Isaías Barreñada, Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid
La destrucción y la masacre de Gaza han situado la cuestión palestina en una encrucijada existencial. Al mismo tiempo, Israel se ha visto sumido en una crisis interna sin una salida clara a la vista. El pueblo palestino se encuentra en uno de los momentos más críticos de su historia y necesita, más que nunca, una estrategia nacional y un instrumento político. Para los palestinos, la refundación de un liderazgo político unido y representativo es crucial para gestionar el “día después” de la guerra de Gaza y salvaguardar su proyecto nacional.
Apenas unas semanas después del inicio de la guerra ya se discutían fórmulas para la posguerra, todas ellas en torno a la exigencia israelí de seguridad, de gobernanza y estatuto de la Franja, de reconstrucción y de financiación de la misma. De una u otra manera, una cuestión clave ha sido qué papel desempeñarán los propios palestinos en la gobernanza de ese nuevo escenario. Varias de las propuestas suponen la prolongación de la lógica de Oslo: un nuevo período interino con una autoridad interina puramente ejecutora, seguida de negociaciones para encontrar una solución a largo plazo. Esto significaría volver a establecer una autoridad intermediaria, no soberana, pseudo-palestina y posponer las cuestiones centrales: poner fin a la ocupación y hacer realidad los derechos inalienables de los palestinos. Por otra parte, la insistencia israelí en la debilidad o ausencia de una autoridad palestina legítima, capaz y eficaz ha dado lugar a otras fórmulas que suplantarían a los palestinos o alentarían la participación de actores extranjeros con sus propias agendas.
Esta cuestión va más allá de la mera gobernanza de Gaza y su reconstrucción. El sistema político palestino es fundamental para la supervivencia misma de la cuestión nacional palestina y puede ser el último clavo en el ataúd de la Organización para la Liberación de Palestina o la oportunidad necesaria para redefinir un liderazgo político palestino unido.
La decadencia de la Autoridad Palestina
En los años 1970 y 1980, los palestinos contaban con una organización política verdaderamente propia, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que operaba como un movimiento político-militar de liberación nacional. La OLP reunía a una pluralidad de actores políticos palestinos, era reconocida internacionalmente como representante del pueblo palestino y, al mismo tiempo, funcionaba como una entidad cuasi estatal en el exilio, llegando incluso a proclamar la independencia (Argel 1988). Las vicisitudes de la historia palestina fueron testigo de una serie de éxitos diplomáticos y fracasos militares. La acumulación de décadas de fragmentación del pueblo palestino, la ocupación y colonización israelí, las derrotas militares y el exilio de la OLP y las decisiones de su liderazgo en un contexto de profundos cambios geopolíticos marcaron el inicio de una pérdida de capital político para la organización que ha continuado hasta hoy (Abu-Tarbush, 2024). Los Acuerdos de Oslo, firmados por la OLP e Israel en 1993 pero cuestionados por numerosos actores por su asimetría y ambigüedad, exacerbaron esta deriva, que se vio agravada aún más por la aparición de nuevos actores en la arena política palestina, que asumieron la tarea de continuar la resistencia sin sumarse a la OLP.
En 1994, en el marco de esos acuerdos, se creó en los Territorios Ocupados una estructura política palestina provisional, la Autoridad Palestina (AP), como entidad de gobierno de transición que se convertiría en una entidad estatal soberana en el plazo de cinco años. Desde el principio, los palestinos la percibieron como el embrión político de su futuro Estado y actuó como tal, aunque no fuera estrictamente así. Los palestinos la llamaron Autoridad “Nacional” Palestina (ANP), y se legitimó democráticamente mediante elecciones y el establecimiento de instituciones representativas. También absorbió una parte importante de la dirigencia de la OLP, tanto dentro como fuera de Palestina. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el horizonte establecido no era tan claro. La Autoridad sólo podía operar en una parte limitada del territorio, carecía de soberanía, sólo se le habían otorgado poderes limitados, tenía la tarea de controlar a su propia población y dependía financieramente de las transferencias israelíes y de la ayuda internacional. Además, tenía que lidiar con un contexto de ocupación ininterrumpida y colonización desenfrenada. En la práctica, la ANP se convirtió en una entidad intermediaria y funcional para prolongar la ocupación. Para Israel, contar con una autoridad palestina intermediaria era menos costoso que gestionar la ocupación directamente. No sorprende, entonces, que el histórico acuerdo de Oslo fuera cuestionado por una gran parte del movimiento nacional palestino y una variedad de otros grupos.
