CAF entrega más trenes a Israel y reconoce el peligro empresarial que supone el “conflicto”. El salto diario

 

CAF entrega más trenes a Israel y reconoce el peligro empresarial que supone el “conflicto”

29 tranvías para Tel Aviv y dos para el territorio ocupado de Jerusalén es el saldo de la entidad de Beasain con sus clientes israelíes en el último semestre.

El Tren Ligero de Jerusalén fue escenario de una acción de boicot en 2020. Foto: @OrenZiv1985

Redacción Hordago

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) continúa ejecutando sus contratos de material rodante e infraestructura en Israel. Así lo confirma la información financiera semestral elaborada por la propia compañía y presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales de julio, correspondiente al primer semestre de 2026. En dicha información, el grupo multinacional con sede en Beasain confirma la entrega de decenas de tranvías en el país. No obstante, la dirección de la compañía ha tenido que admitir en el documento el impacto directo que el genocidio, –“conflicto”, en sus términos–, en Palestina tiene en sus previsiones operativas.Leer más...

RESPUESTAS DE CAF A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SU ACCIONISTA CONTRARIO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 Diario  Vasco, 13 de junio de 2026. Foto GP

RESPUESTAS DE CAF A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SU ACCIONISTA CONTRARIO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Le remitimos por escrito la respuesta a las preguntas que nos envió en plazo en el marco de la Junta General de Accionistas 2026, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Sociedades de Capital y del Reglamento de la Junta General.

 

Atentamente,

 

Investor Relations Office

 

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JUNTA GENERAL ORDINARIA 2026

 

Preguntas remitidas por el accionista SGV (CSCA), titular de 1.000

acciones, el día 8 de junio de 2026, y respuestas a las mismas:

 

Pregunta

 ¿Por qué el consejo de administración insiste en continuar la implicación de CAF en crímenes de guerra de Israel contra los palestinos a pesar de estos serios riesgos para la compañía, sus accionistas y su consejo?

Respuesta

En primer lugar, rechazamos que exista ninguna implicación de CAF en crímenes de guerra. Le reiteramos, como en años anteriores, nuestro pleno cumplimento con la legalidad y el respeto de los Derechos Humanos.

En lo que atañe al contexto normativo que rodea al conflicto, CAF ha recabado informes de legalidad de expertos externos independientes de reconocido prestigio en materia de Derecho Internacional, Derechos Humanos, y Naciones Unidas, con carácter previo a la adjudicación del proyecto y durante la ejecución del mismo.

Todos los expertos consultados, de forma independiente, coinciden en la ausencia de incumplimiento por parte de CAF de la legislación internacional aplicable por su participación en el Proyecto de Jerusalén.

Pregunta

 ¿Qué medidas de debida diligencia nuevas ha tomado la compañía tras su vergonzosa inclusión en la base de datos de la ONU y tras la investigación penal lanzada por la Fiscalía General de España? ¿Qué harán al respecto ahora que una coalición de la sociedad civil ha denunciado ante la Fiscalía a la dirección de CAF por la participación de la dirección de CAF y de sus filiales en la ocupación israelí?

Respuesta

En relación con la inclusión de CAF en la Base de Datos, nos remitimos a la Información Relevante comunicada a la CNMV el 25 de septiembre de 2025, así como a la respuesta enviada a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y publicada en su página web.

En todo caso, la inclusión en dicha Base de Datos, tal y como indica el propio Alto Comisionado en sus informes, no conlleva ninguna calificación jurídica, ni implica ninguna presunción de ilegalidad o incumplimiento de ningún tipo. De acuerdo con el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la única consecuencia derivada de la inclusión

 de una empresa en la base de datos es la obligación de adoptar medidas de diligencia debida para abordar cualquier posible impacto sobre los Derechos Humanos, obligación que CAF ya cumple, ya que:

(i) CAF cuenta con un Sistema de Compliance que incluye una Política específica de Diligencia Debida en materia de Derechos Humanos adoptada al más alto nivel.

(ii) Desde la adjudicación del proyecto y durante toda su ejecución, CAF ha venido adoptando medidas específicas de diligencia debida, conforme a los principales estándares internacionales, analizando los riesgos asociados al proyecto y estableciendo los controles necesarios en las sucesivas reevaluaciones periódicas.

(iii) CAF está preparada para implementar acciones de remediación, las cuales hasta ahora no han sido necesarias, ya que no se han materializado impactos adversos sobre los Derechos Humanos.

En cualquier caso, CAF mantiene — y seguirá manteniendo — un diálogo constructivo y permanente con Naciones Unidas y seguirá aplicando los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las Directrices de la OCDE y los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que también están integrados en la normativa interna de CAF.

