jueves, 3 de abril de 2025

Activista israelí que se niega a servir en el ejército israelí: “No podría llevar un uniforme que representa muerte y opresión" es.amnesty.org,


 Activista israelí que se niega a servir en el ejército israelí: “No podría llevar un uniforme que representa muerte y opresión"


es.amnesty.org, 24 de marzo de 2025

Itamar Greenberg es un objetor de conciencia israelí de 18 años que ha sido repetidamente encarcelado y ha cumplido cinco condenas consecutivas en la prisión militar de Neve Tzedek, en el centro de Israel, por rehusar incorporarse al ejército israelí tras ser llamado a filas para cumplir el servicio militar obligatorio. Aquí explica por qué se niega a servir en el ejército israelí.

Me llamo Itamar Greenberg, tengo 18 años y soy activista en favor de la reconciliación, la igualdad y la justicia. Hace dos semanas salí de una prisión militar israelí después de haber cumplido 197 días de reclusión por rehusar incorporarme al ejército israelí.

Crecí en el seno de una familia judía ultraortodoxa (jaredí) en Bnei Brak. La comunidad jaredí de Israel, que representa el 14% de la población, es una comunidad aislada. En mi entorno, el servicio militar no era una posibilidad siquiera, por motivos estrictamente religiosos.

A los 12 años me di cuenta de que, siendo un niño jaredí, la única forma que tenía de integrarme en la sociedad mayoritaria israelí era incorporarme al ejército. Mi recorrido desde ese descubrimiento hasta mi última salida de prisión estaba lleno de profunda reflexión y conflictos internos entre la propaganda nacionalista y el pensamiento racional y ético.

Empecé a hacerme preguntas, no sólo sobre la fe religiosa en la que me había criado, sino también sobre la humanidad y sus consecuencias.

Para la mayoría de los israelíes, el servicio militar no es sólo una obligación jurídica sino casi una necesidad, un signo de orgullo y prestigio. Pero, cuando supe más sobre el papel del ejército israelí en el control y la represión de millones de personas palestinas, comprendí que alistarse no era sólo abrir una puerta de entrada a la sociedad israelí, sino también participar activamente en un sistema de violencia, dominación y opresión.

Me di cuenta de que, si me alistaba, entraría a formar parte del problema. Y entendí que se me planteaba un dilema: o la sociedad mayoritaria israelí o la moralidad. Escogí la moralidad.

Esta decisión no fue el resultado de un momento trascendental sino, más bien, la culminación de un largo proceso de aprendizaje y consideración moral. Cuanto más aprendía, más seguro estaba de que no podía llevar un uniforme que representa muerte y opresión.
Todo esto se refiere a mi objeción en el contexto de la ocupación. Pero, en mi caso, negarme a servir en el ejército también tenía que ver con el genocidio: Me negué porque no quería participar en la comisión de un genocidio. Soy lo que se llama un refusenik (término para designar a los objetores y objetoras de conciencia en Israel) del genocidio.

En Israel, negarse a servir en el ejército por razones políticas y morales tiene un alto coste personal. Socialmente puede acarrear ostracismo y vergüenza. Legalmente, dado que el servicio militar es obligatorio, rehusar incorporarse a filas por motivos de conciencia se sanciona con prisión (con algunas excepciones, como la ciudadanía palestina de Israel). Un coronel del ejército israelí me condenó repetidamente a prisión militar. Cumplí 197 días en total, repartidos en cinco condenas. Hasta las horas finales de mi reclusión, no tenía ni idea de cuántos meses más de cárcel me esperaban.

Las condiciones en la prisión militar son duras. Hubo veces en que me pusieron en aislamiento debido a las amenazas de otros internos. Cada día me obligaban a permanecer en posición de firmes durante unas cuatro horas.

Aun así, leía, pensaba y escribía. Y gracias a eso pude aclarar mis ideas. Sabía que estaba haciendo lo correcto y tenía un profundo sentimiento de paz.

Sabía que podía quedar en libertad en cuanto quisiera, sólo tenía que aceptar servir en el ejército. Pero, ¿cómo iba a hacerlo, cuando afuera se estaba llevando a cabo una campaña de limpieza étnica y destrucción?

Niños y niñas viven con temor constante por su vida, sumidos en un terror existencial, no por nada que hayan hecho, sino sólo por ser palestinos. Decidí entrar en una celda de prisión como acto de solidaridad con estos niños y niñas, y no iba a pedir mi liberación ante ellos, de ningún modo.

O puede que entrara en esa celda para no tener que matarlos.

Itamar Greenberg
Itamar Greenberg. © Private

En cualquier caso, mi encarcelamiento duró tanto porque me negué a solicitar cosas como la exención por motivos médicos o de salud mental. No me parecía que pudiera pedirles otra cosa que el fin de la masacre de Gaza. Al final se rindieron [el ejército israelí]. Se dieron cuenta de que no iba a mentir sobre mi estado mental ni iba a presentar otro tipo de solicitud para mi liberación.

Mi negativa también tuvo un precio a efectos prácticos. En Israel, el ejército no es simplemente una institución militar, sino la puerta de entrada a la sociedad. Quienes no sirven en él reciben automáticamente un trato de ciudadanos de segunda clase. Se cierran puertas, se pierden oportunidades, y el mensaje es evidente: si no eres parte del sistema, no tienes cabida en él.

Mi negativa no era simplemente una decisión personal sino una declaración política, y la sociedad israelí reaccionó en consecuencia.

Por un lado, activistas y miembros de la izquierda radical expresaron su apoyo. Por el otro, la inmensa mayoría de la sociedad israelí me considera un traidor. Me han llamado antisemita y simpatizante de los terroristas.

Incluso en mis círculos íntimos, no siempre ha sido fácil. Un grupo reducido de amigos tuvieron dificultades para aceptar mi postura y cortaron la relación conmigo.

Pero yo creo que mi negativa no es sólo una lucha personal. Es parte de una lucha más amplia, contra el militarismo, contra la opresión y contra una realidad donde la violencia es la respuesta por defecto.

La violencia no sólo debería dejar de ser la respuesta por defecto, sino que tendría que descartarse por completo.

En general, la diferencia entre humanistas y fascistas es, cómo no, la fe en el humanismo.

Sin embargo, como sabemos, incluso quienes creen en el fascismo tienen una semilla de bondad en su interior.

Por supuesto, su creencia en el fascismo no nos otorga el derecho a privar a estas personas de sus derechos humanos fundamentales… porque no queremos volvernos fascistas nosotros mismos.

Nuestro derecho a luchar por la justicia nace de nuestro compromiso de actuar justamente.

La realidad entre el río y el mar viene a confirmar que esta lucha es crítica. No podemos construir una sociedad justa sobre los cañones de las armas.

Ni los homicidios masivos ni el apartheid son —ni pueden ser— una vía hacia la “seguridad”; son crímenes contra la humanidad.

Mientras redacto estas líneas, Israel “ha abierto las puertas del infierno en Gaza” una vez más, lanzando ataques aéreos masivos sobre Gaza el 18 de marzo que han matado a niños y niñas, a familias enteras, mientras dormían.

En todo el mundo se hablará del genocidio que Israel está cometiendo. Seguirán publicándose informes, artículos e investigaciones.
La comunidad internacional no puede limitarse a “expresar preocupación”.

Deben suspenderse las exportaciones de armas a Israel. Deben ser procesados los dirigentes israelíes responsables de crímenes de derecho internacional. Y debe ponerse fin de inmediato al genocidio y el apartheid.

En este punto debería incluir unas palabras de esperanza.

Pero no hay tiempo para soñar.

Es tiempo de resistir.

Maquinaria HD Hyundai utilizada en demoliciones en Cisjordania amnesty.org/es


 Maquinaria HD Hyundai utilizada en demoliciones en Cisjordania, según Amnistía y organizaciones locales de derechos humanos


Maquinaria HD Hyundai utilizada en demoliciones en Cisjordania 

amnesty.org/es, 27 de marzo de 2025.

En demoliciones de estructuras de propiedad palestina en el Territorio Palestino Ocupado, se ha utilizado ampliamente maquinaria de HD Hyundai, según nuevas pruebas visuales y testimoniales documentadas por Amnistía Internacional Corea y grupos locales de derechos humanos.

Aunque la empresa niega su participación, hay imágenes y vídeos verificados por los grupos en los que se han identificado 59 viviendas, negocios y otras estructuras de propiedad palestina que fueron demolidos entre septiembre de 2019 y febrero de 2025 utilizando maquinaria fabricada por el conglomerado surcoreano.

Estas demoliciones han provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 250 personas palestinas y dañaron los medios de sustento de centenares más.

“Es imperativo que HD Hyundai emprenda acciones enérgicas para suspender de inmediato la distribución de sus productos en Israel y que aumente su diligencia debida para garantizar que sus operaciones, productos o servicios no perpetúen los abusos contra los derechos humanos”, ha manifestado Montse Ferrer, directora regional adjunta de Amnistía Internacional.

Para su investigación, Amnistía Internacional Corea, en colaboración con el Laboratorio de Pruebas (el equipo de investigación digital de Amnistía Internacional), verificó un total de 347 imágenes y vídeos de demoliciones obtenidos mediante asociaciones con organizaciones locales.

Amnistía Internacional Corea, en colaboración con la organización de derechos humanos israelí B’Tselem, recopiló también testimonios de víctimas cuyos hogares y negocios fueron destruidos por excavadoras HD Hyundai en ocho casos en toda Cisjordania.

Un residente, un fontanero llamado Yaaqoub Barqan, ha descrito cómo el ejército israelí convirtió su casa en escombros en julio de 2024.
“Unos 30 soldados armados llegaron en todoterrenos militares, junto con tres maquinarias pesadas, entre ellas una excavadora Hyundai. La excavadora destruyó la casa en menos de 20 minutos. Mi esposa se desmayó al ver cómo destruían nuestro hogar, y aún está en tratamiento psiquiátrico”, contó.

Estos descubrimientos se han producido tras la investigación llevada a cabo desde marzo de 2023 en la que Amnistía Internacional y Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN) documentaron cinco casos en los que las fuerzas israelíes utilizaron excavadoras fabricadas por Hyundai Construction Equipment (Hyundai CE) para arrasar propiedades palestinas; aquello obligó a desplazarse a al menos 15 personas palestinas en Masafer Yatta, una zona en el sur de la Cisjordania ocupada en la que la población palestina vive bajo la amenaza inminente de expulsión colectiva.

Si no existe una necesidad militar, las demoliciones en territorio ocupado de propiedad privada perteneciente a población palestina pueden ser graves infracciones del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes de guerra.

En marzo de 2024, en una respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, HD Hyundai declaró que había revisado los expedientes de sus distribuidores y aseguró que no había registros de ventas a agencias gubernamentales, por ejemplo para trabajos de demolición en Israel, y que se había cumplido la normativa.

Sin embargo, la investigación más reciente llevada a cabo por Amnistía Internacional Corea reveló al menos 32 envíos de maquinaria pesada de HD Hyundai al distribuidor israelí EFCO entre octubre de 2021 y octubre de 2023, junto con 12 envíos de equipo de Hyundai Infracore a Emcol Ltd, el principal distribuidor de Hyundai Infracore en Israel.

Amnistía Internacional Corea se puso por primera vez en contacto con HD Hyundai en marzo de 2023, y luego otra vez en octubre de 2024 y marzo de 2025, para informar a la empresa sobre el uso de su maquinaria en demoliciones ilícitas en el Territorio Palestino Ocupado. El 17 de marzo de 2025 se contactó con Hyundai Infracore, Emcol y EFCO.

HD Hyundai XiteSolution, empresa matriz de HD Hyundai CE y HD Hyundai Infracore, respondió el 25 de marzo de 2025 diciendo que “no tiene implicación en actividades en dichas regiones de conflicto”. La empresa no respondió directamente a las preguntas formuladas por Amnistía Internacional Corea. Emcol y EFCO no respondieron.

“El grupo HD Hyundai, como cualquier otro actor empresarial, debe respetar los derechos humanos en todas sus operaciones. Debe hacer más por garantizar que su maquinaria no se utiliza en la destrucción de hogares y medios de subsistencia en el Territorio Palestino Ocupado, especialmente porque las demoliciones son una herramienta esencial para mantener el sistema de apartheid israelí”, ha manifestado Montse Ferrer.
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miércoles, 2 de abril de 2025

Alemania deporta a cuatro residentes extranjeros por su activismo en favor de Palestina Hanno Hauenstein


 Manifestación pro Palestina en el barrio berlinés de Kreuzberg, 28 de octubre de 2023.


Alemania deporta a cuatro residentes extranjeros por su activismo en favor de Palestina
Hanno Hauenstein
972mag.com, en colaboración con theintercep.com, 1 de abril de 2025

Los cuatro deportados no han sido condenados por ningún delito, pero se les acusa de haber participado en protestas contra el ataque israelí a Gaza.

