miércoles, 30 de junio de 2021

Campaña por el Reconocimiento del Estado Palestino


 Campaña por el Reconocimiento del Estado Palestino


Dentro de dos años, se marcarán los 75 años de la adopción de la Resolución 181 de la ONU sobre la Partición de Palestina y el establecimiento del Estado de Israel, pero el pueblo palestino permanece bajo el yugo de la ocupación israelí, rehén de la voluntad de Israel de negociar su futuro, sin un final a la vista. La Franja de Gaza está sitiada y en medio de una crisis humanitaria, Jerusalén Oriental y las aldeas palestinas en su periferia han estado bajo anexión ilegal desde 1967, y la invasión de Israel de tierras palestinas en Cisjordania continúa sin cesar, amenazando la viabilidad de un futuro Estado de Palestina y en flagrante violación de la IV Convención de Ginebra y del derecho internacional consuetudinario.


La Campaña por el reconocimiento del Estado de Palestina reúne a organizaciones sindicales y de la sociedad civil europea, israelí y palestina para impulsar el reconocimiento del Estado de Palestina como el 194º miembro pleno de las Naciones Unidas (ONU). A dos años del 75 aniversario de la adopción de la Resolución 181 de la ONU sobre la Partición de Palestina y el establecimiento del Estado de Israel, es hora de reconocer al Estado de Palestina como un estado soberano y autónomo, y detener las violaciones de derechos humanos y el desplazamiento de palestinos en la región. 


Con el apoyo de organizaciones de la UE, Israel, Palestina y la diáspora, hacemos un llamado a Europa para que reconozca la urgencia y lidere una iniciativa diplomática que tenga como objetivo lograr una resolución justa y sostenible de este conflicto tan antiguo. El compromiso asumido por Europa en la Declaración de Venecia de junio de 1980, que reconoce el derecho del pueblo palestino a ejercer plenamente la libre determinación, debe cumplirse sin más demora.


La campaña por el Reconocimiento de Palestina se basa en estos principios:

-Si apoyamos el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, si asumimos nuestras obligaciones consignadas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y si queremos ser coherentes con nuestros valores democráticos, todos, Estados y ciudadanos, estamos obligados y responsables de oponernos a la anexión de los territorios palestinos, pidiendo al gobierno israelí que respete el derecho internacional y las resoluciones vigentes de las Naciones Unidas. 

 -El pueblo palestino tiene el mismo derecho a la autodeterminación que el pueblo israelí. El Estado de Israel fue declarado el 14/5/1948 y reconocido como miembro de la ONU el 11/05/1949; ha llegado el momento de reconocer al Estado palestino con plena soberanía. 

 -Esta es la única solución existente para detener todas las formas de violencia y discriminación, y abrir una nueva fase histórica de paz, cooperación y coexistencia que se basa en el reconocimiento mutuo y el respeto de los dos pueblos, israelí y palestino.


LLAMAMIENTO INTERNACIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO EUROPEO INMEDIATO DEL ESTADO DE PALESTINA

Nosotros/as, representantes de la sociedad civil y las organizaciones sindicales europeas, israelíes y palestinas que trabajan para promover la justicia social y una resolución justa y sostenible del conflicto israelí-palestino, basada en poner fin a la ocupación israelí del Territorio Palestino y aplicar la solución de dos Estados, nos hemos unido para emitir este llamamiento conjunto y urgente a la Unión Europea y a los Estados miembros de la UE, así como otros países europeos, para reconocer sin demora al Estado soberano de Palestina y promover su estatus en la Asamblea General de las Naciones Unidas al de un Estado de pleno derecho. 


Dentro de dos años tendrá lugar el 75 aniversario de la adopción de la Resolución 181 de las Naciones Unidas sobre la Partición de Palestina y el establecimiento del Estado de Israel, sin embargo, el pueblo palestino aún permanece bajo el yugo de la ocupación israelí, rehén de la voluntad de Israel para negociar su futuro, y sin un final a la vista. La Franja de Gaza está sitiada y sumida en una crisis humanitaria, Jerusalén Oriental y las aldeas palestinas en su periferia están bajo anexión ilegal desde 1967, y la usurpación de tierras palestinas en Cisjordania continúa sin disminuir, amenazando la viabilidad de un futuro Estado de Palestina y violando flagrantemente la 4ª Convención de Ginebra y el derecho consuetudinario internacional. 


La Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha estado luchando por la justicia social durante más de 100 años, ha expresado repetidamente su oposición a los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, en línea con la Resolución 2334/2016 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reafirmó que los asentamientos carecen de validez jurídica y constituyen una flagrante violación del derecho internacional. 


La OIT ha destacado el impacto de la ocupación en los/as trabajadores/as palestinos/as, especialmente las mujeres y los jóvenes, y ha liderado los esfuerzos para promover el trabajo decente en Palestina a través del diálogo social. El reconocimiento del Estado de Palestina y la responsabilidad empresarial en virtud del derecho internacional ayudaría a poner fin a las prácticas laborales abusivas de Israel y la explotación de los/as trabajadores/as palestinos/as. 


Las numerosas resoluciones de la ONU en favor del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, opuestas los asentamientos ilegales de Israel y en favor de la negociación entre las partes, no han logrado asegurar una resolución del conflicto. Treinta años después del lanzamiento de la Conferencia de Paz de Madrid, el pueblo palestino sigue siendo apátrida y sus derechos civiles y humanos más básicos siguen siendo negados, mientras que el Gobierno israelí sigue actuando unilateralmente para afianzar la anexión de facto en Jerusalén Oriental y sus alrededores y en Cisjordania a través de la expansión de los asentamientos. 


