Informe de B'Tselem titulado "Esto es Apartheid".
El informe no dice casi nada que no sepamos o no se haya dicho antes sobre el apartheid israelí (incluye incluso citas a ADALAH y otros). No obstante tiene un mérito cierto que es la claridad y la capacidad de hacer una descripción detallada y didáctica en ocho páginas (y un efectivo resumen interactivo).
Como pasa siempre, las realidades denunciadas por palestinxs e internacionales (como el informe de la CESPAO de Falk y Tilley) adquieren legitimidad, peso y prestigio cuando son dichas por israelíes (como pasó con la Nakba y los historiadores palestinos/israelíes). Y en esa ambigüedad y frustración que nos produce esto, no dejamos de reconocer la utilidad de que por fin esto ocurra, cuando ocurre.
Maria Landi
Un régimen que ensalza la supremacía judía entre el río Jordán y el mar
Mediterráneo:
esto es apartheid
Mas de 14
millones de personas −de las cuales aproximadamente la mitad son judías y la
otra mitad son palestinas− viven bajo un mismo régimen en el territorio situado
entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.
La percepción más común en los discursos
públicos, políticos, legales y mediáticos es que hay dos regímenes operando
separados a cada lado de la Línea Verde:
§ un régimen democrático permanente que opera dentro de los límites del
estado soberano de Israel, con una población de aproximadamente 9 millones,
toda con ciudadanía israelí, y
§ el otro régimen: una ocupación militar temporal impuesta sobre 5 millones
de personas palestinas, que opera en los territorios que Israel ocupa desde
1967 y cuyo estatus definitivo se definirá en futuras negociaciones.
Con el paso del
tiempo, la distinción entre ambos regímenes se ha divorciado de la realidad. Este
estado de cosas ha subsistido por más de 50 años. Cientos de miles de colonos y
colonas israelíes viven ahora en asentamientos coloniales permanentes al este
de la Línea Verde, con condiciones idénticas a las que se viven al oeste de la misma.
Jerusalén Este ha sido anexada oficialmente al territorio soberano israelí, y
Cisjordania ha sido anexada en la práctica.
Lo más importante
es que esta distinción entre “dos” regímenes nubla el hecho de que toda el área
entre el mar Mediterráneo y el río Jordán se ha organizado bajo un solo
principio: avanzar y cimentar la supremacía de un grupo –el judío– sobre el
otro –el palestino–. Todo esto lleva a
la conclusión de que no son dos regímenes paralelos que sostienen el mismo
principio: hay un solo régimen que gobierna la totalidad de la zona y a todas
las personas que allí viven, basado en un simple principio organizacional.
B’Tselem se fundó en 1989 con
un mandato limitado a Cisjordania (incluyendo Jerusalén
Este) y Gaza. La organización no se encargaba de los derechos humanos dentro
del Estado de Israel establecido en 1948, ni tampoco hacía reflexiones sobre el
área comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. La situación ha cambiado.
El principio organizativo del régimen se ha hecho visible en los últimos años,
como se evidenció en la Ley Fundamental aprobada en 2018: Israel es el Estado-nación
del pueblo judío. También se han escuchado durante 2020 declaraciones oficiales
en pro de anexar partes de Cisjordania.
Haciendo lectura de los hechos descritos, entendemos que lo que sucede
en el territorio ocupado no puede tratarse aparte de la realidad de toda el
área bajo control israelí.
Los términos usados en años pasados para describir la situación, tales
como “ocupación prolongada” o “realidad de un Estado”, ya no suenan adecuados.
Para continuar enfrentando las violaciones a los derechos humanos, es esencial
examinar y definir el régimen que gobierna la zona entera.
Este documento analiza como el régimen israelí trabaja para conseguir
sus objetivos en toda el área bajo su domino. No haremos aquí una revisión ni una
evaluación de la historia o de los movimientos nacionales judío o palestino, ni
tampoco del antiguo régimen de segregación racial de Sudáfrica, ya que este
análisis excede el propósito de una organización de derechos humanos.
Sin embargo, este documento presenta los principios que guían al
régimen, demuestra cómo se implementan los mismos y apunta a la conclusión que
emerge de todo esto: qué nomenclatura usar para este régimen y qué significa
desde el punto de vista de los derechos humanos.
