domingo, 29 de junio de 2025

Reproducción de la Sentencia del Tribunal Superior de Granada, Contencioso Administrativo número 3, de 3 de marzo de 2025, por la que da la razón a la Universidad de Granada frente a la asociación pro israelí ACOM, en la suspensión de su colaboración científico-técnica y de movilidad con universidades e instituciones israelíes.

 

Reproducción de la Sentencia del Tribunal Superior de Granada, Contencioso Administrativo número 3, de 3 de marzo de 2025, por la que da la razón a la Universidad de Granada frente a la asociación pro israelí ACOM, en la suspensión de su colaboración científico-técnica y de movilidad con universidades e instituciones israelíes.
En la sentencia se argumenta el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de la ocupación y colonización que practica Israel en los Territorios Ocupados.

Desvelando el incierto futuro de CAF Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe


Desvelando el incierto futuro de CAF

Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Gara, 26 de junio de 2025

Las palabras del consejero delegado de CAF, Javier Martínez Ojinaga, pronunciadas en la última Junta de Accionistas de la primera empresa de Guipúzcoa, son reveladoras y las hacemos nuestras: «Las decisiones que ahora tomemos [son] las que marcarán el futuro de CAF en los siguientes 10 años»; queremos una «competencia equitativa y juego limpio», refiriéndose implícitamente a la suspensión de un concurso de trenes en Bélgica por importe de unos 3.000 millones de euros, y del que se había hecho público que CAF estaba en primer lugar para ganarlo.


Efectivamente, el Consejo de Administración tomó la decisión, en contra de sus trabajadores, de concursar en el proyecto de las líneas de tranvía que participan en la ocupación en Cisjordania en 2019. Por si hubiera alguna duda, desde un principio se les informó, al presidente de CAF, Andrés Arizkorreta y al resto del Consejo de Administración, de la ilegalidad del proyecto diseñado por las autoridades de ocupación israelí, que habían ampliado el término municipal de Jerusalén en más de 100 km² ya en 1970, con la correspondiente anexión. En su nota de prensa desinformativa, CAF declaró que había ganado un concurso en la «ciudad israelí» de Jerusalén, ocultando que se haría en Territorio Ocupado de Jerusalén y Cisjordania. Se les informó, por si no habían llevado a cabo una mínima diligencia debida, de que el proyecto de las líneas Roja y Verde se realizaba en Territorio Ocupado, no en Israel; y asimismo, de la política israelí de expropiaciones y expulsiones de palestinos a los que Israel considera extranjeros y que son víctimas de discriminación; del papel colonizador de su socio empresarial Shapir, que construye y levanta infraestructuras en los asentamientos ilegales, expolia recursos palestinos, etc. y que está ya inscrita en la Base de Datos de las Naciones Unidas por su implicación en la ocupación y colonización, cuestión que se formalizó ya en febrero de 2020, sin que la dirección de CAF cambiase su actitud.


A pesar de la denuncia ante el Punto Nacional de Contacto español, un organismo interministerial del Estado español que obedece a los planteamientos de la OCDE sobre comportamiento de las multinacionales, y de los argumentos aportados por la propia administración española sobre la ilegalidad de los proyectos, la dirección de CAF aprobó implicarse con otras empresas delincuentes que figuran en la mencionada Base de Datos como el Banco Hapoalim y Egged. La dirección de CAF intentó justificar su posición pagando un informe a la consultora Negocio Responsable, sin ningún tipo de contraste con las autoridades y asociaciones palestinas que habían elaborado diferentes informes sobre la implicación en la ocupación de esas líneas de tranvía y la vulneración del Derecho internacional por facilitar el traslado de población de la potencia ocupante a Territorio Ocupado. Toda su justificación se centraba en la reducción de la huella de carbono o la inclusión de lengua árabe en la megafonía o cartelería, obviando que el recorrido llega hasta las colonias sionistas, olvidando las expropiaciones y expulsiones de los palestinos, incluso la procedencia de los materiales de la construcción o el hecho de que cualquier colono puede ser trabajador del tren del apartheid.


Con respecto a la petición del CEO de CAF de «competencia de juego limpio», en relación con el concurso que se encuentra en suspenso en Bélgica hasta resolver formalmente criterios transparentes de calificación en sus apartados de calidad técnica, se trataba de otro eufemismo sobre la limitación de la competencia en el mercado intereuropeo que obviaba la mala reputación incipiente de CAF. La realidad es que ha habido presiones de los fabricantes multinacionales que podían perder el concurso y que tienen fábricas en Bélgica, los cuales señalaron que, de no obtener todo o parte del concurso de la red de ferrocarriles belgas, SNCB, podrían ver en peligro la continuidad de esos centros a medio plazo. Pero, también, y eso es muy relevante, varios partidos belgas habían hecho ya declaraciones en contra de CAF por su actividad de apoyo a la colonización por la construcción y gestión de líneas de tren ligero en la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas, todo en la Cisjordania ocupada.


De estas operaciones destinadas a apoyar y lucrarse con la ocupación, cerca de dos millones de euros en el ejercicio, han informado a todo el arco parlamentario belga los movimientos de solidaridad con Palestina. Esos mismos movimientos que consiguieron que CAF no lograra el contrato para la construcción del metro de Bogotá, o que en diversas ciudades haya habido gran oposición a la presencia de CAF en concursos de transporte.


El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministra de Transportes, junto con el director de CAF Israel, aparecen en una foto inaugurando la ampliación de la Línea Roja hacia los asentamientos sionistas al norte de la ciudad vieja de Jerusalén. Las marcas CAF y Solaris son objeto de rechazo, para perjuicio de una gran empresa y sus trabajadores, por la contumaz política de su Consejo de Administración. Diferentes asociaciones han reclamado que se incluya a CAF en dicha Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas colonialistas, lo que puede suponer en futuros concursos de los próximos años un verdadero obstáculo. Ese testimonio gráfico deja constancia de la colonización ilegal de Palestina por parte de CAF, y se mostrará a todos los gobiernos, estatales, regionales y locales, donde haya concursos de trenes o autobuses, de todo el mundo.


En la Junta de Accionistas de CAF celebrada el 14 de junio, un representante palestino del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y miembros de Amnistía Internacional reclamaron (en diferentes idiomas) al Consejo de Administración de CAF que dejaran de ser parte de la colonización de Palestina. Señalaron que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia obliga (y ampara) a que CAF abandone esos proyectos coloniales, aunque tenga que enfrentarse a reclamaciones de la potencia ocupante. Hay un rechazo cada vez mayor a la diligencia debida y la Información No Financiera que la dirección de CAF afirma haber llevado a cabo, y a la que no han puesto pegas, de forma cómplice, los reguladores y auditores, dado que el papel lo aguanta todo. La dirección de CAF promueve la desinformación, ocultando la participación de CAF en Territorio Ocupado y, en su lugar, habla de «territorios objeto de controversia política», optando por sumarse al relato del ocupante y en contra del Derecho internacional en su participación activa en los planes de expansión colonial israelí.


