Los refugios superpoblados, las aguas residuales y el hambre aumentan el brote de enfermedades mortales en Gaza OXFAM NOVID

 Los refugios superpoblados, las aguas residuales y el hambre aumentan el brote de enfermedades mortales en Gaza

• OXFAM NOVID, Países Bajos, 13 de mayo de 2024

Los daños causados ​​a la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza por los ataques israelíes ascienden al menos a 210 millones de dólares

La destrucción del 87% de todas las instalaciones de agua y saneamiento en Gaza, combinada con los refugios superpoblados, la desnutrición catastrófica y el calor, está empeorando el brote de enfermedades mortales en Gaza, advirtió hoy Oxfam. La situación humanitaria se ha deteriorado aún más debido a la invasión israelí de Rafah y los nuevos bombardeos del norte y centro de Gaza. Apenas queda espacio en los superpoblados centros de recepción para los más de 350.000 habitantes de Gaza que huyeron de la violencia en Rafah. Los alimentos, el agua potable y el combustible se están agotando debido al cierre de los puestos fronterizos. 

“Nuestros compañeros de Oxfam describen cómo, además de los sucios residuos domésticos por todas partes, las calles se han convertido en apestosos arroyos de aguas residuales. Los habitantes de Gaza tienen que sobrevivir entre toda esa inmundicia. La gente bebe esa agua contaminada porque no hay otra opción. Los niños son picados por insectos atraídos por las aguas residuales. Tememos el estallido de epidemias, incluidas la hepatitis A y el cólera, porque prosperan en zonas superpobladas sin buenas instalaciones sanitarias, como agua potable y alcantarillado”, afirma Dirk-Jan Jalvingh, responsable de políticas de Oxfam Novib.

Además de las condiciones inhumanas e insalubres, la población de Gaza está cada vez más desesperada. “Todo el mundo vive con miedo. Los bombardeos israelíes no tienen fin. El ataque militar a Rafah no sólo provocará nuevas muertes, sino también el colapso de la atención médica y una desnutrición crónica generalizada", afirmó Dirk-Jan Jalvingh.

Uno de los socios de Oxfam en Gaza, Juzoor for Health and Social Development –que opera en más de 50 refugios y ha creado numerosos centros de salud en el norte de Gaza– advierte sobre el creciente brote de enfermedades. “Durante meses hemos visto a personas en nuestros centros de salud con infecciones de la piel y diarrea acuosa. El número de pacientes con hepatitis ha superado el millar. El tratamiento de estas enfermedades es casi imposible debido a la acumulación de desechos y aguas residuales”, dice uno de ellos. los médicos de la organización de ayuda.

Varios pozos, una planta desalinizadora y una estación de bombeo de aguas residuales de Oxfam, que suministraban agua potable a más de 180.000 personas cada día, han quedado destruidos o gravemente dañados. Los ataques aéreos israelíes también destruyeron el almacén que contenía bloques de letrinas de Oxfam por un valor estimado de 60.000 dólares. Se trata de instalaciones sanitarias y duchas especialmente diseñadas.

A pesar de las condiciones extremas e inseguras, Oxfam y sus socios locales han podido llevar a cabo reparaciones en algunas tuberías de agua y alcantarillado gravemente dañadas en Rafah, Khan Younis y Deir Al-Balah, proporcionando agua potable y sanitarios a 50.000 personas.

“El ejército israelí continúa destruyendo sistemáticamente Gaza mediante ataques militares, arruinando la poca infraestructura civil que queda e impidiendo que la ayuda humanitaria entre en Gaza. Necesitamos urgentemente un alto el fuego inmediato y permanente; el fuego es necesario para poner fin a la muerte y la destrucción, para permitir más. ayuda a Gaza y para garantizar la liberación de los rehenes y prisioneros palestinos detenidos ilegalmente", dijo Jalvingh.

