Alamara Khwaja Bettum, Tareq Shrourou Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR), Reino Unido

 

Alamara Khwaja Bettum, Tareq Shrourou

Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR), Reino Unido

Este texto redactado con fecha 30 de junio de 2020 mantiene su vigencia y de ahí su publicación [Nota del CSCA]

En el contexto de la anexión de partes importantes de la Cisjordania ocupada anunciada por Israel, y la expansión de asentamientos en curso, es oportuno centrarse específicamente en un proyecto de ley innovador que se presenta ante el parlamento irlandés y que tiene el objetivo muy importante de prohibir actividades económicas específicas en relación con el territorio ocupado. El proyecto de ley irlandés, si se convierte en legislación, sería un momento histórico en la aplicación nacional de los deberes del derecho internacional en el contexto de la ocupación militar en curso de 53 años de Israel del territorio palestino. Demostrará que un estado está dispuesto y es capaz de implementar plenamente sus deberes de derecho internacional para garantizar que no participa directa o indirectamente en la prestación de apoyo económico a los asentamientos ilegales en el territorio ocupado.

 ¿Qué es el Proyecto de Ley de Control de la Actividad Económica (Territorios Ocupados)?

El proyecto de ley de control de la actividad económica (territorios ocupados) 2018 ( el proyecto de ley ) se encuentra actualmente en el parlamento irlandés, y se presentó por primera vez en el Senado irlandés en enero de 2018. El proyecto de ley tipifica como delito (i) la importación o venta de bienes producidos en asentamientos establecidos ilegalmente en un territorio ocupado; (ii) la prestación de determinados servicios; y (iii) la extracción de recursos de un territorio ocupado. A los efectos del proyecto de ley, el `` territorio ocupado pertinente '' se define en la Sección 3 como un territorio que está ocupado en el sentido del Cuarto Convenio de Ginebra, y que ha sido confirmado como tal por la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional. Corte o Tribunal Internacional; o que haya sido designado como tal a los efectos de la Ley en un reglamento elaborado por el Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, sujeto a la aprobación de ambas Cámaras del Parlamento irlandés.

¿Qué delitos se crean en virtud del proyecto de ley?

 Las secciones 6 a 9 del proyecto de ley establecen una serie de delitos penales. Según la Sección 6, es un delito que una persona importe o intente importar bienes de asentamiento o de otra manera ayude a otra persona a hacerlo. La sección 7 establece la prohibición de la venta o el intento de vender bienes de asentamiento, ya sea directamente o para ayudar a otra persona a hacerlo. La Sección 8 tipifica como delito proporcionar o intentar proporcionar un servicio de liquidación o ayudar a otro a hacerlo. Finalmente, la Sección 9 tipifica como delito que una persona se involucre o intente participar en la extracción de recursos de un territorio ocupado relevante o sus aguas territoriales asociadas, o de otra manera ayudar a otra a hacerlo.

¿A quién se aplica el proyecto de ley?

La sección 5 del proyecto de ley establece que el proyecto de ley se refiere a actos u omisiones fuera del estado y que se aplica a: a) una persona que sea ciudadana irlandesa o residente habitual en el estado; b) una sociedad constituida conforme a la Ley de Sociedades de 2014; c) un organismo no incorporado cuyo centro de control se ejerce en Irlanda. Una persona o entidad en una de estas categorías que comete un delito en virtud del proyecto de ley es culpable de un delito y puede ser condenado a la pena correspondiente.

 ¿Cuáles son las sanciones impuestas por el proyecto de ley y existen defensas disponibles?

 La sección 10 (1) establece las sanciones de las que es responsable una persona o entidad corporativa. Una persona que es declarada culpable de un delito en virtud del proyecto de ley es responsable (a) de una condena sumaria a una multa de clase A o de prisión por un período que no exceda de 5 años o de ambos, y (b) de una condena por imputación a una multa que no supere los 250.000 € o pena de prisión por un período no superior a 5 años o ambos. En virtud del artículo 11 del proyecto de ley, será una defensa para una persona acusada de un delito en virtud del proyecto de ley cuando pueda demostrar que el presunto delito se llevó a cabo con el consentimiento de una entidad o forma de autoridad reconocida por el Estado como la autoridad legítima sobre el territorio ocupado correspondiente. Cuando sea posible demostrar que los bienes o servicios en cuestión no fueron producidos dentro de un territorio ocupado o por un colono ilegal, esto también se considerará una defensa. Finalmente, será una defensa si se puede demostrar que los recursos naturales en cuestión no se originan dentro de un territorio ocupado de forma relevante.

