En rueda de prensa celebrada este sábado, anunciaron que la manifestación se celebrará en San Sebastián el próximo 14 de junio. A ellos se han sumado 130 grupos, partidos políticos y sindicatos, que han recordado que "la campaña de adhesión sigue abierta".
El movimiento lleva cinco años luchando contra la CAF. Cinco años de “quejas contra CAF por su participación en el proyecto del tranvía de Jerusalén, que conecta la ciudad de Jerusalén con los asentamientos ilegales que Israel tiene en los territorios palestinos ocupados”. También destacaron el aumento del apoyo a la campaña: “Hace cinco años, 70 asociaciones, sindicatos y partidos políticos se sumaron a la campaña (…) Con el paso de los años, los apoyos a la campaña se han multiplicado, y hasta la fecha ha recibido más de 130 apoyos”.
Campaña CAF ¡Bájate del tren del apartheid! El manifiesto incluye las razones para oponerse a CAF: "El socio israelí de CAF, Shapir, está incluido en la base de datos de las Naciones Unidas, que nombra a más de 110 empresas que se benefician de la ocupación y el apartheid de los palestinos". En la misma línea, han pedido que “CAF cumpla con el derecho internacional”, ya que la Corte Internacional de Justicia considera “ilegal la ocupación israelí de Palestina” desde 2024.
También recordaron la resonancia internacional de la campaña: en Noruega, Francia, Reino Unido, México y Colombia, entre otros, han decidido que la empresa CAF no es la "elección correcta" para la gestión de trenes y ferrocarriles. Piden al Gobierno Vasco que adopte la misma posición, "suspendiendo su apoyo a CAF hasta que la empresa respete el derecho internacional".
Acción contra CAF en la filial Orbital
El mismo día de la rueda de prensa, miembros de la BDZ de Navarra realizaron una acción frente a la empresa Orbital (filial de CAF). Los miembros del movimiento se han unido para denunciar la "complicidad de la empresa en el genocidio y señalar que recibe financiación pública del Gobierno de Navarra". Han realizado una obra de teatro para denunciar los daños causados por el tranvía de Jerusalén.
Rueda de prensa, en #Donostia pidiendo a #CAF que se baje del tranvía del apartheid que está construyendo entre Jerusalén y los territorios ocupados palestinos
Desinterés europeo en el control de armas a Israel
Preguntas y respuestas escritas en el Parlamento Europeo que demuestran el desinterés por cumplir los Tratados de control de armas a los países que se consideran socios o aliados de la UE, como es el caso de Israel. Formalmente, además, se deriva la responsabilidad a las autoridades nacionales. Por último, el lenguaje de las respuestas parlamentarias, recoge la narrativa israelí y no contextualiza la ocupación y colonización.
Puertos europeos al servicio del genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad de Israel
6.11.2024
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002450/2024
al Consejo Artículo 144 del Reglamento interno Estrella Galán (The Left), Jaume Asens Llodrà (Verts/ALE)
Según una investigación reciente, entre mayo y septiembre al menos 25 trayectos con carga militar de EE. UU. y destino el Ministerio de Defensa israelí hicieron uso del puerto de Algeciras (España).
Esta carga ha servido para posibilitar, reforzar o apoyar la violación del Derecho internacional, el genocidio, el apartheid y los crímenes de guerra que Israel está cometiendo en los Territorios Ocupados de Palestina, así como para su invasión ilegal del Líbano.
Teniendo en cuenta las obligaciones que establecen la Posición Común 2008/944/PESC sobre control de exportaciones de tecnología y equipos militares; el Reglamento (UE) 2020/1998 relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos; las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 26 enero, 28 de marzo, 24 de mayo y 19 de junio; y la cláusula segunda del Acuerdo de Asociación UE-Israel:
1.
¿Puede informar el Consejo sobre qué puertos europeos están siendo utilizados para enviar armamento y material militar a Israel?
2.
¿Qué medidas de control e inspección en puertos relativas al comercio de armas con Israel ha tomado el Consejo?
3.
¿Piensa solicitar formalmente a los Estados miembros, incluido España, la prohibición inmediata del uso de puertos para buques con carga militar con destino Israel?
La Unión Europea está profundamente alarmada por la dramática escalada militar en Oriente Próximo y ha instado a todas las partes a que actúen con la máxima contención, pongan fin a todas las hostilidades de inmediato y respeten plenamente el Derecho internacional, incluido el Derecho internacional humanitario. También ha reiterado el derecho de Israel a defenderse y la adhesión de la Unión Europea a la seguridad de Israel y a la estabilidad regional. Al ejercer su derecho a defenderse, Israel debe cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del Derecho internacional, incluido el Derecho internacional humanitario, en todas las circunstancias. La UE ha recordado también la necesidad de aplicar en su totalidad las providencias de la Corte Internacional de Justicia[1].