 Nota para los editores:

• Un análisis de las imágenes satelitales de UNOSAT publicadas a mediados de enero, realizado por UNICEF en nombre del Grupo de Agua y Saneamiento, muestra que el 87 por ciento de las instalaciones de WASH en la gobernación de Gaza han sido destruidas o han sufrido algún grado de daño, según OCHA.
• Casi 360.000 personas han huido de Rafah desde la primera orden de evacuación hace una semana, según la UNRWA .
• Según una evaluación realizada por la Empresa de Agua de los Municipios Costeros -utilizando estudios de campo y datos recopilados de personal técnico en 25 áreas municipales que han hecho un registro preliminar de los daños visibles y urgentes en las áreas a las que han podido llegar- los costos de reparación serían con los datos de abril de 2024 de al menos 210 millones de dólares. Las estimaciones de costos podrían aumentar debido a daños sin precedentes bajo los enormes escombros.
• Los equipos de trabajadores sanitarios de Juzoor han estado supervisando la situación en el norte de Gaza y utilizando kits de diagnóstico y protocolos de tratamiento de la OMS. Los puntos médicos de Juzoor han podido tratar con éxito el 99 por ciento de los casos con síntomas reconocibles, garantizando una atención óptima. Para casos graves, Juzoor remite a las personas a centros de tratamiento secundario y organiza la hospitalización.

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Las piezas del F-35 todavía van a Israel, Oxfam Novib inicia un nuevo procedimiento sumario Oxfam Novib,

 Las piezas del F-35 todavía van a Israel, Oxfam Novib inicia un nuevo procedimiento sumario

Oxfam Novib, 27 de mayo de 2024

En febrero, el tribunal de La Haya dictaminó que los Países Bajos deben dejar de suministrar piezas de aviones de combate F-35 a Israel para su uso en Gaza. Lamentablemente, todo indica que estas piezas llegan a Israel desde los Países Bajos por otras rutas. Es por eso que iniciamos una nueva diligencia judicial, que se llevará a cabo el viernes 28 de junio.   

En febrero, el tribunal dictaminó que los Países Bajos deben dejar de exportar las piezas a Israel debido a riesgos claros de violaciones graves del derecho humanitario. En el recurso que presentamos contra el Estado holandés junto con PAX y The Rights Forum teníamos razón en todos los aspectos. 

Poco después de la sentencia, el gobierno holandés decidió recurrir en casación. En un recurso de casación, el Tribunal Supremo, el máximo tribunal, valora si un tribunal de rango inferior (por ejemplo, un tribunal de apelación) ha aplicado correctamente la ley y si se han seguido adecuadamente las normas procesales. El Tribunal Supremo se pronunciará al respecto en septiembre.  No se volverá a examinar el fondo del asunto y, por lo tanto, los Países Bajos no pueden exportar piezas para el F-35 a Israel.  

Desgraciadamente, ahora todo indica que las piezas del F-35 procedentes de los Países Bajos acaban en Israel por otras rutas. Empresas holandesas, incluida Fokker, fabrican piezas para los aviones de combate F-35. Las piezas se suministran desde los Países Bajos a empresas estadounidenses que construyen el F-35. Mientras que empresas como Fokker, desde el fallo judicial, ya no pueden suministrar piezas a Israel como destino final. Por lo tanto, junto con PAX y The Rights Forum, hemos decidido iniciar nuevamente un procedimiento sumario contra el Estado holandés. 

El litigio es un proceso costoso. Pudimos ganar la demanda anterior en parte gracias a miles de generosas donaciones de nuestros seguidores, y ahora podemos volver a contar con su apoyo. Esperamos necesitar un total de 50.000 euros. ¿Responsabiliza al Estado holandés?  

Aquí encontrarás las 7 preguntas más frecuentes sobre este nuevo proceso sumario, que se conocerá el 28 de junio de 2024. 

1. ¿Por qué se ha iniciado nuevamente un procedimiento sumario?   

