sábado, 31 de octubre de 2020
John McDonnell: Suspensión de Jeremy Corbyn "profundamente equivocada"
Elliot Chappell
John McDonnell ha declarado "profundamente erróneo" la suspensión de Jeremy Corbyn por su respuesta al informe de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos sobre el antisemitismo dentro del Partido Laborista.
En las redes sociales poco después de que Labor anunció que el exlíder había sido suspendido en espera de una investigación, McDonnell instó a los miembros a pedir a los líderes que revoquen la acción disciplinaria.Más....
UN TRATADO VINCULANTE DEL QUE HUYE CAF
SANTIAGO GONZÁLEZ VALLEJO
jueves, 29 de octubre de 2020
Palestina. Joven israelí es encarcelada por negarse a servir en el ejército de ocupación de Israel en Palestina
El proceso de paz de Israel fue siempre un camino a ninguna parte
lunes, 26 de octubre de 2020
Sudán, también a la cazuela
Sudán ha sido el último país árabe en anunciar la próxima normalización de relaciones con Israel, semanas después de que lo hicieran los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.
El presidente Donald Trump ha dicho que otros cinco países árabes están en lista de espera para abrir embajada en Tel Aviv. Se diría que los americanos no tienen más política exterior que la que les dicta Israel.Más....
Por la liberación de Georges Ibrahim Abdallah, símbolo de la resistencia Palestina
MANU PINEDA. Secretario de Relaciones Internacionales del PCE
‼ Es el preso político que lleva más tiempo encarcelado en Francia, 37 años
Georges Ibrahim Abdallah, comunista libanés y militante antiimperialista detenido hace ahora 37 años de manera ininterrumpida, no sólo es el preso político que más años lleva encarcelado en Europa. Es también un preso de excepción porque simboliza lo que Francia, supuesta patria de los Derechos Humanos, se niega a reconocer: que la cadena perpetua existe en este país. Así, Georges se ha convertido en todo un símbolo de resistencia.
Fue condenado en 1987 pero su condena venció en 1999, es decir hace ya más de 20 años. El Líbano declaró públicamente en reiteradas ocasiones que está de acuerdo con su regreso. ¿Qué es lo que está faltando? Que el Ministerio del Interior francés acepte su repatriación. Y sin embargo, se niega en un acto de complicidad con los Estados Unidos y con Israel.
Georges Ibrahim Abdallah nunca ha renegado de sus convicciones. Desde la cárcel ha seguido apoyando la lucha de los pueblos oprimidos así como la lucha por una Palestina libre, sumándose a huelgas de hambre en apoyo a presos palestinos cuando ha sido necesario. Es este compromiso antiimperialista, este compromiso con Palestina, lo que algunos poderes no perdonan y siguen castigando porque, pese a existir fallos judiciales a favor de su liberación, todos ellos han sido rechazados por Francia, quien sucumbe a la presión sionista de Israel.
¿Dónde está entonces la división de poderes? ¿Por qué si en 2003 la jurisdicción regional de liberación condicional de Pau autorizó su liberación, el poder ejecutivo tuvo que intervenir para impedirlo? ¿Por qué si en 2012 el Tribunal de aplicación de penas de París volvió a fallar favorablemente hacia Georges, Manuel Valls entonces ministro del Interior se negó a firmar su salida de Francia? Es vergonzoso decirlo pero el destino de nuestro compañero se juega en el Palacio del Elíseo, no en los tribunales.
Y sin embargo, su liberación este año es más urgente que nunca, si cabe. Naciones Unidas a través de la Alta Comisionada para los DDHH Michelle Bachelet, pidió al inicio de la pandemia la liberación de los presos políticos y de los presos más vulnerables. Georges entra en los dos supuestos y es algo a lo que el Gobierno francés no puede hacer más oídos sordos, aunque sólo sea por una cuestión de humanidad.
Por todo esto, me sumo a la exigencia de la liberación inmediata para el compañero Georges Ibrahim Abdalah. Francia, Israel y Estados Unidos, en una alianza sionista, intentaron castigarlo y relegarlo al ostracismo pero no sólo no lo consiguieron, sino que lo convirtieron sin quererlo en un símbolo de resistencia en el seno de Europa. Pese a llevar 37 años en la cárcel, Georges nunca ha dejado de formar parte de la lucha por una Palestina libre de ocupación israelí, y nosotros nunca hemos dejado de formar parte de su propia lucha para su liberación
domingo, 25 de octubre de 2020
La influencia de Israel en las elecciones de EEUU
En la recta final de las elecciones presidenciales, la influencia de la comunidad judía de Estados Unidos vuelve al punto de mira. Aunque solo representa el 1,9% de los habitantes del país, la comunidad ejerce una enorme influencia en la política exterior de Washington, especialmente en Oriente Próximo, influencia que no decaerá si Joe Biden gana en las urnas.
