viernes, 26 de febrero de 2021

Vídeos de las charlas "CAF: Aragón dice NO al tren del apartheid"

 


Vídeos de las charlas "CAF: Aragón dice NO al tren del apartheid"


Aquí dejamos las grabaciones de las charlas que protagonizaron Nidal al Azza. Director de Badil (Centro de Investigación para la Residencia Palestina y los Refugiados) Bethlem, Palestina y Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Madrid. Ambas fueron retransmitidas por internet a través de varios medios y tuvieron lugar el 23 y 24 de febrero con motivo de la campaña "CAF: Aragón dice NO al tren del Apartheid"

 

23 de febrero, 2021

¿Cómo afecta el tren ligero de Jerusalén (JRL) al pueblo palestino?

Nidal al Azza. Director de Badil (Centro de Investigación para la Residencia Palestina y los Refugiados). Bethlem, Palestina

Una explicación  precisa, con los antecedentes históricos necesarios para comprender la situación de Jerusalén, así como los detalles geopolíticos que explican la estrategia criminal israelí. 


 24 de febrero, 2021

¿Cómo afecta el tren ligero de Jerusalén (JRL) al pueblo palestino?

Santiago González Vallejo , Comité de Solidaridad con la Causa Árabe , Madrid

Todo el proceso de licitación de la empresa, la  vulneración del derecho y las convenciones internacionales, las denuncias a organismos internacionales, la validez del derecho internacional, ¿qué quiere decir estar contra la ocupación israelí?

Sigue abierta la campaña de recogida de firmas aquí.

Foro Palestina Libre de Zaragoza

viernes, febrero 26, 2021




Logro contra el apartheid laboral al pueblo palestino

 


La zona industrial de la colonia sionista de Nitzanei se construyó en las tierras palestinas de  Tulkarem

Logro contra el apartheid laboral al pueblo palestino

Guillermo Martínez

Fuente original: Virginia Bolten, 27 de enero

[Nota del CSCA: El 23 de enero de este año se publicó en nuestro blog la noticia del conflicto laboral (y colonial) en la empresa israelí YAMIT sita en los Territorios Ocupados Palestinos después de 1967 con sus trabajadores palestinos. Ahora, damos información proveniente de la web amiga Virginia Bolten, sobre el desenlace del mismo]

Yamit Filtration & Water Treatment es una empresa que opera en territorios palestinos ocupados. Una de sus fábricas se ubica en la ciudad palestina de Tul Karm, donde desde el 31 de diciembre se inició una huelga por la negativa del dueño y director de Yamit, Ofer Talmi, a firmar un convenio colectivo de trabajo.

Los palestinos y palestinas que iniciaron la huelga rápidamente tuvieron un fuerte apoyo global, tanto de sindicatos como de diversas organizaciones. También hubo un repudio generalizado a la respuesta racista que recibieron por parte de Talmi, en un correo electrónico expresó sobre el reclamo laboral palestino: “Si en algún momento la ley me lo exige, dejaré de emplearlos, porque en lo más profundo de mi late el corazón de alguien que es la décima generación del país, que sabe que la Tierra de Israel pertenece sólo al pueblo judío”.

Días posteriores a estas declaraciones y frente a la presión por los llamados a boicotear esta empresa, Talmi ensayó un pedido de disculpas en respuesta a preguntas del periódico Haaretz, “no representa mi posición ni mi conducta. Respeto a los empleados y sus derechos, al igual que el importante y antiguo proyecto económico y nacional de Nitzanei Shalom. Espero que prevalezca el sentido común y que los empleados entren en negociaciones como ha pedido el tribunal.”

A pesar de las declaraciones, al no haber una respuesta al reclamo laboral, se mantuvo la huelga y la presión internacional. Esto hizo que Talmi se sentara en la mesa de negociación y con ellos los trabajadores palestinos lograran una victoria parcial sobre los siguientes puntos:

Los trabajadores vuelven al trabajo y continúan las negociaciones con Yamit por un período de tres meses; Durante este período, los trabajadores reciben un aumento de alrededor de U$S200 en sus salarios; Se pagará las vacaciones a los trabajadores palestinos en julio y cuando terminen su trabajo en Yamit deberán recibir un beneficio de fin de servicio basado en la cantidad de años que han estado trabajando para la empresa (indemnización). Finalmente, a Yamit no se le permite contratar nuevos trabajadores sin el consentimiento del comité de trabajadores que encabezó la huelga y dirige las negociaciones.

El Secretario General de la Nueva Federación de Sindicatos de Palestina expresó su agradecimiento al lograr este acuerdo, “A todos los sindicatos y amigos de Palestina que se solidarizaron con los huelguistas, les digo que esta victoria también les pertenece a uds. Al apoyar la huelga, se unieron a la batalla contra la opresión, el racismo, el apartheid, la esclavitud y la explotación. ¡Gracias!”

Como consecuencia directa de la ocupación, las empresas israelíes contratan personas palestinas pero bajo legislación jordana, este tratamiento ha sido confirmado inclusive por el Tribunal de Trabajo israelí.


jueves, 25 de febrero de 2021

Intervenciones quirúrgicas en la oscuridad literal de una Gaza confinada

 

Una empresa española está construyendo un ferrocarril del apartheid en Israel y ahora quiere participar en la HS2

 


Karen Manor / Activestills

Una empresa española está construyendo un ferrocarril del apartheid en Israel y ahora quiere participar en la HS2

Las empresas que instigan las violaciones de los derechos humanos no deberían ser recompensadas con lucrativos contratos gubernamentales.

por Zakaria Odeh

24 de febrero de 2021

Publicado originalmente en Novaramedia

Traducción. CSCA

La principal organización de derechos humanos en Israel B’Tselem fue noticia el mes pasado tras emitir un informe que precisaba lo que los palestinos han estado diciendo durante décadas: que Israel mantiene un régimen de ocupación militar no solo en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén oriental, sino un régimen de apartheid que se extiende a todo el pueblo palestino.

En Jerusalén oriental, donde vivo, hemos experimentado ese apartheid todos los días desde 1967. Israel derriba nuestras casas y roba nuestra tierra. La policía israelí y los soldados nos atacan y nos encarcelan, atrapados en enclaves cada vez más reducidos por checkpoints militares y muros gigantes. Mientras tanto, Israel anuncia nuevos asentamientos ilegales en nuestras tierras robadas a un ritmo frenético, y los más de 675.000 colonos israelíes que viven en ellas gozan de derechos superiores a los nuestros.

Por supuesto, los asentamientos conllevan infraestructuras: muros, puestos de control y carreteras devoran la tierra palestina y afianzan el apartheid. Como explica el observatorio sobre la ocupación israelí, Who Profits: “Para la población de la Palestina Ocupada, estos proyectos de desarrollo de infraestructura están estrechamente ligados a los procesos de desposesión y facilitan la apropiación de tierras. De esta manera, los proyectos de transporte son un medio de anexionar tierras, fragmentar y aislar comunidades y destruir los medios de vida agrarios al separar a los agricultores de sus tierras agrícolas”.