En relación con la denuncia a la que se refiere, lo único que nos consta es que las actuaciones de la Fiscalía se encuentran en un estadio procesal muy preliminar, a efectos de determinar la competencia, sin haber entrado ni siquiera a estudiar la cuestión sobre el fondo.

Por tanto, le confirmamos que, a día de hoy, no nos consta que ningún consejero o directivo de CAF, ni la propia empresa, estén siendo investigados por parte de la Fiscalía en relación con el Proyecto de Jerusalén.

Pregunta

 ¿Podría decirnos cuántos trenes se han enviado a Jerusalén los años 2025 y lo que llevamos de 2026? ¿Cuántas personas componen el equipo de implementación del contrato? ¿Qué papel desempeñan las diversas filiales de CAF en la ejecución del

contrato? ¿los volúmenes de suministro siguen el calendario previsto a pesar de los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia y de la inclusión de CAF en la Base de Datos de las Naciones Unidas?

Respuesta

En relación con la información de carácter público sobre la ejecución del proyecto, le remitimos a las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo CAF y al Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio 2025, que han sido puestos a disposición de los accionistas junto con el anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

La información operativa detallada sobre la ejecución del proyecto no es pública ni accesible con carácter general. En todo caso, le confirmamos que hasta la presente fecha, los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia y la inclusión de CAF en la Base de Datos de las Naciones Unidas en nada afectan al desarrollo del proyecto.

Pregunta

 ¿por qué no usa la terminología jurídica aceptada internacionalmente, acorde al derecho internacional, y emplea el lenguaje impuesto por la potencia ocupante, diciendo que el proyecto de [l Gran] Jerusalén "es un proyecto integral que se encuentra parcialmente en territorios objeto de controversia política"? y ¿por qué, además, en su texto de réplica a la inclusión en la Base de Dato

 s, escribe 'árabes', nuevamente usando la terminología israelí, sin emplear la palabra más ajustada de

'palestinos' a los que Israel no reconoce identidad?

Respuesta

CAF es consciente de la sensibilidad existente con la terminología en relación con este proyecto y, por ello, procura emplear un lenguaje estrictamente descriptivo, garantizando en todo momento el rigor y la neutralidad de la información.

Resulta en todo caso ilustrativa la mención expresa a la población palestina en el apartado 1.2.4.4 del Estado de Información No Financiera e Informe de Sostenibilidad del ejercicio 2025.

La controversia política existente ha sido precisamente tomada en consideración en la aplicación a este proyecto de medidas específicas de diligencia debida, tanto reforzadas como intensificadas para zonas en conflicto, aplicando plenamente las

mejores guías a este respecto y en particular las impulsadas por las Naciones Unidas, la OCDE y el Pacto Mundial.

__________________________

Estimadas Señoras y señores,

Les adjunto diferentes preguntas, en mi calidad de accionista, con respecto a las informaciones públicas existentes y entiendo no reflejadas suficientemente en la información suministrada antes de la Junta de accionistas del próximo día 13 de junio:

 

SGV

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Madrid, 8 de junio de 2026

 

Pregunta 1

El consejo de administración en el pasado ha defendido desesperadamente su complicidad en el Tren Ligero de Jerusalén ilegal diseñado por las autoridades de ocupación israelí, facilitando el crecimiento de los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino ocupado, citando la ausencia de una sentencia judicial y reivindicando una gaseosa "debida diligencia reforzada”. Dos desarrollos importantes desde entonces plantean serios desafíos:

(1) La ONU en octubre de 2025 incluyó a CAF entre las empresas que se lucran favoreciendo los asentamientos de Israel en el territorio palestino ocupado — estos asentamientos son ilegales según el derecho internacional y han sido caracterizados por la Corte Penal Internacional (CPI) como crímenes de guerra; y

(2) La Fiscalía General de España ha abierto una investigación penal contra CAF, dirigida a su consejo de administración y a los directores de seis de sus filiales, sobre su potencial responsabilidad penal.

La complicidad de CAF en crímenes internacionales o violaciones graves de derechos humanos plantea profundas preocupaciones éticas y legales. Asociar su nombre con tales crímenes también plantea un grave riesgo financiero, ya que CAF enfrenta desafíos crecientes para ganar licitaciones debido a este daño reputacional.

¿Por qué el consejo de administración insiste en continuar la implicación de CAF en crímenes de guerra de Israel contra los palestinos a pesar de estos serios riesgos para la compañía, sus accionistas y su consejo? ¿Qué medidas de debida diligencia nuevas ha tomado la compañía tras su vergonzosa inclusión en la base de datos de la ONU y tras la investigación penal lanzada por la Fiscalía General de España?

