jueves, 13 de febrero de 2025
El Tribunal de Justicia Europeo rechaza la modificación de la sentencia sobre el Sáhara Occidental presentada por la Comisión wsrw.org,
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Foto: Maria Klenner
El Tribunal de Justicia Europeo rechaza la modificación de la sentencia sobre el Sáhara Occidental presentada por la Comisión
wsrw.org, 5 de febrero de 2025
La Comisión Europea, apoyada por los gobiernos de España y Francia, pidieron rectificar párrafos de la sentencia donde se diferenciaba entre 'población' y 'pueblo' alterando la composición del sujeto político afectado por la colonización marroquí
El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó dos sentencias en las que concluía que tanto el Acuerdo de Comercio Preferencial UE-Marruecos como el Acuerdo de Pesca UE-Marruecos son inaplicables en el Sáhara Occidental, ya que el pueblo del territorio no había dado su consentimiento a los mismos.
En las sentencias, el Tribunal añadió párrafos aclaratorios en los que se afirma que existe una diferencia entre la «población» del Sáhara Occidental y el «pueblo» del Sáhara Occidental, es decir, los titulares del derecho a la libre determinación. «Ese pueblo, que en su mayor parte ha sido desplazado, es el único titular del derecho a la libre determinación con respecto al territorio del Sáhara Occidental. El derecho a la libre determinación pertenece a ese pueblo, y no a la población de ese territorio en general, de la cual, según las estimaciones proporcionadas por la Comisión en la audiencia ante el Tribunal de Justicia, solo el 25% es de origen saharaui», dictaminó el Tribunal (§128 de la sentencia sobre comercio, §157 de la sentencia sobre pesca).
El 24 de octubre de 2024, menos de tres semanas después del veredicto, la Comisión Europea presentó al Tribunal solicitudes de rectificación de los anteriores párrafos de las sentencias, los mismos párrafos que aclaran que el pueblo del Sáhara Occidental, que tiene derecho a dar su consentimiento en virtud de su derecho a la libre determinación, ha sido desplazado en su mayoría. La Comisión afirmó que esos párrafos contenían inexactitudes y afirmó que no está claro si la mayoría del pueblo saharaui vive de hecho fuera del territorio.
La solicitud, que fue apoyada por los Gobiernos de España y Francia, hasta ahora no ha sido de dominio público.
A finales de la semana pasada, el Tribunal publicó sus conclusiones en la web. En ellas se afirma que el 15 de enero de 2025, el TJUE dictó autos rechazando la solicitud de la Comisión de rectificación de las sentencias sobre pesca y comercio. El Tribunal determinó que no había inexactitudes evidentes en los párrafos específicos que justificaran una corrección. El auto enfatizó que las sentencias originales se mantienen tal como se dictaron, sin ninguna modificación de las secciones impugnadas.
Para el Tribunal, es un asunto establecido que la mayoría del pueblo saharaui no vive en el territorio hoy en día, habiendo sido desplazado, mientras que una gran mayoría de los habitantes actuales del territorio no son saharauis. Este nuevo auto del Tribunal definitivamente parece haber cerrado la posibilidad a la Comisión Europea de eludir el consentimiento reemplazando al pueblo saharaui por otras partes interesadas.
“El intento de la Comisión Europea de distorsionar la demografía del Sáhara Occidental es un acto descarado de manipulación, diseñado para socavar las claras sentencias del Tribunal. Están tratando de fabricar dudas donde no las hay, todo para justificar su continua complicidad con la explotación ilegal del territorio por parte de Marruecos. Esto no es sólo un insulto al derecho internacional, es un insulto al pueblo saharaui desplazado que ha luchado durante décadas por su legítimo derecho a la autodeterminación”, afirma Sara Eyckmans de Western Sahara Resource Watch. “Al rechazar las solicitudes de rectificación, el Tribunal reafirma su interpretación del derecho internacional en este contexto, en particular en lo que respecta al principio de autodeterminación y los derechos del pueblo del Sáhara Occidental”.
Cabe señalar que la Comisión Europea no comunicó a los europarlamentarios, en las audiencias celebradas durante el otoño de 2024, que había solicitado al Tribunal de Justicia de la UE que revisara párrafos clave de las sentencias sobre comercio y pesca. En cambio, los representantes de la Comisión dijeron a los parlamentarios de las comisiones de Comercio Internacional, Pesca y Agricultura que todavía estaban analizando las sentencias. “Está claro que la Comisión simplemente estaba ganando tiempo mientras esperaba los resultados de sus esfuerzos por socavar los derechos del pueblo saharaui”, concluye Eyckmans.
Más información:
El gran robo de libros palestinos . Ana Cardenes .EFE,
El gran robo de libros palestinos
Ana Cardenes
EFE, 10 de febrero de 2012
El Gran Robo de Libros de Palestina, es el filme que ultima el director israelí Benny Brunner, con el que sacará a la luz el robo de las bibliotecas privadas árabes durante la “Nakba” (“catástrofe” en árabe, vocablo con el que los árabes describen el exilio y desposesión palestina tras la fundación de Israel en 1948).
“En una operación conjunta del Ejército y la Biblioteca Nacional -que entonces pertenecía a la Universidad Hebrea- se recogieron unos 30 000 libros en casas palestinas de Jerusalén Oeste y 40 000 en ciudades árabes como Haifa o Nazaret”, explicó a EFE Brunner, en conversación telefónica desde Ámsterdam.
Según el director, que basa su cinta en una tesis doctoral del israelí Gish Amit, los bibliotecarios desecharon unos 24 000 volúmenes y se quedaron con otros 46 000.
Más de 7 000 están hoy en la Biblioteca Nacional clasificados como “Propiedad de Ausentes (AP)”, mientras que el resto “no se sabe dónde ha ido a parar, pero hay evidencias de que parte habría sido incluida en la colección general”, asegura Brunner.
Entre las bibliotecas confiscadas estarían algunas de las más antiguas familias de Jerusalén, como los Sakakini, Nashasiwi o Al Huseini, que incluían joyas de la literatura islámica y árabe.
