Una empresa española está construyendo un ferrocarril del apartheid en Israel y ahora quiere participar en la HS2

 

Karen Manor / Activestills

Una empresa española está construyendo un ferrocarril del apartheid en Israel y ahora quiere participar en la HS2

Las empresas que instigan las violaciones de los derechos humanos no deberían ser recompensadas con lucrativos contratos gubernamentales.

por Zakaria Odeh

24 de febrero de 2021

Publicado originalmente en Novaramedia

Traducción. CSCA

La principal organización de derechos humanos en Israel B’Tselem fue noticia el mes pasado tras emitir un informe que precisaba lo que los palestinos han estado diciendo durante décadas: que Israel mantiene un régimen de ocupación militar no solo en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén oriental, sino un régimen de apartheid que se extiende a todo el pueblo palestino.

En Jerusalén oriental, donde vivo, hemos experimentado ese apartheid todos los días desde 1967. Israel derriba nuestras casas y roba nuestra tierra. La policía israelí y los soldados nos atacan y nos encarcelan, atrapados en enclaves cada vez más reducidos por checkpoints militares y muros gigantes. Mientras tanto, Israel anuncia nuevos asentamientos ilegales en nuestras tierras robadas a un ritmo frenético, y los más de 675.000 colonos israelíes que viven en ellas gozan de derechos superiores a los nuestros.

Por supuesto, los asentamientos conllevan infraestructuras: muros, puestos de control y carreteras devoran la tierra palestina y afianzan el apartheid. Como explica el observatorio sobre la ocupación israelí, Who Profits: “Para la población de la Palestina Ocupada, estos proyectos de desarrollo de infraestructura están estrechamente ligados a los procesos de desposesión y facilitan la apropiación de tierras. De esta manera, los proyectos de transporte son un medio de anexionar tierras, fragmentar y aislar comunidades y destruir los medios de vida agrarios al separar a los agricultores de sus tierras agrícolas”.

Israel ha construido cientos de kilómetros de carreteras para los asentamientos que atraviesan Cisjordania incluida Jerusalén Este, por las que transitan vehículos palestinos, que suelen estar restringidas o incluso prohibidas. El muro del apartheid de ocho metros de altura construido por Israel en Jerusalén, atraviesa nuestras comunidades, separándonos de nuestras familias, tierras agrícolas y lugares de trabajo.

Mi familia es del pueblo de Lifta, en las afueras de Jerusalén. Las milicias sionistas nos limpiaron étnicamente de allí en 1948 y huimos hacia el este, a Jerusalén. En 1967, los soldados israelíes volvieron a expulsarnos de nuestras casas para ampliar el campus de la Universidad Hebrea.

Ahora vivimos en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, que Israel está limpiando una vez más, casa por casa, de sus residentes palestinos, sustituyéndonos por colonos. Estamos rodeados por todos lados por nuevos asentamientos y proyectos de infraestructura israelíes: el muro del apartheid al este; el puesto de control de Qalandiya al norte; los asentamientos israelíes al sur; y el nuevo Tren Ligero de Jerusalén (JLR en sus siglas inglesas) al oeste.

Terminado en 2011, el JLR arrebata tierras a pueblos palestinos como Shu'afat, en la parte norte de Jerusalén Este. También conecta los asentamientos ilegales israelíes de la Jerusalén Oriental ocupada entre sí y con la Jerusalén Occidental, ayudando a los asentamientos a prosperar y aislando a nuestras comunidades.

Se trata de una clara violación de los derechos humanos de los palestinos y del derecho internacional humanitario. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha condenado el JLR como una "clara violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas", mientras que la Federación Internacional de Derechos Humanos lo ha calificado como "una herramienta de la política israelí de asentamientos y anexión" que supone "una flagrante violación del derecho internacional".

En abril de 2018, Israel anunció el concurso de ofertas para ampliar la red JLR. La nueva línea verde prevista afianzará las violaciones existentes, cortando a través de ciudades palestinas como Issawiya, ya asediada por el ejército de Israel, y se construirá en tierras palestinas, incluidas las aldeas de Beit Sfafa y Sharafat. Conectará el asentamiento ilegal de Gilo, de rápido crecimiento, con el resto de la ciudad, y aislará la aldea palestina de Walaja, así como la histórica ciudad palestina de Belén, de la vecina Jerusalén Oriental.

