miércoles, 4 de febrero de 2026

Cómo Human Rights Watch eliminó un informe que calificaba de crimen de lesa humanidad la negación por parte de Israel del derecho al retorno de los palestinos

 



Cómo Human Rights Watch eliminó un informe que calificaba de crimen de lesa humanidad la negación por parte de Israel del derecho al retorno de los palestinos

El director para Israel y Palestina de Human Rights Watch renunció tras la decisión de eliminar el informe, que había sido aprobado por el equipo legal de HRW.

dropsitenews.com, 3 de febrero

El director para Israel y Palestina de Human Rights Watch (HRW), Omar Shakir, renunció el lunes tras casi una década en la organización, en protesta por la decisión de las altas esferas de archivar un informe que calificaba de "crimen de lesa humanidad" la campaña israelí de décadas para negar a los palestinos el derecho a regresar a sus hogares y tierras.

El informe de 43 páginas se sometió formalmente a todas las etapas del proceso de revisión interna de Human Rights Watch, incluyendo evaluaciones de las divisiones de refugiados, justicia internacional, derechos de las mujeres y los niños, y del equipo legal durante siete meses. Tras la finalización de dicho proceso, el director ejecutivo entrante, Philippe Bolopion, suspendió el informe aproximadamente dos semanas antes de su publicación prevista para el 4 de diciembre. Shakir fue informado de la decisión por teléfono.

El informe, que cita entrevistas con 53 refugiados palestinos e incluye trabajo de campo en campos de refugiados en Jordania, Siria y Líbano, vincula las expulsiones de 1948 hasta la actualidad con el vaciamiento de los campos en Gaza y Cisjordania durante los últimos dos años. Shakir esperaba que el informe abriera "un camino hacia la justicia para los refugiados palestinos".

La decisión de Bolopion se produjo después de que un alto funcionario de HRW expresara su preocupación por la publicación del informe. Shakir declaró en su correo electrónico de renuncia que un alto dirigente le advirtió que se percibiría como un llamado a "extinguir demográficamente el judaísmo del Estado de Israel".

"Me he entregado por completo a este trabajo durante una década. Lo he defendido en circunstancias muy difíciles", declaró Shakir a Drop Site. "He perdido la fe en la fidelidad de nuestros altos dirigentes a la esencia de nuestro trabajo, a la integridad de nuestro trabajo, al menos en el contexto de Israel y Palestina". Milena Ansari, investigadora adjunta palestina y la única otra integrante del equipo de HRW sobre Israel y Palestina, también dimitió.

“Los refugiados que entrevisté merecen saber por qué no se cuentan sus historias”, declaró Shakir.

En respuesta a una consulta de Drop Site, HRW declaró por escrito: “El informe en cuestión planteó cuestiones complejas y trascendentales. Durante nuestro proceso de revisión, concluimos que algunos aspectos de la investigación y la base fáctica de nuestras conclusiones jurídicas debían reforzarse para cumplir con los altos estándares de Human Rights Watch. Por ello, la publicación del informe se suspendió a la espera de un mayor análisis e investigación. Este proceso continúa”.

“Asuntos estratégicos”
A finales de noviembre, Shakir, junto con un subdirector de MENA y un revisor legal, informó inicialmente a Bolopion sobre el informe saliente. En la llamada, la alta dirección presionó para retrasar el informe.

Según correos electrónicos internos obtenidos por Drop Site, Bolopion fue finalmente persuadido por otros altos directivos para que el informe no se publicara, a pesar de haber completado el proceso de revisión interna y contar con el respaldo de la mayoría de la organización.

Entre quienes se oponían al informe se encontraba el director de la división de Refugiados y Migrantes, Bill Frelick. Donantes, periodistas y figuras externas ya habían sido informados de la publicación prevista del informe para el 4 de diciembre. El propio departamento de Frelick lo había aprobado en el proceso de revisión formal. Sin embargo, el 25 de noviembre, Frelick salió del proceso de revisión formal para expresar sus preocupaciones directamente a Bolopion por correo electrónico.

Drop Site obtuvo el correo electrónico original que Frelick envió a Bolopion, señalando "cuestiones legales y estratégicas sustanciales".

“Para ser claros, no me opongo a nuestra postura de que el Derecho al Retorno (RoR en inglés) es, de hecho, un derecho humano y que negarlo constituye una violación de derechos humanos”, escribió Frelick a Bolopion, cuyo personal informó a Drop Site que es el correo electrónico que inició la cadena de eventos que condujo al archivo del informe. “Sin embargo, no creo que tengamos fundamentos sólidos para afirmar que la negación de este derecho constituya un Crimen de Lesa Humanidad (CAH en inglés)”.

Frelick también escribió: “Cuestiono el valor estratégico de que HRW abogue en 2025 para que los refugiados palestinos y sus descendientes recuperen sus hogares perdidos en 1948 en el actual Israel”.

Frelick planteó cuestiones legales que, según él, el informe no respondía suficientemente, incluyendo si Israel pretendía causar daño al negar a los palestinos el derecho al retorno. “Según el requisito de causar “intencionadamente” un gran sufrimiento, ¿es la intención de Israel al negar el retorno causar un gran sufrimiento o está motivada más bien por preocupaciones de seguridad nacional, ingeniería demográfica u otras motivaciones de Israel y, por lo tanto, cualquier sufrimiento que cause sería incidental o consecuente con estos propósitos, pero no su intención?”, escribió Frelick.

El fundamento legal para calificar la negación del derecho al retorno como crimen de lesa humanidad es el que, según declaró Shakir a Drop Site, HRW ha utilizado en el pasado para informes en otros países, incluyendo uno tan reciente como en 2023, en un informe sobre el desplazamiento forzado de los chagosianos de sus hogares en el archipiélago de Chagos hace más de 60 años por parte de Estados Unidos y el Reino Unido.

En el correo electrónico, Frelick cuestionó aspectos esenciales del sufrimiento palestino. "¿Se debilita con el tiempo el sufrimiento (y las reivindicaciones) de los descendientes de refugiados que perdieron sus hogares en 1948? ¿Cómo evalúa HRW si los descendientes de refugiados de 1948 han mantenido vínculos que mantienen viables sus reivindicaciones? ¿Afecta la ciudadanía de otro país a dichas reivindicaciones? ¿Son estas reivindicaciones exclusivas de los descendientes de refugiados palestinos o se aplican a los descendientes de todos los refugiados de todos los lugares a lo largo de la historia?", escribió Frelick.

Shakir afirmó que es normal que el personal de HRW discrepe con la justificación legal de un informe y que, en última instancia, es el equipo legal de HRW quien decide si el argumento del informe es válido o no.

En el caso de este informe, dos revisores legales lo aprobaron en las primeras rondas de revisión. Uno de ellos, Jim Ross, redactó un memorando, tras la censura, titulado "Fortalecimiento de la presentación fáctica del informe R2R/CAH [Juego de abreviaturas, derecho al retorno seria en inglés 'R' cero u 'o' y 'R'. Una revisión, por tanto, sería R2R]". En el memorando, obtenido por Drop Site, Ross pareció intentar encontrar un punto medio al afirmar que el informe debía incluir más ejemplos del sufrimiento de los refugiados palestinos para reforzar sus conclusiones legales.

“Queremos poder mostrar casos muy convincentes de gran sufrimiento o graves daños físicos o mentales. Esto probablemente será más evidente cuando las personas viven en extrema pobreza o en condiciones terribles similares, o cuando claramente sufren graves daños mentales como resultado de la negación del derecho al retorno”, escribió Ross. “Además de simplemente enumerar los daños que muchos enfrentan, ¿cómo podemos vincular esto como un asunto penal con la imposibilidad de que se les permita regresar a sus lugares de origen? … Israel les niega a todos su derecho al retorno, pero el informe debería demostrar de forma convincente que, para algunos, Israel está causando un ‘gran sufrimiento’ como CAH”.

En el memorando, Ross también afirmó que Tom Porteous, quien entonces era jefe de programas de HRW, “no creía que bastara con escuchar a los refugiados”. “Más allá de los estándares legales”, continuó, “necesitamos presentar argumentos convincentes para los lectores escépticos. Quizás esto signifique centrar nuestras reclamaciones de CAH en ciertos tipos de casos, como personas en campamentos o en condiciones similares, donde la evidencia visual y narrativa es más clara”.

Shakir y Milena Ansari, quienes contribuyeron con una investigación importante para el informe, presentaron sus renuncias el 15 de enero. “Durante mi mandato, el proceso de revisión garantizó que publicáramos los hechos tal como los documentamos y las conclusiones derivadas de nuestra aplicación ética y coherente de la ley”, escribió Shakir en el correo electrónico enviado a los líderes y recursos humanos de Oriente Medio y Norte de África (MENA). “Ya no puedo decir eso”.

Crisis institucional
Cuando el informe fue censurado, investigadores de diversas áreas de la organización intentaron reactivar su publicación. “Nuestros procesos de revisión, así como nuestra cultura de transparencia, han garantizado hasta ahora que nuestras conclusiones se basen en una aplicación coherente y ética de la ley. La elusión del proceso de revisión por parte del director ejecutivo pone en tela de juicio la integridad de nuestra investigación, que es la base de nuestra organización”, se leía en un correo electrónico interno.

Pero la alta dirección rechazó la iniciativa. La única manera de permitir que avanzara, indicaron al personal, era limitando las conclusiones a los palestinos desplazados desde 2023 dentro del Territorio Palestino Ocupado, excluyendo a los refugiados palestinos de 1948 y 1967 que ahora se encuentran en otros países a los que se les niega el derecho a regresar a sus hogares en lo que hoy es Israel.

Alrededor de 200 miembros del personal firmaron una carta aparte, algunos de forma anónima, en protesta por la decisión el 1 de diciembre.

El 20 de enero, cinco días después de las renuncias de Shakir y Ansari, la división MENA, donde trabajaba Shakir, celebró una reunión de todo el personal para discutir la decisión. Más de 300 miembros del personal participaron en la llamada, expresando su enojo por el hecho de que los líderes eludieran su proceso habitual. "Estamos perdiendo la organización que amamos y por la que sentimos tanta pasión", decía un mensaje enviado en el chat colectivo.

"Nuestro trabajo en la región MENA se verá gravemente socavado cuando esta crisis se haga pública", decía otro. "Ni yo ni nadie podrá defender a la organización".

Dos días después, Bolopion celebró una reunión para discutir la decisión, aunque los empleados solo tuvieron unos 10 minutos al final de la llamada para hacer preguntas o comentarios. La opción de chat estaba desactivada.

"El oleoducto no es sagrado", dijo Bolopion al personal en la reunión, refiriéndose al proceso de revisión interna de HRW.

Bolopion, quien asumió el mando de HRW en noviembre, afirmó que no quería comenzar su mandato con una situación como esta. "En mi opinión, me preocupaba esta conclusión legal, pero confío en el asesoramiento de los miembros más experimentados del equipo y de quienes cuentan con la experiencia legal para tomar esa decisión", declaró, según una grabación obtenida por Drop Site. "Hubo desacuerdos sobre si los hechos respaldaban las conclusiones con el rigor suficiente".

Bolopion aclaró al personal que la preocupación no era si los palestinos tenían derecho al retorno, que es la política de HRW, sino si la negación del derecho al retorno constituía un crimen de lesa humanidad para los refugiados de 1948 y 1967. "No soy abogado, pero de eso se habló en los desacuerdos", afirmó.

Añadió que no sentía "sentido de urgencia" por publicar el informe. “No hubo un gancho de defensa inmediato, así que los beneficios de esperar superaron con creces el riesgo de publicar el informe”, dijo.

Posteriormente, Bolopion anunció que HRW contrataría al bufete de abogados Jenner & Block para que revisara sus procesos.

“Los informes que identifican delitos graves o implican un análisis jurídico novedoso requieren un fuerte apoyo y un consenso interno antes de su publicación. Ese no fue el caso de este informe”, escribió Bolopion en el correo electrónico de enero al personal tras la asamblea pública.