 ¿En qué etapa se encuentra actualmente el proyecto de ley?

El proyecto de ley ha superado ocho de las diez etapas necesarias para la aprobación de la legislación en el Oireachtas [el equivalente a nuestra Cortes, Congreso y Senado, junto con la ratificación del Jefe de Estado]. Ha pasado por mayorías tanto en la cámara alta como en la baja. El proyecto de ley caducó a raíz de las elecciones generales irlandesas de 2020. El acuerdo de coalición para el nuevo gobierno irlandés del 15 de junio de 2020 no tiene un compromiso expreso con el proyecto de ley, pero, en particular, el texto del proyecto de ley no es inconsistente con la reanudación del progreso del proyecto de ley. La senadora irlandesa Frances Black, que ha liderado el proyecto de ley, emitió una declaración positiva tras la publicación del acuerdo.

 ¿Es el proyecto de ley compatible con el derecho de la UE y el derecho internacional?

En virtud del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), las normas comerciales son generalmente uniformes en todos los Estados miembros de la UE: la UE tiene competencia exclusiva en política comercial. Sin embargo, el artículo 36 del TFUE prevé excepciones a las “prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o bienes en tránsito” cuando puedan estar “justificadas por motivos de moral pública, orden público o seguridad pública, y la protección de la salud y la vida de los ciudadanos. humanos. El Reglamento de la UE 2015/478, que aplica específicamente regulaciones detalladas a los Estados miembros de la UE para las importaciones de productos originarios de terceros países, establece el mismo rango de excepciones en su Artículo 24.

Una de las principales autoridades en derecho de la UE, el profesor Takis Tridimas del King's College de Londres, ha llegado a la conclusión de que tanto la promoción del respeto del derecho internacional como la protección de los derechos fundamentales se incluyen en el concepto de "orden público" tal como se entiende ese término. en la legislación de la UE. En consecuencia, en la medida en que el proyecto de ley busca promover ambos objetivos, es compatible con esta base excepcional de "política pública" proporcionada por la legislación de la UE para la interferencia unilateral en el comercio por parte de un Estado miembro.

 La base legal del proyecto de ley fue proporcionada por dos opiniones legales preexistentes publicadas en 2012: una por Michael Lynn, Asesor Jurídico Principal en Irlanda, y otra por el Profesor James Crawford , actualmente juez de la Corte Internacional de Justicia. Ambas opiniones legales afirman que está legalmente permitido que un estado prohíba productos que se originen en asentamientos. Michael Lynn SC posteriormente proporcionó pruebas al parlamento irlandés en una comunicación de fecha 24 de mayo de 2019 , que concluye: “En resumen, por las razones expuestas anteriormente y en mi opinión adjunta, y a partir de la opinión del profesor Tridimas, en mi opinión sería permisible que el Estado tomara la medida unilateral de prohibir la importación de productos de los asentamientos ilegales en el fundamento de la "política pública", de conformidad con la legislación de la UE.