Divide, separa y gobierna
En toda la zona
entre el Mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí implementa leyes,
prácticas y violencia estatal con un diseño destinado a cimentar la supremacía
de un grupo –el judío– sobre otro –el palestino–. Un método clave para conseguir este objetivo es manejar el espacio
de forma diferente para cada grupo poblacional.
Las y los
ciudadanos judíos viven libremente en toda el área como si fuese el mismo
espacio (exceptuando la Franja de Gaza). La Línea Verde no significa casi nada
para ellos: no importa si viven al oeste, dentro del territorio soberano de
Israel, o al este de la misma en alguna colonia que todavía no ha sido anexada
formalmente a Israel. No importa ni para sus derechos ni para su estatus.
Mientras tanto,
para las y los palestinos es crucial el lugar en el que vivan. El régimen israelí dividió el área en muchos bloques
a los que define y gobierna de forma diferente, y hay diferentes derechos para la
población palestina en cada uno de ellos. Esta división es relevante solo para esa
población. El espacio geográfico es contiguo para la población judía, mientras
que para la población palestina es un mosaico
fragmentado:
·
Las y los palestinos que viven en el territorio
definido en 1948 como territorio soberano israelí (a veces se les llama árabes-israelíes)
son ciudadanos/as y llegan al 17% de la población con ciudadanía israelí. Este
estatus les asegura muchos derechos, pero no gozan de los
mismos derechos que los ciudadanos judíos, ni legalmente ni en la práctica,
como se detallará a continuación en este documento.
·
Aproximadamente 350.000 palestinos/as viven en Jerusalén Este, que
tiene una superficie de 70.000 dunams (1 dunam=1000 m2), territorio que Israel
anexó a su territorio soberano en 1967. Estas personas palestinas han recibido
la designación de “residentes permanentes de Israel”, estatus que les permite
vivir y trabajar en Israel sin permisos especiales, recibir beneficios sociales
y seguro de salud, y votar solo en las elecciones municipales. La residencia
permanente puede ser revocada en cualquier momento, cosa que no pasa con la
ciudadanía; esto depende del criterio del Ministerio del Interior. En algunas
circunstancias, el estatus de residente permanente también puede llegar a
expirar.
·
Israel nunca anexó formalmente el territorio de Cisjordania, pero
trata a este territorio como si fuese propio. Más de 2,6 millones de personas palestinas
viven en Cisjordania, en docenas de enclaves desconectados, bajo un régimen
militar estricto y sin derechos políticos. Israel ha transferido algunos
poderes civiles a la Autoridad Palestina (AP) en aproximadamente el 40% del
territorio. Sin embargo la AP está subordinada a Israel, y solo puede ejercer
poderes limitados bajo consentimiento y autorización israelí.
·
La Franja de Gaza alberga
a 2 millones de personas palestinas, también sin derechos políticos. En 2005
Israel retiró sus fuerzas de ocupación de Gaza y desmanteló las colonias exclusivamente
judías que había edificado allí. Desde entonces renunció a cualquier
responsabilidad sobre la población palestina que allí habita. Luego del triunfo
electoral de Hamas en 2007, Israel impuso un bloqueo sobre Gaza que aún está
vigente. Durante todos estos años, Israel mantiene el control desde afuera
sobre cada aspecto de la vida en Gaza.
Israel le concede
a la población palestina un paquete diferente de derechos en cada uno de estos
bloques, y todos esos paquetes de derechos son inferiores a los derechos
concedidos a las y los ciudadanos judíos. El objetivo de la supremacía judía se
consigue de formas diferentes de acuerdo a la ubicación geográfica: la
experiencia vivida por la población palestina de Gaza es muy direrente a la de
la población palestina de Cisjordania, o a la de la población con residencia
permanente en Jerusalén, o a la de la población palestina dentro del territorio
soberano de Israel. A pesar de estas variantes, todos los palestinos y
palestinas bajo el régimen israelí son tratados como inferiores en derechos y estatus
si se comparan con sus pares judíos/as que viven en las mismas áreas.
Describiremos a
continuación cuatro métodos principales
que el régimen israelí utiliza para conseguir la supremacía judía.
Dos de estos métodos se implementan de formas parecidas en toda la
zona:
·
restricción de migración para personas no- judías
y
·
confiscación de tierras privadas palestinas para
construcción de comunidades exclusivamente judías, mientras se relega a la
población palestina a pequeños enclaves.
Los otros dos métodos se implementan principalmente en el territorio
ocupado:
·
restricciones draconianas al movimiento de los
“no-ciudadanos” palestinos
·
negación de derechos políticos.