Aunque desde tiempo inmemorial, con excepción de 2004, existe una asentada rutina que consiste en que durante el año previo a las elecciones estadounidenses el primer ministro de Israel se entrevista con los dos candidatos, esta vez el primer ministro Benjamín Netanyahu ha excluido significativamente al aspirante demócrata Joe Biden.Más....
545 migrantes deportados tras ser separados de sus hijos en la frontera estadounidense no han sido aún localizados
Las familias fueron separadas en el año 2017 como parte de la política de “tolerancia cero” de la administración Trump. Los abogados responsables de localizar a los progenitores deportados a Centroamérica denuncian que aún no han podido contactar con casi dos tercios de los mil casos identificados.
Redacción El Salto
Corría el año 2018 y las imágenes de niños separados de sus padres y madres en la frontera de Estados Unidos generaban indignación global. Donald Trump ejercía su segundo año de mandato, aupado al poder sobre un fuerte discurso antimigratorio que materializaba en la frontera sur. Dos años después, 545 de esos niños no encuentran a sus padres.
Se trata de casi un tercio de los mil padres y madres que fueron deportados del país antes de que un juez federal ordenara su localización, así lo han denunciado los abogados designados por un juez federal para localizar a las familias separadas, según recogen medios estadounidenses. La situación fue denunciada ayer, 20 de octubre, por la American Civil Liberties Union (ACLU).Más...
Libia: Las partes en conflicto acuerdan un alto el fuego inmediato
Representante especial adjunta de las Naciones Unidas para asuntos políticos en Libia, Stephanie Williams, el 16 de febrero de 2020 en Munich, Alemania [Abdulhamid Hoşbaş/Anadolu Agency]
Las facciones libias firmaron el viernes un acuerdo de alto el fuego permanente, después de cinco días de conversaciones patrocinadas por las Naciones Unidas en Ginebra.
La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) declaró en su página de Facebook: “Las conversaciones del Comité Militar Conjunto 5 + 5 en Ginebra hoy culminan en un logro histórico ya que los equipos libios alcanzan un alto el fuego permanente. Este logro es un importante punto de inflexión hacia la paz y la estabilidad en Libia”.
La misión transmitió en vivo la ceremonia de la firma en su página de Facebook.
La jefa de la UNSMIL, Stephanie Williams, confirmó que el acuerdo, que entrará en vigor inmediatamente, “no se aplica a los grupos terroristas designados por las Naciones Unidas”, añadiendo que el acuerdo obliga a todas las unidades militares en los frentes de batalla a volver a sus cuarteles.
viernes, 23 de octubre de 2020
CARTA DIRIGIDA AL MINISTRO JOSÉ LUIS ÁBALOS
Sr. José Luís Ábalos Meco
Ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Paseo de la Castellana, 67
28071 Madrid
27 de
octubre de 2020
Ref: El respeto del derecho internacional en las licitaciones públicas
Estimado Ministro:
Su
ministerio y las entidades públicas que están en su jurisdicción,
tradicionalmente, son las más proclives a la inversión pública. Sobre esta
cuestión, es la que queremos llamar su atención sobre el contenido y baremos
que debieran contener las licitaciones y contratos que se realizan y la
valoración de las empresas que se presentan a los mismos.
Tanto la
ley de Contratos Públicos, como las recientes Conclusiones para la
Reconstrucción Social y Económica facilitan discriminar positivamente a
aquellas empresas que mejor se adecúen a condiciones ecológicas, sociales y
económicas responsables, justas y sostenibles. Entendemos que la política de
movilidad sostenible debe estar impregnada de estas condicionalidades. Además,
el gobierno español está comprometido mediante el Plan de Acción
Nacional de Empresas
y Derechos Humanos a asegurar el estricto respeto de los derechos humanos por parte
de las empresas con las que lleve a cabo transacciones comerciales.
Por ello, queremos informarle de la reciente publicación por parte del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de una base de datos de 112 empresas que están
actuando en los Territorios Ocupados
Palestinos al servicio
de las autoridades de ocupación y que están directamente involucradas
en actividades que mantienen y facilitan graves vulneraciones de derechos
humanos. Entre ellas, está la empresa francesa Alstom y la empresa israelí
Shapir, socia de CAF.