Hacemos un llamamiento a Europa para que reconozca la urgencia y lidere una iniciativa diplomática que tenga como objetivo lograr una resolución justa y sostenible de este conflicto de larga duración a través de estos tres principios rectores en la resolución de conflictos: multilateralismo, derechos humanos y respeto del Estado de Derecho. El reconocimiento del Estado de Palestina es un paso importante hacia este fin. El compromiso asumido por Europa en la Declaración de Venecia de junio de 1980, que reconoce el derecho del pueblo palestino a ejercer plenamente la libre determinación, debe aplicarse sin más dilación. 


El reconocimiento del Estado de Palestina en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital, es imperativo para proporcionar a los palestinos un horizonte diplomático y crear paridad de estima entre las partes antes de las negociaciones. 


Instamos a las instituciones europeas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los sindicatos y a los/as ciudadanos/as en general, a que se unan a nosotros en esta petición para ayudar a logar una solución de dos Estados y una paz justa en la región, abogando a nivel local, nacional e internacional por el reconocimiento del Estado de Palestina.


Listado inicial de adhesiones a este llamamiento


martes, 29 de junio de 2021

Intervención de Amnistía Internacional España sobre la irresponsabilidad de CAF

 


Vídeo de presentación de la Plataforma de Empresas Responsables

Intervención de Amnistía Internacional España sobre la irresponsabilidad de CAF

Grabación del evento disponible en Canal Youtube del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
(25 de junio de 2021)
Intervención de Marta Mendiola, Amnistía Internacional España, sobre la empresa CAF:

https://youtu.be/NP1u7-iNfX0

Desde el minuto 14m38"












Se pide al Parlamento Europeo que las empresas que actúen en los Territorios Ocupados no sean contratadas por la UE y sus Estados miembros


 La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a propuesta del CSCA, aprueba la petición y remite la misma a las comisiones de exteriores y de derechos humanos del mismo Parlamento, para su discusión 

 Se pide al Parlamento Europeo que las empresas que actúen en los Territorios Ocupados no sean contratadas por la UE y sus Estados miembros 


 El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe presentó el pasado mes de febrero una petición al Parlamento europeo para que sancionase a las empresas que actúan en los Territorios Ocupados de Palestina y Sáhara y se las considerase inelegibles para los concursos públicos y otras posibles ayudas para la Unión Europea y los Estados miembros. 


La petición, un cauce que tienen establecidos los ciudadanos europeos para participar y proponer cambios normativos en el Parlamento Europeo, presentada por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, recogía la necesidad de coherencia política del Parlamento ante los crímenes de guerra y lesa humanidad y la violación de la IV Convención de Ginebra que cometen las potencias ocupantes. Se ponía como ejemplos, la transferencia de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado; las expropiaciones y expoliaciones que sufre la población ocupada, etc. Para ello, se mencionaba la relación de empresas que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha evaluado por beneficiarse y lucrarse con la ocupación de Palestina y las nuevas normas de sanción individualizada que la UE se ha dado en el mes de diciembre. 

 El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, junto con otras organizaciones como, por ejemplo, Amnistía Internacional España, han pedido al Consejo de Derechos Humanos que incluya a la empresa española CAF en esa relación de empresas que actúan en los Territorios Ocupados Palestinos, como ya lo está su empresa socia Shapir, por construir y ampliar líneas de tranvía entre Jerusalén y las colonias próximas. 

La petición concretamente decía lo siguiente:  

“Según las Convenciones de Ginebra, la potencia ocupante no debe trasladar su población al territorio ocupado, ni realizar expropiaciones, expulsiones, etc. Las empresas que, al servicio de la potencia ocupante, se lucran con la ocupación, en contra de la población ocupada participan en crímenes de lesa humanidad. Estos serían los casos de Palestina y el Sáhara. En el primer caso, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha identificado a 112 empresas que participan y se lucran de la ocupación (A/HRC/43/71, de 12 de febrero 2020, OHCHR 20200212). Además, la UE se ha dado la decisión (2020/1999) y Reglamento (2020/1998) de 7 de diciembre sobre medidas restrictivas contra violaciones y abusos de los derechos humanos. Lo propio es que esas empresas no pudieran licitar, participar en programas de la UE de investigación, ni vender en el espacio de la UE.” 



lunes, 28 de junio de 2021

Qué es el pinkwashing?

 


¿Qué es el pinkwashing?

https://www.bdscomisionpinkwatching.org/

El pinkwashing o «lavado rosa» es la estrategia por la cual el estado de Israel instrumentaliza al colectivo LGTBIQ para distraer la opinión pública de sus políticas de ocupación, apartheid y limpieza étnica contra el pueblo palestino. El término pinkwashing se utiliza para referirse a cualquier actividad, evento o campaña, que presenta Israel, con su marca estrella Tel Aviv, como paraíso gay, mientras demoniza a las sociedades árabes de su entorno.


En realidad, Israel es un sistema de apartheid que utiliza el pinkwashing para hacerse pasar por un país abierto y democrático. Es un estado etno-teocrático que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y que presenta altas tasas de agresiones homófobas y tránsfobas y numerosas discriminaciones contra las minorías sexuales y étnicas, especialmente la población palestina indígena. También es un estado militarizado que castiga con penas de cárcel a los y las jóvenes israelíes que se niegan a participar en su ejército de ocupación (refuzniks).