Israel ha construido cientos de kilómetros de carreteras para los asentamientos que atraviesan Cisjordania incluida Jerusalén Este, por las que transitan vehículos palestinos, que suelen estar restringidas o incluso prohibidas. El muro del apartheid de ocho metros de altura construido por Israel en Jerusalén, atraviesa nuestras comunidades, separándonos de nuestras familias, tierras agrícolas y lugares de trabajo.

Mi familia es del pueblo de Lifta, en las afueras de Jerusalén. Las milicias sionistas nos limpiaron étnicamente de allí en 1948 y huimos hacia el este, a Jerusalén. En 1967, los soldados israelíes volvieron a expulsarnos de nuestras casas para ampliar el campus de la Universidad Hebrea.

Ahora vivimos en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, que Israel está limpiando una vez más, casa por casa, de sus residentes palestinos, sustituyéndonos por colonos. Estamos rodeados por todos lados por nuevos asentamientos y proyectos de infraestructura israelíes: el muro del apartheid al este; el puesto de control de Qalandiya al norte; los asentamientos israelíes al sur; y el nuevo Tren Ligero de Jerusalén (JLR en sus siglas inglesas) al oeste.

Terminado en 2011, el JLR arrebata tierras a pueblos palestinos como Shu'afat, en la parte norte de Jerusalén Este. También conecta los asentamientos ilegales israelíes de la Jerusalén Oriental ocupada entre sí y con la Jerusalén Occidental, ayudando a los asentamientos a prosperar y aislando a nuestras comunidades.

Se trata de una clara violación de los derechos humanos de los palestinos y del derecho internacional humanitario. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha condenado el JLR como una "clara violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas", mientras que la Federación Internacional de Derechos Humanos lo ha calificado como "una herramienta de la política israelí de asentamientos y anexión" que supone "una flagrante violación del derecho internacional".

En abril de 2018, Israel anunció el concurso de ofertas para ampliar la red JLR. La nueva línea verde prevista afianzará las violaciones existentes, cortando a través de ciudades palestinas como Issawiya, ya asediada por el ejército de Israel, y se construirá en tierras palestinas, incluidas las aldeas de Beit Sfafa y Sharafat. Conectará el asentamiento ilegal de Gilo, de rápido crecimiento, con el resto de la ciudad, y aislará la aldea palestina de Walaja, así como la histórica ciudad palestina de Belén, de la vecina Jerusalén Oriental.

En agosto de 2019, el gobierno israelí adjudicó un contrato de 1.800 millones de dólares a dos empresas para completar el proyecto JLR: La constructora israelí Shapir, y la empresa española de transportes Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Según los términos del contrato, CAF y Shapir ampliarán 27 km de nuevas vías y 53 nuevas estaciones para la Línea Roja y construirán la nueva Línea Verde, de 20,6 km de longitud; suministrarán 114 nuevos tranvías y sistemas de señalización, energía y comunicación; y operarán y mantendrán ambas líneas durante 15 y 25 años respectivamente.

Sabemos que las empresas internacionales sostienen el régimen de opresión racista de Israel. También sabemos que excluirlas de los principales contratos puede poner fin a su complicidad con el apartheid. Inspirados por el movimiento mundial que contribuyó enormemente a poner fin al apartheid en Sudáfrica, la sociedad civil palestina ha lanzado un llamamiento a los boicots, desinversiones y sanciones pacíficas (BDS) dirigidos al gobierno israelí y a las instituciones que lo secundan, con el fin de presionarlos para que respeten los derechos palestinos. Hemos conseguido importantes victorias, incluso en el proyecto JLR: en 2015, Veolia se retiró del proyecto después de que una campaña de BDS le costara a la empresa francesa miles de millones en licitaciones internacionales en Europa, Estados Unidos y países árabes.

Ahora, grupos de España, Palestina y de todo el mundo están presionando a CAF con la esperanza de forzar un giro similar. Los sindicatos que representan a los trabajadores de la fábrica de CAF en Beasain, así como dos sindicatos de Zaragoza, España, han pedido a CAF que se retire del proyecto; 70 grupos de la sociedad civil vasca también han exigido a CAF que se retire. 18 grupos de derechos humanos en España han instado al ministro de transportes a excluir a CAF de las licitaciones públicas, mientras que ocho sindicatos en Noruega han pedido a los organismos públicos que hagan lo mismo.

Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, un grupo de activistas israelíes protestó contra el JLR, y la participación de CAF en el mismo, al comenzar la construcción en el asentamiento de Gilo.



31 organizaciones de derechos humanos y sindicatos palestinos y europeos han pedido a la ONU que añadiera a CAF a su base de datos de empresas implicadas en la empresa de asentamientos ilegales de Israel, uniéndose a su socio de JLR, Shapir, que ya figura en la base de datos.

En el Reino Unido, la necesidad de un boicot es especialmente urgente. Ya que, al mismo tiempo que ayuda a afianzar el sistema de apartheid israelí, CAF también está licitando para apoyar la construcción del proyecto de ferrocarril de alta velocidad británico HS2. CAF espera ganar la licitación, cuyo valor se estima en 2.750 millones de libras, para diseñar, construir y mantener al menos 54 trenes de alta velocidad.

La oposición ya está creciendo. En el Reino Unido, 4.000 defensores de los derechos humanos han exigido al gobierno que excluya a CAF de HS2. En un nuevo informe jurídico, expertos legales británicos y europeos concluyen que las autoridades británicas tienen derecho a hacerlo, debido a la implicación de CAF en violaciones del derecho internacional.

Con la decisión sobre la licitación de HS2 prevista entre abril y junio, ahora es el momento de actuar. Debemos exigir al gobierno británico que excluya de HS2 a CAF y a cualquier otra empresa que se beneficie de graves violaciones de los derechos humanos, en Palestina o en cualquier otro lugar.

El creciente consenso mundial de que Israel es un régimen de apartheid debe ir acompañado de una acción global. A las empresas como CAF, que permiten el apartheid, se les deben negar lucrativos contratos públicos hasta que pongan fin a su complicidad con el apartheid, hasta que mi pueblo, en Jerusalén y en toda nuestra patria, logre por fin la libertad, la justicia y la paz real.



Zakaria Odeh es el coordinador de la Coalición Cívica por los Derechos de los Palestinos en Jerusalén.


miércoles, 24 de febrero de 2021

Hoy, a las 19.00h, en directo a través de Youtube y Zoom 🚄 ¿CAF: una empresa colaboracionista con el apartheid israelí?

 Hoy, a las 19.00h, en directo a través de Youtube y Zoom

🚄 ¿CAF: una empresa colaboracionista con el apartheid israelí?

🎙️Santiago González Vallejo , Comité de Solidaridad con la Causa Árabe , Madrid

Todo el proceso de licitación de la empresa, la  vulneración del derecho y las convenciones internacionales, las denuncias a organismos internacionales, la validez del derecho internacional, ¿Qué quiere decir estar contra la ocupación israelí? 

https://www.youtube.com/channel/UCp6gNO4rhjub7OJwcmBRtUg

martes, 23 de febrero de 2021

*¡CASO SOBRESEIDO!* La solidaridad continúa

  

Plataforma la solidaridad no es delito
 *¡CASO SOBRESEIDO!*
La solidaridad continúa
Desde la Plataforma de Apoyo a Nines y Palestina informamos de que el Juzgado nº 6 de *
la Audiencia Nacional ha confirmado la conclusión del sumario y el “sobreseimiento provisional”.

