SE HA SOBREPASADO EL MILLÓN DE FIRMAS SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO UE-ISRAEL. Pero no nos detengamos ahí

 SE HA SOBREPASADO EL MILLÓN DE FIRMAS SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO UE-ISRAEL. Pero no nos detengamos ahí

Al finalizar el día 15 de abril 1.086.318 ciudadanos europeos habían firmado la Iniciativa Ciudadana Europea pidiendo que se suspenda el Acuerdo Asociación de la Unión Europea con Israel.

Esta Iniciativa se puso en marcha formalmente el 12 de enero de 2026, por lo que en apenas tres meses se habían alcanzado los primeros objetivos, el millón de firmas y superar en siete Estados europeos el umbral mínimo fijado de firmas. Actualmente, son en diez Estados europeos que han superado ese umbral mínimo, entre ellos el Estado Español.

El objetivo de los organizadores de la Iniciativa Ciudadanía Europea, European Left Alliance, es alcanzar 1.500.000 para tener la seguridad de que la ICE se culmina con éxito y evitar que algunas de las firmas invalidadas, por duplicación, datos inexactos, etc., sean motivos de echar atrás esta propuesta.

Con esta Iniciativa, la Comisión Europea está obligada a reconsiderar la suspensión total del Acuerdo de Asociación. La Comisión Europea hizo una propuesta de suspender a Israel determinados programas de colaboración, pero el Consejo Europeo (donde se reúnen los Jefes de Estado o de Gobierno) no alcanzaron ningún acuerdo.

Por lo tanto, la recogida de firmas sigue estando en marcha y hay que seguir divulgando la ICE de suspensión del Acuerdo UE- Israel.

https://www.justiceforpalestine.eu/

La búsqueda de soluciones frente a la empresa colonizadora CAF . Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe . Naiz.eus,

 La búsqueda de soluciones frente a la empresa colonizadora CAF

Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Naiz.eus, 15 de abril de 2026

Es este un momento de no retorno.

El consejo de administración de CAF y sus accionistas de cabecera (Fundación BBK, Kutxabank, Cartera Social, Indumenta Pueri /Mayoral vestidos infantiles, Fundación Daniel Bravo Andreu e Instituto Vasco de Finanzas) persisten en seguir siendo una empresa colonizadora al servicio de la potencia ocupante israelí.

Los trabajadores de CAF, antiguos accionistas, como Norges Bank, la Autoridad Palestina, organizaciones palestinas –que intervinieron en su Junta de Accionistas por delegación–, movimientos sociales como BDZ, Amnistía Internacional y hasta la Administración española –que no la vasca– han insistido hasta la saciedad que CAF no debiera haber concursado, junto con la empresa israelí Shapir, en un proyecto de ampliación y gestión de una línea, y la construcción de otra de tren ligero, que abarcan territorio ocupado palestino. Esas líneas de tranvía (y otra en la que concursó, la Azul, pero sin lograr la adjudicación), planificadas por la potencia ocupante, Israel, sirven para ampliar la colonización israelí en territorio ocupado, consolidar las expropiaciones a los palestinos, la pérdida de sus hogares y propiedades, y los traslados de población de la potencia ocupante a territorio ocupado.

Antes del proyecto, la dirección de CAF sabía que sus acciones eran contrarias a la IV Convención de Ginebra y a resoluciones de las Naciones Unidas, incluyendo las emitidas por el Consejo de Seguridad, más los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Se amparaban en la falta de sanciones a las empresas colonizadoras y argumentaban que todas las normas enunciadas afectaban a los Estados y no a los agentes que hacen posible la colonización y el apartheid israelí.

Vestían su hipocresía, cinismo y falsedad, mintiendo primero sobre dónde se realizaba su proyecto, «en la ciudad israelí de Jerusalén», consentido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, obviando que, además de por Jerusalén Este, las líneas transcurrirían por los cerca de 70 km² de Cisjordania anexionados por Israel al Gran Jerusalén.

Esas falsedades han ido arropadas por informes ad hoc de «expertos», auditores y empresas especializadas en lavar atropellos empresariales. Ni siquiera ha sabido CAF explicar la elección de su socio, Shapir, que cuenta con canteras y participa en la construcción de asentamientos (ilegales) e infraestructuras militares en territorio ocupado. Empresa que ya entró en la Base de Datos de las Naciones Unidas como colonizadora, ¡antes de tender el primer raíl o proceder a la exportación de tranvías!  

CAF ya forma parte de la Base de Datos de las Naciones Unidas por su actividad colonial. Algo que sus «expertos» y sus lobbies creían que no iba a pasar, con su reconstrucción de una «diligencia debida reforzada». En sus informes ya han pasado de decir «ciudad israelí» a declarar que su actividad (líneas, depósitos, gestión) transcurre «parcialmente en territorios objeto de controversia política», utilizando la terminología de la potencia ocupante. Se trata de una empresa que se autocalifica de «neutral y técnica», cuando sabe que Israel no reconoce la ocupación (todo es Israel, no existe, ni se reconoce Palestina) y que margina a cualquier operador privado que exprese la existencia de ocupación.

El consejo de administración de CAF, Arizkorreta, Marínez Ojinaga, Carmen Alló, etc., rechaza las implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto de colonización que realiza y se lucra a las órdenes de las autoridades israelíes que son las que planifican, ordenan, apresan y matan a quién se oponga. Desde los juicios de Núremberg se rechaza la excusa de obediencia debida (a los contratos firmados). Desde los movimientos sociales hemos manifestado en público que, si CAF abandonase el proyecto e Israel, potencia ocupante y autoridad de la colonización, la demandara ante un tribunal de inversiones, estaríamos dispuestos a apoyarles, dado que la ampliación de la colonización choca con la legalidad internacional.

Mientras tanto, continúan la ampliación de las colonias israelíes y la expulsión de palestinos. El penúltimo ejemplo es la destrucción de los cuarteles de la Unrwa en Zalman Sharagi Street 21, Sheikh Jarrah, Jerusalén Este ampliado, para construir 1.440 viviendas, eliminando servicios y a funcionarios a la población palestina, ante la mirada «equilibrada» de los rectores de CAF en su «protección de los derechos humanos y la necesidad de ofrecer a la población [¿israelí?] una infraestructura para todas las comunidades [¿que Israel permita?] sin discriminación».

En la Guía de las Naciones Unidas de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos se explicitan aspectos de sentido común: el ‘conflicto siempre generará consecuencias negativas para los derechos humanos; las actividades comerciales en un área afectada por un conflicto nunca serán "neutrales" y sin impacto. Incluso si una empresa no toma partido en el conflicto y se esfuerza por ser imparcial, sus actividades necesariamente influirán en la dinámica del conflicto [aumentando y profundizando la ocupación y la colonización]; una simple adquisición de tierras puede alimentar el conflicto cuando se basa en el despojo previo o el desalojo forzoso de las comunidades; las empresas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario además de los derechos humanos acordados internacionalmente; las empresas deben identificar y evaluar no solo las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos, sino también las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los conflictos que la empresa puede causar o contribuir a través de sus propias… Y ofreciendo siempre como posibilidad el abandonar las actividades.

La permisividad social y política ante los atropellos israelíes, ya calificados de genocidio, ha ido cambiando por la acumulación de crímenes derivados de la propia soberbia sionista.

En España y otros países ya hay procedimientos judiciales contra empresas colonizadoras o que facilitan el genocidio, contra la entidad rectora del fútbol internacional, la FIFA, por ejemplo, por consentir (y apoyar) a equipos de colonos que legitiman la ocupación israelí. Por el contrario, hay gobiernos locales como el Ayuntamiento de Barcelona que disponen de mecanismos para excluir a empresas colonizadoras como CAF, algo pendiente en el resto de las administraciones, incluyendo a los gobiernos autonómicos y al gobierno español. Los movimientos sociales y algunos gobiernos coherentes, como sucedió durante los años de la Sudáfrica del apartheid, en muchas partes del mundo, vamos a seguir construyendo mecanismos, campañas y normas para señalar y sancionar a las empresas que incurren en actividades criminales.

El Gobierno no sabe, no contesta sobre sanciones a empresas españolas que facilitan la colonización israelí

 Protesta de las personas solidarias con Palestina a las puertas del evento Rail Live, Zaragoza 2024. | Foto: Foro Palestina Libre

El Gobierno no sabe, no contesta sobre sanciones a empresas españolas que facilitan la colonización israelí

CSCA. 14 de abril de 2026. En una sucesión de preguntas parlamentarias del Grupo Parlamentario SUMAR (184/000238, 184/004828, 184/024381, 184/025366, 184/025978, 184/026775, 184/027819, 184/029576, 184/031281, 184/035710), sobre cómo el gobierno va a confrontar con las empresas españolas implicadas en la colonización israelí en Territorio Ocupado Palestino, observamos que las respuestas del gobierno (184/000238, 184/004828, 184/024381, 184/25978, 184/026775, 184/027819, 184/29576, 184/031281, eluden cualquier respuesta. Es decir, el gobierno no ha hecho nada, no piensa hacer algo, ni siquiera incluir cláusulas en la contratación pública, para excluir a dichas empresas. Sus singulares discursos sobre la tragedia palestina, diferenciados a los de otros gobiernos europeos, en lo que respecta a sanciones a empresas colonizadoras, no se diferencia del mirar a otro lado de la comunidad internacional.

En septiembre de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó la actualización de la Base de Datos de las empresas que participan en la colonización israelí en Territorio Ocupado Palestino, Están incluidas en esa Base de Datos, ACS, CAF, INECO y SEMI. Por razones de mandato limitativo se habían excluido a otras empresas que actúan en Territorio Ocupado Palestino y a las que actuaban en los Altos del Golán sirio. CAF, además, fue nombrada en el Informe de la relatora de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio'.

Esa falta de actuación contra esas empresas se observa en que elude el nombrarlas o exculpar a una empresa pública (!) aceptando lo que rechaza y recrimina a otras administraciones, En este caso, en el de INECO, considera que hacer parte de una obra (necesaria para hacer el todo), evita la responsabilidad de formar parte del proyecto colonial

Incluso, intenta escudarse en donaciones arbitrarias, propias las más de las veces en operaciones de marketing, para no asumir mecanismos de reparación.

Desde múltiples organizaciones se exigen sanciones a Israel, a las empresas cómplices con la colonización, la suspensión del Acuerdo de Asociación UE Israel y de cualesquiera subvenciones o programas con el Estado de Israel, el comercio de armas, investigación, etc en las líneas que se hicieron contra la Sudáfrica del apartheid.

PREGUNTA 184/35710 

Reparación planteada al pueblo palestino por la empresa INECO y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del que depende, así como acciones adoptadas para que las empresas ACS, CAF y SEMI respeten el derecho internacional en su actividad en los territorios ocupados

Al amparo de 1o establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.

En relación con la respuesta emitida con fecha 9 de febrero a la pregunta parlamentaria 184/031281, relativa a las actuaciones del Gobierno respecto a las empresas españolas INECO, ACS, CAF y SEMI incluidas en la Base de Datos de Naciones Unidas sobre empresas vinculadas a actividades en los Territorios Palestinos Ocupados, el Gobierno señala que la actividad de INECO, empresa pública, se limita a un contrato suscrito en 2017 para la realización de estudios técnicos relativos a los túneles de la denominada "Línea Azal" del tranvía de Jerusalén, en el tramo considerado internacionalmente parte del Estado de Israel y no Territorio Ocupado.

No obstante, no se explica por qué el Gobierno considera compatible dicha participación con el hecho de que la mencionada infraestructura conecta el casco urbano de Jerusalén con asentamientos como Gilo, considerados por la comunidad internacional como parte de los Territorios Palestinos Ocupados, ni siquiera cómo se valora desde el Ejecutivo el impacto de dicha infraestructura en el proceso de colonización, ampliamente cuestionado por representantes palestinos y por diversos organismos internacionales.

Asimismo, la respuesta a la pregunta 184/031281 no solventan las cuestiones relativas a las demás empresas aludidas (ACS, CAF y SEMI que también se hallan incluidas en la Base de Datos de Naciones Unidas.

¿INECO y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del que depende han planteado algún tipo de reparación al pueblo palestino?

¿Qué acciones está desarrollando el gobierno para que el resto de las empresas mencionadas, ACS, CAF y SEMI, respeten el derecho internacional?

¿Qué acciones va a realizar con respecto a la contratación pública, subvenciones, etc., con respecto a todas las empresas mencionadas en la Base de Datos de las Naciones Unidas por su actividad colonizadora en Territorios Ocupados?

Palacio del Congreso,

03 de marzo de2026

Enrique Santiago Romero, Portavoz IU / GP Plurinacional SUMAR

Félix Alonso Cantorné, Diputado GP Plurinacional SUMAR

Juan Antonio Valero Morales, Diputado IU / GP Plurinacional SUMAR

Engracia Rivera Arias, Diputada IU / GP Plurinacional SUMAR

Nahuel González López, Diputado IU / GP Plurinacional SUMAR

Francisco Sierra Caballero, Diputado GP Plurinacional SUMAR

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/35710 03/03/2026 Registro 103511

AUTOR/A: ALONSO CANTORNÉ, Félix (GSumar); GONZÁLEZ LÓPEZ, Nahuel (GSumar); RIVERA ARIAS, Engracia (GSumar); SANTIAGO ROMERO, Enrique Fernando (GSumar); SIERRA CABALLERO, Francisco (GSumar); VALERO MORALES, Juan Antonio (GSumar)

RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que INECO (Ingeniería y Economía del Transporte) participa en el diseño de un tramo de túnel situado íntegramente en territorio reconocido internacionalmente. Por ello, y al no contribuir la compañía al mantenimiento de asentamientos israelíes, se ha solicitado formalmente a Naciones Unidas su exclusión de la Base de Datos del Alto Comisionado, reafirmando el compromiso que Ineco tiene con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el año 2008.

Ineco es plenamente sensible a la dramática situación que sufre la población palestina, colaborando con organizaciones humanitarias como UNRWA, Fundación de Apoyo al Pueblo Palestino, Acción contra el Hambre, Oxfam Intermón, Save the Children, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja en su labor de apoyo a Palestina; e impulsando la incorporación a la compañía de personas refugiadas, entre ellas de origen palestino, a través de su Plan Iguales de inclusión sociolaboral.

Madrid, 10 de abril de 2026

Condenan a prisión al ex director general de cementera francesa Lafarge por financiar a yihadistas en Siria París (Francia) (AFP) –

 Condenan a prisión al ex director general de cementera francesa Lafarge por financiar a yihadistas en Siria

París (Francia) (AFP) – 13 de abril de 2026

Un tribunal de París condenó este lunes a la cementera francesa Lafarge y a ocho antiguos directivos por "financiación del terrorismo", al haber pagado a yihadistas en 2013 y 2014 para mantener activa una fábrica durante la guerra en Siria.

En una dura sentencia, la justicia impuso seis años de prisión, con encarcelación inmediata, para el exdirector ejecutivo Bruno Lafont y multas de casi 5,7 millones de euros (6,65 millones de dólares) para la empresa y cuatro exdirectivos.

En 2022, la empresa francesa ya fue condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 778 millones de dólares, tras declararse culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones consideradas "terroristas" por Washington.

En su sentencia, el tribunal de París consideró que Lafarge pagó cerca de 5,6 millones de dólares en 2013 y 2014, a través de su filial Lafarge Cement Syria (LCS), a grupos e intermediarios yihadistas para mantener en actividad su planta de Jalabiya, en el norte de Siria.

Para preservar sus intereses económicos en una Siria que abandonaban el resto de multinacionales, la empresa realizó pagos a tres organizaciones yihadistas, entre ellas el Estado Islámico (EI), lo que les permitió "preparar atentados terroristas", en particular los de enero de 2015 en Francia, agrega.

"Esta forma de financiación de las organizaciones terroristas, y principalmente del Estado Islámico, ha sido fundamental para que la organización terrorista se hiciera con el control de los recursos naturales de Siria", subrayó la presidenta del tribunal, Isabelle Prévost-Desprez.

La empresa, absorbida más tarde por la suiza Holcin, estableció una "asociación comercial con el EI", afirmó la magistrada, que hace hincapié en la elevada cantidad abonada.

Durante el juicio celebrado entre noviembre y diciembre, la defensa trató de desmentir que su fábrica en Jalabiya permaneció activa por razones puramente financieras, en detrimento de la seguridad de su millar de empleados.

"Podíamos lavarnos las manos e irnos, pero ¿en qué situación habrían quedado los empleados de la fábrica si nos hubiéramos marchado?", sostuvo Christian Herrault, exdirector general adjunto de Lafarge. "Teníamos que elegir entre dos malas soluciones, la peor y la menos mala", agregó.

Este sistema preveía el pago de dinero para financiar la adquisición de insumos destinados a la producción de cemento y para asegurar los "pagos de seguridad" y permitir que los empleados de la cementera y las mercancías pudieran pasar los puestos de control en la región.

Recurso anunciado

Por estos hechos, ocho exresponsables de la cementera recibieron penas que van de 18 meses a siete años de prisión. El tribunal decretó la encarcelación inmediata para Bruno Lafont y Christian Herrault, condenados a seis y cinco años de cárcel respectivamente.

El director ejecutivo de Lafarge de 2008 a 2015, de 69 años, fue detenido en la sala del tribunal y llevado de inmediato por la policía. Su abogada, Jacqueline Laffont, anunció a la prensa que recurrirá inmediatamente la sentencia y denunció una orden de ingreso en prisión "injustificada".

La fiscalía nacional antiterrorista consideraba que Bruno Lafont estaba perfectamente informado y que dio "directrices claras" para mantener la actividad de la fábrica, "una elección puramente económica, de un cinismo alucinante".

Pese a los millones desembolsados, la fábrica de Jalabiya fue finalmente evacuada por Lafarge de forma urgente y en la más absoluta imprevisión el 18 de septiembre de 2014, ante el avance del EI. Al día siguiente, cayó en manos de los yihadistas.

Algunas víctimas de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, que mataron a 130 personas en París y sus alrededores, se personaron como acusación particular, al considerar que este caso era uno de los "engranajes" que ensangrentaron Francia esos años.

AFP

Lafarge o cómo los servicios de inteligencia utilizan grandes empresas para extender una red de espionaje

MILAGROS DE DIEGO CEREZO 

Documentos TV, 28 de junio de 2023

 

En medio de la guerra siria, una fábrica de cemento permanece abierta rodeada de yihadistas

Esta investigación revela cómo se creó una red de espías en Siria y cómo se financió al Daesh

 

Unos pocos meses antes de que estallara la revolución siria, en 2011, Lafarge inauguró una 

cementera en el norte de Siria. Lo que en un principio pretendía ser tan solo una simple 

fábrica se convirtió en la tapadera perfecta de una red de espías tejida por los servicios 

secretos occidentales para luchar contra el régimen de Bashar al-Asad.

Esta investigación desvela cómo se utilizó esta empresa estratégica de enlace con la I

nteligencia francesa y cómo se financió a los grupos que luchaban contra el dictador entre 

ellos al Daesh, el enemigo número uno de Occidente. Ahora, la justicia francesa juzga a 

directivos y socios de Lafarge por financiación del terrorismo, mientras los servicios de 

inteligencia salen impunes.

Vista cenital de la fábrica de Lafarge en Siria inaugurada en 2010 poco antes del inicio de la revolución. 

©TV Press Productions

Lafarge sirvió bien a su país

Un equipo de periodistas franceses, en el transcurso de la investigación, viaja al norte de 

Siria donde se encuentran con una fábrica de cemento abandonada. Perteneció al gigante 

francés Lafarge, la empresa líder mundial en el sector de la construcción. "¡Si hubiese visto

 la fábrica por dentro habría pensado que estaba en Europa!", le cuenta el jefe del pueblo

 de Jalabiya a uno de los periodistas.

Los investigadores han recopilado miles de documentos en Siria, Jordania, Dubái y París para

 contar esta historia que, como ellos mismos dicen, "no es ninguna película ni ninguna serie

 sobre agentes secretos. Es la realidad".

Todo empezó con la denominada revolución siria de 2011, unos ocho meses después de que la 

cementera comenzara a funcionar. Las revueltas contra al-Asad y la fuerte represión del régimen.

En ese delicado instante, Occidente no contaba con ningún agente secreto en el país y urgía 

reclutar a fuentes fiables. El estado francés llevaba varios años pidiendo a los servicios secretos

 que establecieran enlaces con las empresas estratégicas y llegó el momento para Lafarge. 

Según la investigación, esta fábrica acabó convirtiéndose en la primera red de espionaje lista para

 ser utilizada.

Información conseguida por los espías de Lafarge sobre posiciones de las milicias armadas locales, ubicaciones de sus cuarteles y puestos de control. ©TV Press Productions

La encabezó Jean Claude Veillard, director de Seguridad del grupo Lafarge entre 2008 y 2015. Introdujo a dos nuevos trabajadores en la fábrica que harían las veces de espías encubiertos y tejerían la red de espionaje contra el régimen del dictador sirio. "Los trabajadores de Lafarge fueron una importante fuente de información", admite Christophe Gomart, director de Inteligencia Militar de 2013 a 2017.

dos agentes de inteligencia. ©TV Press Production

Occidente contaba ya con los informadores y los contactos necesarios para apoyar a las milicias locales, la oposición militar a Basah al-Asad.

01.17 min

Asad avierte a Occidente que pagará un alto precio por apoyar a Al Qaeda en Siria

"En 2012, 2013, 2014, la idea dominante era que el dictador iba a caer, no iba a durar y por lo tanto 

debíamos resistir", afirma Christian Herrault, director general adjunto de Lafarge de 2008 a 2015.“

Entonces, comenzó la financiación a estos grupos terroristas. "Pagaron al Dáesh, a al-Nusra, al Ejército

 Libre Sirio, a los kurdos, a todos", denuncia Shiraz Khalil, uno de los extrabajadores de Lafarge. Pero la 

historia aún no había terminado.

De financiar al terrorismo a espiar al Dáesh

La investigación sacó a la luz que el objetivo de Occidente, derrocar a toda costa a Bashar al-Asad, 

estaba en marcha. Además de dinero, se les proporcionó muchas armas. Pero "detrás del Ejército Libre 

Sirio se escondían brigadas mucho más yihadistas que no estaban en línea con los valores occidentales",

 relata el director de Inteligencia Militar francés.“

Se trataba del Dáesh. El tema se complicaba. Aun así, "junto a la planta de fabricación había unas 

quince facciones del Ejército Libre", desvelan los periodistas. El Servicio Secreto apoyaba que Lafarge 

continuara y, de este modo, ellos podían seguir recabando mucha información. "Nuestra investigación 

revela que Lafarge también espió al Dáesh para los servicios secretos occidentales", sentencian los

 periodistas.

En septiembre de 2014, tres meses después de la autoproclamación del califato del Dáesh, los 

terroristas tomaron la fábrica de cemento. Pero el punto de inflexión fue el atentado en París contra 

Charlie Hebdo. "El enemigo no se llamaba Bashar al-Asad, sino Dáesh", sentencia la investigación 

periodística. "Investigamos para los franceses y para Estados Unidos", declara el empresario sirio Firas 

Tlass, que actuó como socio colaborador para Lafarge. Ahora el objetivo primordial eran los terroristas

 islamistas y sus enlaces con Europa.

Fotografías de yihadistas conseguidas por la red de espías de Lafarge. ©TV Press Productions

Juzgados en Francia

Poco después, saltó el escándalo. Tras seis años de investigación, "la policía judicial estima 

que la cementera pagó entre dos y siete millones de euros a los terroristas". Los periodistas

 confirmaron las transacciones.

