i algo ha sido consistente en la trayectoria del Estado de Israel desde su implantación en 1948 en el territorio palestino (e incluso desde los violentos antecedentes que lo precedieron) es la obsesión por construir un relato −y políticas acordes− que, al tiempo que elimina todo vestigio del pasado y la identidad árabe de Palestina, construye mitos y los vende como verdad a Occidente.
Nada Kiswanson, representante de Al Haq ante la Corte Penal Internacional, está recibiendo amenazas de muerte desde febrero (foto: Henk Brandsma).
Esos mitos presentan a Israel como la víctima o pequeño David que debe ‘defenderse’ de los violentos y salvajes vecinos árabes que amenazan su existencia y buscan destruirlo. Así, todos los gobiernos occidentales repiten como un mantra que “Israel tiene derecho a defenderse”, olvidando que según el Derecho Internacional quien tiene derecho a defenderse no es la potencia ocupante, sino el pueblo que está sometido a la ocupación extranjera o al dominio colonial. Pero ya sabemos que Israel es experto en invertir los términos de la ecuación y presentar a su víctima como victimario.
Por supuesto que el control sionista de los medios masivos de (in)comunicación ha sido clave para imponer esa falsa narrativa y los mitos pasados y presentes que tergiversan la verdad. Pero la expansión de las nuevas tecnologías y de las redes sociales ha convertido a cualquier palestino o activista internacional con un teléfono inteligente en periodistas ciudadanos que muestran al mundo los crímenes del sionismo en tiempo real, ya sea un bombardeo en un mercado de Gaza, una demolición en una aldea beduina del Naqab (Negev) o una ejecución a sangre fría en la Ciudad Vieja de Hebrón. Por eso la percepción global de lo que realmente pasa en el pedazo de tierra más pequeño y disputado del mundo está cambiando aceleradamente.
Y si hay un lujo que Israel no puede darse es que se conozca la verdad y que sus mitos y falsos relatos se desmoronen como castillos de naipes. Por eso está apelando a todos los recursos posibles (y tiene muchísimos) para impedirlo. En columnas pasadas ya hemos escrito sobre los desesperados esfuerzos por deslegitimar y criminalizar al movimiento BDS (boicot, desinversión y sanciones a Israel, inspirado en la lucha sudafricana contra el apartheid).
De hecho cada semana hay noticias de una nueva embestida israelí contra las potenciales amenazas a su narrativa oficial. En este último mes se multiplicó el número de internacionalistas a quienes Israel les prohibió la entrada al país, tanto a través del aeropuerto de Tel Aviv como de la frontera terrestre con Jordania. La mayoría eran de nacionalidad estadounidense; algunas de ellas son connotadas integrantes del movimiento BDS en EE.UU., o responsables de proyectos educativos, culturales o humanitarios para aliviar a la población de la castigada y bloqueada Franja de Gaza. También se le está negando la entrada a cada vez más voluntarias(os) del mayor programa de acompañamiento internacional en Cisjordania, dependiente del Consejo Mundial de Iglesias. No es difícil sospechar que puede ser una venganza por las resoluciones de algunas iglesias cristianas de retirar inversiones de empresas cómplices con la ocupación de Palestina (la última fue la Iglesia Evangélica Luterana de EE.UU., que votó por la desinversión por una mayoría del 90%).
Cabría recordar aquí que el país que se define como “la única democracia de Medio Oriente” no permite la entrada de absolutamente ninguna misión de observación u organismo internacional de derechos humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de DD.HH. –por mencionar a las más grandes− no pueden entrar a Israel/Palestina, y deben hacer su trabajo de campo en forma casi clandestina a través de informantes locales calificados. Israel tampoco permite la entrada de ningún representante de los mecanismos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. De hecho en enero pasado el Relator Especial de la ONU para los DD.HH. en el Territorio Palestino Ocupado, Makarim Wibisono, renunció a su cargo debido a la persistente negativa de Israel a permitirle el ingreso al país (como tampoco lo permitió a ninguno de sus predecesores).
Recientemente se supo también que la organización de colonos judíos Lev HaOlam (ubicada en la colonia Shilo, una de las más violentas de Cisjordania ocupada) ha creado una línea telefónica directa para que la gente denuncie a activistas internacionales que apoyan al movimiento BDS, a fin de advertir preventivamente a las autoridades israelíes y hacer que sean deportados.
Toda la información recibida a través de la línea telefónica −cuántos activistas vio el informante, qué hacían, cuáles son sus nombres, dónde viven, si usan cámaras o representan a alguna organización− es recogida y enviada a las autoridades. Nati Rom, director y fundador de Lev HaOlam, señaló: «Esta es una iniciativa civil, cuyo objetivo es localizar a activistas que llegan aquí como turistas e intentan dañar al proyecto sionista sobre el terreno».
