El Gobierno elude su responsabilidad y no plantea ejecutar sanciones a empresas, como CAF, que participan en la colonización de Palestina

 El Gobierno elude su responsabilidad y no plantea ejecutar sanciones a empresas, como CAF, que participan en la colonización de Palestina

Eso se desprende de una contestación del ejecutivo a la pregunta 184/038485 realizada en el Congreso de los Diputados en el que señala que lo más concreto de su posición es el RD-L 10/2025 con graves carencias y agujeros legales, como la no prohibición de las exportaciones a los asentamientos o salvedades relevantes en el comercio de armas con Israel.

A LA MESA DEL CONGRESO

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara

que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.

Desde el año 2019, la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (en adelante, CAF), con sede en Beasain, ha desempeñado un papel estructural e indispensable en la construcción, suministro de material rodante, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén (JLR). Esta infraestructura no es un simple proyecto de transportes en la ciudad, sino que responde a la lógica de conectar y terminar de consolidar los asentamientos israelíes ilegales en la Jerusalén Este ocupada, puesto que facilita la expansión de estas colonias y fragmenta los barrios palestinos en enclaves aislados. Asimismo. es imperativo destacar que el diseño del proyecto evidencia una discriminación estructural deliberada, puesto que aproximadamente el 83% de las paradas de la Línea Roja y el 94% de la Línea Verde están destinadas a dar servicio a los asentamientos ilegales. utilizando el transporte como una herramienta de "renovación urbana" para la densificación demográfica de colonos, que promueve directamente la segregación racial.

La gravedad de esta implicación ha sido denunciada por múltiples organismos internacionales. En septiembre de2025, la lista elaborada por dicha organización incluyó formalmente a CAF en su base de datos de empresas que operan en los asentamientos israelíes ilegales junto a otras tres más. Previamente, en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una Opinión Consultiva reafirmando la ilegalidad de la presencia de Israel en los territorios ocupados y estableciendo el deber de los Estados de abstenerse de cualquier acto que contribuya a dicha situación ilícita.

A nivel nacional, el 18 de febrero de2026, una coalición de organizaciones de la sociedad civil presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de CAF. La denuncia sostiene que la actividad de la empresa podría constituir delitos tipificados en el Código Penal español, específicamente en los artículos 61 1.5 (traslado de población a territorio ocupado) y 611.6 (mantenimiento de un régimen de segregación racial y prácticas de apartheid). La Fiscalía ya ha confirmado la recepción de esta denuncia y la apertura de una investigación oficial sobre el caso.

Dado que CAF opera bajo jurisdicción española y sus decisiones estratégicas se toman en España, el Estado tiene la obligación legal, según el derecho internacional y los convenios de Ginebra, de asegurar que las entidades bajo su control no contribuyan a infracciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

¿Qué medidas tomará el Gobierno para asegurar que empresas bajo jurisdicción española, como CAF, cesen sus actividades en infraestructuras que consolidan la ocupación ilegal en Palestina?

Dado que CAF figura en la lista de la ONU por colaborar con asentamientos ilegales, ¿cómo garantizará el Ejecutivo que esta empresa no reciba financiación ni contratos públicos adicionales?

¿Qué acciones de debida diligencia se exigirán a CAF tras la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía sobre su papel en Jerusalén?

Palacio del Congreso,

30 de abril de 2026

Enrique Santiago Romero Portavoz IU i GP Plurinacional SUMAR

Félix Alonso Cantorné Diputado GP Plurinacional SUMAR

RESPUESTA

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/38485  30/04/2026 113177

AUTOR/A: ALONSO CANTORNÉ, Félix (GSumar); SANTIAGO ROMERO, Enrique Fernando (GSumar)

RESPUESTA:

España mantiene una posición clara y consistente: considera los asentamientos en los territorios ocupados palestinos contrarios al Derecho Internacional, en línea con la posición de la Unión Europea y las resoluciones de Naciones Unidas.

Asimismo, el Ejecutivo ha reforzado su compromiso con el respeto del derecho internacional humanitario mediante las medidas adoptadas en respuesta a la situación en la región, incluyendo restricciones a operaciones que pudieran contribuir al conflicto y el impulso de mecanismos de control y supervisión acordes con la normativa nacional e internacional, a través de la aprobación del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

Madrid, 11 de junio de 2026