martes, 31 de enero de 2023

Carta abierta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / Carta oberta a la alcaldessa de Barcelona, Ada Colau


 Mai més per a ningú / Nunca más para nadie / Never again for anyone

Carta abierta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / Carta oberta a la alcaldessa de Barcelona, Ada Colau
Laurent Cohen, president de JUNTS, Associació Catalana de Jueus i Palestins
Público, 25 de enero de 2023

S'acosta el 27 de gener, Dia Internacional dedicat a la memòria de les víctimes de l'Holocaust, dia en què les tropes soviètiques van alliberar el camp d'Auschwitz i van descobrir l'horror del genocidi nazi. El sentit que té per a nosaltres, membres jueus de Junts, Associació de Jueus i Palestins, és reafirmar el nostre compromís de lluitar activament contra qualsevol forma de racisme i feixisme. Ens sentim hereus d'una tradició que des de fa gairebé dos segles defensa l'alliberament i l'emancipació, no solament dels jueus, sinó també de la resta de la humanitat.

Per això avui, en ple segle XXI, assistim amb enorme indignació i preocupació a la deriva feixista i racista de la societat israeliana, fet que alguns atribueixen al nou govern que s'acaba de constituir, però que en realitat és una conseqüència de les arrels del projecte sionista, que des del principi excloïa el poble originari de Palestina. L'Estat colonial neix en la violència d'una operació de neteja ètnica que va expulsar tres quartes parts de la població palestina el 1948 i es perpetua a través de l'ocupació militar, cosa que deriva en una corrupció moral que ja denunciava el filòsof jueu Yeshayahu Leibowitz.

Avui són moltes les persones i organitzacions jueves, que pertanyen a un espectre polític molt ampli, als Estats Units, a Europa i al mateix Israel, que denuncien l'ocupació i l'apartheid que pateix la població palestina i que exigeixen als seus governs que apliquin sancions. Un Estat jueu, és a dir, un Estat que privilegia els drets d'un grup o ètnia sobre un altre, és simplement incompatible amb la democràcia.

L'acusació d'antisemitisme és l'anatema utilitzat per part del Estat israelià per silenciar la crítica a la seva política. Convidades al Congrés dels Diputats, tres companyes -una jueva i dos israelians- van anar el novembre a explicar  perquè la crítica al sionisme i a l'Estat d'Israel és legítima i necessària, i per què no té res a veure amb la judeofòbia. És evident que en proclamar-se representant de les persones jueves d’arreu del món, aquest Estat, amb la política d'atropellament dels drets de la població palestina, és qui contribueix a la judeofòbia.

Nosaltres, com a ciutadanes i ciutadans de Barcelona, i també com a persones jueves i palestines, donem suport plenament a la proposta de posar fi a l'agermanament amb Tel Aviv, una relació sense sentit en el context polític actual d'una repressió ferotge del poble palestí (231 persones assassinades el 2022, dels quals 61 nens) i d'una colonització que no para. Volem que des de Barcelona s'enviï un senyal inequívoc que els Drets Humans han de prevaldre sobre qualsevol altra consideració. Sens dubte, el gest simbòlic de posar fi a un acord de cooperació amb la capital d'Estat israelià establiria un precedent en la història de la solidaritat internacional.


Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados
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lunes, 30 de enero de 2023

La política de ocupacióno, colonización y apartheid para aislar a los palestinos Cisjordania: Las nuevas normas de entrada aíslan aún más a los palestinos Las directrices de Israel impiden visitar, estudiar y trabajar Human Rights Watch, 23 de enero de 2023


 La política de ocupacióno, colonización y apartheid para aislar a los palestinos

Cisjordania: Las nuevas normas de entrada aíslan aún más a los palestinos
Las directrices de Israel impiden visitar, estudiar y trabajar

Human Rights Watch, 23 de enero de 2023


(Jerusalén) - Las nuevas directrices israelíes sobre el acceso de extranjeros a Cisjordania amenazan con aislar aún más a los palestinos de sus seres queridos y de la sociedad civil mundial, señaló hoy Human Rights Watch. Las directrices, que entraron en vigor en octubre de 2022 y fueron modificadas en diciembre del mismo año, establecen procedimientos detallados para la entrada y residencia en Cisjordania de extranjeros, un proceso distinto del procedimiento de entrada a Israel.

Las autoridades israelíes llevan mucho tiempo dificultando a los extranjeros la enseñanza, el estudio, el voluntariado, el trabajo o la residencia en Cisjordania. Las nuevas directrices codifican y endurecen las restricciones impuestas desde hace tiempo, amenazando con dificultar aún más a los palestinos de Cisjordania, que ya se enfrentan a severas restricciones de movimiento impuestas por Israel, estar con familiares que carecen de documento de identidad cisjordano y relacionarse con estudiantes, académicos, expertos y otros extranjeros.

"Al dificultar que la gente pase tiempo en Cisjordania, Israel está dando un paso más para convertir Cisjordania en otra Gaza, donde dos millones de palestinos han vivido prácticamente aislados del mundo exterior durante más de 15 años", señaló Eric Goldstein, director adjunto para Oriente Medio de Human Rights Watch. "Esta política está diseñada para debilitar los lazos sociales, culturales e intelectuales que los palestinos han intentado mantener con el mundo exterior".

Entre julio y diciembre de 2022, Human Rights Watch entrevistó a 13 personas que detallaron las dificultades a las que se han enfrentado durante años para entrar o permanecer en Cisjordania y sus preocupaciones sobre cómo les afectarán las nuevas directrices. Human Rights Watch también entrevistó a abogados israelíes que han representado a quienes impugnan las restricciones. Entre los entrevistados se encuentran un psicólogo estadounidense que enseña en una universidad palestina, una madre británica de dos hijos que intenta permanecer con su marido palestino y su familia, y un palestino que ha vivido la mayor parte de su vida en Cisjordania, pero no tiene documento de identidad.

Además, en julio de 2022 las autoridades israelíes denegaron a Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, un permiso para entrar en Cisjordania durante una semana con el fin de llevar a cabo actividades de investigación y promoción, alegando la amplia autoridad del ejército sobre la entrada. El Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó la denegación en noviembre, tras una impugnación presentada por Shakir y Human Rights Watch.

El "Procedimiento para la entrada y residencia de extranjeros en la zona de Judea y Samaria [referencia a Cisjordania]", de 61 páginas, sustituyó a un documento de tres páginas sobre procedimientos aplicado por primera vez en diciembre de 2006. Establece la política y los procedimientos del ejército israelí con respecto a los extranjeros que pretendan entrar únicamente en Cisjordania, excluida Jerusalén Este, o prolongar su estancia para una visita o con un "propósito específico", por ejemplo, estudiar, enseñar, ser voluntario o trabajar allí. Las directrices son distintas de las de entrada en Israel, que normalmente se aplican en el aeropuerto Ben Gurion y otros puertos de entrada. El titular de un permiso de Cisjordania, sin visado de entrada israelí, no tiene autorización legal para entrar en Israel, ni en la Jerusalén Oriental ocupada.

Aunque la gente suele visitar Cisjordania con visados de turista israelíes normales, los extranjeros con estos visados no están autorizados a enseñar, estudiar, ser voluntarios, trabajar o vivir en Cisjordania. Las autoridades israelíes suelen denegar los visados normales de entrada a Israel por estos motivos, así como a otras personas de las que se sabe o se sospecha que participan en actividades de apoyo propalestino. El permiso es la única opción para muchos que desean pasar un tiempo en Cisjordania.

Las directrices de Cisjordania sólo permiten conceder permisos a categorías limitadas de visitantes. Algunos de ellos, como los familiares directos de palestinos, pueden obtener un permiso de hasta tres meses a su llegada al paso fronterizo de Allenby/King Hussein, entre Jordania y Cisjordania, a la espera de la aprobación de las autoridades israelíes de allí. Otros, como académicos, estudiantes, voluntarios y expertos, deben solicitar un permiso para Cisjordania, válido hasta un año, desde el extranjero y obtener la aprobación antes de viajar. Las directrices anteriores recomendaban, pero no exigían, la coordinación previa, aunque en la práctica las autoridades israelíes a menudo exigían la aprobación por adelantado. Otros visitantes, como los turistas o quienes deseen visitar a familiares o amigos o asistir a una conferencia, no pueden obtener un permiso para Cisjordania.

Citando "el riesgo" de que los extranjeros "se atrincheren", las directrices también excluyen todas las vías para permanecer a largo plazo en Cisjordania para todos los extranjeros excepto los cónyuges de palestinos.

Las directrices otorgan a las autoridades militares israelíes una amplia discrecionalidad, permitiendo que "consideraciones de política general" guíen la toma de decisiones y señalando que "la aplicación de este procedimiento dependerá de la situación de seguridad y de la política israelí imperante, que se revisa y modifica de vez en cuando".

El ejército israelí dijo a The Jerusalem Post en mayo de 2022 que las directrices harán que la entrada a Cisjordania sea "más fluida", presumiblemente explicando el procedimiento en detalle, y por lo tanto "beneficiará a todos los residentes de la zona."

Sin embargo, todas las personas entrevistadas por Human Rights Watch describieron grandes obstáculos burocráticos para permanecer legalmente en Cisjordania y el impacto de las restricciones en sus vidas. Una empresaria estadounidense casada con un palestino, que ha vivido en Cisjordania durante más de una década y pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, dijo que tuvo que dejar atrás a sus hijos pequeños y permanecer en el extranjero durante varias semanas en 2019 después de que le denegaran el visado. Dijo que el estrés y las dificultades la llevaron a "romper en sollozos frente a la escuela de mi hijo cuando lo dejé sin saber si lo volvería a ver." Su visado sólo se restableció tras la intervención de diplomáticos.

Aunque los países tienen amplia discreción sobre la entrada en su territorio soberano, el derecho internacional humanitario exige que las potencias ocupantes actúen en interés de la población ocupada o para mantener la seguridad o el orden público. No existen justificaciones aparentes basadas en la seguridad, el orden público o el interés superior de los palestinos para justificar el grado en que las autoridades israelíes restringen la entrada de voluntarios, académicos o estudiantes en Cisjordania o la permanencia a largo plazo de los seres queridos de los palestinos, señaló Human Rights Watch.

Al restringir excesivamente la capacidad de las familias palestinas para pasar tiempo juntas y bloquear la entrada de académicos, estudiantes y trabajadores no gubernamentales que contribuirían a la vida social, cultural, política e intelectual en Cisjordania, las restricciones de Israel incumplen su deber, que aumenta en una ocupación prolongada, de facilitar una vida civil normal para la población ocupada.

Esto implica necesariamente vivir con la propia familia. Tanto el derecho internacional humanitario como el de derechos humanos subrayan la importancia del derecho a la vida familiar y a la unidad, incluido el derecho a vivir juntos. También significa facilitar el trabajo y las actividades de las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas palestinas, y mantener una interacción regular con el resto del mundo.

Las obligaciones de Israel como potencia ocupante le obligan a facilitar la entrada de extranjeros en Cisjordania de forma ordenada. Con sujeción a una evaluación individualizada de la seguridad y en ausencia de razones imperiosas de derecho, las autoridades israelíes deben conceder como mínimo permisos de duración razonable a los extranjeros que contribuyan a la vida de Cisjordania, incluidos los familiares de palestinos y quienes trabajen con la sociedad civil palestina, y la residencia a los familiares directos.

Las restricciones de Israel agravan las penurias ya impuestas a los palestinos de Cisjordania por la denegación generalizada de los derechos de residencia, las amplias restricciones de circulación y los ataques a la sociedad civil palestina. Esta política agrava la fragmentación de los palestinos en distintas zonas y fomenta el control israelí sobre la vida de los palestinos. La severa represión de las autoridades israelíes contra los palestinos, cometida en aplicación de una política para mantener la dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos, equivale a los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución, como han constatado Human Rights Watch y los principales grupos de derechos humanos israelíes, palestinos e internacionales.

"Un ejército de ocupación no tiene por qué determinar qué profesores están cualificados para enseñar en las universidades palestinas, impedir que los defensores de los derechos humanos interactúen con la población ocupada o separar cruelmente a las familias", afirmó Goldstein. "Estados Unidos y los Estados europeos deberían presionar a las autoridades israelíes para que faciliten, y no dificulten, que las personas, incluidos sus propios ciudadanos, establezcan conexiones significativas con las comunidades de Cisjordania."

Solicitud de permisos y prórrogas en Cisjordania

Las directrices de entrada en Cisjordania se publicaron originalmente en febrero de 2022 y se modificaron en septiembre de 2022 y de nuevo en diciembre de 2022. En ellas se identifican varias categorías de personas, incluidos académicos, estudiantes, voluntarios y "expertos y consultores en disciplinas singulares y empleados de alto nivel", todos los cuales deben solicitar a Israel con antelación, directamente al ejército, en una embajada israelí en el extranjero o a través de la Autoridad Palestina, "permisos [para entrar en Cisjordania] con fines específicos."

El procedimiento para obtener un permiso exige facilitar importantes datos personales a las autoridades israelíes. Varias personas que pasaron un tiempo en Cisjordania afirmaron que este proceso podría disuadir a la gente de solicitarlo, dado el historial de las autoridades israelíes de denegar la entrada a quienes realizan actividades de defensa pro Palestina. Por ello, y a la luz de la dificultad de obtener permisos para Cisjordania, algunos programas en Cisjordania han aconsejado durante mucho tiempo a los participantes internacionales que soliciten un visado de turista israelí, en lugar de un permiso para Cisjordania, y que se abstengan de revelar el propósito principal de su visita para maximizar sus posibilidades.