Lo que Israel busca esconder detrás de esta propaganda, es que vulnera impunemente el derecho internacional y coloniza ilegalmente las tierras palestinas, en flagrante incumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, su Consejo de seguridad y el máximo órgano judicial internacional (Tribunal de La Haya, Sentencia del 9 de julio 2004 contra el Muro de Anexión). Israel mantiene a la población palestina, incluyendo las personas LGTBIQ, encerradas entre muros, torres de control, fronteras infranqueables y en cárceles israelíes. La última operación militar contra la Franja de Gaza mató a más de 2000 personas, de las cuales 500 eran niños y niñas.


Ante las campañas de pinkWASHing financiadas por el gobierno israelí, muchas personas y colectivos de Palestina y del resto del mundo han decidido no ser cómplices. Si tú también consideras que los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersex y queer no pueden ser manipulados para ocultar las violaciones de derechos humanos del pueblo palestino, ¡únete al pinkWATCHching!


El Estado de Israel recaudó ilegalmente decenas de millones de shekels de los trabajadores palestinos, y no los devolverá


 El Estado de Israel recaudó ilegalmente decenas de millones de shekels de los trabajadores palestinos, y no los devolverá

Nteel Bandel, 

Traducción del hebreo/inglés y castellano Ofer Neiman/CSCA

Haaretz, 22 de junio

Durante 50 años, el Estado dedujo "tarifas de procesamiento" de los salarios de los trabajadores agrícolas y los transfirió a Histadrut, aunque no estaban representados en ella. Cuando se presentó una demanda colectiva, el Estado emitió un "aviso de cese" al tribunal y se eximió de la compensación.

La Autoridad de Población e Inmigración recaudó ilegalmente decenas de millones de shekels de trabajadores palestinos cada año y los transfirió a Histadrut. A principios de este mes, el Tribunal de Distrito de Jerusalén dictaminó que se hizo en violación de la ley, pero el Estado se eximió de compensar a los trabajadores mediante un "aviso de cese" que entregó al tribunal.


Una decisión del gobierno de 1970 ordenó a los israelíes que empleaban a palestinos en la industria agrícola para igualar sus condiciones sociales a las de los trabajadores israelíes. Durante 50 años, la Autoridad de Población e Inmigración ha ordenado que los empleadores deduzcan "tarifas de procesamiento" en la cantidad del 0,75% de los salarios de los trabajadores palestinos en la agricultura y transfieran estos fondos a la Histadrut. Pero la mayoría de los trabajadores no son miembros de un convenio colectivo o miembros de una organización de trabajadores, por lo que la deducción fue contraria a la Ley de Protección Salarial. Se trata de decenas de miles de palestinos a los que se les dedujeron decenas de millones de shekels cada año y se transfirieron ilegalmente a la Histadrut. Los empleadores que no dedujeron ese elemento de los salarios de sus empleados fueron multados con decenas de miles de shekels.


En 2020, las asociaciones Ma'an y Kav LaOved presentaron ante la Audiencia Nacional del Trabajo una petición contra la deducción. Ma'an afirmó que los trabajadores palestinos no recibieron nada a cambio de la gran cantidad de dinero que pagaron, ya que los sindicatos palestinos carecen del estatus para representar a los trabajadores en Israel, mientras que Histadrut no permitió a los palestinos ser miembros de ella en todo este tiempo, hasta hace poco. "Esto se ha revelado en los últimos años con la exposición de accidentes laborales graves, que dañan a los trabajadores de la construcción palestinos sin recibir protección o incluso atención médica adecuada", dijo la asociación. Tras la petición, la Autoridad de Población anunció en diciembre de 2020 que dejaría de cobrar honorarios de los empleados. Al mismo tiempo, como parte de una demanda colectiva presentada en 2019 por el despacho de abogados Adv. Yigal Danino contra la Autoridad de Población, en nombre de una empresa agrícola llamada Neta Haaretz, la Autoridad de Población anunció que también dejaría de cobrar a los empleadores una tarifa. El Estado afirmó que la Autoridad de Población sirvió solo como un mecanismo de enlace para Histadrut, una actuación que, según el tribunal, "habría sido mejor no hacer"


El año pasado, Adv. Danino presentó una demanda colectiva en nombre de todos los trabajadores palestinos a quienes la Autoridad de Población e Histadrut cobraron tarifas ilegalmente. Como parte del proceso escuchado en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, Adv. Danino reveló las tasas de recolección ilegal a través de una solicitud de libertad de información. En los años 2018-2020, la Autoridad de Población recaudó ilegalmente 69 millones de NIS de palestinos para Histadrut. En 2012-2018, a los trabajadores palestinos se les cobraron ilegalmente 19 millones de shekels. La Autoridad de Población respondió a la demanda colectiva en un "aviso de cese", según el cual cesará esta acción administrativa. Un aviso de cese en el marco. de una demanda colectiva permite al estado admitir un error y dejar de cometerlo y así recibir una exención de tener que compensar a los demandantes. Dado que el Estado a través de la Autoridad de Población es el que recaudó ilegalmente el dinero para Histadrut, su anuncio también otorgó una exención a Histadrut.


