El Consejo de Derechos Humanos de la ONU actualiza la lista de empresas implicadas en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado
OHCHR, 25 de septiembre de 2026
Siguen en la lista las empresas españolas CAF e INECO
Ginebra. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha publicado hoy un informe actualizado sobre la base de datos de empresas que participan en actividades en los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino ocupado. En la lista figuran un total de 214 empresas de 11 países.
Por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), la base de datos se publicó por primera vez en 2020 y se actualizó posteriormente en 2023 y 2025. El informe actualizado identifica a las empresas que participan en actividades específicas relacionadas con los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, que el CDH ha ordenado a la Oficina que tenga en cuenta. La última actualización se centra en las empresas que operan en los sectores de la agricultura, el transporte, el almacenamiento, la gestión de residuos, la energía, la alimentación y los servicios de hostelería.
Tras una convocatoria pública para recabar aportaciones en 2024, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió información relativa a 596 empresas. En el informe del año pasado, y dentro de los recursos disponibles, la Oficina examinó 215 de estas empresas, incluidas las que ya figuraban en la lista. En esta última actualización, la Oficina ha examinado 126 empresas de las 381 restantes. La Oficina sigue examinando las empresas cuya evaluación no pudo completarse a tiempo para el presente informe.
De las 126 empresas examinadas, 61 se añadieron a la lista. La Oficina también constató que cinco empresas que figuraban anteriormente en la lista ya no participaban en dichas actividades, por lo que fueron eliminadas.
La actualización de este año también incluye información sobre el tipo de implicación de cada empresa en los impactos negativos sobre los derechos humanos, basada en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Estos establecen tres niveles de implicación, siendo el más alto el de «causalidad»: cuando las actividades de una empresa son, por sí solas, suficientes para afectar a la capacidad de las personas de disfrutar de un derecho humano. A este le sigue el nivel de «contribución», en el que las actividades de una empresa se combinan con las de otro actor de tal forma que afectan al disfrute de un derecho humano. El tercer nivel es el de «vínculo directo», en virtud del cual se considera que las operaciones, los productos o los servicios de una empresa están directamente vinculados a impactos negativos sobre los derechos humanos.
Esta evaluación se centra en el impacto de las empresas sobre el derecho a la autodeterminación y, dadas las limitaciones de recursos, no aborda los impactos sobre otros derechos ni las formas de implicación en los mismos. De las 214 empresas incluidas en la lista, se constató que 200 contribuían a los impactos negativos sobre el derecho a la autodeterminación, 14 estaban directamente vinculadas y no se estableció ningún nivel de causalidad.
El informe insta a las empresas a «cumplir con su propia responsabilidad de respetar los derechos humanos con arreglo a las normas internacionales ampliamente aceptadas».
«Cuando las empresas participen en las actividades enumeradas, deberán adoptar las medidas adecuadas para hacer frente a los impactos negativos sobre los derechos humanos en los que estén implicadas», señala.
«Este informe es otro recordatorio para las empresas de que tienen responsabilidades en materia de derechos humanos y de que se espera que actúen con la debida diligencia para garantizar que no se vean implicadas en violaciones o abusos de los derechos humanos», afirmó Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Esta actualización se suma a los recientes informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que examinan la implicación de las empresas y los intereses económicos en los efectos negativos sobre los derechos humanos en el contexto de los actuales conflictos en Sudán y en Myanmar.
«Los Estados deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar, mediante medios judiciales, administrativos, legislativos u otros medios apropiados, que, cuando se produzcan abusos contra los derechos humanos relacionados con las empresas en su territorio y/o bajo su jurisdicción, las personas afectadas tengan acceso a recursos efectivos, de conformidad con el derecho internacional», añade el informe.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) y Salvat Logista según este Informe se consideran Contribuyentes a la colonización: "Una empresa puede contribuir a un impacto adverso a través de sus propias actividades (acciones u omisiones) cuando dichas actividades se combinan con las de otro actor de tal forma que se elimina o reduce la capacidad de disfrutar de un derecho humano.
La «contribución» implica un perjuicio que es, en parte, aunque no exclusivamente, resultado de las propias acciones de la empresa, ya que la acción o inacción de otra parte también ha desempeñado un papel significativo en la producción de dicho perjuicio;
Por su parte, CAF tiene señalados como contribuyente por los aspectos a), e) y g). Ineco y Salvat sólo el e).