En febrero, el tribunal de La Haya dictaminó que los Países Bajos deben dejar de suministrar piezas de aviones de combate F-35 a Israel para su uso en Gaza. Lamentablemente, todo indica que estas piezas llegan a Israel desde los Países Bajos por otras rutas. Por lo tanto, el Estado holandés no respeta la sentencia del Tribunal de La Haya. Nos parece inaceptable que el Estado holandés no cumpla las sentencias judiciales y siga suministrando componentes que contribuyen a las violaciones del derecho humanitario en Gaza.  

2. ¿A través de qué rutas llegan a Israel las piezas holandesas del F-35?    

Los Países Bajos ya no suministran piezas del F-35 directamente a Israel desde el Almacén Regional Europeo en Woensdrecht ni en ningún otro lugar de los Países Bajos. Pero el fallo del tribunal es muy claro: las piezas holandesas no pueden terminar en Israel a través de otros países, como Estados Unidos. Lamentablemente, el Estado no obstaculiza la exportación de piezas holandesas a, por ejemplo, Estados Unidos, mientras que el gobierno debe imponer garantías de que estas piezas no acaben en Israel.

3. ¿Tienen pruebas?

Sabemos que todos los aviones F-35 contienen piezas holandesas, incluidas las israelíes; nadie lo discute. Y Estados Unidos también suministra piezas a Israel, que pueden incluir piezas de los Países Bajos. 

4. ¿Tiene realmente sentido iniciar otra demanda si el Estado no cumple con el fallo?

La sentencia de febrero del Tribunal de Apelación de La Haya fue clara: los Países Bajos tuvieron que dejar de suministrar piezas para el F-35 a Israel en un plazo de siete días. Este fallo es un paso importante para obligar al gobierno holandés a cumplir con el derecho internacional, que los Países Bajos han defendido en el pasado. Además, el fallo también tuvo consecuencias internacionales: desde entonces se han iniciado demandas similares en varios países. Con este nuevo procedimiento sumario queremos obligar una vez más al Estado holandés a respetar el Estado de derecho y el derecho internacional.  

5. ¿No cree que Israel, por ejemplo, debería poder defenderse de Irán con el F-35?  

Por supuesto, Israel tiene derecho -de conformidad con el derecho internacional humanitario- a defenderse de los ataques de países vecinos como Irán. En el fallo, el juez le da al Estado holandés la oportunidad de reconsiderar la emisión de permisos para piezas del F-35, pero luego Israel debe dejar claro que no desplegará el F-35 en Gaza para defenderse de los ataques de las zonas circundantes de países como Irán. En el fallo, el juez le da al Estado holandés la oportunidad de reconsiderar la emisión de permisos para piezas del F-35, pero luego Israel debe dejar claro que no desplegará el F-35 en Gaza. 

6. ¿Y qué pasa con la casación del Estado contra el fallo anterior?

Poco después de la sentencia del tribunal, el gobierno holandés decidió interponer un recurso de casación. En un recurso de casación, el Tribunal Supremo, el máximo tribunal, evalúa si un tribunal inferior (un tribunal o un tribunal de apelación) ha aplicado correctamente la ley y si se han seguido adecuadamente las normas procesales. El fondo del caso no será reevaluado y los Países Bajos deben dejar de suministrar piezas para el F-35 a Israel. La casación tendrá lugar en septiembre de 2024 y estamos ocupados preparándola. 

7. ¿Cómo financian estos procedimientos sumarios?   

Para financiar estos procedimientos sumarios, hemos vuelto a iniciar el crowdfunding con PAX y The Rights Forum. No utilizamos subsidios gubernamentales ni donaciones regulares para esta demanda, por lo que solo las personas que la apoyan plenamente contribuyen. Estamos extremadamente agradecidos con todos los que hacen posible esta demanda. 

Donaciones desde fuera de Países BajosORA

A veces nos preguntan por qué este caso conlleva tantos costes. Esto se debe a que se trata de un caso complejo y a que se desarrollan varios casos en paralelo -el recurso de casación y el nuevo procedimiento sumario- que requieren mucho tiempo y conocimientos específicos. Esto conlleva los costes necesarios. Por supuesto, hubiéramos preferido gastar el dinero de esta demanda en la respuesta de emergencia en Gaza. Pero como el Estado holandés no cumple con sus obligaciones según el derecho internacional, sentimos que era importante dar este paso.