A pesar de ser una noticia agridulce por no tratarse de sobreseimiento definitivo y porque la libertad 
de compañeros de lucha está siendo secuestrada en estos mismos momentos, entendemos que el
 archivo de la causa es una importante victoria de la solidaridad militante con la lucha del pueblo 
palestino, como lo son otras sentencias semejantes recibidas por el movimiento BDS.

Nuestra actividad no ha concluido: *Legitimaremos nuestra lucha a través de un nuevo envío de 
ayuda al Hospital Al Awda, situado al norte de Gaza y que ha sufrido diversos bombardeos por 
parte del estado sionista.* 
*Para ello, además de los fondos recaudados por la plataforma a lo largo de estos dos años y una 
vez superado el proceso judicial, abrimos una nueva recaudación en la que os animamos a participar:*
¡GRACIAS A TODXS POR ACOMPAÑARNOS EN ESTA LUCHA!
La #SolidaridadNoEsDelito y nunca lo será.




Zona de los archivos adjuntos

'Yalla': el corto español que denuncia los ataques de drones militares contra la población civil

Año: 2020
Duración: 10 minutos
Dirección: Carlo D’Ursi
Guion: Carlo D’Ursi y Sergio Barrejón
Productores: Carlo D’Ursi y Borja Pena

...

[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje


 https://verne.elpais.com/verne/2021/02/18/articulo/1613635594_107674.html

lunes, 22 de febrero de 2021

Petición: No a los drones israelíes para la UE. STOP THE WALL



 Después de nuestra última petición, la UE ha rescindido su contrato con los drones militares de Israel suministrados por Elbit Systems. Mientras que la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) quiere alquilar nuevos drones: ¡digamos a las agencias europeas que no nos engañamos! ¡No es no!Más...

domingo, 21 de febrero de 2021

Las elecciones palestinas se acercan en un clima de fuertes tensiones dentro de Fatah

 

Conforme se acercan las elecciones legislativas, presidenciales y a la OLP, el teatro palestino se sacude con fuertes tensiones, especialmente dentro de Fatah. El partido del presidente Mahmud Abás tiene que elegir si mantiene una política continuista o da un golpe de timón para explorar otras vías tendentes a recuperar los territorios ocupados por Israel.

Ya encaminada a las próximas elecciones legislativas (mayo), presidenciales (julio) y de la OLP (agosto), la política palestina experimenta sus primeras convulsiones, especialmente dentro de Fatah, donde se observan tres corrientes claras que difícilmente podrán unificarse, lo que redundará en perjuicio de la formación del presidente Mahmud Abás.Más....


J. Raquel ( UNRWA) y Juani(UHC) en RTVE hablan sobre proceso de vacunación en territorios ocupados

Poscast en TVE sobre proceso vacunación en territorios ocupados 

viernes, 19 de febrero de 2021

Primera Parada: GAZA. Sobrevivir a la COVID en la gran cárcel a cielo abierto.



 Un viaje a Palestina: Primera Parada

La sociedad civil insta a los Estados miembros de la UE a apoyar las resoluciones sobre Palestina en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos

 

En los países árabes , Programa de promoción internacional de CIHRS16 de febrero de 2021

El 8 de febrero de 2021, el Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS), junto con Al-Haq, Al Mezan, el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR), 11.11.11 y CNCD.11.11.11, enviaron una carta conjunta a los Estados miembros de la UE antes de la próxima 46 ª Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la sesión, instando a los Estados a apoyar las resoluciones del CDH sobre Palestina, particularmente en la responsabilidad y la empresa de asentamientos ilegales de Israel.Más....

jueves, 18 de febrero de 2021

CARTA ABIERTA A M. ERIC DUPOND-MORETTI, MINISTRO DE JUSTICIA

 



16 de febrero de 2021

Carta abierta a M. Dupond Moretti, Ministro de justicia francés.

Un grupo de intelectuales y artistas franceses han enviado una carta pública a Eric Dupont-Moretti, su ministro de Justicia, como respuesta a la circular del ministerio pidiendo a los procuradores y a los presidentes de tribunales de justicia :

1. que no respeten la sentencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos, (que ha legitimado en junio pasado las llamadas al boicot a Israel y de sus productos por motivos políticos) y seguir condenando a los militantes que promuevan el boicot a los productos israelíes por “provocación a la discriminación hacia una nación”.

2. y que castiguen a los que promuevan el boicot con una estancia “Shoah”, organizada por el Memorial de la Shoah, en el antiguo campo de concentración de Struthof (Alsacia) o en el campo de las Millas (Aix en Provence).

CARTA ABIERTA A M. ERIC DUPOND-MORETTI, MINISTRO DE JUSTICIA

Señor Ministro de Justicia

Ha difundido usted recientemente una circular a la atención de todos los procuradores y presidentes de los tribunales en la que les ha pedido que condenen las llamadas al boicot de los productos israelíes que según usted corresponden a una “provocación a la discriminación hacia una nación”, y esto a pesar de la sentencia del 11 de junio de 2020 de la Corte Europea de los Derechos Humanos.

Una sentencia que ha legitimado claramente el llamamiento al boicot a un Estado y a sus productos por razones políticas, y ha detallado las razones de su legalidad a la vista del artículo 10 de la Corte europea de derechos humanos (CEDH), que lo considera un modo de expresión de protesta y que prohíbe toda restricción de la libertad de expresión en este caso. Incluso ha condenado al Estado francés a pagar más de 100.000 euros por daños e intereses acumulados de los militantes de Mulhose que habían sido sancionados por su apoyo al boicot a un régimen de apartheid, y a los productos que exporta.

Algunas precauciones de redacción contenidas en vuestra circular (donde usted aconseja a los magistrados especialmente afinar la redacción, “motivar mejor” sus condenas) esconden mal el hecho de que usted vuelva a la carga intentando asimilar el boicot a Israel al antisemitismo, como le reclaman grupos de presión pro-israelíes.

Y usted aporta la prueba recomendando a los magistrados, en el párrafo sobre los castigos, obligar a los que promuevan el boicot (“salvo comportamiento reiterado”) ¡¡ a efectuar una “estancia Shoah”!!

No satisfecho con no tener en cuenta la independencia de la magistratura, dirigiéndose usted a los presidentes de los tribunales, ni los juicios de la Corte europea de derechos humanos (CEDH) que Francia tiene la obligación de acatar como miembro de la Unión Europea, y con mayor motivo del Consejo de Europa, ¿viene usted, señor ministro, cuando se quiere socorrer al pueblo palestino bajo ocupación, colonizado, encerrado en guetos, martirizado, a hablarnos de las persecuciones sufridas por los judíos?

Esto es un paso absolutamente abyecto , es un insulto.

Demuestra usted con esto, no solamente su desprecio por un pueblo oprimido, sino también por las mujeres y los hombres de conciencia que tienen que recurrir, como hizo Gandhi, Martin Luther King o Mandela, a una campaña de boicot, porque nuestros gobernantes no muestran ningún respeto por las resoluciones y convenciones que han firmado en materia de derechos humanos y de derecho internacional cuando se trata de Israel.