La actual dirección de CAF ha comprometido a la empresa, durante un periodo de 15 a 25 años, en las tareas de la colonización en Territorio Ocupado palestino por algo más de 1% de sus beneficios globales. Ya está empezando a perder otros concursos.


Los trabajadores y accionistas, entre ellos la Administración Vasca, Kutxabank, Mayoral, Daniel Bravo (Norges Bank, por ejemplo, ya desinvirtió su participación en la empresa vasca) y otros, debieran poner remedio a estos males y hacer rectificar al actual Consejo de Administración de CAF.

Las palabras del consejero delegado de CAF, Javier Martínez Ojinaga, pronunciadas en la última Junta de Accionistas de la primera empresa de Guipúzcoa, son reveladoras y las hacemos nuestras: «Las decisiones que ahora tomemos [son] las que marcarán el futuro de CAF en los siguientes 10 años»; queremos una «competencia equitativa y juego limpio», refiriéndose implícitamente a la suspensión de un concurso de trenes en Bélgica por importe de unos 3.000 millones de euros, y del que se había hecho público que CAF estaba en primer lugar para ganarlo.


Efectivamente, el Consejo de Administración tomó la decisión, en contra de sus trabajadores, de concursar en el proyecto de las líneas de tranvía que participan en la ocupación en Cisjordania en 2019. Por si hubiera alguna duda, desde un principio se les informó, al presidente de CAF, Andrés Arizkorreta y al resto del Consejo de Administración, de la ilegalidad del proyecto diseñado por las autoridades de ocupación israelí, que habían ampliado el término municipal de Jerusalén en más de 100 km² ya en 1970, con la correspondiente anexión. En su nota de prensa desinformativa, CAF declaró que había ganado un concurso en la «ciudad israelí» de Jerusalén, ocultando que se haría en Territorio Ocupado de Jerusalén y Cisjordania. Se les informó, por si no habían llevado a cabo una mínima diligencia debida, de que el proyecto de las líneas Roja y Verde se realizaba en Territorio Ocupado, no en Israel; y asimismo, de la política israelí de expropiaciones y expulsiones de palestinos a los que Israel considera extranjeros y que son víctimas de discriminación; del papel colonizador de su socio empresarial Shapir, que construye y levanta infraestructuras en los asentamientos ilegales, expolia recursos palestinos, etc. y que está ya inscrita en la Base de Datos de las Naciones Unidas por su implicación en la ocupación y colonización, cuestión que se formalizó ya en febrero de 2020, sin que la dirección de CAF cambiase su actitud.


A pesar de la denuncia ante el Punto Nacional de Contacto español, un organismo interministerial del Estado español que obedece a los planteamientos de la OCDE sobre comportamiento de las multinacionales, y de los argumentos aportados por la propia administración española sobre la ilegalidad de los proyectos, la dirección de CAF aprobó implicarse con otras empresas delincuentes que figuran en la mencionada Base de Datos como el Banco Hapoalim y Egged. La dirección de CAF intentó justificar su posición pagando un informe a la consultora Negocio Responsable, sin ningún tipo de contraste con las autoridades y asociaciones palestinas que habían elaborado diferentes informes sobre la implicación en la ocupación de esas líneas de tranvía y la vulneración del Derecho internacional por facilitar el traslado de población de la potencia ocupante a Territorio Ocupado. Toda su justificación se centraba en la reducción de la huella de carbono o la inclusión de lengua árabe en la megafonía o cartelería, obviando que el recorrido llega hasta las colonias sionistas, olvidando las expropiaciones y expulsiones de los palestinos, incluso la procedencia de los materiales de la construcción o el hecho de que cualquier colono puede ser trabajador del tren del apartheid.


Con respecto a la petición del CEO de CAF de «competencia de juego limpio», en relación con el concurso que se encuentra en suspenso en Bélgica hasta resolver formalmente criterios transparentes de calificación en sus apartados de calidad técnica, se trataba de otro eufemismo sobre la limitación de la competencia en el mercado intereuropeo que obviaba la mala reputación incipiente de CAF. La realidad es que ha habido presiones de los fabricantes multinacionales que podían perder el concurso y que tienen fábricas en Bélgica, los cuales señalaron que, de no obtener todo o parte del concurso de la red de ferrocarriles belgas, SNCB, podrían ver en peligro la continuidad de esos centros a medio plazo. Pero, también, y eso es muy relevante, varios partidos belgas habían hecho ya declaraciones en contra de CAF por su actividad de apoyo a la colonización por la construcción y gestión de líneas de tren ligero en la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas, todo en la Cisjordania ocupada.


De estas operaciones destinadas a apoyar y lucrarse con la ocupación, cerca de dos millones de euros en el ejercicio, han informado a todo el arco parlamentario belga los movimientos de solidaridad con Palestina. Esos mismos movimientos que consiguieron que CAF no lograra el contrato para la construcción del metro de Bogotá, o que en diversas ciudades haya habido gran oposición a la presencia de CAF en concursos de transporte.


El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministra de Transportes, junto con el director de CAF Israel, aparecen en una foto inaugurando la ampliación de la Línea Roja hacia los asentamientos sionistas al norte de la ciudad vieja de Jerusalén. Las marcas CAF y Solaris son objeto de rechazo, para perjuicio de una gran empresa y sus trabajadores, por la contumaz política de su Consejo de Administración. Diferentes asociaciones han reclamado que se incluya a CAF en dicha Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas colonialistas, lo que puede suponer en futuros concursos de los próximos años un verdadero obstáculo. Ese testimonio gráfico deja constancia de la colonización ilegal de Palestina por parte de CAF, y se mostrará a todos los gobiernos, estatales, regionales y locales, donde haya concursos de trenes o autobuses, de todo el mundo.


En la Junta de Accionistas de CAF celebrada el 14 de junio, un representante palestino del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y miembros de Amnistía Internacional reclamaron (en diferentes idiomas) al Consejo de Administración de CAF que dejaran de ser parte de la colonización de Palestina. Señalaron que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia obliga (y ampara) a que CAF abandone esos proyectos coloniales, aunque tenga que enfrentarse a reclamaciones de la potencia ocupante. Hay un rechazo cada vez mayor a la diligencia debida y la Información No Financiera que la dirección de CAF afirma haber llevado a cabo, y a la que no han puesto pegas, de forma cómplice, los reguladores y auditores, dado que el papel lo aguanta todo. La dirección de CAF promueve la desinformación, ocultando la participación de CAF en Territorio Ocupado y, en su lugar, habla de «territorios objeto de controversia política», optando por sumarse al relato del ocupante y en contra del Derecho internacional en su participación activa en los planes de expansión colonial israelí.