El control de estos aspectos de la vida palestina están bajo la total
responsabilidad de Israel: en toda la zona Israel tiene el poder exclusivo para
·
registrar a la población
·
distribuir tierras
·
registrar a votantes y
·
derecho (o negación del mismo) a viajar, entrar o
salir de cualquier parte del área en cuestión.
a) Inmigración: solo para las personas judías
Cualquier persona
judía del mundo, sus hijas/os, nietos/as o cónyuge tienen derecho de migrar
a Israel en cualquier momento y recibir la ciudadanía, con todos los derechos
asociados. Reciben este estatus incluso si eligen como vivienda alguna colonia
en el territorio ocupado de Cisjordania que no haya sido anexada formalmente al
territorio israelí.
En contraste, las
personas no-judías no tienen derecho a ningún estatus legal en las áreas
controladas por Israel. El estatus se obtiene a completa discreción de los
funcionarios (Ministerio del Interior dentro del
territorio soberano israelí o comandante militar en los territorios
ocupados). A pesar de esa distinción
oficial, el principio organizativo es el mismo: las personas palestinas que viven
en el extranjero no pueden migrar a ninguna parte del territorio comprendido
entre el Mar Mediterráneo y el río Jordán, aún si ellas, sus padres, madres o
abuelos hubiesen nacido y vivido allí. La única forma en que una persona
palestina puede migrar a áreas controladas por Israel es contrayendo matrimonio
con otra persona palestina que ya viva allí como ciudadana, residente o sujeto,
además de reunir una serie de condiciones y de recibir la aprobación de Israel.
Israel no
solamente impide la inmigración palestina, sino que también impide que se
reubiquen entre bloques, si la reubicación –a los ojos del régimen– eleva el
estatus. Por ejemplo, palestinos/as con ciudadanía israelí o residentes de
Jerusalén Este pueden reubicarse sin problemas en Cisjordania (también
arriesgan sus derechos y su estatus si lo hacen). Personas palestinas de
Cisjordania no pueden obtener ciudadanía israelí ni reubicarse en el territorio
soberano israelí, excepto en rarísimas ocasiones que dependen de la aprobación
de las autoridades israelíes.
Las políticas
israelíes de reunificación familiar ilustran este principio. Durante años el
régimen ha impuesto obstáculos numerosos sobre aquellas familias en que los
cónyuges viven en diferentes bloques geográficos. Esta política muchas veces ha
impedido que personas palestinas de diferentes bloques contraigan matrimonio.
Como resultado de estas políticas, decenas de miles de familias no han podido
vivir juntas. Cuando un miembro de la pareja es residente de Gaza, Israel
les permite vivir juntos solamente si la persona palestina residente de
Cisjordania se muda a Gaza. En 2003, la Knesset (parlamento israelí) aprobó una
Orden Temporal (aún en
pie) prohibiendo otorgar la ciudadanía israelí o la residencia permanente a
personas palestinas de Cisjordania que se hubiesen casado con israelíes. En casos
excepcionales, con aprobación del Ministerio del Interior, personas palestinas
de Cisjordania casadas con israelíes podrán recibir estatus legal en Israel, siendo
éste temporal y sin derecho a beneficios sociales.
Israel incluso
menoscaba el derecho de las personas palestinas de los territorios ocupados –incluida
Jersualén Este– a vivir en sus lugares de nacimiento. Desde 1967 Israel ha revocado el
estatus de 250.000 personas palestinas de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza,
en ocasiones sobre la base de que habían vivido en el extranjero más de tres
años. Esto incluyó a miles de residentes de
Jerusalén Este que solo habían cambiado su residencia a pocas
millas de la ciudad, en alguna parte de Cisjordania. Todas estas personas
fueron privadas de su derecho a vivir junto a sus familias en el lugar donde
nacieron y se criaron.
b) Confiscación de tierras para población judía mientras se amontona a
la población palestina en enclaves
Israel practica
una política de “judaización” del territorio, basada en la creencia de que la
tierra es un recurso destinado exclusivamente al beneficio de la población judía.
La tierra se usa para desarrollar y expandir comunidades judías y construir
nuevas, mientras la población palestina es despojada y acorralada en pequeños
enclaves saturados. Esta política con respecto a la tierra se practica dentro
del territorio israelí desde 1948, y se aplica en Cisjordania desde 1967.