En 1999, las esperanzas se desvanecieron. El colapso del proceso de Oslo y el regreso a las hostilidades con la segunda Intifada erosionaron aún más a la ANP. Las organizaciones políticas palestinas volvieron a la resistencia, los donantes comenzaron a exigir reformas políticas internas y los gabinetes de la ANP comenzaron a incorporar tecnócratas para evitar el colapso y la suspensión de la ayuda financiera. Hamas aprovechó la frustración resultante para obtener la victoria en las elecciones de 2006. En respuesta, Israel y los países occidentales formularon exigencias que Hamas no podía cumplir (las condiciones del Cuarteto). No obstante, se formó un gobierno de unidad nacional palestino. Sin embargo, en 2007, un intento de golpe de Estado por parte de una facción de Fatah dividió al gobierno en dos, dejando a Hamas en el poder en Gaza y a un gobierno dirigido por Mahmud Abbas en Cisjordania. Así, durante los últimos 17 años, los territorios han estado controlados por dos gobiernos enfrentados, sin celebrar nuevas elecciones, ambos disfuncionales, dependientes de la financiación extranjera, con una legitimidad menguante y cada vez más autoritarios (El Kurd 2022). Esta situación se vio agravada por las medidas punitivas de Abbas contra Gaza, como los recortes de financiación en 2017 o la negativa de Qatar a la ayuda a Gaza en 2018 para comprar combustible. Mientras tanto, Israel ha alentado este estado de cosas, capitalizando la división para criminalizar a Hamás y castigar a Gaza, controlar la ANP de Cisjordania y aplicar sus políticas de hechos sobre el terreno.
La crisis política palestina se ha convertido en un tema central y sumamente problemático. Durante y después del proceso de paz, la OLP se ha visto considerablemente debilitada. El movimiento palestino está profundamente dividido, sus miembros están enfrentados y las nuevas autoridades de la ANP y del Estado son ineficaces, carecen de legitimidad y son cada vez más cuestionadas por el pueblo. Basta con observar su total ausencia en las diversas manifestaciones de la acción colectiva palestina contra la ocupación en los últimos años. El estancamiento de la dirección palestina ha impulsado a nuevos actores y coaliciones locales a llevar a cabo una amplia gama de iniciativas de resistencia política, civil y armada.
La disfunción y la crisis del sistema político palestino se pueden resumir en cuatro dimensiones.
En primer lugar, la OLP, que en su día fue el paradigma del movimiento de liberación por sus medios y su desarrollo organizativo, se está desmoronando y prácticamente se ha desvanecido. Sus organizaciones miembros se han debilitado y sus instituciones de dirección no funcionan. La nueva “facción de Abbas”, que sigue las viejas prácticas de Yasser Arafat pero carece de su carisma, ostenta todos los puestos clave de dirección y poder de decisión y ha paralizado por completo su funcionamiento. Históricamente, la OLP gestionaba su diversidad internamente; había desacuerdos y disensos, pero su legitimidad era indiscutible. Hoy ya no es así; la OLP actual está en tela de juicio. La exclusión de las facciones y orientaciones políticas palestinas ha socavado la posición de la OLP entre los palestinos. La frustración con el proceso de Oslo y la lucha radical entre Fatah y Hamás han puesto en peligro a la organización y han dado alas a organizaciones críticas y pro-resistencia, desafiando la pretensión de la OLP de ser el único representante legítimo del pueblo palestino. La falta de legitimidad no se debe sólo a la ausencia de renovación democrática, a la ineficacia de la gobernanza o a la corrupción. La legitimidad original de la OLP se basaba en su papel de líder en el esfuerzo de liberación, en la prestación de servicios y en su carácter representativo; hoy, esa legitimidad se ha diluido. Oslo supuso una pérdida de representatividad y un distanciamiento de la lucha de liberación nacional, pero el liderazgo palestino ha mantenido una “legitimidad por defecto” insuficiente para entablar negociaciones. La falta de un liderazgo palestino creíble y coherente tiene importantes consecuencias no sólo para el futuro del movimiento nacional palestino, sino también para cualquier negociación entre israelíes y palestinos. Para muchos palestinos, es imperativo “rehacer” la OLP.