Entre los extranjeros que pueden obtener un permiso de visitante a Cisjordania a su llegada figuran el cónyuge, hijo o familiar de primer grado de un palestino en Cisjordania, un empresario o inversor, un periodista acreditado por las autoridades israelíes o quienes presenten "circunstancias excepcionales" y con "circunstancias humanitarias especiales" que no hayan tenido complicaciones previas relacionadas con el visado.

Las directrices limitan a tres meses los permisos de corta duración para visitantes obtenidos en el paso fronterizo de Allenby. Los permisos pueden renovarse "por razones excepcionales, por un máximo de 3 meses más". Cualquier prórroga adicional "requiere la aprobación del funcionario autorizado del COGAT por motivos especiales, que deben documentarse."

Los "permisos para fines específicos" obtenidos con antelación a la llegada duran hasta un año y las prórrogas tienen un límite de 27 meses, por lo que quien desee permanecer más tiempo deberá abandonar Cisjordania y volver a solicitarlo desde el extranjero. Las directrices limitan a los académicos y expertos extranjeros a un máximo de cinco años acumulativos en Cisjordania, restricción que no figuraba en las directrices anteriores. Quienes deseen permanecer más tiempo pueden solicitar entrar de nuevo tras nueve meses de ausencia, pero las directrices autorizan prórrogas adicionales de hasta cinco años más sólo "en casos excepcionales y por razones especiales".

Los palestinos de Cisjordania pueden solicitar a Israel, a través de un proceso separado de reunificación familiar a través de la Autoridad Palestina, que se expidan documentos de identidad palestinos para sus cónyuges y otros familiares en "circunstancias excepcionales", lo que les permitiría quedarse a largo plazo. Las autoridades israelíes tramitaron 35.000 solicitudes a finales de la década de 2000 y varios miles en 2021 y 2022 como gesto hacia la Autoridad Palestina, pero por lo demás han congelado el proceso.

Las directrices establecen un proceso para expedir permisos renovables de un año a los cónyuges extranjeros de palestinos que tengan pendiente una solicitud de reagrupación familiar que la Autoridad Palestina haya enviado a Israel. Sin embargo, las directrices establecen que no se aprobarán las solicitudes que sean incompatibles con la "política general del escalón político".

Las directrices facultan a las autoridades para revisar las cualificaciones académicas de los profesores o investigadores de las universidades palestinas, incluyendo si los que no tienen un doctorado tienen "conocimientos especiales", y qué profesiones son suficientemente "requeridas o necesarias" para justificar que se permita a los extranjeros trabajar en ellas.

Un administrador de la Universidad de Belén dijo que el 70% del profesorado de uno de los programas de la escuela procede del extranjero y a la administración le preocupa que la normativa dificulte aún más la contratación y el mantenimiento de los profesores. Un portavoz de la Universidad de Birzeit dijo que perdieron ocho miembros de la facultad entre 2017 y 2022 debido a las restricciones de entrada a Cisjordania, lo que, según ellos, les hizo perder una experiencia única y afectó la calidad de la educación que ofrece la escuela.

Un profesor, Roger Heacock, abandonó Cisjordania con su familia en 2018 después de 35 años, 33 de ellos enseñando historia europea en Birzeit cuando las autoridades israelíes no respondieron a tiempo a su solicitud de renovación de permiso, dejando atrás a los estudiantes graduados que supervisaba. Dijo que la experiencia "nos rompió el corazón. Aún no lo he superado".

Las directrices no se aplican a los extranjeros que deseen visitar el Jerusalén Este ocupado por Israel o los asentamientos israelíes en Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional humanitario. Para entrar en estas zonas deben obtener un visado de entrada israelí.

Las directrices tampoco se aplican a los nacionales, nacidos o "titulares de documentos" de Jordania, Egipto, Marruecos, Bahréin y Sudán del Sur, ni a los nacionales de países que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel. Estas personas deben solicitar la entrada en Israel a través de la Autoridad Palestina con arreglo a un "Procedimiento de expedición de permisos para visitas extranjeras a la Autoridad Palestina" independiente, que establece que los permisos sólo se expedirán en "casos excepcionales y humanitarios". Una abogada israelí, Leora Bechor, describió estos permisos como "casi imposibles" de obtener. No existe justificación aparente para dificultar especialmente la entrada en Cisjordania a los nacionales de Jordania, la mayoría de los cuales son palestinos, en comparación con los nacionales de otros países, señaló Human Rights Watch.

Casos individuales

"Ayman"

Nacido en Europa a mediados de la década de 1990, de padre palestino de Cisjordania y madre europea, "Ayman" ha vivido en Cisjordania la mayor parte de su vida. Pidió que no se revelara su nombre real por temor a represalias. Su padre abandonó Cisjordania en la década de 1970 para evitar ser detenido por sus actividades políticas, y se vio obligado a dejar atrás sus documentos de identidad. Regresó en 1997, cuando Ayman era un niño pequeño, junto con otras personas a las que se permitió regresar tras los Acuerdos de Oslo, pero las autoridades israelíes no le devolvieron inmediatamente su documento de identidad. Todos los miembros de la familia de Ayman solicitaron documentos de identidad palestinos, pero sólo su padre recibió uno a principios de 2022, tras una solicitud de reunificación familiar presentada por el abuelo de Ayman en 2009.

Sin un documento de identidad palestino, Ayman depende de los visados emitidos en su pasaporte europeo para tener estatus legal en Cisjordania, a pesar de que su familia ha vivido allí durante generaciones y él ha vivido allí la mayor parte de su vida. Afirmó que "Palestina para mí es mi hogar", ya que "mi infancia, escuelas, compañeros de clase, amigos, familia extensa, parientes y todos los recuerdos que tengo están todos aquí" y, sin embargo, "estoy en Palestina como turista, como ciudadano europeo".

De niño, dijo Ayman, recibió visados gracias al trabajo de su madre en un programa afiliado a una embajada extranjera. En 2015, sin embargo, dijo que las autoridades israelíes se negaron a renovar su visado, con el argumento de que él, como un joven de 20 años, ya no podía reclamar la dependencia de su madre. Poco después, se marchó a estudiar al extranjero durante un semestre. Regresó en diciembre de 2015 y dijo que logró obtener varios visados de corta duración que le permitieron permanecer en Cisjordania en 2016 y gran parte de 2017 para completar sus estudios universitarios.

Desde septiembre de 2017, cursa estudios de posgrado en Europa y ha visitado Cisjordania tres veces como turista. Dijo que, principalmente como resultado de una política israelí para restringir la entrada a Cisjordania de extranjeros entre marzo de 2020 y febrero de 2022, a la luz de la pandemia de Covid-19, no pudo visitar a su familia durante dos años.

Ayman expresó su preocupación por el hecho de que las nuevas directrices de entrada le hacen efectivamente imposible vivir en Cisjordania e incluso complican su capacidad para visitarla, entre otras cosas al limitarle a visitas de tres meses salvo circunstancias excepcionales e imponerle periodos obligatorios durante los cuales debe salir y permanecer fuera de Cisjordania. Aunque las directrices permiten la entrada a quienes, como Ayman, visitan a familiares de primer grado, le preocupa lo que pueda ocurrir cuando fallezca su padre, el único miembro de su familia inmediata con documento de identidad palestino. "Es posible que pierda el derecho a visitarlo, puesto que ya no tendré un familiar de primer grado, y tampoco podré visitarlo como turista según estas normas", dijo Ayman.

"Margaret"

"Margaret", británica de 46 años que pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, vive en Ramala con su marido palestino, que tiene un documento de identidad cisjordano, y sus dos hijos, de 9 y 6 años. Dijo que vive en Cisjordania desde 1998 y que se casó con su marido en 2005. Poco después, según Margaret, las autoridades israelíes le denegaron la entrada, como parte de una política general de la época que, según el periódico israelí Haaretz, afectaba a miles de cónyuges extranjeros.

Margaret consiguió regresar nueve meses después y desde entonces ha permanecido casi siempre en Cisjordania. Dice que en 2006 solicitó un documento de identidad palestino en el marco del proceso de reagrupación familiar, pero no lo ha recibido. En su lugar, ha permanecido con visados de corta duración, originalmente de un año, pero más recientemente de seis meses, teniendo que salir periódicamente de Cisjordania para mantener su estatus. El trabajo no está permitido con estos visados, pero Margaret trabajó a pesar de ello, sin revelarlo nunca a las autoridades israelíes.

Cuando las autoridades israelíes informaron a Margaret en agosto de 2021 de que tenía que salir antes de enero de 2022 y volver a Cisjordania para mantener su estatus, le preocupó que los procedimientos adicionales impuestos por las autoridades israelíes en medio de la pandemia del Covid-19 pudieran bloquear su capacidad de regresar con su familia. En concreto, las autoridades israelíes exigían a los extranjeros que entraban en Cisjordania que coordinaran sus planes con ellas, un proceso que, según oyó Margaret, a otros les llevaba tres o cuatro meses. Margaret dijo que no podía permitirse estar tanto tiempo lejos de sus hijos durante el curso escolar.

A finales de 2021, la Autoridad Palestina anunció que las autoridades israelíes habían dado luz verde a la expedición de miles de documentos de identidad para personas atrapadas en situaciones como la suya. Con la esperanza de estar entre los que recibieran un documento de identidad o de poder resolver su situación con la ayuda de un abogado, tomó la difícil decisión de prolongar su visado.

Margaret nunca recibió un documento de identidad y, por tanto, carece de estatus legal. Como consecuencia, afirma que, desde enero de 2022, no "sale de Ramala. No puedo correr ningún riesgo".

"Susan Power"

Susan Power, irlandesa de 43 años, dirige la investigación y defensa jurídicas de al-Haq, una destacada organización palestina de derechos humanos. Power se incorporó a al-Haq, cuya sede está en Ramala (Cisjordania), en 2013. Con un doctorado centrado en el derecho de la ocupación, Power tiene una experiencia única muy adecuada para el trabajo de al-Haq, que durante más de 40 años se ha centrado en documentar los abusos contra los derechos humanos derivados de la prolongada ocupación israelí.

Power dijo que ha dependido de visados de visitante para entrar en Cisjordania, que ha podido prorrogar. Dijo que tuvo que mostrar un contrato de trabajo para obtener el visado, a pesar de que éste no le permite trabajar. Describió el oneroso proceso por el que tiene que pasar regularmente para entrar, que incluye a veces tener que depositar fianzas de hasta 30.000 NIS (8.467 dólares estadounidenses) para garantizar que saldrá cuando expire el visado. Dice que cada vez le preocupa que no se le permita la entrada y, cuando está en Cisjordania con un visado activo, por lo general se niega a viajar para visitar a familiares, asistir a reuniones o para cualquier otro fin que no sea una emergencia.

Según Power, las nuevas directrices dificultarán aún más las cosas, ya que le exigirán coordinar sus planes y obtener un visado con antelación en la embajada israelí de su país de origen. Le preocupa que no se le conceda el visado en este proceso, dada la falta de disposiciones explícitas sobre el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en las directrices y el límite de cinco años para los extranjeros que viven en Cisjordania. Las autoridades israelíes también han ilegalizado Al Haq, declarándola en 2021 "asociación ilícita" en virtud de la legislación militar aplicable en Cisjordania y "organización terrorista" en virtud de la legislación israelí.

Estas restricciones dificultan a las organizaciones palestinas de la sociedad civil atraer y contratar a expertos extranjeros como Power. Incluso si los expertos pueden entrar en Cisjordania, "una organización no puede funcionar u operar sin saber si sus trabajadores podrán volver" cada vez que se marchan, dijo Power.

Power abandonó Cisjordania en diciembre, antes de que expirara su visado a finales de año. Dice que teme que no se le permita regresar.

"Laura"

"Laura", una ciudadana estadounidense de 57 años que pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, visitó Cisjordania por primera vez en 2012. Es psicóloga clínica y dijo que durante dos años la visitaba periódicamente para asistir a conferencias y trabajar como consultora a corto plazo, obteniendo visados de visitante a su llegada al aeropuerto Ben Gurion. En el verano de 2014, decidió trasladarse con su hijo de 10 años a Cisjordania para trabajar a tiempo completo con niños en situación de riesgo y dar clases en una universidad. Obtuvo un visado, basado en su contrato con la universidad, aunque el visado le prohíbe formalmente trabajar, y vivió en Cisjordania, renovando el visado anualmente, durante los cuatro años siguientes.

Afirmó que mantener su estatus le había resultado estresante, incluso tener que esperar durante meses por sus documentos o los de su hijo. "La incertidumbre, nada está claro, la burocracia y la sensación de que no estás seguro durante el tiempo de espera, después de hacer todo el papeleo, pasar por todo", dijo.

En otoño de 2017, Laura solicitó prorrogar su visado, pero las autoridades israelíes no respondieron durante meses y, en abril de 2018, le devolvieron el pasaporte sin una decisión ni un nuevo visado. Sin estatus legal, en mayo de 2018, cuando terminó el curso escolar de su hijo, decidió abandonar Cisjordania. Asegura que las fuerzas israelíes en el paso fronterizo de Allenby le dijeron que no podía regresar y la reprendieron públicamente por haber sobrepasado el plazo de su visado. "Me dijeron que había arruinado las posibilidades de mi hijo de volver aquí y arruinado su vida", declaró.

Regresó a Estados Unidos y contrató a un abogado israelí para que la ayudara a obtener permiso para volver a vivir en Cisjordania. Afirmó que "decidí luchar por mi visado porque Cisjordania es nuestro hogar y nuestra vida. Es donde hemos vivido durante años, donde mi hijo creció e hizo amigos. Estuvo llorando todo el tiempo cuando nos dijeron que no podríamos volver. Estuvo allí desde que tenía 10 años. Dejé atrás mi carrera y todas nuestras pertenencias allí en nuestra casa, su PlayStation, su bicicleta y nuestra ropa".

Gracias a las gestiones de la abogada, Laura y su hijo consiguieron regresar a finales de 2018, tras pagar una fianza que solo se devolvía cuando ella abandonaba Cisjordania, y dar clases durante unos meses. Pero, ante la continua imposibilidad de prorrogar sus visados y los crecientes costes, incluidos los de los abogados, Laura sintió que no tenía más remedio que venderlo todo y volver a Estados Unidos en diciembre de 2019. Desde entonces solo ha estado de visita una vez, con un visado de 30 días que las autoridades israelíes le concedieron con la condición de que depositara una fianza de 30.000 NIS (8.467 dólares) que también se devolvería solo cuando abandonara Cisjordania.

Dado que las nuevas directrices prohíben a los extranjeros permanecer en Cisjordania más de cinco años salvo en circunstancias excepcionales, la periodista afirma que las directrices le impiden permanecer más tiempo en Cisjordania. Sigue enseñando virtualmente en la universidad, ya que, según ella, nadie más tiene la formación necesaria para impartir sus clases.

Omar Shakir

En julio de 2021, Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, solicitó al ejército israelí un permiso para entrar en Cisjordania durante una semana con el fin de reunirse allí con el personal de Human Rights Watch, informar a diplomáticos de la Unión Europea en respuesta a su invitación y llevar a cabo investigaciones, entre otras cosas sobre los abusos de la Autoridad Palestina. Shakir pretendía llevar a cabo un trabajo en persona que no había podido realizar desde que las autoridades israelíes lo deportaron de Israel en noviembre de 2019, afirmando que su defensa violaba una ley de 2017 que prohíbe la entrada a Israel a las personas que defienden el boicot a Israel o a sus asentamientos en la Cisjordania ocupada. Ni Human Rights Watch ni Shakir como su representante han pedido nunca el boicot a Israel.

Tras meses sin recibir una respuesta afirmativa o negativa, Shakir y Human Rights Watch presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén contra las Fuerzas de Defensa de Israel en abril de 2022. En julio de 2022, el ejército denegó la solicitud, citando la "amplia discreción" de la Unidad de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios con respecto a la entrada en Cisjordania de ciudadanos extranjeros y una estipulación en las directrices de entrada en Cisjordania de que "todas las disposiciones de las mismas están sujetas a la política del gobierno."

La carta del ejército a Shakir señala que "la política del gobierno en este asunto (que se ha afianzado en la legislación primaria de Israel) es prohibir la concesión de cualquier tipo de visado o permiso de estancia a las personas que, a sabiendas, hagan un llamamiento público a boicotear el Estado de Israel o cualquiera de sus instituciones o cualquier zona bajo su control" y cita la preocupación de que Shakir utilice su visita "para promover el boicot a Israel y a las entidades que operan en Israel y en la zona de Judea y Samaria". La decisión, en efecto, amplía la prohibición de entrada a Israel por presunto apoyo a boicots a la entrada a Cisjordania ocupada.

En agosto, Shakir y Human Rights Watch presentaron una petición modificada en la que alegaban que el ejército israelí se había extralimitado en el ejercicio de su autoridad en virtud del derecho internacional humanitario, que limita las acciones de los ocupantes al mantenimiento de la seguridad, el orden público o el interés superior de la población ocupada. Citando la menor discrecionalidad que tiene un ejército de ocupación sobre la entrada en territorio ocupado que la que tiene un país sobre su territorio soberano, la petición afirmaba que el derecho internacional humanitario no permite al ejército israelí denegar la entrada en Cisjordania por un supuesto apoyo a los boicots. Afirmaba que negar la entrada a los defensores de los derechos humanos menoscaba el interés público de los residentes en Cisjordania, que deben tener derecho a contratar a representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos.

En noviembre, el Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó la denegación del gobierno, dictaminando que la denegación de entrada basada en el supuesto apoyo al boicot entra dentro de la amplia autoridad que tiene el ejército para mantener "el orden público y la seguridad" de los residentes en el territorio ocupado. La sentencia cita el supuesto perjuicio que las actividades de boicot suponen para los colonos israelíes, a los que considera parte de la población local a pesar de la prohibición del derecho internacional humanitario de trasladar a la propia población del ocupante a territorio ocupado, y para los jornaleros palestinos que trabajan en los asentamientos. Señala además las disposiciones de las directrices de entrada en Cisjordania que permiten al ejército tomar decisiones basadas en consideraciones políticas y de otro tipo y que niegan cualquier "derecho adquirido" a los extranjeros a entrar en Cisjordania, que el ejército ha declarado zona militar cerrada en su totalidad.

Aunque la negativa de Israel a permitir la visita de Shakir no causó tantas dificultades como la denegación de permisos ampliados a un familiar palestino o a un profesor extranjero de larga duración, ilustra cómo Israel abusa de su autoridad para controlar la entrada de extranjeros a un territorio en el que no es soberano.

La política de ocupacióno, colonización y apartheid para aislar a los palestinos
Cisjordania: Las nuevas normas de entrada aíslan aún más a los palestinos
Las directrices de Israel impiden visitar, estudiar y trabajar

Human Rights Watch, 23 de enero de 2023


(Jerusalén) - Las nuevas directrices israelíes sobre el acceso de extranjeros a Cisjordania amenazan con aislar aún más a los palestinos de sus seres queridos y de la sociedad civil mundial, señaló hoy Human Rights Watch. Las directrices, que entraron en vigor en octubre de 2022 y fueron modificadas en diciembre del mismo año, establecen procedimientos detallados para la entrada y residencia en Cisjordania de extranjeros, un proceso distinto del procedimiento de entrada a Israel.

Las autoridades israelíes llevan mucho tiempo dificultando a los extranjeros la enseñanza, el estudio, el voluntariado, el trabajo o la residencia en Cisjordania. Las nuevas directrices codifican y endurecen las restricciones impuestas desde hace tiempo, amenazando con dificultar aún más a los palestinos de Cisjordania, que ya se enfrentan a severas restricciones de movimiento impuestas por Israel, estar con familiares que carecen de documento de identidad cisjordano y relacionarse con estudiantes, académicos, expertos y otros extranjeros.

"Al dificultar que la gente pase tiempo en Cisjordania, Israel está dando un paso más para convertir Cisjordania en otra Gaza, donde dos millones de palestinos han vivido prácticamente aislados del mundo exterior durante más de 15 años", señaló Eric Goldstein, director adjunto para Oriente Medio de Human Rights Watch. "Esta política está diseñada para debilitar los lazos sociales, culturales e intelectuales que los palestinos han intentado mantener con el mundo exterior".

Entre julio y diciembre de 2022, Human Rights Watch entrevistó a 13 personas que detallaron las dificultades a las que se han enfrentado durante años para entrar o permanecer en Cisjordania y sus preocupaciones sobre cómo les afectarán las nuevas directrices. Human Rights Watch también entrevistó a abogados israelíes que han representado a quienes impugnan las restricciones. Entre los entrevistados se encuentran un psicólogo estadounidense que enseña en una universidad palestina, una madre británica de dos hijos que intenta permanecer con su marido palestino y su familia, y un palestino que ha vivido la mayor parte de su vida en Cisjordania, pero no tiene documento de identidad.

Además, en julio de 2022 las autoridades israelíes denegaron a Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, un permiso para entrar en Cisjordania durante una semana con el fin de llevar a cabo actividades de investigación y promoción, alegando la amplia autoridad del ejército sobre la entrada. El Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó la denegación en noviembre, tras una impugnación presentada por Shakir y Human Rights Watch.

El "Procedimiento para la entrada y residencia de extranjeros en la zona de Judea y Samaria [referencia a Cisjordania]", de 61 páginas, sustituyó a un documento de tres páginas sobre procedimientos aplicado por primera vez en diciembre de 2006. Establece la política y los procedimientos del ejército israelí con respecto a los extranjeros que pretendan entrar únicamente en Cisjordania, excluida Jerusalén Este, o prolongar su estancia para una visita o con un "propósito específico", por ejemplo, estudiar, enseñar, ser voluntario o trabajar allí. Las directrices son distintas de las de entrada en Israel, que normalmente se aplican en el aeropuerto Ben Gurion y otros puertos de entrada. El titular de un permiso de Cisjordania, sin visado de entrada israelí, no tiene autorización legal para entrar en Israel, ni en la Jerusalén Oriental ocupada.

Aunque la gente suele visitar Cisjordania con visados de turista israelíes normales, los extranjeros con estos visados no están autorizados a enseñar, estudiar, ser voluntarios, trabajar o vivir en Cisjordania. Las autoridades israelíes suelen denegar los visados normales de entrada a Israel por estos motivos, así como a otras personas de las que se sabe o se sospecha que participan en actividades de apoyo propalestino. El permiso es la única opción para muchos que desean pasar un tiempo en Cisjordania.

Las directrices de Cisjordania sólo permiten conceder permisos a categorías limitadas de visitantes. Algunos de ellos, como los familiares directos de palestinos, pueden obtener un permiso de hasta tres meses a su llegada al paso fronterizo de Allenby/King Hussein, entre Jordania y Cisjordania, a la espera de la aprobación de las autoridades israelíes de allí. Otros, como académicos, estudiantes, voluntarios y expertos, deben solicitar un permiso para Cisjordania, válido hasta un año, desde el extranjero y obtener la aprobación antes de viajar. Las directrices anteriores recomendaban, pero no exigían, la coordinación previa, aunque en la práctica las autoridades israelíes a menudo exigían la aprobación por adelantado. Otros visitantes, como los turistas o quienes deseen visitar a familiares o amigos o asistir a una conferencia, no pueden obtener un permiso para Cisjordania.

Citando "el riesgo" de que los extranjeros "se atrincheren", las directrices también excluyen todas las vías para permanecer a largo plazo en Cisjordania para todos los extranjeros excepto los cónyuges de palestinos.

Las directrices otorgan a las autoridades militares israelíes una amplia discrecionalidad, permitiendo que "consideraciones de política general" guíen la toma de decisiones y señalando que "la aplicación de este procedimiento dependerá de la situación de seguridad y de la política israelí imperante, que se revisa y modifica de vez en cuando".

El ejército israelí dijo a The Jerusalem Post en mayo de 2022 que las directrices harán que la entrada a Cisjordania sea "más fluida", presumiblemente explicando el procedimiento en detalle, y por lo tanto "beneficiará a todos los residentes de la zona."

Sin embargo, todas las personas entrevistadas por Human Rights Watch describieron grandes obstáculos burocráticos para permanecer legalmente en Cisjordania y el impacto de las restricciones en sus vidas. Una empresaria estadounidense casada con un palestino, que ha vivido en Cisjordania durante más de una década y pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, dijo que tuvo que dejar atrás a sus hijos pequeños y permanecer en el extranjero durante varias semanas en 2019 después de que le denegaran el visado. Dijo que el estrés y las dificultades la llevaron a "romper en sollozos frente a la escuela de mi hijo cuando lo dejé sin saber si lo volvería a ver." Su visado sólo se restableció tras la intervención de diplomáticos.

Aunque los países tienen amplia discreción sobre la entrada en su territorio soberano, el derecho internacional humanitario exige que las potencias ocupantes actúen en interés de la población ocupada o para mantener la seguridad o el orden público. No existen justificaciones aparentes basadas en la seguridad, el orden público o el interés superior de los palestinos para justificar el grado en que las autoridades israelíes restringen la entrada de voluntarios, académicos o estudiantes en Cisjordania o la permanencia a largo plazo de los seres queridos de los palestinos, señaló Human Rights Watch.

Al restringir excesivamente la capacidad de las familias palestinas para pasar tiempo juntas y bloquear la entrada de académicos, estudiantes y trabajadores no gubernamentales que contribuirían a la vida social, cultural, política e intelectual en Cisjordania, las restricciones de Israel incumplen su deber, que aumenta en una ocupación prolongada, de facilitar una vida civil normal para la población ocupada.

Esto implica necesariamente vivir con la propia familia. Tanto el derecho internacional humanitario como el de derechos humanos subrayan la importancia del derecho a la vida familiar y a la unidad, incluido el derecho a vivir juntos. También significa facilitar el trabajo y las actividades de las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas palestinas, y mantener una interacción regular con el resto del mundo.

Las obligaciones de Israel como potencia ocupante le obligan a facilitar la entrada de extranjeros en Cisjordania de forma ordenada. Con sujeción a una evaluación individualizada de la seguridad y en ausencia de razones imperiosas de derecho, las autoridades israelíes deben conceder como mínimo permisos de duración razonable a los extranjeros que contribuyan a la vida de Cisjordania, incluidos los familiares de palestinos y quienes trabajen con la sociedad civil palestina, y la residencia a los familiares directos.

Las restricciones de Israel agravan las penurias ya impuestas a los palestinos de Cisjordania por la denegación generalizada de los derechos de residencia, las amplias restricciones de circulación y los ataques a la sociedad civil palestina. Esta política agrava la fragmentación de los palestinos en distintas zonas y fomenta el control israelí sobre la vida de los palestinos. La severa represión de las autoridades israelíes contra los palestinos, cometida en aplicación de una política para mantener la dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos, equivale a los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución, como han constatado Human Rights Watch y los principales grupos de derechos humanos israelíes, palestinos e internacionales.

"Un ejército de ocupación no tiene por qué determinar qué profesores están cualificados para enseñar en las universidades palestinas, impedir que los defensores de los derechos humanos interactúen con la población ocupada o separar cruelmente a las familias", afirmó Goldstein. "Estados Unidos y los Estados europeos deberían presionar a las autoridades israelíes para que faciliten, y no dificulten, que las personas, incluidos sus propios ciudadanos, establezcan conexiones significativas con las comunidades de Cisjordania."

Solicitud de permisos y prórrogas en Cisjordania

Las directrices de entrada en Cisjordania se publicaron originalmente en febrero de 2022 y se modificaron en septiembre de 2022 y de nuevo en diciembre de 2022. En ellas se identifican varias categorías de personas, incluidos académicos, estudiantes, voluntarios y "expertos y consultores en disciplinas singulares y empleados de alto nivel", todos los cuales deben solicitar a Israel con antelación, directamente al ejército, en una embajada israelí en el extranjero o a través de la Autoridad Palestina, "permisos [para entrar en Cisjordania] con fines específicos."

El procedimiento para obtener un permiso exige facilitar importantes datos personales a las autoridades israelíes. Varias personas que pasaron un tiempo en Cisjordania afirmaron que este proceso podría disuadir a la gente de solicitarlo, dado el historial de las autoridades israelíes de denegar la entrada a quienes realizan actividades de defensa pro Palestina. Por ello, y a la luz de la dificultad de obtener permisos para Cisjordania, algunos programas en Cisjordania han aconsejado durante mucho tiempo a los participantes internacionales que soliciten un visado de turista israelí, en lugar de un permiso para Cisjordania, y que se abstengan de revelar el propósito principal de su visita para maximizar sus posibilidades.

Entre los extranjeros que pueden obtener un permiso de visitante a Cisjordania a su llegada figuran el cónyuge, hijo o familiar de primer grado de un palestino en Cisjordania, un empresario o inversor, un periodista acreditado por las autoridades israelíes o quienes presenten "circunstancias excepcionales" y con "circunstancias humanitarias especiales" que no hayan tenido complicaciones previas relacionadas con el visado.

Las directrices limitan a tres meses los permisos de corta duración para visitantes obtenidos en el paso fronterizo de Allenby. Los permisos pueden renovarse "por razones excepcionales, por un máximo de 3 meses más". Cualquier prórroga adicional "requiere la aprobación del funcionario autorizado del COGAT por motivos especiales, que deben documentarse."

Los "permisos para fines específicos" obtenidos con antelación a la llegada duran hasta un año y las prórrogas tienen un límite de 27 meses, por lo que quien desee permanecer más tiempo deberá abandonar Cisjordania y volver a solicitarlo desde el extranjero. Las directrices limitan a los académicos y expertos extranjeros a un máximo de cinco años acumulativos en Cisjordania, restricción que no figuraba en las directrices anteriores. Quienes deseen permanecer más tiempo pueden solicitar entrar de nuevo tras nueve meses de ausencia, pero las directrices autorizan prórrogas adicionales de hasta cinco años más sólo "en casos excepcionales y por razones especiales".

Los palestinos de Cisjordania pueden solicitar a Israel, a través de un proceso separado de reunificación familiar a través de la Autoridad Palestina, que se expidan documentos de identidad palestinos para sus cónyuges y otros familiares en "circunstancias excepcionales", lo que les permitiría quedarse a largo plazo. Las autoridades israelíes tramitaron 35.000 solicitudes a finales de la década de 2000 y varios miles en 2021 y 2022 como gesto hacia la Autoridad Palestina, pero por lo demás han congelado el proceso.

Las directrices establecen un proceso para expedir permisos renovables de un año a los cónyuges extranjeros de palestinos que tengan pendiente una solicitud de reagrupación familiar que la Autoridad Palestina haya enviado a Israel. Sin embargo, las directrices establecen que no se aprobarán las solicitudes que sean incompatibles con la "política general del escalón político".

Las directrices facultan a las autoridades para revisar las cualificaciones académicas de los profesores o investigadores de las universidades palestinas, incluyendo si los que no tienen un doctorado tienen "conocimientos especiales", y qué profesiones son suficientemente "requeridas o necesarias" para justificar que se permita a los extranjeros trabajar en ellas.

Un administrador de la Universidad de Belén dijo que el 70% del profesorado de uno de los programas de la escuela procede del extranjero y a la administración le preocupa que la normativa dificulte aún más la contratación y el mantenimiento de los profesores. Un portavoz de la Universidad de Birzeit dijo que perdieron ocho miembros de la facultad entre 2017 y 2022 debido a las restricciones de entrada a Cisjordania, lo que, según ellos, les hizo perder una experiencia única y afectó la calidad de la educación que ofrece la escuela.

Un profesor, Roger Heacock, abandonó Cisjordania con su familia en 2018 después de 35 años, 33 de ellos enseñando historia europea en Birzeit cuando las autoridades israelíes no respondieron a tiempo a su solicitud de renovación de permiso, dejando atrás a los estudiantes graduados que supervisaba. Dijo que la experiencia "nos rompió el corazón. Aún no lo he superado".

Las directrices no se aplican a los extranjeros que deseen visitar el Jerusalén Este ocupado por Israel o los asentamientos israelíes en Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional humanitario. Para entrar en estas zonas deben obtener un visado de entrada israelí.

Las directrices tampoco se aplican a los nacionales, nacidos o "titulares de documentos" de Jordania, Egipto, Marruecos, Bahréin y Sudán del Sur, ni a los nacionales de países que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel. Estas personas deben solicitar la entrada en Israel a través de la Autoridad Palestina con arreglo a un "Procedimiento de expedición de permisos para visitas extranjeras a la Autoridad Palestina" independiente, que establece que los permisos sólo se expedirán en "casos excepcionales y humanitarios". Una abogada israelí, Leora Bechor, describió estos permisos como "casi imposibles" de obtener. No existe justificación aparente para dificultar especialmente la entrada en Cisjordania a los nacionales de Jordania, la mayoría de los cuales son palestinos, en comparación con los nacionales de otros países, señaló Human Rights Watch.

Casos individuales

"Ayman"

Nacido en Europa a mediados de la década de 1990, de padre palestino de Cisjordania y madre europea, "Ayman" ha vivido en Cisjordania la mayor parte de su vida. Pidió que no se revelara su nombre real por temor a represalias. Su padre abandonó Cisjordania en la década de 1970 para evitar ser detenido por sus actividades políticas, y se vio obligado a dejar atrás sus documentos de identidad. Regresó en 1997, cuando Ayman era un niño pequeño, junto con otras personas a las que se permitió regresar tras los Acuerdos de Oslo, pero las autoridades israelíes no le devolvieron inmediatamente su documento de identidad. Todos los miembros de la familia de Ayman solicitaron documentos de identidad palestinos, pero sólo su padre recibió uno a principios de 2022, tras una solicitud de reunificación familiar presentada por el abuelo de Ayman en 2009.

Sin un documento de identidad palestino, Ayman depende de los visados emitidos en su pasaporte europeo para tener estatus legal en Cisjordania, a pesar de que su familia ha vivido allí durante generaciones y él ha vivido allí la mayor parte de su vida. Afirmó que "Palestina para mí es mi hogar", ya que "mi infancia, escuelas, compañeros de clase, amigos, familia extensa, parientes y todos los recuerdos que tengo están todos aquí" y, sin embargo, "estoy en Palestina como turista, como ciudadano europeo".

De niño, dijo Ayman, recibió visados gracias al trabajo de su madre en un programa afiliado a una embajada extranjera. En 2015, sin embargo, dijo que las autoridades israelíes se negaron a renovar su visado, con el argumento de que él, como un joven de 20 años, ya no podía reclamar la dependencia de su madre. Poco después, se marchó a estudiar al extranjero durante un semestre. Regresó en diciembre de 2015 y dijo que logró obtener varios visados de corta duración que le permitieron permanecer en Cisjordania en 2016 y gran parte de 2017 para completar sus estudios universitarios.

Desde septiembre de 2017, cursa estudios de posgrado en Europa y ha visitado Cisjordania tres veces como turista. Dijo que, principalmente como resultado de una política israelí para restringir la entrada a Cisjordania de extranjeros entre marzo de 2020 y febrero de 2022, a la luz de la pandemia de Covid-19, no pudo visitar a su familia durante dos años.

Ayman expresó su preocupación por el hecho de que las nuevas directrices de entrada le hacen efectivamente imposible vivir en Cisjordania e incluso complican su capacidad para visitarla, entre otras cosas al limitarle a visitas de tres meses salvo circunstancias excepcionales e imponerle periodos obligatorios durante los cuales debe salir y permanecer fuera de Cisjordania. Aunque las directrices permiten la entrada a quienes, como Ayman, visitan a familiares de primer grado, le preocupa lo que pueda ocurrir cuando fallezca su padre, el único miembro de su familia inmediata con documento de identidad palestino. "Es posible que pierda el derecho a visitarlo, puesto que ya no tendré un familiar de primer grado, y tampoco podré visitarlo como turista según estas normas", dijo Ayman.

"Margaret"

"Margaret", británica de 46 años que pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, vive en Ramala con su marido palestino, que tiene un documento de identidad cisjordano, y sus dos hijos, de 9 y 6 años. Dijo que vive en Cisjordania desde 1998 y que se casó con su marido en 2005. Poco después, según Margaret, las autoridades israelíes le denegaron la entrada, como parte de una política general de la época que, según el periódico israelí Haaretz, afectaba a miles de cónyuges extranjeros.

Margaret consiguió regresar nueve meses después y desde entonces ha permanecido casi siempre en Cisjordania. Dice que en 2006 solicitó un documento de identidad palestino en el marco del proceso de reagrupación familiar, pero no lo ha recibido. En su lugar, ha permanecido con visados de corta duración, originalmente de un año, pero más recientemente de seis meses, teniendo que salir periódicamente de Cisjordania para mantener su estatus. El trabajo no está permitido con estos visados, pero Margaret trabajó a pesar de ello, sin revelarlo nunca a las autoridades israelíes.

Cuando las autoridades israelíes informaron a Margaret en agosto de 2021 de que tenía que salir antes de enero de 2022 y volver a Cisjordania para mantener su estatus, le preocupó que los procedimientos adicionales impuestos por las autoridades israelíes en medio de la pandemia del Covid-19 pudieran bloquear su capacidad de regresar con su familia. En concreto, las autoridades israelíes exigían a los extranjeros que entraban en Cisjordania que coordinaran sus planes con ellas, un proceso que, según oyó Margaret, a otros les llevaba tres o cuatro meses. Margaret dijo que no podía permitirse estar tanto tiempo lejos de sus hijos durante el curso escolar.

A finales de 2021, la Autoridad Palestina anunció que las autoridades israelíes habían dado luz verde a la expedición de miles de documentos de identidad para personas atrapadas en situaciones como la suya. Con la esperanza de estar entre los que recibieran un documento de identidad o de poder resolver su situación con la ayuda de un abogado, tomó la difícil decisión de prolongar su visado.

Margaret nunca recibió un documento de identidad y, por tanto, carece de estatus legal. Como consecuencia, afirma que, desde enero de 2022, no "sale de Ramala. No puedo correr ningún riesgo".

"Susan Power"

Susan Power, irlandesa de 43 años, dirige la investigación y defensa jurídicas de al-Haq, una destacada organización palestina de derechos humanos. Power se incorporó a al-Haq, cuya sede está en Ramala (Cisjordania), en 2013. Con un doctorado centrado en el derecho de la ocupación, Power tiene una experiencia única muy adecuada para el trabajo de al-Haq, que durante más de 40 años se ha centrado en documentar los abusos contra los derechos humanos derivados de la prolongada ocupación israelí.

Power dijo que ha dependido de visados de visitante para entrar en Cisjordania, que ha podido prorrogar. Dijo que tuvo que mostrar un contrato de trabajo para obtener el visado, a pesar de que éste no le permite trabajar. Describió el oneroso proceso por el que tiene que pasar regularmente para entrar, que incluye a veces tener que depositar fianzas de hasta 30.000 NIS (8.467 dólares estadounidenses) para garantizar que saldrá cuando expire el visado. Dice que cada vez le preocupa que no se le permita la entrada y, cuando está en Cisjordania con un visado activo, por lo general se niega a viajar para visitar a familiares, asistir a reuniones o para cualquier otro fin que no sea una emergencia.

Según Power, las nuevas directrices dificultarán aún más las cosas, ya que le exigirán coordinar sus planes y obtener un visado con antelación en la embajada israelí de su país de origen. Le preocupa que no se le conceda el visado en este proceso, dada la falta de disposiciones explícitas sobre el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en las directrices y el límite de cinco años para los extranjeros que viven en Cisjordania. Las autoridades israelíes también han ilegalizado Al Haq, declarándola en 2021 "asociación ilícita" en virtud de la legislación militar aplicable en Cisjordania y "organización terrorista" en virtud de la legislación israelí.

Estas restricciones dificultan a las organizaciones palestinas de la sociedad civil atraer y contratar a expertos extranjeros como Power. Incluso si los expertos pueden entrar en Cisjordania, "una organización no puede funcionar u operar sin saber si sus trabajadores podrán volver" cada vez que se marchan, dijo Power.

Power abandonó Cisjordania en diciembre, antes de que expirara su visado a finales de año. Dice que teme que no se le permita regresar.

"Laura"

"Laura", una ciudadana estadounidense de 57 años que pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, visitó Cisjordania por primera vez en 2012. Es psicóloga clínica y dijo que durante dos años la visitaba periódicamente para asistir a conferencias y trabajar como consultora a corto plazo, obteniendo visados de visitante a su llegada al aeropuerto Ben Gurion. En el verano de 2014, decidió trasladarse con su hijo de 10 años a Cisjordania para trabajar a tiempo completo con niños en situación de riesgo y dar clases en una universidad. Obtuvo un visado, basado en su contrato con la universidad, aunque el visado le prohíbe formalmente trabajar, y vivió en Cisjordania, renovando el visado anualmente, durante los cuatro años siguientes.

