Sobre la campaña de CAF: Carta para la Ministra de Industria y para RENFE

 Estimadas Sra. Reyes Maroto y Sr. Isaías Táboas Suárez,

,

Les escribimos en función de su responsabilidad como Ministra de Industria, Comercio y Turismo y de su responsabilidad de RENFE y sus servicios ferroviarios y, en concreto, las diferentes licitaciones que organiza para proveer a la misma de material y servicios ferroviarios. 

Nos ha preocupado ver que se está planteando dar contratos a la empresa vasca Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF) ante el anuncio de su cierre de la fábrica en Trenasa.

En primer lugar queremos dejar claro que no entendemos esta decisión de CAF cuando la empresa cerró el año 2019 con un récord de ganancias, obteniendo sus mejores registros en ventas, cartera y contratación. Queremos mostrar nuestra máxima solidaridad con las 118 personas que ven peligrar su lugar de trabajo.

Claramente, CAF antepone los beneficios económicos frente a los derechos de los y las trabajadoras. Eso se refleja también en la decisión que tomó la empresa al presentarse a la licitación para mantener y construir una nueva línea del Jerusalem Light Rail (JLR), tranvía de alta velocidad que conecta la ciudad de Jerusalén con colonias ilegales israelíes, en territorio ocupado palestino. Su empresa socia para este proyecto es la empresa israelí Shapir Engineering and Industry que figura en la base de datos de la ONU publicada en febrero  de 2020 de empresas que están involucradas y lucrándose en actividades en las colonias ilegales israelíes, con las que deberían cesar las relaciones comerciales. Si CAF se preocupara por sus trabajadores y trabajadoras no pondría en riesgo la empresa de esta forma. 

CAF y Saphir ganaron este contrato el agosto del año 2019 y aunque ha sido debidamente informada e incluso sindicatos dentro de CAF han pedido a la empresa que cese su actividad en territorio ocupado palestino, CAF ha seguido adelante con el proyecto. La gerencia de CAF no quiere comprender las consecuencias de sus acciones, obviando lo sucedido con ciertas empresas que favorecieron el supremacismo de Sudáfrica. 

RENFE, como contratante público competente, y de acuerdo a la Directiva de la UE 2014/24 sobre Contratación Pública y la Ley española 9/2017 de Contratos del Sector Público en vigor tiene la capacidad de excluir a oferentes que por su comportamiento no merezcan ser contratados.

A este respecto, la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA, (CAF) y sus filiales y otras empresas como la francesa Alstom, quien también aparece en la base de datos de la ONU, deberían ser excluidas de todos los concursos de su empresa por «falta profesional grave».

El motivo de esa exclusión se debe al comportamiento de esta empresa que viola gravemente el derecho internacional humanitario y los derechos humanos en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, en particular, en la Jerusalén Este ocupada.

El proyecto del JLR es un elemento clave en la estrategia de las autoridades israelíes para formalizar la anexión continua de territorio palestino ocupado, con las expropiaciones y el urbanicidio correspondiente y para negar al pueblo palestino sus derechos básicos en virtud del derecho internacional y sin contar para nada con los representantes palestinos.

 

En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió el cese de "la puesta en funcionamiento por Israel de un tranvía que une los asentamientos con Jerusalén Occidental, que es una clara violación del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas".

 

El proyecto del JLR representa en sí mismo una herramienta del apartheid israelí, ya que su construcción implica la expropiación forzada de tierras y la destrucción de propiedades palestinas, contribuyendo al afianzamiento de la anexión ilegal de Jerusalén Este por parte de Israel. Su puesta en marcha beneficiará principalmente a la población israelí, especialmente a los colonos ilegales.

No podemos caer en la trampa que está intentando poner CAF: que necesita más contratos para mantener a sus trabajadoras. Los números de la empresa muestran claramente que estos puestos de trabajo están más que cubiertos. 

CAF no debería ser premiada con contratos cuando está gravemente vulnerando el derecho internacional y despidiendo a trabajadoras, pese a sus ganancias récord. El gobierno debe proteger y asegurar que las trabajadoras no pierdan su empleo y a la vez que la empresa vasca no está contribuyendo a reforzar el apartheid israelí.

Renfe debe asegurar que las empresas que contrata respetan rigurosamente los derechos humanos y el derecho internacional. 

  

Por todo ello, pedimos a RENFE que no otorgue contratos a CAF, ni a cualquier empresa en la lista de la base de datos de la ONU, mientras éstas contribuyan a robar tierras palestinas ocupadas.  

Atentamente,