Es
público que la empresa de material y de gestión
ferroviaria y de autobuses eléctricos, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y su filial Solaris están
operando y lucrándose en los Territorios Ocupados Palestinos al servicio de las
autoridades de ocupación, fortaleciendo las colonias en Cisjordania, lo que les
ha ocasionado ya ser denunciadas ante ese mismo organismo de las Naciones
Unidas por su actividad incumpliendo los estándares internacionales (UNGP) que
exigen que las empresas respeten el derecho
internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos
humanos y hacer caso omiso de la petición de paralizar su actividad desde
representantes políticos palestinos a la sociedad civil vasca. La
infraestructura que desarrolla CAF y la gestión de la misma refuerza el
apartheid israelí y la consolidación de las expropiaciones y expulsiones de sus
habitantes palestinos.
Hay que
hacer constar, que CAF lidera la ampliación y nuevas líneas y su gestión de
tranvías entre la ocupada ciudad de Jerusalén y las colonias próximas junto a
un socio israelí, Shapir Engineering and Industry y su cliente de autobuses,
Egged, la cual también está listada en las 112 empresas denunciadas por las
Naciones Unidas.
Por lo tanto, siendo
coherentes con la finalidad de la ley de contratos
públicos y en línea
con el compromiso del gobierno de garantizar que las empresas respeten los derechos.
humanos le instamos
a que de las instrucciones oportunas para que sean no admisibles
a participar en concursos públicos aquellas empresas que como CAF, Alstom y
cualesquiera otra que no respeten
el derecho internacional, al igual que otras empresas lo fueran por su conducta irresponsable en medioambiente, en asuntos sociales, uso de paraísos fiscales,
comportamientos incompatibles con la ética,
la responsabilidad social de las empresas y la justicia.
Para
extendernos y ampliar estas informaciones, le
rogamos una entrevista con Ud., y su equipo.
Atentamente,
NOVACT - Instituto
Internacional de la Acción No Violenta SUDS - Internacionalisme, Solidaritat,
Feminismes
Paz con dignidad Mundubat
Transnational Institute
Servei Civil Internacional
Institut de Drets Humans de
Catalunya Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía Sodepaz
Nexes Fundipau
Ecologistas
en acción
Consell
Nacional de Catalunya
Asociación Al-Quds de Solidaridad con
los Pueblos del Mundo Árabe Comité de Solidaridad con la Causa
Árabe
Desarma Madrid
Plataforma por la Desobediencia Civil
Presentación Crowdfunding Corto "Nur y Abir"
Ayúdanos a terminar el corto Nur y Abir
Nur y Abir, dos niñas palestinas, sueñan con ir la playa pero en la Franja de Gaza no es tan sencillo cumplir sus sueños.
Nur y Abir es un cortometraje que cuenta la historia de dos amigas palestinas que viven en
Gaza en 2014.
para poder escaparse juntas a la playa aprovechando que la familia de Nur sale de vacaciones
ese mismo día. Así podrán cumplir su sueño :bañarse juntas en las aguas del Mediterráneo.
¿Podrán las niñas cumplir su sueño? Más....
jueves, 22 de octubre de 2020
martes, 20 de octubre de 2020
Las mujeres argelinas presionan por más derechos durante un torneo de fútbol bereber
Las mujeres argelinas vestidas con brillantes vestidos bereberes que bullen, cantan y tocan los tambores en un torneo de fútbol la semana pasada, estaban impulsando su lucha por la igualdad de género, una causa que ha sido objeto de un mayor escrutinio en Argelia después de un brutal ataque este mes.
El tranquilo pueblo empedrado del Sahel fue sede de la tercera competición anual entre equipos femeninos en la montañosa región de Cabilia para impulsar un mayor papel de la mujer en la sociedad argelina.
“Antes las mujeres no eran libres, no se les permitía trabajar fuera de casa… ahora tenemos derechos, podemos ser abogadas, pilotos o hacer cualquier otro trabajo, y somos iguales a los hombres”, dijo Houria Hamza, una de las jugadoras.
La causa de los derechos de la mujer en Argelia ha cobrado fuerza en las últimas semanas tras la violación y el asesinato de una joven cuyo presunto agresor ya había sido acusado de atacarla años antes.
El caso ha provocado indignación y protestas en Argel, a pesar de la prohibición pública de las manifestaciones a causa de la pandemia de coronavirus. La policía ha detenido a un sospechoso.
Los colonos israelíes inundan las tierras de cultivo palestinas con aguas residuales
October 20, 2020 at 8:00 AM | Published in: Israel, Noticias, Oriente Medio, Palestina, Small Slides
Las áreas contaminadas por las aguas residuales israelíes pueden verse en los Altos del Golán el 25 de octubre de 2016. [Agencia Anadolu/Faruk Al Ahmed]
Los colonos israelíes inundaron hoy las tierras de propiedad palestina con aguas residuales en la aldea de Deir Al-Hatab, en la gobernación de Naplusa. La inundación ha interrumpido la cosecha local de aceitunas.
Según Ghassan Daghlas, funcionario palestino encargado de la cartera de asentamientos en el norte de la Ribera Occidental, los colonos del asentamiento ilegal israelí de Elon Moreh fueron responsables de inundar las tierras y dañar los árboles.
Explicó que la mayoría de estas tierras están plantadas con olivos, lo que significa que la cosecha de aceitunas de este año está amenazada.
lunes, 19 de octubre de 2020
Desagravio antinazi en el parque de San Blas: medio millar de personas se concentra en el barrio madrileño en apoyo de los menores extranjeros
Carmen vive en San Blas y está preocupada con la juventud del barrio. "Mi hija me dice que hay muchos fachas. ¡Pero si somos obreros!", lamenta. La pareja acudió esta tarde a la concentración en defensa de los menores extranjeros acogidos en un bloque del vecindario, después que una reyerta el martes entre magrebíes y neonazis y una manifestación de ultraderecha el miércoles caldeasen el ambiente. Unas 500 personas acudieron al acto de desagravio, convocado por colectivos antifascistas en el pequeño parque entre la calle Rusia y la avenida de Guadalajara.Más....
Una victoria contundente del MAS-IPSP
Hermanas y hermanos: la voluntad del pueblo se ha impuesto.
Se ha producido una victoria contundente del MAS-IPSP. Nuestro movimiento político tendrá la mayoría en las dos cámaras. Hemos vuelto millones, ahora vamos a devolver la dignidad y la libertad al pueblo. #JallallaBolivia
jueves, 15 de octubre de 2020
Carta enviada a la Ministra de Industria :Sra. Reyes Maroto y Sr. Isaías Táboas, no contratéis a CAF mientras siga construyendo el apartheid israelí.
Carta enviada a la Ministra de Industria firmada por más de 30 organizaciones, una de ellas la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid para que RENFE no contrate a CAF mientras construya el apartheid israelí
14 OCTUBRE, 2020
Sra. Reyes Maroto y Sr. Isaías Táboas, no contratéis a CAF mientras siga construyendo el apartheid israelí.
La Red Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina les hace llegar esta carta a la Sra Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y al Sr. Isaías Táboas Suárez, Presidente de RENFE después que saliera a la luz que CAF ha anunciado la intención de cerrar la fábrica de Trenasa, dejando a 118 personas sin trabajo y que la Ministra se haya ofrecido a cubrir estos puestos de trabajo con contratos con RENFE.
Ayúdanos a difundir nuestra carta.
14 de octubre de 2020.
Estimadas Sra. Reyes Maroto y Sr. Isaías Táboas Suárez,
Les escribimos en función de su responsabilidad como Ministra de Industria, Comercio y Turismo y de su responsabilidad de RENFE y sus servicios ferroviarios y, en concreto, las diferentes licitaciones que organizan para proveer a la misma de material y servicios ferroviarios.
Nos ha preocupado ver que se está planteando dar contratos a la empresa vasca Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF) ante el anuncio de su cierre de la fábrica en Trenasa.
En primer lugar queremos dejar claro que no entendemos esta decisión de CAF cuando la empresa cerró el año 2019 con un récord de ganancias, obteniendo sus mejores registros en ventas, cartera y contratación. Queremos mostrar nuestra máxima solidaridad con las 118 personas que ven peligrar su lugar de trabajo. Creemos que es intolerable que CAF presione a RENFE para obtener contratos públicos amenazando cerrar una fábrica sin ninguna razón.