Significado de estos epígrafes:
El suministro de equipos y materiales que faciliten la construcción y la ampliación de los asentamientos y del muro, así como de la infraestructura asociada;
E) La prestación de servicios y suministros que contribuyan al mantenimiento y la existencia de los asentamientos, incluido el transporte;
G) El uso de los recursos naturales, en particular el agua y la tierra, con fines comerciales;
Informe completo (en inglés)
La ONU identifica 214 empresas, tres españolas, con actividad en los asentamientos israelíes
Las compañías españolas que se encuentran en la lista son Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y Salvat Logística.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes una lista actualizada de las empresas con actividades económicas en los asentamientos israelíes ilegales en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. En el documento figuran 214 firmas de 11 países, entre ellas tres españolas y una mexicana.
La lista, que cubre actividades empresariales entre el 2 de agosto de 2019 y el 15 de abril de 2026, incluye 192 firmas israelíes y ocho estadounidenses, con dos empresas constan China, Francia y Reino Unido, y con una, Sudáfrica, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo.
En cuanto a las empresas españolas, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), ya aparecían en la anterior versión del listado, de 2025. En cambio, la firma de transportes Salvat Logística es una de las 61 añadidas este año, así como el conglomerado mexicano Orbia Advance.
Además aparecen conocidas multinacionales como las plataformas de reserva online estadounidenses Expedia, Airbnb y Booking; la también norteamericana Motorola Solutions; la empresa de ingeniería francesa Egis; o las británicas JCB y Greenkote, del sector de la construcción.
Por el contrario, cinco empresas que estaban el año pasado en el documento han sido retiradas de la misma tras aportar pruebas de que ya no estaban implicadas en actividades en asentamientos israelíes, entre ellas Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI) y Actividades de Construcción y Servicios (ACS), ambas españolas.
Israel cuestiona la iniciativa e Ineco pide la retirada
La Embajada de Israel ante la ONU en Ginebra reaccionó inmediatamente a la publicación y afirmó en un comunicado que se trata de "una herramienta política empleada por la Oficina del Alto Comisionado para continuar con la difamación de empresas que no han hecho nada malo". Asimismo, consideró perjudicial para la población dicha base de datos.
"Disuadir a empresas y otras entidades de operar en territorios en conflicto puede tener, en sí mismo, efectos adversos sobre los derechos humanos", añadió.
Por su parte, Ineco insiste en que no trabaja en territorios ocupados y que su actividad en Israel se limita a proyectos situados en territorio reconocido internacionalmente. Desde finales de 2023 ha renunciado a nuevos contratos en el país y sus ingresos allí han caído de casi 10 millones de euros anuales a menos de tres millones. Por esto, la compañía ha solicitado a la ONU que la retire de la base de datos.
Diferentes niveles de implicación
Según la ONU, de las 214 empresas incluidas en la nueva lista, 200 "contribuyen a impactos adversos sobre el derecho a la libre determinación" de los palestinos, mientras que las 14 restantes, aunque con una implicación menor, tienen vinculación "directa", es el caso de la española Salvat Logística o de las británicas JCB y Greenkote.
Tras las primeras versiones de 2020 y 2023, la oficina abrió en 2024 una convocatoria pública para que interesados presentaran más información sobre posibles implicaciones empresariales en los asentamientos ilegales.
Recibió entonces datos de 596 firmas, y las actualizaciones de 2025 y 2026 son resultado del estudio de estos expedientes, aunque quedan todavía 255 compañías por analizar.
La lista no conlleva sanciones económicas para las empresas que incluye, pero la ONU sí les insta a que tomen medidas para el respeto de los derechos humanos.
En palabras del alto comisionado Volker Türk, el documento "recuerda a las empresas que tienen responsabilidad en materia de derechos humanos, y que se espera de ellas la diligencia debida para asegurarse de que no se vean implicadas en violaciones o abusos".
El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas también instó a los Estados a garantizar mediante medidas judiciales, administrativas o legislativas el apoyo a personas afectadas por abusos de derechos humanos relacionados con actividades empresariales.
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