Respecto de la situación, el Consejo ha impuesto también medidas restrictivas contra varias personas y entidades en el marco de las medidas restrictivas de la UE contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos[2] y contra quienes apoyen, faciliten o permitan acciones violentas por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina[3].
En relación con el comercio de armas, el Consejo no está en condiciones de comentar los envíos procedentes de Estados miembros o que transiten por ellos. A este respecto, el Consejo se remite a su respuesta a la pregunta escrita P-003630/2023 y al hecho de que el control de las exportaciones de armas por los Estados miembros está sujeto a la legislación nacional, la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo[4] y el Tratado sobre el Comercio de Armas[5]. Con arreglo a lo dispuesto en esos marcos jurídicos, son las autoridades competentes de los Estados miembros las que toman la decisión final de conceder o denegar cada una de las licencias de exportación o tránsito de equipos militares. El Consejo, a través de su grupo de trabajo competente, se esfuerza por conseguir una mayor convergencia entre las políticas de exportación de armas de los Estados miembros. Esto incluye cambios de impresiones sobre la aplicación de los criterios establecidos en la Posición Común.
Pregunta P-003630/2023 a la que se refiere la contestación en la respuesta anterior:
Cumplimiento del derecho internacional y de las normas de la UE por parte de las exportaciones de armas de los Estados miembros a Israel en el contexto de las actuales hostilidades israelíes en Gaza y Cisjordania
al Consejo Artículo 138 del Reglamento Matjaž Nemec (S&D)
Mientras Israel continúa sus operaciones militares en Gaza, también continúa el trágico sufrimiento humanitario. Los ataques aparentemente indiscriminados, desproporcionados e ilegales de Israel contra la infraestructura civil ya han causado más de 18.000 víctimas civiles palestinas, además de órdenes de evacuación inviables y traslados forzosos de población.
A pesar de las advertencias sobre violaciones del derecho internacional humanitario, varios Estados miembros de la UE siguen enviando armas a Israel. En virtud de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo [1] y del derecho internacional [2], los Estados miembros están obligados a denegar licencias de exportación si existe un riesgo claro de que la tecnología militar contribuya a violaciones graves del derecho internacional humanitario. Esto incluye la obligación de impedir la comisión de genocidio.
1.
¿Cómo garantizan el Consejo y los Estados miembros la aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo y del derecho internacional pertinente, dada la clara evidencia de acciones que podrían contribuir al genocidio y a graves violaciones del derecho internacional en Gaza perpetradas por Israel?
2.
¿Han evaluado el Consejo y los Estados miembros pertinentes el cumplimiento del Derecho internacional y de las normas pertinentes de la UE en sus exportaciones de armas a Israel desde el 7 de octubre de este año, y cuáles fueron sus conclusiones?
3.
¿Cómo garantizan el Consejo y los Estados miembros pertinentes el cumplimiento de estas exportaciones de armas con el derecho consuetudinario internacional y con esta Posición Común del Consejo?
En sus conclusiones del 26 de octubre de 2023 [1] , el Consejo Europeo condenó a Hamás en los términos más enérgicos posibles por sus brutales e indiscriminados ataques terroristas contra Israel y deploró profundamente todas las pérdidas de vidas civiles.
El Consejo Europeo destacó el derecho de Israel a defenderse de conformidad con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y reiteró la importancia de garantizar la protección de todos los civiles en todo momento de conformidad con el derecho internacional humanitario.
El control de las exportaciones de armas por parte de los Estados miembros está sujeto a la legislación nacional, a la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo [2] y al Tratado sobre el Comercio de Armas [3] (TCA).
Las autoridades competentes de los Estados miembros toman la decisión final sobre si autorizar o denegar una licencia individual de exportación o tránsito de equipo militar, de conformidad con dichos marcos jurídicos.
Los Estados miembros son los únicos responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable, incluida la Posición Común y el TCA. El Consejo no está en condiciones de evaluar casos específicos de exportación en relación con los criterios establecidos en la Posición Común y el TCA, ni tiene el mandato, en virtud del Derecho de la UE, de hacer cumplir la Posición Común.
El Consejo, a través de su grupo de trabajo competente, trabaja para lograr una mayor convergencia entre las políticas de exportación de armas de los Estados miembros.
Esto incluye intercambios de puntos de vista sobre la aplicación de los criterios establecidos en la Posición Común, y también en los últimos meses sobre el impacto del conflicto en Gaza en las políticas de exportación de armas de los Estados miembros.
“UniOvi por Palestina”, colectivo que agrupa a estudiantes, profesorado, personal investigador, técnico y administrativo de la Universidad de Oviedo, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la institución académica por mantener su vinculación con investigaciones militares israelíes a través del proyecto Tiche.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo dirimirá el recurso con el que el colectivo pretende que se anulen los acuerdos del Consejo de Gobierno que daban vía libre a la continuidad de la participación de la Universidad de Oviedo en este proyecto que está financiado por el Fondo Europeo de Defensa.
Concentración del colectivo en el campus del Milán, en Oviedo. Uniovi por Palestina
Concentraciones en los campus
Paralelamente a la actuación por la vía judicial, el colectivo ha programado otras fórmulas para mostrar su rechazo a esta colaboración, entre las que figura la convocatoria de movilizaciones para escenificar su protesta en la calle.
El colectivo ha convocado varias concentraciones para hoy, miércoles, en todos los campus universitarios de Asturias; una movilización que ya ha anunciado que repetirán todos los últimos miércoles de cada mes en este curso académico: el 26 de marzo, el 30 de abril, el 28 de mayo y el 25 de junio.
Además, los integrantes de “Uniovi por Palestina” tienen previsto acudir hoy, a partir de las seis de la tarde, a la presentación del informe “Genocidio en Gaza”, que correrá a cargo de Carlos de las Heras, responsable de campañas en Amnistía Internacional de España, y Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. La presentación tendrá lugar en el Aula Magna del Edificio Histórico de la institución académica.
Los incumplimientos
El recurso contencioso-administrativo incide en que el proyecto Tiche tiene un carácter bélico, lo que va en contra de los estatutos universitarios.
“La participación de empresas militares en el proyecto y el hecho de que cuente con protección limitada del Ministerio de Defensa, por lo que solo personas autorizadas puedan acceder a la información del proyecto y que el ministerio supervise su desarrollo, son indicios adicionales de su carácter bélico”, señalan desde el colectivo.
Uno de sus principales argumentos hace hincapié en que estas circunstancias contravienen los Estatutos de la Universidad de Oviedo que recogen expresamente que la institución académica no financiará, ni participará en líneas de investigación relacionadas con fines bélicos.
Además, afirma que se incumple la normativa del Fondo Europeo de Defensa, al permitir la participación de un Estado no europeo, Israel, a través de la empresa pública Israel Aerospace Industries (IAI), que sustituyó de forma sobrevenida a una empresa griega inicialmente prevista.
La comisión de crímenes de guerra y genocidio
“IAI es una de las mayores productoras de armas del mundo, conocida por su producción de artillería, radares, drones armados y misiles, y cuenta con instalaciones en los territorios ocupados palestinos”, advierte.
También recuerda que la participación de una empresa israelí en el proyecto podría facilitar la comisión de crímenes de guerra y genocidio, ya que Israel está siendo investigado por la Corte Internacional de Justicia por estos delitos.
Concentración del colectivo en Gijón. Uniovi por Palestina
“Uniovi por Palestina” asegura que con su recurso pretende la suspensión cautelar del proyecto Tiche, con carácter previo a la sentencia con la que se ponga fin al contencioso, a la vista de las graves consecuencias que, a su juicio, podría tener la colaboración de la Universidad de Oviedo en un proyecto de investigación que “contribuye a mantener el genocidio y la ocupación en Palestina”.
Una suspensión cautelar mientras se tramita el fondo del asunto que considera que es fundamental para evitar que la continuación del proyecto termine desnaturalizando una posible resolución estimatoria del recurso, cuando la investigación ya haya concluido en noviembre de 2027 y los daños generados sean “irreparables”.
“Es un acto de responsabilidad”
Los integrantes del colectivo resaltan que la interposición del recurso contencioso-administrativo es un acto de responsabilidad con la sociedad, para garantizar el cumplimiento de los Estatutos de la universidad, por razones éticas y para evitar que colabore con un Estado genocida que practica el apartheid.
“Israel desde hace muchos años utiliza la ciencia como una herramienta al servicio de su proyecto colonial y este proyecto le permite acrecentar su enorme poder militar”, destacan.
No obstante, matizan que con la presentación de este recurso su propósito no es “adoptar una postura en contra de nuestra Universidad”.
Aseguran que su único objetivo es promover que desde la Universidad de Oviedo se actúe de manera acorde a sus Estatutos y conforme a los principios éticos exigibles a una institución de educación superior, “un camino del que no debería haberse apartado nunca”, aseveran.
El posicionamiento de la Universidad de Oviedo
Las movilizaciones del colectivo fueron constantes el año pasado, con acampadas en el campus, encierro en el Rectorado, manifestaciones y concentraciones ante el edificio histórico de la Universidad de Oviedo.
Frente a las protestas que están llevando a cabo los integrantes de “Uniovi por Palestina” está el posicionamiento del Rectorado de la Universidad ovetense, que ha recalcado en varias ocasiones que su postura pacifista está “fuera de toda duda”.
El 22 de marzo de 2024 llegó a publicar un comunicado oficial donde se desvinculaba de toda operación militar y manifestaba que estaba en contra de la intervención militar en Gaza.
Acampada en el campus, en junio de 2024, en contra de la colaboración de la Universidad de Oviedo en el proyecto Tiche. Archivo/ elDiario.es Asturias
Tres meses después, integrantes del movimiento “Acampada UniOvi por Palestina” se instalaron en el campus, llevaron a cabo un encierro y se llegaron a encadenar para exigir al Rectorado que hiciera oficial la ruptura de relaciones con Israel y abandonase su participación en el proyecto de investigación Tiche.
Unas protestas que han vuelto a activar tanto por la judicial a través del recurso contencioso-administrativo, como mediante la convocatoria de concentraciones en los campus universitarios.
La empresa navarra es propiedad de CAF, la multinacional con sede en Gipuzkoa que lleva cinco años construyendo y operando líneas de tranvía en territorio palestino ilegalmente ocupado por Israel.
Según informa BDS Nafarroa, Orbital pertenece a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles-CAF y uno de cuyos principales clientes es Airbus, habitual colaborador con las fuerzas armadas israelíes. “Según hemos podido comprobar en su propia página web corporativa, Orbital ha recibido y recibe subvenciones anuales del gobierno de Navarra”, por lo cual solicitan al Ejecutivo Foral que deje de ayudar a la marca siguiendo las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia.
“La Corte avisa en el párrafo 278 que los estados miembros de la ONU tienen la obligación de adoptar “medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”. Es un principio bien establecido del derecho internacional que obligaciones de este carácter atañen también a administraciones regionales como el gobierno de Navarra y a ayuntamientos”, indica BDZ.
Recientemente, el Parlamento de Nafarroa y una larga lista de ayuntamientos han aprobado mociones denunciando la ocupación y expresando solidaridad con el pueblo palestino. “Pero, para cumplir con la legalidad internacional efectivamente hay que pasar de las palabras a los hechos”, dicen desde BDZ. “Es por ello que trasladamos esta información al Gobierno de Navarra y esperamos que siguiendo sus muy correctos posicionamientos durante estos últimos 15 meses, detenga esta colaboración lo que les permitirá, de facto, cumplir con la legalidad internacional al dejar de colaborar con empresas implicadas en la ocupación y el apartheid en Palestina y cumplir con el mandato emanado de la sociedad navarra de poner fin al genocidio que Israel lleva a cabo contra el pueblo palestino.”
El 18 de diciembre de 2024, SOMO, junto con un consorcio de organizaciones de la sociedad civil, presentó nuevas pruebas a la Fiscalía de Róterdam (Países Bajos) en apoyo de nuestra denuncia penal original contra Booking.com BV. La denuncia, presentada el 8 de noviembre de 2023, acusa a la empresa de blanquear los beneficios obtenidos en las actividades en los asentamientos ilegales israelíes en el Territorio Palestino Ocupado (TPO). A pesar de que hasta la fecha las autoridades holandesas no han dado una respuesta sustancial, esta presentación pone de relieve cómo Booking.com no solo ha continuado sus operaciones en estos asentamientos, sino que las ha ampliado significativamente. Las pruebas recopiladas revelan que el número de anuncios en asentamientos ilegales ha aumentado considerablemente desde la denuncia original, en particular en Jerusalén Este, donde el número ha aumentado de 13 a 39 en un año, del 9 de noviembre de 2023 al 9 de noviembre de 2024.
En 2024, Israel declaró la propiedad estatal de al menos 24.248 dunams (5.994 acres) de tierra de Cisjordania, lo que marca la mayor confiscación anual de tierras por parte de Israel en los TPO jamás registrada. El 25 de junio de 2024, más de 3.000 acres del valle del Jordán fueron designados como tierras estatales, lo que representa la mayor apropiación de tierras en tres décadas. Entre la presentación de la denuncia original y antes de la presentación de la denuncia adicional el 18 de diciembre de 2024, las autoridades israelíes demolieron 2.031 estructuras propiedad de palestinos, incluidos 149 edificios residenciales habitados y 103 estructuras financiadas por donantes, la cifra más alta registrada desde 2009. Se han avanzado los planes para el establecimiento de ocho nuevos asentamientos en Jerusalén Oriental con más de 12.000 unidades de vivienda, lo que refleja un aumento del 86% en las aprobaciones de construcción de asentamientos. Estos avances van acompañados de un aumento del 120% en las demoliciones de viviendas, lo que, según los informes, constituye un castigo colectivo contra los palestinos.