En segundo lugar, el Movimiento de Liberación Nacional, más allá de la OLP, está dividido y fragmentado. Es evidente que la OLP no incluye a todos los componentes del movimiento nacional y que, para cumplir su función, debe incorporar organizaciones con una base social indiscutible y capacidad de acción política, como Hamás o la Yihad Islámica de Palestina. Desde la Conferencia de El Cairo de 2005, se han hecho más de quince intentos de unificación que permitirían a esas organizaciones unirse a la OLP y reunificar la ANP. Ninguno de ellos ha dado frutos, en algunos casos debido a conflictos internos y cismas dentro de las organizaciones, en otros debido a la desconfianza entre Fatah y Hamás o a desacuerdos sobre cuestiones de seguridad, por no hablar de la constante interferencia de Israel, que está empeñada en fomentar la fragmentación palestina. Ante este estancamiento político y esta fragmentación nacional, un acuerdo entre palestinos se percibe como crucial, pero sigue estando fuera de alcance.
En tercer lugar, la ANP se ha convertido en una estructura disfuncional y parte del problema. Ya no es la autoridad interina de Oslo ni un Estado pleno, aunque utilice ese nombre. En la práctica, se la considera un organismo funcional para el ocupante, con el que sigue coordinando cuestiones de seguridad, mientras que, como administrador de recursos, se ha convertido en un proveedor de empleos y beneficios. La Autoridad está inevitablemente asociada con el declive socioeconómico y la corrupción. Su debilidad estructural y pérdida de credibilidad no han hecho más que aumentar. La erosión de su legitimidad es la consecuencia combinada del punto muerto de Oslo (su incapacidad para alcanzar el objetivo de la condición de Estado soberano), la política israelí deliberada, la mala gestión y la deriva antidemocrática interna. En su seno, Abbas centraliza la toma de decisiones y su círculo íntimo se ha vuelto cada vez más precario. En los últimos años, Abbas ha ido concentrando poderes en detrimento de instituciones y ministros, reforzando su enfoque presidencial de “una autoridad, una ley, un arma”. Ha concentrado el poder, disolviendo el Parlamento (en 2018), consolidando su control sobre el poder judicial, legislando por decreto y purgando a sus rivales políticos. En 2021, bloqueó las elecciones presidenciales y legislativas que habrían sido las primeras en Palestina desde 2006, culpando de la decisión a las restricciones israelíes al voto en Jerusalén Este, aunque temía claramente que él y su partido perdieran ante Hamás.