Ignora usted por otra parte que son numerosos los judíos dentro del movimiento internacional BDS (Boicot, Desinversión, y Sanciones) y entre ellos hijos y nietos de deportados que podrían daros algunas lecciones en materia de genocidio de los judíos, incluso en Francia, esta Francia en la que en 1941, un solo magistrado rechazó prestar juramento de fidelidad a Pétain (los magistrados judíos habían sido ya apartados). Y muy poca gente recuerda desgraciadamente el nombre de Paul Didier, casi nunca citado en los homenajes que se rinden a los que se resistieron a la propaganda reinante en aquellos años.

El Estado francés ya ha caído bastante bajo acosando a personalidades como Stphane Hessel, Edgar Morin o Daniel Mermet por sus críticas a la política israelí. Si vivieran en Francia pasaría sin duda lo mismo con Noam Chosmsky, Norman Finkilstein, Ken Loach. Roger Waters, Desmond Tutu, Ronnie Kasrils y tantos otros que llaman al boicot a Israel y son calificados de antisemitas por Israel.

¿Piensa usted que una “estancia Shoah” podría venirles bien a los israelíes judíos que, también ellos, llaman al boicot, como el historiador Ilan Pappé, el periodista Gedeon Levy, o incluso la presidenta de la asociación israelí de Médicos por los Derechos Humanos, Ruchama Marton?

¿Qué haría usted con el antiguo presidente del parlamento israelí, Avraham Burg, que se avergüenza de la política israelí hasta el punto que ha pedido que le sea retirada su “nacionalidad judía” ?

¿A qué condenaría a los jóvenes israelíes judíos, esos «refuzniks», que prefieren ir a prisión antes que servir en un ejército de ocupación?

Señor Dupond-Moretti, sería un grave error pensar que todos los judíos salen del mismo molde, y que todos ellos apoyan un Estado que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad únicamente porque se defina como judío. El que se les niegue la voz y la palabra no significa que los judíos no sepan ver la injusticia y la opresión cuando existan.

Son muchos afortunadamente, cada vez más numerosos, en Europa, en los Estados Unidos, e incluso en Israel, los que se levantan contra la ocupación, la colonización israelí y su cortejo de atrocidades, como los bombardeos de poblaciones civiles, las demoliciones de escuelas y de clínicas, la detención y la tortura de niños, los guetos privados de electricidad, de agua potable, de servicios y de alimentos, como en Gaza.

¿Se atreve usted a hablar de “discriminación hacia una nación”, cuando se le niega a un pueblo entero sus derechos más fundamentales, incluyendo su libertad de movimiento desde hace decenios, por una brutal ocupación que viola permanentemente los derechos humanos y el derecho internacional, reviviendo en nuestros días la noción de raza superior?

Señor Dupond-Moretti, atención, no contribuya usted al desarrollo del antisemitismo en Francia colocando a Israel por encima de las leyes, garantizándole la impunidad, enviando a los magistrados una circular en la que sólo se refiere al boicot a Israel, y de ningún otro país más, sometiéndose usted a la voluntad de un lobby pro-israelí sin escrúpulos, que anima en Francia los comportamientos violentos de la extrema derecha de la “Liga de Defensa Judía” difundiendo la idea malsana, y al final antisemita, de que los judíos forman una categoría de personas aparte, por encima de las leyes.

En lugar de querer amordazarnos por pedir sanciones contra Israel tratando de concretar su hipócrita expresión de “Nunca más", debería usted comprender, Señor Ministro, que las acciones BDS, que reúnen personas de todas las confesiones (también judías) y ateas, son precisamente las que sirven para luchar contra el racismo, incluido el antisemitismo.

Nota

[1] La Convención Europea de Derechos Humanos obliga a los estados adheridos a adaptar su legislación a las sentencias definitivas de la Corte Europea de Derechos Humanos en todos aquellos litigios que les afecten (Conv. EDH, art. 46, 1°). Es obligatoria la ejecución de las sentencias. Las jurisdicciones nacionales deben integrar la jurisprudencia europea en su interpretación. Pero como no existe ninguna ley en Francia que prohiba el llamamiento al boicot de un estado por razones políticas, Francia no ha tenido que modificar su legislación hasta el momento.

Firmantes : 

Ludivine Bantigny (historiadora)

Saïd Bouamama (sociólogo y militante del FUIQP)

Janos Borovi (militante antiracista ; superviviente de la Shoah. Su abuela fue fusilada en 1944 en Budapest)

Sohil Budjellal (abogado)

Jacques-Marie Bourget (periodista escritor)

Alain Brossat (universitario)

François Burgat (politólogo, Aix en Provence)

Dominique Cochain (abogado)

Christine Delphy (socióloga, feminista)

Christophe Denantes (médico anestesista, Hôpital Avicenne Bobigny)

Georges Yoram Federmann (psiquiatra gymnopédiste, Strasbourg)

Mgr Jacques Gaillot (obispo de Partenia)

Claire Gaillard-Strauss (biologista, investigadora en el CNRS)

François Gèze (editor)

Sefen Guez Guez (abogado)

La Troupe artistique JOLIE MOME

HK (artista, músico, compositor)

Sarah Katz (participante en la flotilla de la libertad de 2018)

Olivier Le Cour Grandmaison (universitario)

Adrien Nicolas (militante anti-guerra)

Roland Nurier (realizador)

SIDI WACHO (artistas)

Pierre Stambul (hijo de un miembro del grupo Manouchian, deportado a Buchenwald)

Odile Tobner (escritora y ensayista)

Bérenger Tourné (abogado)

Françoise Verges (politóloga, feminista decolonial)

Olivia Zémor (militante antiracista, por una Palestina libre)

miércoles, 17 de febrero de 2021

Israel mantiene bloqueado por segundo día el envío de primeras vacunas a Gaza

 

Las autoridades israelíes impidieron el envío de un lote de 2.000 vacunas Sputnik destinado a personal sanitario en la franja.

Trabajadores del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz preparan hoy una dosis de la vacuna Sputnik V contra la covid-19.  Martín Alipaz / EFE

La población de Gaza sigue sin vacunas contra la covid-19 después de que Israel bloqueara desde el lunes la entrada de una primera remesa que intentan enviar las autoridades palestinas desde Cisjordania. Los diputados israelíes pidieron condicionar la entrega a la devolución de dos civiles y los cuerpos de dos soldados retenidos en la franja, mientras las ONGs acusan a Israel de imponer un "castigo colectivo" e incumplir sus "obligaciones legales y morales" como potencia ocupante.Más...

martes, 16 de febrero de 2021

Un régimen que ensalza la supremacía judía entre el río Jordán y el mar Mediterráneo: esto es apartheid. Informe de B'Tselem titulado "Esto es Apartheid".

 Informe de B'Tselem titulado "Esto es Apartheid". 

El informe no dice casi nada que no sepamos o no se haya dicho antes sobre el apartheid israelí (incluye incluso citas a ADALAH y otros). No obstante tiene un mérito cierto que es la claridad y la capacidad de hacer una descripción detallada y didáctica en ocho páginas (y un efectivo resumen interactivo).

Como pasa siempre, las realidades denunciadas por palestinxs e internacionales (como el informe de la CESPAO de Falk y Tilley) adquieren legitimidad, peso y prestigio cuando son dichas por israelíes (como pasó con la Nakba y los historiadores palestinos/israelíes). Y en esa ambigüedad y frustración que nos produce esto, no dejamos de reconocer la utilidad de que por fin esto ocurra, cuando ocurre.

Maria Landi

Un régimen que ensalza la supremacía judía entre el río Jordán y el mar Mediterráneo:
esto es apartheid

 

Mas de 14 millones de personas −de las cuales aproximadamente la mitad son judías y la otra mitad son palestinas− viven bajo un mismo régimen en el territorio situado entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

La percepción más común en los discursos públicos, políticos, legales y mediáticos es que hay dos regímenes operando separados a cada lado de la Línea Verde:

§  un régimen democrático permanente que opera dentro de los límites del estado soberano de Israel, con una población de aproximadamente 9 millones, toda con ciudadanía israelí, y

§  el otro régimen: una ocupación militar temporal impuesta sobre 5 millones de personas palestinas, que opera en los territorios que Israel ocupa desde 1967 y cuyo estatus definitivo se definirá en futuras negociaciones.

Con el paso del tiempo, la distinción entre ambos regímenes se ha divorciado de la realidad. Este estado de cosas ha subsistido por más de 50 años. Cientos de miles de colonos y colonas israelíes viven ahora en asentamientos coloniales permanentes al este de la Línea Verde, con condiciones idénticas a las que se viven al oeste de la misma. Jerusalén Este ha sido anexada oficialmente al territorio soberano israelí, y Cisjordania ha sido anexada en la práctica.

Lo más importante es que esta distinción entre “dos” regímenes nubla el hecho de que toda el área entre el mar Mediterráneo y el río Jordán se ha organizado bajo un solo principio: avanzar y cimentar la supremacía de un grupo –el judío– sobre el otro –el palestino–.  Todo esto lleva a la conclusión de que no son dos regímenes paralelos que sostienen el mismo principio: hay un solo régimen que gobierna la totalidad de la zona y a todas las personas que allí viven, basado en un simple principio organizacional.

B’Tselem se fundó en 1989  con un mandato limitado a Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este) y Gaza. La organización no se encargaba de los derechos humanos dentro del Estado de Israel establecido en 1948, ni tampoco hacía reflexiones sobre el área comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. La situación ha cambiado. El principio organizativo del régimen se ha hecho visible en los últimos años, como se evidenció en la Ley Fundamental aprobada en 2018: Israel es el Estado-nación del pueblo judío. También se han escuchado durante 2020 declaraciones oficiales en pro de anexar partes de Cisjordania.

Haciendo lectura de los hechos descritos, entendemos que lo que sucede en el territorio ocupado no puede tratarse aparte de la realidad de toda el área bajo control israelí.

Los términos usados en años pasados para describir la situación, tales como “ocupación prolongada” o “realidad de un Estado”, ya no suenan adecuados. Para continuar enfrentando las violaciones a los derechos humanos, es esencial examinar y definir el régimen que gobierna la zona entera.

Este documento analiza como el régimen israelí trabaja para conseguir sus objetivos en toda el área bajo su domino. No haremos aquí una revisión ni una evaluación de la historia o de los movimientos nacionales judío o palestino, ni tampoco del antiguo régimen de segregación racial de Sudáfrica, ya que este análisis excede el propósito de una organización de derechos humanos.

Sin embargo, este documento presenta los principios que guían al régimen, demuestra cómo se implementan los mismos y apunta a la conclusión que emerge de todo esto: qué nomenclatura usar para este régimen y qué significa desde el punto de vista de los derechos humanos.

Divide, separa y gobierna

 

En toda la zona entre el Mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí implementa leyes, prácticas y violencia estatal con un diseño destinado a cimentar la supremacía de un grupo –el judío sobre otro –el palestino. Un método clave para conseguir este objetivo es manejar el espacio de forma diferente para cada grupo poblacional.

Las y los ciudadanos judíos viven libremente en toda el área como si fuese el mismo espacio (exceptuando la Franja de Gaza). La Línea Verde no significa casi nada para ellos: no importa si viven al oeste, dentro del territorio soberano de Israel, o al este de la misma en alguna colonia que todavía no ha sido anexada formalmente a Israel. No importa ni para sus derechos ni para su estatus.

Mientras tanto, para las y los palestinos es crucial el lugar en el que vivan.  El régimen israelí dividió el área en muchos bloques a los que define y gobierna de forma diferente, y hay diferentes derechos para la población palestina en cada uno de ellos. Esta división es relevante solo para esa población. El espacio geográfico es contiguo para la población judía, mientras que para la población palestina es un mosaico fragmentado:

·         Las y los palestinos que viven en el territorio definido en 1948 como territorio soberano israelí (a veces se les llama árabes-israelíes) son ciudadanos/as y llegan al 17% de la población con ciudadanía israelí. Este estatus les asegura muchos derechos, pero no gozan de los mismos derechos que los ciudadanos judíos, ni legalmente ni en la práctica, como se detallará a continuación en este documento.

·         Aproximadamente 350.000 palestinos/as viven en Jerusalén Este, que tiene una superficie de 70.000 dunams (1 dunam=1000 m2), territorio que Israel anexó a su territorio soberano en 1967. Estas personas palestinas han recibido la designación de “residentes permanentes de Israel”, estatus que les permite vivir y trabajar en Israel sin permisos especiales, recibir beneficios sociales y seguro de salud, y votar solo en las elecciones municipales. La residencia permanente puede ser revocada en cualquier momento, cosa que no pasa con la ciudadanía; esto depende del criterio del Ministerio del Interior. En algunas circunstancias, el estatus de residente permanente también puede llegar a expirar.

·         Israel nunca anexó formalmente el territorio de Cisjordania, pero trata a este territorio como si fuese propio. Más de 2,6 millones de personas palestinas viven en Cisjordania, en docenas de enclaves desconectados, bajo un régimen militar estricto y sin derechos políticos. Israel ha transferido algunos poderes civiles a la Autoridad Palestina (AP) en aproximadamente el 40% del territorio. Sin embargo la AP está subordinada a Israel, y solo puede ejercer poderes limitados bajo consentimiento y autorización israelí.

·         La Franja de Gaza alberga a 2 millones de personas palestinas, también sin derechos políticos. En 2005 Israel retiró sus fuerzas de ocupación de Gaza y desmanteló las colonias exclusivamente judías que había edificado allí. Desde entonces renunció a cualquier responsabilidad sobre la población palestina que allí habita. Luego del triunfo electoral de Hamas en 2007, Israel impuso un bloqueo sobre Gaza que aún está vigente. Durante todos estos años, Israel mantiene el control desde afuera sobre cada aspecto de la vida en Gaza.

Israel le concede a la población palestina un paquete diferente de derechos en cada uno de estos bloques, y todos esos paquetes de derechos son inferiores a los derechos concedidos a las y los ciudadanos judíos. El objetivo de la supremacía judía se consigue de formas diferentes de acuerdo a la ubicación geográfica: la experiencia vivida por la población palestina de Gaza es muy direrente a la de la población palestina de Cisjordania, o a la de la población con residencia permanente en Jerusalén, o a la de la población palestina dentro del territorio soberano de Israel. A pesar de estas variantes, todos los palestinos y palestinas bajo el régimen israelí son tratados como inferiores en derechos y estatus si se comparan con sus pares judíos/as que viven en las mismas áreas.