De manera similar, si el Proyecto de Ley de Territorios Ocupados de 2018 se convirtiera en ley, la posibilidad de multas y reclamos por daños solo surgiría razonablemente si el Tribunal de Justicia [Europeo] adoptara una opinión diferente, encontrando el proyecto de ley incompatible con la ley de la UE, y el Gobierno no tomó la acción correctiva necesaria. " Michael Lynn SC también aborda materialmente la interacción significativa entre las obligaciones de derecho internacional contraídas por los Estados y los actos permitidos según el derecho de la UE, citando su opinión de 2012: “[…] Existe el deber en el derecho internacional de Irlanda, y de todos los Estados miembros de la UE, de no prestar ayuda o asistencia para mantener los asentamientos ilegales. El compromiso de la UE con la “estricta observancia” del derecho internacional es tal que el “orden público” […] permitiría prohibir la importación de productos que se originen en los asentamientos ilegales. Un Estado miembro estaría justificado, como consecuencia de su determinación de respetar el derecho internacional (con el que está comprometida la UE), al no acceder de ninguna manera a la continuación de los asentamientos ilegales, al prohibir la importación de productos de allí […] " [Aunque] si bien el Tribunal de Justicia ha sostenido que la excepción de" orden público "debe interpretarse de manera restrictiva con respecto a la libre circulación de mercancías dentro de la Unión, tal como lo permite el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esto se refiere a la circulación dentro de la Unión, que es una de las cuatro grandes libertades de la Unión (la libre circulación de mercancías). No creo que una interpretación tan restrictiva se aplicaría al Reglamento 260/2009, que se refiere a las importaciones de fuera de la Unión, pero, en cualquier caso, incluso si se aplicara un enfoque restrictivo, en mi opinión, permitiría la prohibición de los productos. de asentamientos ilegales debido al compromiso de los Estados miembros y de la UE con el estricto cumplimiento del derecho internacional. " Por otro lado, el Fiscal General de Irlanda ha brindado asesoramiento legal al gobierno de Irlanda que afirma que el proyecto de ley es contrario a la ley de la UE. Según el ministro de Relaciones Exteriores, Simon Coveney, el asesoramiento legal del Fiscal General prevé que la legislación se enfrentará a una impugnación legal por parte de la Comisión Europea o una acción legal privada, y que la 'excepción del artículo 36' antes mencionada no será interpretada de manera amplia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para permitir la usurpación de la competencia exclusiva de la Comisión Europea en materia de comercio.

¿Cuáles son las fortalezas y los desafíos del proyecto de ley con respecto a la tipificación de delitos?

En particular, el proyecto de ley establece delitos para los actos prohibidos. No mens rea (elemento mental) se especifica para cualquiera de los delitos, lo que sugiere que incluso la importación involuntaria de bienes de los asentamientos constituirá un delito penal. La penalización de un delito tiene el efecto de proporcionar una importante señal disuasoria al público de que un acto tiene la gravedad suficiente para merecer un castigo fuerte por parte del Estado. Sin embargo, puede haber posibles consecuencias indeseables desde una perspectiva de aplicabilidad, que deben tenerse en cuenta.

Un delito penal requiere un estándar de prueba más alto, "más allá de toda duda razonable", que el estándar de prueba de delito civil "en el balance de probabilidades". Es posible que el estándar de prueba más alto pueda inhibir la máxima aplicación, debido al aumento de los recursos que requieren las autoridades investigadoras para llevar a cabo una investigación y un enjuiciamiento exitosos. Será interesante monitorear si esto se convierte en un problema si el proyecto de ley se convierte en ley. El proyecto de ley es uno de los pocos ejemplos de actividad legislativa que ha surgido en el área naciente de las empresas y los derechos humanos. La evolución de la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, ha comenzado de manera importante a generar algunos ejemplos en todo el mundo de implementación legislativa de medidas civiles, en contraste con las sanciones penales, para lograr el pleno cumplimiento efectivo por parte de las empresas. actores.

 La Ley del deber de vigilancia empresarial francesa, adoptada en 2017, es un ejemplo reciente. La ley impone una sanción civil o una acción de responsabilidad civil contra las empresas que no identifiquen y eviten los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente derivados de sus actividades (tanto directos como indirectos). La legislación francesa adopta así un enfoque de derecho civil para lograr su objetivo de promover el cumplimiento efectivo de las responsabilidades sociales por parte de las empresas. La ley del Deber de Vigilancia es uno de los pocos ejemplos que podrían considerarse análogos al proyecto de ley en la medida en que ambos tienen como objetivo regular la conducta y hacer cumplir las normas fundamentales. Independientemente de que se adopte un enfoque de derecho civil o penal, es sumamente alentador observar que se están iniciando cada vez más acciones legislativas importantes para dar efecto a las obligaciones del derecho internacional en el área crítica de la protección de los derechos humanos.