Más información: 

Comentarios sobre la sentencia: https://causaarabeblog.blogspot.com/2024/02/prohibir-la-venta-de-armas-israel-una.html

https://causaarabeblog.blogspot.com/2024/02/demanda-contra-el-estado-holandes.html

Sentencia: https://causaarabeblog.blogspot.com/2024/02/la-justicia-holandesa-acepta-prohibir.ht

El campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU no firmará nuevos acuerdos con CAF

 El campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU no firmará nuevos acuerdos con CAF

elsaltodiario, Redacción Hordago, 19 de junio de 2024 

El vicerrector del campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha declarado que no firmará ningún nuevo acuerdo con la empresa CAF mientras continúe participando en el proyecto del tren ligero de Jerusalén.

Esta mañana, el comité de gobierno de la UPV/EHU en el campus de Ibaeta tenía la intención de firmar un acuerdo con la empresa CAF, similar al que ya tiene en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, para establecer un centro de innovación en Gipuzkoa. El pasado 24 de abril, la institución pública aprobó por mayoría una moción en la que se compromete formalmente a no colaborar con entidades que no respeten el derecho internacional o las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la situación en Palestina. Por lo tanto, como señala BDS Gipuzkoa, “no firmar un acuerdo con CAF es un paso lógico en esta dirección”.

Dicha organización, junto a EHU Palestina, habían convocado una concentración en la que una treintena de personas han exigido que no se firme este acuerdo. Una de las tantas que han surgido en los últimos meses para denunciar las colaboraciones con Israel en Euskal Herria. Tras la reunión, los miembros de los grupos sociales se han reunido con el vicerrector Agustin Erkizia Olaizola. Basándose en la moción aprobada en abril, señalan, “se nos ha informado que no habrá ningún acuerdo con CAF en el campus de Gipuzkoa mientras la empresa siga participando en el proyecto del [http://xn--cuatro%20empresas%20espaolas%20construyen%20el%20tranva%20del%20apartheid%20en%20territorio%20ocupado%20por%20israel-6pk81b/]tren ligero de Jerusalén”.

Los miembros del grupo BDZ consideran positiva esta noticia, que llega después de que la Diputación de Gipuzkoa haya decidido otorgar al presidente de la empresa vasca con mayor relación económica con los sionistas el símbolo de honor más importante de la ciudad, la medalla de oro, por su contribución al “bienestar y cohesión social”.

Según BDZ, “la EHU ha recibido el mensaje de la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y de muchos de sus estudiantes y trabajadores, y ha decidido poner fin a esta colaboración”. También piden que se cumplan las reivindicaciones de los miembros de la red EHU-Palestina y que se rompan las relaciones con las empresas colaboradoras AXA y HP.  Y añaden: “solicitamos que se cancelen las colaboraciones que han sido publicadas y que se forme una Comisión de Garantía para dar seguimiento a la moción firmada en abril".

Como publicó Hordago en una investigación reciente, hasta tres universidades y cuatro entidades gubernamentales de Israel colaboran con grupos de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea en acuerdos donde también participan empresas del país que contribuyen al genocidio del pueblo palestino. Por ello, en conceptos de colaboración en planes europeos, la UPV/EHU ha recibido 4,2 millones.

Negocios de CAV

Como publicó Argia, aunque las empresas que hacen negocios con el Israel del apartheid son diversas, el motivo del incremento en un 52% de los ingresos de este año es el negocio de la multinacional vasca CAF en los territorios ocupados por Israel. Más de la mitad de los 155 millones ganados por las empresas vascas en ventas a Israel hasta julio pertenecen a CAF, que trabaja en dos grandes proyectos junto con la constructora israelí Saphir: la construcción del tren ligero de Tel Aviv, así como el polémico tranvía que conectará los asentamientos israelíes que se construyen en Jerusalén y los territorios ocupados.