Describiremos a continuación cuatro métodos principales que el régimen israelí utiliza para conseguir la supremacía judía.

Dos de estos métodos se implementan de formas parecidas en toda la zona:

·         restricción de migración para personas no- judías y

·         confiscación de tierras privadas palestinas para construcción de comunidades exclusivamente judías, mientras se relega a la población palestina a pequeños enclaves. 

Los otros dos métodos se implementan principalmente en el territorio ocupado:

·         restricciones draconianas al movimiento de los “no-ciudadanos” palestinos

·         negación de derechos políticos.

El control de estos aspectos de la vida palestina están bajo la total responsabilidad de Israel: en toda la zona Israel tiene el poder exclusivo para

·         registrar a la población

·         distribuir tierras

·         registrar a votantes y

·         derecho (o negación del mismo) a viajar, entrar o salir de cualquier parte del área en cuestión.

 

a) Inmigración: solo para las personas judías

Cualquier persona judía del mundo, sus hijas/os, nietos/as o cónyuge tienen derecho de migrar a Israel en cualquier momento y recibir la ciudadanía, con todos los derechos asociados. Reciben este estatus incluso si eligen como vivienda alguna colonia en el territorio ocupado de Cisjordania que no haya sido anexada formalmente al territorio israelí.

En contraste, las personas no-judías no tienen derecho a ningún estatus legal en las áreas controladas por Israel. El estatus se obtiene a completa discreción de los funcionarios (Ministerio del Interior dentro del territorio soberano israelí o comandante militar en los territorios ocupados).  A pesar de esa distinción oficial, el principio organizativo es el mismo: las personas palestinas que viven en el extranjero no pueden migrar a ninguna parte del territorio comprendido entre el Mar Mediterráneo y el río Jordán, aún si ellas, sus padres, madres o abuelos hubiesen nacido y vivido allí. La única forma en que una persona palestina puede migrar a áreas controladas por Israel es contrayendo matrimonio con otra persona palestina que ya viva allí como ciudadana, residente o sujeto, además de reunir una serie de condiciones y de recibir la aprobación de Israel.

Israel no solamente impide la inmigración palestina, sino que también impide que se reubiquen entre bloques, si la reubicación –a los ojos del régimen– eleva el estatus. Por ejemplo, palestinos/as con ciudadanía israelí o residentes de Jerusalén Este pueden reubicarse sin problemas en Cisjordania (también arriesgan sus derechos y su estatus si lo hacen). Personas palestinas de Cisjordania no pueden obtener ciudadanía israelí ni reubicarse en el territorio soberano israelí, excepto en rarísimas ocasiones que dependen de la aprobación de las autoridades israelíes.

Las políticas israelíes de reunificación familiar ilustran este principio. Durante años el régimen ha impuesto obstáculos numerosos sobre aquellas familias en que los cónyuges viven en diferentes bloques geográficos. Esta política muchas veces ha impedido que personas palestinas de diferentes bloques contraigan matrimonio. Como resultado de estas políticas, decenas de miles de familias no han podido vivir juntas. Cuando un miembro de la pareja es residente de Gaza, Israel les permite vivir juntos solamente si la persona palestina residente de Cisjordania se muda a Gaza. En 2003, la Knesset (parlamento israelí) aprobó una Orden Temporal (aún en pie) prohibiendo otorgar la ciudadanía israelí o la residencia permanente a personas palestinas de Cisjordania que se hubiesen casado con israelíes. En casos excepcionales, con aprobación del Ministerio del Interior, personas palestinas de Cisjordania casadas con israelíes podrán recibir estatus legal en Israel, siendo éste temporal y sin derecho a beneficios sociales.

Israel incluso menoscaba el derecho de las personas palestinas de los territorios ocupados –incluida Jersualén Este– a vivir en sus lugares de nacimiento. Desde 1967 Israel ha revocado el estatus de 250.000 personas palestinas de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, en ocasiones sobre la base de que habían vivido en el extranjero más de tres años. Esto incluyó a miles de residentes de Jerusalén Este que solo habían cambiado su residencia a pocas millas de la ciudad, en alguna parte de Cisjordania. Todas estas personas fueron privadas de su derecho a vivir junto a sus familias en el lugar donde nacieron y se criaron.

 

b) Confiscación de tierras para población judía mientras se amontona a la población palestina en enclaves

 

Israel practica una política de “judaización” del territorio, basada en la creencia de que la tierra es un recurso destinado exclusivamente al beneficio de la población judía. La tierra se usa para desarrollar y expandir comunidades judías y construir nuevas, mientras la población palestina es despojada y acorralada en pequeños enclaves saturados. Esta política con respecto a la tierra se practica dentro del territorio israelí desde 1948, y se aplica en Cisjordania desde 1967.

En 2018 el principio rector de esta política quedó sellado al promulgarse la Ley Básica “Israel es el Estado-nación del pueblo judío”. En consecuencia la ley afirma que el desarrollo de colonias judías es un valor nacional y el Estado tomará acciones para promover y proteger su establecimiento y fortalecimiento.

Dentro de su territorio soberano, Israel ha dictado leyes discriminatorias, siendo la mas notable la ley del “presente ausente, que permite expropiar vastos trechos de tierra privada palestina, incluyendo millones de dunams en comunidades cuyos residentes fueron expulsados o huyeron en 1948, y luego se les prohibió volver. Israel también es responsable de la reducción drástica de las tierras designadas para consejos municipales o comunidades palestinas, las que actualmente tienen acceso a menos del 3% del área total del país. La mayoría del terreno designado está ya saturado con construcciones. Esto resulta en que más del 90% de la tierra en territorio israelí está bajo control estatal.

Israel usó sus tierras estatales para construir cientos de comunidades para la población judía, y ni una sola para la población palestina. La excepción está marcada por un puñado de pueblos y aldeas construídas para concentrar a la población beduina, que ha sufrido la drástica disminución de su derecho a la tierra. La mayoría del territorio que las comunidades beduinas usufructuaban ha sido expropiado y registrado como propiedad estatal. Muchas comunidades beduinas han sido etiquetadas como “no reconocidas”y sus residentes recibieron el nombre de “invasores”.

Comunidades y colonias exclusivamente judías se erigen ahora sobre territorio históricamente ocupado y explotado por comunidades beduinas.

El régimen israelí restringe severamente la construcción y desarrollo de comunidades palestinas en su territorio soberano. También se rehúsa a una planificación urbana que considere las necesidades territoriales de esta población, y mantiene el área asignada a estas comunidades con la misma superficie, sin importar que la población haya aumentado. El resultado son pequeños enclaves sobrepoblados donde sus habitantes no tienen otra opción que construir sin permisos.

Hay una nueva ley en Israel que permite a los comités de admisión de cientos de municipalidades rechazar solicitudes de palestinos/as, alegando “incompatibilidad cultural”. Esto, en la práctica, impide a las y los palestinos con ciudadanía israelí vivir en comunidades asignadas a personas judías. Oficialmente, cualquier ciudadano israelí puede vivir en cualquier municipalidad o ciudad del país; en la práctica, solo el 10% de los palestinos/as con ciudadanía israelí lo consiguen. Aún así, frecuentemente se ven relegados a barrios marginados con acceso limitado a servicios educativos, religiosos y otros, más el costo prohibitivo de comprar propiedades en otras partes de la ciudad, o prácticas discriminatorias en la compra-venta de bienes raíces.

El régimen maneja el mismo principio organizacional en Cisjordania desde 1967 (incluyendo Jerusalén Este). Se han expropiado de manos palestinas cientos de miles de dunams, incluyendo tierra agrícola y pastoril, con numerosos pretextos. Esta tierra expropiada se usa para establecer y expandir colonias residenciales, agrícolas e industriales. Todas las colonias se declaran zona militar, y la población palestina no puede ingresar sin permisos. Hasta ahora, Israel creó mas de 280 colonias en Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este), donde viven ya mas de 600.000 personas judías. También se han expropiado tierras para construir cientos de kilómetros de rutas exclusivas para la población judía de las colonias.

Israel creó un sistema de planeamiento separado para la población palestina de Cisjordania, cuyas políticas impiden el desarrollo y la construcción. Grandes extensiones de tierra no están habilitadas para construir, ya que se declararon tierra estatal, o zona de tiro, o reserva natural o parque nacional. Las autoridades se niegan a trazar planes maestros que reflejen las necesidades presentes y futuras de las comunidades palestinas que aún tienen pequeñas parcelas de tierra. El sistema de planeamiento separado se centra en la demolición de estructuras levantadas sin permisos ante la falta de opciones-  Toda esta situación ha acorralado a la población palestina en enclaves sobrepoblados, y sus habitantes ven reducidas al mínimo sus posibilidades de mejorar y ampliar infraestructuras residenciales o de uso público.

 

c) Restricciones a la libertad de movimiento de la población palestina

 

Israel permite que sus ciudadanos/as −ya sean personas judías o palestinas− se muevan libremente por todo el territorio. La excepción es la prohibición de ingreso a Gaza, definida como “territorio hostil”, y la prohibición (mayoritariamente formal) de ingresar a áreas controladas por la AP (el área A de Cisjordania). En algunos raros casos, ciudadanos/as o residentes obtienen permiso para entrar a Gaza.

Las y los ciudadanos israelíes pueden salir y entrar al país cuando gusten. En contraste, las personas palestinas residentes en Jerusalén Este no tienen pasaporte israelí, y si prolongan su ausencia por viaje al extranjero se les puede revocar su estatus de residentes en la ciudad.

Israel restringe rutinariamente el movimiento de la población palestina en Cisjordania, impidiendo generalmente su desplazamiento entre bloques geográficos. Palestinas/os de Cisjordania que quieran entrar a Israel, Jerusalén Este o Gaza deben aplicar a un permiso ante la autoridad israelí. En Gaza −bajo bloqueo desde 2007− la población entera vive aprisionada, ya que Israel prohíbe casi cualquier movimiento de entrada o salida, exceptuando rarísimos casos definidos como “humanitarios”.

Palestinas/os que quieran salir de Gaza o que quieran entrar desde otros bloques geográficos deben llenar una aplicación especial para un permiso de entrada. Los permisos son escasos, y se logran por un mecanismo estricto y arbitrario, ya que el régimen de permisos carece de transparencia y reglas claras. Cada permiso otorgado a una persona palestina es visto por Israel como un favor en lugar de un derecho adquirido.

En Cisjordania, Israel controla todas las rutas entre los enclaves palestinos. Esto permite al ejército levantar retenes militares temporales (flying checkpoints), bloquear el acceso a pueblos y aldeas, cerrar vías e impedir el paso a través de checkpoints a su voluntad.

Encima de todo esto, Israel construyó el muro de separación dentro de Cisjordania. El territorio de propiedad palestina entre el muro y la Línea Verde –incluyendo las tierras agrícolas– se convirtió en  “seam zone”. A esta “seam zone” tampoco pueden entrar libremente los palestinos, debido al mismo sistema de permisos y autorizaciones.

Las y los palestinos de Cisjordania tampoco pueden viajar al extranjero sin complicaciones. Como regla, Israel prohíbe que salgan a través del aeropuerto de Tel Aviv, situado en territorio soberano israelí. Su puerto aéreo de salida es en Jordania, y deben obtener permisos para cruzar la frontera terrestre entre Cisjordania y Jordania. Cada año, Israel rechaza miles de solicitudes para cruzar la frontera sin explicación alguna.

La población de Gaza puede salir a través del puesto de control de Rafah, manejado por Egipto. Si está abierto y las autoridades egipcias autorizan el paso, los palestinos deben recorrer largos trechos sobre territorio egipcio. En muy raras excepciones, Israel autoriza a personas gazatíes a viajar a través del territorio israelí, y debe hacerse en un transporte directo escoltado hacia Cisjordania, para luego continuar hacia Jordania y abordar un avión a su destino final.

 

d) Negación del derecho a la participación política a la población palestina

 

Las y los palestinos ciudadanos de Israel, así como sus pares judíos/as pueden involucrarse en la vida política para defender sus intereses, incluyendo elegir y ser electos. Pueden elegir representantes, formar partidos políticos y unirse a los ya existentes. No obstante, las y los palestinos que resultan electos son constantemente vilificados, siendo objeto de incitación desde figuras políticas clave; además, el derecho de la población palestina ciudadana de Israel a participar políticamente se encuentra constantemente amenazado.

Alrededor de 5 millones de palestinos/as viven en Cisjordania y Gaza, y no pueden participar en el sistema político que gobierna sus vidas y determina su futuro. Teóricamente, la mayoría de personas palestinas pueden votar en las elecciones de la Autoridad Palestina. Es sabido que las potestades de la AP son limitadas, aun cuando pudiesen sostener elecciones con regularidad (la última fue en 2006). Israel controla la vida de la población palestina, ya que se reserva para sí los aspectos más relevantes de la gobernanza en los territorios ocupados. Esto incluye el control sobre la migración, el registro de la población, el planeamiento y las políticas sobre el territorio, el agua, la infraestructura de telecomunicaciones, las importaciones y exportaciones y el control militar sobre tierra, mar y espacio aéreo.

En Jerusalén Este, la población palestina está entre la espada y la pared. Como residentes permanentes de Israel, pueden votar en las elecciones municipales pero no en las elecciones parlamentarias. Por otro lado, Israel obstaculiza su participación en las elecciones llevadas a cabo por la Autoridad Palestina.

La participación política es bastante más que elegir o ser electo. Israel también restringe o niega derechos políticos como la libertad de expresión o la libertad de asociación. Estos derechos permiten que las personas critiquen a sus gobiernos, protesten por políticas con las que no concuerdan, formen asociaciones para defender sus ideas y se organicen en general para promover cambios sociales y políticos.

Muchas leyes −tales como la ley de boicot y la ley de la Nakba limitan la libertad de las y los israelíes para criticar las políticas concernientes al pueblo palestino en toda la zona. La población palestina de Cisjordania vive aún bajo restricciones más severas, ya que no puede hacer manifestaciones o marchas, y se prohíben muchos tipos de asociación; casi cualquier pronunciamiento político se considera una incitación. Estas restricciones están bajo el control de tribunales militares, los cuales han encarcelado a cientos de miles de palestinos/as, y son un mecanismo clave para sostener la ocupación. En Jerusalén Este, Israel trabaja para prevenir cualquier actividad política, social o cultural asociada a la Autoridad Palestina.

