Algunos casos recientes exponen al mundo el injusto y discriminatorio sistema jurídico israelí
Arabnews, 7 de enero de 2022
La decisión adoptada este mes por un juez israelí del Tribunal de Beer Sheva pilló desprevenido al abogado Maher Hanna. Y es que Hanna, miembro del Colegio de Abogados de Israel, ya se había encontrado con el caso más extraño de su carrera al intentar que su cliente, Mohammed El-Halabi, fuera liberado.
El-Halabi, antiguo jefe de operaciones de la organización humanitaria World Vision en Gaza, lleva en una cárcel israelí desde junio de 2016. Fue detenido cuando regresaba de Jerusalén y se le acusa de ser el artífice de una conspiración financiera para desviar millones de dólares destinados a labores humanitarias a organizaciones que las autoridades israelíes han catalogado como grupos terroristas.
Los medios de comunicación israelíes informaron de la astronómica cifra de 50 millones de dólares por el valor del presunto fraude. Esta cifra supera con creces todo el presupuesto de la organización cristiana con sede en Estados Unidos. De hecho, World Vision y sus donantes australianos llevaron a cabo una auditoría forense independiente de alto nivel de todas las cuentas de sus operaciones en Gaza y no encontraron ninguna prueba de que El-Halabi hubiera actuado mal. Su límite máximo de gasto personal era de 300 dólares, mientras que el límite financiero de toda su oficina era de apenas 15.000 dólares.
Desde su detención, y su supuesta tortura durante más de 50 días, las autoridades israelíes le han ofrecido repetidamente liberarlo si acepta un acuerdo de culpabilidad en el que admita, bueno, casi cualquier cosa, sólo para encubrir el grave error que se cometió al detenerlo. Él se ha negado, diciendo que no admitirá un delito que no ha cometido.
El caso ha sido extraño desde el primer día, incluyendo pruebas secretas e irregularidades en torno a lo que el abogado defensor podía ver y hacer. Culminó el verano pasado con la orden del juez israelí de que Hanna tecleara su alegato final en el ordenador del fiscal israelí, y se negó a darle una copia del mismo.
Hanna finalizó su alegato en septiembre, de acuerdo con las inusuales exigencias del tribunal. Todavía no se ha dictado sentencia y el Tribunal Superior de Justicia de Israel ha ordenado al tribunal de Beersheba que tome una decisión antes del 24 de enero. La libertad bajo fianza se ha denegado en repetidas ocasiones debido a que El-Halabi está acusado de traición [a Israel].
La última sorpresa para Hanna en el caso fue la orden del juez, el 5 de enero, de que debe reducir su alegato final de 386 páginas a 100 páginas. Y que sólo podrá hacerlo cuando el fiscal israelí le permita acceder al ordenador portátil en el que se vio obligado a escribir el argumento original.
Tan extraño como ese caso, también surgió otra parodia judicial en los primeros días de 2022, cuando un tribunal israelí ordenó al Patriarcado Ortodoxo Griego que pagara 13 millones de dólares en multas al Fondo Nacional Judío por un caso de hace 20 años relacionado con el vencimiento de un contrato de arrendamiento de un terreno concedido por la iglesia a constructores israelíes en la década de 1950. El caso surgió cuando unos delincuentes judíos israelíes engañaron a la iglesia y al Fondo Nacional Judío sobre una prórroga del contrato de arrendamiento.
Los estafadores fueron atrapados, condenados y encarcelados, pero ahora los tribunales han ordenado a la iglesia pagar una enorme multa por un delito que no cometió.
Estos dos casos fueron precedidos por la continua política israelí de detención administrativa, en virtud de la cual unos 450 palestinos están detenidos sin cargos ni juicio. Algunos, como Hisham Abu Hawash, han protestado contra su detención iniciando una huelga de hambre.
La política de detención administrativa fue heredada por las autoridades israelíes del anterior gobierno británico que, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, había aprobado una ley de emergencia que permitía la detención de sospechosos sin cargos ni juicio. Se supone que esta facultad sólo debe utilizarse en circunstancias raras y excepcionales, bajo estrecha supervisión y con restricciones para garantizar que no se abusa de los derechos de los sospechosos.
Pero bajo el gobierno israelí se ha convertido en una forma de castigo político utilizado contra los palestinos. Los frecuentes casos se han vuelto tan vergonzosos que el principal diario independiente de Israel, Haaretz, ha pedido al gobierno israelí que abandone la draconiana ley y acuse a las personas y presente las pruebas en su contra o las ponga en libertad.
Los casos que he mencionado no son nuevos para quienes siguen las violaciones israelíes de los derechos humanos de los palestinos. Son una acusación condenatoria del deterioro total del sistema judicial israelí, que ha sido secuestrado completamente por los servicios de seguridad e inteligencia israelíes y se ha convertido en un instrumento de los gobiernos israelíes de derechas.
Las democracias occidentales se han referido durante mucho tiempo a los valores democráticos de la justicia y el Estado de Derecho que comparten con Israel. Si los casos anteriores son un indicio, tal afirmación debe ser revisada.
Los intentos de Israel de ocultar sus acciones tras un barniz de leyes justas han quedado totalmente expuestos como lo que son: Instrumentos de opresión y discriminación.
Cuando las organizaciones israelíes e internacionales de derechos humanos describen un régimen de apartheid que existe para los pueblos que viven entre el río Jordán y el Mediterráneo, el corrupto sistema legal israelí es un reflejo de este sistema de discriminación.
Los crímenes de apartheid han sido declarados crímenes de guerra. Por tanto, ¿se ocupará la comunidad internacional de los continuos crímenes de guerra de Israel, incluidas las políticas discriminatorias de su sistema judicial?
- Daoud Kuttab es un galardonado periodista palestino y antiguo profesor de periodismo de la Universidad de Princeton. Twitter: @daoudkuttab
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario