Barcelona establecerá una cláusula de respeto al derecho internacional a las empresas que quieran licitar
Además de esa petición, hay un párrafo específico para que el ayuntamiento de Barcelona estableciera una cláusula en los concursos para que las empresas candidatas se comprometieran a respetar el derecho internacional: El Ayuntamiento de Barcelona "Implementarà una clàusula d’obligació contractual de caràcter essencial en tots els contractes públics municipals per garantir que cap operador pertany o realitza operacions financeres, inversions, compres, contractacions, així com altres activitats econòmiques que vagin en contra del Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari".
[Implementará una cláusula de obligación contractual de carácter esencial en todos los contratos públicos municipales para garantizar que ningún operador pertenece o realiza operaciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, así como otras actividades económicas que vayan en contra del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario]
Esta moción de suspender las relaciones de Barcelona con Israel se ha hecho tras la decisión del nuevo alcalde del PSC, Collboni, de reanudarlas junto al hermanamiento con Tel Aviv, tras su toma de posesión en la alcaldía, y desdiciendo la decisión de la antigua alcaldesa Ada Colau, en este mismo año de romper tanto con Israel como el hermanamiento con Tel Aviv. La proposición presentada por BComú ha sido transaccionada con el gobierno municipal (PSC) y ERC; y Junts, PP y Vox han votado en contra.
La ruptura institucional con Israel no supone la suspensión del hermanamiento con Tel Aviv, según testimonio del PSC.
Moción aprobada (versión original y traducción al castellano)
Al Consejo Municipal
Ada Colau Ballano, en su condición de Concejala del Grupo Municipal Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona, actuando en su nombre y representación manifiesta,
Desde el pasado 7 de Octubre Israel bombardea a la población palestina de la Franja de Gaza de forma indiscriminada. Desde entonces han sido asesinadas más de 16.000 personas, entre ellas más de 5.500 niños y niñas. Save the Children denuncia que ha habido más muertes infantiles en la Franja de Gaza en este último mes que en todo el mundo desde el 2019. Un niño muere cada 10 minutos en Gaza. Al menos el 45% de las viviendas de Gaza han sido destruidas o dañadas, más de 200 centros de enseñanza, 20 hospitales, 20 instalaciones de agua, saneamiento e higiene, y al menos 18 espacios religiosos han sufrido daños graves por los bombardeos. Más de 100 trabajadores y trabajadoras de UNRWA han sido asesinados. La Franja de Gaza está sometida desde hace 16 años a un insoportable bloqueo que ha depauperado las condiciones de vida de su población. Con el 97% de agua no potable, el 56% de la población viviendo en extrema pobreza, un 64% de paro juvenil y el 80% dependiendo de ayuda internacional. Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y el Parlamento de Cataluña han concluido que el sistema de empleo colonial impuesto por los gobiernos de Israel constituyen crímenes de acoso y apartheid contra el pueblo palestino. Esta política impulsada por los gobiernos de Israel ha impuesto un sistema de desposesión, segregación y fragmentación que ha degradado la vida y los derechos humanos de la población palestina. El endurecimiento del bloqueo y la aplicación de un cerco sobre la Franja con el corte de suministros básicos mientras Israel bombardea es un crimen contra la humanidad, que el ex fiscal general del Tribunal Penal Internacional ha calificado de crímenes de genocidio.
La orden de evacuación de 1,4 millones de palestinos y palestinas del norte de Gaza y la intención de trasladar a la población palestina al Sinaí es un acto ilegal y un acto de limpieza étnica. El asesinato de población civil por parte de Hamás fue un hecho gravísimo que hay que investigar y encontrar a sus responsables, pero no puede justificar en modo alguno el castigo colectivo del gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza. Todos los ataques contra la población civil constituyen crímenes de guerra y deben ser perseguidos y juzgados por el Tribunal Penal Internacional. Ante los crímenes contra la humanidad la comunidad internacional tiene la obligación legal de no proporcionar ayuda alguna que permita perpetuar estos crímenes y de activar todos los mecanismos diplomáticos, económicos y políticos para hacer cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional. El Artículo I de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de la que el Estado español es firmante, subraya el imperativo de prevenir o detener un genocidio en curso y deja claro que la inacción de los Estados que forman parte del tratado, incluidos terceros, convierte a estos mismos Estados en responsables del incumplimiento de sus deberes en virtud del derecho internacional en relación con el genocidio. El embargo de armas es un paso necesario en esta dirección tal y como se recoge en el marco jurídico español que prohíbe la venta de armas a países en conflicto o en los que se den importantes vulneraciones de Derechos Humanos. Estas normas son: Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso,Tratado sobre comercio de armas, ratificado por España el 17 de marzo de 2014Posición Común 2008/944/ PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.