Pregunta 2

¿Qué harán al respecto ahora que una coalición de la sociedad civil ha denunciado ante la Fiscalía a la dirección de CAF por la participación de la dirección de CAF y de sus filiales en la ocupación israelí?

 

Pregunta 3:

CAF opera y mantiene ambas líneas del Tren Ligero de Jerusalén (Roja y Verde) a través de una empresa conjunta que posee el 50% de las participaciones, bajo contratos de gestión y mantenimiento entre 15 y 25 años de duración. ¿Podría decirnos cuántos trenes se han enviado a Jerusalén los años 2025 y lo que llevamos de 2026? ¿Cuántas personas componen el equipo de implementación del contrato? ¿Qué papel desempeñan las diversas filiales de CAF en la ejecución del contrato? ¿los volúmenes de suministro siguen el calendario previsto a pesar de los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia y de la inclusión de CAF en la Base de Datos de las Naciones Unidas? 

Pregunta 4

Dado que la dirección de CAF presenta a la empresa como 'técnica' y 'neutral' a pesar de que cumplimenta las órdenes ilegales de la potencia ocupante israelí en su Información no financiera, ¿porqué no usa la terminología jurídica aceptada internacionalmente, acorde al derecho internacional,  y emplea el lenguaje impuesto por la potencia ocupante, diciendo que el proyecto de [l Gran] Jerusalén  "es un proyecto integral que se encuentra parcialmente en territorios objeto de controversia política"? y ¿por qué, además, en su texto de réplica a la inclusión en la Base de Datos, escribe 'árabes', nuevamente usando la terminología israelí, sin emplear la palabra más ajustada de 'palestinos' a los que Israel no reconoce identidad?

 

Por qué CAF tiene que responder ante los tribunales

 Participantes en la protesta bloquean el acceso a la planta de CAF en Zornotza durante la lectura del manifiesto. Adur Galdos

Por qué CAF tiene que responder ante los tribunales

Juan Hernández Zubizarreta, @JuanHZubiza

Pedro Ramiro, @pramiro.bsky.social

Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad7

elsaltodiario.com, 7 de mayo 2026

Diez razones por las que la empresa ferroviaria vasca debe responder por sus violaciones del derecho internacional mientras el Ministerio Fiscal decide si procede llevar la denuncia ante las autoridades judiciales.

CAF ha sido denunciada ante la fiscalía por vulnerar los derechos humanos con sus negocios en el territorio palestino ocupado. Los efectos de las operaciones de la compañía en un contexto de colonización y apartheid, tantas veces puestos en cuestión por diferentes organizaciones sociales en los últimos años mediante campañas y movilizaciones ante la junta de accionistas, pasan ahora también a la arena jurídica. El caso, que ha tenido cierto recorrido mediático, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de concretar la responsabilidad criminal de las grandes corporaciones y de sus directivos. Y a la espera de que el ministerio fiscal decida si procede llevar la denuncia ante las autoridades judiciales, mientras investiga la conducta expuesta sobre la compañía, supone un paso importante para luchar contra la impunidad empresarial. Al menos, por diez razones.

La arquitectura de la impunidad

Los beneficios empresariales se protegen a través de la arquitectura jurídica de la impunidad. Es el poder de la lex mercatoria, el conjunto de reglas comerciales y normas internacionales que blindan las ganancias de las grandes compañías por encima de los derechos de las personas, los pueblos y las comunidades.

CAF ha sido denunciada ante la fiscalía por vulnerar los derechos humanos con sus negocios en el territorio palestino ocupado. Los efectos de las operaciones de la compañía en un contexto de colonización y apartheid, tantas veces puestos en cuestión por diferentes organizaciones sociales en los últimos años mediante campañas y movilizaciones ante la junta de accionistas, pasan ahora también a la arena jurídica. El caso, que ha tenido cierto recorrido mediático, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de concretar la responsabilidad criminal de las grandes corporaciones y de sus directivos. Y a la espera de que el ministerio fiscal decida si procede llevar la denuncia ante las autoridades judiciales, mientras investiga la conducta expuesta sobre la compañía, supone un paso importante para luchar contra la impunidad empresarial. Al menos, por diez razones.

La arquitectura de la impunidad

Los beneficios empresariales se protegen a través de la arquitectura jurídica de la impunidad. Es el poder de la lex mercatoria, el conjunto de reglas comerciales y normas internacionales que blindan las ganancias de las grandes compañías por encima de los derechos de las personas, los pueblos y las comunidades.

Sobre esta asimetría normativa entre el derecho corporativo global y el derecho internacional de los derechos humanos, al fin y al cabo, se ha construido la globalización capitalista. Año tras año, las empresas transnacionales multiplican sus cuentas de resultados al mismo tiempo que se incrementan sus impactos sobre las trabajadoras y los ecosistemas. Por un lado, ganancias millonarias protegidas por contrato y respaldadas por políticas gubernamentales, tribunales de arbitraje e intervenciones militares; por otro, impactos socioecológicos, desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos. El año pasado, los beneficios de CAF aumentaron hasta un récord del 42%.