Varios directivos y socios de Lafarge están siendo juzgados en los tribunales franceses por 

financiación del terrorismo. "El Ministerio de Asuntos Exteriores sabía de la economía de 

extorsión y sabía que el Dáesh se valía de dicha economía", declara Herrault. El grupo 

Lafarge lo admite, pero la Justicia, sorprendentemente, no desea escuchar al Estado ni a la 

Inteligencia, denuncia esta investigación que ha desvelado secretos que algunos hubiesen 

querido ocultar.

 

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil presenta una denuncia contra el Consejo de Administración de CAF por su implicación en el Tren Ligero de Jerusalén

 

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil presenta una denuncia contra el Consejo de Administración de CAF por su implicación en el Tren Ligero de Jerusalén

 

●        La denuncia, registrada el 18 de febrero ante la Fiscalía, se dirige contra el Consejo de Administración de CAF

●     Las entidades impulsoras sostienen que la implicación de la empresa es estructural en una infraestructura que conecta asentamientos en Jerusalén Este ocupado con Jerusalén Oeste

●     Las organizaciones denunciantes instan a la Fiscalía a investigar la posible responsabilidad penal de la dirección de CAF  

Madrid, 14 de abril de 2026. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), así como contra los directivos de seis filiales, por la implicación de la empresa en la construcción, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén (JLR por sus siglas en inglés).

La denuncia, registrada el 18 de febrero de 2026, está impulsada por NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37.

Una implicación estructural en el proyecto

Según el escrito presentado ante la Fiscalía, la empresa vasca participa desde 2019 en el desarrollo del proyecto con un papel que va mucho más allá de una colaboración puntual: se encarga de ampliar la Línea Roja del JLR, construir la Línea Verde, suministrar y renovar trenes y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones.

Además, opera y mantiene ambas líneas a través de una empresa conjunta en la que posee el 50% de participación, con contratos de entre 15 y 25 años.

CAF, en consorcio con la empresa israelí Shapir, ha desempeñado un papel central en el desarrollo y la operación del Tren Ligero de Jerusalén, proporcionando servicios clave sin los cuales el proyecto no habría alcanzado su estado actual. La participación de CAF es estructural e indispensable para el funcionamiento y la expansión del sistema de tranvía, no solo por su alcance técnico. La denuncia sostiene que la infraestructura conecta los asentamientos israelíes en Jerusalén Este ocupada entre sí y con Jerusalén Oeste, reforzando su integración y crecimiento, al tiempo que profundiza la fragmentación de los barrios palestinos.

Asimismo, la denuncia argumenta que las actividades de CAF en relación con el Tren Ligero de Jerusalén contribuyen presuntamente a la consolidación de la anexión ilegal por parte de Israel de Jerusalén Este ocupada; al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado; y al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina.

 La base jurídica y la responsabilidad en España

Desde el punto de vista jurídico, la denuncia sostiene que la actuación de CAF podría encajar en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Entre ellos, se incluyen conductas relacionadas con la participación en el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, en el mantenimiento de prácticas discriminatorias y en la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra.

Las organizaciones denunciantes subrayan además que España tiene jurisdicción en este caso, ya que CAF es una empresa con sede en el Estado español, sus órganos de decisión están sujetos a la legislación española y los directivos denunciados poseen nacionalidad española. A su juicio, esto sitúa también en el centro la responsabilidad de las autoridades españolas a la hora de actuar ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y de investigar los delitos a los que se contribuye mediante las empresas españolas.

A la espera de la Fiscalía

La denuncia llega tras años de advertencias sobre los riesgos legales y reputacionales del proyecto. Pese a ello, la empresa ha mantenido su implicación, incluida la inauguración de la ampliación de la Línea Roja el 9 de marzo de 2025. Asimismo, en septiembre de 2025 CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades en los asentamientos ilegales de Israel.

La Fiscalía nos ha confirmado la recepción de la denuncia y la apertura de una investigación sobre la misma. Las organizaciones denunciantes pedimos que la Fiscalía acuerde, a la vista de las pruebas que aportamos y de los resultados de su investigación, llevar el caso a la Audiencia Nacional y denunciar los hechos ante este órgano judicial.

 

Más información:

Ver documento Denuncia presentada contra el Consejo de Administración de CAF por su papel en el Tren Ligero de Jerusalén