Un precedente problemático
Un miembro del personal de HRW, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias y que lleva más de una década en HRW, afirmó que el bloqueo de este informe marca un “momento decisivo” para la organización y sienta un precedente problemático.

“No se trata solo de que se retirara el informe, sino de que nadie pudo obtener una respuesta clara del porqué durante meses”, declaró, solicitando el anonimato por temor a represalias en el ámbito laboral. Quizás la dirección temía repercusiones y cree que ocultó este informe por el bien de la organización.

Capturas de pantalla de las preguntas formuladas en la sección de preguntas y respuestas del foro.

Otro miembro del personal, también anónimo, afirmó que la suspensión del informe ha desmoralizado al personal. "Esto ocurre tras siete años de decadencia en HRW", refiriéndose a cambios de dirección, despidos masivos y un aumento general de la burocracia en la organización. "Las aportaciones del personal se ignoran o se difunden activamente", declaró.

Ken Roth, exdirector ejecutivo de la organización, salió en defensa de Bolopion el martes, afirmando que Bolopion tenía razón al bloquear el informe. "El nuevo director de HRW tenía razón al suspender un informe utilizando una teoría jurídica novedosa y sin fundamento para argumentar que negar el derecho a regresar a un lugar es un crimen de lesa humanidad", publicó Roth en X. "Se había acelerado el proceso de revisión durante una transición de dirección".

Shakir ofreció una despedida virtual el lunes a la que asistieron más de 130 personas. La exdirectora de HRW para Oriente Medio y Norte de África, Sarah Leah Whitson, contrató a Shakir en 2016 y fue su supervisora ​​hasta que dejó la organización en 2020. Actualmente, es la directora ejecutiva de Democracy for the Arab World Now (DAWN).

“Una vez más, nos hemos topado con la sistemática ‘Excepción Israelí’ de Human Rights Watch, con trabajos críticos con Israel sujetos a revisiones excepcionales y procesos arbitrarios que ningún otro trabajo en el país enfrenta”, declaró Whitson a Drop Site. “Las luchas internas necesarias para producirlo han sido excepcionalmente duras y dolorosas para el personal involucrado”.

“Israel/Palestina ha sido la prueba de fuego para todas las grandes instituciones”, escribió Shakir en su último correo electrónico a HRW. “Y el ‘excepcionalismo palestino’ tiene un problema: a menudo abre la puerta a otras concesiones sin principios”.

martes, 3 de febrero de 2026

Visita de Raji Sourani a Asturias

 Comité de Solidaridad con la Causa Árabe


Conferencia en Gijón de Raji Sourani, abogado palestino de Derechos Humanos del equipo legal de la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Raji :"Para la ciudadanía de Gaza es importante resistir y ser fuerte Pero también es muy importante ver a personas comprometidas en todo el mundo que apoyan realmente la lucha por los derechos humanos, por la justicia y la dignidad del pueblo palestino. Es muy importante visibilizar que se cometen crímenes de guerra, que se está cometiendo un genocidio, y que la gente se comprometa definitivamente en contra de este crimen. "
La conferencia se realizó con traducción por parte de Palomauna amiga q hizo un trabajo excelente y se grabó ,en breve la difundiremos.

Hoy nuestros compañeros dell CSCA han acompañado a Raji Sourani, abogado palestino de Derechos Humanos del equipo legal de la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en su visita a en reuniones con el Presidente y Grupos Parlamentarios

PLAN DE PAZ DE TRUMP. Manuel Garcia Fonseca

 

PLAN DE PAZ DE TRUMP.

Manuel Garcia Fonseca

 Desde que Trump y Netanyahu hicieron público un llamado Plan de Paz, a penas hay información sobre Palestina. ¿Quiere decir que ya llegó la paz y la comida?.

El plan de paz es una entelequia programada para un vaciamiento de Gaza de los palestinos.