El Gobierno español ya ha tomado decisiones similares con anterioridad como cuando suspendió las ventas de armas en Libia, durante su guerra civil o la venta de material antidisturbios en Venezuela, o la suspensión temporal de venta de armas en Israel en el agosto de 2014. En esa fecha, bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, Israel asesinó a 2.205 palestinos en Gaza, de los cuales 538 eran niños y niñas. Las administraciones públicas tienen la obligación y responsabilidad de aplicar todas las acciones diplomáticas, económicas y políticas para evitar los crímenes contra la humanidad y hacer respetar los derechos humanos. Esta obligación también será de aplicación a todas las empresas. El marco jurídico catalán y español tiene mecanismos para que las administraciones públicas puedan supervisar y garantizar sus obligaciones internacionales de derechos humanos. También los gobiernos locales deben estar a la vanguardia y garantizar el respeto de los derechos humanos para todas las personas.
Por todo ello, de acuerdo con los artículos 60.6 y 65 del Reglamento Orgánico Municipal, formula la siguiente
Proposición Declaración Institucional
El Ayuntamiento de Barcelona:
Rechaza y condena los ataques contra la población civil, tanto israelí como palestina, así como cualquier acción constitutiva de un castigo colectivo, como el desplazamiento forzoso de población, la destrucción sistemática de viviendas y de infraestructuras civiles o el bloqueo del suministro de energía, agua, alimentos, suministros médicos y medicinas a la población de la Franja de Gaza.
Reclama que el alto el fuego de cuatro días recién acordado se convierta en un alto el fuego permanente y definitivo, así como el cese de la violencia contra la población civil palestina de Cisjordania y la liberación incondicional y segura de los rehenes tomados por Hamás.
Reclama el establecimiento de corredores humanitarios que garanticen a la población civil palestina de la Franja de Gaza la llegada de suficiente combustible, alimentos, agua, medicinas, suministros y equipamientos médicos.
Reclama el establecimiento de garantías de regreso a la población civil desplazada por la ofensiva aérea y terrestre israelí sobre la Franja de Gaza.
Exige el respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario y que se activen los mecanismos eficaces, dentro y fuera del sistema de Naciones Unidas, incluyendo los relativos a la CPI, para poner fin y perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos.
Recuerda que la ocupación y la colonización de los territorios palestinos, así como la negación de los derechos más básicos a la población palestina, son los principales obstáculos para la consecución de una paz justa y duradera, que el cumplimiento del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y de las resoluciones de las Naciones Unidas deben presidir la consecución de una solución política definitiva al conflicto.
Implementará una cláusula de obligación contractual de carácter esencial en todos los contratos públicos municipales para garantizar que ningún operador pertenece o realiza operaciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, así como otras actividades económicas que vayan en contra del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
Hasta que exista un alto al fuego definitivo, y no se garantice el respeto a los derechos básicos del pueblo palestino y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al conflicto entre Israel y Palestina, interrumpe relaciones institucionales con el actual gobierno de Israel .
Se adhiere a los esfuerzos por convocar una cumbre de paz lo antes posible, y ofrece el bagaje y experiencia de la ciudad de Barcelona como ciudad promotora de la paz, favorecedora del diálogo entre los pueblos y dispuesta a trabajar con los instrumentos de la paz diplomacia de las ciudades por contribuir activamente a la paz en la región mediterránea.
Comunicar esta declaración al Gobierno de España y la Embajada de Israel.
ACTOS SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
SETMANA DELS DRETS HUMANS 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans
Del 12 al 15 de diciembre en la Facultad de Derecho de Valencia:
https://www.idhuv.es/wp-
Día 13, 12h30 TAULA REDONA. Empreses espanyoles i drets humans Juan Hernández Zubizarreta. Investigador de l'Observatori de Multinacionals a Amèrica Llatina Empreses espanyoles i l'arquitectura jurídica de la impunitat Santiago González Vallejo. Cofundador del Comité de Solidaritat amb la Causa Àrab Les empreses espanyoles CAF, COMSA, OSSA són corresponsables del que succeeix a Gaza? Esjaba Messaoud. Advocada i politòloga sahrauí Empreses com a agents imprescindibles de l'ocupació: el cas del Sàhara Occidental Modera: Joan-Marc - Ferrando Hernández. Investigador postdoctoral de l’IDHUV
Seminario: "Acceso a la justicia y a la reparación por abusos corporativos: experiencias y casos de estudio"
Día 15. 16:OOh-16:45h: Mesa 2. Empresas, derechos humanos y acceso a la justicia en territorios ocupados
Lina María González, Novact y Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
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