En agosto de 2019, el gobierno israelí adjudicó un contrato de 1.800 millones de dólares a dos empresas para completar el proyecto JLR: La constructora israelí Shapir, y la empresa española de transportes Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Según los términos del contrato, CAF y Shapir ampliarán 27 km de nuevas vías y 53 nuevas estaciones para la Línea Roja y construirán la nueva Línea Verde, de 20,6 km de longitud; suministrarán 114 nuevos tranvías y sistemas de señalización, energía y comunicación; y operarán y mantendrán ambas líneas durante 15 y 25 años respectivamente.

Sabemos que las empresas internacionales sostienen el régimen de opresión racista de Israel. También sabemos que excluirlas de los principales contratos puede poner fin a su complicidad con el apartheid. Inspirados por el movimiento mundial que contribuyó enormemente a poner fin al apartheid en Sudáfrica, la sociedad civil palestina ha lanzado un llamamiento a los boicots, desinversiones y sanciones pacíficas (BDS) dirigidos al gobierno israelí y a las instituciones que lo secundan, con el fin de presionarlos para que respeten los derechos palestinos. Hemos conseguido importantes victorias, incluso en el proyecto JLR: en 2015, Veolia se retiró del proyecto después de que una campaña de BDS le costara a la empresa francesa miles de millones en licitaciones internacionales en Europa, Estados Unidos y países árabes.

Ahora, grupos de España, Palestina y de todo el mundo están presionando a CAF con la esperanza de forzar un giro similar. Los sindicatos que representan a los trabajadores de la fábrica de CAF en Beasain, así como dos sindicatos de Zaragoza, España, han pedido a CAF que se retire del proyecto; 70 grupos de la sociedad civil vasca también han exigido a CAF que se retire. 18 grupos de derechos humanos en España han instado al ministro de transportes a excluir a CAF de las licitaciones públicas, mientras que ocho sindicatos en Noruega han pedido a los organismos públicos que hagan lo mismo.

Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, un grupo de activistas israelíes protestó contra el JLR, y la participación de CAF en el mismo, al comenzar la construcción en el asentamiento de Gilo.

31 organizaciones de derechos humanos y sindicatos palestinos y europeos han pedido a la ONU que añadiera a CAF a su base de datos de empresas implicadas en la empresa de asentamientos ilegales de Israel, uniéndose a su socio de JLR, Shapir, que ya figura en la base de datos.

En el Reino Unido, la necesidad de un boicot es especialmente urgente. Ya que, al mismo tiempo que ayuda a afianzar el sistema de apartheid israelí, CAF también está licitando para apoyar la construcción del proyecto de ferrocarril de alta velocidad británico HS2. CAF espera ganar la licitación, cuyo valor se estima en 2.750 millones de libras, para diseñar, construir y mantener al menos 54 trenes de alta velocidad.

La oposición ya está creciendo. En el Reino Unido, 4.000 defensores de los derechos humanos han exigido al gobierno que excluya a CAF de HS2. En un nuevo informe jurídico, expertos legales británicos y europeos concluyen que las autoridades británicas tienen derecho a hacerlo, debido a la implicación de CAF en violaciones del derecho internacional.

Con la decisión sobre la licitación de HS2 prevista entre abril y junio, ahora es el momento de actuar. Debemos exigir al gobierno británico que excluya de HS2 a CAF y a cualquier otra empresa que se beneficie de graves violaciones de los derechos humanos, en Palestina o en cualquier otro lugar.

El creciente consenso mundial de que Israel es un régimen de apartheid debe ir acompañado de una acción global. A las empresas como CAF, que permiten el apartheid, se les deben negar lucrativos contratos públicos hasta que pongan fin a su complicidad con el apartheid, hasta que mi pueblo, en Jerusalén y en toda nuestra patria, logre por fin la libertad, la justicia y la paz real.

Zakaria Odeh es el coordinador de la Coalición Cívica por los Derechos de los Palestinos en Jerusalén.