‘Modus operandi’

La historia de la internacionalización de las empresas españolas, como la de las demás multinacionales con sede en los centros económicos del planeta, es la historia de un patrón que se repite de manera sistemática. Es una forma habitual de actuar que tiene en la violación de derechos humanos la raíz del incremento de sus ganancias. La tragedia del Rana Plaza en Bangladesh, con más de 1.100 personas fallecidas tras derrumbarse el edificio donde miles de trabajadoras cosían prendas para Mango y El Corte Inglés. La muerte de 28 trabajadoras en un taller textil en Tánger, cuando fabricaban ropa para Inditex. El mayor desastre ecológico de la historia reciente de Perú, con el vertido de crudo de la refinería de Repsol frente a las costas de Lima. Las amenazas e incluso el asesinato de líderes sociales que se oponían al Proyecto Integral Morelos, construido en México por Elecnor y Enagás con fondos públicos del Estado español. Un modus operandi al que no es ajeno CAF: sus negocios con el Tren Ligero de Jerusalén contribuyen a la consolidación de los asentamientos ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado y al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas.

Alianza con el Estado

La expansión internacional de las grandes empresas españolas nunca se habría podido hacer realidad si no hubiera sido concebida como una política de Estado. El apoyo estatal ha sido permanente, en términos materiales: programas de internacionalización, avales públicos, fondos europeos, diplomacia económica. Pero también desde el punto de vista simbólico: las instituciones del Estado, junto a la academia y las patronales empresariales, han asentado la idea de que los intereses privados de “nuestras empresas” se identifican con los de la mayoría de la población. Por eso el Gobierno español no ha querido entrar a valorar la reunión del presidente de Repsol en la Casa Blanca con los jefes de las mayores petroleras del mundo, donde Josu Jon Imaz le dio a Trump las “gracias por abrir la puerta a una Venezuela mejor” y anunció nuevas inversiones para aumentar la extracción de hidrocarburos. Y por eso mismo nadie en el Gobierno español se ha atrevido a cuestionar las operaciones de una compañía como CAF, que está cometiendo una flagrante violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Tampoco el Gobierno vasco, accionista de la empresa, ha creído conveniente tomar decisión alguna al respecto.

Negocios en el genocidio

Lo atestiguan los últimos pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, numerosas resoluciones de Naciones Unidas, los recientes dictámenes e informes de relatoras y expertos independientes de la ONU. Lo que está pasando en Palestina es un genocidio y las empresas que siguen desarrollando sus negocios en ese marco son corresponsables de crímenes internacionales. Más allá de las responsabilidades que puedan tener los Estados por apoyar, por acción u omisión, la comisión de delitos económicos y ecológicos, las propias empresas son sujetos de responsabilidad jurídica. Y no pueden alegar un error invencible para desentenderse de su responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales.

La asesoría jurídica del ministerio de Asuntos Exteriores ya reconoció hace años que las operaciones de CAF en territorio palestino ocupado podían constituir una violación del derecho internacional. Así quedó recogido en el dictamen del Punto Nacional de Contacto que, a la vez, se escudaba en la falta de mecanismos vinculantes a nivel internacional para poder responsabilizar jurídicamente a la empresa por sus impactos. En lo que trata de avanzar la denuncia contra el consejo de administración de CAF es, precisamente, en esta exigencia de responsabilidades.

Ocupación y apartheid

El informe Albanese ha mostrado al mundo, con nombre y apellidos, a las grandes compañías que se lucran con la aniquilación del pueblo palestino. Unas contribuyen a la fabricación de armamento, otras financian el exterminio, algunas son colaboradoras y otras más cooperadoras necesarias de la ocupación. Todas ellas, directa o indirectamente, sostienen una masacre que les renta importantes dividendos. Mientras tanto, el Estado de Israel continúa impugnando el derecho internacional: el “acuerdo de paz” promovido por Trump solo ha servido para cargar de razones a Netanyahu, que ha seguido con los bombardeos y los ataques indiscriminados a la población civil en Irán y Líbano, además de aprobar la pena de muerte exclusiva para palestinos. Las apelaciones a la “responsabilidad social” y a la diligencia debida de las empresas que operan en este contexto resultaban ridículas hace tres años, hoy se vuelven una ofensa. CAF se declara “firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto de los derechos Humanos en todas sus operaciones”, pero los informes de la relatora de la ONU demuestran cómo “varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentalmente para establecer y ampliar las colonias y conectarlas con Israel al tiempo que excluyen y segregan a los palestinos”.