Claramente, CAF antepone los beneficios económicos frente a los derechos de los y las trabajadoras. Eso se refleja también en la decisión que tomó la empresa al presentarse a la licitación para mantener una línea y construir otra nueva del Jerusalem Light Rail (JLR), tranvía ligero que conecta la ciudad de Jerusalén con colonias ilegales israelíes, en territorio ocupado palestino. Su empresa socia para este proyecto es la empresa israelí Shapir Engineering and Industry que figura en la base de datos de la ONU publicada en febrero de 2020 de empresas que están involucradas y lucrándose en actividades en las colonias ilegales israelíes, y por lo tanto directamente manteniendo y facilitando graves vulneraciones de derechos humanos y de derecho humanitario. Si CAF se preocupara por sus trabajadores y trabajadoras no pondría en riesgo la empresa de esta forma. Esta conducta es contraria a los estándares nacionales e internacionales en cuanto a i) que las empresas realicen sus operaciones con la debida diligencia en materia de derechos humanos y ii) que los Estados tomen las medidas adecuadas para hacer cumplir el respeto de estas normas por parte de las empresas.
CAF y Saphir ganaron este contrato el agosto del año 2019 y aunque ha sido debidamente informada e incluso sindicatos dentro de CAF han pedido a la empresa que cese su actividad en territorio ocupado palestino, CAF ha seguido adelante con el proyecto. La gerencia de CAF no quiere comprender las consecuencias de sus acciones, obviando lo sucedido con ciertas empresas que favorecieron el supremacismo de Sudáfrica.
RENFE, como contratante público competente, y de acuerdo a la Directiva de la UE 2014/24 sobre Contratación Pública y la Ley española 9/2017 de Contratos del Sector Público en vigor tiene la capacidad de excluir a oferentes que por su comportamiento no merezcan ser contratados.
A este respecto, la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA, (CAF) y sus filiales y otras empresas como la francesa Alstom, quien también aparece en la base de datos de la ONU, podría ser legalmente excluida de todos los concursos de su empresa por «falta profesional grave».
El motivo de esa exclusión busca no premiar empresas cuya integridad es “cuestionable”, que también puede suceder cuando una empresa está directamente involucrada en operaciones económicas que contradicen el derecho internacional. Por lo tanto, CAF y Alstom pueden ser excluidas debido a su participación en la estructura de los asentamientos ilegales israelíes en territorio ocupado palestino, particularmente en Jerusalén Este.
El proyecto del JLR es en efecto un elemento clave en la estrategia de las autoridades israelíes para formalizar la anexión continua de territorio palestino ocupado, con las expropiaciones y el urbanicidio correspondiente y para negar al pueblo palestino sus derechos básicos en virtud del derecho internacional y sin contar para nada con los representantes palestinos.
En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió el cese de «la puesta en funcionamiento por Israel de un tranvía que une los asentamientos con Jerusalén Occidental, que es una clara violación del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas».
El proyecto del JLR representa en sí mismo una herramienta del apartheid israelí, ya que su construcción implica la expropiación forzada de tierras y la destrucción de propiedades palestinas, contribuyendo al afianzamiento de la anexión ilegal de Jerusalén Este por parte de Israel. Su puesta en marcha beneficiará principalmente a la población israelí, especialmente a los colonos ilegales.
No podemos caer en la trampa que está intentando poner CAF: que necesita más contratos para mantener a sus trabajadoras. Los números de la empresa muestran claramente que estos puestos de trabajo están más que cubiertos.
CAF no debería ser premiada con contratos cuando está gravemente vulnerando el derecho internacional y despidiendo a trabajadoras, pese a sus ganancias récord. El gobierno debe proteger y asegurar que las trabajadoras no pierdan su empleo y a la vez que la empresa vasca no está contribuyendo a reforzar el apartheid israelí.
Renfe debe asegurar que las empresas que contrata respetan rigurosamente los derechos humanos y el derecho internacional. Como se ha dicho, esto sería legal en virtud de la Ley de Contratos Públicos aplicable y también sería compatible con las obligaciones internacionales que exigen que toda autoridad pública no reconozca ni asista, directamente o mediante empresas bajo su jurisdicción, a situaciones de ilegalidad internacional.
Por todo ello, pedimos a RENFE que no otorgue contratos a CAF, ni a cualquier empresa en la lista de la base de datos de la ONU como Alstom, mientras éstas contribuyan a robar tierras palestinas ocupadas.