En la cima de su estructura se encuentra el consejo ejecutivo del plan, la Junta de Paz, presidida por Trump, y ninguno de cuyos ocho miembros es originario de Oriente Medio y mucho menos de un territorio palestino o de la diáspora. Son en su gran mayoría, si no en su totalidad, partidarios de Israel. Donald Trump lo preside con derecho de veto.

 

Mientras tanto, en el terreno, el alto el fuego sigue siendo violado por Israel todos los días. Hoy día Israel ha matado a 32 palestinos, y más de quinientos han sido asesinados por el ejército israelí desde su firma en octubre. Este, por orden del nivel político, sigue obstaculizando, o incluso impidiendo, la entrada de productos y bienes necesarios para la vida cotidiana de los habitantes de Gaza y el inicio de la reconstrucción de las infraestructuras y las viviendas.

Las caravanas de transportistas permanecen bloqueadas en las fronteras, mientras que las lluvias, las tormentas y las temperaturas invernales destruyen los refugios precarios. Veintiuna personas han  muerto de frio, según las autoridades locales, y otras mueren cada día por falta de cuidados y medicamentos.

Diana Buttu, abogada palestina, ex asesora de la Autoridad Palestina, lo ve como la continuación de una muerte lenta infligida metódicamente a los palestinos.

 

A pesar de esta situación inhumana, genocida, o mas bien por que la manera más eficaz de mantenerla es es que no sea conocida. Ya ahora no vemos en televisión los bombardeos y los muertos o heridos tremendos, en especial que no se vean los niños muriendo

Los periódicos , las revistas, los podcast,  son censurados; las brutalidades cotidianas cometidas en Gaza desaparecen de las paginas relevantes de las medios de comunicación, desaparecida la información cesa la contestación.

 

Resulta difícil de explicar  y en todo caso de entender que esta censura de la información o de las manifestaciones grupales o personales por palestina sean reprimida por gobiernos de países importantes de Occidente. Valgan a título de muestra algunos hechos: la Reportera de Naciones Unidas, Francesca Albanese en una visita invitada a la universidad De Georgetwn es reenviada bajo presión de uno de los repugnantes grupos sionistas que se consagran a desacreditar a los detractores del terrorismo israelí; el caso de Greta Thunberg que ha sido arrestada en Londres estas navidades por llevar una pancarta con el título “Yo sostengo a los prisioneros de Palestina Acción, yo me opongo al genocidio”; Alemania no ha permitido entrar en su territorio a Yanis Varoufakis, eminente economista, que debía asistir a un congreso sobre Palestina en Berlín; y como norma policial se detienen a jóvenes y se les arresta por airear una bandera palestina.

No son hechos causales, se corresponden a la forma de ocultar información para que la contestación disminuya o sea pasado a segundo término ante la propaganda del tramposo plan de paz de Trump y Metanyahu.

Contra la desinformación es obligada la denuncia y la protesta por parte de los ciudadanos con sentido ético ante un magnicidio como el que se sigue cometiendo en toda Palestina

 

 

 

Los estibadores en puertos mediterráneos anuncian acciones coordinadas contra la guerra


  Unione Sindacale di Base (USB)

Los estibadores en puertos mediterráneos anuncian acciones coordinadas contra la guerra
Los trabajadores de más de 20 puertos mediterráneos tomarán medidas coordinadas el 6 de febrero para oponerse a la guerra y a la militarización.
peopledispatch.org, 30 de enero de 2026

Trabajadores en más de 20 puertos mediterráneos se están preparando para un día internacional de acción el 6 de febrero para oponerse a la creciente militarización de la infraestructura de transporte, así como a la complicidad de la dirección portuaria y los gobiernos en el genocidio de Gaza. "Si no damos este paso, todas nuestras demás demandas serán aplastadas bajo la guerra", advirtió Francesco Staccioli, de la unión italiana Unione Sindacale di Base (USB), durante un acto de lanzamiento el martes.
La movilización tiene como objetivo impedir el envío de armas, rechazar el rearme y oponerse al impacto de una economía de guerra en los derechos de los trabajadores y los sistemas de seguridad social. Cabe destacar que el día de acción se está lanzando para "garantizar que los puertos europeos y mediterráneos sean lugares de paz, libres de cualquier implicación en la guerra", según un anuncio anterior.
El proceso previo al día de la acción comenzó hace años y cobró impulso desde 2023, cuando un número creciente de estibadores empezó a actuar contra los envíos de armas a la ocupación israelí. La próxima semana, muchos de los trabajadores implicados en esas iniciativas anteriores se unirán a movilizaciones coordinadas en puertos de Grecia, el País Vasco, Marruecos, Turquía e Italia. Al menos diez puertos italianos ya han confirmado su participación, reflejando tanto las exitosas huelgas generales del año pasado en Palestina y la resistencia organizada a la agenda de rearme de la primera ministra Giorgia Meloni, como las demandas locales de los trabajadores.
Representantes del capítulo de Marítimos y Puertos de USB enfatizaron que las movilizaciones continuas —y que se solapan— contra el genocidio, la militarización y el imperialismo estadounidense son inseparables de las luchas laborales. En este contexto, hablaron de una "guerra interna" además de una externa, señalando medidas cada vez más represivas adoptadas por los gobiernos europeos contra los trabajadores que participan en actos de solidaridad. Citaron en particular a bomberos italianos que han sufrido represalias por participar en manifestaciones contra el genocidio.
El vínculo entre la militarización de la sociedad y el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora fue un tema recurrente durante todo el evento de lanzamiento. Estibadores de Mersin, Turquía, y El Pireo, Grecia, subrayaron que la situación empeora día a día y solo puede ser desafiada mediante una resistencia coordinada e internacionalista. Si los trabajadores portuarios se unen, dijeron los sindicalistas del Pireo, "los puertos pueden convertirse en una barrera para la guerra, no en corredores para entregas de armas."
Trabajadores de dos puertos alemanes, junto con sindicalistas de Brasil, Palestina, Estados Unidos y Venezuela, ya han enviado mensajes de apoyo y solidaridad a quienes organizan la acción del 6 de febrero. Reconociendo el auge global de la "represión y el fascismo" —con la administración estadounidense al frente—, apelaron no solo al movimiento obrero global, sino también a grupos implicados en otras luchas, para que se unieran a las movilizaciones y difundieran el mensaje: "Los estibadores no trabajan para la guerra."

Consumo logra que seis multinacionales retiren cien anuncios ilegales de alojamientos en territorios ocupados .elsaltodiario.com


 Wikimedia Commons El tren ligero de Jerusalén pasa por el asentamiento de Pisgat Ze'ev, el más grande de los alrededores de la ciudad sagrada, levantado sobre territorios ocupados por el ejército de Israel.


Consumo logra que seis multinacionales retiren cien anuncios ilegales de alojamientos en territorios ocupados
elsaltodiario.com, 2 de febrero de 2026

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo consigue que seis de siete compañías denunciadas retiren alojamientos ilegales en territorios ocupados por Israel.

En diciembre, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo envió un requerimiento a siete multinacionales con presencia en España para que retiren los anuncios de alojamientos en territorios ocupados palestinos. Este lunes 2 de febrero, el ministro Pablo Bustinduy anunció que seis de ellas han respondido al requerimiento de Consumo y retirarán los anuncios.
En total, según fuentes del Ministerio, se han eliminado 108 de 138 anuncios a la espera de que la séptima empresa responda y elimine los restantes. Esta publicidad se considera “ilícita” según el artículo 4 del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, informa Consumo.
Airbnb y Booking son dos de las empresas que ha sido denunciadas por el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, según Amnistía Internacional y numerosas organizaciones de defensa del pueblo palestino. También han sido señaladas TripAdvisor y la española eDreams. Está última fue retirada de la lista de la ONU de empresas que tienen negocios en territorios ocupados en su última edición de 2025. Sin embargo, las organizaciones SUDS y Novact denunciaron en diciembre que la eliminación de eDreams del listado fue precipitado, dado que seguía manteniendo vínculos con negocios en territorios ocupados.
El 23 de enero, el Ministerio de Bustinduy abrió una investigación por la posible oferta en el stand de Israel de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de servicios turísticos en territorios palestinos ocupados ilegalmente, una actividad sería ilegal según el real decreto aprobado por el Gobierno de coalición.