Las autoridades de inmigración de Berlín van a deportar a cuatro jóvenes residentes extranjeros acusados de participar en protestas contra la guerra de Israel contra Gaza, una medida sin precedentes que suscita serias dudas sobre las libertades civiles en Alemania.

Las órdenes de expulsión, dictadas en virtud de la legislación alemana sobre migración, se dictaron en medio de presiones políticas y a pesar de las objeciones internas del director de la agencia de inmigración del estado de Berlín. Las discrepancias internas surgieron porque tres de los deportados son ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea que normalmente gozan de libertad de circulación entre los países de la UE.

Las órdenes -emitidas por el estado de Berlín, cuya administración del Senado supervisa la aplicación de las leyes de inmigración- entrarán en vigor en menos de un mes. Ninguno de los cuatro ha sido condenado por ningún delito. Los casos se están comparando con el uso que hace Estados Unidos de las órdenes de expulsión para reprimir movimientos sociales.

«Lo que estamos viendo aquí está sacado directamente del libro de jugadas de la extrema derecha», afirmó Alexander Gorski, abogado que representa a dos de los manifestantes. También se puede ver en Estados Unidos y Alemania: se silencia la disidencia política atacando el estatus migratorio de los manifestantes».

«Desde el punto de vista jurídico, nos alarmó el razonamiento, que nos recordó el caso de Mahmoud Khalil», continuó Gorski, refiriéndose al palestino licenciado por la Universidad de Columbia y residente permanente en Estados Unidos que fue expulsado de su edificio de apartamentos por acusaciones relacionadas con actividades pro palestinas en el campus.

Las cuatro personas cuya expulsión está prevista -Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O'Brien y Roberta Murray- son ciudadanos, respectivamente, de Estados Unidos, Polonia y, en los dos últimos casos, Irlanda. Según la ley alemana de migración, las autoridades no necesitan una condena penal para dictar una orden de expulsión, explicó Thomas Oberhäuser, abogado y presidente del comité ejecutivo de derecho migratorio del Colegio de Abogados alemán. Sin embargo, los motivos alegados deben ser proporcionales a la gravedad de la deportación, lo que significa que entran en juego factores como si alguien se verá separado de su familia o perderá su negocio.

«La pregunta clave es: ¿cuán grave es la amenaza y cuán proporcionada es la respuesta?», dijo Oberhäuser, que no está implicado en el caso. «Si se expulsa a alguien simplemente por sus creencias políticas, es una extralimitación masiva».

La policía reprime una manifestación pro-palestina en la zona de Neukölln de Berlín, el 18 de octubre de 2023.
Acusaciones vagas e infundadas'
Cada uno de los cuatro manifestantes enfrenta acusaciones separadas de las autoridades, todas ellas provenientes de archivos policiales y vinculadas a acciones pro palestinas en Berlín. Algunas de las acusaciones, aunque no todas, corresponderían a cargos penales en Alemania; casi ninguna ha sido presentada ante un tribunal penal. Las protestas en cuestión incluyen una sentada masiva en la estación central de trenes de Berlín, un bloqueo de carreteras y la ocupación a finales de 2024 de un edificio de la Universidad Libre de Berlín.
El único hecho que relacionó los cuatro casos fue la acusación de que los manifestantes participaron en la ocupación universitaria, que implicó daños materiales y la presunta obstrucción de un arresto —una supuesta revocación de un arresto con el objetivo de impedir la detención de otros manifestantes—. Ninguno de los manifestantes está acusado de ningún acto de vandalismo en particular ni de la revocación de un arresto en la universidad. En cambio, la orden de deportación cita la sospecha de que participaron en una acción colectiva coordinada. (La Universidad Libre declaró a The Intercept que desconocía las órdenes de deportación).
Algunas de las acusaciones son menores. Dos, por ejemplo, están acusados ​​de llamar "fascista" a un policía, lo cual constituye un delito. Tres están acusados ​​de manifestarse con grupos que coreaban lemas como "Del río al mar, Palestina será libre" (prohibido el año pasado en Alemania) y "Palestina libre". Las autoridades también afirman que los cuatro gritaron lemas antisemitas o antiisraelíes, aunque no se especifica ninguno.
Dos están acusados ​​de agarrar del brazo a un agente o a otro manifestante para intentar detener los arrestos en la sentada en la estación de tren.  O'Brien, uno de los ciudadanos irlandeses, es el único de los cuatro cuya orden de deportación incluía un cargo —la acusación de haber llamado "fascista" a un agente de policía— que se ha presentado ante un tribunal penal de Berlín, donde fue absuelto. Los cuatro están acusados, sin pruebas, de apoyar a Hamás, un grupo que Alemania ha designado como organización terrorista.
Tres de las cuatro órdenes de deportación invocan explícitamente supuestas amenazas a la seguridad pública y el apoyo a Hamás para argumentar que los manifestantes no tienen derecho a sus derechos constitucionales de libertad de expresión y reunión en los procedimientos de deportación. "Lo que estamos viendo son las medidas más severas posibles, basadas en acusaciones extremadamente vagas y, en parte, completamente infundadas", declaró Gorski, abogado de dos de los manifestantes.
En una medida sin precedentes, según Gorski, tres de las cuatro órdenes de deportación citan como justificación el compromiso nacional de Alemania de defender a Israel (la Staatsräson, que en alemán significa razón de Estado). Oberhäuser, del comité de inmigración del Colegio de Abogados, afirmó que la Staatsräson es un principio, no una categoría jurídica con sentido. Un órgano parlamentario argumentó recientemente que esta disposición no tiene efectos jurídicamente vinculantes. Esta distinción, según Oberhäuser, hace que el uso de la Staatsräson en los procedimientos de deportación sea legalmente dudoso: «Eso es inadmisible según el derecho constitucional».