Atentamente,
Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)
La RESCOP es una red formada por Albacete con Palestina, Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (Cádiz), Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe (Málaga), Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), Asociació Comunidad Hispano-Palestina jerusalén, BDS Canarias, BDS Castelló, BDS Girona, BDS Granada. BDS Madrid, BDS País Valencià, BDS Zaragoza, Biladi (Bizkaia), BDS Guipuzkoa, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), Coalició Prou Complicitat amb Israel, Comunidad Palestina en Canarias, Coordinadora Andalucía con Palestina, Comité Solidaridad con la Causa Árabe, Red Internacional Judía Antisionista, Interpueblos, Comité de Solidaridad con todos los pueblos, IZAR, Mujeres por la paz, Palestina toma la calle, Payasos en Rebeldía, Paz con Dignidad, Sodepaz, Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid y Unadikum.
miércoles, 14 de octubre de 2020
Alamara Khwaja Bettum, Tareq Shrourou Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR), Reino Unido
Alamara Khwaja Bettum, Tareq Shrourou
Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR), Reino
Unido
Este texto redactado con fecha 30 de junio
de 2020 mantiene su vigencia y de ahí su publicación [Nota del CSCA]
En el contexto de la
anexión de partes importantes de la Cisjordania ocupada anunciada por Israel, y
la expansión de asentamientos en curso, es oportuno centrarse específicamente
en un proyecto de ley innovador que se presenta ante el parlamento irlandés y
que tiene el objetivo muy importante de prohibir actividades económicas
específicas en relación con el territorio ocupado. El proyecto de ley irlandés,
si se convierte en legislación, sería un momento histórico en la aplicación
nacional de los deberes del derecho internacional en el contexto de la ocupación
militar en curso de 53 años de Israel del territorio palestino. Demostrará que
un estado está dispuesto y es capaz de implementar plenamente sus deberes de
derecho internacional para garantizar que no participa directa o indirectamente
en la prestación de apoyo económico a los asentamientos ilegales en el
territorio ocupado.
¿Qué es
el Proyecto de Ley de Control de la Actividad Económica (Territorios Ocupados)?
El proyecto de ley de
control de la actividad económica (territorios ocupados) 2018 ( el proyecto de
ley ) se encuentra actualmente en el parlamento irlandés, y se presentó por
primera vez en el Senado irlandés en enero de 2018. El proyecto de ley tipifica
como delito (i) la importación o venta de bienes producidos en asentamientos
establecidos ilegalmente en un territorio ocupado; (ii) la prestación de
determinados servicios; y (iii) la extracción de recursos de un territorio
ocupado. A los efectos del proyecto de ley, el `` territorio ocupado pertinente
'' se define en la Sección 3 como un territorio que está ocupado en el sentido
del Cuarto Convenio de Ginebra, y que ha sido confirmado como tal por la Corte
Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional. Corte o Tribunal
Internacional; o que haya sido designado como tal a los efectos de la Ley en un
reglamento elaborado por el Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de
Irlanda, sujeto a la aprobación de ambas Cámaras del Parlamento irlandés.
¿Qué delitos se crean en virtud del
proyecto de ley?
Las secciones 6 a 9 del proyecto de ley
establecen una serie de delitos penales. Según la Sección 6, es un delito que
una persona importe o intente importar bienes de asentamiento o de otra manera
ayude a otra persona a hacerlo. La sección 7 establece la prohibición de la
venta o el intento de vender bienes de asentamiento, ya sea directamente o para
ayudar a otra persona a hacerlo. La Sección 8 tipifica como delito proporcionar
o intentar proporcionar un servicio de liquidación o ayudar a otro a hacerlo.
Finalmente, la Sección 9 tipifica como delito que una persona se involucre o
intente participar en la extracción de recursos de un territorio ocupado
relevante o sus aguas territoriales asociadas, o de otra manera ayudar a otra a
hacerlo.
¿A quién se aplica el proyecto de ley?
La sección 5 del proyecto
de ley establece que el proyecto de ley se refiere a actos u omisiones fuera
del estado y que se aplica a: a) una persona que sea ciudadana irlandesa o
residente habitual en el estado; b) una sociedad constituida conforme a la Ley
de Sociedades de 2014; c) un organismo no incorporado cuyo centro de control se
ejerce en Irlanda. Una persona o entidad en una de estas categorías que comete
un delito en virtud del proyecto de ley es culpable de un delito y puede ser
condenado a la pena correspondiente.
¿Cuáles
son las sanciones impuestas por el proyecto de ley y existen defensas
disponibles?