‘Business as usual’

La generación de riqueza, la creación de empleo, el bienestar de las sociedades y hasta la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible suelen aparecer como los principales argumentos empresariales para justificar el business as usual. Las consultoras externas y las auditorías privadas, en ocasiones también arropadas por acuerdos con algunas organizaciones sindicales, dan fe de las buenas prácticas de las grandes corporaciones que, en cualquier caso, remiten a ciertas externalidades negativas y “casos aislados” los abusos que hayan sido cometidos. CAF afirma que los servicios jurídicos de la administración han confirmado que su proyecto en territorio palestino ocupado se ajusta a la legalidad internacional y que las evaluaciones de riesgo realizadas no han identificado ninguna vulneración de los derechos humanos. Y los informes de “expertos independientes” contratados por la empresa certifican la utilidad social y el impacto positivo de sus negocios. Pero los puestos de trabajo, los dividendos para los accionistas y los intereses privados no deberían estar por encima del derecho del pueblo palestino a permanecer en su territorio. La infraestructura operada por CAF sostiene directamente el entramado de los asentamientos ilegales de colonos israelíes, mejorando el acceso y la viabilidad económica de los mismos, reforzando su expansión e integrándolos aún más en la parte que Israel mantiene ocupada. Así se afianza la fragmentación de los barrios palestinos en enclaves aislados y se consolida la colonización y el régimen de apartheid.

Resquicios legales

A pesar del constante ataque a lo que queda del orden mundial post-1948, aún existen grietas en las legislaciones nacionales que pueden servir para obligar a los Estados a cumplir el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En el caso de las empresas con sede en el Estado español involucradas en la economía del genocidio, la denuncia contra el consejo de administración de CAF sigue la estela de otras presentadas contra Sidenor y Edreams. La primera ha sido interpuesta ante la Audiencia Nacional por enviar acero a Elbit Systems, el principal proveedor del ejército de Israel, para la fabricación de armamento que posteriormente ha podido ser utilizado en crímenes de lesa humanidad. La segunda, por el blanqueo de capitales derivado de su participación en la promoción de reservas turísticas en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Las actuaciones de CAF, según la denuncia presentada, podrían encajar en distintos preceptos del código penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Entre ellos, la participación en el traslado de población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado, el mantenimiento de prácticas discriminatorias y la vulneración de la convención de Ginebra.

Sí se podría

Existe un vacío legal en las normativas nacionales e internacionales para que, como mínimo, se puedan poner al mismo nivel los derechos y las obligaciones de las grandes corporaciones. Por eso, en Naciones Unidas se lleva desde 2014 impulsando un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a responder por la violación de derechos humanos. La Unión Europea pudo haber hecho algo parecido, pero prefirió reforzar la unilateralidad empresarial aprobando una directiva de diligencia debida que ahora, tras varios paquetes ómnibus, se ha quedado en stand-by. En el Estado español, el ala izquierda del Gobierno de coalición trabajó en una propuesta de ley para el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de las grandes compañías que se quedó perdida por el camino. Numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales llevan años exigiendo que se pongan en marcha centros públicos sobre empresas y derechos humanos. Pero que todas estas propuestas no hayan cristalizado no tiene que ver con dificultades de técnica jurídica, sino con falta de voluntad política. Cuando se ha querido, se han podido tomar medidas: el Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado en los pliegos de la contratación pública una cláusula para excluir a las compañías que, como es el caso de CAF, aparecen en el listado de la ONU que recoge las empresas que mantienen operaciones en los territorios palestinos ocupados.

Lucha social y sindical

Hace un año, Sidenor anunció el cese definitivo de sus relaciones comerciales con Israel. La presión del movimiento BDZ y de la mayoría sindical presente en su comité de empresa surtió efecto: en julio pasado, la compañía comunicaba formalmente la suspensión de sus envíos a compañías israelíes. Más allá del resultado de la investigación judicial por los presuntos delitos de contrabando y participación de la empresa en el genocidio del pueblo palestino, estas alianzas entre la lucha social y la acción sindical son una buena muestra de cómo avanzar en la exigencia de responsabilidades a las grandes empresas por la violación de derechos humanos. La presión pública, la desobediencia, el boicot y el músculo social ya torcieron el brazo del Gobierno español, que tuvo que promulgar el decreto-ley que limita las relaciones militares con Israel, el habitualmente (mal) llamado “embargo de armas”. También dejaron tocados al fondo proisraelí KKR, propietario de grandes festivales de música, y al equipo Israel-Premier Tech, que tuvo que disolverse tras la última edición de La Vuelta. La legalidad internacional no solo tiene que construirse alrededor de los Estados: los movimientos sociales y colectivos en resistencia han de ser protagonistas en la construcción del derecho desde abajo.