Manifestación de solidaridad con Palestina en la zona de Potsdamer Platz, Berlín, el 15 de octubre de 2023. La policía reprimió la manifestación poco después de autorizarla.

Objeciones internas
Correos electrónicos internos obtenidos por The Intercept muestran presiones políticas encubiertas para emitir las órdenes de deportación, a pesar de las objeciones de los funcionarios de inmigración de Berlín. La batalla se libró entre burócratas de las distintas ramas del Senado de Berlín, el órgano ejecutivo del estado bajo la autoridad del alcalde Kai Wegner, quien a su vez es elegido por el parlamento de la ciudad.
Después de que el Departamento del Interior del Senado de Berlín solicitara una orden de deportación firmada, Silke Buhlmann, jefa de prevención del delito y repatriación de la agencia de inmigración, planteó objeciones. En un correo electrónico, Buhlmann indicó que sus preocupaciones eran compartidas por el alto funcionario de la agencia, Engelhard Mazanke. Buhlmann advirtió explícitamente que la base legal para revocar la libertad de circulación de los tres ciudadanos de la UE era insuficiente y que deportarlos sería ilegal.
“En coordinación con el Sr. Mazanke, le informo que no puedo cumplir con su directiva del 20 de diciembre de 2024 —de celebrar audiencias para las personas enumeradas en los puntos a) a c) y posteriormente determinar la pérdida de la libertad de movimiento— por razones legales”, escribió Buhlmann, refiriéndose a los tres ciudadanos de los estados de la UE como los casos A a C. Buhlmann escribió que, si bien los informes policiales “sugieren una posible amenaza al orden público por parte de las personas en cuestión, no existen condenas penales firmes que justifiquen una amenaza suficientemente grave y real”.
La objeción interna, conocida como protesta, fue rápidamente desestimada por Christian Oestmann, funcionario del Departamento del Senado de Berlín, quien desestimó las preocupaciones y ordenó que se procediera con las órdenes de expulsión de todos modos. «Para estas personas, la libertad de movimiento continua no puede justificarse por razones de orden público y seguridad, independientemente de sus condenas penales», escribió. «Por lo tanto, solicito que las audiencias se celebren de inmediato según las instrucciones».
En una declaración a The Intercept, un portavoz del Departamento del Senado afirmó que el Departamento del Interior tenía autoridad sobre la oficina de inmigración. "El Departamento del Interior y Deportes del Senado ejerce la supervisión técnica y administrativa sobre la Oficina Estatal de Inmigración", declaró el portavoz. "Como parte de esta función, tiene la autoridad para emitir directivas". El Senado se negó a comentar sobre los detalles de los casos, alegando protección de la privacidad. La agencia de inmigración no respondió a la solicitud de comentarios de The Intercept.
Al final, Mazanke, el principal funcionario de justicia migratoria, cumplió con la directiva y firmó la orden.
Manifestación de solidaridad con Palestina en la plaza municipal de Berlín, en el distrito de los museos, el 4 de noviembre de 2023.
'Los están usando como conejillos de indias'
En entrevistas con The Intercept, los cuatro manifestantes afectados por las órdenes de deportación se negaron a hablar sobre las acusaciones específicas que se les imputan. Mientras tanto, se les ha ordenado abandonar Alemania antes del 21 de abril de 2025 o se enfrentarán a una deportación forzosa.
Las consecuencias más graves las enfrentaría Longbottom, un estudiante estadounidense de 27 años de Seattle, Washington, a quien la orden le prohibiría entrar en cualquiera de los 29 países del espacio Schengen durante dos años tras salir de Alemania. Longbottom, quien negó cualquier antisemitismo, declaró a The Intercept que solo les quedan seis meses para completar su maestría en la Universidad Alice Salomon de Berlín, donde estudia trabajo en derechos humanos.
"¿Podré terminar mi maestría aquí? ¿Dónde voy a vivir?", dijo Longbottom. "Todas estas preguntas son muy confusas". Longbottom, quien es trans, vive en Berlín con su pareja, un ciudadano italiano. La perspectiva de estar separados les pesa mucho. "No tengo nada con lo que empezar de cero", dijo. "Como persona trans, la idea de volver a Estados Unidos ahora mismo me da mucho miedo".
Kasia Wlaszczyk, de 35 años, trabajador cultural y ciudadano polaco, dijo que nunca imaginó que esto pudiera suceder. Enfatizó que las acusaciones de antisemitismo son predominantemente una táctica racista dirigida contra palestinos, árabes y musulmanes en Alemania, y que las órdenes de deportación reflejan un aumento en el uso de la acusación contra cualquiera que se solidarice con ellos. "Alemania utiliza estas acusaciones como arma", dijo.
Wlaszczyk, quien también es trans, no vive en Polonia desde los diez años. «Si esto se aprueba, me desarraigará de la comunidad que he construido aquí», dijo.
La sensación de una inminente pérdida de comunidad era común entre los manifestantes. "Mi ilusión por Berlín se ha visto destrozada por la falta de respuesta al genocidio", dijo Shane O'Brien, ciudadano irlandés de 29 años. La violenta represión de las comunidades árabes en Berlín, afirmó, lo ha dejado conmocionado.
Tras tres años en Berlín, la amenaza de expulsión ahora le parece una ruptura a Roberta Murray, de 31 años, también irlandesa. "Mi vida está aquí", dijo. "No tengo planes para Irlanda. Creo que ganaremos y que nos quedaremos. No creo que esto se sostenga en un tribunal".
Gorski y otros abogados presentaron una solicitud urgente de medidas cautelares junto con una apelación formal que impugna la legalidad de las órdenes de deportación. Señaló que ha trabajado en casos similares en los que se utilizó la ley migratoria para atacar a activistas propalestinos por sus discursos, pero lo que distingue a los cuatro casos actuales, dijo, es la franqueza con la que se utiliza la llamada "Staatsräson" alemana para justificar las expulsiones.
"Estas personas no tienen antecedentes penales", afirmó Gorski. Sin embargo, el gobierno de Berlín parece estar construyendo una narrativa de "peligro inminente" para eludir el debido proceso.
Gorski advirtió que los casos son un ensayo para una represión más amplia contra inmigrantes y activistas en Alemania, no solo contra cuatro manifestantes. "Los están utilizando como conejillos de indias".

martes, 1 de abril de 2025

Concentración de repulsa al acto de vandalismo contra la exposición fotográfica" Asturies con palestina" de Daniela Cohen


 “La pretensión de realizar a nivel simbólico (borrando las banderas y kufiyas palestinas) lo que el sionismo no ha podido lograr de facto por más de cien años, da cuenta de la ignorancia total del autor de los hechos. Ignorancia de la fuerza de la lucha y resistencias palestinas” ha expresado la fotógrafa Daniela Cohen en un mensaje.





