martes, 25 de julio de 2023

Marruecos e Israel, la complicidad de dos estados que violan el derecho internacional


 Una marcha en la franja palestina de Gaza. EP


Marruecos e Israel, la complicidad de dos estados que violan el derecho internacional

elindependiente.com, 23 de julio de 2023

El 10 de diciembre de 2020, semanas antes de abandonar su cargo como presidente, Donald Trump hizo público el reconocimiento de los EE.UU. de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Este reconocimiento estaba condicionado al hecho de que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas plenas con Israel. Aunque no constaba de forma explícita, parecía obvia la contrapartida: Israel debía seguir los pasos de los EE.UU. y debía reconocer igualmente la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui, lo que ha hecho el 17 de julio de 2023. 

El ministro de Asuntos Exteriores israelí ha afirmado que esta decisión “fortalecerá las relaciones entre ambos países y pueblos, y la continuación de la cooperación para profundizar la paz y la estabilidad regionales”, una “paz” que se basa en la violación masiva y sistemática de los derechos humanos de quienes soportan la ocupación militar de su territorio o sufren las consecuencias de la misma en campamentos de refugiados o en la diáspora.

Aunque produzca indignación, a nadie puede sorprender ya que Estados como Marruecos o Israel, que con luz y taquígrafos violan diariamente el Derecho internacional, ocupando militarmente gran parte del territorio palestino y saharaui, y sometiendo a la población autóctona a graves violaciones de sus derechos fundamentales, hayan dado este paso y, además, se congratulen públicamente de ello. O quizás sí. La sociedad civil marroquí, que hasta ahora consideraba a su rey el principal valedor de los derechos del pueblo palestino ante la comunidad internacional, ve desconcertada cómo su país no solo no apoya al pueblo palestino en su lucha por la autodeterminación, sino que, al contrario, apoya a quienes lo violan.

Aunque la colaboración entre estos Estados se remonta al menos a los años ochenta del siglo pasado, cuando en el Sahara Occidental se libraba una guerra de liberación nacional emprendida por el Frente Polisario para expulsar al Estado invasor de su territorio, y Marruecos construía con la ayuda estadounidense, francesa e israelí el muro de cerca de 2.800 kilómetros que divide en dos el territorio saharaui, la férrea censura impuesta desde hace décadas en todo el país ha mantenido vivo hasta ahora este mito. 

Lo cierto es que desde su llegada a la presidencia de los EE.UU., lejos de aplicar y consolidar el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio, Joe Biden ha dado pasos significativos en sentido contrario, en lo que se conoce ya como “doctrina Biden”: los EE. UU. no van a retirar ese reconocimiento (no en vano detrás del mismo esta el poderoso lobby judío estadounidense), pero tampoco van a actuar en consecuencia. Parece claro que Israel sí lo va a hacer, dada su absoluta falta de escrúpulos para violar la legalidad internacional. 

El Derecho internacional establece la obligación de todos los Estados de no reconocer una situación derivada de la violación grave de una norma imperativa como es la que se deriva de imponer a un pueblo sometido a dominación colonial un régimen de ocupación por otro Estado, así como la obligación de todos los Estados de no contribuir a su consolidación. Por ello, reconocer la soberanía de un Estado sobre un territorio que ocupa militarmente, en violación del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, constituye una violación grave del Derecho internacional. Lo mismo da que se reconozca la soberanía marroquí sobre los territorios ocupados saharauis, que la israelí sobre los territorios ocupados palestinos, que la rusa sobre los territorios ocupados ucranianos. Todos ellos son territorios ocupados en violación grave del Derecho internacional. Su reconocimiento acarrea la responsabilidad internacional de quienes lo llevan a cabo.   

Cabe recordar que la Corte Internacional de Justicia, en su dictamen de 2004 sobre la legalidad de la construcción del muro israelí en los territorios ocupados palestinos, hizo varias afirmaciones aplicables mutatis mutandis a la situación que analizamos: 1) todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de la situación creada por dicha construcción; y 2) todos los Estados partes en el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, tienen además la obligación de hacer que Israel respete el Derecho internacional humanitario incorporado en dicho Convenio. 

En efecto, tanto el reconocimiento estadounidense como el israelí se han realizado en violación de, al menos, dos normas de derecho imperativo, que obligan a todos los Estados sin excepción: el derecho de autodeterminación de los pueblos y el Derecho internacional humanitario, que, entre otras cosas, prohíbe el traslado de población del Estado ocupante al territorio ocupado. El traslado masivo de colonos marroquíes al territorio saharaui, similar al que practica Israel en Palestina, sigue alterando gravemente la composición demográfica de ambos territorios ocupados. Pese a ello, jurídicamente nada cambia; ni el paso del tiempo ni la modificación artificial de la composición de la población de ambos territorios convierte en legal la ocupación militar, que es, y seguirá siendo mientras se mantenga, una violación grave del Derecho internacional. 