En nuestra denuncia, argumentamos que, al promocionar y anunciar propiedades en asentamientos ilegales, Booking.com apoya directamente la normalización y la sostenibilidad económica de estas prácticas ilegales. Al brindar apoyo financiero a los colonos y sus empresas, creemos que la empresa está fomentando el desplazamiento de palestinos y consolidando la expansión de los asentamientos. Afirmamos que esta conducta sustenta el régimen colonial de asentamientos de Israel y las violaciones del derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe el traslado de población a los territorios ocupados. Hemos fundamentado nuestras afirmaciones exhaustivamente. Por ejemplo, las pruebas adicionales se basan en la Opinión Consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, que reafirmó la ilegalidad de los asentamientos israelíes y subrayó la responsabilidad de los Estados de prevenir las actividades económicas que los perpetúan.
Estas violaciones exigen una acción urgente. La respuesta de Booking.com a nuestras acusaciones confirma la urgencia de una intervención. La empresa ha manifestado su intención de seguir operando en los asentamientos a menos que las leyes nacionales lo prohíban explícitamente, afirmando: “[…] permitiremos la presencia de anuncios de cualquier parte del mundo a menos que las leyes nacionales lo prohíban legalmente […]”. Si no se actúa, se corre el riesgo de enviar una señal peligrosa de que se tolerará el blanqueo y el aprovechamiento de los beneficios de los crímenes de guerra, lo que socavaría las normas jurídicas internacionales y la justicia para las comunidades afectadas. Hace tiempo que se debería haber tomado una acción decisiva.
Gracias por ponerte en contacto con Booking.com. Te agradecemos que hayas compartido los resultados de tu investigación por adelantado y que nos hayas dado la oportunidad de aclarar la perspectiva de la empresa.
A lo largo de varios años, hemos dedicado mucha atención y recursos a revisar y considerar un enfoque coherente hacia la inclusión de anuncios en zonas disputadas y afectadas por conflictos en todo el mundo, y cómo alineamos este enfoque con nuestra Declaración de Derechos Humanos, así como con nuestros valores y creencias fundamentales como empresa. Creemos que todo el mundo debería poder conocer el mundo. Viajar es una fuerza para el bien, con el poder de abrir mentes, aumentar la comprensión y promover la aceptación. Si se hace respetando los derechos humanos, el viaje puede ampliar horizontes y reducir barreras.
También creemos que nuestros clientes deben poder tomar sus propias decisiones sobre dónde desean o necesitan viajar y visitar, y que en general no nos corresponde a nosotros restringir sus opciones. En última instancia, creemos que las limitaciones a la libertad de viajar deben ser competencia de los gobiernos y no de las empresas privadas.
En consonancia con estas creencias, operamos bajo la presunción fundamental de que permitiremos la presencia de anuncios de cualquier parte del mundo a menos que las leyes nacionales lo prohíban legalmente aplicandose a nuestro negocio, ya sea a través de sanciones u otros mecanismos legales. Como resultado, mantenemos listados en 223 países y territorios, incluidas jurisdicciones complejas y varias otras zonas disputadas y afectadas por conflictos.
El Derecho internacional (que se aplica a los países frente a las empresas) y las leyes de los países a veces entran en conflicto, como ocurre en este caso. Actualmente, no hay leyes aplicables que prohíban listar propiedades en los asentamientos israelíes de Cisjordania, pero de hecho hay muchas leyes estatales estadounidenses que limitan nuestra capacidad de desvincularnos de la región. Por ejemplo, en 38 estados de Estados Unidos hay medidas que desalientan el boicot o la desinversión en Israel; y algunos estados prohíben explícitamente a los contratistas (proveedores) del Estado negarse a hacer negocios en Israel, o boicotear o desinvertir de otro modo en el país o de sus territorios ocupados. De hecho, se han emprendido acciones legales contra otras empresas que han intentado retirar sus negocios, y prevemos que ese será nuestro caso.
Como empresa, estamos sujetos a las leyes de los países en los que operamos. Y creemos que cumplimos plenamente las leyes establecidas tanto por las autoridades holandesas como por las estadounidenses. Seguimos vigilando de cerca la situación, tanto en lo que respecta a la posibilidad de que cambien las leyes como a la seguridad de nuestros clientes, aplicamos rigurosamente nuestra Declaración de Derechos Humanos y tomamos medidas cuando procede. Este es el mismo enfoque que aplicamos en todo el mundo.
También queremos destacar la importancia de nuestra Declaración de Derechos Humanos, y cómo pensamos sobre su aplicación en este contexto jurídico complejo e internacional. Creemos que una política que analice los anuncios caso por caso, con una mayor diligencia debida basada en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es la que mejor se ajusta a nuestras convicciones fundamentales sobre el valor de los viajes, las fronteras abiertas y la autonomía del cliente.
En cuanto a nuestros limitados anuncios sobre Cisjordania (en el contexto de los más de 29 millones de anuncios de nuestra plataforma), confiamos en expertos internos y externos, y hemos llevado a cabo una diligencia debida reforzada en materia de derechos humanos en estos anuncios de alojamientos de nuestra plataforma. Siempre que vemos anuncios individuales que pueden no estar de acuerdo con nuestras políticas, independientemente de la ubicación, tratamos de comprometernos y tomar las medidas apropiadas, como en otras jurisdicciones, lo que incluye la eliminación de esos anuncios de nuestra plataforma, si es necesario.