Afirmó que mantener su estatus le había resultado estresante, incluso tener que esperar durante meses por sus documentos o los de su hijo. "La incertidumbre, nada está claro, la burocracia y la sensación de que no estás seguro durante el tiempo de espera, después de hacer todo el papeleo, pasar por todo", dijo.

En otoño de 2017, Laura solicitó prorrogar su visado, pero las autoridades israelíes no respondieron durante meses y, en abril de 2018, le devolvieron el pasaporte sin una decisión ni un nuevo visado. Sin estatus legal, en mayo de 2018, cuando terminó el curso escolar de su hijo, decidió abandonar Cisjordania. Asegura que las fuerzas israelíes en el paso fronterizo de Allenby le dijeron que no podía regresar y la reprendieron públicamente por haber sobrepasado el plazo de su visado. "Me dijeron que había arruinado las posibilidades de mi hijo de volver aquí y arruinado su vida", declaró.

Regresó a Estados Unidos y contrató a un abogado israelí para que la ayudara a obtener permiso para volver a vivir en Cisjordania. Afirmó que "decidí luchar por mi visado porque Cisjordania es nuestro hogar y nuestra vida. Es donde hemos vivido durante años, donde mi hijo creció e hizo amigos. Estuvo llorando todo el tiempo cuando nos dijeron que no podríamos volver. Estuvo allí desde que tenía 10 años. Dejé atrás mi carrera y todas nuestras pertenencias allí en nuestra casa, su PlayStation, su bicicleta y nuestra ropa".

Gracias a las gestiones de la abogada, Laura y su hijo consiguieron regresar a finales de 2018, tras pagar una fianza que solo se devolvía cuando ella abandonaba Cisjordania, y dar clases durante unos meses. Pero, ante la continua imposibilidad de prorrogar sus visados y los crecientes costes, incluidos los de los abogados, Laura sintió que no tenía más remedio que venderlo todo y volver a Estados Unidos en diciembre de 2019. Desde entonces solo ha estado de visita una vez, con un visado de 30 días que las autoridades israelíes le concedieron con la condición de que depositara una fianza de 30.000 NIS (8.467 dólares) que también se devolvería solo cuando abandonara Cisjordania.

Dado que las nuevas directrices prohíben a los extranjeros permanecer en Cisjordania más de cinco años salvo en circunstancias excepcionales, la periodista afirma que las directrices le impiden permanecer más tiempo en Cisjordania. Sigue enseñando virtualmente en la universidad, ya que, según ella, nadie más tiene la formación necesaria para impartir sus clases.

Omar Shakir

En julio de 2021, Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, solicitó al ejército israelí un permiso para entrar en Cisjordania durante una semana con el fin de reunirse allí con el personal de Human Rights Watch, informar a diplomáticos de la Unión Europea en respuesta a su invitación y llevar a cabo investigaciones, entre otras cosas sobre los abusos de la Autoridad Palestina. Shakir pretendía llevar a cabo un trabajo en persona que no había podido realizar desde que las autoridades israelíes lo deportaron de Israel en noviembre de 2019, afirmando que su defensa violaba una ley de 2017 que prohíbe la entrada a Israel a las personas que defienden el boicot a Israel o a sus asentamientos en la Cisjordania ocupada. Ni Human Rights Watch ni Shakir como su representante han pedido nunca el boicot a Israel.

Tras meses sin recibir una respuesta afirmativa o negativa, Shakir y Human Rights Watch presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén contra las Fuerzas de Defensa de Israel en abril de 2022. En julio de 2022, el ejército denegó la solicitud, citando la "amplia discreción" de la Unidad de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios con respecto a la entrada en Cisjordania de ciudadanos extranjeros y una estipulación en las directrices de entrada en Cisjordania de que "todas las disposiciones de las mismas están sujetas a la política del gobierno."

La carta del ejército a Shakir señala que "la política del gobierno en este asunto (que se ha afianzado en la legislación primaria de Israel) es prohibir la concesión de cualquier tipo de visado o permiso de estancia a las personas que, a sabiendas, hagan un llamamiento público a boicotear el Estado de Israel o cualquiera de sus instituciones o cualquier zona bajo su control" y cita la preocupación de que Shakir utilice su visita "para promover el boicot a Israel y a las entidades que operan en Israel y en la zona de Judea y Samaria". La decisión, en efecto, amplía la prohibición de entrada a Israel por presunto apoyo a boicots a la entrada a Cisjordania ocupada.

En agosto, Shakir y Human Rights Watch presentaron una petición modificada en la que alegaban que el ejército israelí se había extralimitado en el ejercicio de su autoridad en virtud del derecho internacional humanitario, que limita las acciones de los ocupantes al mantenimiento de la seguridad, el orden público o el interés superior de la población ocupada. Citando la menor discrecionalidad que tiene un ejército de ocupación sobre la entrada en territorio ocupado que la que tiene un país sobre su territorio soberano, la petición afirmaba que el derecho internacional humanitario no permite al ejército israelí denegar la entrada en Cisjordania por un supuesto apoyo a los boicots. Afirmaba que negar la entrada a los defensores de los derechos humanos menoscaba el interés público de los residentes en Cisjordania, que deben tener derecho a contratar a representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos.

En noviembre, el Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó la denegación del gobierno, dictaminando que la denegación de entrada basada en el supuesto apoyo al boicot entra dentro de la amplia autoridad que tiene el ejército para mantener "el orden público y la seguridad" de los residentes en el territorio ocupado. La sentencia cita el supuesto perjuicio que las actividades de boicot suponen para los colonos israelíes, a los que considera parte de la población local a pesar de la prohibición del derecho internacional humanitario de trasladar a la propia población del ocupante a territorio ocupado, y para los jornaleros palestinos que trabajan en los asentamientos. Señala además las disposiciones de las directrices de entrada en Cisjordania que permiten al ejército tomar decisiones basadas en consideraciones políticas y de otro tipo y que niegan cualquier "derecho adquirido" a los extranjeros a entrar en Cisjordania, que el ejército ha declarado zona militar cerrada en su totalidad.

Aunque la negativa de Israel a permitir la visita de Shakir no causó tantas dificultades como la denegación de permisos ampliados a un familiar palestino o a un profesor extranjero de larga duración, ilustra cómo Israel abusa de su autoridad para controlar la entrada de extranjeros a un territorio en el que no es soberano.

La Sra. Ula Baqa con su marido y sus hijos. Foto de Mohammed Zaanoun

"Quiero volver a Cisjordania", continuó Baqa en nuestra conversación, "pero quiero ir con mis hijos, de forma ordenada. Cuando fui a las oficinas de la Comisión Civil en Gaza, para poder presentar a las autoridades israelíes mi solicitud para visitar a mi hermano en Cisjordania, cuando aún estaba muy enfermo, me dijeron que después de mi visita debía volver a la oficina y luego presentar mi solicitud para regresar a Cisjordania. Eso hice, pero ahora, como firmé ese formulario, me dicen que Israel denegó mi solicitud".

Le dije que Gisha intentaría ayudarla. Me resultó difícil explicarle que, si lo conseguíamos, las políticas de Israel implicarían que su marido, que figura en el registro de población como residente en Gaza, sólo podría visitarla a ella y a sus hijos en circunstancias que se ajustaran a los estrictos criterios: si uno de ellos falleciera, estuviera muy enfermo o se casara. Incluso en casos así, es probable que Israel denegara su petición de abandonar la Franja, porque desde la perspectiva israelí está marcado como alguien que puede "asentarse" en Cisjordania, y por tanto es peligroso.

Suspiró en voz baja. "Lo comprendo. Es una decisión muy difícil. Nuestro hijo se encuentra en una situación especial que no puede satisfacer todas sus necesidades. Su sistema inmunitario es débil, tiene problemas de salud y problemas sociales que empeoran su salud mental, y su sufrimiento afecta a toda la familia. En Cisjordania hay una infraestructura que le irá mejor. Quiero que aprenda una profesión allí. Nuestra situación económica no es buena, la vida es muy cara aquí, no podemos pagar los préstamos de los que vivimos".

A principios de noviembre solicitamos que se permitiera a Baqa trasladarse con sus hijos a Cisjordania. La decisión de las autoridades israelíes llegará en marzo. Todo lo que Baqa puede hacer ahora es esperar y tener esperanza.

Sereen Ali es coordinadora de admisión en el Departamento Legal de Gisha. Este artículo se publicó originalmente en hebreo en Local Call (11 de enero de 2023) y en inglés en +972 (19 de enero de 2023). Ampliación de este artículo en https://gisha.org/en/one-way-ticket/



Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados, https://stopsettlements.org/spanish/
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viernes, 27 de enero de 2023

Relaciones Israel - OTAN (donde participa España), dos varas de medir, apoyando al colonizador israelí

 



Relaciones Israel - OTAN (donde participa España), dos varas de medir, apoyando al colonizador israelí

Con respecto a la declaración del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con el presidente de Israel, Isaac Herzog, con motivo de su visita a los cuarteles de Bruselas.

-Dado que Israel es un Estado ocupante, según la legislación internacional -como Rusia ante Ucrania-; no deja que vayan inspectores a sus instalaciones nucleares y tiene armas de destrucción masiva -lo contrario que Irán-; tiene bloqueado a la palestina Gaza -lo contrario que Rusia frente a Ucrania-;

  • ¿cuál es el sentido de profundizar las relaciones con un Estado que ocupa, coloniza y práctica el apartheid con los palestinos? 
  • ¿La OTAN tiene dos varas de medir y considera adecuado ser aliado de un Estado como el de Israel y profundizar las relaciones con un Estado que no cumple las resoluciones de las Naciones Unidas y profundiza la ocupación, la colonización y el apartheid contra los palestinos, desde que se fundó la OTAN?

"Un siglo de resistencia en Palestina. Historias de solidaridad y activismo " por Txus Blanco Fernández

 


Un siglo de resistencia en Palestina. Historias de solidaridad y activismo

Txus Blanco Fernández

Editorial Icaria

212 páginas. 16 euros

 

Por Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

 

Es difícil encontrar un libro que recoja las experiencias de los movimientos sociales. Éste, de Txus Blanco, 'Un siglo de resistencia en palestina', recoge la intrahistoria del movimiento propalestino en Cataluña y, por extensión, la de parte de la historia de los movimientos y personas que han tomado como propio la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional en Palestina y desde ese pivote, el conjunto de las luchas ciudadanas. También en el resto del Estado español.

Blanco es parte de ese tejido social, nacido e imbricado con la diáspora palestina llegada a Cataluña (y al resto de los países). Ha investigado esas historias de lucha que han creado y recrean el actual movimiento pro palestino en Cataluña. También, las adversidades. Los activistas propalestinos han tenido que confrontar una narrativa, querida al nacionalismo catalán, no sólo de derechas, de ver a Israel, como un estado nuevo, étnico, legitimado por Occidente, que recupera un idioma creado ex profeso, con raíces utópicas como los kibbuts, como su horizonte político e ideológico, obviando su carácter colonial, supremacista y vulnerador de todos los derechos a la población palestina autóctona de ese territorio.

El reto del libro, superado, era contar esas múltiples historias, con muchos protagonistas anónimos, que nacen, crecen en lugares diferentes, se cruzan, se desmadejan, se rompen y vuelven a crecer con otros colores y, en todo caso, tejen una corriente de opinión en la que la causa palestina es el hilo conductor de su reflexión y acción. La causa palestina es reclamar la vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional sobre la ocupación, el colonialismo y el apartheid que practica el sionismo durante más de un siglo.

El sionismo nace y es un movimiento nacionalista, excluyente y supremacista, que tiene como objetivo colonizar la Palestina histórica, a pesar de la existencia de un pueblo en esas tierras. Frente a la pujanza de ese movimiento y complicidad (y hasta qué punto un interés colonial y racista) de primero el Reino Unido y después los ganadores de la II guerra mundial, los palestinos han tenido que luchar contra corriente. La causa palestina es el derecho del pueblo palestino, tanto en Cisjordania y Gaza, como los de los que tienen pasaporte israelí, viven en campos de refugiados o están en la diáspora de vivir en Palestina, en paz y con dignidad, con igualdad de derechos con cualesquiera otros habitantes en esa tierra. 

El libro relata el avance y extensión (disputas y retrocesos) de ese movimiento de resistencia a la ocupación, colonización y apartheid desde Cataluña. El porqué de la vigencia y potencialidad de la reclamación del Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) al Estado de Israel y a sus epígonos, haciendo suyo el llamamiento de la sociedad civil palestina. El BDS nace ante la constatación estratégica del fracaso, no sancionado, de unas supuestas negociaciones asimétricas de las instituciones palestinas y los gobiernos sionistas israelíes, avaladas y amparadas por la comunidad de países socios de un Estado de Israel que día a día profundiza la colonización, legisla, expulsa, aprisiona, mata y hace imposible la vida digna de los palestinos. 

Esta labor de sensibilización que han hecho tantos activistas individuales y organizados ha tenido reflejo en posicionamientos populares e institucionales relevantes. El Parlament de Cataluña, por ejemplo, de forma singular, tras los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch han valorado que la política israelí se asemeja a la del apartheid sudafricano. También ha logrado sensibilizar sobre el comportamiento delincuente de empresas, como agua Eden Springs o Iberpotash por sus vínculos con la explotación y lucro de la ocupación y colonización israelí. A la que se podrán añadir otras como CAF y Alstom o Carrefour por su actividad en los asentamientos sionistas. En esta labor, se puede incluir la reclamación de que se rompa el hermanamiento de la ciudad de Barcelona con Tel Aviv, a ser éste un ayuntamiento que respalda la ocupación y colonización israelí, en este caso bien sustentado por un informe del Sindic de Greuges de Barcelona. 