La guerra empieza aquí

“No busquemos adversarios dentro de casa”, ha dicho la diputada general de Gipuzkoa tras conocer la denuncia contra CAF. Según Eider Mendoza, la responsabilidad “no es de las instituciones públicas, no es de las empresas, ni de las universidades”. Y para rematar su argumentación: “La responsabilidad de lo que está sucediendo allí es de Netanyahu y de nadie más”. Son declaraciones que echan por tierra un sinfín de análisis, resoluciones, sentencias e informes, desde Núremberg a Ruanda, pasando por la antigua Yugoslavia y Sudáfrica. Y es que el genocidio en Gaza no podría haberse llevado a cabo sin el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea; tampoco sin el concurso de la banca armada, los fondos de inversión y las grandes corporaciones. No es solo un eslogan, la guerra empieza aquí: en los puertos que comercian armas y suministros con Israel, en las entidades bancarias que financian la masacre, en las matrices de las empresas que se lucran en medio del genocidio, en las universidades que mantienen convenios de colaboración con el Estado sionista, en las instituciones que criminalizan la solidaridad con Palestina. La nuestra es una proposición sencilla que, solamente para defender los intereses económicos que están en juego, se quiere presentar como imposible: se trata de que empresas como CAF dejen de hacer negocios con el sufrimiento del pueblo palestino.

El Gobierno elude su responsabilidad y no plantea ejecutar sanciones a empresas, como CAF, que participan en la colonización de Palestina

 El Gobierno elude su responsabilidad y no plantea ejecutar sanciones a empresas, como CAF, que participan en la colonización de Palestina

Eso se desprende de una contestación del ejecutivo a la pregunta 184/038485 realizada en el Congreso de los Diputados en el que señala que lo más concreto de su posición es el RD-L 10/2025 con graves carencias y agujeros legales, como la no prohibición de las exportaciones a los asentamientos o salvedades relevantes en el comercio de armas con Israel.

A LA MESA DEL CONGRESO

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara

que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.

Desde el año 2019, la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (en adelante, CAF), con sede en Beasain, ha desempeñado un papel estructural e indispensable en la construcción, suministro de material rodante, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén (JLR). Esta infraestructura no es un simple proyecto de transportes en la ciudad, sino que responde a la lógica de conectar y terminar de consolidar los asentamientos israelíes ilegales en la Jerusalén Este ocupada, puesto que facilita la expansión de estas colonias y fragmenta los barrios palestinos en enclaves aislados. Asimismo. es imperativo destacar que el diseño del proyecto evidencia una discriminación estructural deliberada, puesto que aproximadamente el 83% de las paradas de la Línea Roja y el 94% de la Línea Verde están destinadas a dar servicio a los asentamientos ilegales. utilizando el transporte como una herramienta de "renovación urbana" para la densificación demográfica de colonos, que promueve directamente la segregación racial.

La gravedad de esta implicación ha sido denunciada por múltiples organismos internacionales. En septiembre de2025, la lista elaborada por dicha organización incluyó formalmente a CAF en su base de datos de empresas que operan en los asentamientos israelíes ilegales junto a otras tres más. Previamente, en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una Opinión Consultiva reafirmando la ilegalidad de la presencia de Israel en los territorios ocupados y estableciendo el deber de los Estados de abstenerse de cualquier acto que contribuya a dicha situación ilícita.

A nivel nacional, el 18 de febrero de2026, una coalición de organizaciones de la sociedad civil presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de CAF. La denuncia sostiene que la actividad de la empresa podría constituir delitos tipificados en el Código Penal español, específicamente en los artículos 61 1.5 (traslado de población a territorio ocupado) y 611.6 (mantenimiento de un régimen de segregación racial y prácticas de apartheid). La Fiscalía ya ha confirmado la recepción de esta denuncia y la apertura de una investigación oficial sobre el caso.

Dado que CAF opera bajo jurisdicción española y sus decisiones estratégicas se toman en España, el Estado tiene la obligación legal, según el derecho internacional y los convenios de Ginebra, de asegurar que las entidades bajo su control no contribuyan a infracciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

¿Qué medidas tomará el Gobierno para asegurar que empresas bajo jurisdicción española, como CAF, cesen sus actividades en infraestructuras que consolidan la ocupación ilegal en Palestina?

Dado que CAF figura en la lista de la ONU por colaborar con asentamientos ilegales, ¿cómo garantizará el Ejecutivo que esta empresa no reciba financiación ni contratos públicos adicionales?

¿Qué acciones de debida diligencia se exigirán a CAF tras la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía sobre su papel en Jerusalén?