Libertad e integridad académicas ante el silenciamiento del genocidio en Gaza. Ramón Adell Argiles, profesor de sociología


 Ilustración: Acacio Puig

Libertad e integridad académicas ante el silenciamiento del genocidio en Gaza
Ramón Adell Argiles, profesor de sociología
Conferencia en el marco del seminario internacional, Libertad e integridad académicas ante el silenciamiento del genocidio en Gaza, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM), 24 de marzo de 2025
 
Mi exposición versará sobre el desencuentro académico que he sufrido. No vengo a hablar mal de la UNED, una Universidad con una valiosa función social y muy querida por mí en la que he ejercido docencia, mi libertad de expresión y cátedra durante más de 30 años. Vengo a hablar de un incidente puntual, pero a mi juicio, muy grave en lo académico, social y personal.
Narraré los acontecimientos, de la forma más clara y escueta posible.
Intención inicial:
Documental didáctico de apoyo a la asignatura de CS2 dedicada a los movimientos sociales. Vídeos= (práctica habitual, con UNED-Media, CEMAV, y “la aventura del saber” RTVE)
Anteriormente ya colaboré en documentales sobre la transición política, el movimiento feminista o el 15M. y en este caso quería exponer la oleada de movilizaciones (indignación moral) provocada en España y en el mundo ante la escalada de violencia.
De la barbarie inicial del 7 de octubre del 2023 y el derecho de respuesta de Israel, el paso de los acontecimientos nos iba revelando como esa excusa desata una orquestada e infinita venganza con el fin último de un genocidio sobre el pueblo palestino.
Ello obliga a situar el conflicto desde un punto de vista histórico:
En un primer documental de 30mn (de los 2 previstos) se narra la historia de la fundación del estado de Israel creado por la ONU, en 1947, y la difícil convivencia entre las distintas corrientes del sionismo, y los pueblos semitas de palestina.
En el documental participó una decena de reconocidos académicos de varias disciplinas y periodistas especialistas en Oriente Medio, entre ellos:
Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la UCM
Luz Gómez García, catedrática de Estudios Árabes de la UAM
Carmen Ruiz Bravo-Villasante, catedrática de Estudios Árabes de la UAM
Sonia Boulos, profesora titular de Derecho Internacional de la Universidad Nebrija
Héctor Grad, profesor de Antropología social de la UAM
Shereen Dagani, periodista de RNE
Teresa Aranguren, periodista y escritora
Representante de UNWRA, ex alumna de la Uned
 
A todas/os ellos, agradezco su colaboración y les pido, una vez más, disculpas por la pérdida de tiempo que supone la no emisión.
 