La población cada vez cuestiona más a la ANP (Elgindy, 2015). Las encuestas de opinión pública apuntan abrumadoramente a la muy baja consideración en que se tiene a la Autoridad y a sus líderes. Ya en 2015, una encuesta de opinión del Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas mostró que dos tercios de los encuestados querían que Abbas dimitiera y que Marwan Barghouti o un candidato de Hamás ganarían las elecciones a primer ministro. [1] En junio de 2021, el apoyo a Fatah había caído a solo el 14% frente a más del 50% de Hamás. [2] En junio de 2023, el 50% de los palestinos quería la disolución de la AP y el 80% quería que Abbas dimitiera. [3] Una encuesta más reciente, de marzo de 2024, concluyó que el descontento con el desempeño del presidente de la OLP y la ANP, Mahmud Abbas, era del 81%, y el 84% de los encuestados exigía su dimisión. [4] Al mismo tiempo, el partido Fatah ha perdido popularidad debido a la pasividad de sus figuras públicas, mientras que sus bases piden la suspensión de la cooperación en materia de seguridad y los más jóvenes claman por el retorno a la resistencia armada. Sin duda, la Autoridad Palestina debería haber sido reformada y redefinida hace mucho tiempo, pero no se hizo debido a intereses internos de facciones y personas, así como a la intromisión de países que buscaban tutela sobre los palestinos y, sobre todo, porque a Israel le convenía tener una AP dividida, deslegitimada y dependiente. La toma de decisiones está muy centralizada en la AP y los que toman las decisiones son conocidos por sus poderes limitados. En la práctica, no hay un gobierno real y efectivo fuera de Ramallah. La autoridad la asumen en cada ciudad los clanes familiares locales o las milicias Tanzim de Fatah o alguna otra figura destacada. La situación no ha hecho más que empeorar en los últimos años debido a la disminución del apoyo de ciertos países árabes y al colapso económico. Los funcionarios de la AP no reciben sueldo y trabajan sólo unos pocos días a la semana. Esta última dimensión también empeoró con el último gobierno de Netanyahu en 2022, cuyo ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, anunció inmediatamente planes para estrangular financieramente a la ANP reteniendo las transferencias financieras establecidas. Con la guerra, la presión financiera ha llegado a su punto álgido; Israel ha dejado de transferir recursos. La AP no puede pagar a sus funcionarios y la presión y la crisis económica van en aumento, hasta el punto de que el Banco Mundial ha advertido de un colapso inminente.
En cuarto y último lugar, la división interna de las organizaciones políticas y el distanciamiento de los activistas de base respecto de los partidos históricos también son factores clave. Fatah, la principal organización de la OLP, está desgarrada por profundas divisiones internas en torno a más de una docena de figuras que defienden posiciones discordantes, representan intereses específicos o aspiran a suceder a Abbas. Estas rivalidades internas profundizan la disfunción y la inestabilidad política palestina y han llevado a la desintegración de la autoridad, permitiendo que los grupos militantes controlen barrios y ciudades. El líder más carismático de Fatah, Marwan Barghouti, está en prisión. Debido a que es respetado por Hamás y la opinión pública, algunos temen que su liberación como parte de los acuerdos de intercambio de prisioneros desencadene un proceso de reunificación que pondría fin a los beneficios y bastiones de poder actuales. Varios líderes históricos no están de acuerdo, y las nuevas generaciones de activistas carecen de dirección (Tartir y Seidel, 2019). En un acto de rebelión interna, pequeños grupos de militantes de Fatah participan en la resistencia armada junto con otras milicias, haciendo caso omiso de su liderazgo. Tal fue el caso del grupo Arin al-Usoud (la Guarida del León), que estuvo activo en varias ciudades de Cisjordania en 2022 y 2023. Otras organizaciones históricas de la OLP, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), se han distanciado de Fatah y han asumido posiciones en la resistencia. Al mismo tiempo, tras una década de gobierno en Gaza, en la que demostró tanto sus capacidades como sus límites, en 2017 Hamás adoptó una plataforma política más pragmática y nacionalista. Gravemente afectado por su distanciamiento de Siria a raíz de la guerra civil de ese país, también ha experimentado fracturas entre su liderazgo interno y externo.
Gestión de la posguerra: ¿oxígeno para la ANP o unidad nacional?