CAF, que lidera la construcción y ampliación de líneas de tranvía que conectan la ciudad vieja con los territorios ocupados de Jerusalén Este, según la ONU, asentamiento ilegales, forma parte de las cuatro empresas españolas (Comsa, junto con GMV y TyPSA) que construyen el tranvía del apartheid en el territorio ocupado por Israel.

En agosto de 2019, CAF ganó el concurso, valorado en 1.800 millones de euros, que incluía 27 kilómetros de nueva vía, 53 nuevas estaciones, varias cocheras y la construcción. De esta forma, el proyecto beneficiará los asentamientos ilegales de Givat HaMatos: 2.610 nuevas viviendas cuya construcción ya está aprobada y fue condenada en 2014 por España, la UE y hasta por EE UU.

Otras firmas vascas, como Sener y la consultora Idom, han ganado o están pujando por millonarios contratos para obras en las infraestructuras del transporte en Israel.

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Informe Neocolonialismo Verde en el Territorio Ocupado del Sáhara Occidental Marca España .Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), NOVACT y SUDS,

 Informe

Neocolonialismo Verde en el Territorio Ocupado del Sáhara Occidental Marca España

Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), NOVACT y SUDS, 

18 de junio de 2024

El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), NOVACT y SUDS publicamos “Neocolonialismo verde en el Territorio Ocupado del Sáhara Occidental Marca España”, un informe que documenta los proyectos de greenwashing de las empresas renovables españolas en los territorios ocupados del Sáhara, así como las complicidades de la Unión Europea, el Estado español y la banca española.

La carencia de recursos fósiles y el contexto geoestratégico global ha llevado a Marruecos a desarrollar un ambicioso plan de transición energética. Para reducir su dependencia de las importaciones de petróleo y gas, Marruecos tiene la intención de conseguir el 52% de su cuota de energía a través de fuentes renovables para el 2030. Esto le permitiría aspirar a convertirse en un líder africano en el campo de las renovables y uno de los principales proveedores potenciales de la Unión Europea. Esta aspiración ha llevado al Gobierno de Marruecos a desarrollar el sector de la energía solar, eólica y de hidrógeno en Marruecos, pero también en el territorio saharaui que ocupa de forma ilegal desde 1976.

Algunos hallazgos de la investigación:

• Estos proyectos de energía renovable están siendo utilizados para consolidar la ocupación mediante la afianzamiento de la dependencia del pueblo saharaui de las infraestructuras marroquíes, con la connivencia de empresas, capital extranjero, y en cierto modo, de la Unión Europea y el Estado español, dado que esta política económica se alinea con sus estrategias de transición energética verde.
  
  
• En un marco de aparente oficialidad y legalidad y bajo prácticas de greenwashing, las inversiones en las industrias de renovables a través de partenariados público-privados, esconden graves vulneraciones del derecho internacional que suponen la desposesión de recursos naturales y la violación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
  
  
• Marruecos utiliza un sistema de ayudas, exenciones fiscales y otras políticas económicas para promover la contratación de población marroquí en el territorio ocupado saharaui, lo cual atrae población colona marroquí modificando así la estructura demográfica en el territorio ocupado.
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• En el ámbito del Estado español, foros, acuerdos de cooperación, encuentros empresariales de alto nivel España-Marruecos y agencias de promoción económica como el ICEX fomentan la entrada al mercado energético marroquí de empresas renovables españolas, sin informar al tejido empresarial español sobre el estatus legal del Sáhara Occidental como Estado No Autónomo pendiente de descolonización y las posibles vulneraciones de derechos humanos en las que pueden incurrir.

El informe del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo documenta los casos de 4 empresas españolas que desarrollan proyectos renovables en el Sáhara Occidental ocupado:

• Acciona, de la familia Entrecanales ha entrado en el proyecto por el desarrollo de ocho granjas eólicas y un proyecto para una planta de hidrógeno verde del Gobierno marroquí en las zonas del Sáhara Occidental ocupado del Aaiún y Boujdor, a través de ORNX Boujdour y ORNX Laayoune.
  