lunes, 2 de febrero de 2026

La empresa vasca CAF en el Informe de empresas implicadas en genocidio . https://haizeagorriak.wordpress.com


 La empresa vasca CAF en el Informe de empresas implicadas en genocidio




Resumen de la parte dedicada a CAF en el Informe 'Coalición Don’t Buy into Occupation' sobre la financiación de la ocupación y los crímenes del régimen de Netanyahu

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) es una de las 104 empresas mencionadas en el Informe Coalición Don’t Buy into Occupation (DBIO). de las 104 empresas europeas que contribuyen a la ocupación ilegal y al crimen de genocidio…

7. CAF (76)

Participación en las actividades 3, 6 y 9 enumeradas por la DBIO.

¿Figura en la base de datos actualizada de las Naciones Unidas? Sí.

¿Figura en la lista de Who Profits? Sí.

¿Figura en la lista de AFSC Investigate? Sí.

¿Incluido en el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas de 2025? Sí.

¿Incluido en el informe de Amnistía Internacional de 2025? Sí.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) es una empresa vasca que se describe a sí misma como líder mundial en sistemas de transporte integrales. 'Who Profits' informa de que la empresa es operadora y promotora del Jerusalem Light Rail (JLR), un sistema de tranvía público que da servicio a los asentamientos ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada.

Según describe 'Who Profits', «el proyecto depende de la expropiación de tierras palestinas y de una mayor fragmentación territorial de los barrios palestinos de la ciudad, con el fin de crear continuidad territorial y facilitar el movimiento de los colonos a ambos lados de la Línea Verde».

CAF participa en el proyecto de ampliación del tren ligero de Jerusalén. En 2019, el Equipo del Plan Maestro de Transporte de Jerusalén (la entidad pública israelí encargada de gestionar el transporte público en Jerusalén) adjudicó un contrato de 11 000 millones de NIS (2900 millones de euros) a un consorcio formado por CAF y la empresa constructora israelí Shapir Engineering and Industry (ambas figuran en la última actualización de la base de datos de la ONU, publicada en septiembre de 2025).

El proyecto incluye la ampliación de la línea roja del JLR hasta el asentamiento de Neve Yaakov, así como la construcción, explotación y mantenimiento de la nueva línea verde del JLR, que también se extiende hasta los asentamientos israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada. En total, el proyecto ampliará la red JLR en 27 kilómetros y 53 nuevas estaciones, pasando por 7 barrios de asentamientos en la Jerusalén Oriental ocupada, y la entrega de 114 tranvías fabricados por CAF.

La línea roja de la JLR, en funcionamiento desde 2011, conecta el barrio del asentamiento de Pisgat Ze’ev en la Jerusalén Oriental ocupada con el centro de la ciudad, pasando por los barrios de los asentamientos de French Hill, Givat HaMivtar, Ramat Eshkol y Ma’alot Dafna. La línea verde del JLR conectará el barrio de colonos de Gilo, en el suroeste de Jerusalén Este, con el monte Scopus (Har HaTsofim), en el norte de Jerusalén Este, pasando por el centro de la ciudad y los barrios de colonos de Ramat Eshkol, Ma’alot Dafna y French Hill.

Según el contrato, CAF también es responsable del diseño del sistema, la señalización y la electrificación. El contrato para la explotación y el mantenimiento de las líneas Roja y Verde de la JLR tiene una duración inicial de 25 años para el mantenimiento y de 15 años para la explotación, prorrogable hasta 25 años.