Txus Blanco recoge los trabajos de sensibilización y acción realizados en todos estos años, desde la llegada de jóvenes estudiantes palestinos, el internacionalismo innato de las nuevas generaciones que incluye a personas de ascendencia judía, la labor capilar en partidos, sindicatos, asociaciones feministas o lgtb, culturales, en diferentes organizaciones e ideologías. Esas historias de solidaridad y activismo en Cataluña a su vez, gracias a la amenidad y sinceridad contadas, propician que queramos ser partícipes y formar parte de esos movimientos de justicia,... Antes de que el pueblo palestino desaparezca. El apartheid y la colonización no cayeron por sí mismos. Desde dentro y desde fuera se ayudó. Ese es el primer y último mensaje del libro.


jueves, 26 de enero de 2023

Una vez dirigí Human Rights Watch. Harvard bloqueó mi beca por Israel Por Kenneth Roth.The Guardian,


 Una vez dirigí Human Rights Watch. Harvard bloqueó mi beca por Israel


Por Kenneth Roth
The Guardian, martes 10 de enero de 2023


Me dijeron que vetaron mi beca en la Kennedy School por mis críticas y las de Human Rights Watch a Israel

Durante las tres décadas que dirigí Human Rights Watch, reconocí que nunca atraeríamos a donantes que quisieran eximir a su país favorito de la aplicación objetiva de los principios internacionales de derechos humanos. Ese es el precio de respetar los principios.

Sin embargo, las universidades estadounidenses no han articulado una norma similar, y no está claro si la siguen. Esa falta de claridad deja la impresión de que los grandes donantes podrían utilizar sus contribuciones para bloquear las críticas a determinados temas, en violación de la libertad académica. O incluso que los administradores de la universidad podrían anticipar posibles objeciones de los donantes a las opiniones de un miembro del profesorado antes de que nadie tenga que decir nada.

Eso parece ser lo que me ocurrió en la Kennedy School de Harvard. Si alguna institución académica puede permitirse el lujo de atenerse a los principios, de negarse a comprometer la libertad académica bajo la presión real o supuesta de los donantes, ésa es Harvard, la universidad más rica del mundo. Sin embargo, el decano de la Kennedy School, Douglas Elmendorf, vetó una beca de derechos humanos que se me había ofrecido por mis críticas a Israel. Según parece, la reacción de los donantes era lo que le preocupaba.

Poco después de anunciar mi marcha de Human Rights Watch, el Carr Center for Human Rights Policy de la Kennedy School se puso en contacto conmigo para hablar de ofrecerme una beca. Llevaba mucho tiempo colaborando informalmente con el Carr Center, por lo que me pareció un lugar natural para pasar un año mientras escribía un libro. Así que, en principio, acepté. El único paso que faltaba era la aprobación del decano, que todos supusimos que sería una formalidad.

De hecho, en previsión de mi estancia en la escuela, me puse en contacto con el decano para presentarme. Mantuvimos una agradable conversación de media hora. El único indicio de problema llegó al final. Me preguntó si tenía enemigos.

Fue una pregunta extraña. Le expliqué que, por supuesto, tenía enemigos. Muchos. Son gajes del oficio de defensor de los derechos humanos.

Le expliqué que los gobiernos chino y ruso me habían sancionado personalmente, lo que en mi opinión era una insignia de honor. Mencioné que una serie de gobiernos, incluidos los de Ruanda y Arabia Saudí, me odian. Pero tenía la corazonada de a dónde quería llegar, así que también señalé que el gobierno israelí sin duda también me detesta.

Aquello resultó ser el beso de la muerte. Dos semanas después, el Carr Center me llamó para decirme tímidamente que Elmendorf había vetado mi beca. Le dijo a la profesora Kathryn Sikkink, una respetada especialista en derechos humanos afiliada a la Kennedy School, que el motivo eran mis críticas a Israel y las de Human Rights Watch.

Se trata de una revelación sorprendente. ¿Cómo puede una institución que pretende ocuparse de la política exterior -que incluso alberga un centro de política de derechos humanos- evitar las críticas a Israel?

Elmendorf no ha defendido públicamente su decisión, por lo que sólo podemos conjeturar lo sucedido. No se sabe que haya adoptado posiciones públicas sobre el historial de derechos humanos de Israel, por lo que es difícil imaginar que sus opiniones personales fueran el problema.

Pero como demostró The Nation en su exposición sobre mi caso, varios de los principales donantes de la Kennedy School son grandes partidarios de Israel. ¿Consultó Elmendorf con estos donantes o supuso que se opondrían a mi nombramiento? No lo sabemos. Pero es la única explicación plausible que he oído para su decisión. El portavoz de la Kennedy School no lo ha negado.

Algunos defensores del gobierno israelí han afirmado que el rechazo de Elmendorf a mi beca se debió a que Human Rights Watch, o yo, dedicamos demasiada atención a Israel. La acusación de "parcialidad" resulta enriquecedora viniendo de personas que nunca critican a Israel y, normalmente utilizando nombres de organizaciones que suenan neutrales, atacan a cualquiera que critique a Israel.

Además, Israel es uno de los 100 países de cuyo historial de derechos humanos se ocupa regularmente Human Rights Watch. Israel es un porcentaje minúsculo de su trabajo. Y en el contexto palestino-israelí, Human Rights Watch no sólo se ocupa de la represión israelí, sino también de los abusos de la Autoridad Palestina, Hamás y Hezbolá.

En cualquier caso, es dudoso que estos críticos estuvieran satisfechos si Human Rights Watch publicara un poco menos de informes sobre Israel, o si yo emitiera tuits con menos frecuencia. No quieren menos críticas a Israel. No quieren ninguna crítica a Israel.

El otro argumento que esgrimen los defensores de Israel es que Human Rights Watch y yo "demonizamos" a Israel, o que intentamos "evocar repulsión y asco". Normalmente esto es un preludio para acusarnos de ser "antisemitas".

La defensa de los derechos humanos se basa en documentar y hacer pública la mala conducta gubernamental para avergonzar al gobierno y que deje de hacerlo. Eso es lo que hace Human Rights Watch con los gobiernos de todo el mundo. Equiparar esto con el antisemitismo es absurdo. Y peligroso, porque rebaja el gravísimo problema del antisemitismo al reducirlo a la crítica de Israel.

La cuestión en Harvard va mucho más allá de mi propia beca académica. Reconozco que, como figura establecida en el movimiento de derechos humanos, me encuentro en una posición privilegiada. Que me denieguen esta beca no obstaculizará significativamente mi futuro. Pero me preocupan los académicos más jóvenes que son menos conocidos. Si me anulan la beca por mis críticas a Israel, ¿se arriesgarán a asumir el tema?

La cuestión fundamental aquí es la censura impulsada por los donantes. ¿Por qué debería cualquier institución académica permitir la percepción de que las preferencias de los donantes, ya sean expresas o supuestas, pueden restringir la investigación y la publicación académicas? Independientemente de lo que haya ocurrido en mi caso, la rica Harvard debería tomar la iniciativa.

Para aclarar su compromiso con la libertad académica, Harvard debería anunciar que no aceptará contribuciones de donantes que intenten utilizar su influencia financiera para censurar el trabajo académico, y que no se permitirá a ningún administrador censurar a los académicos por las presuntas preocupaciones de los donantes. Eso transformaría este episodio profundamente decepcionante en algo positivo.

Kenneth Roth fue director ejecutivo de Human Rights Watch de 1993 a 2022. Actualmente está escribiendo un libro. 
Por qué el Padrino de los Derechos Humanos no es bienvenido en Harvard
Por Michael Massing
thenation.org, 5 DE ENERO DE 2023

A Kenneth Roth, que dirigió Human Rights Watch durante 29 años, se le denegó una beca en la Kennedy School. ¿El motivo? Israel.

Poco después de que Kenneth Roth anunciara en abril su intención de dimitir como director de Human Rights Watch, Sushma Raman, directora ejecutiva del Centro Carr para Políticas de Derechos Humanos de la Harvard Kennedy School, se puso en contacto con él. Raman preguntó a Roth si estaría interesado en incorporarse al centro como investigador principal. Parecía algo natural. En los casi 30 años de Roth como director ejecutivo de HRW, su presupuesto había crecido de 7 millones de dólares a casi 100 millones, y su personal había pasado de 60 a 550 personas que supervisaban más de 100 países. The New York Times lo calificó de "padrino" de los derechos humanos en una larga y admirativa reseña de su carrera, señalando que Roth "ha sido un irritante implacable con los gobiernos autoritarios, exponiendo los abusos de los derechos humanos con documentados informes de investigación que se han convertido en la especialidad del grupo". HRW desempeñó un papel destacado en la creación del Tribunal Penal Internacional, y contribuyó a lograr las condenas de Charles Taylor, de Liberia, Alberto Fujimori, de Perú, y (en un tribunal para la antigua Yugoslavia) de los líderes serbobosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic.

Roth colaboraba con el Centro Carr desde su fundación en 1999. En 2004, participó en un debate ante 300 personas con Michael Ignatieff, entonces su director, sobre si la invasión estadounidense de Irak podía calificarse de intervención humanitaria (Ignatieff dijo que sí; Roth, que no). El debate fue moderado por Samantha Power, una de las fundadoras del Centro.

En una videoconferencia con Raman y Mathias Risse, director del Carr Center, Roth manifestó su interés en ser becario; tenía previsto escribir un libro sobre su experiencia en HRW y sobre cómo un grupo relativamente pequeño de personas puede mover a los gobiernos, y podría aprovechar las instalaciones de investigación del centro. El 7 de mayo, Raman le envió una propuesta formal, y el 9 de junio, Roth aceptó en principio unirse al centro. Raman envió la propuesta a la oficina del decano Douglas Elmendorf para su aprobación en lo que se supuso que era una formalidad. El 12 de julio, Roth mantuvo una conversación por vídeo con Elmendorf (antiguo economista jefe del Consejo de Asesores Económicos y director de la Oficina Presupuestaria del Congreso) para presentarse y responder a las preguntas que pudiera tener.

Dos semanas más tarde, sin embargo, Elmendorf informó al Carr Center de que la beca de Roth no sería aprobada.

El centro se quedó atónito. "Pensábamos que sería un compañero estupendo", dice Kathryn Sikkink, catedrática de Política de Derechos Humanos en la Kennedy School. Sikkink, destacada académica en este campo, lleva nueve años afiliada al Carr Center, y durante ese tiempo nunca había ocurrido nada parecido. Como señaló, el centro ha acogido a otros destacados defensores de los derechos humanos, como William Schulz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en EE. UU. de 1994 a 2006, y Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional de 2010 a 2018.

A Sikkink le sorprendió aún más la explicación del decano: Israel. Human Rights Watch, le dijeron, tiene un "sesgo antiisraelí"; los tuits de Roth sobre Israel eran especialmente preocupantes. Sikkink quedó desconcertada. En su propia investigación, había utilizado los informes de HRW "todo el tiempo" y, aunque la organización había sido crítica con Israel, también lo había sido con China, Arabia Saudí e incluso Estados Unidos.

Sikkink incluyó este punto en un detallado correo electrónico que preparó para el decano con el fin de rebatir la acusación de parcialidad antiisraelí. Se basó en la Escala de Terror Político, una medida anual de la represión estatal elaborada por un equipo de la Universidad de Carolina del Norte en Asheville. Clasifica a los países en una escala de 1 a 5, de menos a más represivos, en función de la incidencia de encarcelamientos políticos, ejecuciones sumarias, torturas y similares. El equipo codifica el historial de cada país basándose en los informes anuales sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Cada año, Israel y los Territorios Ocupados obtienen una puntuación de 3 ó 4, lo que los sitúa en la misma categoría que Angola, Colombia, Turquía y Zimbabue. Además, comparó la evaluación de HRW con la de Amnistía y el Departamento de Estado y encontró que las tres eran "bastante similares". En resumen, dice Sikkink, los datos mostraron que "Human Rights Watch no tiene ningún prejuicio contra Israel" y que concluir lo contrario "es desinformar". Envió sus conclusiones a Elmendorf; el decano respondió que había leído su correo electrónico pero que no reconsideraría su decisión.

Para entender el contexto de esa decisión, Sikkink me remitió a un artículo de Peter Beinart aparecido en The New York Times el 26 de agosto bajo el titular "¿Ha perdido el rumbo la lucha contra el antisemitismo?". "En los últimos 18 meses", escribió Beinart, "las organizaciones judías más prominentes de Estados Unidos han hecho algo extraordinario. Han acusado a las principales organizaciones de derechos humanos del mundo de promover el odio a los judíos." Después de que HRW publicara un informe en abril de 2021 acusando a Israel de practicar una política de apartheid hacia los palestinos, señaló Beinart, el Comité Judío Americano (AJC) afirmó que sus acusaciones "a veces rozan el antisemitismo". Y después de que Amnistía Internacional, en febrero de 2022, publicara su propio informe acusando a Israel de apartheid, la Liga Antidifamación (ADL) predijo que "probablemente conducirá a una intensificación del antisemitismo." Además, el AJC y la ADL se unieron a otros cuatro destacados grupos judíos para emitir una declaración en la que afirmaban que el informe de Amnistía no sólo era tendencioso e inexacto, sino que también "alimenta a los antisemitas de todo el mundo que tratan de socavar el único país judío de la Tierra." Era, concluía Beinart, una "terrible ironía" que "la campaña contra el 'antisemitismo'" estuviera siendo utilizada por estos grupos como "un arma contra las organizaciones de derechos humanos más respetadas del mundo."

