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El primer ministro australiano es llevado a la Corte Penal Internacional acusado de complicidad en genocidio
El bufete Birchgrove Legal presenta ante la Corte Penal Internacional una demanda por complicidad en genocidio
Birchgrove Legal, nota de prensa de 5 de marzo de 2024
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha sido llevado a la Corte Penal Internacional como cómplice de genocidio en Gaza, lo que le convierte en el primer dirigente de una nación occidental remitido a la CPI en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma.
Un equipo de abogados australianos de Birchgrove Legal, dirigido por la abogada Sheryn Omeri, ha dedicado meses a documentar la presunta complicidad y a esbozar la responsabilidad penal individual del Sr. Albanese respecto a la situación en Palestina.
El documento de 92 páginas, que ha sido respaldado por más de cien abogados y consultores australianos, fue presentado ayer al Fiscal de la CPI, Karim Khan.
El documento expone una serie de medidas adoptadas por el Primer Ministro y otros ministros y miembros del Parlamento, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores Wong y el líder de la oposición, para que el fiscal las considere e investigue. Entre ellas figuran:
Congelación de 6 millones de dólares de financiación a la principal agencia de ayuda que opera en Gaza -la UNRWA- en medio de una crisis humanitaria basada en afirmaciones infundadas de Israel, después de que la Corte Internacional de Justicia considerara plausible que estuviera cometiendo genocidio en Gaza.
Proporcionar ayuda militar y aprobar exportaciones de material de defensa a Israel, que podrían ser utilizadas por el ejército israelí (Fuerzas de Defensa Israelí, FDI) en el curso de la comisión prima facie de genocidio y crímenes contra la humanidad.
Desplegar ambiguamente un contingente militar australiano en la región, cuya ubicación y función exacta no se han revelado.
Permitir a los australianos, explícita o implícitamente, viajar a Israel para unirse a las FDI y participar en sus ataques contra Gaza.
Proporcionar un apoyo político inequívoco a las acciones de Israel, como demuestran las declaraciones políticas del primer ministro y otros miembros del Parlamento, incluido el líder de la oposición.
La Sra. Omeri dijo que el caso era jurídicamente significativo porque se centraba exclusivamente en dos modos de responsabilidad accesoria.
"El Estatuto de Roma establece cuatro modos de responsabilidad penal individual, dos de los cuales son accesorios", dijo Omeri.
"En relación con la responsabilidad accesoria, una persona puede ser penalmente responsable de un crimen establecido en el Estatuto de Roma si, con el fin de facilitar la comisión de ese crimen, si esa persona ayuda, instiga o asiste de cualquier otro modo a la comisión del crimen, o a su tentativa de comisión, incluso proporcionando los medios para su comisión.
"En segundo lugar, si esa persona contribuye de cualquier otro modo a la comisión del delito o a su tentativa de comisión por un grupo, a sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el delito".
La Sra. Omeri dijo que la comunicación sobre el artículo 15 había sido redactada cuidadosamente por quienes la instruían y que ahora era un asunto que debía estudiar el Fiscal.
"La Fiscalía de la CPI ya está llevando a cabo una investigación en curso sobre la situación en el Estado de Palestina, que lleva a cabo desde marzo de 2021", dijo Omeri.
"Esto incluye la investigación de los hechos ocurridos desde el 7 de octubre de 2023. Esta comunicación del artículo 15 se sumará a las pruebas de que dispone el Fiscal en relación con esa situación".
"La comunicación en virtud del artículo 15 coincide con las recientes causas judiciales nacionales incoadas contra dirigentes occidentales en varios países, como en Estados Unidos, contra el presidente Biden, y más recientemente en Alemania, contra el canciller Scholz, entre otros altos ministros del Gobierno.
"Estos casos demuestran un deseo creciente por parte de la sociedad civil y de los ciudadanos de a pie de los países occidentales de garantizar que sus gobiernos no colaboran en la perpetración de crímenes internacionales, especialmente en circunstancias en las que la CIJ ha encontrado un caso plausible de genocidio en Gaza."
El abogado principal de Birchgrove Legal, Moustafa Kheir, declaró que su equipo había escrito en dos ocasiones al Sr. Albanese, poniéndole sobre aviso y solicitando una respuesta en nombre de los demandantes, que constituyen un gran consorcio de ciudadanos australianos preocupados, incluidos los de etnia palestina.
El Sr. Kheir dijo que en ambas ocasiones se hizo caso omiso de las comunicaciones.
"Desde octubre hemos intentado comunicarnos con nuestro primer ministro, pues creemos razonablemente que él y los miembros de su gabinete están alentando y apoyando los crímenes de guerra cometidos por Israel contra civiles palestinos mediante su asistencia política y militar", declaró Kheir.
"El primer ministro ha hecho caso omiso de nuestras preocupaciones y, dadas las limitadas vías de recurso de que disponemos en virtud de la legislación nacional, no nos ha quedado más remedio que presentar esta comunicación en virtud del artículo 15 ante la Corte Penal Internacional.
"Nuestra comunicación ha sido respaldada por el King's Counsel Greg James AM y por más de 100 abogados, jueces jubilados, profesores de derecho y académicos de toda Australia que desean poner a prueba la fuerza del derecho internacional para responsabilizar a sus propios líderes democráticos, dadas las barreras a las que nos enfrentamos para hacerlo a nivel nacional.
"Como abogados y consultores, es imposible cruzarse de brazos y observar infracciones sostenidas del derecho internacional mientras Albanese sigue refiriéndose al autor como "un querido amigo"".
Puede consultarse una copia de la solicitud aquí: https://birchgrovelegal.com.
Sobre los antecedentes
En Australia, no se puede iniciar un proceso por crímenes internacionales sin la aprobación y el apoyo del Fiscal General, lo que plantea un importante conflicto de intereses.
Recientemente se ha presentado en el Senado un proyecto de ley para eliminar este bloqueo. De aprobarse, el proyecto de ley pondría fin a la facultad del fiscal general para impedir que los tribunales australianos conozcan de casos de crímenes contra la humanidad.
La CPI es un tribunal de última instancia. Enjuiciará crímenes internacionales cuando los Estados Partes en el Estatuto de Roma, como Australia, no puedan hacerlo por sí mismos o se muestren reacios a hacerlo.
El pasado mes de noviembre, más de 1.400 abogados firmaron una carta en la que se pedía al gobierno australiano que ejerciera su influencia para garantizar el alto el fuego en Gaza y Cisjordania y asegurar el suministro adecuado de alimentos, combustible, medicinas y otro tipo de ayuda humanitaria a Gaza, así como el restablecimiento incondicional del suministro de agua y electricidad.
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