La gestora de activos noruega Storebrand decidió en el primer trimestre de 2024 incluir a CAF en su lista de exclusión, argumentando que, a través de sus operaciones vinculadas a la JLR, «CAF está reforzando la permanencia de los asentamientos ilegales existentes y contribuyendo a la expansión de nuevos asentamientos, lo que fomenta la adquisición ilegal de territorio por parte de Israel. El traslado de la población israelí a los territorios ocupados constituye una violación del derecho internacional». 77

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– 76.- Este perfil de la empresa (el texto que aparece debajo de la tabla) está tomado de Who Profits, véase: https://www.whoprofits.org/companies/company/6541?caf-construcciones-y-auxiliar-de-ferrocarriles


Financiación

En 2020, FIBI Bank también formó parte de un consorcio liderado por Hapoalim Bank para financiar la ampliación de la Línea Roja y la creación de la Línea Verde como parte del Proyecto J-Net del tren ligero de Jerusalén (JLR).

El consorcio adjudicó a los operadores del tren ligero CAF y Shapir Engineering and Industry 3500 millones de NIS. El JLR es un proyecto israelí de infraestructura de transporte a gran escala que conecta grandes bloques de asentamientos en la Jerusalén Oriental ocupada con el centro de la ciudad y su lado occidental, creando continuidad territorial y facilitando el movimiento de los colonos a ambos lados de la Línea de armisticio de 1949, también denominada línea verde.



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domingo, 1 de febrero de 2026

Queja contra el Estado belga: ¡una primera victoria! .Asociación belgo-palestina


 Queja contra el Estado belga: ¡una primera victoria!

Asociación belgo-palestina, 22 de enero de 2026
En julio de 2025, la ABP y la CNAPD, junto con demandantes palestinos y con el apoyo de Droit pour Gaza y SOS Gaza, iniciaron un procedimiento sumario contra el Estado belga por su inacción culpable ante los crímenes cometidos por Israel en Gaza. El procedimiento se centró específicamente en sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los Convenios de Ginebra, la Orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 26 de enero de 2024, la Opinión Consultiva de la misma CIJ de 19 de julio de 2024 y la Resolución de la Asamblea General de la ONU de 18 de septiembre de 2024.
Hoy estamos viendo los primeros resultados de esta denuncia. De conformidad con el acuerdo gubernamental del 2 de septiembre, se acaba de publicar en el Boletín Oficial el Real Decreto que prohíbe el sobrevuelo del espacio aéreo nacional y las escalas técnicas a las aeronaves que transporten material militar de Bélgica a Israel. Esta prohibición del uso del espacio aéreo belga para apoyo militar a Israel constituye una victoria significativa hacia un embargo militar total contra Bélgica.
El hecho de que el Real Decreto se centre en los sobrevuelos de nuestro territorio se explica por las limitadas competencias del nivel federal en materia de transferencia de equipo militar. Las importaciones, exportaciones y el tránsito aduanero son competencia regional. En este sentido, los compromisos declarados por la Región Valona de cesar el suministro de equipo militar a Israel no están verificados y son difíciles de verificar. Actualmente, estos compromisos son exactamente los mismos que asumió la Región Valona tras la Operación Plomo Fundido de Israel contra Gaza en 2009. No han impedido la exportación reiterada de equipo militar a Israel desde entonces.     
Nuestras asociaciones perdieron su caso en primera instancia el 24 de septiembre tras un veredicto especialmente mal fundamentado, lo que nos convenció de recurrir. De hecho, en nuestra opinión, no cabe duda de que las medidas de represalia iniciales contra Israel, decretadas el 2 de septiembre por el gobierno federal, siguen siendo insuficientes para poner fin a nuestra complicidad en el genocidio en curso, especialmente porque los productos de los asentamientos siguen vendiéndose en territorio belga y no se ha hecho nada para denunciar el Acuerdo de Asociación UE-Israel. La audiencia ante el Tribunal de Apelación de Bruselas tendrá lugar el 9 de febrero de 2026 a las 9:30 h. 
Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a los numerosos activistas que han contribuido a hacer posible este progreso hacia un embargo militar completo contra Israel, en particular donando a nuestro fondo contra la impunidad.
¡Sigamos pues movilizados para que Bélgica esté a la altura de sus obligaciones históricas y jurídicas accediendo a nuestras demás reivindicaciones!


Cómo Human Rights Watch eliminó un informe que calificaba de crimen de lesa humanidad la negación por parte de Israel del derecho al retorno de los palestinos

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