También trabajamos para asegurarnos de que los clientes disponen de información precisa sobre su destino. Esto puede incluir asegurarnos de que nuestros catálogos están etiquetados con precisión, e incluir un banner en las páginas de resultados de búsqueda aconsejando a los viajeros que busquen información adicional (por ejemplo, en las advertencias de viaje del gobierno) sobre los viajes a lugares afectados por conflictos. También aplicamos este principio a los asentamientos israelíes en Cisjordania.
Además, para equilibrar adecuadamente los diversos riesgos y preocupaciones en materia de derechos humanos en relación con los controvertidos asentamientos israelíes en Cisjordania, seguimos basándonos en gran medida en un sólido compromiso de las partes interesadas. Trabajamos en estrecha colaboración, y nos reunimos a menudo, con algunos de los principales expertos en empresas y derechos humanos de la región, así como con los que mejor conocen la gestión de seguridad. También colaboramos con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales relacionadas con estos temas. Todas todas estas partes interesadas nos ayudan a entender cómo adherirnos a nuestros valores ante este implacable conflicto y sus profundas complejidades.
Confiamos en que esta carta haya aclarado suficientemente nuestra posición y sirva de respuesta exhaustiva a sus acusaciones de actividad ilegal, con las que estamos en total desacuerdo.
Hace 5 años CAF ganó el concurso para ampliar y mantener el tranvía de Jerusalén. Estos 5 años más de 70 colectivos sociales de Euskal Herrian han denunciado que este proyecto es ilegal. Este tranvía es una infraestructura civil que ayuda a sostener y legitimar la colonización, ya que está pensado para la transferencia de población colona israelí en territorio ocupado. Además, su construcción conlleva la expropiación de tierras palestinas en Jerusalén Este. El que fuera socio israelí de CAF, Saphir, está incluido en la base de datos de Naciones Unidas que nombra a más de 110 empresas que se benefician de la ocupación palestina y el apartheid.
Por este motivo, [el sindicato vasco] ELA firma el siguiente manifiesto en el que pide a CAF que cumpla con el derecho internacional y se retire del proyecto del Tranvía y así deje de ser cómplice de la ocupación palestina.
COMUNICADO CONJUNTO
CAF, NO CONSTRUYAS EL TRANVIA EN TIERRAS OCUPADAS ILEGALMENTE
Hace 5 anÞos maìs de 70 colectivos, sindicatos y partidos poliìticos vascos iniciamos una campanÞa con el objetivo de que la empresa vasca de ferrocarriles CAF cancelara el contrato para la ampliacioìn y el mantenimiento del tranviìa en Jerusaleìn, un tranviìa que une la ciudad con las colonias israeliìes en Territorio Ocupado Palestino.
5 anÞos despueìs y pese a que CAF continuìe violando el derecho internacional y colaborando con el apartheid israeliì, la campanÞa estaì mucho maìs fuerte y se ha convertido en uno de los objetivos estrateìgicos para el Comiteì Nacional de Boicot, el oìrgano que coordina desde Palestina la campanÞa internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel hasta que eìste cumpla con el derecho internacional.
Durante estos 5 anÞos hemos denunciado que este proyecto es ilegal. En primer lugar, porque la socia israeliì de CAF en este contrato, Saphir, estaì incluida en la base de datos de Naciones Unidas que nombra maìs de 110 empresas que se benefician de la ocupacioìn y el apartheid israeliì en palestina; en segundo lugar, porque es una infraestructura civil que ayuda a sostener y legitimar la colonizacioìn, ya que estaì pensada para la transferencia de poblacioìn colona israeliì en territorio ocupado; y en tercer lugar, porque su construccioìn conlleva la expropiacioìn de tierras palestinas en Jerusaleìn Este.
El comiteì de empresa de CAF en Beasain ha exigido en varias ocasiones a la direccioìn de CAF que cancelara el contrato; la campanÞa “CAF, Baìjate del Tren del Apartheid israeliì” ha puesto en marcha iniciativas de movilizacioìn social y de agitacioìn en redes sociales, senÞalando las complicidades de instituciones vascas con CAF, como el Gobierno Vasco; y se ha mantenido la movilizacioìn social en Euskal Herria para presionar y denunciar que no queremos una empresa “made in Euskal Herria” que vulnere los derechos humanos. Aun asiì, haciendo oiìdos sordos a las demandas de sus trabajadoras y la sociedad civil, CAF ha seguido adelante con su participacioìn en el contrato y es ya coìmplice de la ocupacioìn en Palestina.