La acusación de que Human Rights Watch es hostil a Israel no es nueva. En 2009, Robert Bernstein, ex director de Random House, que fundó HRW y fue su presidente de 1978 a 1998, la criticó duramente en un artículo de opinión en el Times. La misión original de HRW, escribió, era "abrir sociedades cerradas, defender las libertades básicas y apoyar a los disidentes", pero en su lugar "ha estado publicando informes sobre el conflicto árabe-israelí que están ayudando a quienes desean convertir a Israel en un Estado paria". Oriente Medio "está poblado de regímenes autoritarios con un historial de derechos humanos espantoso", y sin embargo HRW "ha escrito muchas más condenas a Israel por violaciones del derecho internacional que a cualquier otro país de la región." (Rechazando la afirmación de Bernstein, HRW observó que desde el año 2000 había elaborado más de 1.700 informes y otros comentarios sobre Oriente Medio y el Norte de África, la inmensa mayoría de ellos sobre países distintos de Israel).

HRW también ha sido atacada regularmente por Gerald Steinberg, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad Bar-Ilan de Israel y presidente de NGO Monitor. A pesar de su nombre que suena neutral, NGO Monitor, desde su fundación en 2001, ha seguido casi exclusivamente a organizaciones no gubernamentales que critican a Israel, HRW entre ellas. Ha acusado a la organización de "desempeñar un papel destacado en la demonización de Israel", de impulsar una "agenda antiisraelí" que contribuye al odio hacia ese país, y de ocultar su parcialidad política tras "la retórica de los derechos humanos". "La inmoral obsesión antiisraelí de Ken Roth y la guerra de Gaza" rezaba el titular de un informe de septiembre de 2014. Durante más de una década, afirmaba, Roth había hecho "numerosas afirmaciones falsas" sobre Israel y distorsionado sistemáticamente el derecho internacional "para promover sus objetivos personales e ideológicos". Como prueba, ofrecía un catálogo de más de 400 tuits. (Ejemplo: "Los cacareados ataques de precisión de Israel contra estructuras civiles como viviendas familiares son simples crímenes de guerra").

Steinberg y otros defensores de Israel se sintieron especialmente agraviados por el informe 2021 de HRW en el que se acusaba a Israel de apartheid. En 217 páginas de documentación detallada y análisis jurídico, el informe pretendía demostrar que las autoridades israelíes habían cumplido la definición legal de los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución (la privación grave de derechos fundamentales por motivos raciales, étnicos o de otro tipo) al aplicar políticas tanto en Israel como en los Territorios Ocupados que "privilegian metódicamente a los israelíes judíos y discriminan a los palestinos". Esas políticas incluían facilitar el traslado de israelíes judíos a los Territorios Ocupados y concederles derechos superiores a los de los palestinos que vivían allí; la confiscación generalizada de tierras de propiedad privada en gran parte de Cisjordania; y la construcción de la barrera de separación "de una manera que daba cabida al crecimiento anticipado de los asentamientos", todo ello para disipar la noción "de que las autoridades israelíes consideran que la ocupación es temporal".

Steinberg se abalanzó en The Jerusalem Post. Aunque HRW afirmó que su informe se basaba en material nuevo, escribió, "una lectura rápida revela la misma mezcla de propaganda estridente, acusaciones falsas y distorsiones legales comercializadas por la red de ONG durante décadas". En contraste con la crueldad sistemática del régimen de apartheid de Sudáfrica, los ciudadanos no judíos de Israel "tienen plenos derechos, incluido el de votar a los representantes de la Knesset". Steinberg denunció al autor del informe, Omar Shakir, citando su anterior trabajo como "activista universitario" agitando contra el apartheid israelí, y atacó a Roth por liderar una "campaña de 20 años" invocando el tema del "apartheid israelí".

Roth rechaza tales afirmaciones. La mayoría de las personas conocedoras de Israel, dice, entienden que NGO Monitor "es una fuente profundamente sesgada" que "nunca ha encontrado válida una crítica al historial de derechos humanos de Israel". Roth cree que Steinberg estaba "especialmente indignado porque me atreviera a criticar a Israel a pesar de que soy judío y me atrajo a la causa de los derechos humanos la experiencia de mi padre viviendo en la Alemania nazi". Su padre escapó a Nueva York en 1938 cuando él tenía 12 años, y Roth creció escuchando muchas "historias de Hitler".

En sus recurrentes andanadas contra HRW, Steinberg casi nunca menciona los frecuentes informes y declaraciones de la organización sobre abusos y crímenes cometidos por las autoridades palestinas. En un informe de 2018 titulado "Dos autoridades, un camino, cero disidencia", por ejemplo, HRW afirmó que "en los 25 años transcurridos desde que los palestinos obtuvieron cierto grado de autogobierno sobre Cisjordania y la Franja de Gaza, sus autoridades han establecido maquinarias de represión para aplastar la disidencia, incluso mediante el uso de la tortura." Basándose en una investigación de dos años que incluyó entrevistas con 147 ex detenidos y sus familiares y abogados, entre otros, el informe enumeraba 86 casos que, en conjunto, demostraban que "las autoridades palestinas detienen habitualmente a personas cuya expresión pacífica les desagrada y torturan a quienes tienen bajo su custodia". Las detenciones "constituyen graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos", y la tortura "puede equivaler a un crimen contra la humanidad, dada su práctica sistemática durante muchos años." El autor del informe fue Omar Shakir.

En resumen, con Roth, Human Rights Watch aplicó a las autoridades palestinas el mismo rasero que aplicaba a Israel y a muchos otros gobiernos. Roth hizo esta observación en su conversación del 12 de julio con Elmendorf. Durante la misma, recuerda Roth, el decano dijo que iba a empezar a examinar las becas más de cerca y le preguntó si tenía enemigos. "Eso es lo que hago", le dijo Roth. "Me hago enemigos".

La lista es, en efecto, larga. En 2014, a Roth se le negó la entrada a El Cairo tras llegar para publicar un informe que implicaba a altos cargos egipcios en el asesinato sistemático de manifestantes. En 2020, fue rechazado en el aeropuerto de Hong Kong tras llegar para publicar el informe anual de HRW, cuyo ensayo principal, escrito por Roth, criticaba el historial de derechos humanos de China. Fue denunciado por Arabia Saudí por las exigencias de HRW de que rindiera cuentas por el asesinato de Jamal Khashoggi; bloqueado en Twitter por el ruandés Paul Kagame por los informes de HRW sobre las atrocidades y la represión de su gobierno; e incluido en la lista de personas sancionadas por Rusia tras su invasión de Ucrania.

"Pero yo sabía a dónde quería llegar", dice Roth sobre su intercambio con Elmendorf. "Siempre es Israel".

En respuesta a una solicitud de comentarios, James F. Smith, portavoz de la Kennedy School, escribió: "Tenemos procedimientos internos para considerar becas y otros nombramientos, y no discutimos nuestras deliberaciones sobre individuos que puedan estar bajo consideración." Hasta la fecha, Elmendorf no ha dado ninguna indicación sobre quién puede haberse opuesto a la presencia de Roth en la escuela.

Sin embargo, un precedente ofrece una pista. El 13 de septiembre de 2017, el Instituto de Política de la Kennedy School anunció que Chelsea Manning sería una de sus profesoras visitantes ese otoño. Manning había salido de prisión en mayo tras cumplir siete años de condena por violar la Ley de Espionaje y por otros delitos derivados de su filtración de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos clasificados o sensibles. Michael Morell, que pasó 33 años en la CIA, incluidos más de tres años como director adjunto, y que en ese momento era investigador senior no residente en la Kennedy School, estaba indignado, y al día siguiente envió al decano Elmendorf una carta anunciando su dimisión. "Lamentablemente, no puedo formar parte de una organización -la Kennedy School- que honra a un delincuente convicto y filtrador de información clasificada", escribió. (Según Kathryn Sikkink, durante sus cuatro años en la escuela, Morell defendió en varias ocasiones el uso de la tortura por parte de la administración Bush, insistiendo en que prácticas como el ahogamiento simulado no se calificaban como tales).

Más tarde ese mismo día, el director de la CIA, Mike Pompeo, informó a la universidad de que apoyaba la decisión de Morell y cancelaba una comparecencia programada para esa tarde en la Kennedy School. A primera hora del día siguiente, Elmendorf anunció que la escuela retiraba la invitación a Manning "y el honor percibido que implica para algunas personas." Otras dos figuras controvertidas a las que el Instituto de Política también había invitado a ser becarios -los ex funcionarios de Trump Sean Spicer y Corey Lewandowski- no se enfrentaron a tal sanción. Una petición online organizada por un grupo de graduados de Harvard que criticaba la decisión de Elmendorf atrajo más de 15.000 firmas. "Al ceder a la presión de altos funcionarios actuales y anteriores de la CIA", afirmaba, "ha echado por la borda la libertad académica".

A pesar de todas las diferencias entre Chelsea Manning y Kenneth Roth -la primera, una filtradora y denunciante de irregularidades condenada por violar la Ley de Espionaje; el segundo, un destacado defensor de los derechos humanos-, sufrieron destinos similares, y juntos sugieren una realidad fundamental sobre la Kennedy School: la presencia dominante de la comunidad de seguridad nacional estadounidense y su estrecho aliado Israel.

La Kennedy School es una de las principales escuelas de gobierno y política pública del mundo. Ofrece desde doctorados y másteres en políticas públicas y administración hasta sesiones de formación ejecutiva de una semana que cuestan 10.250 dólares y permiten a los participantes poner Harvard en sus currículos. No es una única institución cohesionada, sino más bien un conglomerado de feudos y bailiwicks que se ocupan de todo, desde la resolución de conflictos, la proliferación nuclear y el cambio climático hasta la política urbana, la regulación financiera y la movilización de los votantes. Entre los más importantes se encuentra el Centro para el Liderazgo Público, que pretende crear "un mundo más equitativo y justo" e incluye un "laboratorio de liderazgo y felicidad" (dirigido por Arthur Brooks, ex presidente del American Enterprise Institute y autor de libros como Who Really Cares: The Surprising Truth About Compassionate Conservatism); el Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, que reúne a "líderes del pensamiento" de los sectores público y privado para crear una "incubadora de ideas" que "informe sobre opciones y soluciones políticas" (bajo la dirección del ex secretario del Tesoro Lawrence Summers); y el Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy, que reúne anualmente a periodistas y académicos de todo el país para describir y diagnosticar los retos a los que se enfrenta la industria de la información. Cada uno de estos organismos tiene sus propios miembros, que prestan sus servicios con la aprobación del decano, que preside la escuela en su conjunto.

El Carr Center, con una plantilla de ocho personas y 32 becarios, es una de las subdivisiones más pequeñas y pobres de la Escuela. Su supervivencia año tras año es precaria, ya que su misión de promover los derechos humanos y denunciar los abusos del gobierno a menudo se siente incómoda con los institutos que se ocupan de la política de defensa, la estrategia militar y la recopilación de información.

Entre estos institutos destaca el Centro Belfer para la Ciencia y los Asuntos Internacionales, y un vistazo a sus actividades puede ayudar a explicar por qué se consideró que Roth estaba demasiado caliente. Clasificado como el mejor think tank afiliado a una universidad del mundo por el Global Go To Think Tank Index Report 2018 de la Universidad de Pensilvania, el centro cuenta con 56 miembros en plantilla, 12 programas de becas y más de 225 expertos, casi 100 de ellos en seguridad internacional y defensa. De 1995 a 2017, el director del centro fue Graham Allison. Profesor de Gobierno en Harvard y autor de numerosos libros sobre seguridad nacional, entre ellos Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (1971), Allison está considerado el decano fundador de la Kennedy School y la persona que la construyó financieramente desde cero. (También ayudó a crear el Carr Center).

Allison, que sigue estando muy presente en la escuela, ha formado parte de los consejos de Natixis, Loomis Sayles y Hansberger Group (todos ellos dedicados a la gestión de inversiones y patrimonios); Taubman Centers (promotores de centros comerciales); Chase Bank; Chemical Bank; International Energy Corporation; y Getty Oil. También formó parte del Consejo de Política de Defensa con todos los secretarios de Defensa, desde Caspar Weinberger hasta John Mattis; fue asesor especial del secretario de Defensa de 1985 a 1987; y fue subsecretario de Defensa para Política y Planes de 1993 a 1994. Según su currículum, Allison contribuyó a hacer del Centro Belfer un brazo virtual del complejo de inteligencia militar.

Ash Carter, secretario de Defensa saliente en la administración Obama, dirigió el centro desde 2017 hasta su repentina muerte el pasado octubre. Durante sus 35 años de carrera, Carter fue miembro del Laboratorio Draper y formó parte de los consejos de administración de MITRE Corporation, Mitretek Systems y el Laboratorio Lincoln del MIT, todos ellos contratistas de defensa e investigadores de armamento implicados en asuntos como la ciberseguridad, la lucha antiterrorista, la guerra con drones y la tecnología de misiles. El sustituto de Carter, Eric Rosenbach, fue jefe de gabinete del Pentágono de 2015 a 2017 y subsecretario de Defensa para Seguridad Global. Antes de eso fue oficial de inteligencia del Ejército y comandante de una unidad de inteligencia de telecomunicaciones. Según su página web, Rosenbach trabajó en dos contratos para la CIA (no se dan detalles concretos) en 2020 y 2021.

Una de las iniciativas de más alto perfil del Centro Belfer es el Proyecto de Inteligencia, que (según su página web) "vincula a las agencias de inteligencia con los investigadores del Belfer, la Facultad y los estudiantes de la Escuela Kennedy, para enriquecer su educación e impactar en las políticas públicas." Está dirigido por Paul Kolbe, que pasó 25 años en la dirección de operaciones de la CIA, tanto en funciones exteriores como nacionales. Entre sus 52 becarios de alto nivel se encuentra James Clapper, director de inteligencia nacional de Estados Unidos entre 2010 y 2017.

