Nota integra de la agencia WAFA (en árabe,
en el original)
Procesamiento
de dos empresas españolas que trabajan en un proyecto colonial
Su Excelencia el ministro de Economía
Nacional Palestino, Sr. Khaled Al-Osaily, envió una carta al ministro de
Industria, Comercio y Turismo de España, Excmo. Sr. Héctor José Hernández,
exigiéndole que tome medidas urgentes para que las empresas españolas CAF y GMV
que están contribuyendo a la construcción y ampliación del tren ligero en
Jerusalén, junto con la empresa israelí Shapir, se retiren del proyecto.
En su carta, el ministro pidió el cese
inmediato de los trabajos de las dos empresas en este proyecto ilegal, que
representa una flagrante violación del derecho internacional y de las
resoluciones de las Naciones Unidas, en especial la Resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU N° 2334 (2016). El proyecto ampliará las líneas de tren y
conectará los asentamientos israelíes ilegales de Jerusalén Este con la parte
occidental de la ciudad.
La carta también afirmaba que Jerusalén
Este está dentro de la jurisdicción legal palestina de acuerdo con el derecho
internacional, y que la violación de la ley por parte de las dos empresas no se
debe solo a que sus negocios se llevan a cabo en asentamientos que han sido
ampliados o construidos a expensas de la usurpación tierras palestinas, sino
también porque esto contribuye al desplazamiento forzoso de los civiles palestinos
y la fragmentación de sus comunidades.
La carta también advirtió que continuar
participando en estas actividades ilegales en los territorios palestinos
ocupados tendría graves consecuencias legales para las dos empresas.
A fines de 2020, Amnistía Internacional
solicitó a CAF que pusiera fin a sus operaciones en Territorios Palestinos
Ocupados lo más rápidamente posible.
Amnistía Internacional, junto a más de 30
organizaciones de derechos humanos y sindicatos, habían solicitado la inclusión
de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en la base de
datos de Naciones Unidas sobre empresas con actividades en los Territorios
Palestinos Ocupados, que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos actualiza regularmente en cumplimiento de la resolución 31/36 del
Consejo de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional advirtió en su
carta a CAF que "actos esenciales para el establecimiento de asentamientos
constituyen crímenes de guerra en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional".
La organización de derechos humanos afirmó
que "la inclusión en esta Base de Datos significa que las empresas,
directa e indirectamente, han permitido, facilitado y aprovechado la
construcción y el crecimiento de los asentamientos; por lo que estas empresas
se benefician de las violaciones sistemáticas de los derechos de la población
palestina a ellas, lo que equivale a crímenes de guerra tipificados en el
derecho penal internacional".
https://www.mne.gov.ps/newsdetails.aspx?NewsId=6557
Santiago González Vallejo
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