En 2018 el
principio rector de esta política quedó sellado al promulgarse la Ley Básica “Israel
es el Estado-nación del pueblo judío”. En consecuencia la ley afirma que el
desarrollo de colonias judías es un valor nacional y el Estado tomará acciones
para promover y proteger su establecimiento y fortalecimiento.
Dentro de su
territorio soberano, Israel ha dictado leyes discriminatorias, siendo
la mas notable la ley del “presente
ausente”, que
permite expropiar vastos trechos de tierra privada palestina, incluyendo millones de
dunams en comunidades cuyos residentes fueron expulsados o huyeron en 1948, y
luego se les prohibió volver. Israel también es responsable de la reducción
drástica de las tierras designadas para consejos municipales o comunidades
palestinas, las que actualmente tienen acceso a menos del 3% del área total del
país. La mayoría del terreno designado está ya saturado con
construcciones. Esto resulta en que más del 90% de la tierra en
territorio israelí está bajo control estatal.
Israel usó sus tierras estatales para construir cientos de comunidades
para la población judía, y ni una sola para la población palestina. La
excepción está marcada por un puñado de pueblos y aldeas construídas para
concentrar a la población beduina, que ha
sufrido la drástica disminución de su derecho a la tierra. La mayoría del
territorio que las comunidades beduinas usufructuaban ha sido expropiado y
registrado como propiedad estatal. Muchas comunidades beduinas han sido
etiquetadas como “no reconocidas”y sus residentes recibieron el nombre de “invasores”.
Comunidades y
colonias exclusivamente
judías se erigen ahora sobre territorio históricamente ocupado y explotado
por comunidades beduinas.
El régimen
israelí restringe
severamente la construcción y desarrollo de comunidades
palestinas en su territorio soberano. También se rehúsa a una planificación
urbana que considere las necesidades territoriales de esta población, y
mantiene el área asignada a estas comunidades con la misma superficie, sin
importar que la población haya aumentado. El resultado son pequeños enclaves sobrepoblados
donde sus habitantes no tienen otra opción que construir sin
permisos.
Hay una nueva ley
en Israel que permite a los comités de admisión de cientos de municipalidades rechazar
solicitudes de palestinos/as, alegando “incompatibilidad cultural”. Esto, en la
práctica, impide a las y los palestinos con ciudadanía israelí vivir en
comunidades asignadas a personas judías. Oficialmente, cualquier ciudadano
israelí puede vivir en cualquier municipalidad o ciudad del país; en la
práctica, solo el 10% de los
palestinos/as con ciudadanía israelí lo consiguen. Aún así, frecuentemente se
ven relegados a barrios marginados con acceso limitado a servicios educativos,
religiosos y otros, más el costo prohibitivo de comprar propiedades en otras
partes de la ciudad, o prácticas discriminatorias en la compra-venta de bienes raíces.
El régimen maneja
el mismo principio organizacional en Cisjordania desde 1967 (incluyendo
Jerusalén Este). Se han expropiado de manos
palestinas cientos de miles de dunams, incluyendo tierra agrícola y pastoril, con
numerosos pretextos. Esta tierra expropiada se usa para establecer y expandir
colonias residenciales, agrícolas e industriales. Todas las colonias se
declaran zona militar, y la población palestina no puede ingresar sin permisos.
Hasta ahora, Israel creó mas de 280 colonias en Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este), donde
viven ya mas de 600.000 personas judías. También se han expropiado tierras para
construir cientos de kilómetros de rutas exclusivas para la población judía de
las colonias.
Israel creó un
sistema de planeamiento separado
para la población palestina de Cisjordania, cuyas políticas impiden el
desarrollo y la construcción. Grandes extensiones de tierra no están
habilitadas para construir, ya que se declararon tierra estatal, o zona de tiro,
o reserva natural o parque nacional. Las autoridades se niegan a trazar planes
maestros que reflejen las necesidades presentes y futuras de las comunidades
palestinas que aún tienen pequeñas parcelas de tierra. El sistema de
planeamiento separado se centra en la demolición de
estructuras levantadas sin permisos ante la falta de
opciones- Toda esta situación ha
acorralado a la población palestina en enclaves sobrepoblados, y sus habitantes
ven reducidas al mínimo sus posibilidades de mejorar y ampliar infraestructuras
residenciales o de uso público.
c) Restricciones a la libertad de movimiento de la población palestina
Israel permite
que sus ciudadanos/as −ya sean personas judías o palestinas− se muevan
libremente por todo el territorio. La excepción es la prohibición de ingreso a
Gaza, definida como “territorio hostil”, y la prohibición (mayoritariamente
formal) de ingresar a áreas controladas por la AP (el área A de Cisjordania).
