lunes, 5 de junio de 2023

El tranvía de CAF en Jerusalén: próxima parada, apartheid Amnistía Internacional España, 1 de junio de 2023


 Fotografía tomada durante una protesta contra la demolición forzosa de viviendas. © Helal Alosh 

(AI Israel, helal@amnesty.org.il 


El tranvía de CAF en Jerusalén: próxima parada, apartheid

Amnistía Internacional España, 1 de junio de 2023


La empresa española CAF participa en la ampliación del tren ligero que une la parte Occidental de Jerusalén con asentamientos ilegales de Jerusalén Este, territorios que pertenecen legalmente a población palestina. De este modo, la constructora se hace partícipe -y beneficiaria- de esta ocupación y actúa en contra de todos los compromisos que dice respetar en materia de derechos humanos.


¿Quién es CAF y qué hace en Israel?


Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (C.A.F.) es una empresa espanÞola que opera en la industria ferroviaria desde hace más de 100 años. Nacida en la localidad guipuzcoana de Beasain, es uno de los principales referentes en la construcción de trenes de alta recorrido, cercanías y urbanos, tranvías y otros materiales ferroviarios.

En la actualidad, CAF tiene en marcha 59 proyectos en España nivel a estatal y autonómico, y otros en más de 20 países. Cotiza en bolsa y según sus cuentas, en 2022 facturó más de 3.000 millones de euros.

En agosto de 2019, CAF consiguió, como parte de un consorcio, la adjudicación de la ampliación del tren ligero en la ciudad de Jerusalén. Su socia en el proyecto, la empresa israelí Shapir, está incluida en la lista elaborada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de un centenar de empresas que contribuyen y se benefician de las sistemáticas violaciones de derechos de la población palestina. Esta lista está pendiente de actualización y más de 30 organizaciones de derechos humanos y sindicatos, entre ellas Amnistía Internacional, han pedido a las Naciones Unidas la inclusión de CAF por su participación en este proyecto, calificado como ilegal por el propio Consejo de Derechos Humanos.

El proyecto contratado incluye la ampliación de la “Liìnea Roja”, ya en funcionamiento, y la construcción de la “Línea Verde”, así como el suministro de vehiìculos y servicios teìcnicos. Estas extensiones conectarán el territorio de Israel con asentamientos ilegales en Jerusalén Oriental, un territorio ocupado en 1980, cuya anexión no reconoce Naciones Unidas y donde la Unión Europea ha declarado que es ilegal cualquier asentamiento de acuerdo al derecho internacional.



Israel puso sobre la mesa 1.800 millones de euros para poner en funcionamiento 28 kilómetros de vías. Tras estudiar su impacto, otras empresas ferroviarias internacionales descartaron presentarse al proyecto. Ya en 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró ilegal el proyecto dado que viola varias de sus resoluciones. CAF no solo decidió seguir adelante, sino que se ha presentado a nuevas licitaciones para dos nuevas líneas en Territorios Palestinos Ocupados.

Es evidente que todas estas infraestructuras contribuirán al mantenimiento y crecimiento de estos asentamientos ilegales.


¿Qué sucede en Jerusalén Oriental?

Desde 1967 Israel ha derribado decenas de miles de propiedades palestinas tanto en Cisjordania como en Jerusalén Oriental. Además, se han desviado recursos naturales de estas zonas para destinarlos a los asentamientos de colonos. En ellos viven ya cerca de 600.000 personas.

El derecho internacional tipifica como un crimen de guerra el hecho de que una potencia ocupante construya asentamientos en un territorio ocupado y permita que su población pase a vivir allí. En este sentido, el IV Convenio de Ginebra prohíbe trasladar a la fuerza a personas residentes en el territorio ocupado y apropiarse de sus bienes. Es decir, los asentamientos que conecta el proyecto que está ejecutando CAF son ilegales, y contribuir a su mantenimiento y consolidación con esa conexión también lo es.



La población palestina que vive en Jerusalén Oriental no tiene ciudadanía, sino un permiso de residencia que en teoría es de carácter permanente. Pero solo en teoría. Más de 14.000 personas palestinas han visto cómo se les retiraba y se les obligaba a abandonar la ciudad. Los barrios de Jerusalén son muy atractivos para las organizaciones de colonos, que cuentan con el apoyo total del gobierno israelí para desplazar a las familias palestinas y pasar a ocupar sus viviendas.