El juez Alexander Ron criticó a principios de este mes al Estado en su decisión, escribiendo que "algunas demandas colectivas están más justificadas y otras menos. El motivo en el que se basa esta demanda es muy justificable: en el punto de mira están los salarios de los trabajadores agrícolas, que en primer lugar no están entre los más altos. Además, se trata de trabajadores especialmente vulnerables, se mire por donde se mire. Su poder de negociación es escaso, y su capacidad para oponerse al cobro de tasas consagrado en las decisiones gubernamentales, que se come sus salarios, es nula, si no inferior. De hecho, una deducción del 0,75% es ostensiblemente limitada. Pero las sumas se acumulan y perjudican al pobre más inocente, aunque lo hagan ligeramente en un mes determinado. Y lo que hace el Estado va en contra dei contenido de la legislación primaria consagrada en la Ley de Protección Salarial destinada precisamente a estos fines. La legislación en cuestión es clara, y no requiere ninguna interpretación, y no puede haber ninguna duda".


La Autoridad de Población e Inmigración declaró: "Después de un procedimiento judicial en el Tribunal Nacional del Trabajo, el cobro de una deducción fiscal por el procesamiento profesional de los salarios de los trabajadores palestinos empleados legalmente en Israel no se ha llevado a cabo a través de la Autoridad de Población e Inmigración desde más de un año, y cada empleador está obligado a transferir los fondos directamente a la organización a la que está asociado el empleado. Debe enfatizarse que la Autoridad sirvió en este asunto únicamente como un mecanismo de enlace para el cobro de tarifas de los empleadores y su traslado a Histadrut ".


Histadrut declaró: "Histadrut ha recaudado y sigue recaudando legalmente las cuotas de afiliación de los trabajadores palestinos, los beneficiarios de un convenio colectivo, la protección profesional y los servicios profesionales de Histadrut. Histadrut seguirá actuando, protegiendo y representando a los empleados de la Autoridad Palestina y velar por sus derechos. De hecho, la Autoridad de Población ha decidido, por iniciativa propia e ilegalmente, dejar de cobrar las cuotas de afiliación y de tramitación. Por eso, Histadrut ha presentado una solicitud en contra de esta decisión unilateral". Se observa que Histadrut se refiere al cobro de cuotas de afiliación en virtud de un convenio colectivo, mientras que el cobro declarado ilegal es el de una tasa de tramitación.



viernes, 25 de junio de 2021

Parlamentarios chilenos: ‘Pedimos a las empresas que cumplan sus responsabilidades internacionales y dejen de hacer negocios en los asentamientos ilegales’


 

Parlamentarios chilenos: ‘Pedimos a las empresas que cumplan sus responsabilidades internacionales y dejen de hacer negocios en los asentamientos ilegales’.

Sergio Gahona, Marcelo Díaz, Marcos Ilabaca, Andrés Longton, Karol Cariola, Pepe Auth, Alexis Sepúlveda, Iván Flores, Jorge Brito

Los diputados responden con contundentes argumentos legales la campaña de tergiversación y manipulación del propósito del proyecto de ley de prohibir la importación a Chile de productos provenientes de asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados que algunos sectores afines al sionismo han desplegado y algunos casos con tonos amenazantes.

Hace algunos días, los abajo firmantes, presentamos un proyecto de ley inédito para nuestro país, pero en total concordancia con los principios fundamentales de nuestra política exterior y del Derecho Internacional.

El proyecto tiene por fin prohibir la importación al territorio nacional de productos provenientes de asentamientos ilegales en territorios ocupados, declarados como tales por Cortes de jurisdicción internacional.

El Derecho Internacional es taxativo en señalar que los Estados no están solo obligados al cumplimiento de las obligaciones que le son propias, además tienen la obligación de hacer cumplir las obligaciones de los Estados que las están incumpliendo. Esto es claro incluso en la Carta de Naciones Unidas y ha sido refrendado en reiteradas ocasiones.

Es decir, lo que se propone es incorporar a nuestra legislación nacional normas ya contempladas en los tratados suscritos y ratificados por Chile.

Para el caso, es de esencial preocupación la cuestión de Palestina y las colonias israelíes existentes en el Territorio Palestino Ocupado. Chile, reconoció en el año 2011 al Estado de Palestina, como un “estado libre, independiente y soberano”, “conforme con las resoluciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas”. Es decir, Chile no reconoce como territorio israelí los asentamientos ilegales y, además, la opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia expresó claramente en su fallo sobre el Territorio Palestino Ocupado que éstos no tienen validez legal alguna. Entonces, el proyecto iría en plena coherencia con lo que Chile reconoce.

Para nuestro país (y otros 138 más), la única frontera reconocida entre Palestina e Israel es la frontera anterior al 4 de junio de 1967. Por tanto, Chile no reconoce la soberanía de Israel sobre los Territorios Ocupados desde el 5 de junio de 1967, lo que incluye Cisjordania y Jerusalén Oriental, cuya colonización es considerada un crimen de guerra desde 1949, bajo la IV Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma.

Como muchos han intentado tergiversar el propósito del proyecto, resulta menester aclarar que lo que se pretende en nuestro país no es nuevo. Los precedentes más destacados han sido adoptados por la Unión Europea al prohibir la importación de productos de Crimea debido a la ocupación rusa, o el etiquetado diferenciado que deben llevar los productos de las colonias israelíes para entrar a su territorio, decisión tomada por el Consejo de la Unión Europea y ratificada por el Tribunal de Justicia de ésta. Además, Irlanda está tramitando un proyecto de ley muy similar.

