Cuatro años después de nuestra primera entrevista en la que alertaba de que la reforma de la jurisdicción universal se debía a los intereses de Telefónica en China, volvemos a repasar la situación de la Administración de Justicia en España con uno de sus más destacados veteranos, el jurista José Antonio Martín Pallín. Nacido en 1936, este ex fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, fue durante la dictadura franquista uno de los fundadores de la organización clandestina “Justicia Democrática”. Ya entrada la democracia, desempeñó la presidencia de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Unión Progresista de Fiscales, así como la portavocía de Jueces por la Democracia. Retirado de la magistratura desde 2006, es colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión Internacional de Juristas.
Invitado por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe a impartir una conferencia en Gijón, conversamos con él sobre el legado de Gallardón en la Administración de Justicia, el sistema de acceso a la carrera judicial, las violaciones de derechos humanos en Melilla, los Centros de Internamiento de Emigrantes y los crímenes franquistas, entre otros asuntos.
Periodismo Humano. El periodo de Gallardón al frente del Ministerio de Justicia será recordado por su fallido intento de reforma de la Ley del aborto, ensombreciendo la gravedad de otras medidas como el encarecimiento de las tasas judiciales que logró mucha menos atención entre la opinión pública y que el nuevo ministro ya ha avanzado que será reformada. El encarecimiento del acceso a la justicia lo ha alejado de su concepción como derecho, facilitando que sean las clases privilegiadas las que tengan más posibilidades de defenderse y grandes sectores de la población desamparados. El ministro Gallardón amparaba esta medida en el desincentivo del abuso de las demandas y agilizar así el funcionamiento de la Administración de la Justicia. En nuestra anterior entrevista usted apuntaba algunos de los grandes obstáculos para esta Administración: un sistema basado en el papel, el abuso de los recursos, la deficiente cultura del ejercicio de la demanda civil colectiva… Según su criterio, ¿cuáles serían las medidas más urgentes que debería emprender el sistema judicial español?
Martín Pallín. Efectivamente me sorprende que en el caso de ministro Gallardón se haya centrado la atención en lo relativo a la Ley del aborto. Cualquier decisión sobre el aborto es de gobierno e, incluso, de partido puesto que tiene una carga ideológica muy importante. Sin embargo, un ministro de Justicia, como de Fomento, tiene competencias específicas y para mí en este caso lo más desastroso, con diferencia, han sido sus leyes que tratan de estructurar la Administración de Justicia. La ley de tasas es absolutamente desproporcionada, hace añicos el principio constitucional del acceso a la justicia. Y nadie se ha rebelado contra ello. Quizá es muchísimo más grave en cuanto a la incidencia en el conjunto de la ciudadanía que la Ley del aborto. La regulación del Consejo del Poder Judicial, que ha sido deficiente en todos los gobiernos, ya la ha terminado de rematar con la creación de vocales permanentes, que en cualquier estructura se hacen con el poder, y transitorios, condenados a la inestabilidad. La jurisdicción universal la ha lapidado por completo y, paradójicamente, gracias a ello Rajoy ha podido ir a China. Parece que ahí le salió mal el cálculo. O bien, si se mira sólo desde el punto de vista de los negocios. En realidad, su periodo al frente del Ministerio de Justicia ha sido un desastre total. Tampoco ha sacado adelante una reforma de nuestras leyes procesales, y especialmente el penal no puede seguir así. No pueden haber causas que duren cinco o seis años, como la Gürtel o el caso Malaya. Esto es único en el mundo. No hay ningún país democrático y civilizado que tenga un proceso que dure diez años, que tenga doscientos acusados y que el juicio oral dure dos años. ¡Los juicios de Nuremberg duraron seis meses!
P. Pero precisamente esta Ley de Tasas se presentó como una vía para agilizar la Administración de la Justicia. ¿Qué otras reformas considera urgentes para acabar con estos procesos eternos y que la justicia no pierda su valor ejemplarizante?
M. P. Lo de agilizar parece una broma de mal gusto, sobre todo cuando se manejan estadísticas falsas y poniendo siempre como modelo a Francia argumentando que con 70 millones de habitantes tiene menos procesos, lo cual es absolutamente falso. En Francia sólo puede ejercitar la acción penal el Ministerio Fiscal. En España hemos visto cómo la ejerce Manos Limpias o cualquier espóntaneo que salte al ruedo. Por supuesto no tengo nada que objetar en que la puedan llevar a cabo los perjudicados por un delito. Pero es que ya lo dijeron los constituyentes: los procesos deben ser orales, especialmente en el ámbito penal, y no se puede seguir haciendo procesos con cientos de miles de papeles. El caso Malaya tiene más de un millón de papeles. Eso lo cuenta uno en otros países y se quedan a cuadros.
P. En varias intervenciones en medios de comunicación, ha alertado sobre el riesgo de que la jueza Alaya, encargada de la investigación de los ERES de la Junta de Andalucía, estuviera confundiendo la investigación de unos supuestos casos fraudulentos de concesión de subvenciones con la criminalización del poder legislativo que aprobó las leyes andaluzas y, por ende, al partido socialista. Ha hablado del riesgo de que vayamos hacia un gobierno de los jueces. ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos para avanzar en la separación de poderes?
M. P.Eso me preocupa institucionalmente y he aplicado esta misma teoría cuando se me han presentado querellas contra ministros del Partido Popular. No podemos meternos en terrenos estrictamente políticos. Los ERES han manejado
Si la jueza Alaya quiere ser coherente, el Partido Popular tendría que ser considerado cooperador necesario o cómplice, lo cual me parece un disparate monumental
. unos 700 millones y parece que han llegado a sus destinos legítimos seiscientos y pico. Parece que alguien ha metido la mano en la caja y sobre esto no tengo nada que objetar a la actitud de la jueza instructora, sea Alaya o quien sea. Ahora, pretender criminalizar un gobierno o votaciones de un Parlamento que apoya unas transferencias que según la jueza son ilícitas cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía dice que son inadecuadas… La cantidad de Parlamentos que habrán adoptado decisiones inadecuadas. Además está la paradoja de que esas transferencias fueron aprobadas con los votos favorables del PP y de IU, incluso con enmiedas que pedían que se destinarán más fondos. Si la jueza Alaya quiere ser coherente, el Partido Popular tendría que ser considerado cooperador necesario o cómplice, lo cual me parece un disparate monumental.
P. Los crímenes franquistas de lesa humanidad ni prescriben ni son amnistiables. El reciente informe del Relator de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha sido especialmente duro en este sentido con el Estado español y le exige al gobierno que los investigue, mientras éste sigue haciendo oídos sordos. ¿Le queda otra salida a la ciudadanía para que se haga justicia que acudir a tribunales en otros países o a supranacionales como el Europeo de Derechos Humanos?
M. P. En Estrasburgo se ha intentado pero este tribunal ha salido con una cinta política, no jurídica, diciendo que era un problema de España. Así que veo muy pocas posibilidades. Veo muy bien también que en Argentina se esté abordando estos crímenes, pero yo que estoy muy metido en las Asociaciones de Memoria Histórica, les repito una y otra vez que no se hagan ilusiones porque tiene un recorrido simbólico y de ahí no va a pasar. Éste es un país que ha digerido con una facilidad pasmosa, quizás porque han sido cuarenta años, algo que es digno de un juicio de Nuremberg. De hecho, si los aliados en lugar de ir a Italia, hubieran venido por Gibraltar a España, Franco habría acabado como Mussolini. Pero la Historia es la Historia y no tiene sentido ponernos nostálgicos. Pero es que además en España hay mucha gente que no tiene conciencia de que fueran crímenes. Es más, hay muchos que siguen considerando que Franco fue un salvador frente al comunismo internacional.
P. Entonces ¿sólo nos queda que la justicia se haga en los tribunales españoles?
M. P. Por supuesto. Y creo que en algún momento tienen que ser coherentes con el propio ordenamiento jurídico constitucional y los pactos internacionales firmados por España. Siempre recuerdo, y ya estoy cansado porque parezco un obseso, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece una excepción clarísima a la retroactividad de las normas penales lo firmó España en abril de 1977 y la Ley de Amnistía es de octubre de ese mismo año. Por tanto, esa Amnistía va en contra de un pacto internacional por razones puramente cronológicas. Pero somos un país muy peculiar.