El documental sostiene que, si bien en un principio los libros fueron registrados de acuerdo a su procedencia, en los años 50 se eliminaron las tarjetas identificativas que permitirían relacionarlos con sus dueños en caso de que los reclamasen algún día.
“Se ordenó cortar los lazos, hacer imposible la devolución de los libros, apropiárselos", afirma Brunner, que añade que también se confiscaron otros documentos “como el gran archivo de periódicos de Yafa, que conservaba ediciones de los grandes periódicos árabes que se imprimían allí”.
Muchos de los dueños de los libros y sus herederos son hoy refugiados palestinos a los que Israel no permite entrar en el país, mientras que otros están en los territorios ocupados o viven en Israel y tienen ciudadanía israelí.
Es el caso de Anwar Ben Badis, residente en Jerusalén y originario de Tantura (norte de Israel), uno de los pueblos palestinos destruidos en la guerra.
Según él, su padre tiene grabadas dos imágenes que jamás olvidará: “Cómo los soldados judíos de la división Alexandrón de la Haganá se llevaron los libros de la casa familiar e inmediatamente después dinamitaron la casa”.
“En total, perdimos unos 1.600 libros, la mayoría textos sagrados. En 1991, un amigo antropólogo que estudiaba en la Biblioteca Nacional encontró tres libros con una tarjeta dentro con los nombres de mi abuelo y su hermano. Alguien los sacó de allí y nos los entregó. Ilegalmente. Igual que ellos nos los robaron”, asegura.
Su familia reclamó reiteradamente la devolución de esos y otros libros a la Biblioteca Nacional sin obtener nunca respuesta, añade.
Una portavoz de esa institución señaló que “la colección de Propiedad Ausente tiene solo 8 000 volúmenes, no forma parte de las colecciones propiedad de la Biblioteca Nacional y está bajo la autoridad legal del Custodio de Propiedad Ausente del Ministerio de Finanzas”, a quien remitió para cualquier consulta, pero que no respondió a las solicitudes de información.
Vídeo: El gran robo de libros de Palestina (en inglés)
'Borrado cultural': arresto israelí de dueños de librerías en Jerusalén Equipo palestinechronicle.com
Mahmoud Muna y su sobrino Ahmad Muna fueron esposados y se los llevaron unos agentes de policía israelíes encubiertos. (Foto: captura de video)
'Borrado cultural': arresto israelí de dueños de librerías en Jerusalén
Israel liberó a dos propietarios de librerías palestinas después de detenerlos en su tienda en Jerusalén Este el domingo.
Mahmoud Muna y su sobrino Ahmad Muna fueron esposados y sacados de The Educational Bookshop por agentes de policía israelíes encubiertos alrededor de las tres de la tarde, informó Middle East Monitor (MEMO).
La tienda fue saqueada y se confiscaron muchas publicaciones, incluido un libro para colorear para niños titulado "Del río al mar".
“Utilizaron el traductor de Google para los libros y se llevaron todo lo que no les gustó”, dijo el lunes Murad Muna, hermano de Mahmoud. “Incluso encontraron un periódico, Haaretz, con una foto de los rehenes y preguntaron de qué se trataba, diciendo que era una incitación. Se llevaron todos los libros que tenían una bandera palestina”.
'Apoyando el terrorismo'
La acusación contra Mahmoud y Ahmad fue inicialmente de “incitar y apoyar el terrorismo”, informó MEMO.
El abogado Nasser Odeh, que representó a los libreros, dijo que durante el interrogatorio les dijeron que el cargo había cambiado a “alterar el orden público”.
“Para abrir una investigación por incitación, la policía necesita la autorización de la fiscalía. Parece que se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de obtenerla, por lo que cambiaron la acusación al delito más genérico de ‘alteración del orden público’”, según se informó.
"Nunca he conocido un caso en el que alguien haya sido detenido durante la noche por sospecha de alterar el orden público", añadió Odeh.
'Libros quemados' - Ilan Pappe
El reconocido historiador y activista israelí, profesor Ilan Pappe, condenó los arrestos de los libreros y dijo que “la siguiente etapa será quemar libros y romper los escaparates de las librerías”.
“Cuando un régimen tiene miedo a los libros, es otra señal de que sus días están contados”, añadió en una publicación de Facebook.
La editorial, que publicó fotografías de ambos en su página de Instagram tras su liberación, emitió anteriormente un comunicado condenando sus arrestos.
Represión de la libertad de expresión
La librería educativa fue fundada por el padre de Mahmoud, Ahmad Muna, en 1984 y se especializa en libros en árabe e inglés sobre el conflicto israelí-palestino y la historia de Jerusalén, informó MEMO. Todos los libros que se venden en la librería son importados a Israel, en su mayoría a través del puerto de Ashdod, y pasan la inspección de las autoridades israelíes.
Saqi Books dijo que su detención era “un duro recordatorio de la actual campaña para reprimir la libertad de expresión e información que desafía la ocupación de Palestina por parte de Israel”.
“La libertad de expresión es una piedra angular de todas las sociedades justas. No hay seguridad genuina sin la libertad de leer, y no hay libertad de leer sin que los libreros puedan realizar su trabajo con seguridad y libertad”, añadió en un comunicado.
Crítica
Sus arrestos provocaron una condena generalizada en las redes sociales, y Husam Zumlot, embajador del Estado de Palestina en el Reino Unido, lo calificó de recordatorio de la “campaña en curso para censurar el conocimiento, reprimir la libertad de expresión y la información que desafía la ocupación israelí de Palestina y, en este caso, la ocupación colonial ilegal de #Jerusalén por parte de Israel y sus medidas opresivas en la ciudad”.
La organización Publishers for Palestine dijo en Instagram que el ataque a los propietarios y su tienda, “un importante centro que ha promovido la cultura palestina y los libros en árabe durante cuarenta años, es parte de la práctica israelí de borrado cultural y su proyecto genocida más amplio contra los palestinos”.
(PC, NOTA)
miércoles, 12 de febrero de 2025
¿Es legal que Israel participe en FITUR?
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¿Es legal que Israel participe en FITUR?
Los diputados de SUMAR, Enrique Santiago Romero y Félix Alonso Cantoné formulan esa pregunta escrita al Gobierno, al hilo de lo acontecido, una vez más, con las publicaciones que se exhiben en el estand de Israel en la Feria de Turismo, Fitur.
En el reciente certamen Feria de Turismo, FITUR, celebrado en el mes de enero en Madrid, Israel estaba representado en uno de los pabellones. En él se difundían mapas territoriales y folletos publicitarios de diferentes empresas privadas. Estos mapas folletos de la Administración israelí incluían como parte de su soberanía nacional Territorios Ocupados como los Altos del Golán sirios, las Granjas de Shebaa libanesas o la Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén.
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La ocupación de estos territorios de manera unilateral e ilegalmente supone una grave violación del derecho internacional. En un informe realizado por la Comisión Internacional de Investigación, nombrada por la ONU en el año 2021, concluyó que algunas de las políticas y acciones llevadas a cabo por los diferentes gobiernos israelíes pueden constituir “elementos” de crímenes bajo el derecho penal internacional, incluido el crimen de guerra de transferir parte de su propia población civil al territorio ocupado. La Asamblea General de la ONU emitió en septiembre de 2024 una resolución con 124 votos a favor en la que pedía a Israel el fin de la presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este, y que lo haga no más tarde de doce meses.
La Organización Mundial de Turismo se rige por la ética y sostenibilidad del turismo y el respeto de un Código de Conducta. Mientras que Rusia fue expulsada de la OMT después de la invasión rusa a Ucrania, Israel sigue siendo miembro de la organización mientras que ocupa una parte de Siria y el resto de Palestina desde hace décadas. FITUR permite que un Estado ocupante como Israel, que publicita con impunidad y en contra del derecho internacional el Gran Israel, es decir, toda la Palestina histórica como parte de su territorio (incluyendo los Altos del Golán sirio) tenga un stand en la Feria que visitan miles de personas cada año.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 30 de junio de 2023, actualizó la lista de empresas que mantienen una actividad turística en los territorios ocupados. En concreto se menciona a algunas como Airbnb, Booking, Expedia, Tripadvisor y la española Edreams, que ofrecen en sus plataformas alojamientos y otros servicios en los “asentamientos”, que no son sino colonias nacidas por la fuerza, la expropiación y el expolio a la población palestina.
Dado que el 19 de julio la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció que los Estados no deben de "mantener, con respecto al Territorio Palestino Ocupado o partes del mismo, relaciones económicas o comerciales con Israel que puedan reforzar la presencia ilegal de este último en dicho territorio ; abstenerse, en el establecimiento y mantenimiento de misiones diplomáticas en Israel, de reconocer en modo alguno su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado; y tomar medidas para impedir el comercio o las inversiones que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado".
¿Piensa el Gobierno de España prohibir la participación de Israel en FITUR y a las empresas que promocionen un turismo colonial?
¿Planea el Gobierno romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel mientras siga ocupando ilegalmente estos territorios?
¿Qué otras medidas adoptará el Gobierno de España para impedir que se promocionen territorios ocupados como destinos turísticos?
Palacio del Congreso, 11 de febrero de 2025
Más información:
¿Qué habrían hecho hoy los brigadistas judíos ante el genocidio del pueblo palestino? Ricci Galiano, Estudiante de la UCM, miembro de la RUxP. Irina Fernández, Profesora de Sociología de la UNED, miembro de la RUxP.
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La intervención de los judíos en la Guerra Civil se realizó a partir de su propio batallón, la Unidad Botwin, que estuvo nueve meses en combate activo.
¿Qué habrían hecho hoy los brigadistas judíos ante el genocidio del pueblo palestino?
Ricci Galiano, Estudiante de la UCM, miembro de la RUxP.
Irina Fernández, Profesora de Sociología de la UNED, miembro de la RUxP.
Ángeles Diez, Profesora de Sociología de la UCM, miembro de la RUxP.
elsaltodiario.com, 9 de febrero de 2025
Este artículo reflexiona sobre la exposición y las conferencias que ha programado el Centro Sefarad-Israel sobre los brigadistas judíos que vinieron a nuestro país para defender la II República y luchar contra el fascismo.
La historia, o más bien los hechos históricos, no son susceptibles de ser cambiados a conveniencia. No ocurre así con la interpretación de esos mismos hechos, lo cual es siempre fruto del contexto, de los agentes que interpretan, de los intereses que orientan el relato y, dentro de estos últimos, de las instituciones que se sirven de esos hechos con fines poco claros. Este es el caso de la exposición sobre los brigadistas judíos que se exhibe en el Centro Sefarad-Israel y que está siendo arropada por un programa de conferencias.
La exposición y la conferencia que el periodista Giles Tremlett impartió el 22 de enero se complementaron perfectamente reforzando el relato del valor de los brigadistas, que hicieron suyos los valores republicanos contra el fascismo, enalteciendo a los brigadistas judíos sólo por ser judíos y no por ser comunistas, ni por ser seres humanos capaces de dar su vida por defender la justicia y los derechos de un pueblo que estaba siendo masacrado por el fascismo.
Reza una máxima del periodismo que una noticia sin contexto no es más que propaganda, y sin duda puede ser aplicada a esta exposición y a su programa de conferencias. En este caso, el contexto más relevante, por estar oculto, no es el de los contenidos de los afiches, fotografías y documentación de la exposición, sino el del lugar en el que se realiza la exposición, el tema elegido, y los acontecimientos políticos y geopolíticos actuales que enmascara. Aunque no cabe duda de que el contexto que se selecciona para enmarcar la lucha de los brigadistas judíos adolece también de sesgos muy significativos, y desde luego, no es nada desinteresado, como quedó patente cuando algunos profesores y alumnos quisimos dar ese contexto en la conferencia del Sr. Tremlett.
Comencemos por el lugar: el centro Sefarad-Israel. El centro se presenta, tal y como nos dijo la responsable de la exposición en la conferencia de Tremlett, sin vínculo con el Estado sionista, dedicado a promover la cultura y, por tanto, “ajeno a la política”.
La realidad objetiva del centro, de sus funciones y actividades, dista bastante del relato con el que se da a conocer al público español. Se trata de un consorcio integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid dedicado no sólo a “promocionar el rico legado sefardí existente en España y divulgar las manifestaciones de la cultura judía” sino —en palabras de su propio director general, Jaime Moreno— “promover una red de relaciones con nuestros amigos de Israel”. Es por este motivo que, tal y como figura en una placa de la Sala Samuel y Sarita Hayón del centro el mismo fuera inaugurado en el año 2011 por Juan Carlos y Sofía de Grecia en compañía del entonces presidente de Israel Shimon Peres (arquitecto de la limpieza étnica de Galilea y de las relaciones diplomáticas entre Israel y la Sudáfrica del Apartheid).
Aparentemente, el Centro tiene como objetivos “promocionar el rico legado sefardí existente en España”, “aplicar el Plan Nacional de lucha contra el Antisemitismo” y “que la sociedad española aprenda más sobre sus raíces, en las cuales el mundo judío ha estado y está presente”. Para ello, realiza actividades como “exposiciones, [...] presentaciones de libros, coloquios, visionado de películas y documentales, conciertos, etc.”
Si estas afirmaciones de su web fueran ciertas, el Centro Sefarad-Israel no sólo promovería relaciones con “nuestros amigos de Israel”, sino también con muchos otros países, incluidos países árabes a los que llegaron los sefardíes expulsados de la península, por ejemplo, con nuestros “amigos marroquíes”, de los Países Bajos, Argentina, etc.
Otro dato interesante sobre las actividades del centro es cómo la promoción del rico legado sefardí se convierte en la promoción de todo lo relacionado con la memoria del Holocausto. Si atendemos por ejemplo a la programación de enero, de los 15 días del mes en el que se programan actividades —dejando sin contabilizar la exposición del US Holocaust Memorial Museum, con el subtítulo “Decisiones, comportamiento humano y el Holocausto”, del 15 de enero al 3 de marzo—, encontramos que, en enero, 8 días son actividades relacionadas con la memoria del Holocausto, es decir, un 53%. En el mes de febrero ocurre algo parecido, el 40% de lo programado tiene que ver con el Holocausto.
En cuanto al segundo objetivo, la “lucha contra el antisemitismo” no deja de ser cuanto menos curioso que el Centro Sefarad-Israel y las responsables de sus eventos confundan antisemitismo con antisionismo, e incluso que consideren el antisemitismo un racismo que sólo afecta a los judíos. Antisemitismo significa prejuicio u odio hacia los “semitas”, que son las personas que hablan lenguas semíticas como el árabe, el hebreo y otras lenguas antiguas del Mediterráneo oriental. Así pues, ignorar deliberadamente que los palestinos también son semitas y acusar de antisemita todo gesto, pregunta o referencia a la causa palestina o a los crímenes del Estado israelí (hoy en día jurídica y científicamente demostrados) no deja de ser una actitud abiertamente instrumental e interesada.
Por otro lado, el sionismo es una ideología supremacista y xenófoba que en su día fue condenada por la resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU el 10 de noviembre de 1975, equiparándola al racismo y al apartheid. Ciertamente esta resolución fue revocada en 1991 por la presión de Estados Unidos e Israel; pero las disposiciones legislativas y administrativas discriminatorias que sufren los más de dos millones de palestinos israelíes (el 21% de la población que vive en Israel), los asesinatos en masa, la ocupación y limpieza étnica que padecen los palestinos de los territorios ocupados y colonizados, siguen dotando de vigencia una resolución que condenaba el sionismo por “ser una amenaza a la paz y la seguridad mundiales” y “exhortaba a todos los países a que se opusieran a esa ideología racista e imperialista”.
Cuando se nos acusa de manejar estereotipos, basta echar una mirada superficial a toda la cultura Occidental para descubrir que si hay un pueblo o comunidad estereotipada son los musulmanes y el islam, incluso podemos afirmar que se trata de una hostilidad beligerante. Hecho que quedó patente cuando desde el público, y después de haber escuchado la conferencia del Sr. Tremlett, le preguntamos sobre qué hubieran hecho los brigadistas judíos hoy ante el genocidio palestino, y la responsable del Centro Sefarad-Israel, tomó el micrófono, adelantándose al periodista, para acusarnos de antisemitas, de protagonizar un “acto de odio” (sic) e insistir en que las brigadas internacionales nada tenían que ver ni con “la política” ni con “este tema actual” del que nosotras hablábamos (léase el genocidio del pueblo palestino). Tampoco la conferencia estuvo exenta de elipsis, no creemos que casuales, tan claras como esta última, pues el Sr. Tremlett evitó en todo momento hablar del pueblo palestino, refiriéndose a ellos como “árabes”, o hablando de cómo algunos de los brigadistas judíos emigraron a Israel después de la guerra de los “países árabes contra Israel”.
En general, la verdad suele estar fuera de nosotros, en lo que hacemos y no en lo que decimos.
Tanto en la exposición sobre los brigadistas judíos como en la conferencia de Tremlett se elude o se oculta, de hecho, el carácter explícitamente antisionista de los brigadistas judíos frente al impulso colonizador sionista, produciéndose así una elipsis que favorece una lectura de la exposición acorde con el discurso oficial acerca de “nuestros amigos de Israel”.
El sionismo se presenta a menudo como el único custodio de la historia del pueblo judío y, sin embargo, es un agente fundamental en el borrado deliberado de toda aquella memoria y legado que contradice que la comunidad judía haya aceptado (y acepte) de manera homogénea y acrítica el sionismo. Un relato interesado que, sin embargo, la política cultural y diplomática de Israel logra consolidar entre algunos sectores de la opinión pública gracias, también, al apoyo que le brindan sus aliados occidentales como el Estado Español y las distintas administraciones. En estos actos culturales, además, el target es un público ilustrado y progresista que pondrá en valor la memoria de las brigadas internacionales tratando como secundario, irrelevante, etc., el sesgo normalizador del sionismo.