Y esto lo saben en Palestina. Por eso, la campanÞa se ha convertido en una iniciativa internacional, que busca activar al movimiento BDS en diferentes lugares para que se ampliìe la presioìn sobre CAF y se retire de Palestina. En Noruega, en Francia, en Reino Unido, en Meìxico, en Colombia han entendido que sus instituciones no pueden aceptar a CAF para la gestioìn o mantenimiento de sus trenes (metros, tranviìas). Y el boicot popular es efectivo. Existe el precedente de la multinacional francesa Veolia que en 2015 tuvo que vender todas sus inversiones en Israel (entre ellas la del tranviìa de Jerusaleìn) debido a las millonarias peìrdidas generadas por la campanÞa BDS.
Todos los criìmenes en los que colabora CAF han sido reconocidos tambieìn por la Corte Internacional de Justicia en 2024 en un dictamen que declara ilegal la ocupacioìn israeliì de Palestina y obliga a los Estados (por omisioìn tambieìn a las instituciones de ese Estado) a impedir entablar relaciones econoìmicas o comerciales con Israel en relacioìn con el territorio palestino ocupado o partes del mismo que puedan afianzar su presencia iliìcita en el territorio.
Por ello, en un contexto en el que Israel estaì cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino y asediando el territorio ocupado palestino, quienes en Euskal Herria firmamos este manifiesto pedimos una vez maìs que CAF cumpla con el derecho internacional, se retire del proyecto del Tranviìa de Jerusaleìn y asiì deje de ser coìmplice de la ocupacioìn de Palestina. Y exigimos que las instituciones vascas, principalmente el Gobierno Vasco en calidad de accionista de CAF, retiren su apoyo a CAF mientras eìsta no cumpla con la legalidad internacional.
LaAudiencia Nacional se desdice y ayuda al Gobierno a ocultar nuevos datos sobre el comercio de armas con Israel
Campaña “Fin al comercio de armas con Israel”. El pasado 17 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordó requerir al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la aportación de abundante información y documentación sobre las relaciones armamentísticas entre España e Israel. Concretamente, la Sala admitió la petición de prueba de la Comunitat Palestina de Catalunya respecto a: los expedientes administrativos de las autorizaciones vigentes de transferencia de material de defensa y de doble uso con destino Israel, los informes de las revisiones de las licencias de exportaciones a Israel autorizadas antes del 7 de octubre de 2023, así como los análisis y documentos de control de riesgo especial.
Esta decisión judicial fue recibida con cierto optimismo por parte del movimiento de solidaridad con Palestina, ya que, de ser respetada, representaría la primer oportunidad de fiscalizar la posible complicidad de nuestro Gobierno con el genocidio del pueblo palestino.
Apenas tres semanas después de admitir la petición de prueba, la Audiencia Nacional ha dictado un auto “aclaratorio” de fecha 10 de febrero mediante el que acuerda la inadmisión de la totalidad de la petición de prueba antes admitida. Esta decisión supone vaciar de contenido lo ya acordado previamente, poniendo fin a la única vía para obtener información relevante, pertinente y objetiva sobre qué ha hecho el Ministerio de Economía para poner fin al comercio de armas con Israel.
A todas luces se trata de una resolución arbitraria, carente de fundamento y que facilita que el Gobierno de España continúe ocultando información y documentación acerca de cuáles han sido las relaciones armamentísticas entre España e Israel tras el 7 de octubre de 2023.
Cuestionamos la legitimidad de este auto, el cual nos invita a pensar qué ha llevado a la Audiencia Nacional a contradecirse y a desviarse de un criterio adoptado hace escasas semanas. Esta decisión pone en tela de juicio la separación de poderes y la independencia del poder judicial, favoreciendo de facto al Ministerio de Economía, al permitir que continúe guardando silencio y manteniendo una actitud obstruccionista de la verdad.
Pese a que en el mes de octubre la ministra de Defensa Margarita Robles anunció la congelación de las compras de armas a Israel, el Gobierno de España sigue sin haber facilitado ni un solo documento en el que explique de qué manera ha cumplido con esta promesa. El esclarecimiento de esta cuestión es absolutamente prioritario ya que hasta la fecha el Gobierno de España no ha decretado formalmente un embargo de armas a Israel, habiéndose mantenido prácticamente intactas las relaciones militares entre ambos países.
La campaña “Fin al comercio de armas con Israel” lleva más de 16 meses exigiendo la adopción de medidas concretas para detener la compra, venta y tránsito de armas a un país acusado de violaciones del Derecho Internacional gravísimas: genocidio, crímen de apartheid y ocupación militar. Ante esta situación, el Gobierno de España se ha limitado a anunciar medidas abstractas, las cuales hemos demostrado mes a mes que eran mentira. En este sentido, el portal público DataComex informaba el 17 de febrero de 2025 que durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 España ha comprado material militar a Israel por valor de 1,7 millones de euros. (IMAGEN Nº 1)
Desde la Campaña “Fin al comercio de armas con Israel”, exigimos al Gobierno de España que:
Imponga de manera inmediata un embargo de armas integral a Israel, aprobando la Proposición de Ley por la que se reforma la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, introduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico.