P. La carrera judicial requiere, como otras, muchos años de preparación lo que, a falta de becas, favorece que la mayoría de las personas que la integran durante décadas pertenecieran a clases privilegiadas económicamente y más conservadoras. Esto parecía que empezaba a cambiar con una clase media más amplia que podía apoyar a sus hijos e hijas en este largo periplo. Con esta larga crisis y el alto desempleo, la carrera judicial vuelve a ser inaccesible para la mayoría de los licenciados en Derecho. ¿Cómo afecta estos condicionantes y tener una magistratura mayoritariamente conservadora a un país?
M. P. A mí me parece aberrante el sistema de selección: es un sistema que no existe en ningún país del mundo. Tampoco hace falta estudiar tanto: hay jóvenes que con cinco años de estudio y una buena memoria como para presentarse a un concurso tipo Pasapalabralo consiguen porque es pura memoria… Conozco a compañeros que se estudiaban la mitad de los 500 temas e iban a jugársela a una carta. La generalidad de las personas tienen que invertir tres, cuatro o cinco años encerrados en su casa ocho o diez horas, repetir como loritos ante el
El sentido democrático se aprende en las escuelas, y nuestras escuelas no lo enseñan ni para ser juez ni para ingeniero de caminos
preparador los temas y tener suerte al sacar las bolas. Eso efectivamente no se lo pueden permitir todas las familias. Pero el problema del conservadurismo viene más bien de la falta de controles democráticos durante la formación. El sentido democrático se aprende en las escuelas, y nuestras escuelas no lo enseñan ni para ser juez ni para ingeniero de caminos. Entonces, ¿por qué vamos a ser una excepción?
P. Lo que pasa es que una judicatura conservadora deja desamparada a la ciudadanía.
M. P. Sí, pero esto se resolvería si como contrapartida se exigiese de verdad, como lo recoge la Constitución, que las sentencias estuvieran motivadas, que el juez razone, explique y motive el porqué llega a esa conclusión. Lo que pasa es que son jueces conservadores que además no dan explicaciones: “Esto es porque lo que digo yo y se acabó”. O lo que razonan es totalmente disparatado. Como decía el juez norteamericano Holmes, al que yo admiro mucho, “una sentencia vale lo que valen sus razonamientos ”. Y esa es la única defensa que tenemos los ciudadanos. Pero aquí no existe esa cultura. En la judicatura española prima la de la autoridad y el poder frente al considerarse servidores públicos que tienen que explicar a sus ciudadanos por qué toman esas decisiones.
Tenemos los recursos que llegan al Tribunal Constitucional, que debería ser el controlador, como lo es el de Estrasburgo. Desgraciadamente el Tribunal Constitucional no responde a esas expectativas, por lo menos en estos momentos. El primer TC fue un buen ejemplo, pero a partir de entonces se instauró descaradamente el bipartidismo y el reparto de cuotas.
P. Las encuestan sitúan a Podemos como tercera fuerza política en las próximas elecciones en España. Más allá del fenómeno político, ¿cómo podría influir esta ruptura con el bipartidismo en el reparto de cuotas en instituciones como el Tribunal Constitucional?
M. P. El reparto de cuotas se puede evitar abriendo el sistema de nombramientos. En el caso del TC, que los candidatos viniesen de propuestas de los decanos de las facultades de derecho, de la Academia de Ciencias Morales, de la jurisprudencia, de la propia abogacía… A partir de estas candidaturas se podría hacer una selección incluso a través de sesiones televisadas. Se puede hacer, de hecho, se hace en otros países.
P. Si pudiera elegir, ¿con qué sistema judicial se quedaría?
M. P.Es difícil. Yo tengo cierta predisposición al sistema
Hay jóvenes que con cinco años de estudio y una buena memoria como para presentarse a un concurso tipo Pasapalabra consiguen ser jueces porque es pura memoria
anglosajón, los jueces estadounidenses e, incluso, la Cámara de los Lores en el caso Pinochet actuaron de una forma excepcional. Pero somos europeos así que me acercaría más al alemán porque empieza en la universidad. No puede ser es que una persona se licencie en Derecho y que, por embutirse en la cabeza unos temas, sea juez. Ningún sistema admite que un piloto de una línea aérea pilote porque se sepa de memoria determinados temas. Hay que tener horas de vuelo. En la carrera judicial lo mismo. En Inglaterra no se puede ser juez sin diez años de experiencia como abogado. Es una cosa muy seria ser juez. Aquí es una profesión más.