Como ha señalado el Tribunal General de la Unión Europea en dos sentencias de 21 de septiembre de 2021, la población colona marroquí no forma parte del pueblo destinatario del derecho de autodeterminación, es decir, del pueblo saharaui. Este tribunal ha afirmado que solo el Frente Polisario puede dar el consentimiento del pueblo saharaui y que la Unión Europea tiene la obligación de no reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Afortunadamente, en el teórico Estado de Derecho que es la Unión Europea, tanto las instituciones como los Estados miembros están obligados a respetar el Derecho internacional, porque las sentencias de sus tribunales son obligatorias. Pero en una sociedad descentralizada como la internacional, los Estados que, como Marruecos, Israel o Rusia, violan sin complejos el ordenamiento jurídico internacional, no están obligados a aceptar la jurisdicción de tribunales internacionales que puedan poner límites a sus aspiraciones expansionistas, por lo que disfrutan de una suerte de patente de corso para seguir haciéndolo. 

Pero, ¿qué consecuencias jurídicas tiene este reconocimiento? Yendo más allá, cabe preguntarse qué consecuencias jurídicas tendría el reconocimiento por Marruecos de la soberanía israelí sobre Palestina, algo que difícilmente va a ocurrir por la contestación que sin duda tendría en la sociedad civil marroquí. La realidad es que ninguna. Quienes violan habitualmente el Derecho internacional lo van a seguir haciendo, como lo han hecho hasta ahora. Pero ni Trump, ni Netanyahu ni Mohamed VI tienen la capacidad de convertir en legal lo que no lo es.

En el mismo sentido, la política marroquí de promover la apertura de oficinas consulares de terceros Estados en el Sahara Occidental para tratar de consolidar la aceptación de la comunidad internacional del fait accompli de la ocupación (algo que anunció Trump que haría, pero que Biden ha evitado hacer) , impulsada a través de presiones y coacciones contra Estados (inmigración, Ceuta y Melilla, cooperación en materia de terrorismo internacional, tráfico de drogas…) o contra sus representantes, o mediante la corrupción de éstos (Morocco gate) no va a tener consecuencia alguna más allá de la disputa entre los diplomáticos de esos países por ocupar unos puestos en los que podrán disfrutar de unas tranquilas vacaciones, ya que no tendrán que cumplir las funciones habituales de las delegaciones consulares... por la ausencia de nacionales suyos en el territorio saharaui.


Juan Soroeta Liceras es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco/ Esukal Herriko Unibertsitatea


lunes, 24 de julio de 2023

Palestina y el Sáhara: Los hechos consumados no son el fin de la historia frente a la resistencia SANTIAGO GONZÁLEZ VALLEJO ELINDEPENDIENTE.COM, 22/07/23

Palestina y el Sáhara: Los hechos consumados no son el fin de la historia frente a la resistencia


 Un palestino sostiene una bandera palestina frente a vehículos militares israelíes en los accesos al campamento de refugiados de Yenín. EP


El hecho noticioso es que Marruecos anunciaba (no las dos partes al unísono) que Israel reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, a través (nuevamente) de una carta dirigida al Rey de Marruecos, Mohamed VI, no hecha pública en toda su extensión. Nos encontramos en la tensión entre la política de hechos consumados y el derecho internacional.

La política de hechos consumados es una constante histórica. Con victorias y derrotas, ¿Quién implanta el derecho? ¿La fuerza o la razón?, ¿Los vencedores o los que pierden? ¿La fuerza o la resistencia que agota a la primera? El tiempo y la fuerza es el aliado de los hechos consumados. El derecho internacional y la resistencia es el aliado de las víctimas.

Palestina

El sionismo quería establecerse en Palestina y formar un Estado judío en toda esa tierra y, para ello, le sobraban sus habitantes autóctonos, los palestinos. Toda la historia de Israel se puede resumir en esa afirmación. Por supuesto, con pasos intermedios como la partición de la tierra palestina por parte de las Naciones Unidas, tras el fin de la II Guerra Mundial, por designio de los vencedores de la misma, dentro de una concepción colonial. La destrucción hasta los cimientos de 500 pueblos palestinos, el fenómeno de los refugiados palestinos en las zonas limítrofes a la extensión ya ilegal del nuevo Estado y las leyes discriminatorias forman parte de esa historia, continuamente profundizada, con la ampliación de colonias y colonos en la Cisjordania ocupada.

La Comunidad internacional, a través de diferentes Resoluciones, dictámenes de la Corte Internacional de Justicia y, con las Convenciones de Ginebra y otras normas de derecho internacional como soporte, repite cansinamente la ilegalidad de las políticas israelíes. Pero Israel, que no sufre sanciones, al revés, que es un socio de la Unión Europea (la misma que apoya a Ucrania por la invasión rusa y obvia la israelí), de Estados Unidos y otros, de la OCDE, y como aliado de la OTAN (según las referencias de su secretario general, Jens Stoltenberg) práctica los hechos consumados, sin más. La perseverancia israelí y la complicidad internacional, están facilitando la normalización internacional israelí y complementariamente la debilidad de la causa palestina. Ello hace que se refuerce la actuación ilegal (que ni se contempla) de las empresas israelíes y multinacionales en su actividad usurpadora y colonizadora frente a los palestinos.