Informe de manera clara y concreta acerca de cuáles han sido las decisiones adoptadas tras el 7 de octubre de 2023 para poner fin al comercio de armas con Israel.
Revoque el Acuerdo entre el Gobierno de España y el Estado de Israel relativo a la protección de información clasificada de 7 de febrero de 2011.
Sin transparencia e información no puede haber democracia. Es urgente anular un acuerdo de confidencialidad a perpetuidad suscrito con un país genocida.
En mayo del año pasado, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, anunció que España no permitiría el tránsito de material militar por España con destino a Israel. Las investigaciones del PI y del PYM han revelado que entre mayo y septiembre de 2024 al menos veinticinco barcos con material militar estadounidense destinado a Israel transitaron por el puerto español de Algeciras.
Esta semana, la Internacional Progresista, el Movimiento de la Juventud Palestina y el Comité de Servicios de los Amigos Americanos publicaron una investigación condenatoria que expone el flujo de equipo militar de España a Israel. La noticia es explosiva en España y fue ampliamente difundida por El Diario .
En mayo del año pasado, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, anunció que España no permitiría el tránsito de material militar por España con destino a Israel. Las investigaciones del PI y del PYM han revelado que entre mayo y septiembre de 2024 al menos veinticinco barcos con material militar estadounidense destinado a Israel transitaron por el puerto español de Algeciras.
El último informe pasa del mar al aire. Aporta pruebas de que más de 60.000 piezas de armamento han sido transportadas a través de aeropuertos españoles desde octubre de 2023, siendo la Base Aérea de Zaragoza un centro crítico para estas operaciones. Entre ellas se encuentran «piezas y accesorios para artillería, fusiles, lanzacohetes/granadas y ametralladoras» y «piezas y accesorios para revólveres y pistolas».
Los vuelos fueron realizados por seis aerolíneas: Challenge Air Cargo, las estadounidenses National Air Cargo y Atlas Air, la islandesa Air Atlanta Icelandic, la polaca SkyTaxi y la uzbeka MyFreighter.
Tres de ellas, Challenge Air Cargo, National Air Cargo y Atlas Air, ya han sido utilizadas para transportar carga militar a Israel, fletadas por Estados Unidos. Se han documentado vuelos de este tipo desde varias bases aéreas estadounidenses, incluidas Sigonella en Italia y Al-Udeid en Qatar.
Tras la publicación del informe, la relatora especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, emitió una declaración en la que implora al gobierno español “que detenga todos los vuelos militares a Israel. El genocidio de Israel contra el pueblo palestino no debe ser posible gracias a la tierra y el trabajo españoles. Hacer lo contrario no sólo sería una contravención del artículo 1 común de la Convención de Ginebra, sino también una violación de las obligaciones legales de los Estados de poner fin a la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel y de prevenir y detener el genocidio, tal y como ha determinado la Corte Internacional de Justicia”.
Sumar, el partido junior del gobierno de coalición español, presentó una denuncia oficial ante la Audiencia Nacional española solicitando que se investiguen las posibles responsabilidades penales expuestas por la investigación.
Los hallazgos ponen de relieve una realidad inquietante: la infraestructura de la guerra sigue rodeada de secreto, sostenida por una red mundial de empresas criminales que operan con impunidad. A pesar del devastador costo humano de la agresión militar, los mecanismos que posibilitan estas atrocidades (las aerolíneas comerciales, los contratistas privados y la logística autorizada por el Estado) rara vez se examinan.
Esta investigación se basa en un creciente conjunto de pruebas que revelan violaciones similares en toda Europa. En Bélgica, las aerolíneas han enfrentado la indignación pública por transportar carga militar a Israel, mientras que en Irlanda han estallado escándalos por el uso de aeropuertos civiles para facilitar el envío de armas. Estos casos revelan un patrón de complicidad, en el que actores corporativos y estatales explotan lagunas legales y cadenas de suministro opacas para alimentar la violencia.
Sin embargo, incluso cuando salen a la luz estas revelaciones, todavía sabemos muy poco sobre el alcance real de esta infraestructura. ¿Quién se beneficia de estos envíos? ¿Quién hace la vista gorda ante sus consecuencias? ¿Quién será responsable de la destrucción que permiten? Y lo más importante, ¿cómo se los puede detener?
Este informe es un paso más para revelar la verdadera y más frágil naturaleza de la maquinaria de guerra, para que podamos derribarla juntos. Léalo aquí , compártalo ampliamente en sus redes, únase a nuestros esfuerzos para abrir la caja negra de una vez por todas.
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