A partir de ahí, los colonos parecen tener carta blanca para hostigar a sus vecinos. En 2022, la ONU registró en la Cisjordania ocupada 621 ataques contra población palestina. Aunque el mayor peligro viene de las propias fuerzas de seguridad: desde febrero del año pasado habrían matado a 220 personas personas palestinas, 35 de ellas solo en enero de 2023.

“Dos veces intenté levantar la cabeza y las dos [los agentes] me la golpearon con la culata de sus fusiles […] no te permiten levantar la cabeza. Me dolía todo el cuerpo por los golpes y las magulladuras”. Son palabras de Shadi, un joven de 17 años, que se encontraba en la mezquita de Al Aqsa cuando, el pasado abril, la policía israelí irrumpió por segunda vez durante el rezo con ocasión del Ramadán. Lanzaron granadas aturdidoras, golpearon con sus armas a personas indefensas, realizaron al menos 450 detenciones, también a niñas y niños, y, como colofón, dispararon balas de goma contra las ambulancias para impedir que pudieran atender a las personas heridas en el interior de la mezquita.

Confiscaciones masivas de tierras y viviendas, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, restricciones a la circulación, negación de ciudadanía. Estos actos son constitutivos del crimen de derecho internacional de apartheid y es a lo que se enfrenta la población palestina bajo la ocupación israelí. El Estatuto de Roma define apartheid como un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre otro. Construir una infraestructura permanente entre los asentamientos ilegales es una muestra más de la confianza israelí en seguir disfrutando de impunidad por parte de la comunidad internacional.

Pactos, declaraciones, informes y otros papeles mojados

“Respeto escrupuloso de los derechos humanos”, “ética en los negocios”, “mejores prácticas de buen gobierno corporativo", “igualdad de oportunidades”, “contribución y desarrollo social”, son algunos de los principios que en sus informes anuales CAF dice observar en el desarrollo de su actividad. La empresa se ha adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas, que supone un compromiso de respetar los derechos humanos, el medio ambiente y luchar contra la corrupción.

La empresa ha puesto en marcha un órgano de control “con poderes autónomos” para supervisar y gestionar de forma directa los derechos humanos, y un sistema de evaluación y gestión de riesgos que analiza desde la perspectiva de derechos humanos todos los proyectos y ofertas del grupo.

A pesar de la contundencia de sus compromisos en derechos humanos y de los mecanismos de control establecidos, la empresa asegura que “no se ha detectado ninguna vulneración de derechos humanos derivada de la participación del Grupo CAF en ningún proyecto”.

Pero la realidad es tozuda, y las actividades de la empresa en territorio ocupado muestran que sus compromisos son papel mojado, que los controles internos son ineficaces y que la persecución del negocio y de los beneficios empresariales de CAF se lleva a cabo vulnerando los derechos humanos, ignorando incluso resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Este episodio se une a los de otras muchas empresas en las que las buenas palabras de los pactos, declaraciones, sellos y certificados sirven para poco cuando llega una lluvia de dólares. Hemos conocido casos recientes en Arabia Saudí, Qatar o el Amazonas. Parte del problema está vinculado a la ausencia de una legislación internacional que haga responsables a las empresas de sus impactos en derechos humanos.

Ante esta realidad, más de 500 organizaciones han creado la Plataforma por las Empresas Responsables que pide al gobierno español la aprobación de una ley que obligue a las empresas a actuar “con la debida diligencia” en el respeto de los derechos humanos y medioambientales. La Plataforma, de la que forma parte Amnistía Internacional, también trabaja para la aprobación de una directiva que obligue de forma eficaz a que todas las empresas que operen en la Unión Europea se hagan responsables de sus impactos en derechos humanos a lo largo de toda su cadena de valor.



Peticiones para abandonar el proyecto

La empresa CAF no sólo ha ignorado sus propios compromisos en derechos humanos. También ha hecho oídos sordos a quienes le alertaban de las consecuencias de este proyecto. Amnistía Internacional se ha dirigido en repetidas ocasiones a CAF y a sus accionistas preguntando sobre los procesos de debida diligencia implementados y reclamando el abandono del proyecto por ser contrario al derecho internacional. Hasta hoy el silencio ha sido la única respuesta. Ante las preguntas de accionistas minoritarios en las juntas, los responsables aseguran haber cumplido todos los requisitos pero sin explicar qué evaluación de impacto se ha realizado.