Los testimonios se apoyan con imágenes de gran valor, de los archivos de la UNED y RTVE. Es incontestable que la producción de un material histórico sobre el hecho colonial y el origen del conflicto en Palestina enriquecería el fondo documental de la universidad
La 1ª parte del documental se concluyó en marzo 2024. Pero cuando los realizadores se dispusieron a entregarlo a la instancia que debía incluir el trabajo en la programación de televisión, el nuevo responsable de Comunicación y Marketing de UNED Media se opuso a su emisión. Alegó que el material era parcial y sesgado (a favor del relato palestino) y que la situación actual del conflicto no era un buen momento para su emisión. Habló incluso de que quizás podría emitirse si se realizase a la par otro vídeo que defendiese la postura oficial de Israel. A eso se le llama equidistancia…
Además, se permitió señalar una serie de temas (6) que deberían incluirse en un trabajo de este tipo. No se argumentaron criticas concretas a lo que aparece en el documental, sino más bien las ausencias…
Destaco 3:
-No se cuenta el papel que jugó el muftí de Jerusalén en la persecución nazi de los judíos.
-No se cuenta la influencia que tuvo el Holocausto en la creación del estado de Israel
-No sale ningún profesor de la UNED, al menos en esta primera parte.
Esta última escusa, no tiene precedentes. En muchos programas de Canal UNED, sólo aparecen profesores de la UNED (generalmente los más aburridos), pero en otros muchos, no aparece ninguno, recurriendo a expertos externos.
Dado que no soy especialista en Oriente Medio, pero si en movimientos sociales mi participación se incluyó en la segunda parte.
Al comunicar su no emisión a los participantes, estos, consideraron que la decisión de esa persona era infundada, y simple y llanamente un acto de censura, por lo que decidimos recurrir a la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación y al propio Rector de la UNED. En esas instancias la respuesta fue el ninguneo y silencio.
Contacté con la UNEDxPalestina integrada en la RedUniversitariaxPalestina e informe de todo lo sucedido. En mayo, intercedieron ante el Rector, recordándole la declaración de la CRUE sobre el tema, o el reconocimiento de Palestina por parte del gobierno español, y refutando con argumentos una a una las pegas sobre el contenido “sesgado” alegado anteriormente. Una vez más, se me contestó literalmente que "utilizar los medios de la UNED sin contar con otro docente que usted mismo parece inadecuado".
Ante todo lo acontecido, a finales de junio, y teniendo ya derecho a ello, solicité mi paso a la jubilación a partir del pasado 1 de octubre. Sin duda, este desencuentro, ha tenido mucho peso en la decisión de renuncia tomada.
En un último intento, el 17 de septiembre, propuse que se resolviera el trabajo realizado, con alguna de las tres siguientes opciones para emisión.
  1. Su emisión, con independencia de que se emitan otras visiones plurales o razonadas sobre el tema.
  2. Permitir su difusión en algún acto a celebrar en algún centro asociado de la Uned.
3.     Liberar los materiales para su difusión externa en otras universidades (con o sin logos Uned).
Sin respuesta por parte de la Vicerrectora.
A un año del inicio de las masacres (octubre de 2024), se produce la última negativa para su emisión, por parte del Director de Medios.
Tras ello, a petición del profesorado interviniente decidimos denunciar públicamente, este gesto de desprecio por el conocimiento histórico desde las instancias de gobierno de la UNED, con el título “Palestina, una tierra negada, y silenciada”. A nuestro juicio es algo llamativo y escandaloso cuando además se observa que en canal UNED se han producido numerosos vídeos sionistas.