La actual dirección de CAF ha comprometido a la empresa, durante un periodo de 15 a 25 años, en las tareas de la colonización en Territorio Ocupado palestino por algo más de 1% de sus beneficios globales. Ya está empezando a perder otros concursos.


Los trabajadores y accionistas, entre ellos la Administración Vasca, Kutxabank, Mayoral, Daniel Bravo (Norges Bank, por ejemplo, ya desinvirtió su participación en la empresa vasca) y otros, debieran poner remedio a estos males y hacer rectificar al actual Consejo de Administración de CAF.


Las palabras del consejero delegado de CAF, Javier Martínez Ojinaga, pronunciadas en la última Junta de Accionistas de la primera empresa de Guipúzcoa, son reveladoras y las hacemos nuestras: «Las decisiones que ahora tomemos [son] las que marcarán el futuro de CAF en los siguientes 10 años»; queremos una «competencia equitativa y juego limpio», refiriéndose implícitamente a la suspensión de un concurso de trenes en Bélgica por importe de unos 3.000 millones de euros, y del que se había hecho público que CAF estaba en primer lugar para ganarlo.


Efectivamente, el Consejo de Administración tomó la decisión, en contra de sus trabajadores, de concursar en el proyecto de las líneas de tranvía que participan en la ocupación en Cisjordania en 2019. Por si hubiera alguna duda, desde un principio se les informó, al presidente de CAF, Andrés Arizkorreta y al resto del Consejo de Administración, de la ilegalidad del proyecto diseñado por las autoridades de ocupación israelí, que habían ampliado el término municipal de Jerusalén en más de 100 km² ya en 1970, con la correspondiente anexión. En su nota de prensa desinformativa, CAF declaró que había ganado un concurso en la «ciudad israelí» de Jerusalén, ocultando que se haría en Territorio Ocupado de Jerusalén y Cisjordania. Se les informó, por si no habían llevado a cabo una mínima diligencia debida, de que el proyecto de las líneas Roja y Verde se realizaba en Territorio Ocupado, no en Israel; y asimismo, de la política israelí de expropiaciones y expulsiones de palestinos a los que Israel considera extranjeros y que son víctimas de discriminación; del papel colonizador de su socio empresarial Shapir, que construye y levanta infraestructuras en los asentamientos ilegales, expolia recursos palestinos, etc. y que está ya inscrita en la Base de Datos de las Naciones Unidas por su implicación en la ocupación y colonización, cuestión que se formalizó ya en febrero de 2020, sin que la dirección de CAF cambiase su actitud.


A pesar de la denuncia ante el Punto Nacional de Contacto español, un organismo interministerial del Estado español que obedece a los planteamientos de la OCDE sobre comportamiento de las multinacionales, y de los argumentos aportados por la propia administración española sobre la ilegalidad de los proyectos, la dirección de CAF aprobó implicarse con otras empresas delincuentes que figuran en la mencionada Base de Datos como el Banco Hapoalim y Egged. La dirección de CAF intentó justificar su posición pagando un informe a la consultora Negocio Responsable, sin ningún tipo de contraste con las autoridades y asociaciones palestinas que habían elaborado diferentes informes sobre la implicación en la ocupación de esas líneas de tranvía y la vulneración del Derecho internacional por facilitar el traslado de población de la potencia ocupante a Territorio Ocupado. Toda su justificación se centraba en la reducción de la huella de carbono o la inclusión de lengua árabe en la megafonía o cartelería, obviando que el recorrido llega hasta las colonias sionistas, olvidando las expropiaciones y expulsiones de los palestinos, incluso la procedencia de los materiales de la construcción o el hecho de que cualquier colono puede ser trabajador del tren del apartheid.


Con respecto a la petición del CEO de CAF de «competencia de juego limpio», en relación con el concurso que se encuentra en suspenso en Bélgica hasta resolver formalmente criterios transparentes de calificación en sus apartados de calidad técnica, se trataba de otro eufemismo sobre la limitación de la competencia en el mercado intereuropeo que obviaba la mala reputación incipiente de CAF. La realidad es que ha habido presiones de los fabricantes multinacionales que podían perder el concurso y que tienen fábricas en Bélgica, los cuales señalaron que, de no obtener todo o parte del concurso de la red de ferrocarriles belgas, SNCB, podrían ver en peligro la continuidad de esos centros a medio plazo. Pero, también, y eso es muy relevante, varios partidos belgas habían hecho ya declaraciones en contra de CAF por su actividad de apoyo a la colonización por la construcción y gestión de líneas de tren ligero en la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas, todo en la Cisjordania ocupada.


De estas operaciones destinadas a apoyar y lucrarse con la ocupación, cerca de dos millones de euros en el ejercicio, han informado a todo el arco parlamentario belga los movimientos de solidaridad con Palestina. Esos mismos movimientos que consiguieron que CAF no lograra el contrato para la construcción del metro de Bogotá, o que en diversas ciudades haya habido gran oposición a la presencia de CAF en concursos de transporte.


El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministra de Transportes, junto con el director de CAF Israel, aparecen en una foto inaugurando la ampliación de la Línea Roja hacia los asentamientos sionistas al norte de la ciudad vieja de Jerusalén. Las marcas CAF y Solaris son objeto de rechazo, para perjuicio de una gran empresa y sus trabajadores, por la contumaz política de su Consejo de Administración. Diferentes asociaciones han reclamado que se incluya a CAF en dicha Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas colonialistas, lo que puede suponer en futuros concursos de los próximos años un verdadero obstáculo. Ese testimonio gráfico deja constancia de la colonización ilegal de Palestina por parte de CAF, y se mostrará a todos los gobiernos, estatales, regionales y locales, donde haya concursos de trenes o autobuses, de todo el mundo.


En la Junta de Accionistas de CAF celebrada el 14 de junio, un representante palestino del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y miembros de Amnistía Internacional reclamaron (en diferentes idiomas) al Consejo de Administración de CAF que dejaran de ser parte de la colonización de Palestina. Señalaron que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia obliga (y ampara) a que CAF abandone esos proyectos coloniales, aunque tenga que enfrentarse a reclamaciones de la potencia ocupante. Hay un rechazo cada vez mayor a la diligencia debida y la Información No Financiera que la dirección de CAF afirma haber llevado a cabo, y a la que no han puesto pegas, de forma cómplice, los reguladores y auditores, dado que el papel lo aguanta todo. La dirección de CAF promueve la desinformación, ocultando la participación de CAF en Territorio Ocupado y, en su lugar, habla de «territorios objeto de controversia política», optando por sumarse al relato del ocupante y en contra del Derecho internacional en su participación activa en los planes de expansión colonial israelí.