Palacio del Congreso,

30 de abril de 2026

Enrique Santiago Romero Portavoz IU i GP Plurinacional SUMAR

Félix Alonso Cantorné Diputado GP Plurinacional SUMAR

RESPUESTA

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/38485  30/04/2026 113177

AUTOR/A: ALONSO CANTORNÉ, Félix (GSumar); SANTIAGO ROMERO, Enrique Fernando (GSumar)

RESPUESTA:

España mantiene una posición clara y consistente: considera los asentamientos en los territorios ocupados palestinos contrarios al Derecho Internacional, en línea con la posición de la Unión Europea y las resoluciones de Naciones Unidas.

Asimismo, el Ejecutivo ha reforzado su compromiso con el respeto del derecho internacional humanitario mediante las medidas adoptadas en respuesta a la situación en la región, incluyendo restricciones a operaciones que pudieran contribuir al conflicto y el impulso de mecanismos de control y supervisión acordes con la normativa nacional e internacional, a través de la aprobación del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

Madrid, 11 de junio de 2026

CAF persiste en el crimen, la lucha continúa Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

 CAF persiste en el crimen, la lucha continúa

Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

naiz.eus, 23 de junio de 2026

En este mes de junio se han sucedido dos hechos relevantes relacionados con la empresa CAF: la comparecencia de personas afectas a BDZ (Boikota, Desinbertsioa, Zigorrak) en las Juntas Generales de Gipuzkoa, el día 11 de junio, y la Junta de accionistas, el día 13. 

CAF está señalada por las Naciones Unidas como agente necesario en la colonización de Territorio Palestino −calificado como crimen por el Derecho internacional−, al servicio de las autoridades israelíes de ocupación, colonización y presunto genocidio. El motivo es que CAF, en contra de la opinión de sus trabajadores, y junto a su socio colonial Shapir, se lucra construyendo, proveyendo de vehículos y gestionando líneas de tranvía en la ciudad ocupada de Jerusalén y en los asentamientos ilegales próximos. 

La comparecencia en las Juntas Generales la solicitaron EH Bildu y Elkarrekin. En ella, se expusieron los elementos centrales del comportamiento de CAF, que obedece y cobra de las autoridades de ocupación, las cuales fijan el trazado de las líneas, las expropiaciones o las expulsiones de palestinos en la Jerusalén ocupada y en los setenta kilómetros cuadrados contiguos de Cisjordania incorporados por Israel desde su conquista en 1967. La dirección de CAF no puede alegar ignorancia, porque antes de la licitación israelí para la infraestructura tranviaria y urbanización, en zonas sobre las que Israel no tiene soberanía, tanto trabajadores como movimientos de solidaridad con Palestina, y hasta la propia Autoridad Palestina les reprocharon su contumacia, alentada por catedráticos de Derecho (marítimo, curiosamente) y otros secuaces a la orden del mejor postor. 

El representante del PP se ausentó al término de la primera alocución del representante de BDZ. La representante socialista repitió que desde el gobierno de España no se habían concedido créditos de exportación a CAF para este proyecto, por lo que el tándem CAF-Shapir se había financiado a través del Banco Hapoalim. Y, dado que la intervención de BDZ se había referido a la denuncia contra el Consejo de Administración de CAF ante la Fiscalía, así como a los casos judiciales de Sidenor y de eDreams, abogó por que los contrarios al proyecto de Jerusalén, si veían ilicitud en las actuaciones de CAF, continuasen por la vía judicial. Pero, ante la petición de la representante de Elkarrekin de propuestas específicas contra las empresas que apoyan la colonización de Palestina, de medidas que pudieran reclamarse a entidades locales, al gobierno vasco o español, con el fin de modificar la conducta de CAF, no quiso pronunciarse (lo cual es una manera de pronunciarse) sobre su apoyo a medidas concretas 

Existe, pongamos por caso, la posibilidad de incorporar en los concursos cláusulas que excluyan a empresas que no cumplan ciertos requisitos (ya durante la covid-19 se excluyó a aquellas empresas que tuvieran actividades en guaridas fiscales), por ejemplo, a las empresas incluidas en la Base de Datos, tal como ya ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona; y, además, los accionistas, sean Cartera Social, Kutxabank o el propio gobierno vasco, a través de Finkatuz, etc., podrían votar en contra de la Información No Financiera que presenta el Consejo de Administración de CAF en la Junta de Accionistas. Días antes, también Amnistía Internacional había propuesto en una declaración ese voto en contra. 

El motivo es que en esa Información No Financiera se recoge que CAF ejerce una diligencia reforzada, que estudia las (buenas) prácticas de las empresas con las que se relaciona y que el proyecto de (l Gran) Jerusalén se lleva parcialmente a cabo en «territorios en disputa», y que esa infraestructura beneficia a todos sus usuarios, entre los que se cuenta población «árabe». 