El ex primer ministro Salam Fayyad (2024) ha declarado, sin vacilar, que cuando estalló la guerra, la OLP ya se estaba recuperando del fracaso del paradigma de Oslo para conducir al autogobierno, así como de su propio fracaso para ofrecer una gobernanza eficaz. Su flagrante incapacidad para contener la colonización y la violencia de los colonos, sumada a su postura pasiva y en gran medida reactiva ante la guerra, la han debilitado aún más. La masacre y la destrucción de Gaza se han producido en un momento en que el liderazgo político palestino estaba en su punto más bajo. La evidente incapacidad del gobierno de Abbas para responder a la guerra y su abierta crítica a la resistencia armada ponen en serias dudas su permanencia y, más aún, su capacidad para hacerse cargo de Gaza en el período de posguerra.
La cuestión de quién asumirá el gobierno de la Franja de Gaza una vez cesen las hostilidades es objeto de muchas especulaciones y de diversos planes. En Israel, algunos, como el ex primer ministro Ehud Barak, Benny Gantz, que fue ministro del Gabinete de Guerra hasta junio de 2024, y gran parte del estamento militar, quieren que el gobierno de Abbas asuma el poder o participe en la gobernanza. Otros, como el ministro Israel Katz, se oponen rotundamente a ello y abogan por una reocupación israelí o una gestión provisional por parte de los Estados árabes, con el consiguiente colapso definitivo del gobierno palestino. Estados Unidos y la Unión Europea también han expresado su apoyo a que la ANP asuma el gobierno. La Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 10 de junio de 2024, incluso subraya “la importancia de unificar la Franja de Gaza con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina”. Esto, a su vez, ha generado considerables tensiones entre las monarquías del Golfo, que aspiran a mantener cierta influencia sobre los palestinos o a tener sus propios candidatos.
Esta cuestión ha provocado una reestructuración de la ANP, donde la postguerra emerge como salvavidas. En este contexto, se ha producido un cambio forzado de gobierno. En enero de 2024, altos funcionarios de seguridad de Arabia Saudí (Musaed bin Mohammed al-Aiban), Jordania, Egipto y Palestina (Majed Faraj) se reunieron en Riad para coordinar los planes para el “día después” de la guerra de Gaza, presumiblemente con el consentimiento de Estados Unidos e Israel. El mensaje de los vecinos árabes fue de apoyo a la ANP para gobernar Gaza, siempre que se emprendieran reformas y se incorporaran nuevas figuras capaces de “revitalizar” el liderazgo palestino. En febrero de 2024, el primer ministro Shtayyeh (nombrado en 2019) presentó su dimisión, pidiendo una reforma de la AP y sugiriendo que “Hamás debería participar en el consenso nacional”. En febrero de 2024, Abbas nombró a Mohammad Mustafa como primer ministro, una medida seguida por el nombramiento de varios ministros tecnocráticos. Mustafa es un tecnócrata independiente y miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, que anteriormente había sido presidente del consejo del Fondo Palestino de Inversiones. Aunque fue un confidente de Abbas durante mucho tiempo, también fue una figura controvertida, cuyo nombramiento fue criticado por el resto de las fuerzas políticas. Hamás, la Yihad Islámica, el FPLP y la Iniciativa Nacional Palestina emitieron una dura declaración conjunta en la que subrayaban que la máxima prioridad nacional debería ser hacer frente a la agresión israelí y a la guerra de genocidio y que tomar una decisión de ese tipo sin un consenso sólo profundizaría la división interna palestina. Expresaron su rechazo a la “persistencia de la Autoridad Palestina en su política de exclusividad, ignorando los esfuerzos nacionales para unir a los palestinos frente a la agresión israelí”.
Sin duda, esta maniobra tiene como objetivo perpetuar la AP en su forma actual, evitando cualquier reforma basada en el consenso. El nombramiento de Mustafa, cercano a Abbas, puede no presagiar cambios sustanciales, pero está en línea con el interés de Estados Unidos y de los vecinos árabes de tener una AP funcional capaz de “mantener la estabilidad en Cisjordania”, una “Autoridad Palestina revitalizada”, según el presidente Biden (noviembre de 2023). Es difícil creer que, en su forma actual, con sus capacidades muy limitadas y su absoluta falta de legitimidad, la AP tenga la capacidad de apoderarse de Gaza, y más aún con el nivel de devastación causado por la guerra.