Pero los palestinos siguen resistiendo. El derecho internacional sigue siendo un soporte de su derecho a un Estado propio, la vuelta de los refugiados y el rechazo a la discriminación de las leyes israelíes.

Varias personas participan en una manifestación en solidaridad con Palestina, Colombia, Sáhara y Kurdistán en San Sebastián.
Varias personas participan en una manifestación en solidaridad con Palestina, Colombia, Sáhara y Kurdistán en San Sebastián.

Marruecos sigue la estela israelí

En el caso de Marruecos, el intercambio diplomático estaba condicionado, a que la potencia ocupante israelí, reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. La cuestión saharaui se resume en el derecho a la autodeterminación saharaui, incluyendo su independencia. Los hechos relevantes son la Marcha Verde del rey Hasán II para provocar y lograr el hecho consumado de la anexión marroquí, la resistencia saharaui y la guerra marroquí -saharaui, el alto el fuego de las partes y la aprobación de un Referéndum de la población saharaui para fijar su destino. Y, aquí, nuevamente la tensión entre derecho internacional y los hechos consumados. Marruecos reniega de su aprobación a un referéndum y refuerza su política colonizadora. E intenta la normalización de esa conquista en el terreno diplomático.

Como ejemplos de esa actividad, Marruecos, tras retirarse de la Organización de la Unidad Africana, por reconocer ésta al Frente Polisario, volvió a ella, para desde dentro cambiar la correlación de fuerzas, con la ayuda de su capacidad económica y de cooperación cultural ante diversos Estados africanos, empezando por los francófonos.

Israel, por su parte, quiso entrar como estado observador en la Unidad Africana para laminar la influencia palestina, por lo menos, en las votaciones de las Naciones Unidas y combatir la descripción de su política anti palestina discriminatoria, calificada de apartheid, de sonoras reminiscencias en la sufrida África. En el caso europeo, Marruecos, además de su relación imbricada con Francia, intentó que el tamaño de su mercado, el control económico que ejerce de los recursos saharauis, el interés económico de expansión de las empresas europeas (véase el caso de Ikea y el cambio de política de Suecia o de Siemens y Alemania), el (des) control de las migraciones, etc., fueran motivos suficientes para ir fraguando un reconocimiento de la anexión del Sáhara.

Aquí, hay que hacer mención, que hay formas y formas. No es lo mismo, decir que la oferta marroquí –nunca consumada- de ‘una’ autonomía podría resolver el contencioso saharaui, que decir que es ‘la’ fórmula adecuada, como hizo el Presidente Sánchez y el ministro Albares, manifestaciones contemporáneas a los casos de compra de influencia de Marruecos en las instituciones europeas y el conocimiento del espionaje de la tecnología israelí Pegasus por parte de Marruecos. Pero ambas expresiones, ‘una’ o ‘la’ se hacen en el contexto de decir que son las partes (Marruecos y el Frente Polisario) las que deben de llegar a un acuerdo final en el marco de las Naciones Unidas y mientras el Tribunal Europeo de Justicia reitera que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental y no puede negociar en su nombre y que la UE sólo debe negociar con el Frente Polisario y no con ‘saharauis’ o marroquíes lo que se refiera al Sáhara Occidental.

Por eso, los Acuerdos de Abraham, impulsados por la Presidencia de Trump y vistos como positivos por la Administración del demócrata Biden y la UE, en la que diversos Estados árabes, entre ellos Marruecos, reconocen al Israel de las conquistas de 1967, sin contrapartidas, obviando el Plan de paz árabe con reconocimiento al Estado Palestino, alineándose al cinismo occidental, con más o menos retórica sobre su apoyo a los palestinos, y su traslación, ahora, al reconocimiento jurídico por parte israelí de la anexión marroquí sobre el Sáhara, favorecen los hechos consumados de unos y otros.

La referencia en la carta publicitada por Marruecos del estudio por parte israelí de abrir un consulado en Dajla es una reiteración de ese reconocimiento diplomático, aunque nunca se lleve a cabo por una cuestión meramente de ahorro económico. Lo importante es ese reconocimiento jurídico, que ya no se condiciona al posible acuerdo de las partes en el marco de las Naciones Unidas. Este reconocimiento israelí fue precedido por maniobras militares estadounidenses marroquíes cerca del Sáhara, con participación de militares israelíes, lo que es una profundización de los intercambios militares, tecnológicos y de inteligencia entre ambos Estados.

Sociedad civil  

Los Estados árabes de Medio Oriente, en general, han apoyado a Marruecos en su anexión del Sáhara o, por lo menos, no han querido involucrarse en el contencioso argelino marroquí, lo que facilitaba la política marroquí. Además, Marruecos y sus distintos reyes, apoyaban a la OLP y se decían defensores de la Jerusalén palestina, con dádivas periódicas.