Los organismos internacionales reconocen una ocupación militar ilegal del Territorio Palestino, lo que ha sido ratificado por la última resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, de fecha 23 de diciembre de 2016, que condenó los asentamientos ilegales en Territorio Palestino -incluida Jerusalén Oriental- e instó a Israel al cese “de forma inmediata y completa” de cualquier actividad relacionada con los asentamientos.

En ese mismo sentido, el proyecto no busca prohibir la importación de todos los productos de Israel ni mucho menos dañar las relaciones entre ambos países. Lo que se pretende es instar a que Chile sea respetuoso del Derecho Internacional y actúe en coherencia con las resoluciones de Naciones Unidas y de Cortes Internacionales. En el caso de Israel, solo afectaría a los productos de las colonias que tenga en el territorio ocupado. Es decir, a modo de ejemplo, no se está prohibiendo importar productos desde Tel Aviv, pero sí de una colonia en la Cisjordania Ocupada.

Hoy son más de 240 colonias en Cisjordania y Jerusalén Este. Son miles de hectáreas de territorio palestino que han sido expropiadas, donde miles de viviendas y propiedades palestinas han sido destruidas y cientos de miles de palestinos han sido desplazados, los recursos naturales son confiscados y la libertad de movimiento es coartada. Allí, además hoy se instalan cientos de empresas que funcionan en contravención al derecho internacional y socavando los derechos más básicos de los palestinos.

Según Amnistía Internacional, “asentar a civiles en territorios ocupados viola el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra. Nombrar a las empresas que se benefician en el contexto de esta situación ilegal transmite el mensaje claro de la comunidad internacional de que nunca se deben normalizar los asentamientos. Estas empresas se benefician de violaciones sistemáticas de derechos de la población palestina y contribuyen a ellas”. Pedimos a las empresas que cumplan sus responsabilidades internacionales y dejen de hacer negocios en los asentamientos.”

Human Rights Watch en un reciente informe, que señala que “las autoridades israelíes están cometiendo los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución”, pide a los Estados “examinar los acuerdos, los planes de cooperación y todas las demás formas de comercio y diplomacia con Israel para detectar aquellas que contribuyan directamente a la comisión de los crímenes, mitigar los impactos sobre los derechos humanos y, cuando ello no sea posible, poner fin a las actividades y a la financiación que facilita la comisión de estos graves crímenes”.

Y, en la misma línea Michael Lynk, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó a los Estados miembros a promulgar leyes nacionales que prohíban la importación de bienes producidos en los asentamientos israelíes.

Ahora, en cuanto a la Organización Mundial del Comercio (OMC), si bien el principio de no discriminación prohíbe el trato diferenciado -o la discriminación arbitraria o injustificable- de los bienes y servicios comerciales por su origen en un lugar o país determinado, ésta es clara en señalar que “1) La legislación de la OMC debe interpretarse siempre de manera acorde al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos; 2) la cláusula de no discriminación de la OMC no es aplicable a las transacciones de bienes o servicios que provengan de territorios sobre los que los Estados contratantes no tengan soberanía internacionalmente reconocida; 3) la exclusión de compañías implicadas en tal situación ilegal u en otras flagrantes vulneraciones de los derechos humanos es un deber de los Estados bajo el derecho internacional público y permitido bajo la ley de la OMC, incluyendo el Acuerdo sobre Contratación Pública (…)”.

De esta forma la prohibición de importación de productos obtenidos en contravención al Derecho Internacional Humanitario aparece, por una parte, como una consecuencia lógica de las relaciones internacionales que ha mantenido nuestro país y, por la otra, como una necesidad para impedir el lucro que se produce de la comercialización de bienes, servicios o productos derivados de dicha vulneración. Debido a lo anterior, es preciso señalar que el objeto único de este proyecto es traer a nuestro Ordenamiento el cumplimiento a las normas internacionales que nuestro país ya ha ratificado.

Así, Chile se pone en la vanguardia con el proyecto de ley presentado y pretende ser promotor a nivel internacional de este tipo de legislaciones que nos acercan cada vez más a un sistema internacional de respeto de sus normas.

El proyecto de ley se puede leer aquí


Nizar Banat


 Nizar Banat


Nizar Banat, ha muerto tras ser detenido y estar bajo la custodia de las fuerzas de seguridad palestinas. 
Testigos presenciales de su detención, por la madrugada, acusan que fue objeto de golpes por parte de las fuerzas de seguridad palestina.
Nizar Banat era un crítico con la Autoridad Palestina y de su presidente, Mahmud Abbas, a los que acusaba de corrupción.
Su muerte ha ocasionado manifestaciones de protesta en Ramalla. La Autoridad Palestina ha prometido una investigación sobre las causas de su muerte.

miércoles, 23 de junio de 2021

La ocupación colonial de Palestina por Israel: la solución final sin fin. BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS


 Una mujer palestina toma una fotografía a una amiga frente a una pintada en el muro con Israel que representa a Iyad al-Halaq, un palestino autista y desarmado que fue asesinado a tiros por la policía israelí, en Belén, en la Cisjordania ocupada. REUTERS / Mussa Qawasma

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Un alto el fuego más, después de tantos otros, en la ocupación colonial de Palestina por Israel; otra estadística de muertes para los archivos del olvido; otra oportunidad para pacificar la conciencia de la comunidad internacional, especialmente estadounidense y europea; otro período de banalización de la humillación diaria de quienes, por motivos laborales, cruzan los puestos de control israelíes; otro proceso de intensificación de las provocaciones hasta los próximos bombardeos; otro momento de limpieza étnica por parte de una potencia colonial y violenta.Más....

lunes, 21 de junio de 2021

Gaza, mirando la destrucción. Vídeo


 


Gaza, mirando la destrucción. Vídeo


Por el personal de Palestine Chronicle


¿Qué significa realmente 'caído al suelo' en la vida real? ¿Qué le sucede a un vecindario una vez que explota un misil y se recogen los cuerpos de muertos y heridos?