En un informe publicado en mayo de 2022 por una institución vinculada con la OCDE, el Punto Nacional de Contacto de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, afirma que la participación de CAF “podriìa contribuir a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos”, contribuyendo “al establecimiento, mantenimiento y crecimiento de los asentamientos”.

El informe recomienda, entre otras medidas, una “mayor diligencia en la valoracioìn de los danÞos o vulneraciones a los derechos humanos que pueda ocasionar la actividad de la empresa espanÞola” así como mejorar la transparencia en la comunicación, ya que ha ocultado que el proyecto transcurre en Territorios Palestinos Ocupados.

Además de las más de 30 organizaciones sociales que pidieron la inclusión de la CAF en la lista de empresas que contribuyen a la vulneración de derechos humanos en Israel, el personal trabajador, a través del propio Comité de Empresa de la planta de Beasain, y cuarenta entidades del País Vasco han hecho llegar esta petición a la empresa para que renuncie a un proyecto al que nunca se debió presentar. A pesar de esto, a finales de 2022, el organismo del Gobierno vasco, Finkatuz, aumentó su partición en la empresa hasta el 3%.

Por tanto, a estas alturas parece claro que los propietarios de CAF no tienen ningún interés en saber cuál es el impacto real de su proyecto en los derechos humanos de la población palestina, y de hecho se han presentado a nuevos proyectos en Territorios Ocupados. Quizás, solo si perciben que su participación les supondrá mayores pérdidas en el futuro, es posible que abandonen el proyecto. Si no lo hacen, la próxima parada de los tranvías de CAF se llama apartheid.


jueves, 1 de junio de 2023

El papel de las grandes tecnológicas digitales en la economía de ocupación israelí WHOPROFITS, mayo 2023

 

El papel de las grandes tecnológicas digitales en la economía de ocupación israelí
WHOPROFITS, mayo 2023

Informe dinámico
Las empresas multinacionales de alta tecnología trabajan para reforzar la economía de ocupación israelí mediante el suministro de infraestructuras, tecnología, conocimientos y productos a instituciones civiles y militares. El nuevo Informe Dinámico de Who Profits centraliza los perfiles de las EMN tecnológicas que facilitan las violaciones por parte de Israel de los derechos humanos de las comunidades palestinas y sirias ocupadas.

Las grandes empresas multinacionales (EMN) de tecnología están integradas y han consolidado un poder considerable sobre nuestra vida cotidiana, nuestras economías y nuestros Estados. En todo el mundo, los gobiernos y las instituciones públicas dependen cada vez más de equipos e infraestructuras privados desarrollados y/o gestionados por las EMN para sus operaciones. Esta dependencia sirve a las EMN para desarrollar sus productos mediante la extracción y el análisis ininterrumpidos de datos, reforzando su poder y aumentando sus beneficios.

En este Informe Dinámico, Who Profits presenta una investigación que examina las diversas formas en que las EMN refuerzan la economía de ocupación israelí mediante el suministro de infraestructuras, tecnología, conocimientos y productos a instituciones tanto civiles como militares.

La actividad de estas empresas es a la vez enorme y de diversa escala. En algunos casos, una empresa participa en la ejecución de un gran proyecto para el ejército israelí, mientras que, en otros, las empresas proporcionan software o equipos para el funcionamiento de un sistema más amplio. Independientemente de la escala, el trabajo de estas empresas refuerza la capacidad de una economía de ocupación israelí ya altamente tecnológica y orientada a los datos, así como su capacidad para desposeer, reprimir, controlar y someter a una vigilancia omnipresente a los palestinos a ambos lados de la Línea Verde.

En este Informe Dinámico, Who Profits centraliza los perfiles de las multinacionales tecnológicas que figuran en su base de datos de empresas que facilitan las violaciones por parte de Israel de los derechos humanos de las comunidades palestinas y sirias ocupadas. La base de datos se actualiza continuamente con la incorporación de nuevos perfiles de empresas y actualizaciones de los perfiles existentes.  

Empresas incorporadas: MicrosoftCisco SystemsIBMDell Technologies. Siga los enlaces para ver los perfiles completos de las empresas.