En algunos raros casos, ciudadanos/as o residentes obtienen permiso para entrar
a Gaza.
Las y los
ciudadanos israelíes pueden salir y entrar al país cuando gusten. En contraste,
las personas palestinas residentes en Jerusalén Este no tienen pasaporte
israelí, y si prolongan su ausencia por viaje al extranjero se les puede
revocar su estatus de residentes en la ciudad.
Israel restringe rutinariamente
el movimiento de la población palestina en Cisjordania, impidiendo generalmente
su desplazamiento entre bloques geográficos. Palestinas/os de Cisjordania que
quieran entrar a Israel, Jerusalén Este o Gaza deben aplicar a un permiso ante
la autoridad israelí. En Gaza −bajo bloqueo
desde 2007− la población entera vive aprisionada, ya que Israel prohíbe casi
cualquier movimiento de entrada o salida, exceptuando rarísimos casos definidos
como “humanitarios”.
Palestinas/os que
quieran salir de Gaza o que quieran entrar desde otros bloques geográficos
deben llenar una aplicación especial para un
permiso de entrada. Los permisos son escasos, y se logran por un mecanismo
estricto y arbitrario, ya que el régimen de permisos carece de transparencia y
reglas claras. Cada permiso otorgado a una persona palestina es visto por
Israel como un favor en lugar de un derecho adquirido.
En Cisjordania,
Israel controla todas las rutas entre los enclaves palestinos. Esto permite al
ejército levantar retenes militares temporales (flying checkpoints), bloquear el acceso
a pueblos y aldeas, cerrar vías e impedir el paso a
través de checkpoints a su voluntad.
Encima de todo
esto, Israel construyó el muro de separación dentro de Cisjordania. El
territorio de propiedad palestina entre el muro y la Línea Verde –incluyendo
las tierras agrícolas– se convirtió en “seam zone”. A esta
“seam zone” tampoco pueden entrar libremente los palestinos, debido al mismo
sistema de permisos y autorizaciones.
Las y los
palestinos de Cisjordania tampoco pueden viajar al extranjero sin
complicaciones. Como regla, Israel prohíbe que salgan a través del aeropuerto
de Tel Aviv, situado en territorio soberano israelí. Su puerto aéreo de salida
es en Jordania, y deben obtener permisos para cruzar la frontera terrestre
entre Cisjordania y Jordania. Cada año, Israel rechaza miles de
solicitudes para cruzar la frontera sin explicación alguna.
La población de
Gaza puede salir a través del puesto de control de Rafah, manejado por Egipto.
Si está abierto y las autoridades egipcias autorizan el paso, los palestinos
deben recorrer largos trechos sobre territorio egipcio. En muy raras
excepciones, Israel autoriza a personas
gazatíes a viajar a través del territorio israelí, y debe hacerse en un
transporte directo escoltado hacia Cisjordania, para luego continuar hacia
Jordania y abordar un avión a su destino final.
d) Negación del derecho a la participación política a la población
palestina
Las y los
palestinos ciudadanos de Israel, así como sus pares judíos/as pueden
involucrarse en la vida política para defender sus intereses, incluyendo elegir
y ser electos. Pueden elegir representantes, formar partidos políticos y unirse
a los ya existentes. No obstante, las y los palestinos que resultan electos son
constantemente vilificados, siendo objeto de incitación desde figuras políticas
clave; además, el
derecho de la población palestina ciudadana de Israel a participar
políticamente se encuentra constantemente
amenazado.
Alrededor de 5
millones de palestinos/as viven en Cisjordania y Gaza, y no pueden participar
en el sistema político que gobierna sus vidas y determina su futuro.
Teóricamente, la mayoría de personas palestinas pueden votar en las elecciones
de la Autoridad Palestina. Es sabido que las potestades de la AP son limitadas,
aun cuando pudiesen sostener elecciones con regularidad (la última fue en
2006). Israel controla la vida de la población palestina, ya que se reserva para sí
los aspectos más relevantes de la gobernanza en los territorios ocupados. Esto
incluye el control sobre la migración, el registro de la población, el
planeamiento y las políticas sobre el territorio, el agua, la infraestructura de
telecomunicaciones, las importaciones y exportaciones y el control militar
sobre tierra, mar y espacio aéreo.