Si las actividades del Centro Sefarad-Israel buscaran el rigor histórico y contribuir al conocimiento del rico legado que dejaron los brigadistas judíos, no habrían tenido ningún inconveniente en una contextualización que destacara el papel del Comunismo internacional, (Comintern). El Segundo Congreso de la Comintern, celebrado entre julio y agosto de 1920, contó con un momento histórico para la clase trabajadora judía por la confrontación entre Michael Kohn-Eber (miembro de la organización “a la izquierda” del sionismo, Poalei Sion) y la bundista Esther Frumkina. El Bund o la Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Bielorrusia surgió a finales del siglo XIX con la intención de organizar a los trabajadores judíos contra una explotación en la que mediaban el ostracismo y la devaluación a los que acompañaba el antisemitismo.
El Bund se oponía frontalmente a la Agencia Judía de Colonización (fundada en 1891) y al Congreso Mundial Sionista (fundado en 1897), cuyos principales promotores provenían de las capas más altas del pueblo judío y cuyo proyecto colonial contemplaba el paradigma del “regreso” a Palestina como una oportunidad para explotar los recursos de la región. A diferencia de los relatos propuestos por una parte considerable del sionismo, la Palestina previa a la colonización sionista era un importante centro de producción agrícola y textil en vías de industrialización y con un estatus propio dentro del Imperio Otomano.
El primer intento de colonización (conocido como la Primera Alliyah) contó con un puñado de familias comerciales sionistas que trataron de establecer sus propias colonias con mano esclava y semi-esclava palestina. El fracaso de estas primeras ¿colonias?, y la denuncia de la explotación por parte de diferentes sectores religiosos y seculares, llevó a la intervención de inversores como el II Baron Rothschild y el primer giro ideológico del sionismo. Mientras seguía estableciéndose en la región a través de colonias construidas con mano de obra judía y protegidas por grupos paramilitares, su principal objetivo sería la búsqueda de un aliado entre las fuerzas imperialistas del XIX que se comprometiera a delegar en los sionistas el desarrollo del entramado económico y político colonial en Palestina. Objetivo que lograrían en 1917 con la Declaración Balfour.
La llamada “izquierda” del sionismo, un movimiento minoritario entre la clase obrera judía inspirado por los textos de Dov Ber Borojov, se convierte entonces en un agente fundamental del sionismo al actuar como puente entre el proyecto colonial y la importación de mano de obra judía.
La intervención de Kohn-Eber en el Segundo Congreso de la Comintern (combina los peores elementos del antisemitismo y supremacismo blanco. Sin embargo, la postura de Esther Frumkina alcanzaría el apoyo general de la Comintern. Para ésta el sionismo era un ejemplo más de cómo “las potencias imperialistas logran engañar a las masas con la ayuda de los privilegiados entre los oprimidos cuando bajo la máscara de estados políticamente independientes acaban por dar a luz a estructuras económica, financiera y militarmente dependientes de ellas" (Second Congress of the Communist International. Minutes of the Proceedings, New Park 1977)
En cambio, las tesis de Kohn-Eber serán en la práctica idénticas a las de Ben Gurion, uno de los principales arquitectos de la Nakba y máximo responsable de todos los delitos cometidos durante su presidencia, interrumpida únicamente durante dos años, desde 1948 hasta 1963.
Si pasamos a considerar el contexto de la propia exposición sobre los brigadistas judíos, hay dos elementos importantes, el primero de ellos, sobre la elección del tema, y el segundo, el momento en el que se programa la exposición. Objetivamente, el tema apela a los movimientos memorialísticos y los estudiosos de la historia republicana en nuestro país, en general personas de ideología de izquierdas, progresistas y comprometidas con los valores de la justicia, los derechos humanos y la democracia. Objetivamente, la mayoría de estas personas son activamente solidarias con la causa palestina. Cuando acuden a las conferencias y a visitar la exposición en el Centro Sefarad-Israel contribuyen, probablemente de forma inconsciente, a normalizar el sionismo.
Forma parte de la estrategia del Estado sionista israelí el presentarse como la “única democracia en Oriente” obteniendo así el apoyo incondicional de la llamada “Comunidad internacional”. Para ello, ha construido una imagen-espejo de Europa a través del turismo, la promoción de movimientos como un tipo particular de feminismo, el LGTB+, el ecologismo, etc. Utilizar e instrumentalizar una causa para apropiarse de los valores que la mueven, es una estrategia perversa que paraliza a aquellos que defienden esa causa y que por extensión podrían ser los más críticos hacia el belicismo y colonialismo israelí. El caso más evidente fue el pinkwashing (lavado rosa) que ha tratado de cooptar los derechos LGTBI+ para normalizar la ocupación y el apartheid presentando a los palestinos como homófobos y retrógrados, y a Israel como el reino de las libertades.
Respecto a la memoria histórica sobre los brigadistas, en el contexto en el que es utilizada, dada la identificación de Israel como un Estado judío y para los judíos, todo apunta en la misma dirección. El colonialismo es un sistema, diría Sartre, y no cabe duda de que la guerra psicológica, que busca legitimar para paralizar, es uno de sus instrumentos más eficaces.
La exposición sobre los brigadistas judíos, junto con la programación sesgada del centro y en paralelo con la exposición del Holocaust Memorial Museum, puede ser un acto, consciente o no, al servicio del blanqueamiento que utiliza el holocausto para tratar de legitimar el genocidio palestino bajo la fórmula israelí de “legítima defensa”. La descontextualización, omisión e interpretación de un suceso histórico como el de las brigadas internacionales nos sitúa ante la paradoja de tener que leer los sucesos políticos como apolíticos, y la memoria de los brigadistas judíos se desactiva en su potencialidad para movilizar las luchas del presente contra los genocidios presentes y futuros.
Así, el Centro Sefarad-Israel es un ejemplo de cómo bajo el pretexto de la difusión cultural, las instituciones públicas y privadas tratan de incidir sobre la opinión pública del conjunto de la sociedad. A través del ocio y el entretenimiento de libre acceso se logra una normalización del proyecto sionista que, mediante el complejo entramado de las relaciones internacionales obtiene un lugar en el que colocar su discurso. En este sentido, por más que se nos insistieran en lo contrario, no podemos describir al centro como otra cosa que como un espacio político con contenido político y dedicado a una finalidad política: el blanqueo del sionismo y del genocidio del pueblo palestino.