Antes de la publicación, Who Profits se puso en contacto con todas las empresas que aparecen en este informe, para compartir la información presentada y solicitar una respuesta. En los casos en que se ha recibido una respuesta, se indica en el perfil de la empresa.

Más información sobre el rol de las empresas tecnológicas, aquí

Sobre google

miércoles, 31 de mayo de 2023

 

La situación de los trabajadores de los territorios árabes ocupados Organización Internacional del Trabajo


 La situación de los trabajadores de los territorios árabes ocupados

Organización Internacional del Trabajo
Memoria del Director General - Anexo para la 111 Conferencia Internacional del Trabajo, 2023

"En 1919, los fundadores de la OIT declararon que «la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social». En este informe se recalca esa verdad fundamental. En definitiva, no puede haber justicia social bajo la ocupación." 

Prefacio
 
De conformidad con el mandato que la Conferencia Internacional del Trabajo me ha confiado, este año envié una nueva misión encargada de elaborar un informe sobre la situación de los trabajadores de los territorios árabes ocupados. Los miembros de la misión visitaron la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, así como Gaza, Israel y el Golán sirio ocupado. También tuvieron la oportunidad de conversar por videoconferencia con los mandantes en la República Árabe Siria. Asimismo, el jefe de la misión se entrevistó, por videoconferencia, con los representantes de la Organización Árabe del Trabajo en El Cairo. 

En los territorios árabes ocupados y en Israel, los miembros de la misión mantuvieron conversaciones exhaustivas con representantes de la Autoridad Palestina, con el Gobierno de Israel, con organizaciones de empleadores y de trabajadores en Palestina e Israel, con ciudadanos sirios en el Golán sirio ocupado, con representantes de las Naciones Unidas, de otras organizaciones internacionales y de organizaciones no gubernamentales (ONG), así como con empresarios y trabajadores. Toda la información que facilitaron ha guiado la elaboración del presente informe. Los miembros de la misión también realizaron varias visitas provechosas sobre el terreno a lugares donde el conflicto ha afectado recientemente a los trabajadores, como Hebrón, el valle del Jordán y un campamento de refugiados en la Ribera Occidental. 

Agradezco la cooperación brindada a la misión por todos sus interlocutores, lo que confirmó una vez más el amplio apoyo a los valores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la labor que esta realiza con todos sus mandantes. Como siempre, los miembros de la misión trabajaron con el objetivo de proceder a una evaluación completa, precisa e imparcial de la situación en la que se encuentran los trabajadores de los territorios árabes ocupados. 

Como Director General, este es el primer informe que presento sobre esta cuestión a la Conferencia Internacional del Trabajo. Hemos venido informando anualmente a nuestros mandantes sobre la situación de los trabajadores de los territorios árabes ocupados desde hace más de cuarenta años. Me gustaría poder transmitir este año un mensaje de esperanza a la Conferencia: la esperanza justificada de que prevalecerá la paz, de que se instaurará la justicia social y de que el trabajo decente se convertirá en una realidad para los trabajadores palestinos. Sin embargo, me temo que este mensaje, por mucho que lo deseemos, no se ajustaría a la realidad sobre el terreno. La situación de los trabajadores bajo la ocupación sigue siendo terrible en su mayor parte y, por desgracia, parece que hay muy pocos motivos para el optimismo en esta coyuntura. 

Como se muestra en el presente informe, el conflicto, la violencia y la tensión siguen permeando el mundo del trabajo palestino y se han convertido en una parte integrante de la vida de los trabajadores. La expansión de los asentamientos está restringiendo gravemente sus derechos. La ocupación está ahogando el mercado de trabajo, que a su vez no está rindiendo lo que podría o debería. Los resultados del mercado de trabajo en su conjunto siguen siendo poco satisfactorios. Persiste un elevado nivel de desempleo y los medios de subsistencia de los palestinos peligran. Las mujeres y los jóvenes que buscan empleo son los más desfavorecidos. 

Sin embargo, de todos los lugares, la situación más crítica es la de Gaza. Los trabajadores del enclave bloqueado están atrapados en la pobreza, con pocas perspectivas de empleo y aún menos oportunidades de trabajo decente. En estas circunstancias, es fácil olvidar el potencial que presenta Gaza. Gracias a su ubicación costera y a una fuerza de trabajo instruida y emprendedora, los trabajadores y sus familias podrían prosperar, si se les permitiese.