La deriva del apoyo formal marroquí a la causa palestina era que muchas organizaciones civiles pro palestinas, no fueran muy o tan activas, con la causa saharaui y que, incluso, organizaciones palestinas no quisieran contemplar el paralelismo entre la ocupación israelí y la ocupación marroquí. Ahora, a la propia Autoridad Palestina, tan débil institucionalmente, y a la OLP se les abre el dilema, aceptar la retórica y dádivas marroquíes y aceptar un hecho consumado que sería reconocer el propio que sufren, o defender el derecho internacional en todas partes. También, a la escuálida sociedad civil marroquí defensora de los derechos humanos y la democratización de Marruecos.

La sociedad civil europea ya lo ha decidido antes. Hace unos meses fue lanzada una Iniciativa Ciudadana Europea, que recogió 277.000 firmas, de ellas, cerca de 24.000 de ciudadanos españoles, en la que se pedía que se prohibiera el comercio entre la UE y los asentamientos de los Territorios Ocupados. En abstracto. No se decía palestinos o saharauis. Si es ilegal, como lo dice el derecho internacional, la ocupación, debiera ser ilegal el comercio con esos asentamientos de la potencia ocupante.

Ya las Comisiones del Parlamento Europeo de Peticiones y de Comercio han dado su visto bueno a esa Iniciativa. Ahora, la pelota está en el tejado de la Comisión Europea. Pero también, de los Estados miembros, que pueden alegar un artículo del tratado para prohibir por causas morales un comercio que favorece y potencia la ocupación y la colonización. Esperemos que la doble medida, típicamente cínica europea, no se lleve a cabo.

Los estallidos de violencia armada y la resistencia civil seguirán existiendo. El sufrimiento va a ser largo. El derecho está con unos, la fuerza, de momento, con otros. El mundo colonial y post colonial está lleno de múltiples ejemplos. No existe dilema. Hay que apoyar el derecho y la coherencia, el lado bueno de la justicia y de la historia, frente al cinismo y la doble vara de medir. Los hechos consumados no determinan la historia. Esa es la grandeza de la resistencia.


Santiago González Vallejo es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe


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viernes, 21 de julio de 2023

Carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Bueno Ocupaciones y ocupaciones



 Carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Bueno

Ocupaciones y ocupaciones

Excmo. Sr. ministro,

“España ha cumplido con su obligación como país miembro de la Unión Europea. Y hemos afrontado las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Las hemos afrontado. El Gobierno ha hecho frente a unas consecuencias adversas que se derivan de la agresión rusa y de una respuesta basada en los valores europeos”. Estas declaraciones de 8 de julio son suyas.

Ojalá estas palabras referentes a la agresión rusa se hubieran pronunciado contra la agresión marroquí en el Sáhara Occidental.

Nos hemos metido en una guerra para defender los valores europeos. ¿Cuáles son esos valores que rechazan el mismo compromiso para con los saharauis cuyo territorio fue invadido hace 48 años y que sigue ocupado por Marruecos? ¿No será más categórica nuestra obligación con los saharauis cuando España propició la invasión, cuando España, como potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, tiene la sagrada obligación de proteger a los saharauis?

Defendemos contra la ocupación a un país que aplaude la ocupación. En su discurso en Rabat de 22 de mayo, el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, expresó lo siguiente: “Vemos con interés el plan de autonomía marroquí como una base seria y creíble para la resolución satisfactoria del conflicto del Sáhara”.

Efectivamente, la anexión del áahara resuelve el conflicto. Otra cosa es que sea de forma satisfactoria. También la anexión de Ucrania resolvería el conflicto.

La palabra autonomía parece una palabra suave, pero encierra la culminación de la ocupación. Vd. también apoya la autonomía y sabe muy bien que, para que esta se produzca, el Sáhara Occidental tiene que estar integrado en Marruecos.

Ha pasado más de un mes de las declaraciones del ministro Kuleba y no ha habido reacción del Gobierno. Ni la más mínima perplejidad. Sólo mayor participación en la guerra. ¿Por qué apoyar a Ucrania, cuando a Ucrania eso de las ocupaciones le parece bien? Difícil de entender.

Los que sí que no lo entenderán son los presos políticos saharauis encerrados en cárceles marroquíes, presos civiles sometidos a las peores crueldades en una guerra por la defensa de un territorio -el Sáhara Occidental-y de su gente tras medio siglo de abuso.

Cristina Martínez Benítez de Lugo participa en el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis


jueves, 20 de julio de 2023

Sequía: La implicación de Mekorot en la ocupación israelí


 Sequía: La implicación de Mekorot en la ocupación israelí

whoprofits.org Informe Flash | Jun 2023
En este informe, Who Profits pone de relieve el papel de Mekorot, la empresa nacional de aguas de Israel, en facilitar el despojo y el desplazamiento de las comunidades palestinas a ambos lados de la Línea Verde, un despojo incrustado utilizado para reforzar la empresa de asentamientos y el crecimiento económico de Israel, y supeditado a la explotación de los recursos naturales ocupados y a la violación de los derechos palestinos y sirios.  