Información sobre brigadista palestino en la Guerra Civil española:
martes, 11 de febrero de 2025
La empresa española CAF frente a la Corte Internacional de Justicia Santiago González Vallejo elsaltodiario.com,
Reunión del CEO de Israel Railways Ltd., Sr. Shiko Zana y su delegación con directivos de CAF en las oficinas de CAF en Madrid. Enero 2025
La empresa española CAF frente a la Corte Internacional de Justicia
Santiago González Vallejo
elsaltodiario.com, 10 de febrero de 2025
Frente a la legalidad internacional, la empresa CAF construye, equipa y gestiona líneas de tranvía entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las nuevas colonias próximas.
La empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, una multinacional de alta facturación, está comprometida con la ocupación y colonización israelí. No es que sea cómplice, es parte de las mismas. Y lo presume a los cuatro vientos.
Es bien sabido que la Corte Internacional de Justicia ha establecido que los Estados y cualquier agente económico no debe favorecer la ocupación y colonización de Territorio Ocupado por Israel. Párrafo 278 y siguientes, 19 de julio de 2024. Pero esta disposición, sólo refrenda lo que ya habían establecido la Convención de Ginebra y diferentes Resoluciones de las Naciones Unidas y de la propia Corte de Justicia cuando dictaminó la ilegalidad del Muro construido por la potencia ocupante.
Muro que penetra en Cisjordania, rodea ciudades palestinas y divide una Jerusalén ocupada. Como es sabido, las autoridades de ocupación, tras su conquista de Cisjordania, ampliaron el término municipal de Jerusalén y proclamaron su soberanía, tanto en junio de 1967 y nuevamente en 1993. El término municipal actual, según Israel, se extiende desde el cerrado aeropuerto de Atarot en el norte hasta la ciudad cisjordana de Belén en el sur y desde la cresta del Monte Scopus y el Monte de los Olivos en el este, hasta el Monte Herzl, Ein Karem y el Centro Médico Hadassah de la Universidad Hebrea en el oeste. Cien veces más que lo que era Jerusalén Oriental.
Por eso, es siniestra la actividad de CAF en el Territorio Ocupado por Israel. Frente a la legalidad internacional, construye, equipa y gestiona líneas de tranvía entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las nuevas colonias próximas. Lo hace junto a la empresa israelí, Shapir Engineering. Y esto durante 15 a 25 años según el tipo de tareas. Las líneas de tranvía están planificadas para facilitar el desplazamiento y el crecimiento de la población de la potencia ocupante, Israel, al territorio ocupado y desplazamiento y pérdida material de la población autóctona, palestina. Y después dicen que no saben por qué hay violencia.
CAF ha desoído las reclamaciones para que desista de su actividad. Desde sus trabajadores, asociaciones populares, a las propias autoridades palestinas y hasta las recomendaciones de la administración española. Intenta, desde su posición de soberbia de gran empresa multinacional, camuflar su hazaña colonial con excelencias en otros planos sociales o pagando sellos de calidad y auditores que le ríen las gracias de diligencia debida, como EY, antes Deloitte, o Negocio Responsable. No puede desligar su compromiso con la estrategia de la potencia ocupante israelí diciendo que los trenes reducen la contaminación o todo el que pague un billete podrá montar en sus trenes. Ahora ya no podrán subirse al tren del apartheid los funcionarios de la UNRWA expulsados, pero sí nuevos colonos.
De hecho, su consejera de auditoria, Carmen Alló, también consejera de la empresa Edreams, como todos los miembros del Consejo de Administración, desde el ‘empresario del año’ de Guipúzcoa y premio de la CEOE y la Cámara de Comercio hispano italiana, Andrés Arizkorreta, o el representante de la confección infantil Mayoral, firman, se comprometen y cobran por las cuentas de la empresa exculpándose de cometer algún crimen. Pero, eppur si muove.
Las Naciones Unidas construyeron una Base de Datos en el año 2019 (de ahí, la no inclusión de CAF), de empresas que se lucran con la ocupación y colonización de Territorio Palestino. Después, fue actualizada, habiendo dado a las empresas la oportunidad, antes y después de la publicación de la lista, de abandonar sus negocios en las colonias y dejar de lucrarse con la colonización. De ahí la reducción de empresas de la Base de Datos, pasando de 112 a 97 las empresas actuales existentes que persisten con su lucro ilegitimo. Entre las presentes en la Base de Datos están Shapir (puesto 67), Edreams (puesto 86), el proveedor de CAF, Bank Hapoalim (puesto 9) o su cliente de autobuses Egged (puesto 27), etc.
En los últimos días, CAF ha hecho una demostración de sus habilidades y contumacia. Primero, invitó a responsables de Israel Railways en el depósito e instalaciones que tiene en French Hill, una zona ocupada y colonizada, expropiada a los palestinos en el Gran Jerusalén para darles a conocer la implantación de las líneas Roja y Verde que penetran en Cisjordania ocupada; y segundo, invitando a las instalaciones madrileñas de CAF al director de Israel Railways (puesto 41 de la Base de Datos), Shiko Zana. Todas las invitaciones son para intentar ampliar sus negocios y sus crímenes. Una empresa contaminada, como casi todas las israelíes, en los esfuerzos de la ocupación y colonización. Mientras, siguen mudos, los auditores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el accionista Finkatuz, dependiente del gobierno vasco (PNV-PSOE) o el respetuoso con el derecho internacional, gobierno español.
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Reunión de CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) y los directivos de los departamentos de Señalización y Adquisiciones de Israel Railways Ltd. en las instalaciones de French Hill. La reunión se centró en la actualización de la señalización de la línea Roja de Jerusalén para que sea compatible con los nuevos sistemas instalados a lo largo de las ampliaciones de esta la línea y la línea Verde.
Que Israel Railways, que forma parte del engranaje estatal israelí, licite o construya cruzando la línea verde, penetre en Cisjordania ocupada en varios lugares, utilizando tierras palestinas, algunas de ellas de propiedad privada, para proyectos de transporte destinado exclusivamente a los israelíes no debe afectar a los miembros de la dirección de CAF. De hecho, CAF participa en las licitaciones de esa empresa colonizadora.
Por todo ello, CAF confronta con la Corte Internacional de Justicia y con el respeto al derecho internacional aun camuflándose en auditorías y diligencias debidas cómplices de su participación en la colonización de Palestina.