En Jerusalén Este,
la población palestina está entre la espada y la pared. Como residentes
permanentes de Israel, pueden votar en las elecciones municipales pero no en
las elecciones parlamentarias. Por otro lado, Israel obstaculiza su
participación en las elecciones llevadas a cabo por la Autoridad Palestina.
La participación
política es bastante más que elegir o ser electo. Israel también restringe o
niega derechos políticos como la libertad de expresión o la libertad de
asociación. Estos derechos permiten que las personas critiquen a sus gobiernos,
protesten por políticas con las que no concuerdan, formen asociaciones para
defender sus ideas y se organicen en general para promover cambios sociales y
políticos.
Muchas leyes −tales
como la ley de boicot y la ley de la Nakba− limitan la libertad de las y los israelíes para criticar las
políticas concernientes al pueblo palestino en toda la zona. La población
palestina de Cisjordania vive aún bajo restricciones más
severas, ya que no puede hacer manifestaciones o marchas, y se prohíben muchos
tipos de asociación; casi cualquier pronunciamiento político se considera una
incitación. Estas restricciones están bajo el control de tribunales
militares, los cuales han encarcelado a cientos de miles
de palestinos/as, y son un mecanismo clave para sostener la ocupación. En
Jerusalén Este, Israel trabaja para prevenir cualquier actividad política,
social o cultural asociada a la Autoridad Palestina.
La separación geográfica en bloques también dificulta la unificación
de la lucha palestina contra las políticas de Israel. Las diferentes leyes,
procedimientos y derechos que se aplican en los diferentes bloques geográficos,
sumados a las restricciones draconianas a la libertad de movimiento, han
separado al pueblo palestino en diferentes grupos. Esta fragmentación favorece
a Israel en la implementación de la supremacía judía, y además frustra las acciones
de resistencia y de crítica.
No al apartheid: esa es nuestra lucha
El régimen
israelí, que controla todo el territorio entre en el mar Mediterráneo y el río
Jordán, busca avanzar y cimentar la supremacía judía en toda la zona. Para tal
fin dividió el territorio en muchos bloques, cada uno con un tipo diferente de derechos
para las personas palestinas –siempre menores a los derechos de las personas
judías−. Como parte fundamental de esta política, al pueblo palestino se le
niega muchos derechos, incluído el derecho a la autodeterminación.
Estas políticas
son avanzadas en muchos sentidos. Desde el punto de vista demográfico, Israel
ha diseñado un sistema con leyes y ordenanzas que permiten a cualquier persona
judía del mundo obtener la ciudadanía israelí, pero impide esto mismo a casi
cualquier persona palestina. También ha rediseñado el área geográfica a través
de la confiscación de millones de dunams de tierra para situar allí comunidades
exclusivamente judías, mientras amontona a la población palestina en pequeños
enclaves. El movimiento se diseña a través de las restricciones aplicadas a las
personas palestinas, y el rediseño político excluye a millones de palestinas/os
de participar en los procesos que determinarán sus vidas y su futuro, mientras se
los mantiene bajo ocupación militar.
Un régimen que utiliza leyes, prácticas y organiza la violencia para
cimentar la supremacía de un grupo sobre otro es un régimen de apartheid. El
apartheid israelí, que promueve la supremacía de las personas judías sobre las
personas palestinas, no surgió de la nada fruto de un discurso único. Es un
proceso que ha crecido
gradualmente con apoyo institucional explícito, a través de
mecanismos introducidos por ley y por políticas con el fin de promover la
supremacía judía. Estas medidas acumuladas, su permeabilidad en la legislación
y en las prácticas políticas, sumado al apoyo de la opinión pública y del poder
judicial- todo suma para concluir que ha
llegado el momento de calificar al régimen israelí como apartheid.
Si este régimen
ha tomado décadas en desarrollarse ¿por qué lanzar este pronunciamiento en
2021? ¿Qué ha cambiado? En los últimos años hemos visto un aumento en las
intenciones de dirigentes israelíes de forjar la supremacía judía a través de
leyes, y han dejado muy claras sus intenciones. La promulgación de la Ley Básica “Israel,
Estado-Nación del pueblo judío” y las
declaraciones sobre anexar
formalmente algunas partes de Cisjordania muestran la
verdadera cara detrás de la fachada que Israel mantuvo por años.