  
• Grupo TSK, que opera a través de sus filiales: Construction et Montage du Maroc y Ouarzazate Solar 1. TSK desarrolla un proyecto de tecnología termosolar y fotovoltaica en la provincia de Midelt y un proyecto de energía eólica para la producción de hidrógeno verde ubicado en  Dakhla (Sáhara Occidental ocupado).
  
  
• Siemens Gamesa participa en cuatro parques eólicos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, uno de los cuales provee el 99% de la energía que se requiere para hacer funcionar la mina de extracción y exportación de fosfatos de Fundido Bucraa, uno de los negocios más polémicos de la ocupación marroquí.
  
  
• Grupo Lasarte, proveyó -a través de Laso Lasarte Wind- de transporte logístico al proyecto de 5 parques eólicos de Siemens Gamesa. Dos de ellos, Boujdour y Tiskrad, se encuentran en el Territorio Ocupado del Sáhara.

 

Seis sentencias consecutivas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dan la razón al Sáhara Occidental sobre el derecho del pueblo saharaui de disponer y explotar sus recursos. Este año se espera la respuesta de la abogada general al último litigio abierto por el Frente Polisario al Estado de Marruecos a causa del Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos.

Medio millón de personas saharauis viven en el territorio actualmente ocupado por Marruecos sin acceso a la mayoría de sus recursos naturales, y aproximadamente 165.000 saharauis viven en el exilio en los campamentos de Tindouf en Argelia a la espera del referéndum que determine el estatus del último territorio africano por descolonizar.

El informe ha sido realizado por Felip Daza, Carlos Díaz, Berta Flores, Paula Mas y Nora Miralles.

Coordinadores del informe: Alys Samson Estapé y [ alys@novact.org ] Maite Ramos Plaza [ maite@suds.cat ] Portada y diseño: Toni Sánchez Poy [ flaperval@yahoo.es ] Foto portada: Equipe Media

INFORME COMPLETO

20 JUNIO: DÍA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS

 

MANIFESTACIÓN EN OVIEDO .Paremos el genocidio en Palestina. Sábado 22 de junio 12:30

 

MASACRE LUCRATIVA Las manos manchadas de las empresas españolas en Palestina

 La ciudad de Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza, en diciembre de 2023, tras un ataque israelí. / Yonatan Sindel /Flash90

MASACRE LUCRATIVA

Las manos manchadas de las empresas españolas en Palestina

Constructoras, bancos o aseguradoras radicadas en España hacen negocio con el genocidio y la ocupación israelíes ante la pasividad del Gobierno y la UE

 Gorka Castillo 

www.ctxt.es, 17/06/2024

Colonos judíos mataron hace unos días a un palestino de varios disparos a quemarropa en el centro de la ciudad cisjordana de Yenín. “¡Asesinos, asesinos!”, se escuchaba gritar a la gente mientras varios soldados apostados en una loma observaban la escena con una apatía difícil de descifrar. Yenín es una localidad de 40.000 habitantes que viven apretados como termitas en un espacio reducido con las salidas bloqueadas. Una forma lenta y dolorosa de liquidarlos. Y geográficamente es un punto de intersección entre la carretera 66, que parte del puerto de Haifa, y la ruta 60, todavía inacabada, que conecta con Hebrón y Beerseba los nuevos asentamientos que han edificado los colonos al sur de Jerusalén. En uno de los tramos en obras, cerca de Hebrón, en el asentamiento de Kfar Etzion, dos trabajadores españoles murieron en diciembre de 2022 tras sufrir un accidente de tráfico. Aunque poco trascendió de este suceso, las víctimas pertenecían a la empresa Obras Subterráneas S.A (OSSA), fundada en Asturias en 1958 y radicada en San Sebastián de los Reyes, subcontratada por uno de los gigantes de la construcción israelí, Oron Infrastructure and Construction Ltd, con la misión de horadar un complejo túnel bajo la ciudad palestina de Beit Jala para enlazar los asentamientos de Gush Etzion con Jerusalén y mantener a los pueblos palestinos aislados geográficamente. Según el influyente conglomerado de la construcción Moriah Jerusalem Development Corporation, la obra civil en la que participa la firma española “mejora la conectividad de los asentamientos al sur de Jerusalén y facilita el levantamiento de las restricciones a nuevas unidades de vivienda en las ciudades circundantes, incluido el asentamiento de Beitar Illit”, una localidad fundada en 1985 sobre las ruinas de las ciudades palestinas de Husan y Nahalin.