Rom reconoció que la línea directa es una respuesta al llamado del ministro de Seguridad Pública Gilad Erdan, quien junto al ministro del Interior Arye Dery anunció el 7 de agosto la creación de un grupo de trabajo conjunto para deportar del territorio controlado por Israel a internacionalistas que apoyan al BDS. El mismo Erdan incitó directamente a la sociedad israelí a denunciar a activistas internacionales del BDS en su página de Facebook: «Si usted tiene información sobre cualquiera que finja ser un turista y sea en realidad un activista BDS, díganoslo y lo expulsaremos del país».
Por otro lado, hace poco se hicieron públicas las continuas amenazas de muerte que desde febrero viene recibiendo, contra ella y su familia, la joven abogada Nada Kiswanson que representa a la organización palestina de derechos humanos Al Haq ante la Corte Penal Internacional, en La Haya. La sofisticación tecnológica, la capacidad logística y la impunidad con que se llevan a cabo dichas amenazas −constantes en todos sus desplazamientos geográficos y por todos los medios electrónicos empleados por la abogada (incluso encriptados) y sin dejar rastro− indican que detrás de las mismas están los servicios secretos de Israel, que tienen un largo y siniestro historial de operaciones encubiertas extraterritoriales –y criminales− contra quienes consideran “enemigos”.
Una vez más, la obsesión de Israel por el creciente deterioro de su imagen internacional no le lleva a hacerse responsable de sus políticas violatorias del Derecho Internacional, sino a satanizar a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales como el BDS, que revelan ante la opinión pública mundial la verdadera naturaleza de su régimen de apartheid y ocupación colonial. En particular el trabajo de Al Haq y otras tres organizaciones de derechos humanos palestinas ha sido presentar ante la CPI evidencias contundentes de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Israel (particularmente durante su brutal ataque sobre Gaza en 2014); otro lujo que los sionistas no se pueden dar.
Y porque no puede ganar en el terreno de la verdad y la legalidad, al sionismo solo le queda emplear las únicas armas que conoce desde hace siete décadas: la mentira, la propaganda, el bullying y la violencia. Ejércitos enteros de ‘soldados ideológicos’ asalariados se dedican en todo el mundo a calumniar, deslegitimar, amedrentar y atacar a personas y grupos de derechos humanos y de solidaridad con la causa palestina. Tanto Netanyahu como Erdan o la ministra de Justicia Ayelet Shaked han dicho abiertamente que el BDS y los grupos de derechos humanos son “amenazas estratégicas” que requieren respuestas estratégicas. Y la estrategia detrás de las amenazas a la representante ante la CPI es aislar a Palestina y debilitar sus vínculos con Europa, la ONU y el mundo.
Pero Israel hace tiempo que está perdiendo la batalla de la opinión pública; en buena medida gracias a sus propios ‘méritos’ criminales, pero también al periodismo ciudadano, a las redes y medios alternativos, y sin duda al movimiento BDS, que está cambiando la percepción y el discurso sobre lo que realmente pasa en Palestina. Y ese poder ciudadano que crece desde abajo no está dispuesto a dejarse amedrentar por el viejo bullying sionista.
Una muestra potente de ese nuevo espíritu lo ha dado esta semana la hinchada del equipo de fútbol Celtic de Escocia, que –violando la prohibición expresa de la liga de fútbol europea, y habiendo sido ya multado hace cuatro años− volvió a llenar las tribunas de su estadio con un mar de banderas palestinas en el partido que su equipo disputó contra el israelí Hapoel Beer Sheva. Y además dobló la apuesta: después de saber que la sanción sería de 15.000 libras, lanzó una campaña para “empatar la multa” y recaudar otro tanto para destinarlo a dos organizaciones palestinas −una de ellas de un campo de refugiados de Belén. Hasta el momento los escoceses llevan recaudadas más de 100.000 libras.
Lecciones de valentía y solidaridad como las del Celtic se están multiplicando en todo el mundo; porque como dijo Abdulrahman Abunahel, portavoz del Comité Nacional Palestino del BDS: «Tras fracasar en el intento de contrarrestar o incluso suavizar el impacto que tiene el BDS en el creciente aislamiento de su brutal régimen de opresión, Israel se está quitando la máscara. Está revelando al mundo su verdadero rostro de Estado paria, belicista y despiadado, que recurre a las mismas herramientas represivas que utilizó la Sudáfrica del apartheid en su última etapa, antes de su colapso final.»
La hinchada del Celtic de Escocia llenó su estadio de banderas palestinas…
…en el partido contra el israelí Hapoel Beer Sheva
Columna mensual publicada en Desinformémonos.
Fuente: María Landi, Blog Palestina en el Corazón
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