La actual dirección de CAF ha comprometido a la empresa, durante un periodo de 15 a 25 años, en las tareas de la colonización en Territorio Ocupado palestino por algo más de 1% de sus beneficios globales. Ya está empezando a perder otros concursos.


Los trabajadores y accionistas, entre ellos la Administración Vasca, Kutxabank, Mayoral, Daniel Bravo (Norges Bank, por ejemplo, ya desinvirtió su participación en la empresa vasca) y otros, debieran poner remedio a estos males y hacer rectificar al actual Consejo de Administración de CAF.

jueves, 26 de junio de 2025

El próximo informe de la Relatora de las Naciones Unidas sobre Palestina mencionará a empresas españolas


 El próximo informe de la Relatora de las Naciones Unidas sobre Palestina mencionará a empresas españolas


Foto de la mesa del acto "La complicidad de la comunidad internacional en el genocidio palestino”, organizado por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la 

Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. Circulo de Bellas Artes de Madrid, 24 de junio de 2025.


En dicho acto participaron Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, el Dr. Munir Nuseibah, jurista palestino y profesor en la Universidad de Al-Quds, especialista en Derecho Internacional; Laura Ferre, integrante de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y de la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel”; y Manu Pineda, activista de la organización Unadikum.

En el acto Francesca Albanese, resumió su próximo Informe dedicado a cómo las empresas son agentes de la colonización. Este informe se hará público el próximo día 4 de julio en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A preguntas de Santiago González Vallejo, confirmó que en su informe serán mencionadas 45 empresas de diferentes sectores, incluyendo el de infraestructuras y sector de transporte, y que entre las empresas nominadas hay empresas españolas.

El gigante naviero Maersk se deshace de empresas vinculadas a los asentamientos israelíes.Yarno Ritzen .aljazeera.com


 El gigante naviero Maersk se deshace de empresas vinculadas a los asentamientos israelíes

La medida sigue a una campaña que acusa a Maersk de tener vínculos con el ejército israelí y la ocupación de tierras palestinas.

 aljazeera.com, 23 de junio de 2025


Maersk cortará lazos con compañías vinculadas a los asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, dijo el gigante naviero danés.
La decisión es consecuencia de meses de presión por parte de activistas sobre Maersk en cuestiones relacionadas con Palestina.
Sus envíos han sido objeto de escrutinio como parte de una campaña internacional liderada por el Movimiento Juvenil Palestino (PYM), una organización de base. El grupo se ha centrado principalmente en los envíos de Maersk de ventas militares estadounidenses al extranjero, pero el PYM también ha investigado el transporte de carga de empresas vinculadas a los asentamientos.
Una declaración en el sitio web de Maersk , con fecha de junio de 2025, decía: “Tras una reciente revisión de los transportes relacionados con Cisjordania, reforzamos aún más nuestros procedimientos de evaluación en relación con los asentamientos israelíes, incluida la alineación de nuestro proceso de evaluación con la base de datos del ACNUDH de empresas involucradas en actividades en los asentamientos”.
La base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) incluye empresas involucradas en diversas actividades relacionadas con los asentamientos, como el suministro de servicios, equipos u operaciones financieras que apoyan los asentamientos ilegales.
Al solicitarle más detalles sobre su decisión, Maersk remitió a Al Jazeera al comunicado publicado en su sitio web. No está claro con qué empresas o cuántas tenía vínculos Maersk.
Israel ha construido más de 100 asentamientos en la Cisjordania ocupada, que albergan a unos 500.000 colonos. Estos asentamientos, ilegales según el derecho internacional, abarcan desde pequeños puestos de avanzada hasta comunidades más grandes con infraestructura moderna.
Esto envía un mensaje claro a la industria naviera mundial: el cumplimiento del derecho internacional y los derechos humanos fundamentales no es opcional. Hacer negocios con los asentamientos ilegales de Israel ya no es viable, y el mundo está pendiente de quién seguirá su ejemplo», declaró Aisha Nizar de PYM.
Pero pidió más acciones, argumentando que Maersk todavía transporta mercancías para el ejército israelí, incluidos componentes de sus aviones de combate F-35.
“Maersk sigue lucrando con el genocidio de nuestro pueblo, enviando regularmente componentes del F-35 para bombardear y masacrar a palestinos”, declaró Nizar. “Seguiremos ejerciendo presión y movilizando el poder popular hasta que Maersk rompa todos los vínculos con el genocidio y ponga fin al transporte de armas y componentes de armas a Israel”.
El año pasado, España prohibió a los barcos de Maersk que transportaban productos militares a Israel utilizar sus puertos.
A principios de este mes, PYM reveló cómo Maersk estaba utilizando el puerto de Rotterdam como un eslabón esencial en lo que llamó una “cadena de suministro de la muerte”.
A pesar de una sentencia de un tribunal holandés que prohibió a los Países Bajos exportar piezas del F-35 a Israel, Rotterdam todavía jugó un papel en el programa F-35 de Israel, mostró el informe.
En respuesta a esos hallazgos, Maersk dijo a Al Jazeera que mantiene una política estricta de no enviar armas o municiones a zonas de conflicto activo y que realiza la debida diligencia, particularmente en regiones afectadas por conflictos activos, incluidos Israel y Gaza, y adapta esta debida diligencia al contexto cambiante.
Sin embargo, confirmó que su filial estadounidense, Maersk Line Limited, era una de las “muchas empresas que apoyan la cadena de suministro global del F-35” con servicios de transporte.



NOTAS DE PRENSA DE MAERSK
Declaración de Maersk sobre los envíos de carga relacionados con el ámbito militar
18 de marzo de 2025

Las operaciones comerciales de Maersk se guían por estándares internacionales de conducta empresarial responsable, incluidos el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las directrices de la OCDE.

Maersk mantiene una política estricta de no enviar armas ni municiones a zonas de conflicto activo, garantizando así el cumplimiento de la normativa internacional y la alineación con los valores de nuestra empresa. Llevamos a cabo una diligencia debida rigurosa, especialmente en regiones afectadas por conflictos activos, como Israel y Gaza, y la adaptamos periódicamente al contexto cambiante. Desde el inicio del conflicto actual entre Hamás e Israel y a medida que se intensificaba, hemos mejorado nuestros procedimientos de revisión y aceptación de carga, además de implementar medidas de cumplimiento adicionales para reforzar nuestro compromiso con las operaciones responsables en el marco de los estándares internacionales. Definimos el límite entre lo que aceptamos transportar y lo que no tras una cuidadosa consideración de las recomendaciones, leyes y normativas. Si bien somos conscientes de que nuestra línea puede no coincidir con los deseos de todos, garantiza que nos mantenemos dentro de los marcos que definen las prácticas comerciales responsables y defendemos nuestros valores.

Como empresa global, atendemos a todo tipo de clientes, incluyendo empresas, instituciones y estados. También tenemos contratos con el gobierno de EE. UU. mediante la inclusión de nuestra filial de bandera estadounidense, Maersk Line, Limited (MLL), en el Programa de Seguridad Marítima. En apoyo a la política oficial estadounidense, estos contratos incluyen el transporte de carga a más de 180 países en el marco de programas de cooperación en seguridad, incluyendo también el transporte de carga civil y militar a Israel, y siguen un enfoque coherente entre países.

Además, la carga enviada por MLL a Israel en nombre del gobierno estadounidense siempre ha estado sujeta a una restricción general y clara. El programa de cooperación en seguridad de EE. UU. prohíbe el transporte de carga clasificada o sensible, que incluye armas y municiones, sin un Plan de Transporte presentado por el transportista y aprobado por el gobierno estadounidense. MLL nunca ha presentado un Plan de Transporte para la aprobación de este tipo de envíos, lo que confirma que MLL nunca ha transportado equipo clasificado o sensible bajo este programa.

El conflicto de Oriente Medio tiene consecuencias geopolíticas, de seguridad y humanitarias trágicas en toda la región. Es extraordinariamente complejo, con décadas de tensión que a menudo provocan activismo y un debate público tenso y polarizado, con poco margen para los matices.

Como corporación global, trabajamos con una amplia gama de grupos de interés de todo el mundo. Optamos por construir una empresa con una cultura que acoja y abrace profundas diferencias de valores, opiniones y perspectivas. Nuestros valores fundamentales abarcan el respeto mutuo, la atención y la mentalidad abierta. Estos valores, junto con una postura firme contra la presión de adoptar una visión única del mundo, son esenciales para gestionar y colaborar con perspectivas complejas, diversas y, a veces, contradictorias.

Creemos firmemente en el diálogo paciente dentro del sistema político para abordar las causas profundas de los grandes conflictos globales. Respetamos plenamente el derecho democrático a la protesta pacífica y el importante papel que desempeña la sociedad civil en la democracia, y, por supuesto, apoyamos una sociedad donde todos puedan debatir y discrepar.

Dicho esto, es una táctica conocida y común entre algunos grupos activistas atribuir acciones o puntos de vista inventados a un oponente o a instituciones y utilizar estas tergiversaciones para obtener atención pública y mayor apoyo para su causa. Esto es lo que estamos observando en la campaña activista específica que se dirige actualmente contra Maersk. La campaña está difundiendo acusaciones inexactas y, en algunos casos, ha involucrado suposiciones presentadas como hechos documentados y lo que parece información engañosa mediante la tergiversación de datos públicos. Lamentablemente, también hemos sufrido vandalismo y manifestaciones ilegales y agresivas en nuestras instalaciones y contra nuestros empleados. Esto no cambiará nuestra postura ni nuestras prácticas comerciales, guiadas por estándares internacionales.

Como tantos otros, esperamos avances en el proceso de paz. Estamos convencidos de que no existen atajos para un diálogo político significativo, y compartimos la convicción de que un acuerdo negociado políticamente es la única vía viable, con la responsabilidad, naturalmente, en manos de las instituciones internacionales, las naciones y los líderes políticos.

Reconocemos plenamente nuestra responsabilidad como proveedor global de logística y que nos corresponde reforzar siempre las prácticas comerciales responsables acordadas internacionalmente, especialmente al operar en zonas de conflicto activo. Seguiremos alineando nuestras acciones con las expectativas descritas en estos principios acordados y con cualquier ley y normativa aplicable.

Declaración sobre el transporte de piezas del F-35
JUNIO DE 2025

Maersk Line Limited (MLL), una subsidiaria de bandera estadounidense de Maersk, es una de casi cien compañías de logística, incluyendo, por ejemplo, compañías de camiones, transportistas marítimos, agentes de carga y aerolíneas que respaldan la cadena de suministro global del F-35 con servicios de transporte de proveedor a proveedor. La cadena de suministro completa del F-35 es, en última instancia, administrada y controlada por la coalición de países socios. El programa F-35 se basa en una red compleja de socios y proveedores internacionales en múltiples países, todos los cuales contribuyen a la producción y el mantenimiento de la aeronave. MLL, actuando como proveedor de transporte para el programa, proporciona servicios de transporte de puerto a puerto para muchos de los socios internacionales involucrados en este programa. Los proveedores de 10 países contribuyen con partes o componentes que se utilizan en el proceso de fabricación y producción de las aeronaves F-35. Como parte de la construcción de la coalición del F-35, MLL transporta regularmente partes entre los países participantes, incluido Israel, donde se fabrican las alas del F-35. Además de Estados Unidos, 16 países participan actualmente en el programa F-35 en el marco del programa de Participantes Cooperativos en Seguridad de Estados Unidos, entre ellos el Reino Unido, Dinamarca, Australia, Turquía, Noruega, Canadá, Italia, Países Bajos, Japón, Polonia, Israel, Suiza, Bélgica, Corea del Sur, Finlandia y Singapur.

Maersk mantiene su compromiso de respetar los estándares internacionales de conducta empresarial responsable, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas y las directrices de la OCDE, que abarcan todos nuestros negocios, incluidos los servicios de transporte que MLL proporciona al programa global de la cadena de suministro F-35.

Declaración sobre los transportes relacionados con los asentamientos israelíes
JUNIO DE 2025

Maersk cumple con los estándares internacionales de prácticas comerciales responsables, incluidos los Principios Rectores de la ONU y las directrices de la OCDE, y al mismo tiempo respeta las leyes y normativas locales. Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, y a medida que se ha intensificado, hemos reforzado nuestras medidas de control y cumplimiento. Reevaluar nuestros procesos es una prioridad constante, y lo hacemos en diálogo con las partes interesadas pertinentes. Si identificamos o tenemos conocimiento de procedimientos comerciales que entran en conflicto con nuestras políticas, respondemos con prontitud: suspendiendo la práctica, modificando el procedimiento o tomando otras medidas correctivas para alinearnos con nuestro compromiso con los estándares internacionales. Tras una reciente revisión de los transportes relacionados con Cisjordania, reforzamos aún más nuestros procedimientos de control en relación con los asentamientos israelíes, incluyendo la armonización de nuestro proceso de control con la base de datos del ACNUDH sobre empresas que realizan actividades en los asentamientos. Seguiremos revisando nuestras acciones para alinearlas con los estándares acordados internacionalmente para prácticas comerciales responsables y con cualquier ley y normativa aplicable.