Cabe destacar que, a lo largo del último año, las autoridades israelíes han permitido que un mayor número de trabajadores palestinos, también de Gaza, busquen empleo en Israel. Los sueldos son más altos allí, pero el acceso y las condiciones siguen siendo difíciles. El trabajo a menudo es precario. Pese a los intentos de reforma, los intermediarios sin escrúpulos siguen dominando el comercio de permisos. 

Redunda en interés de todas las partes abandonar las medidas unilaterales y reunir a las partes interesadas tripartitas de ambos lados para buscar soluciones prácticas y sostenibles. Esto exige voluntad y compromiso políticos. Es necesario restablecer y priorizar el diálogo. Bajo mi dirección, la OIT sigue dispuesta a prestar ayuda en ese sentido. 

En 1919, los fundadores de la OIT declararon que «la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social». En este informe se recalca esa verdad fundamental. En definitiva, no puede haber justicia social bajo la ocupación. La colaboración internacional sigue siendo crucial para volver a reunir a las partes en torno a la mesa de negociación y asegurar que se avance hacia la consecución de la visión de dos Estados coexistentes, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, los acuerdos previos y el derecho internacional. Para ello, es esencial desplegar esfuerzos integrados y lograr una mayor colaboración. La comunidad internacional y las partes interesadas sobre el terreno deben colaborar para consolidar la paz y la justicia social, por el bien de los trabajadores de los territorios árabes ocupados. 

Mayo de 2023 
Gilbert F. Houngbo 
Director General

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martes, 30 de mayo de 2023

LA BASE DE DATOS DE NACIONES UNIDAS DE EMPRESAS CÓMPLICES CON LOS ASENTAMIENTOS ISRAELÍES EN EL TERRITORIO OCUPADO DE PALESTINA


 
LA BASE DE DATOS DE NACIONES UNIDAS DE EMPRESAS CÓMPLICES CON LOS 
ASENTAMIENTOS ISRAELÍES EN EL TERRITORIO OCUPADO DE PALESTINA Impacto,
 limitaciones y oportunidades para el uso y el desarrollo del instrumento
Felip Daza Sierra
ODHE, NOVACT, SUDS

En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

 Derechos Humanos (ACNUDH) publicó una Base de Datos con 112 empresas con 

actividades económicas en los asentamientos ilegales de Israel en el Territorio Ocupado 

Palestino (ToP), incluyendo Jerusalén Este y los Altos del Golán Sirios. Esta lista de empresas

 emanó de la resolución 31/36 de 2016 que incluía explícitamente su actualización anual.


[31 organizaciones de derechos humanos e internacionalistas, entre ellas el Comité de Solidaridad 

con la Causa Árabe, han solicitado en el año 2020, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones

 Unidas la incorporación de la empresa CAF en dicha Base de Datos]


La publicación de la Base de Datos se realizó con 4 años de retraso desde la adopción del 

mandato, una demora que fue justificada por motivos técnicos, por el entonces representante 

del ACNUDH Zeid Ra’ad al-Hussein. Sin embargo, los retrasos en la finalización del listado

 de 

empresas respondieron más a intensos procesos de negociación y presiones políticas de las 

empresas y los Estados de origen de las mismas.


A pesar de que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) prohíbe categóricamente el 

saqueo de los recursos naturales por la potencia ocupante, Israel no ha cesado de expandir

 los asentamientos ilegales, y las zonas industriales anexas, en el ToP. Durante los cuatros 

años de retraso en la publicación de la Base de Datos, el desarrollo de los asentamientos

 ilegales en los ToP aumentó, produciéndose la conexión de los grandes bloques de Ma’ale

 Adumim, Givat Ze’ev, Beitar Illit, Efrat, y Etzion con la ciudad de Jerusalén, todos ellos con

 amplias actividades económicas.


Como ha reiterado el Consejo de Derechos Humanos en las resoluciones que han contribuido

 al desarrollo del mandado de la Base de Datos, los asentamientos israelíes obstaculizan 

un proceso de paz justa, duradera y comprehensiva basada en la solución de los dos Estados.