En esta última producción de video del equipo de The Palestine Chronicle, intentamos visualizar la destrucción y ubicar los nombres de los que murieron en las casas y vecindarios en los que alguna vez vivieron.

Wafaa Aludaini, periodista palestino con sede en Gaza, nos lleva en este viaje emocional pero necesario a lo largo de la Franja de Gaza devastada por la guerra. 

"Los números sin nombres, las estadísticas sin caras y los gráficos sin el ser humano que les da un verdadero significado, son insuficientes para contar la historia de Palestina", dijo el periodista palestino y editor de The Palestine Chronicle Ramzy Baroud. 

“En el Palestine Chronicle, siempre hemos desafiado esa norma, que afecta a gran parte de los medios de comunicación. El pueblo palestino no es un sonoro ni es una víctima pasiva y sin rostro. Este breve video es nuestro intento de ayudar a nuestros lectores a visualizar Gaza, la destrucción de la última guerra israelí y las personas que sufrieron esa angustiosa experiencia ”, agregó Baroud. 

“Es extremadamente importante para el mundo ver cómo se ve Gaza en este momento, después de la última y sangrienta ofensiva israelí. Es importante experimentar visualmente la destrucción, saber que nuestra atención hacia Palestina no puede limitarse a los días en que Israel bombardea Gaza ”, dijo Romana Rubeo, editora en jefe de The Palestine Chronicle.

“Durante la guerra de 11 días, en The Palestine Chronicle, tratamos de proporcionar tanta información como pudimos. Creo que asociar palabras con imágenes es una herramienta poderosa para mantener alta la atención. Para cada niño, por ejemplo, un hogar es un refugio seguro. Ver cómo Israel convirtió estos refugios seguros en montones de escombros en cuestión de segundos es tan doloroso como necesario ”, agregó Rubeo.


Video

Lisboa compartió ilegalmente datos de manifestantes pro palestinos con Israel

 



Lisboa compartió ilegalmente datos de manifestantes pro palestinos con Israel

Reuters

En los últimos tres años, el ayuntamiento de Lisboa ha compartido ilegalmente datos personales de los organizadores de 52 protestas con embajadas de países contra los que protestaban, dijo el viernes el alcalde Fernando Medina después de una investigación interna.

Los datos sobre los organizadores de 182 protestas se han compartido con las embajadas desde 2012, concluyó la investigación, 52 de las cuales ocurrieron después de que el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, que prohíbe el intercambio de datos, entró en vigor en 2018.


La oficina del alcalde fue criticada la semana pasada cuando la organizadora ruso-portuguesa de una manifestación de protesta en Lisboa reveló a los medios locales que había recibido un correo electrónico que mostraba que el ayuntamiento había compartido datos sobre ella y sus compañeros organizadores con la embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en Moscú .

Los informes posteriores de los medios mostraron que el ayuntamiento también había compartido datos de manifestantes frente a las embajadas de Cuba, Angola y Venezuela con las respectivas embajadas, así como datos sobre manifestantes pro palestinos con la embajada israelí.

El oficial de protección de datos y el gabinete a cargo de manejar la información de los manifestantes fueron destituidos, dijo Medina en una conferencia de prensa en la que anunció los resultados de una investigación interna.

También se realizará una auditoría externa de las políticas de protección de datos del ayuntamiento.

La semana pasada, Medina descartó renunciar a sí mismo por el incidente.

"Esta fue una política inadecuada que nunca debería haber sucedido", dijo Medina.

No dijo si la política había tenido consecuencias para aquellos cuyos datos se habían compartido, como ser el objetivo de los gobiernos contra los que habían protestado.

La mujer ruso-portuguesa , Ksenia Ashrafullina, dijo que ahora no sabía si se le permitiría regresar a Rusia nuevamente como resultado del intercambio de datos.

La política, implementada en 2011 cuando el actual primer ministro Antonio Costa era alcalde de Lisboa, debería haberse detenido cuando una revisión interna en 2013 concluyó que los datos deberían compartirse solo con la policía y el Ministerio del Interior, dijo Medina.

Se revisó nuevamente y se ordenó que se detuviera en 2018 cuando se implementó el GDPR de la UE.