Más información:


miércoles, 25 de junio de 2025

Concentración "Por Palestina Libre" Viernes 27 junio en Los jardines del Náutico e gijón

 


La Comisión Europea sigue optando por no prohibir el comercio con los asentamientos a pesar del Dictamen de la Corte internacional de Justicia y se queda en palabras pidiendo a Israel que cumpla el derecho internacional

La Comisión Europea sigue optando por no prohibir el comercio con los asentamientos a pesar del Dictamen de la Corte internacional de Justicia y se queda en palabras pidiendo a Israel que cumpla el derecho internacional


5.5.2025

Pregunta prioritaria para respuesta escrita P-001801/2025

a la Comisión

Reglamento 144

Mounir Satouri (Verts/ALE)

El 15 de enero de 2025, en una respuesta escrita, el Comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, afirmó que «las posiciones y políticas de la UE están plenamente alineadas» con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de septiembre de 2024 [1] .

Sin embargo, esta resolución, que recuerda las conclusiones de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de julio de 2024, insta a todos los Estados "a adoptar medidas para cesar la importación de cualquier producto originario de los asentamientos israelíes".

1. A la luz de la resolución de la ONU y la opinión consultiva de la CIJ, ¿considera la Comisión que la política de diferenciación de la UE —que simplemente excluye los productos de los asentamientos israelíes de las preferencias comerciales en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Israel— se ajusta al apartado 5(b) de dicha resolución y al apartado 278 de la mencionada opinión consultiva? Y, de ser así, ¿sobre qué base?

2. ¿Considera la Comisión que los Estados miembros están violando el Derecho internacional al seguir permitiendo el comercio de productos de los asentamientos israelíes en el mercado de la UE?

3. ¿Cómo piensa la Comisión avanzar con la prohibición de los productos procedentes de los asentamientos israelíes?

Enviado: 5.5.2025

5.5.2025


Respuesta del Sr. Šefčovič en nombre de la Comisión Europea

11.6.2025

La UE ha sido siempre clara en su posición de que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y ha condenado reiteradamente la política de asentamientos de Israel y la ocupación del territorio palestino que comenzó en 1967.
Como reiteró el Consejo Europeo los días 27 de junio [1] y 17 de octubre de 2024 [2] , la UE recordó la obligación de que Israel, al ejercer su derecho a defenderse, cumpla plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en todas las circunstancias.
Las posiciones y políticas de la UE están plenamente alineadas con las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU) sobre el estatuto del Territorio Palestino Ocupado (TPO) y, por lo tanto, son en general coherentes con las conclusiones de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los TPO, incluida Jerusalén Oriental, de 19 de julio de 2024 [3] , en lo que respecta al deber de no reconocimiento, el deber de distinguir en las relaciones con Israel entre su territorio y los TPO, y el deber de no asistencia.
En lo que respecta al deber de distinguir en las relaciones con Israel entre su territorio y el de los TPO, la UE ha procurado cumplir plenamente las obligaciones establecidas en el párrafo 278 de la Opinión Consultiva de la CIJ de 19 de julio de 2024 y el punto 4(d) de la Resolución del Consejo General de las Naciones Unidas de 13 de septiembre de 2024 [4] .
La Comisión sigue vigilando la situación en los TPO y ya ha incluido a nueve personas y cinco entidades en el régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos por abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos contra los palestinos en Cisjordania.
La UE está firmemente comprometida con una paz duradera y sostenible y no ha escatimado esfuerzos para trabajar con sus socios para reactivar el proceso político hacia la implementación de una solución de dos Estados

Ataque a la Flotilla de la Libertad de Gaza

2.5.2025

Responder por escrito

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001794/2025

a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Artículo 144

Lynn Boylan (The Left)

En la madrugada del 2 de mayo de 2025, el Conscience, un barco que forma parte de la Flotilla de la Libertad de Gaza, fue atacado por un dron en aguas internacionales y sufrió daños importantes.

La Flotilla de la Libertad de Gaza pretende romper el bloqueo de Gaza, que es tan severo que no ha entrado ninguna ayuda humanitaria desde que Israel rompió el alto el fuego en marzo de 2025. Ciudadanos de la UE estaban presentes a bordo del barco cuando fue atacado.

Hasta el momento, los funcionarios israelíes se han negado a hacer comentarios sobre el ataque.

¿El vicepresidente/recursos humanos:

1. ¿Exigir total transparencia y rendición de cuentas por este ataque?

2. ¿Exigir el fin inmediato del bloqueo israelí a Gaza?

3. ¿Asegurarse de que haya consecuencias diplomáticas y políticas por los ataques a cualquier trabajador humanitario, incluidos los ciudadanos de la UE?

Enviado: 2.5.2025

Última actualización: 7 de mayo de 2025

Respuesta del Alto Representante/Vicepresidente Kallas en nombre de la Comisión Europea
23.6.2025

23.6.2025

Pregunta escrita

La UE está muy preocupada por los informes sobre un ataque con drones contra un barco que transportaba ayuda humanitaria y activistas que se dirigían a Gaza. La UE desaconseja las flotillas como medio de entrega de ayuda.

Ponen en riesgo la seguridad de sus participantes y conllevan el riesgo de una escalada. Sin embargo, nada justifica atacar a los participantes de flotillas con drones.

Se necesita ayuda humanitaria en Gaza para ayudar a las personas que la necesitan desesperadamente. La UE reitera su llamamiento a Israel para que permita el libre flujo de ayuda humanitaria a gran escala hacia y por toda la Franja.

El Alto Representante/Vicepresidente ha trabajado en esta cuestión, incluso mediante llamadas con el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel y con socios internacionales, incluida las Naciones Unidas (ONU).

El Alto Representante/Vicepresidente expresó su profunda preocupación por el bloqueo humanitario, que dura más de dos meses, y por la intensificación de la operación terrestre israelí en Gaza [1] .

La UE ha reiterado constantemente que, al ejercer su derecho a defenderse, Israel debe cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en todas las circunstancias.

La UE condena firmemente cualquier ataque contra el personal humanitario y exige rendición de cuentas. La UE reitera la importancia de garantizar la protección de todos los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios, en todo momento, así como de las infraestructuras civiles, como las instalaciones médicas, las escuelas y las instalaciones de las Naciones Unidas.