 Por tanto, las actividades de las empresas israelíes y extranjeras que facilitan, mantienen y 

sustentan los asentamientos, contribuyen a la

 longevidad del conflicto y vulneran el derecho alienable del pueblo palestino a su 

auto-determinación y el acceso a sus recursos naturales.  


Los Estados, incluyendo Israel, están obligados a respetar las disposiciones establecidas por 

el DIH, y establecer medidas para que sus nacionales no vulneren la norma internacional,

 incluyendo las empresas bajo su jurisdicción. Asimismo, debido a las condiciones inherentes 

de un contexto de alto riesgo, como una ocupación militar, las empresas tienes

 responsabilidades especiales descritas en los Principios Rectores sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos de Naciones Unidas (PRNU), para evitar que sus operaciones afecten, 

directa o indirectamente, los derechos humanos de las comunidades locales.


Publicamos un informe de Felipe Daza que pretende analizar el estado actual del instrumento

 de la Base de Datos con el objetivo de avanzar en su desarrollo, actualización e

 implementación a nivel internacional y nacional.

  • Panorámica de los antecedentes y características del instrumento, incluyendo las 

  • interferencias políticas que determinaron el resultado de la primera publicación. 

  • También se definen los ámbitos de aplicación de la Base de Datos con referencias a

  •  las intersecciones con otros instrumentos como los PRNU.

  • Los límites del instrumento y los impactos alcanzados hasta el momento.

  • Estrategias para la incidencia política y recomendaciones para el uso y desarrollo de 


    La elaboración del estudio ha incluido una revisión de las resoluciones aplicables y 

  • comunicaciones del Consejo de Derechos, ACNUDH y otras agencias de Naciones

  •  Unidas, así como otras publicaciones relacionadas con la Base de Datos e informes

  •  de empresas y sectores industriales vinculados de forma directa o indirecta con la

  •  misma. Asimismo, durante el proceso de investigación se han realizado entrevistas

  •  a representantes de organizaciones de la sociedad civil palestina e internacional, así

  •  como misiones diplomáticas en Ginebra.

  • la Base de Datos dirigidas a las agencias relevantes de Naciones Unidas, instituciones 

  • públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Informe completo

http://www.odhe.cat/es/la-base-de-datos-de-naciones-unidas-de-empresas-complices-con-los-asentamientos/


Vídeo de presentación del Informe.

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[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje

lunes, 29 de mayo de 2023

Muere Antonio Gala


 Antonio Gala

Ha fallecido el escritor, poeta, dramaturgo, articulista y hombre comprometido con la paz, con la amistad del mundo árabe, con el pueblo palestino, Antonio Gala.

Estudioso y amigo de lo árabe, fue fundador junto a Pedro Martínez Montávez y otros de la Asociación de Amistad Hispano Árabe en 1981.

También fue portavoz de la Campaña contra la OTAN y las Bases Estadounidenses en la Campaña contra la OTAN y en otras causas civiles y protestas. Era un admirador de los indignados del 15 M.

Siempre amigo de la palabra, tenía el don de verbalizar los sentimientos, de hablar del amor, de la soledad, de la amistad sin caer en lo cursi o en lo abstracto, trasladando al interlocutor la intimidad de sus pensamientos como el agua clara deslizándose por el arroyo.

jueves, 25 de mayo de 2023

Los sindicatos europeos aprueban abogar por medidas que impidan comerciar con asentamientos en territorios ocupados Santiago González Vallejo Comité de Solidaridad con la Causa Árabe


 Los sindicatos europeos aprueban abogar por medidas que impidan comerciar con asentamientos en territorios ocupados

Santiago González Vallejo
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

En el XV Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), coincidente con el 50 aniversario de su fundación, ha prosperado una enmienda inicial, recogida en el texto final que se ponía a discusión en el Congreso, por amplísima mayoría y que recoge la petición del sindicalismo europeo de impedir el comercio entre los países europeos y los asentamientos en territorios Ocupados.

La propuesta inicial fue presentada por los sindicatos CSC y FGTB belgas, CGT de Francia y ELA y USO del Estado Español. Esa enmienda fue recogida por la ponencia en el texto que se ponía a discusión en el XV Congreso de la CES que se celebra en Berlín del día 23 al 26 de mayo. El último día, viernes 26 son elegidos la nueva dirección del sindicalismo europeo los próximos 4 años. Se presenta como secretaria general, la irlandesa Esther Lynch procedente del ICTU irlandés.