Con la pública denuncia, he y hemos recibido múltiples muestras de solidaridad y apoyo, e incluso, por el llamado “efecto Streissand” hemos recibido varias peticiones para proyectar (Festival de Cine, en San Feliu de Llobregat, o Santander). Obviamente, yo, como promotor de los documentales y los realizadores, acatamos la prohibición de su emisión. Eso sí, nos queda la denuncia pública e intentar que el trabajo realizado no se pierda.
En paralelo presenté queja y amparo a la Defensora Universitaria, quien me aseguró que seguiría el caso. Le facilité la cronología del grave silenciamiento a la libertad de expresión en nuestra universidad, rogándole que fuera vigilante a que, algo así, no vuelva a ocurrir.
Tratando de solventar el silenciamiento del documental, me consta que dos profesores de la Uned -con mucha valentía- se han ofrecido a aparecer en los vídeos para cubrir la exigencia formal “de que faltaban profesores de la casa”, pero por lo que he oído, en el remoto caso de que se emitieran finalmente los documentales, sería el rectorado que elegirá a un profesor ad hoc.
Reflexionando con todo lo acaecido, puedo aventurar múltiples razones detrás de la cadena de impedimentos para la no emisión de “Palestina, una tierra negada”; Quizás la negativa a debatir y contextualizar los sucesos del 7 de octubre, o el miedo a cuestionar relatos instalados o más grave aún, la censura por presiones internas o externas, o razones ideológicas. Con esas actitudes se participa en el desprecio al derecho internacional, a la justificación del colonialismo y la limpieza étnica, a la deshumanización y al final, el mirar a otra parte, con un genocidio en curso.
Creo que las ciencias sociales no pueden obviar la violencia y barbarie y los cambios de la geopolítica mundial que vivimos. Desde la universidad pública no valen equidistancias ni silencios.
Gran parte de la ciudadanía comparte el “No somos indiferentes, nos duele Palestina” y la tristeza e indignación ante la barbarie desatada en Oriente Medio (casi 1 año y medio).
La histórica deuda moral hacia el pueblo judío por el holocausto hace 80 años, no debería significar hoy carta blanca a los desmanes de Netanyahu y su gobierno.
Si no hay argumentos para mantener el relato justificador del genocidio, se recurre a la censura disimulada. Como ha sido este caso. Impedimentos, excusas, faltas de respuesta, señalamiento y menosprecio a mi labor docente. Supone un atropello y la coacción de la libertad de pensamiento, expresión y cátedra en una universidad pública.
Este tipo de censura tiene sus raíces en la actitud complaciente con Israel que ha prevalecido durante décadas, incluso por parte de la academia. Se informa de otros actos de censura o impedimentos de actos sobre Palestina en Universidades de Sevilla o Granada. Ello provoca miedo y autocensura a gran parte del profesorado por miedo a ver perjudicados sus progresos académicos.
Soy consciente de que a día de hoy ya no soy quien, para exigir su emisión, pero como persona afectada, agradezco al GICMOM la oportunidad de exponer este silenciamiento.
Termino, con un extracto del poeta palestino Marwan Makhoul
“Para escribir una poesía
que no sea política
debo escuchar a los pájaros.
Pero para escuchar a los pájaros
hace falta que cese el bombardeo”
 
Muchas gracias


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