Última actualización: 23 de junio de 2025


Estibadores franceses e italianos boicotean barco de armas israelí .Por Socialist Worke


 Los trabajadores del puerto de Fos-sur-mer en Marsella se han negado a manipular armas israelíes (Foto: Wikimedia commons)


Estibadores franceses e italianos boicotean barco de armas israelí
Por Socialist Worker, 10 de junio de 2025
Después de que los estibadores franceses se negaran a manipular las municiones israelíes, los estibadores italianos también se niegan a dejar que el barco atraque en el puerto de Génova.
Los trabajadores portuarios franceses afiliados al sindicato CGT se han negado a manipular armas destinadas a Israel para alimentar su genocidio.
En el puerto de Fos-sur-Mer, en Marsella, un barco de la compañía ZIM iba a zarpar con 14 toneladas de munición para ametralladoras. Sin embargo, en un acto de desafío, los miembros de la CGT se negaron a cargar el barco con las balas en solidaridad con Palestina.
“Estamos muy orgullosos de esta acción liderada por nuestros compañeros y que se inscribe en la larga tradición internacionalista de la CGT por la paz”, declaró la secretaria general de la CGT, Sophie Binet.
Es inaceptable que los estibadores de la CGT sean los obligados a defender los principios fundamentales del derecho internacional y los valores franceses. El gobierno debe bloquear de inmediato todos los envíos de armas al Estado de Israel, añadió.
La CGT afirmó que su boicot subrayaba la negativa de los trabajadores a “participar en el genocidio en curso orquestado por el gobierno israelí”.
El boicot tuvo éxito y representa una contundente victoria para los trabajadores que luchan contra Israel. El viernes, el barco ZIM zarpó de Fos-sur-Mer sin ninguna munición genocida a bordo.
Pero la resistencia se ha extendido más allá de Francia. Miembros de la CGT informaron a los trabajadores del puerto de Génova, en Italia, que el barco ZIM zarpaba rumbo a Génova el viernes.
Los trabajadores de la Unione Sindacale di Base (USB) convocaron inmediatamente un piquete en el puerto para impedir el atraque del barco de ZIM. La USB declaró: «Reiteramos enérgicamente que no queremos ser cómplices del genocidio en Gaza y que nos oponemos firmemente a todas las guerras».
Los miembros de USB están aprovechando la acción como trampolín para una acción más amplia, convocando una huelga general el 20 de junio. Llaman la atención sobre cómo las políticas de guerra del gobierno de Giorgia Meloni no hacen más que empobrecer a una población italiana ya agobiada por la inflación y los bajos salarios.
El año pasado, los estibadores de la CGT también denunciaron la escala de un buque Nexoe Maersk. Los trabajadores criticaron duramente a la dirección de Fos-sur-Mer por permitir que el buque, que transportaba piezas del avión F-35, hiciera escala en el puerto.
Pero la dirección no hizo nada y los trabajadores respondieron con una huelga para pedir que se dejara de armar a Israel.
El movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) es una herramienta clave para derrocar el apartheid israelí. Además del boicot de los consumidores, la movilización de los trabajadores y su negativa a manipular bienes y armas israelíes son un componente crucial del BDS.
Ganar el argumento de que todos los trabajadores deben boicotear los productos y armas israelíes es un avance crucial para el movimiento palestino. Únete a la acción de la Campaña de Solidaridad con Palestina frente a las fábricas de armas el martes 17 de junio.

martes, 24 de junio de 2025

De CAF a Sidenor: las empresas que hacen negocios en el genocidio Pedro Ramiro, Juan Hernández Zubizarreta y Javier González elsaltodiario.com


 El Tren Ligero de Jerusalén fue escenario de una acción de boicot en 2020. Foto: @OrenZiv1985

De CAF a Sidenor: las empresas que hacen negocios en el genocidio
elsaltodiario.com, 23 de junio de 2025
CAF promueve la ocupación. Sidenor participa, lo conoce y no hace nada por evitar el genocidio. Los grandes bancos financian las industrias militares.
Sostener el genocidio en Gaza, para el Estado de Israel, requiere de un apoyo permanente a nivel internacional. Una cobertura a nivel político, económico y cultural, que en lo inmediato pasa por lo más elemental: el suministro de los recursos materiales que hagan posible que la masacre continúe. La guerra, como suelen decir los movimientos antimilitaristas y de solidaridad con el pueblo palestino, empieza aquí: los puertos españoles dan soporte a los buques que transportan armamento para alimentar la maquinaria bélica de la potencia ocupante.
La semana pasada se hizo público que un barco de la naviera israelí ZIM, proveniente de Barcelona y cargado con 393 toneladas de acero, había atracado en el puerto de Mersin, en Turquía, en su camino hacia Israel. El movimiento BDS exigió a las autoridades turcas bloquear la ruta y confiscar la mercancía, pero el carguero llegó finalmente a su objetivo sin problemas y con solo un día de retraso. El destino final del cargamento era el puerto de Haifa, donde fue entregado a la empresa IMI (Israel Military Industries), que fabrica armas y municiones para el ejército israelí. El origen, la compañía vasca Sidenor, de cuyas plantas en la península ibérica salieron los aceros especiales que sirven para producir el armamento necesario para que siga el exterminio. La guerra, o digamos más bien el genocidio, efectivamente, comienza aquí.
De Nuremberg a Gaza
Ya en los tribunales de Nuremberg, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se abordó la responsabilidad jurídica de las empresas transnacionales por colaborar con el nazismo en la comisión de crímenes de lesa humanidad. En 1947, los directivos de las compañías industriales Flick, I. G. Farben y Krupp fueron juzgados por el uso de prisioneros de guerra y trabajo esclavo para la producción de armas, el saqueo de propiedades públicas y privadas, y la pertenencia a organización criminal.
Como se ha venido acreditando desde entonces en diferentes casos y contextos, las empresas no pueden alegar un error invencible para desentenderse de su responsabilidad por los crímenes internacionales. Digamos, en términos más claros, que estas compañías no pueden desconocer que sus actividades son inseparables del contexto en el que se desarrollan. Tampoco pueden desentenderse de sus obligaciones porque, más allá de las responsabilidades de los Estados por apoyar, directa o indirectamente, a Israel en la comisión de crímenes de guerra y apartheid, las grandes corporaciones son sujetos de responsabilidad jurídica. “El derecho internacional vigente considera ilícitas e incrimina en tratados y convenios diversas actividades realizadas por entidades o personas privadas”, recuerda Alejandro Teitelbaum, incidiendo en que “esta responsabilidad escapa al enfoque tradicional del derecho penal, fundado en la idea de la culpa, que sostiene que sólo los seres humanos, dotados de inteligencia y voluntad, pueden delinquir y que societas delinquere non potest”. Muchos países, sin ir más lejos España, han incorporado —en determinadas condiciones— la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal.
En el caso del Estado español, hay diferentes empresas que tienen sus cuentas de resultados manchadas por las violaciones de derechos humanos en Palestina

Las violaciones continuadas del derecho internacional por parte del Estado de Israel han sido acreditadas por numerosas resoluciones de Naciones Unidas y por los dictámenes recientes de la Corte Internacional de Justicia, que las grandes compañías han desoído para seguir con sus operaciones, como si nada, en un contexto de genocidio. En el próximo informe de la relatora especial de la ONU sobre los territorios ocupados palestinos, Francesca Albanese, que se publicará a primeros de julio, se describe cómo hay un millar de empresas que se están lucrando con el exterminio del pueblo palestino. Como anunciaba hace unos días la relatora en una entrevista, en el informe se darán detalles de 45 grandes empresas que apoyan y financian la ocupación israelí.