Cada año, el proyecto acoge a más de una docena de "estrellas emergentes de la inteligencia" de todo el mundo como parte de un programa de becas concebido por David Petraeus, el general retirado de cuatro estrellas del Ejército que fue director de la CIA entre septiembre de 2011 y noviembre de 2012. Como director de la CIA, Petraeus quería encontrar una forma de poner en contacto a jóvenes oficiales de inteligencia con las mejores universidades. En busca de apoyo, se puso en contacto con Thomas Kaplan, un superrico especulador de metales, coleccionista de arte y aventurero de la política exterior, y le convenció para que financiara una beca para oficiales de inteligencia clandestinos. Juntos se pusieron en contacto con su amigo Graham Allison, que enseguida se ofreció a albergarla en el Belfer Center.

En su primer año, el programa acogió a dos oficiales clandestinos. Desde entonces se ha refundido, ampliado y rebautizado como Becas Recanati-Kaplan; este año acoge a 16 becarios de nueve países y 13 agencias de inteligencia. Leon Recanati es suegro de Kaplan e inversor israelí. Kaplan (junto con Sheldon y Miriam Adelson) proporcionó la mayor parte de la financiación inicial de Unidos contra el Irán Nuclear, creada en 2008 para combatir la amenaza percibida de ese país; el grupo (que tiene fuertes vínculos con los ejércitos estadounidense e israelí) lideró la campaña para deshacer el acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Graham Allison forma parte del consejo de UANI y ha ejercido presión en su nombre en Washington.

Petraeus se vio obligado a dimitir como jefe de la CIA tras revelarse que mantenía una relación extramatrimonial con Paula Broadwell, que estaba escribiendo una biografía suya, y que le había dado acceso a documentos de alto secreto (sobre los que mintió posteriormente al FBI). En marzo de 2015, Petraeus llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia por el que fue condenado a dos años de libertad condicional más una multa de 100.000 dólares. Tras la dimisión de Petraeus, Allison consiguió que se convirtiera en becario no residente del Belfer Center. Allí hizo corte, "con becarios y estudiantes haciendo cola para verle", según relata Daniel Golden en su libro de 2017 Spy Schools: Cómo la CIA, el FBI y la inteligencia extranjera explotan en secreto las universidades de Estados Unidos.

Golden dedica un capítulo del libro a la Kennedy School. Una vez conocida "como el refugio de los políticos fuera del cargo", observa, la escuela "ahora pulula con ex altos mandos de inteligencia". Golden escribe que la escuela disuade a la CIA de reclutar activamente en el campus, pero un vistazo al calendario del Centro Belfer muestra que ese reclutamiento de hecho ahora tiene lugar abiertamente. El 25 de octubre, por ejemplo, el centro organizó una sesión sobre "Carreras en la comunidad de inteligencia estadounidense", en la que antiguos y actuales profesionales de la inteligencia compartieron sus experiencias con estudiantes de Harvard.

Como señala Golden, los miembros de los servicios de inteligencia extranjeros también acuden en masa a la Kennedy School, porque ofrece "un conducto hacia las más altas esferas del gobierno estadounidense". Entre ellos destacan los israelíes. Un conducto clave es la Wexner Israel Fellowship (que forma parte del Center for Public Leadership). Fue creada a finales de la década de 1980 por Leslie Wexner, fundador y antiguo consejero delegado de L Brands (que en su día fue propietaria de Victoria's Secret y ahora se llama Bath & Body Works). Un rabino representante de Wexner se dirigió a la Kennedy School con la idea de traer a Cambridge a funcionarios y líderes cívicos israelíes para un año de estudios a mitad de carrera, y la escuela aceptó. Entre los 10 becarios que acuden anualmente hay funcionarios ministeriales, representantes de gobiernos locales, analistas políticos y directores de organizaciones sin ánimo de lucro, así como miembros del Mossad, las Fuerzas de Defensa de Israel y el servicio de seguridad Shin Bet. Wexner ha donado más de 40 millones de dólares a la Kennedy School a lo largo de los años, y en 2018 un nuevo edificio de la misma recibió su nombre. Después de que se revelara en 2019 que Wexner había empleado durante décadas a Jeffrey Epstein como asesor personal y le había dado amplios poderes sobre sus finanzas y filantropía, hubo llamamientos para que se retirara el nombre de Wexner tanto del edificio como de la beca, pero permanece en ambos, y los becarios israelíes son muy visibles en los eventos de la escuela.

En un principio, la Kennedy School tenía previsto un programa paralelo para palestinos, pero nunca se materializó y sólo una pequeña parte de los becarios Wexner son ciudadanos palestinos de Israel. Sin embargo, los palestinos tienen acceso a otras becas de la escuela, incluida la Emirates Leadership Initiative Fellowship, financiada por los Emiratos Árabes Unidos, el aliado más fuerte de Estados Unidos en el Golfo. (Los EAU son también un estrecho aliado de Arabia Saudí y un violador en serie de los derechos humanos). En 2020, Saeb Erekat, diplomático palestino y alto cargo de la OLP, recibió una beca en el Centro Belfer, pero murió de Covid antes de poder iniciarla. La presencia palestina en la Kennedy School es escasa y los debates sobre la cuestión Israel-Palestina fugaces. Según personas conocedoras de los programas de la escuela, a su administración le aterroriza tocar cualquier cosa relacionada con Palestina, y las voces palestinas han sido silenciadas en gran medida. Esto no se debe a ningún administrador en particular, dicen, sino al "ethos del lugar" y a las personas que financian el Centro Belfer.

Entre ellos destaca Robert Belfer, que ha donado más de 20 millones de dólares a la Kennedy School desde la década de 1980, dinero procedente de la fortuna de su familia. Nacido en 1935 y criado en Cracovia (Polonia), Belfer huyó de los nazis con su familia a principios de 1941 y llegó a Nueva York en enero de 1942, sin hablar inglés. Se licenció en la Universidad de Columbia y en Derecho en Harvard, pero decidió unirse al negocio de su padre. Arthur Belfer trabajó con plumas y plumón, vendiendo productos al ejército estadounidense, incluidos sacos de dormir rellenos de plumón, pero en la década de 1950 se dedicó a la gomaespuma y luego al petróleo, comprando una extensión productora de petróleo en el norte de Texas. La empresa que creó, Belco Petroleum, funcionó tan bien que Arthur llegó a figurar entre los 400 de Forbes. En 1983 vendió Belco a InterNorth. En 1985, InterNorth se fusionó con Houston Natural Gas, que pasó a llamarse Enron. Robert entró en el consejo de Enron y la familia se convirtió en el mayor accionista de la empresa. En 1992, un año antes de su muerte, Arthur ayudó a Robert a crear una entidad separada, Belco Oil & Gas, que salió a bolsa en 1996, ingresando más de 100 millones de dólares.

Gracias a sus donaciones a la Kennedy School, Belfer conoció a Graham Allison. Allison ayudó a construir el Belfer Center y Belfer, a su vez, consiguió que Allison entrara en el consejo de Belco. (En 1999, Allison compró 39.000 acciones de Belco; en 2000, la empresa anunció dos recompras de acciones, que casi duplicaron su cotización. Una petición de comentarios a Allison no obtuvo respuesta).

Tras una vertiginosa subida que llevó a las acciones de Enron a alcanzar los 90 dólares por acción en el verano de 2000, la empresa implosionó en 2001 en medio de revelaciones de contabilidad fraudulenta y uso de información privilegiada. Cuando se declaró en quiebra en diciembre de 2001, sus acciones se cotizaban a céntimos y la participación de los Belfers -casi 2.000 millones de dólares un año antes- prácticamente se había esfumado. Como miembro del consejo de administración que se mantuvo al margen mientras la empresa se hundía, Robert Belfer se enfrentó a la ira de miles de accionistas cuyas inversiones se esfumaron. Pero los Belfer conservaron importantes participaciones en el sector inmobiliario, así como el control de Belco Oil, y en agosto de 2001 esa empresa se fusionó con Westport Resources en una operación valorada en unos 866 millones de dólares.

A pesar de la quiebra de Enron, Robert Belfer siguió siendo muy rico y filántropo. Además de la Kennedy School, él y su esposa, Renée, han hecho donaciones a toda una serie de instituciones culturales, centros de investigación médica, escuelas privadas, universidades e instituciones judías e israelíes. En una entrevista de 2006 con el Museo del Holocausto de Estados Unidos, Belfer señaló que la mayor parte de su familia (incluidos sus abuelos paternos) pereció en la Segunda Guerra Mundial, una pérdida que le dio "un sentido de identidad" de "ser judío, de apoyar mucho a Israel".

Según los formularios 990 de su fundación familiar, entre 2011 y 2015 Belfer dio más de 300.000 dólares al Comité Judío Americano, de cuya junta de gobierno forma parte. En 2018, se unió a la Liga Antidifamación para dotar una nueva beca en el Centro Belfer para estudiar la desinformación, el discurso de odio y el contenido tóxico en línea. Cada año, la escuela acoge a tres ADL Belfer Fellows. En resumen, el principal financiador del Belfer Center ha sido un importante patrocinador de dos de los grupos -el AJC y la ADL- que Peter Beinart citó como agresores de organizaciones de derechos humanos por sus críticas a Israel.

Stephen Walt ha sido profesor Robert y Renée Belfer de Relaciones Internacionales durante las dos últimas décadas. En 2007, cuando Walt y John Mearsheimer publicaron The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos), en el que sostenían que el AIPAC y otros grupos proisraelíes han desviado la política estadounidense de los intereses nacionales, causó un gran revuelo en la Kennedy School, incluidas las quejas de algunos becarios Wexner. Después de que apareciera una versión resumida en la London Review of Books, la escuela recibió un aluvión de llamadas de "donantes pro-Israel", según The New York Sun, entre ellos Robert Belfer. El entonces decano David Ellwood pidió a Walt que omitiera el nombre de Belfer en cualquier publicidad relacionada con el artículo. Walt se negó.

La influencia de Belfer en la Kennedy School va mucho más allá de su centro. Él y su hijo Laurence forman parte de la Junta Ejecutiva del Decano, "un pequeño grupo de líderes empresariales y filantrópicos que actúan como asesores de confianza del Decano y se encuentran entre los más comprometidos colaboradores financieros de la Escuela", según su página web. Su presidente, David Rubenstein, es cofundador y ex director general del gigante del capital riesgo Carlyle Group, y uno de los miembros mejor conectados de la élite financiera y cultural de Estados Unidos; entre los muchos consejos de prestigio a los que pertenece se encuentra la Harvard Corporation, principal órgano de gobierno de la universidad.

Entre los 16 miembros del Consejo Ejecutivo del Decano figuran también Idan Ofer y su esposa, Batia. Idan es hijo de Sammy Ofer, magnate naviero israelí que hasta su muerte en 2011 era uno de los hombres más ricos de Israel. Valorado en unos 10.000 millones de dólares, Idan ha sido objeto de críticas en Israel por mudarse a Londres para reducir su factura fiscal y por un fastuoso estilo de vida destacado por la fiesta de 5 millones de euros que organizó en la isla de Mykonos con motivo de su 10º aniversario de boda.

El decano de la Kennedy School no puede permitirse perder la confianza de esta junta; tampoco puede permitirse alienar a la comunidad de seguridad nacional de Estados Unidos, con la que la escuela mantiene lazos tan estrechos. El propio Carr Center está inmerso en el establishment de la política exterior estadounidense: Samantha Power ha sido miembro del Consejo de Seguridad Nacional y embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, y actualmente dirige la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional.

En 2018, la Kennedy School inauguró un campus renovado, posible gracias a una campaña de capital que recaudó más de 700 millones de dólares. Como anclaje se encontraban tres edificios que llevaban los nombres de Ofer, Rubenstein y Wexner. "Nosotros damos forma a nuestros edificios, y después nuestros edificios nos dan forma a nosotros", dijo el Decano Elmendorf en la ceremonia de inauguración, añadiendo que "nuestros edificios son el marco estructural de nuestras vidas aquí. Aquí nacerán y se alimentarán ideas importantes. Generaciones de estudiantes aprenderán de académicos y profesionales de talla mundial".

En opinión de Elmendorf, Kenneth Roth no tenía cabida entre esos académicos y profesionales. La escuela podía acoger a un ex director de la CIA que filtró información clasificada y a un ex alto funcionario de la CIA que pidió perdón por la tortura, pero no a la persona que dirigió Human Rights Watch durante tres décadas.

"La Kennedy School salió perdiendo al no tenerlo con nosotros", afirma Kathryn Sikkink. La investigación del Centro Carr "se habría beneficiado de su perspectiva". Lo mismo puede decirse de sus estudiantes, añade, muchos de los cuales "darían un ojo de la cara por conseguir un trabajo allí."

Tras ser vetado por Harvard, Roth aceptó una beca de visita en la Universidad de Pensilvania. "Es una locura", dice de su encuentro con la Kennedy School. "Tienen un centro de derechos humanos. ¿Quién está mejor cualificado que yo?". En cuanto a Doug Elmendorf, Roth añade: "No tiene ninguna columna vertebral".

Michael Massing es autor de Now They Tell Us: The American Press and Iraq y Fatal Discord: Erasmo, Lutero y la lucha por la mente occidental. Está escribiendo un libro sobre dinero e influencia.



https://www.thenation.com/article/society/hrw-harvard-israel-kennedy-school/







Kenneth Roth dijo que la medida de Harvard era un reflejo de "lo absolutamente temerosa 
que se ha vuelto la Kennedy School de cualquier crítica a Israel".
Harvard Kennedy School condenada por denegar una beca a un crítico con Israel

Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos 
de los Territorios Ocupados

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