¿Hasta cuándo? La ley de contratos públicos podría utilizarse para excluirla de las licitaciones españolas. Ya hay litigios penales en marcha en contra de empresas y sus gerentes en algunos países de la OCDE por su implicación en la colonización en Palestina.
Lo que sí tenemos claro algunos es que la oposición a CAF continuará cada uno de los años en los que CAF siga al servicio del ocupante israelí.
domingo, 9 de febrero de 2025
La obligación de las instituciones a respetar el derecho internacional, también a través de la compra pública .Alys Samson Estapé y Maite Ramos Plaza, NOVACT/SUDS elsaltodiario.es,
Tranvía del sistema TRAM de transportes de Barcelona que tiene vínculos con la empresa Alstom, implicada en proyectos que refuerzan la presencia de Israel en territorio ocupado (Autoría: Ayuntamiento de Barcelona)
La obligación de las instituciones a respetar el derecho internacional, también a través de la compra pública
elsaltodiario.es, 30 de enero de 2025
El derecho internacional subraya la importancia que ninguna actividad económica contribuya a violaciones del derecho internacional y los derechos humanos. Analizamos el papel de la compra pública en este ámbito.
El 22 de octubre de 2024, el gobierno noruego emitió un aviso a las empresas del país alertando sobre los riesgos de participar en actividades económicas o financieras vinculadas a los asentamientos ilegales israelíes. Esta decisión, basada en el derecho internacional, subraya la importancia de garantizar que ninguna actividad económica contribuya a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
El gobierno de Noruega fundamenta su acción en diversos instrumentos jurídicos internacionales, como el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante transferir población civil al territorio que ocupa. También se basa en resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la Resolución 2334 (2016), que declara que los asentamientos israelíes son ilegales y constituyen una violación del derecho internacional. Además, los principios del derecho consuetudinario internacional refuerzan esta decisión, al condenar la colonización de territorios ocupados. Noruega argumenta además que las empresas deben evitar implicarse en actividades que puedan ser interpretadas como un apoyo indirecto a estas violaciones, ya que esto puede acarrear consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales.
Las administraciones catalanas y españolas deberían seguir este precedente. Es un deber institucional alertar a las empresas sobre los riesgos y consecuencias de contribuir a violaciones del derecho internacional. En este sentido, es imprescindible que el Estado español, la Generalitat de Catalunya, ayuntamientos y organismos públicos para la promoción empresarial, como ACCIÓ o el ICEX, adopten medidas similares para garantizar que ninguna empresa vinculada a los asentamientos ilegales de Israel pueda beneficiarse de contratos públicos. Esto no sólo alinea a Cataluña y el Estado español con las resoluciones internacionales, sino que también refuerza el compromiso ético y legal en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.
Exigencias para una contratación pública socialmente responsable:
1. Requisito de Declaración Responsable de Derechos Humanos para todas las contrataciones públicas. Actualmente, muchas contrataciones públicas establecen mecanismos de control ético, pero éstos son a menudo insuficientes o ineficaces. Es imprescindible que todas las administraciones públicas incorporen en sus cláusulas de contratación una declaración responsable de cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional que toda empresa debe firmar. Este requisito no debería tener ningún umbral económico: debe ser obligatorio para todos los contratos, independientemente de su cuantía.
2. Comprobación efectiva de estas declaraciones. Las administraciones deben verificar que las declaraciones responsables firmadas cumplen con la realidad. Esto implica hacer uso de las herramientas que el derecho internacional proporciona, como la Base de Datos de Naciones Unidas que identifica a empresas implicadas en actividades económicas en asentamientos israelíes en Territorio Ocupado Palestino. Si una empresa no pudiera demostrar que ha puesto fin a sus inversiones en estos territorios, se le debe prohibir la contratación pública.
3. Ampliar el impacto de las medidas: el caso noruego. Noruega ha establecido un precedente clave. El gobierno noruego ha declarado que: “Las empresas noruegas deben estar alerta frente al hecho de que participar en cualquier actividad económica o financiera en los asentamientos israelíes ilegales podría exponerlas al riesgo de contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.” Sus recomendaciones al sector empresarial de evitar cualquier cooperación comercial o empresarial con asentamientos israelíes ilegales no sólo refuerzan su compromiso con los derechos humanos, sino que también alertan a las empresas sobre las posibles consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales de estas actividades. Estas medidas deben servir de guía para las administraciones catalanas y del Estado español, exigiendo que las empresas locales sigan los mismos principios. “El gobierno está aconsejando a las empresas noruegas que no participen en actividades de cooperación comercial empresarial que sirvan para perpetuar la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide. A raíz de la opinión consultiva emitida el 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que las prácticas de Israel violan el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, los derechos humanos internacionales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
El caso Alstom: una lección a tener en cuenta
El 31 de enero de 2024, el Ayuntamiento de Barcelona firmó un contrato con la empresa Alstom, vinculado al sistema TRAM de transportes de la ciudad. Este contrato se añadía a otro en vigor hasta el 31/08/2024 entre Alstom y la ATM1. Alstom es una empresa implicada en proyectos que refuerzan la presencia de Israel en territorio ocupado tal y como acredita su presencia en el listado actualizado en 2023 de la Base de Datos de NNUU. Esta contratación, en pleno genocidio, y sin firmar la Declaración Responsable relativa al cumplimiento de los Derechos Humanos y la dignidad humana que el Ayuntamiento afirma aplicar en sus contrataciones, es un ejemplo de por qué es necesario implementar estas medidas con urgencia.
Tal y como indica el gobierno de Noruega, actualmente toda cooperación comercial y empresarial con Israel puede estar asociada a graves violaciones de derechos humanos y podría considerarse una actividad que permite que se perpetúen las violaciones a estos derechos. Por eso las administraciones públicas tienen la responsabilidad de actuar y evitar contribuir a estas vulneraciones, como por ejemplo no contratando a empresas señaladas por NNUU u otras, para operar en territorio ocupado. Este tipo de contrataciones no sólo perpetúan una situación de violación del derecho internacional, sino que contradicen también los valores que las instituciones catalanas y europeas han afirmado defender.