A través de diversos métodos -incluida la apropiación de tierras, las restricciones a la construcción, las políticas de cierre y el saqueo continuo de las tierras ocupadas- el régimen israelí ha tejido una enmarañada red de leyes militares y políticas económicas al servicio de sus intereses geopolíticos y económicos, al tiempo que mantiene la economía palestina en un perpetuo estado de subdesarrollo y subordinación a la economía israelí. Esto ha tenido consecuencias ecológicas devastadoras, con la explotación y apropiación de los recursos hídricos palestinos y sirios en beneficio de los ciudadanos israelíes a ambos lados de la Línea Verde.

La empresa nacional del agua israelí, Mekorot, es uno de los principales facilitadores de esta desposesión incrustada, negando sistemáticamente el acceso adecuado de los palestinos al agua, lo que conduce a una dependencia estructurada y al cautiverio del sector hídrico palestino.  En un mundo cada vez más preocupado por el desastroso impacto del calentamiento global y la escasez de agua, Mekorot desempeña un papel integral en el desarrollo de la economía de ocupación israelí al posicionar a Israel como líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para los problemas globales.

En esta actualización, Who Profits destaca el papel de Mekorot en la facilitación de las políticas hídricas israelíes utilizadas para promover la expansión de los asentamientos israelíes y el desplazamiento de las comunidades palestinas, al servicio de un sector hídrico israelí supeditado a la explotación de los recursos naturales ocupados y a la violación de los derechos de palestinos y sirios.

Esta actualización es una continuación del informe anterior de Who Profit La implicación de Mekorot en la ocupación israelí.


Introducción del Informe: 

El agua es un elemento fundamental de la vida humana.

"Mní wičhóni" o "El agua es vida", reza la frase lakota, central en el movimiento de protesta indígena de Standing Rock, Estados Unidos. Al mismo tiempo, el control del agua se traduce en poder político y económico. Esto es especialmente cierto en el contexto mundial, donde la escasez de agua es una preocupación real.
Posicionándose como líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para problemas mundiales como la seguridad nacional, la agricultura y la tecnología. Israel lleva mucho tiempo utilizando la tecnología del agua para encubrir su proyecto de colonización.
Según el Instituto Israelí de Exportación, Israel exporta alrededor de 2.000 millones de dólares en tecnologías del agua anualmente.1
 Como han documentado anteriores investigaciones de Who Profits y otros, estos desarrollos tecnológicos se basan en la desquiciada explotación estructural y el despojo de los pueblos palestinos y sirios ocupados y de sus recursos naturales, y son posibles gracias a ellos. Mekorot, la Compañía Nacional de Aguas de Israel, desempeña un papel fundamental en el avance de esta agenda en el sector del agua.
Mekorot tiene un monopolio casi absoluto sobre la extracción de agua y el suministro de más de 1.500 millones de metros cúbicos de agua a los hogares y la industria israelíes a ambos lados de la Línea Verde [la que se considera frontera entre Israel y el territorio ocupado palestino], al servicio de un sector hídrico israelí que depende de la explotación de los recursos naturales ocupados y de la violación de los derechos de las comunidades palestinas y sirias. 
Este informe comienza con una revisión del control israelí sobre los recursos hídricos en la Palestina histórica, examinando el papel de Mekorot en la facilitación del régimen de apartheid hídrico de Israel y el uso de las políticas hídricas para promover la expansión de los asentamientos coloniales israelíes y el desplazamiento de las comunidades palestinas.
Mekorot es un facilitador central de esta desposesión incrustada que niega sistemáticamente el acceso adecuado de los palestinos al agua, lo que conduce a una dependencia estructurada y al cautiverio del sector hídrico palestino.
A continuación, detallamos las implicaciones del subdesarrollo y la cautividad del sector hídrico palestino, una dependencia que Mekorot tiene un gran interés económico en mantener.
Por último, enumeramos los acuerdos alcanzados entre Mekorot y gobiernos de todo el mundo en los últimos años, utilizados por Israel para impulsar sus esfuerzos diplomáticos a escala mundial -en la región MENA en particular- tras la firma de los Acuerdos de Abraham.
Esta publicación también destacará el papel de Mekorot en la aplicación del Plan Maestro del Agua 2020 del Gobierno israelí para ampliar las instalaciones hídricas y duplicar el suministro de agua a los asentamientos de la Cisjordania ocupada. 2
1 Berkovich, Aviv. (s.f.). In a world thirsty for advanced water solutions - Israel can play a central role (hebreo). Israel Export Institute.
2 La Knesset. (2016, 8 de agosto). Noticias de la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad (hebreo).

miércoles, 19 de julio de 2023

Israel recorta suministro de agua a Cisjordania pese a ola de calor


 

Israel recorta suministro de agua a Cisjordania pese a ola de calor

Hispan Tv, 16 de julio de 2023

La compañía de agua israelí Mekorot ha reducido la cantidad diaria de agua suministrada a dos ciudades cisjordanas, en plena ola de calor.