El portavoz del PNV, Iriondo, leyó su discurso. Es decir, que cualesquiera que fuesen los argumentos que se hubieran invocado previamente, intervenía con un discurso ya preparado de antemano. La línea del mismo consistía en culpabilizar de todo a Netanyahu y considerar que sería un abuso responsabilizar a CAF como causante de cualquier daño, tratándose de una empresa tractora, apegada al territorio y que ejemplifica el pundonor de la industria vasca. El problema de la debilidad de su discurso es que, desde la ocupación militar israelí, son empresas como Shapir las que construyen asentamientos o bases militares; son bancos como Hapoalim los que dan servicio a los colonos, o es un cliente de CAF, en su división de autobuses, Solaris, llamado Egged, el que gestiona líneas regulares entre Israel y las colonias. CAF facilita la expansión de asentamientos queridos por la colonial Israel. 

Las empresas son agentes de la colonización. Del crimen de la colonización en territorios robados a los palestinos. Lo peor, en un lapsus freudiano, fue su afirmación de que, cuando CAF apostó por lucrarse con el proyecto del Gran Jerusalén era otro momento y no había tanta sensibilidad ni tantas protestas. El proyecto ya era ilegal en 2019, cuando CAF licitó junto a Shapir, y lo es en el año 2026, con el genocidio palestino transmitido en directo. O se respeta el Derecho internacional o no se respeta. Lo remató luego, cuando, como si fuera voz de la empresa, y no de la ciudadanía, justificó a la dirección de la empresa por temor a la ejecución de avales si no se respeta un contrato (ilegal y nulo de pleno derecho), y no quiso saber si conservarían los palestinos funcionarios de la UNRWA de Jerusalén su trabajo en unas instalaciones destruidas por Israel en Jerusalén para edificar viviendas para colonos y si volverían a ser clientes apátridas del tranvía de CAF. 

Estuve presente en la Junta de Accionistas, a la que acudí con el atuendo de chándal de preso, con el que los israelíes vistieron a los participantes secuestrados en las flotillas. Contrastaba con los trajes azul marino y los elegantes vestidos del resto de los accionistas. El año pasado estuvo el jerosolimitano Mounir echándoles en cara su proyecto colonial. Este año, frente a la sede de CAF custodiada por la Ertzaintza, hubo una manifestación popular a favor de la vida digna y la libertad del pueblo palestino, lo contrario de lo que se auguraba que iba a ser defendido por el Consejo de Administración de CAF. 

Las cifras del balance y los elementos destacables del ejercicio 2025 que ofreció el Consejero Delegado, Martínez Ojinaga, fueron brillantes. Récord de facturación, pedidos −hasta cuatro años de fabricación plena−, margen de beneficios, tanto en trenes como en señalización o autobuses. Desgranó varios proyectos relevantes, Bélgica, Nápoles, Helsinki... pero no mencionó −en sus cuarenta minutos− que se había incluido a CAF, como el resto de las empresas mencionadas, Shapir, Hapoalim, Egged, en la Base de Datos de las Naciones Unidas por su apoyo a la colonización israelí, ni el daño reputacional consiguiente o la inexistencia de una diligencia debida acorde con la realidad. No contó tampoco que su Consejo de Administración tiene una denuncia ante la Fiscalía por su apoyo al crimen de la colonización israelí. 

El presidente de CAF, Andrés Arizkorreta, tampoco explicó a los accionistas, a pesar de manifestar que el Consejo de Administración aboga por actuaciones técnicas y neutrales en sus proyectos, su preferencia por utilizar la terminología israelí y no la del Derecho internacional, empleando términos como «territorios en disputa» y «árabes», en lugar de palestinos. 

Insistió, contra toda evidencia, en que CAF dispone de diligencia debida reforzada y que catedráticos, auditores, reguladores y Negocios Responsables −que cobran por sus informes− les cuentan como el espejito mágico de la madrastra, que son los más bellos del Goierri y parte del extranjero. 

Nadie, excepto el accionista que representa al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, votó en contra del punto de Información No Financiera. Es decir, que los discursos a favor de la paz, de apoyo al pueblo palestino siguen nadando en la inanidad de los hechos. 

Hagamos, por último, referencia al portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales. Recalcó la incapacidad ejecutiva de las Juntas Generales, frente a la capacidad normativa de la Diputación de Gipuzkoa, del Gobierno Vasco o el Gobierno de España. Y la voluntad de su grupo, allí donde gobierne, incluyendo los actuales ayuntamientos, junto a aliados que defiendan los mismos valores, de apoyar con hechos al pueblo palestino frente a las empresas colonizadoras.