La sección 10 (1) establece las sanciones de
las que es responsable una persona o entidad corporativa. Una persona que es
declarada culpable de un delito en virtud del proyecto de ley es responsable
(a) de una condena sumaria a una multa de clase A o de prisión por un período
que no exceda de 5 años o de ambos, y (b) de una condena por imputación a una
multa que no supere los 250.000 € o pena de prisión por un período no superior
a 5 años o ambos. En virtud del artículo 11 del proyecto de ley, será una
defensa para una persona acusada de un delito en virtud del proyecto de ley
cuando pueda demostrar que el presunto delito se llevó a cabo con el
consentimiento de una entidad o forma de autoridad reconocida por el Estado
como la autoridad legítima sobre el territorio ocupado correspondiente. Cuando
sea posible demostrar que los bienes o servicios en cuestión no fueron
producidos dentro de un territorio ocupado o por un colono ilegal, esto también
se considerará una defensa. Finalmente, será una defensa si se puede demostrar
que los recursos naturales en cuestión no se originan dentro de un territorio
ocupado de forma relevante.
¿En qué etapa se encuentra actualmente el proyecto
de ley?
El proyecto de ley ha
superado ocho de las diez etapas necesarias para la aprobación de la
legislación en el Oireachtas [el equivalente a nuestra Cortes, Congreso y
Senado, junto con la ratificación del Jefe de Estado]. Ha pasado por mayorías
tanto en la cámara alta como en la baja. El proyecto de ley caducó a raíz de
las elecciones generales irlandesas de 2020. El acuerdo de coalición para el
nuevo gobierno irlandés del 15 de junio de 2020 no tiene un compromiso expreso
con el proyecto de ley, pero, en particular, el texto del proyecto de ley no es
inconsistente con la reanudación del progreso del proyecto de ley. La senadora
irlandesa Frances Black, que ha liderado el proyecto de ley, emitió una
declaración positiva tras la publicación del acuerdo.
¿Es el proyecto de ley compatible con el
derecho de la UE y el derecho internacional?
En virtud del Tratado
de Funcionamiento de la UE (TFUE), las normas comerciales son generalmente
uniformes en todos los Estados miembros de la UE: la UE tiene competencia
exclusiva en política comercial. Sin embargo, el artículo 36 del TFUE prevé
excepciones a las “prohibiciones o restricciones a la importación, exportación
o bienes en tránsito” cuando puedan estar “justificadas por motivos de moral
pública, orden público o seguridad pública, y la protección de la salud y la
vida de los ciudadanos. humanos. El Reglamento de la UE 2015/478, que aplica
específicamente regulaciones detalladas a los Estados miembros de la UE para
las importaciones de productos originarios de terceros países, establece el
mismo rango de excepciones en su Artículo 24.
Una de las principales
autoridades en derecho de la UE, el profesor Takis Tridimas del King's College
de Londres, ha llegado a la conclusión de que tanto la promoción del respeto
del derecho internacional como la protección de los derechos fundamentales se
incluyen en el concepto de "orden público" tal como se entiende ese
término. en la legislación de la UE. En consecuencia, en la medida en que el
proyecto de ley busca promover ambos objetivos, es compatible con esta base
excepcional de "política pública" proporcionada por la legislación de
la UE para la interferencia unilateral en el comercio por parte de un Estado
miembro.
La base legal del proyecto de ley fue
proporcionada por dos opiniones legales preexistentes publicadas en 2012: una
por Michael Lynn, Asesor Jurídico Principal en Irlanda, y otra por el Profesor
James Crawford , actualmente juez de la Corte Internacional de Justicia. Ambas
opiniones legales afirman que está legalmente permitido que un estado prohíba
productos que se originen en asentamientos. Michael Lynn SC posteriormente
proporcionó pruebas al parlamento irlandés en una comunicación de fecha 24 de
mayo de 2019 , que concluye: “En resumen, por las razones expuestas
anteriormente y en mi opinión adjunta, y a partir de la opinión del profesor
Tridimas, en mi opinión sería permisible que el Estado tomara la medida
unilateral de prohibir la importación de productos de los asentamientos
ilegales en el fundamento de la "política pública", de conformidad
con la legislación de la UE.
