Llegada de algunos participantes de la Flotilla a suelo español después de su detención ilegal por parte de Israel en octubre de 2025. Dani Gago
La Audiencia Nacional tramita las querellas contra dos oficiales israelíes por el secuestro de la Flotilla
Redacción: elsaltodiario.com
El magistrado opta por investigar los delitos cometidos en los barcos con pabellón español y descarta las pesquisas sobre las torturas que las personas detenidas denunciaron tras su paso por la prisión de Ketziot.
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge Mesas ha admitido dos querellas presentadas por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida Federal y por varios particulares contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes y el comandante de las Fuerzas Navales como “máximo responsable de las tropas que asaltaron los barcos”, según valoró IU en la presentación de la querella.
El juez procede a solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional permiso para investigar los hechos e interroga a esta instancia, que ya ha solicitado órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra, sobre si las personas investigadas son objeto de otras investigaciones.
“Las fuerzas israelíes carecían de la habilitación necesaria, conforme al ordenamiento jurídico español (ley y convenios internacionales ratificados por España), lo que les convirtió en particulares que llevan a cabo una detención ilegal, de la que corresponde conocer a la jurisdicción española”, resume el magistrado en su auto, que dicta la admisión a trámite de Ramatcal Eyal Zamires y Ram Rotberg —jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes y el comandante de las Fuerzas Navales, respectivamente.
El auto colige que una parte de los hechos transcurrieron a bordo de embarcaciones de bandera española, lo que cae de lleno en la jurisdicción de la Audiencia Nacional. “La conclusión es que no existen limitaciones a la procedibilidad que resulten aplicables a los hechos cometidos a bordo de embarcaciones españolas de la flotilla, y que la condición de perjudicados de los tripulantes detenidos a bordo de embarcaciones de bandera española es independiente de la nacionalidad de éstos, dado que lo relevante es el pabellón de la embarcación”, explica el magistrado.
Aunque hubo ciudadanos con pasaporte español en otras embarcaciones, las investigaciones no se aplicarán en este caso. Como señala el auto, y siguiendo en este punto el criterio de la Fiscalía, “los hechos ocurridos a partir del traslado y desembarco de quienes viajaban a bordo de embarcaciones españoles, no pueden ser perseguidos por los tribunales españoles”.
De los querellantes solo dos, Reyes Rigo y Néstor Prieto tienen la condición de perjudicados por el delito de detención ilegal, y están legitimados a mostrarse parte como acusación particular. Tanto el PCE e IU como las tres otras querellantes pueden personarse como acusación popular.
Las querellas quieren que sean juzgados por “detención ilegal, piratería, tortura, delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado”. En la presentación de su querella IU y PCE destacaban que todo ello tuvo lugar “en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y de genocidio” recogidos en el Código Penal español y en los tratados internacionales de aplicación directa.
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Los hechos se refieren al asalto llevado a cabo por Israel de varios barcos integrados en la Flotilla Global Sumud en octubre de 2025 cuando navegaban a 70 millas naúticas de la costa. Una decena de ciudadanos españoles fueron detenidas entonces y varias dieron testimonios de torturas por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, especialmente en la prisión de Ketziot, donde permanecieron horas. La querella incluía esos delitos cometidos en territorio israelí, pero el magistrado solo ha considerado aquellos que ocurrieron en barcos con pabellones españoles.
Por otro lado, integrantes de la Flotilla de la Libertad han comparecido ante la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, María Dolores Delgado, para dar sus testimonios del abordaje, secuestro y prisión, por parte israelí para elevar ante la Corte Penal Internacional estos detalles en caso ya existente contra Netanyahu y Yoav Gallant, entre otros posibles encausados, por crímenes de lesa humanidad.
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