Según informó el sábado la agencia local WAFA, las autoridades encargadas del suministro hídrico redujeron a menos de 100 litros diarios per cápita el flujo de agua a las ciudades cisjordanas de Al-Jalil (Hebrón) y Beit Lahm (Belén), un nivel que se halla por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de Salud (OMS).

“No se detectaron fallas en la fuente de suministro, sino que (la medida) se presenta como una estrategia discriminatoria que se suma a la política racista practicada por las autoridades de ocupación”, denunció, por su parte, la Autoridad Palestina del Agua (PWA, por sus siglas en inglés).

WAFA, de igual modo, dio a conocer que colonos israelíes contaminaron el mismo sábado un manantial y tierras de cultivo en territorio palestino al bombear sus aguas residuales en la aldea de Nahalin, al oeste de Beit Lahm.


A su vez, la Comisión de Resistencia al Muro y Asentamientos en Beit Lahm denunció que los colonos buscan provocar la contaminación y un riesgo sanitario para los palestinos.

El régimen sionista promueve el establecimiento de asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, que utilizan los recursos disponibles en los territorios palestinos.

En noviembre pasado, Palestina acusó al régimen de Israel de confiscar dos tercios de los recursos de agua subterránea en la Cisjordania ocupada para las colonias ilegales.
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martes, 18 de julio de 2023

Reclamamos la aplicación plena y anual del mandato de actualización de la Base de Datos de empresas que actúan y se lucran con la ocupación y colonización de Territorio Palestino


Reclamamos la aplicación plena y anual del mandato de actualización de la Base de Datos de empresas que actúan y se lucran con la ocupación y colonización de Territorio Palestino

Declaración Conjunta de organizaciones defensoras de la causa palestina, 4 de julio de 2023

Las organizaciones de derechos humanos celebran la publicación de la actualización de la base de datos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos del OHCHR de las NNUU sobre empresas que facilitan los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, y piden la aplicación plena y anual del mandato.

Tras su publicación largamente esperada, acogemos con satisfacción la reciente publicación de la actualización de la base de datos de las Naciones Unidas sobre empresas que facilitan los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, publicada por la Oficina del Alto Comisionado el 30 de junio de 2023. Esta publicación representa un importante paso adelante, y es crucial que las futuras actualizaciones se realicen anualmente, garantizando una información precisa y completa para todas las partes interesadas.

La resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos, adoptada en 2016, establece claramente que la base de datos de actividades empresariales debe actualizarse anualmente, contemplando así la presentación periódica de informes y tanto la adición como la eliminación de empresas de la base de datos, según proceda. Sin embargo, el primer informe en virtud de este mandato se publicó en 2018, y solo había presentado un esbozo de la metodología para la base de datos. Dos años más tarde, en 2020, se publicó por primera vez la base de datos propiamente dicha, y la Oficina del Alto Comisionado no publicó ninguna actualización adicional hasta el 30 de junio de 2023. Si el mandato se hubiera ejecutado correctamente, este año se habría publicado el séptimo informe sustantivo de la base de datos, no el segundo.

La plena aplicación del mandato de la base de datos se ha visto descarrilada a lo largo de los años, principalmente debido a una voluntad política inadecuada y a obstáculos burocráticos ostensibles. Estos retos han surgido en un entorno altamente presionado, en el que ciertos Estados han mostrado hostilidad a la aplicación del mandato. Esto ha servido para proteger a Israel y a las empresas que se benefician o contribuyen a los actos internacionalmente ilícitos de Israel de sus responsabilidades jurídicas internacionales y, de este modo, afianzar la cultura de impunidad de estos abusos.

El incumplimiento crónico de este mandato ha sido perjudicial para la integridad y la credibilidad tanto de la Oficina del Alto Comisionado como del Consejo de Derechos Humanos. Es inaceptable, y sienta un peligroso precedente, que un mandato del Consejo sea ignorado en gran medida, especialmente durante un periodo tan prolongado. Entendemos que el proceso presupuestario puede haber sido inicialmente defectuoso, al no contabilizar adecuadamente el alcance de las actividades en curso. Este fallo, sin embargo, reside en el propio proceso presupuestario, y no en la resolución o el mandato emitido por el Consejo. Si la cuestión hubiera sido realmente una cuestión de restricciones presupuestarias se podría y se debería haber encontrado una solución administrativa para abordarla adecuadamente.