P. Casi diariamente nos llegan casos de abusos cometidos contra personas migrantes en la frontera española de Melilla: devoluciones ilegales, negación de su derecho a solicitar asilo, agresiones por parte de agentes marroquíes con la connivencia de los españoles… ¿Por qué son tan pocos los casos que llegan a judicializarse? ¿Estamos, la sociedad civil, infrautilizando el recurso de la demanda ante los tribunales españoles para la defensa de los derechos humanos?
M. P. No es un problema de denunciar, sino de valor de los jueces porque es conflictivo. Lo de Melilla me parece ya el summun de la insensatez. Tenemos este lío, y lo vamos a seguir teniendo, con Marruecos sobre si Ceuta y Melilla son territorio suyo o no. Y que haya un Ministro del Interior que diga que hay cinco metros de esa vaya que no son españoles… Pues un día los marroquíes dirán que a por ellos, ya que son suyos según el Ministro del Interior. Después nos replegaremos otros cinco metros y así hasta llegar a la Plaza Mayor de Melilla. Es el colmo de la insensatez, además de delito porque contraviene la Ley de extranjería.
Afortunadamente este juez de Melilla ha tomado medidas y ha imputado al jefe de la Guardia Civil en Melilla.
P. Pero resulta paradójico que sea excepcional lo que ha hecho este juez cuando se llevan años denunciando las ilegalidades cometidas en esta frontera. Algo parecido pasa con los Centros de Internamiento de Emigrantes, donde son encerradas personas hasta 60 días no por haber cometido un delito sino por una falta administrativa, no tener los papeles en regla. Sólo un reducido grupo de ONG tienen acceso a parte de sus instalaciones y a sus internos. Se han denunciado casos de abusos policiales, la falta de asistencia sanitaria y legal por parte de sus presos, especialmente grave en el caso de los enfermos y las mujeres embarazadas… ¿Cómo se sostiene legalmente la figura de los CIE?
M. P.En un sistema moderno donde la policía cuenta con métodos científicos como parece que han puesto en marcha con el caso del presunto pederasta en Madrid, los CIE no parece que sean necesarios. Expulsiones hay en todos los países, por un procedimiento administrativo, con garantías y recursos ante los tribunales. A eso no me voy a oponer. La ley autoriza que se les tenga encerrados
Una vez que los inmigrantes ingresan en el CIE podrían tener los mismos derechos que un señor alojado en el Ritz porque no ha cometido ningún delito
para tenerlos localizados y pasarlos de ahí al avión. No parece necesario con los métodos de identificación actuales. Pero una vez que los inmigrantes ingresan en el CIE podrían tener los mismos derechos que un señor alojado en el Ritz porque no han cometido ningún delito: está ahí esperando por cuenta del Estado.
P. Hace ya una década de la invasión de Irak y todos conocemos las terribles consecuencias que ha tenido para la población civil. Sin embargo, sus máximos instigadores políticos -los expresidentes Bush, Blair y Aznar- siguen paseándose por el mundo dando lecciones políticas. Mientras, cuanto más divulgación hay sobre el derecho internacional más se normaliza su violación. ¿Qué mensaje está lanzando al mundo una Corte Penal Internacional que por ahora sólo ha podido abordar crímenes cometidos en el continente africano por gobiernos africanos?
M. P. Es una situación lamentable y, volviendo la vista atrás, nos lleva a la convicción de que la justicia sólo se puede hacer si la imponen los vencedores, como en Nuremberg. Pero hay que ser realistas y la Corte Penal Internacional es un avance importante, pero no puede actuar sin el visto bueno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde tienen derecho a veto los países vencedores de la I Guerra Mundial. Hay que reformar el Consejo de Seguridad, pero hace ya años que asistí a una reunión en la sede de la ONU en Nueva York donde debatían la necesidad de retirar el derecho a veto. Deben seguir debatiendo.
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