OSSA cuenta con experiencia contrastada en la construcción de túneles, puentes, centrales hidráulicas y minas en Europa y Latinoamérica. Entre sus clientes se encuentran Rio Tinto, Hunosa, la minera Iberpotash, el metro de Santiago de Chile y el de Hong Kong, con quienes ha firmado contratos valorados en más de 682 millones de euros, según se recoge en su web corporativa. Lo que no citan es que entre sus más espléndidos contribuyentes está una constructora israelí como Oron, cuyo éxito empresarial se asienta sobre las tierras confiscadas a los palestinos y el desplazamiento forzado de la población. CTXT ha intentado contactar con los responsables de la empresa madrileña para conocer sus proyectos en un país acusado de vulnerar el derecho internacional humanitario, pero no ha obtenido respuesta. Al economista y cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Santiago González, le escandaliza la arbitrariedad con la que se trata la actividad empresarial en un país como Israel, “en la medida en que esas relaciones convierten a las corporaciones en colaboradores conscientes de las infinitas violaciones de derechos humanos que Israel está cometiendo”. Del mismo modo que no puede entender la inacción de gobiernos como el español en una cuestión que podría resultar clave para acabar, o al menos reducir, la violencia extrema que Israel practica contra el pueblo palestino. González reclama la necesidad de imponer sanciones “porque no hay nada ‘neutral’ en unos negocios que promueven la usurpación y recompensan la ocupación y la ilegalidad internacional”.

El de OSSA no es el único caso. La agencia de viajes en línea Edreams y sus dos principales unidades organizadoras de ocio vacacional, Opodo y Travellink, operan con propiedades hoteleras levantadas en asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada, en Jerusalén Este y el Golán sirio. Edreams es la única empresa española en la lista negra elaborada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las 112 corporaciones transnacionales que cooperan en la violación del derecho internacional que viene cometiendo Israel en Palestina desde 1967. Otra empresa señalada es SEMI, especializada en el desarrollo de líneas de alta tensión, subestaciones y electrificación ferroviaria, que construyó un tramo del tren entre Nazaret y Jerusalén a través de una zona ocupada por colonos israelíes. SEMI perteneció al área de servicios industriales de ACS hasta que, en diciembre de 2021, fue vendida al gigante francés Vinci.