La separación geográfica en bloques también dificulta la unificación de la lucha palestina contra las políticas de Israel. Las diferentes leyes, procedimientos y derechos que se aplican en los diferentes bloques geográficos, sumados a las restricciones draconianas a la libertad de movimiento, han separado al pueblo palestino en diferentes grupos. Esta fragmentación favorece a Israel en la implementación de la supremacía judía, y además frustra las acciones de resistencia y de crítica.

 

No al apartheid: esa es nuestra lucha

 

El régimen israelí, que controla todo el territorio entre en el mar Mediterráneo y el río Jordán, busca avanzar y cimentar la supremacía judía en toda la zona. Para tal fin dividió el territorio en muchos bloques, cada uno con un tipo diferente de derechos para las personas palestinas –siempre menores a los derechos de las personas judías−. Como parte fundamental de esta política, al pueblo palestino se le niega muchos derechos, incluído el derecho a la autodeterminación.

Estas políticas son avanzadas en muchos sentidos. Desde el punto de vista demográfico, Israel ha diseñado un sistema con leyes y ordenanzas que permiten a cualquier persona judía del mundo obtener la ciudadanía israelí, pero impide esto mismo a casi cualquier persona palestina. También ha rediseñado el área geográfica a través de la confiscación de millones de dunams de tierra para situar allí comunidades exclusivamente judías, mientras amontona a la población palestina en pequeños enclaves. El movimiento se diseña a través de las restricciones aplicadas a las personas palestinas, y el rediseño político excluye a millones de palestinas/os de participar en los procesos que determinarán sus vidas y su futuro, mientras se los mantiene bajo ocupación militar.

Un régimen que utiliza leyes, prácticas y organiza la violencia para cimentar la supremacía de un grupo sobre otro es un régimen de apartheid. El apartheid israelí, que promueve la supremacía de las personas judías sobre las personas palestinas, no surgió de la nada fruto de un discurso único. Es un proceso que ha crecido gradualmente con apoyo institucional explícito, a través de mecanismos introducidos por ley y por políticas con el fin de promover la supremacía judía. Estas medidas acumuladas, su permeabilidad en la legislación y en las prácticas políticas, sumado al apoyo de la opinión pública y del poder judicial- todo suma para concluir que ha llegado el momento de calificar al régimen israelí como apartheid.

Si este régimen ha tomado décadas en desarrollarse ¿por qué lanzar este pronunciamiento en 2021? ¿Qué ha cambiado? En los últimos años hemos visto un aumento en las intenciones de dirigentes israelíes de forjar la supremacía judía a través de leyes, y han dejado muy claras sus intenciones. La promulgación de la Ley Básica “Israel, Estado-Nación del pueblo judío y las declaraciones sobre anexar formalmente algunas partes de Cisjordania muestran la verdadera cara detrás de la fachada que Israel mantuvo por años.

La ley básica del Estado-nación del pueblo judío promulgada en 2018 consagra el derecho del pueblo judío a la autodeterminación y a la exclusión de cualquier otro. Establece que distinguir a las personas judías en Israel (y en todo el mundo) de las no judías es fundamental y legítimo. Basándose en esa distinción, la ley permite institucionalizar la discriminación en favor de las personas judías en las colonias, en políticas de vivienda, desarrollo, ciudadanía, idioma y cultura. Es verdad que el régimen israelí sostuvo esos principios desde antes. Sin embargo, la supremacía judía ahora ha sido consagrada en una ley fundamental, lo que la convierte en un principio constitucional vinculante, a diferencia del derecho común o las prácticas de las autoridades, que pueden ser impugnadas. Esto indica a todas las instituciones estatales que no solo pueden, sino que deben  promover la supremacía judía en toda la zona bajo control israelí.

El plan de Israel de anexar oficialmente partes de Cisjordania también cierra la brecha entre el estatuto oficial de los territorios ocupados, que va acompañado de una retórica vacía sobre la negociación de su futuro, y el hecho de que Israel anexó la mayor parte de Cisjordania hace mucho tiempo. Israel no cumplió con sus declaraciones de anexión formal después de julio de 2020, y desde entonces varios funcionarios han publicado declaraciones contradictorias sobre el plan.

Independientemente de cómo y cuándo Israel promueva la anexión formal de un tipo u otro, su intención de lograr un control permanente sobre toda la zona ya ha sido declarada abiertamente por los más altos funcionarios del Estado.

Los argumentos del régimen israelí y las medidas utilizadas para implementarlos, recuerdan al régimen sudafricano que buscaba preservar la supremacía de los ciudadanos blancos, en parte dividiendo a la población en clases y subclases y atribuyendo diferentes derechos a cada una.

Por supuesto, existen diferencias entre los regímenes.

Por ejemplo, la división en Sudáfrica se basó en la raza y el color de piel, mientras que en Israel se basa en la nacionalidad y el origen étnico. La segregación en Sudáfrica también se manifestó en el espacio público, en forma de una separación pública, formal y policial entre las personas basada en el color de la piel, un grado de visibilidad que Israel generalmente evita. Sin embargo, en el discurso público y en el derecho internacional, el crimen de apartheid no significa una copia exacta del antiguo régimen sudafricano. Ningún régimen será jamás idéntico a otro.

“Apartheid" ha sido desde hace mucho tiempo un concepto independiente, arraigado en las convenciones internacionales, que se refiere al principio organizador de un régimen: promover sistemáticamente el dominio de un grupo sobre otro y trabajar para cimentarlo.

El régimen israelí no tiene que declararse a sí mismo un régimen de apartheid para ser definido como tal, ni es relevante que los representantes del Estado proclamen a voz en cuello que son una democracia. Lo que define al apartheid no son las declaraciones, sino la práctica. Si bien Sudáfrica se declaró a sí misma un régimen de apartheid en 1948, no es razonable esperar que otros estados sigan su ejemplo, dadas las repercusiones históricas. Es más probable que la respuesta de la mayoría de los países al apartheid de Sudáfrica disuada a los países de admitir que aplican un régimen similar. También está claro que lo que era posible en 1948 ya no es posible hoy, tanto legalmente como en términos de opinión pública.

Por doloroso que sea mirar la realidad a los ojos, es más doloroso vivir bajo una bota militar. La dura realidad descrita aquí puede deteriorarse aún más si se introducen nuevas prácticas, con o sin legislación que las acompañen. Sin embargo, la gente creó este régimen y la gente puede empeorarlo o trabajar para reemplazarlo. Esa esperanza es la fuerza impulsora detrás de este posicionamiento.

¿Cómo se puede luchar contra la injusticia si no tiene nombre? El apartheid es el principio organizador, pero reconocer esto no significa darse por vencido. Al contrario: es un llamado al cambio.

Luchar por un futuro basado en los derechos humanos, la libertad y la justicia es crucial hoy. Hay varios caminos políticos hacia un futuro justo entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, pero en todos debemos primero optar por decir que no al apartheid.

Traducción: Alicia Herrera (editada por María Landi)

 Fuente original: A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is Apartheid.





Israel / Palestina: Designación de grupos de derechos palestinos como terroristas Ataque al movimiento de derechos humanos.

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