En este contexto, acogemos con satisfacción el hecho de que la Oficina del Alto Comisionado haya publicado finalmente una actualización el 30 de junio. Nos alienta ver que, según el análisis del informe, quince empresas pueden haber dejado de realizar actividades declarables durante el periodo de referencia, aunque observamos que algunas empresas pueden haber ajustado sus estructuras empresariales para evitar entrar en la definición de actividad declarable. De hecho, esto demuestra el impacto significativo que la base de datos puede tener en el fomento y la promoción del cumplimiento del derecho internacional. Nos preocupa, sin embargo, que la Oficina del Alto Comisionado no haya emprendido la labor de identificar a las nuevas empresas que comenzaron, durante el periodo de referencia, a realizar actividades denunciables. Un enfoque unilateral de este tipo no es coherente con el mandato de proporcionar una actualización exhaustiva al Consejo y corre el riesgo de ser objeto de abuso por parte de actores empresariales que pretendan evitar su inclusión en la lista.

El statu quo de aplicación inadecuada de este mandato crucial es insostenible.

Por lo tanto, instamos a la Alta Comisionada y a los Estados que participan en el Consejo de Derechos Humanos a actuar con urgencia para encontrar una solución que permita la plena aplicación del mandato existente en la resolución 31/36, con plazos de presentación de informes claros y regulares, sobre la base de una financiación sostenible para el trabajo necesario. Con este fin, acogemos con satisfacción la iniciativa de la Misión Palestina de presentar una resolución en la actual sesión del Consejo para facilitar la aplicación plena y regular del mandato establecido en la resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos. Instamos a todos los Estados a que se sumen al apoyo a esta iniciativa, para garantizar la integridad de los mandatos del Consejo y demostrar su compromiso con la protección de los derechos humanos y la promoción universal de la rendición de cuentas.

La base de datos es una herramienta crucial para la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo palestino. En el Territorio Palestino Ocupado, como en otros casos de apartheid y ocupación beligerante, la ausencia de rendición de cuentas ha permitido a la Potencia Ocupante, Israel, llevar a cabo actividades que violan el derecho internacional con casi total impunidad. Esto también ha permitido a muchos actores privados, incluidas las empresas, contribuir y beneficiarse, a veces sin saberlo, de graves violaciones de los derechos humanos. El informe de 2013 de la Misión Internacional de Investigación encargada por la ONU para investigar las implicaciones de los asentamientos israelíes en los derechos humanos del pueblo palestino concluyó que "las empresas, directa e indirectamente, han permitido, facilitado y se han beneficiado de la construcción y el crecimiento de los asentamientos". Esto ha afectado negativamente a la vida de millones de palestinos y ha contribuido a violar el derecho internacional. La base de datos, si se aplica correctamente, puede ser una herramienta eficaz para ayudar a las empresas a evaluar sus actividades y llevar a cabo su diligencia debida reforzada en materia de derechos humanos, y servir de ejemplo y punto de referencia para otras situaciones.

Asociaciones que suscriben:

Al-Haq

Amnesty International

Cairo Institute for Human Rights Studies

Human Rights Watch

International Service for Human Rights

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

y otros

Base de Datos 2023 de empresas que actúan y se lucran con la ocupación y colonización del Territorio Ocupado Palestino

Nota del CSCA, tras la publicación de la actualización de la Base de Datos donde aparece la empresa española Edreams y se recuerda que el CSCA y otras 30 organizaciones han pedido formalmente al Alto Comisionado la incorporación de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)

Nota de Just Peace Advocates, Canadá, en la que además de suscribir esta Declaración, recuerda la petición de la empresa canadiense WSP en la Base de Datos



lunes, 17 de julio de 2023

El Parlamento Europeo aprueba unas recomendaciones sobre las relaciones UE Autoridad Palestina


 El Parlamento Europeo aprueba unas recomendaciones sobre las relaciones UE Autoridad Palestina

Recomendación del Parlamento Europeo, de 12 de julio de 2023, al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre las relaciones con la Autoridad Palestina
Nota del CSCA: El Informe presentado inicialmente por la eurodiputada sueca, de origen turco y del grupo socialdemócrata, Evin Incir, tras las enmiendas incorporadas muchas de ellas de la derecha, es una recopilación de bastantes buenas intenciones, lugares comunes y asimetría en cómo esas mismas recomendaciones no se hacen a Israel en los planos de violencia institucional, educativa, económica, etc.
El Parlamento Europeo debiera hacer el ejercicio de poner una doble tabla de obligaciones y recomendaciones que hace a los palestinos y a los israelíes y dado que estos últimos son los que ejercen la ocupación, como, por ejemplo, impedir elecciones palestinas en Jerusalén, cortar lazos con los ministerios de interior y defensa israelí, de justicia (que ampara la ocupación), de economía (que jibariza la economía palestina),...
Y si se habla de grupos palestinos que ejercen violencia, resistencia frente al ocupante, sacar las mismas consecuencias sobre el ejército o los colonos sionistas.
En todo caso, hay un apoyo al reconocimiento del estado Palestino 'Recomendación 1a' que debiera ser puesta en práctica inmediatamente.
Pero muchas de esas Recomendaciones siguen siendo cortas y faltas de coherencia como la aa) que pide vigilancia aduanera a los productos procedentes de las colonias, cuando, por lógica, sería la prohibición de comercio, la recomendación más adecuada si se está en contra de la colonización. Y así, muchas más. Se parte de que la ocupación y colonización israelí es 'temporal' y no que forma parte del adn sionista. Eso implica que la mayoría del Parlamento europeo no responda a la pregunta lógica ¿Y si Israel no quiere aliviar la ocupación y colonización? Entonces, ¿qué? Para la Autoridad Palestina se habla de política de incentivos (y de sanciones) si hace o deja de hacer tal o cual, pero ¿para Israel? Y es aquí, donde naufragan desde siempre las 'recomendaciones' europeas.
 