Una “reforma” del gobierno palestino que pase por alto el marco de una ocupación y una dependencia inalteradas, ignore el descontento actual con la ANP, excluya a los actores políticos representativos y desestime los deseos de la población es claramente insuficiente. Obviamente, sólo serviría para prolongar los problemas que han marcado la última década y perpetuar la disfunción de la ANP. La actual ANP se ve obstaculizada por su condición de intermediaria, que anula sus demandas emancipadoras y ha llevado a una dramática pérdida de credibilidad y legitimidad.
Una gran parte del terreno político palestino reclama un acuerdo de unidad que necesariamente cambiaría ese estatus, renovaría las fuentes de legitimidad de la ANP y afectaría también al apoyo externo que recibe. Lo que los palestinos necesitan, más urgentemente que la creación de instituciones, es la creación de un consenso nacional. En la actualidad, es imperativo un auténtico proceso de reunificación y redemocratización palestina, que debe incluir un mayor espacio para la oposición política y aprovechar el activismo dirigido por los jóvenes y sus nuevas prácticas de resistencia. Sin una unidad previa en torno a objetivos nacionales, ningún liderazgo político palestino puede abordar la situación general o asumir la gestión de los territorios tras la guerra. El “día después” puede, por tanto, preparar el terreno para una repetición de lo que se ha convertido la Cisjordania de Abbas o brindar una oportunidad para una reapropiación política del autogobierno, con la legitimidad de la unidad nacional.
La mayoría de los actores políticos y la opinión pública consideran que la unificación del movimiento nacional palestino, bajo una OLP reconstituida que incluya a todas las organizaciones políticas palestinas (entre ellas Hamás y la Yihad Islámica) y esté abierta a nuevos dirigentes jóvenes, es esencial para reorientar la lucha nacional. Pero para ello es necesario un acuerdo nacional. A tal fin, se han celebrado numerosas reuniones para normalizar las relaciones entre las facciones. Desde el comienzo de la guerra, las facciones palestinas, entre ellas Hamás y Fatah, han continuado sus reuniones y diálogos para forjar una forma de unidad política y acordar una posición nacional en el seno de la OLP. Se reunieron en Moscú a finales de febrero y en Pekín en abril. El principal escollo es la negativa de Abbas a incluir a Hamás, al que percibe como un competidor y cuya normalización teme que pueda dar oxígeno a las facciones de Fatah críticas con la gestión actual y partidarias de participar en la resistencia. Con su base social y su representatividad, incluso después del 7 de octubre, Hamás es un actor político ineludible. Por lo tanto, no puede excluirse a Hamas de cualquier intento de reconstruir el escenario político palestino. Hamas y la Jihad han expresado en varias ocasiones su disposición a formar un gobierno de unidad nacional por consenso, que no se base en cuotas entre facciones, y que administre ambos territorios palestinos durante un período de transición que culmine en elecciones.
La tentación de intervenir en el gobierno palestino
Los palestinos tienen derecho a la libre determinación y al autogobierno y, por lo tanto, son los únicos que pueden decidir libremente. Las anomalías son la ocupación y cualquier injerencia externa, israelí o internacional, en el gobierno de los territorios palestinos que contribuya a mantener la ocupación y vaya en detrimento de la población ocupada.
Pese a las reivindicaciones de los sectores más extremistas del sionismo, es poco probable que Israel vuelva a ocupar Gaza, con todas las consecuencias que ello conllevaría. Por el contrario, fomentará cualquier acuerdo que le permita mantener a los palestinos bajo control al menor coste posible, ya sea recurriendo a una Autoridad Palestina domesticada, a sus aliados árabes o a la comunidad internacional. En cualquier caso, Israel no renunciará a su estrategia de anular la capacidad de respuesta política de los palestinos y utilizar todos los medios disponibles para impedir la unidad nacional palestina, lo que implicaría necesariamente no repetir Oslo y reiterar su objetivo de poner fin a la ocupación.