Garantizar que situaciones similares no se repitan implica reforzar las normativas, incorporar mecanismos de control más estrictos y adoptar una posición pública firme, tal y como ha hecho el gobierno de Noruega. Esto incluye desde prohibir la contratación con empresas que colaboren con la ocupación, hasta promover recomendaciones que desincentiven la cooperación con entidades que, en ciertos casos, podrían contribuir a perpetuar violaciones de derechos humanos.
Demandas a las instituciones públicas catalanas y españolas
Las administraciones públicas, incluidas la Generalitat y los ayuntamientos de Cataluña, tienen el deber de adoptar políticas que impidan cualquier participación directa o indirecta en la perpetuación de la ocupación de Palestina. Organismos como ACCIÓ pueden liderar estas acciones promoviendo estándares internacionales en las relaciones comerciales y empresariales. Ya hace meses que las entidades SUDS y NOVACT advirtieron que ACCIÓ debería cerrar su sede en Tel Aviv. La Generalitat debería establecer políticas públicas y medidas específicas para desincentivar la inversión catalana en sectores industriales y empresas israelíes que puedan estar contribuyendo de forma directa o indirecta con la vulneración de derechos humanos del pueblo palestino.
En relación con el Ayuntamiento de Barcelona, demandamos que de forma inmediata se dé respuesta a la Declaración para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la dignidad humana en la contratación pública, aprobada por el Pleno del Consejo Municipal de Cooperación Internacional el 9 de octubre de 2024. En especial, pedimos que sin excepción todas las empresas y contratos del Ayuntamiento deban firmar la Declaración Responsable relativa al cumplimiento de los Derechos Humanos y la dignidad humana, así como que se apliquen mecanismos de comprobación sistemática de su cumplimiento. En particular pedimos no contratar a ninguna empresa que está en la Base de Datos de Naciones Unidas (teniendo en cuenta las futuras actualizaciones) y en otras bases de datos rigurosas e independientes.
Por otra parte, en el último año la Fira de Barcelona, un consorcio formado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Cámara de Comercio de Barcelona, está recibiendo empresas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos. Entre otros, el 4 y 5 de junio de 2024 la Fira de Barcelona acogió la feria de drones Unvex 24, donde se exhibieron los sistemas y tecnologías no tripuladas de numerosas empresas implicadas directamente en la ocupación, el apartheid y el genocidio israelí mediante el uso de sus productos y servicios por parte del Estado de Israel. Los días 23 y 24 de octubre, la feria comercial acogió la Aviation Week, que contó con la participación de tres empresas israelíes que proporcionan soporte material o técnico al ejército israelí, incluida la empresa estatal de armas de Israel, IAI - Israel Aerospace Industries. También participaron seis de las mayores empresas fabricantes de armas del mundo al menos otras 16 que forman parte de la cadena de suministro de componentes para aviones de combate. Del 5 al 7 de noviembre se celebró el Smart City World Congress, donde el Estado de Israel dispuso de un pabellón entero en el que se expusieron una decena de empresas con vínculos directos con la ocupación del territorio palestino.
Israel está siendo actualmente investigado ante el Tribunal Internacional de Justicia (TJI) de Naciones Unidas por la comisión de un crimen de genocidio contra el pueblo palestino que habita en la Franja de Gaza. En el marco de este proceso judicial y ante la abrumadora cantidad de indicios, el Tribunal ha adoptado medidas cautelares para tratar de frenar la masacre. En ellas, el Tribunal ha recordado a todos los miembros de la comunidad internacional que “tienen la obligación de prevenir el crimen de genocidio”. Las órdenes del TIJ son jurídicamente vinculantes para el Estado español y para las distintas administraciones públicas en el marco de sus respectivas competencias. Los terceros estados no sólo tienen la obligación, establecida por el derecho internacional, de no apoyar la comisión de situaciones de ilegalidad, sino que además deben considerar que su asistencia militar o de otro tipo a las operaciones militares de Israel en Gaza puede exponerlos al riesgo de ser cómplices de genocidio, tal y como establece la Convención sobre el Genocidio. En un contexto en el que Israel ha asesinado ya a más de 45.000 personas palestinas y está usando el hambre y la sed como armas de guerra, destruyendo hospitales y escuelas en toda la Franja de Gaza, no sólo es inmoral que la Fira de Barcelona permita la participación de este tipo de empresas, sino que los integrantes del consorcio de la Fira podrían estar contribuyendo a provocar graves vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional.
Considerando las reiteradas violaciones del derecho internacional y derecho internacional humanitario, todas las administraciones públicas catalanas y estatales deberían evitar promover las relaciones políticas y económicas con Israel, hasta que su gobierno acabe con la situación de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino.
A nivel estatal, el gobierno del Estado español debe dar un paso adelante. Más allá de la carta enviada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo a empresas españolas con actividad en Israel, el Estado debe establecer recomendaciones más contundentes por parte de las administraciones competentes dirigidas a las administraciones públicas o incluso declarar una prohibición explícita contratar con empresas que vulneren el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Esta medida tendría un alcance inmediato y generalizado, aplicándose a todas las instituciones públicas del territorio. También pedimos a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de las Diputadas que aprueben la ley que prohíbe comerciar con productos de asentamientos ilegales, como la Ley registrada por la coalición Sumar que tipifica como delito de contrabando cualquier relación comercial con asentamientos ilegales en territorio ocupado.
La contratación pública social y ambientalmente responsable no es una opción. Las administraciones públicas tienen la obligación de aplicar medidas contundentes para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en su accionar, no sólo en nuestro territorio, sino también en el ámbito internacional. Contribuir, permitir o fomentar vínculos económicos en contextos de graves vulneraciones puede suponer connivencia y participación activa en las mismas. Es imprescindible garantizar que ningún euro público contribuya a perpetuar violaciones del derecho internacional, especialmente en casos tan flagrantes como la ocupación de Palestina. Implementar estas medidas no es sólo una obligación legal, sino también una cuestión de justicia y responsabilidad colectiva.
1 Autoridad del Transporte Metropolitano, consorcio encargado de coordinar y planificar el transporte público de la región metropolitana de Barcelona.
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