Al-Haq, PHROC y 15 organizaciones de la sociedad civil envían una carta a los eurodiputados sobre el proyecto de informe sobre las relaciones de la UE con la Autoridad Palestina
AlHaq, 11 de julio de 2023

El 11 de julio de 2023, Al-Haq, el Consejo Palestino de Organizaciones de Derechos Humanos (PHROC) y otras 15 organizaciones palestinas e internacionales de la sociedad civil enviaron una carta a los miembros del Parlamento Europeo (MPE) sobre el proyecto de informe sobre las relaciones de la UE con la Autoridad Palestina antes de la votación final que tendrá lugar el 12 de julio de 2023.

Las organizaciones elogiaron las referencias del proyecto de informe al apoyo a los mecanismos de rendición de cuentas y el llamamiento a retirar la designación de seis organizaciones de la sociedad civil palestina como organizaciones terroristas. No obstante, las organizaciones subrayaron que el proyecto de informe contiene algunos encuadres problemáticos sobre la premisa de la consolidación de la paz, en lugar de centrarse en la responsabilidad de la comunidad internacional de no reconocer como lícitos los actos internacionalmente ilícitos de Israel, y de intervenir colectivamente para poner fin a los crímenes internacionales de Israel. En vista de ello, las organizaciones instaron a los eurodiputados a adoptar los siguientes puntos integrales antes de aprobar el informe final:

Las causas profundas

La carta instaba a los eurodiputados a reconocer y abordar explícitamente las causas profundas de las violaciones israelíes, incluido el actual régimen de colonialismo de colonos y apartheid. En particular, las organizaciones subrayaron que el informe debería pedir explícitamente a Israel que desmantele su régimen de apartheid impuesto sobre el pueblo palestino en su conjunto, así como que ponga fin inmediatamente a la ocupación ilegal y no sólo a las políticas y actos que la componen. Además, la carta instaba a la UE a trabajar para impedir nuevas anexiones ilegales en Cisjordania y poner fin al bloqueo de la Franja de Gaza.

El derecho a la autodeterminación

En consonancia con el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, la carta pedía la afirmación de la soberanía de los palestinos sobre toda Jerusalén, y la omisión de cualquier referencia a los "intercambios de tierras" en el informe, ya que violan el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza para adquirir territorio, y las responsabilidades de terceros Estados en virtud del derecho internacional de no reconocer ni ayudar a la situación ilegal derivada de la ocupación ilegal y el régimen de apartheid, sobre los que se aplican las políticas ilegales de anexión y asentamiento.

El derecho al retorno

La carta a los eurodiputados insta explícitamente a la UE y a sus Estados miembros a que permitan y faciliten el regreso de los refugiados palestinos a sus hogares originales y garanticen la restitución de sus propiedades y una indemnización, como consecuencia de su desplazamiento.

Responsabilidad y contramedidas

La carta insta a la UE a centrar su política con Israel en dos pilares: contramedidas y rendición de cuentas. En particular, la carta pedía a los eurodiputados que animaran a la UE y a sus Estados miembros a presentar declaraciones escritas a la Corte Internacional de Justicia sobre la opinión consultiva prevista sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos antes de la fecha límite del 25 de julio de 2023. Las organizaciones pidieron además el apoyo del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para avanzar en la investigación sin más demoras indebidas.

Además, las organizaciones instaron a los eurodiputados a pedir explícitamente a la UE y a sus Estados miembros que apliquen sanciones económicas y diplomáticas, rompiendo los lazos culturales, poniendo fin al comercio de armas y a la cooperación militar y de seguridad con Israel, así como prohibiendo cualquier relación económica que perpetre el régimen de apartheid sobre el pueblo palestino, incluyendo la adopción de legislación para prohibir el comercio con los asentamientos ilegales israelíes.

Organizaciones firmantes:

Addameer Prisoners’ Support and Human Rights Association

Al-Haq, Law in the Service of Man

Center for Defense of Liberties and Civil Rights "Hurryyat"

Cultura è Libertà

Defense for Children International – Palestine

Finnish-Arab Friendship Society

International Association of Democratic Lawyers

International Organization for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (EAFORD)

Ireland-Palestine Solidarity Campaign

Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center

National Lawyers Guild International Committee

Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC)

Pax Christi Flanders, Belgium

The Civic Coalition for Palestinians Rights in Jerusalem

The Palestine Institute for Public Diplomacy

The Women’s Center for Legal Aid and Counselling

Viva Salud


La carta integra aquí.

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