"Hubo reiterados incumplimientos de órdenes expresas", dijo Medina.


sábado, 19 de junio de 2021

‎A pesar de la decisión israelí de cerrar su sede los comités de trabajo de salud , reabre sus puertas ‎

 


HWC abre la sede cerrada por Israel
Había muchas gente y apoyo. En muchas páginas en árabe ha salido la noticia, con gran repercusión
Previamente llevaban días encerrados en carpas

‎A pesar de la decisión israelí de cerrar su sede los comités de trabajo de salud

, reabre sus puertas ‎

‎RAMALLAH, jueves 17 de junio‎,‎ 2021 (WAFA) - Los Comités palestinos de trabajo en 

salud (HWC) en la ciudad ocupada de Al Bireh, en Cisjordania, reabrieron sus puertas a pesar de 

la decisión de las autoridades israelíes de cerrarla por un período de seis meses.‎

‎La ministra de Salud, Mai al-Kaileh, que asistió a la ceremonia de reapertura, dijo que la reapertura 

de la sede de HWC se produjo en respuesta a los llamamientos hechos por los comités populares

 de resistencia y el consejo coordinador de organizaciones de la sociedad civil.‎

‎El departamento de derechos humanos de la OLP elogió la decisión de reapertura, afirmando que:

 "este paso representa una respuesta efectiva a las violaciones de la ocupación contra la soberanía

 de los territorios palestinos y el trabajo de las instituciones de la sociedad civil palestina, que subrayó

 no deben dejarse al racismo y la arrogancia de la ocupación.‎

‎El 9 de junio, las fuerzas israelíes asaltaron al amanecer la sede principal de la principal organización 

de salud en la ciudad ocupada de Al Bireh, en Cisjordania, y ordenaron el cierre del lugar.‎

Juana Ruiz, trabajadora española de los HWC, sigue presa en una cárcel israelí, junto con otros 

dos miembros de HWC. La próxima vista será el 7 de julio.



 

Zona de los archivos adjuntos

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN A FAVOR DE PALESTINA EN EL XIII CONGRESO REGIONAL DE CCOO D´ASTURIES

 Presentación y aprobación de una RESOLUCIÓN a favor de Palestina: ni colonialismo ni bloqueo!!! Palestina libertad

Puede ser una imagen de una persona e de pie

MARCHA POR LA LIBERTAD DEL PUEBLO SAHARAUÍ

 

🔴Centenares de personas han llegado a la puerta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España para hacer un acto no solamente político y reivindicativo sino que también emotivo y solidario en el que han participado en la rueda de prensa mujeres de las 3 columnas que han dado un discurso lleno de empatía con la causa de solidaridad y de lucha por la libertad 🇪🇭
🔹️En ese acto hemos escuchado la voz de Sabah, una joven Saharaui que lleva caminando desde el 4 de junio explicando de una manera muy emotiva todo lo que ha vivido y lo acompañada y arropada que se ha sentido durante el camino, la intervención de Diana Fernández de Sevilla que explicó todos los detalles importantes de esta marcha, hemos escuchado la voz de Tesh que hizo un recordatorio de todos los eventos que tendrán lugar en la capital del Estado.
▪️También tuvimos las palabras de Abdulah Arabi, Delegado del Frente Polisario en el estado Español, en el que sigue reconociendo por un lado la implicación de la ciudadanía y por otro lado exigiendo que se descolonice la última colonia de África.
🔸️Todas estas intervenciones fueron presentadas por Isabel Casanova (La Otra), una cantautora que ahora mismo es una de las voces más representativas del feminismo y de la lucha social, frente a un Ministerio que con la puerta cerrada y enviando solo a un funcionario, a recogido la documentación de las 63.000 firmas 📋
Mientras las estábamos entregando, nuestro movimiento solidario estaban acompañadxs de una nutrida representación institucional política de la izquierda tanto estatal como Europea en el que se ha podido observar que si hay partidos políticos comprometidos por la lucha de los Derechos Humanos y el fin de la ocupación Marroquí.


miércoles, 16 de junio de 2021

ACTIVIDADES ;DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS



 

Actividades CODOPA Día Mundial de las Personas Refugiadas



Realización y presentación de un mural en la Sindical de Xixón a cargo de la ilustradora María Ortíz 

 Se presentó el día 17 de Junio a las 11:30h a los medios de comunicación. 
Participaron en el acto representantes de el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe de Asturias, de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Sáhara y el Colectivo de Refugiados del Programa de DDHH en Colombia de Asturias.

CAF: La parte contratante de la primera parte…

 


CAF: La parte contratante de la primera parte…

Santiago González Vallejo

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

NAIZ IRITZIA


Dado el empecinamiento de la dirección de CAF, 31 organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional España, han pedido formalmente al Consejo de Derechos Humanos que CAF engrose esa lista en una próxima publicación

El Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles sigue en su carrera de no admitir su error de haber concursado y ganado la licitación organizada por las autoridades israelíes de construir y ampliar líneas de tren ligero entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias (ilegales) próximas, todo ello en los Territorios Ocupados Palestinos.

Una posibilidad que el Presidente de CAF, Andrés Arizkorreta García, tenía para reconocer su error, era decir a los inversores en la Junta de accionistas del 5 de junio que el proyecto de las autoridades israelíes que había sido ganado por CAF y su socio israelí Shapir vulnera las normas internacionales y que iba a ponerse en contacto con los palestinos para proteger, respetar y remediar el daño ya causado.

En lugar de eso, el Consejo de Administración reiteró que CAF tenía en el respeto de los derechos humanos la máxima prioridad, realiza un informe de diligencia debida o de riesgos por cada proyecto y que, en el caso del de Jerusalén, junto al normal se habían incorporado otros informes de expertos independientes (¿) y habían llegado a la conclusión de que cumplía todas las normas internacionales, incluyendo las Líneas Directrices de la OCDE sobre multinacionales. Posteriormente, ya por escrito, ante las preguntas concretas formuladas previamente a la Junta, amplió sus afirmaciones, que no respuestas.

De hecho, no las contesta. Y eso es una ofensa a los inversores y a la inteligencia.

…será considerada como la parte contratante de la primera parte

CAF no respeta los derechos humanos y el derecho internacional. Ni la verdad.

Así, CAF anunció en su día que el proyecto de ampliación y nuevas líneas de tranvía era en la ciudad «israelí» de Jerusalén. Y que supondría 500 millones de euros en su cartera de pedidos, de un proyecto cuyo presupuesto global ronda los 1.800 millones de dólares.

No dijo que esas ampliaciones y la nueva línea de tranvía abarca Territorios Ocupados palestinos. No israelíes. Y ese el núcleo del problema.

Tampoco dice que Israel ha hecho una planificación urbanística en áreas que no le pertenecen y sin contar con la población palestina a la que expropia y expulsa de sus hogares. El tranvía ya ha sido denunciado por las Naciones Unidas al considerar que viola la IV Convención de Ginebra, al facilitar el desplazamiento de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado. La Misión diplomática de Palestina en España ha hecho un informe donde se recopilan las violaciones del derecho internacional que incurre CAF. Esto ha provocado que el Ministerio de Asuntos Exteriores español haya advertido a la dirección de CAF de los riesgos legales que incurría. Aspectos que las «diligencias debidas» encargadas por CAF no recogen (!). CAF se quiere esconder en que ninguna empresa ha sido sancionada ni por la Unión Europea o el Estado Español por esas actividades en los Territorios Ocupados Palestinos.

Pero esa excusa, la de inexistencia de sanciones, tampoco es cierta. El 12 de febrero de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo pública una primera relación de empresas que se benefician de la ocupación de Territorios Palestinos, cuya elaboración y revisión fue realizada meses antes. En ella, entre otras empresas, está la francesa Alstom y lo que es más relevante, incluye a la socia de CAF, Shapir; su banco que financia el proyecto, Hapoalim; y su cliente de autobuses Solaris, Egged, que hace el transporte terrestre entre la zona considerada israelí y las colonias ilegales israelíes.

CAF dice al respecto que «la lista (…) ha sido tenida en cuenta en nuestra valoración de riesgos, impactos y procedimientos de diligencia debida». ¿Valora su Consejo de Administración que lucrarse con la ocupación de los Territorios Palestinos, al servicio de la potencia ocupante, como hace CAF, su socio, proveedor y cliente es respetar al derecho internacional?

Dado el empecinamiento de la dirección de CAF, 31 organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional España, han pedido formalmente al Consejo de Derechos Humanos que CAF engrose esa lista en una próxima publicación.

La lista de las Naciones Unidas ya es una sanción. Los inversores y operadores ferroviarios y de transporte terrestre conocen la catadura de estas empresas mencionadas. No es extraño, pues, que Norges Bank, el mayor gestor de pensiones del mundo haya desinvertido en Shapir por operar en los Territorios Ocupados Palestinos. Y que diferentes organizaciones le hayan pedido que se retire del accionariado de CAF. O que, el Fondo de Pensiones de Nueva Zelanda se haya retirado de Hapoalim. Y, tampoco, que 8 sindicatos noruegos hayan pedido al operador ferroviario noruego que rechace la candidatura de CAF en el próximo concurso ferroviario. Lo mismo que, con mayor o menor intensidad, hayan llegado peticiones similares a Renfe, al HS2 inglés…

Penúltima cuestión, el organismo de la OCDE que promueve y vigila el cumplimiento de las Líneas Directrices sobre multinacionales no ha podido ejercer su influencia porque CAF se ha negado a discutir el por qué opera en los Territorios Ocupados Palestinos y quién le ha dado la posibilidad de lucrarse fortaleciendo la ocupación israelí frente al pueblo palestino.

En las recientes manifestaciones de palestinos que protestaban por la expulsión y expropiación de vecinos de Sheikh Jarrah cuyas viviendas iban a ir a colonos israelíes se quemó y estuvo varias semanas sin servicios la parada de Suafad, en los Territorios Ocupados Palestinos, reflejo del malestar de la política del apartheid que Israel practica con cualquier palestino, sea cual sea su estatus. El tranvía del apartheid que contribuye a la ocupación no es ajeno a las protestas.

Por último, el Consejo de Administración de CAF y sus accionistas, Kutxabank, Fundación BBK, Mayoral, Daniel Bravo Andreu, Cartera Social y la propia Administración Vasca dicen que «el Grupo CAF no participa de ninguna manera de las cuestiones estrictamente políticas en ninguno de los países en los que opera, ni apoya a ninguna de las partes en conflicto, si las hubiera». Participar de la mano de la potencia ocupante en los Territorios Ocupados Palestinos, relacionarse con otras empresas que se lucran y facilitan la ocupación, para CAF debe significar no apoyar a nadie en la ocupación, palabra que evitan pronunciar.

En los Juicios de Núremberg, algunos nombres de empresas salieron a colación. Los acusados decían que ellos sólo obedecían órdenes y que eran inocentes de los crímenes. Facilitar la ocupación, lucrarse con ella, para CAF, ¿solo es cuestión de contratos y de obediencia?



Israel / Palestina: Designación de grupos de derechos palestinos como terroristas Ataque al movimiento de derechos humanos.

  Israel / Palestina: Designación de grupos de derechos palestinos como terroristas Ataque al movimiento de derechos humanos. (Nueva York) -...