De manera similar, si
el Proyecto de Ley de Territorios Ocupados de 2018 se convirtiera en ley, la
posibilidad de multas y reclamos por daños solo surgiría razonablemente si el
Tribunal de Justicia [Europeo] adoptara una opinión diferente, encontrando el
proyecto de ley incompatible con la ley de la UE, y el Gobierno no tomó la
acción correctiva necesaria. " Michael Lynn SC también aborda
materialmente la interacción significativa entre las obligaciones de derecho
internacional contraídas por los Estados y los actos permitidos según el
derecho de la UE, citando su opinión de 2012: “[…] Existe el deber en el
derecho internacional de Irlanda, y de todos los Estados miembros de la UE, de
no prestar ayuda o asistencia para mantener los asentamientos ilegales. El
compromiso de la UE con la “estricta observancia” del derecho internacional es
tal que el “orden público” […] permitiría prohibir la importación de productos
que se originen en los asentamientos ilegales. Un Estado miembro estaría
justificado, como consecuencia de su determinación de respetar el derecho
internacional (con el que está comprometida la UE), al no acceder de ninguna
manera a la continuación de los asentamientos ilegales, al prohibir la
importación de productos de allí […] " [Aunque] si bien el Tribunal de
Justicia ha sostenido que la excepción de" orden público "debe
interpretarse de manera restrictiva con respecto a la libre circulación de
mercancías dentro de la Unión, tal como lo permite el artículo 36 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, esto se refiere a la circulación dentro
de la Unión, que es una de las cuatro grandes libertades de la Unión (la libre
circulación de mercancías). No creo que una interpretación tan restrictiva se
aplicaría al Reglamento 260/2009, que se refiere a las importaciones de fuera
de la Unión, pero, en cualquier caso, incluso si se aplicara un enfoque
restrictivo, en mi opinión, permitiría la prohibición de los productos. de
asentamientos ilegales debido al compromiso de los Estados miembros y de la UE
con el estricto cumplimiento del derecho internacional. " Por otro lado,
el Fiscal General de Irlanda ha brindado asesoramiento legal al gobierno de
Irlanda que afirma que el proyecto de ley es contrario a la ley de la UE. Según
el ministro de Relaciones Exteriores, Simon Coveney, el asesoramiento legal del
Fiscal General prevé que la legislación se enfrentará a una impugnación legal
por parte de la Comisión Europea o una acción legal privada, y que la
'excepción del artículo 36' antes mencionada no será interpretada de manera
amplia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para permitir la
usurpación de la competencia exclusiva de la Comisión Europea en materia de
comercio.
¿Cuáles son las fortalezas y los
desafíos del proyecto de ley con respecto a la tipificación de delitos?
En particular, el
proyecto de ley establece delitos para los actos prohibidos. No mens rea
(elemento mental) se especifica para cualquiera de los delitos, lo que sugiere
que incluso la importación involuntaria de bienes de los asentamientos
constituirá un delito penal. La penalización de un delito tiene el efecto de
proporcionar una importante señal disuasoria al público de que un acto tiene la
gravedad suficiente para merecer un castigo fuerte por parte del Estado. Sin
embargo, puede haber posibles consecuencias indeseables desde una perspectiva
de aplicabilidad, que deben tenerse en cuenta.
Un delito penal
requiere un estándar de prueba más alto, "más allá de toda duda
razonable", que el estándar de prueba de delito civil "en el balance
de probabilidades". Es posible que el estándar de prueba más alto pueda
inhibir la máxima aplicación, debido al aumento de los recursos que requieren
las autoridades investigadoras para llevar a cabo una investigación y un
enjuiciamiento exitosos. Será interesante monitorear si esto se convierte en un
problema si el proyecto de ley se convierte en ley. El proyecto de ley es uno
de los pocos ejemplos de actividad legislativa que ha surgido en el área
naciente de las empresas y los derechos humanos. La evolución de la aplicación
de las normas internacionales de derechos humanos, como los Principios Rectores
de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, ha comenzado
de manera importante a generar algunos ejemplos en todo el mundo de
implementación legislativa de medidas civiles, en contraste con las sanciones
penales, para lograr el pleno cumplimiento efectivo por parte de las empresas.
actores.
La Ley del deber de vigilancia empresarial
francesa, adoptada en 2017, es un ejemplo reciente. La ley impone una sanción
civil o una acción de responsabilidad civil contra las empresas que no
identifiquen y eviten los impactos adversos sobre los derechos humanos y el
medio ambiente derivados de sus actividades (tanto directos como indirectos).
La legislación francesa adopta así un enfoque de derecho civil para lograr su
objetivo de promover el cumplimiento efectivo de las responsabilidades sociales
por parte de las empresas. La ley del Deber de Vigilancia es uno de los pocos
ejemplos que podrían considerarse análogos al proyecto de ley en la medida en
que ambos tienen como objetivo regular la conducta y hacer cumplir las normas
fundamentales. Independientemente de que se adopte un enfoque de derecho civil
o penal, es sumamente alentador observar que se están iniciando cada vez más
acciones legislativas importantes para dar efecto a las obligaciones del
derecho internacional en el área crítica de la protección de los derechos humanos.
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