión y funcionarios de instituciones apoyadas por la Unión se vean privados de servicios bancarios

15.12.2025

Respuesta escrita

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004941/2025 a la Comisión
Artículo 144 del Reglamento interno

Nela Riehl (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Anna Strolenberg (Verts/ALE), Kai Tegethoff (Verts/ALE), Cecilia Strada (S&D), Mélissa Camara (Verts/ALE), Jaume Asens Llodrà (Verts/ALE), Reinier Van Lanschot (Verts/ALE), Rudi Kennes (The Left), David Cormand (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Catarina Vieira (Verts/ALE), Chloé Ridel (S&D), Hanna Gedin (The Left), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Krzysztof Śmiszek (S&D), Vladimir Prebilič (Verts/ALE), Annalisa Corrado (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Matjaž Nemec (S&D), Robert Biedroń (S&D), Leila Chaibi (The Left), Gerben-Jan Gerbrandy (Renew), Mounir Satouri (Verts/ALE), Benedetta Scuderi (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Villy Søvndal (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Manon Aubry (The Left), Marc Botenga (The Left), Thijs Reuten (S&D), Irene Montero (The Left), Sara Matthieu (Verts/ALE), Rima Hassan (The Left), Hana Jalloul Muro (S&D), Rasmus Nordqvist (Verts/ALE)

Recientemente, proveedores de servicios financieros y digitales han denegado servicios a ciudadanos de la Unión objeto de sanciones extraterritoriales estadounidenses —concretamente, a la relatora especial de las Naciones Unidas Albanese y al juez de la Corte Penal Internacional Guillou— debido a preocupaciones relacionadas con el cumplimiento normativo. En ambos casos, se restringió el acceso en la Unión a servicios bancarios y de pago esenciales a pesar de que estas personas operaban legalmente en el marco de la jurisdicción de la Unión. Estas prácticas son contrarias al Derecho de la Unión y socavan principios fundamentales como la independencia judicial, la rendición de cuentas multilateral y la soberanía financiera. También plantean interrogantes sobre las obligaciones en materia de servicios de pago en la Unión, en particular la continuidad del servicio en el mercado interior.

En este contexto:

·  1.

¿Cómo valora la Comisión las consecuencias de estos casos para la integridad del Derecho de la Unión, la independencia de las instituciones internacionales y la capacidad de la Unión para proteger a sus ciudadanos de sanciones extranjeras extraterritoriales?

·  2.

¿Tiene previsto la Comisión reforzar la aplicación del estatuto de bloqueo de la Unión y proporcionar instrumentos a corto plazo (en particular, canales de pago protegidos respaldados por la Unión) al tiempo que apoya a los proveedores de servicios financieros y de pago establecidos en la Unión mediante oportunidades de crecimiento e incentivos reglamentarios para reducir la dependencia de infraestructuras de pago no pertenecientes a la Unión?

·  3.

¿Actuará la Comisión diplomáticamente en las Naciones Unidas y con los Estados Unidos para garantizar que las medidas extraterritoriales no obstaculicen la capacidad de la Unión para salvaguardar su soberanía financiera y digital y proteger a los ciudadanos de la Unión y a las instituciones apoyadas por la Unión frente a medidas coercitivas extranjeras?

Apoyos Esta pregunta está apoyada por otros diputados además de sus autores: César Luena (S&D), Jonas Sjöstedt (The Left).

Respuesta ES E-004941/2025

Respuesta de la Sra. Albuquerque en nombre de la Comisión Europea (18.2.2026)

La Comisión lamenta profundamente que los Estados Unidos hayan recurrido a la imposición de sanciones que presionan de manera injustificable a la Corte Penal Internacional (CPI), a su personal y a las personas que cooperan con ella. Además, el hecho de que los operadores de la UE se vean amenazados con sanciones secundarias por realizar determinadas actividades con las personas objeto de sanciones, exista o no una relación directa con el país sancionador, constituye una aplicación extraterritorial de sanciones a la que la Comisión se opone, entre otros, en los foros de las Naciones Unidas, por considerarla contraria al Derecho internacional.

En las declaraciones que realiza en el ámbito de las Naciones Unidas, sobre todo a la hora de enfrentarse a las nociones falsas de las «medidas coercitivas unilaterales» propuestas en contra de las medidas restrictivas autónomas de la UE, la Unión insiste sistemáticamente en que toda sanción debe ser conforme a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho internacional humanitario y respetar el derecho a la tutela judicial efectiva.La UE manifiesta sus reservas cada vez que una medida de un tercer país amenaza con mermar la integridad del sistema multilateral, el funcionamiento de las instituciones respaldadas por la UE o la protección de la labor humanitaria y las actividades económicas legítimas.

La Comisión sigue muy de cerca las novedades relacionadas con las sanciones estadounidenses que afectan a la CPI y a las personas asociadas a sus actividades. Mantiene una estrecha comunicación con la CPI, los Estados miembros y las otras partes interesadas, y reitera la importancia de garantizar la independencia y el funcionamiento de la CPI.

La Comisión mantiene su predisposición a ofrecer todo su apoyo para defender la CPI contra las presiones externas y a estudiar la adopción de medidas adecuadas y eficaces al objeto de mantener indemnes las operaciones de la CPI y garantizar que el mandato de esta se cumpla en su totalidad.

 

Pregunta

Solicitud de seguimiento relativa a la activación del estatuto de bloqueo

23.12.2025

Respuesta escrita

Pregunta con solicitud de respuesta escrita  E-005056/2025 a la Comisión
Artículo 144 del Reglamento interno


Rima Hassan (The Left), Leila Chaibi (The Left), Rudi Kennes (The Left), Manon Aubry (The Left), Matjaž Nemec (S&D), Cecilia Strada (S&D), Hana Jalloul Muro (S&D), Estrella Galán (The Left), Catarina Martins (The Left), Annalisa Corrado (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Rasmus Nordqvist (Verts/ALE), Villy Søvndal (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Irene Montero (The Left), Emma Fourreau (The Left), Thijs Reuten (S&D), Marina Mesure (The Left), Maria Grapini (S&D), Damien Carême (The Left), Francisco Assis (S&D)

En una pregunta con solicitud de respuesta escrita[1] presentada en mayo de 2025 por varios diputados provenientes de los grupos The Left, Verts/ALE, Renew, S&D y PPE, se preguntó a la Comisión acerca de la activación del estatuto de bloqueo, destinado a neutralizar los efectos de las sanciones impuestas por terceros países. Esta pregunta se formuló a raíz del informe de 2024 del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos, que pedía la activación urgente de este estatuto tras la decisión de la administración de Trump de imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI).

En su respuesta[2] de 30 de julio de 2025, la Comisión se limitó a asegurar que estaba siguiendo la situación de cerca y que se estaban considerando «medidas efectivas». Sin embargo, hasta la fecha, el fiscal de la Corte Penal Internacional, dos fiscales adjuntos, seis jueces y la relatora especial de las Naciones Unidas Francesca Albanese siguen sujetos a sanciones impuestas por los Estados Unidos, ante lo cual Europa no ha reaccionado. La agencia de viajes del Parlamento incluso ha llegado a anular una reserva de hotel para Francesca Albanese debido a estas sanciones.

Los tres informes adoptados por la Comisión AFET el 2 de diciembre de 2025 reiteran el llamamiento de activar con urgencia el estatuto de bloqueo.

En este contexto, se pide a la Comisión que conteste a las siguientes preguntas:

·  1.

¿Qué impide dar curso a esta solicitud?

·  2.

¿Cómo protege la Comisión a los ciudadanos, los operadores y las instituciones de la Unión Europea contra la aplicación extraterritorial de una norma de un tercer país?

Presentación: 23.12.2025

·  [1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002163_ES.html.

·  [2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002163-ASW_ES.html.

Respuesta

ES E-005056/2025

Respuesta de la Sra. Albuquerque en nombre de la Comisión Europea (18.2.2026) 

La Comisión está estudiando medidas adecuadas y eficaces que garanticen la continuidad de las funciones de la Corte Penal Internacional (CPI) y el cumplimiento de su mandato. Entre las medidas consideradas se incluye la adopción de un acto delegado de la Comisión que modifique el anexo del Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo sobre el estatuto de bloqueo1. No obstante, las relaciones diplomáticas y la búsqueda de soluciones específicas siguen siendo la línea de actuación preferida.

 

La Comisión sigue vigilando muy de cerca la situación de las sanciones impuestas por los Estados Unidos que afectan a la CPI y a las personas asociadas a sus actividades. Se mantiene en permanente contacto con la CPI, los Estados miembros y las partes interesadas y reitera la importancia de garantizar la independencia y el funcionamiento de la CPI.

 

 La Comisión recuerda que la aplicación extraterritorial de sanciones es ilegal e incompatible con el Derecho internacional.

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