A la discusión del Programa de Acción sindical para los próximos cuatro años, titulada "Juntos por un trato justo para los trabajadores", en el apartado de "Un papel más fuerte de Europa en el mundo, basado en nuestro modelo social y nuestros valores sindicales" sólo se presentó una enmienda por parte de la DGB alemana, intentando suprimir esa referencia señalada que, finalmente, fue rechazada masivamente, quedando el texto final de esta forma (traducción no oficial): 

"4.7.8 - Promover la resolución pacífica en Palestina, Siria, la región kurda y el Sáhara Occidental y en otros lugares, exigir el respeto del derecho internacional y el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, de conformidad con las resoluciones de la ONU; exigir que la UE garantice el respeto del ámbito geográfico de sus Acuerdos de Asociación; exigir que la UE considere el impacto sobre los trabajadores cuando despliegue sanciones y bloqueos. La CES abogará por medidas reguladoras que impidan a las entidades legales de la UE importar productos originados en asentamientos ilegales y exportar a territorios ocupados, ayudando o asistiendo a tales situaciones ilegales de conformidad con los Tratados de la UE y el cumplimiento del derecho internacional. La CES reafirma la necesidad de un acuerdo negociado entre Israel y Palestina que dé lugar a una solución duradera y pacífica de "dos Estados", que represente la solidaridad, la justicia y los derechos legítimos de ambos pueblos a coexistir en condiciones de seguridad, independencia y dos Estados soberanos viables. La CES pide que se refuerce, bajo los auspicios de la CES y de sus sindicatos afiliados, la cooperación entre la Histadrut y la PGFTU para ayudar a los trabajadores palestinos empleados en Israel y, en particular, la formación profesional que se imparte a estos últimos en el sector industrial."

Hay que hacer constar, que la redacción de la enmienda inicial y recogida por la ponencia del Congreso abarca no sólo el caso de Palestina, sino que también al del Sáhara Occidental.

Asimismo, recoge las aspiraciones de la Iniciativa Ciudadana Europea, que consiguió 277.000 firmas de ciudadanos europeos (24.399, procedentes del Estado Español) y que fue admitida por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el pasado mes de abril y que tiene que ser contestada por la Comisión Europea, en los próximos meses.

El apoyo sindical a la propuesta de prohibir el comercio con los asentamientos sitos en territorios Ocupados contrasta con la ineficacia y complicidad de las autoridades europeas en controlar el comercio con los asentamientos y que no se beneficien de los beneficios del Acuerdo de Asociación UE Israel, Esta dejadez, en la práctica, se ha convertido en apoyo a la impunidad israelí en transgredir el derecho internacional.

La postura aprobada por la Confederación Europea de Sindicatos es coherente con la Hoja de ruta de la CES adoptada en junio de 2021, que decía; 
"La CES reconoce (además) que la participación europea en actividades económicas en estos territorios ilegalmente ocupados contribuye a perpetuar la situación. Por lo tanto, la CES identificará y supervisará el uso de todos los instrumentos de la UE, incluida la política comercial y los acuerdos de la UE, (...) con vistas a poner fin a la ocupación y a las violaciones de los derechos humanos y sociales, al tiempo que se garantiza la adopción simultánea de medidas para compensar los efectos negativos sobre los trabajadores."



Si queremos paz y negociaciones equilibradas, tenemos que luchar contra la ocupación y la colonización.

La enmienda es coherente con la hoja de ruta de la CES adoptada en 2021.



Santiago González Vallejo
CSCA

Una sociedad justa y democrática que beneficie a todos: por eso luchan los palestinos Mustafa Barghouti


 Refugiados palestinos cruzando el rio Jordán durante la guerra árabe israelí de 1967. Foto: UNRWA7AP


Una sociedad justa y democrática que beneficie a todos: por eso luchan los palestinos
Mustafa Barghouti

The Guardian, 15 de mayo de 2023

No podemos cambiar el pasado. En el 75 aniversario de la Nakba, luchamos por un Estado único en el que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos

Para nosotros, los palestinos, el 15 de mayo marca el 75 aniversario de la Nakba (la "catástrofe" de 1948), durante la cual cerca del 70% de la población palestina fue desplazada a la fuerza y más de 500 comunidades fueron aniquiladas por completo, además de las masacres cometidas por las milicias sionistas.