La ley
básica del Estado-nación del pueblo judío promulgada en 2018 consagra el
derecho del pueblo judío a la autodeterminación y a la exclusión de cualquier
otro. Establece que distinguir a las personas judías en Israel (y en todo el
mundo) de las no judías es fundamental y legítimo. Basándose en esa distinción,
la ley permite institucionalizar la discriminación en favor de las personas
judías en las colonias, en políticas de vivienda, desarrollo, ciudadanía,
idioma y cultura. Es verdad que el régimen israelí sostuvo esos principios
desde antes. Sin embargo, la supremacía judía ahora ha sido consagrada en una
ley fundamental, lo que la convierte en un principio constitucional vinculante,
a diferencia del derecho común o las prácticas de las autoridades, que pueden
ser impugnadas. Esto indica a todas las
instituciones estatales que no solo pueden, sino que deben promover la supremacía judía en toda la zona
bajo control israelí.
El plan de
Israel de anexar oficialmente partes de Cisjordania también cierra la brecha
entre el estatuto oficial de los territorios ocupados, que va acompañado de una
retórica vacía sobre la negociación de su futuro, y el hecho de que Israel
anexó la mayor parte de Cisjordania hace mucho tiempo. Israel no cumplió con
sus declaraciones de anexión formal después de julio de 2020, y desde entonces
varios funcionarios han publicado declaraciones contradictorias sobre el plan.
Independientemente
de cómo y cuándo Israel promueva la anexión formal de un tipo u otro, su
intención de lograr un control permanente sobre toda la zona ya ha sido
declarada abiertamente por los más altos funcionarios del Estado.
Los argumentos del régimen israelí y las
medidas utilizadas para implementarlos, recuerdan al régimen sudafricano que
buscaba preservar la supremacía de los ciudadanos blancos, en parte dividiendo
a la población en clases y subclases y atribuyendo diferentes derechos a cada
una.
Por
supuesto, existen diferencias entre los regímenes.
Por
ejemplo, la división en Sudáfrica se basó en la raza y el color de piel,
mientras que en Israel se basa en la nacionalidad y el origen étnico. La
segregación en Sudáfrica también se manifestó en el espacio público, en forma
de una separación pública, formal y policial entre las personas basada en el
color de la piel, un grado de visibilidad que Israel generalmente evita. Sin
embargo, en el discurso público y en el derecho internacional, el crimen de apartheid
no significa una copia exacta del antiguo régimen sudafricano. Ningún régimen
será jamás idéntico a otro.
“Apartheid"
ha sido desde hace mucho tiempo un concepto independiente, arraigado en las
convenciones internacionales, que se refiere al principio organizador de un
régimen: promover sistemáticamente el dominio de un grupo sobre otro y trabajar
para cimentarlo.
El régimen
israelí no tiene que declararse a sí mismo un régimen de apartheid para ser
definido como tal, ni es relevante que los representantes del Estado proclamen a
voz en cuello que son una democracia. Lo que define al apartheid no son las
declaraciones, sino la práctica. Si bien Sudáfrica se declaró a sí misma un
régimen de apartheid en 1948, no es razonable esperar que otros estados sigan
su ejemplo, dadas las repercusiones históricas. Es más probable que la
respuesta de la mayoría de los países al apartheid de Sudáfrica disuada a los
países de admitir que aplican un régimen similar. También está claro que lo que
era posible en 1948 ya no es posible hoy, tanto legalmente como en términos de
opinión pública.
Por
doloroso que sea mirar la realidad a los ojos, es más doloroso vivir bajo una
bota militar. La dura realidad descrita aquí puede deteriorarse aún más si se
introducen nuevas prácticas, con o sin legislación que las acompañen. Sin
embargo, la gente creó este régimen y la gente puede empeorarlo o trabajar para
reemplazarlo. Esa esperanza es la fuerza impulsora detrás de este posicionamiento.
¿Cómo se
puede luchar contra la injusticia si no tiene nombre? El apartheid es el
principio organizador, pero reconocer esto no significa darse por vencido. Al contrario:
es un llamado al cambio.
Luchar por un futuro basado en los derechos
humanos, la libertad y la justicia es crucial hoy. Hay varios caminos políticos
hacia un futuro justo entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, pero en todos
debemos primero optar por decir que no al apartheid.
Traducción: Alicia Herrera (editada por María Landi)
Fuente
original: A regime of Jewish supremacy
from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is Apartheid.