En el caso del Estado español, hay diferentes empresas que tienen sus cuentas de resultados manchadas por las violaciones de derechos humanos en Palestina. La empresa CAF, con sede en Beasain (Gipuzkoa), participa en la construcción de varias líneas de tranvía que conectan Jerusalén con los asentamientos ilegales de colonos en los territorios palestinos. La también vasca Sidenor, como decíamos, produce acero para que sea utilizado en la fabricación de armamento por IMI Systems. Y la matriz de esta compañía del complejo industrial-militar, Elbit Systems, recibe financiación de los bancos Santander y BBVA.

La vasca Sidenor produce acero para que sea utilizado en la fabricación de armamento por IMI Systems

IMI Systems, de hecho, es la misma empresa que viene suministrando municiones al Estado español y que hace unas semanas salió a la luz por los contratos de balas que el ministerio del Interior se vio obligado a cancelar. Esta compañía no duda en sacar pecho por su contribución al genocidio: en un vídeo promocional para inversores, tal y como ha denunciado Público, se jacta de cómo en diferentes operaciones militares “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hicieron un amplio uso de las tecnologías de Elbit Systems, que demostraron su contribución decisiva a los logros del combate”.

CAF y Sidenor

CAF promueve la ocupación. Sidenor participa, lo conoce y no hace nada por evitar el genocidio. Los grandes bancos financian las industrias militares. “Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros”, dicen los directivos de estas empresas en su descargo. Pero este argumento clásico, que se ha aplicado también en otros casos como el de la fabricación de buques de combate en Navantia para su venta a Arabia Saudí, no puede ocultar la responsabilidad de las grandes corporaciones y de los gobiernos que las apoyan en la violación del derecho internacional.

CAF y Sidenor son empresas consideradas como estratégicas por los gobiernos español y vasco. Ambas compañías han recibido múltiples apoyos estatales: fondos europeos, ayudas a la internacionalización, diplomacia económica, etc. En la última junta de accionistas de CAF, celebrada hace una semana, el representante de la compañía aseguró que están cumpliendo la legislación internacional, que han pedido a expertos externos que les ayuden a “navegar en esta situación tan complicada y han recibido un feedback muy positivo”. Y el consejero de Industria del gobierno vasco, en declaraciones a la Cadena SER, ha afirmado que “nosotros, como accionistas minoritarios, creemos que tienen un buen gobierno corporativo y que las medidas que están tomando y sus explicaciones son buenas”.
Los grandes bancos, mientras tanto, se escudan en sus códigos éticos y declaraciones de intenciones para evadir su evidente responsabilidad en la financiación del genocidio
Sidenor, por su parte, es la empresa elegida por el ministerio de Transportes para garantizar la españolidad de Talgo. Frente a la opa de otras compañías europeas que querían absorber a la fabricante de trenes, el gobierno español lleva negociando con el presidente de Sidenor desde hace un año la absorción de Talgo, y para ello se están diseñando sofisticados mecanismos financieros para avalar la operación. Los grandes bancos, mientras tanto, se escudan en sus códigos éticos y declaraciones de intenciones para evadir su evidente responsabilidad en la financiación del genocidio.
El ministro Pablo Bustinduy anunció la semana pasada, sin dar nombres ni detalles, que diversas empresas españolas habían cesado sus operaciones en los territorios ocupados palestinos. Para que esta buena noticia fuera completa, habría de ampliarse con la salida de otras compañías como Edreams y CAF —la primera figura, junto a AirBnB y Booking, en la base de datos de Naciones Unidas que recopila las empresas que operan en los territorios ocupados de Palestina; la segunda, a pesar de que aparece su socia israelí Saphir, todavía no—, que siguen incrementando sus ganancias con el apartheid. Si la guerra empieza aquí, aquí hay muchas formas de contribuir a detener el genocidio en Gaza.
Las declaraciones sobre el cumplimiento de derechos humanos por parte del Gobierno español tienen que concretarse en controles efectivos y sanciones a las empresas que suministran los recursos y los materiales indispensables para que continúe la aniquilación del pueblo palestino. La restricción de contratos de compra de armas a Elbit Systems, sabiendo que llega dos años tarde y que por el camino se han firmado decenas de acuerdos con esta y otras compañías militares, marca la línea a seguir. Y habría que avanzar en la exclusión de todas estas empresas de la contratación pública. Todos los contratos de compraventa de armamento a Israel tienen que ser rescindidos. Como han venido repitiendo cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos: el gobierno español debe decretar inmediatamente un embargo integral de armas a Israel.
Sanciones y embargo
En los próximos días se va a discutir en el Parlamento Europeo la suspensión del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel. Esta posibilidad, que nunca ha llegado a estar en discusión durante el último año y medio, está ahora mismo sobre la mesa —como todas las medidas tomadas por el gobierno español, que se ha visto obligado a modular su posición— gracias a la presión social. “Suspender el acuerdo comercial con Israel no detendrá la matanza en Gaza”, ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Lo que seguro que no parará el genocidio es hacer lo que ha hecho la Unión Europea en estos dos años. Es cierto que en los discursos de los grandes partidos e instituciones internacionales algo se está moviendo, pero no servirá de mucho si no se concreta en acciones efectivas y rápidas.
En numerosas ocasiones hemos estudiado cómo las transnacionales europeas aprovechan la deslocalización de sus fábricas para evadir sus responsabilidades legales y enriquecerse a través de las cadenas mundiales de valor. Ahora, cuando se demuestra que la cadena global de suministro de armas empieza en nuestro propio territorio, es más sencillo cortocircuitar esa lógica. Ni siquiera hacen falta complejas auditorías y evaluación de procesos de diligencia debida a otras proveedoras y subcontratas en terceros países, basta con aplicar, aquí y ahora, los principios fundacionales del derecho internacional.
El revuelo organizado en torno a los festivales de música que son propiedad de un fondo de inversión pro-israelí, o el que se ha producido al hilo de la instalación en Huesca de una macroplanta de baterías de litio por parte de una transnacional israelí, demuestran que la movilización social y la campaña de boicot son clave para detener el genocidio. “El derecho internacional, sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos, está hecho de movimientos sociales que conducen a una transformación del ordenamiento jurídico”, concluye la relatora Albanese. Y hay que poner el foco, como hace su esperado informe, en las empresas que hacen negocio con la masacre: “Las que explotan los recursos palestinos, las que suministran armas, financian el sistema penitenciario, los bancos, los fondos de pensiones, las aseguradoras, los supermercados, las organizaciones no gubernamentales que blanquean dinero para los israelíes, las universidades, las finanzas…”. Al fin y al cabo, es una cuestión que trasciende la técnica jurídica, se llama voluntad política.
...


Sánchez y Díaz pactan tramitar una ley que facilite el embargo a la industria militar de Israel

Sánchez y Díaz pactan tramitar una ley que facilite el embargo a la industria militar de Israel La iniciativa se impulsará en el Congreso de...