La Nakba de 1948 supuso la destrucción del modo de vida de la población autóctona palestina y la creación del Estado de Israel. En la guerra de 1967, otro importante punto de inflexión, Israel ocupó el 22% restante de la Palestina histórica.

Sin embargo, al hacerse con el control de Cisjordania y la Franja de Gaza, Israel unificó inadvertidamente a los palestinos, que se unieron en una lucha común por la libertad, la autodeterminación y el derecho a regresar a las tierras de las que tantos se habían visto obligados a huir violentamente. Algunos dirigentes israelíes incluso advirtieron de las consecuencias de mantener la ocupación militar de Cisjordania y la Franja de Gaza.

La ocupación ilegal israelí se transformó gradualmente en un sistema de apartheid. Según Ronnie Kasrils, que fue uno de los líderes judíos de la lucha contra el apartheid y miembro del gobierno de Nelson Mandela, el apartheid israelí en Palestina es incluso peor que el que existía en Sudáfrica.

Esto incluye los asentamientos coloniales ilegales apoyados por fanáticos nacionalistas religiosos como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich - este último se ha referido abiertamente a sí mismo como un "homófobo fascista". La ocupación llevó al apartheid y el apartheid produjo fascistas.

En 1993, los dirigentes de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) aceptaron la creación de un Estado en sólo el 22% de la Palestina histórica. Pero, como hemos aprendido amargamente con la experiencia de los Acuerdos de Oslo, el compromiso de los palestinos no ha mejorado la situación de nuestro pueblo.

Treinta años después de la firma de los Acuerdos de Oslo entre la OLP e Israel, la "solución de los dos Estados" está muerta debido a la continua colonización y anexión de facto de tierras palestinas por parte de Israel.

Esto incluye docenas de asentamientos ilegales, la construcción de un muro de segregación (la mayor parte realizada en tierra palestina) y un discurso político israelí que insiste en que sólo habrá un Estado -un "Estado judío"- entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

Está claro que los acuerdos de Oslo ya no son viables y que la Autoridad Palestina (AP), debilitada y deslegitimada por Israel, está aislada y es muy impopular entre la población palestina en general.

A pesar de todas estas dificultades, la generación palestina más joven está decidida a continuar con la lucha por la libertad. Un número creciente de palestinos cree que la única solución que queda es un único Estado democrático en toda la Palestina histórica, sin ocupación, apartheid ni discriminación.

Durante décadas, ha habido líderes y activistas palestinos que han pedido la creación de un único Estado democrático en Palestina en el que judíos y palestinos puedan convivir en igualdad de derechos.

En los últimos años, incluso cuando la consolidación del apartheid por parte de Israel se ha hecho cada vez más flagrante, Europa y Estados Unidos han seguido presionando a los palestinos para que acepten una solución de dos Estados que perpetúa la desigualdad y el sufrimiento, sin tener en cuenta nuestro derecho a la autodeterminación y sin hacer ningún esfuerzo serio para detener la construcción de asentamientos.

Nada puede justificar un colonialismo de colonos que perjudica tanto al pueblo palestino como al judío. Frente a un proyecto destinado a eliminar a los palestinos como nación, nos hemos mantenido firmes, decididos a no renunciar a nuestra patria.

Seguimos comprometidos con la lucha por la libertad y por la creación de una sociedad justa y democrática que beneficie a todas las personas sin discriminación.

Hoy, 75 años después de la Nakba, más de 6 millones de refugiados palestinos no pueden regresar a su patria. Mientras tanto, el número de palestinos en la tierra de la Palestina histórica es al menos igual al número de israelíes judíos.

Este doloroso aniversario, y la horrenda realidad actual, deben obligar a los responsables políticos occidentales y a los líderes de la sociedad civil a pensar fuera de paradigmas anquilosados. No podemos cambiar el pasado, pero la única solución para un futuro posterior al apartheid es un único Estado democrático en el que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y los mismos deberes.

Mustafa Barghouti es líder de la Iniciativa Nacional Palestina

El tranvía de CAF en Jerusalén: próxima parada, apartheid Amnistía Internacional España, 1 de junio de 2023

  Fotografía tomada durante una protesta contra la demolición forzosa de viviendas. © Helal Alosh  (AI Israel,   helal@amnesty.org.il   El t...