En la actualidad, no faltan propuestas extravagantes que piden una administración internacional provisional o un gobierno de expertos técnicos sin afiliaciones políticas. Ni tampoco el despliegue de tropas árabes, a pesar de que ningún país árabe enviaría tropas sin un llamado de los propios palestinos o contribuiría a una división aún mayor entre Gaza y Cisjordania. Más en sintonía con los imperativos israelíes, sus autores se niegan a aceptar que un retorno a la lógica de Oslo y la prolongación de la vida de una autoridad palestina ineficaz e ilegítima sólo prolongaría el problema. No hay una alternativa verdaderamente viable a una nueva autoridad palestina resultante de un acuerdo de unidad nacional en el marco de un nuevo enfoque de la ocupación.
Los actores internacionales que han contribuido a la construcción del Estado de Oslo durante las tres últimas décadas y desean que se resuelva esta cuestión deberían considerar críticamente las consecuencias de apoyar a una “entidad intermediaria” renovada para satisfacer los intereses de Israel, repitiendo consignas que excluyen a algunos actores palestinos. En cambio, harían mucho mejor en apoyar a una OLP reconstituida y adoptar medidas encaminadas a poner fin a la ocupación y permitir la autodeterminación de los palestinos.
En primer lugar, es necesario alcanzar un consenso nacional palestino para reconstruir el liderazgo político y acordar una estrategia nacional acorde con la situación actual. Y, en segundo lugar, se necesita un gobierno que se haga cargo de Cisjordania y Gaza. Como dice el ex primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh (2024), “Cualquier acuerdo de gobernanza debe ser diseñado y dirigido por los palestinos, en lugar de impuesto desde fuera. Debe contar con un fuerte apoyo de los países árabes y recibir respaldo internacional. Y debe proporcionar un liderazgo palestino unificado y una vía hacia la creación de un Estado, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de seguridad tanto de los palestinos como de los israelíes, sentando así las bases para la paz y la seguridad regionales”.
Incluso antes de la guerra, Hugh Lovatt (2023) escribió: “Sin un liderazgo político nacional que cuente con el apoyo del público, será casi imposible revivir las debilitadas instituciones de la AP y rehabilitar el sistema político palestino. Sin embargo, esto probablemente requerirá que los donantes europeos acepten una estrategia política más sólida para asegurar la autodeterminación palestina que ya no esté en deuda con el moribundo proceso de paz de Oslo”. Esta reflexión es más cierta ahora que nunca.
Referencias
Abu Tarbush, José. “De la OLP a la ANP: erosión del capital político del movimiento palestino”, en Thieux, Laurence; Barreñada, Isaías (eds). La cuestión palestina 75 años después de la Nakba. Colonialismo, desposesión, ocupación y genocidio . Madrid: Dykinson, 2024.
Elgindy, Khaled. “Perdidos en el caos: La crisis del liderazgo palestino”, The Washington Quarterly , 38(4), pág. 133-150, 2015.
El Kurd, Dana. Polarizados y desmovilizados: legados del autoritarismo en Palestina . Hurst, 2022.
Fayyad, Salam. “Por qué es importante la unidad palestina”, Foreign Affairs , 20 de junio de 2024
Shtayyeh, Mohammad. “Reactivar la iniciativa de paz árabe resolvería el conflicto y crearía una nueva realidad palestina”, Foreign Affairs , 4 de julio de 2024.
Tartir, Alaa; Seidel, Timothy (eds). Palestina y el gobierno del poder: disenso local versus gobernanza internacional . Palgrave Macmillan, 2019.
[1] Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas. Encuesta de opinión pública, 57, 6 de octubre de 2015. www.pcpsr.org/en/node/621 . [2] Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas. Encuesta de opinión pública, 80, 4 de julio de 2021. www.pcpsr.org/en/node/845 .
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