Una de las compañías que empieza a sentirse incómoda ante las acusaciones de complicidad con el régimen israelí es la multinacional de matriz vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF). Y las denuncias no sólo proceden de movimientos sociales y sindicatos, también de instituciones internacionales como el Punto Nacional de Contacto (PNC), un organismo dependiente de la OCDE con capacidad para actuar como mecanismo de reclamación extrajudicial frente a los excesos de las grandes corporaciones. CAF y sus filiales CAF Signalling y Solaris forman parte del consorcio TransJerusalem, que ganó la licitación de ampliación del tren ligero en Jerusalén Este. Bajo la modalidad de partenariado público-privado, este proyecto contempla la construcción de 27 kilómetros de vía, 53 estaciones y varios depósitos tanto en la actual Línea Roja del tranvía como en la nueva Línea Verde, que se extenderá a lo largo de 20,6 kilómetros y contará con 114 nuevas unidades. Estos trazados cruzan en tres de sus tramos la “línea verde del armisticio” de 1949, la frontera original del Estado de Israel con el territorio reivindicado por Palestina, y violan la Resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tras comprobar minuciosamente estos hechos, el PNC emitió un dictamen el pasado mes de mayo donde reconoce que todas las operaciones de esta compañía en la Palestina ocupada suponen una violación manifiesta del derecho internacional. “Aunque también admite que con las regulaciones internacionales existentes hoy en día es imposible responsabilizar jurídicamente a CAF por estos hechos. No es que la empresa esté saltándose la normativa, es que no hay ninguna normativa que obligue a la empresa a cumplir el derecho internacional”, explica Juan Hernández, doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, miembro del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y autor de diversos libros sobre la impunidad normativa en la que se desenvuelven las grandes corporaciones transnacionales por todo el mundo. “Tan dadas a poner en valor su responsabilidad social corporativa, sus códigos de conducta y sus propuestas de autocontrol para prevenir los riesgos, estas empresas callan ahora ante el genocidio. ¿Dónde quedan la ética empresarial y la diligencia debida de CAF y otras muchas compañías?, nos preguntamos retóricamente muchas personas”, concluye. Un dato final: el pasado 15 de junio, la multinacional vasca celebró en la sede central de Beasain su junta anual de accionistas, entre los que están el Gobierno Vasco y Kutxabank pero no los y las trabajadoras a pesar de poseer el 24% de las acciones de la empresa. Uno de los motivos de su exclusión, según ha denunciado el sindicato LAB, es la oposición frontal que han mostrado “para que la constructora de trenes participe en el proyecto del tranvía de Jerusalén”.

Amnistía Internacional pidió a principios de año la intervención del Gobierno español para que la empresa vasca de ferrocarriles CAF y la catalana Comsa abandonen sus proyectos de construcción del tren ligero en Jerusalén. “Cualquier empresa que opere en territorios ocupados militarmente por Israel, lucrándose con sus actividades, está participando y contribuyendo a la violación de derechos humanos”, sentenció la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, en Madrid. Comsa acaba de anunciar que abandona los proyectos que tenía contratados dentro del consorcio JTrain para construir y gestionar la Línea Azul de tranvía que atraviesa Jerusalén. CAF, no. El influjo del dinero es inescrutable. Incluso cuando se encuentra entre los vestigios de un pueblo martirizado por un apartheid salvaje.

Nora Miralles es una de las tres autoras del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas (ODHE) que han elaborado el informe ‘La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina. El caso de la energía solar y greenwashing’. Y el diagnóstico que realizan es demoledor: “A pesar de ser un terreno considerablemente opaco, sobre todo en lo que refiere a las transacciones económicas directas y los préstamos, en el informe quedan suficientemente probados los vínculos existentes entre los proveedores de proyectos de energías renovables y el sistema financiero español, ya sea en forma de inversiones bursátiles, gestión de activos o préstamos verdes”, indica Miralles. El estudio, de 45 páginas, detalla el rentable encaje que han encontrado las entidades de crédito españolas dentro de toda una compleja arquitectura de inversiones en torno a proyectos de energía renovable en territorios ocupados para abastecer de energía a asentamientos de colonos, todos ellos considerados ilícitos por la resolución 43/71 de 2020 de Naciones Unidas. En el intrincado esquema realizado por los tres expertos de la ODHE aparecen las relaciones que entidades como CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Ibercaja, Bankinter, Kutxabank, Banca March o el Banco Sabadell mantienen con plantas de energía de los proyectos Halutziot, cerca de la Franja de Gaza; Ashalim PV, Ketura Sun y Timna Valley, en el desierto del Naqab; o Kalia Solar, en el territorio ocupado del valle del Jordán, entre otros.

También destaca la presencia de aseguradoras como Catalana Occidente, Compañía Española de Seguro de Crédito en la Exportación (CESCE) y Grupo Mapfre, para garantizar las indemnizaciones que correspondan en caso de que se produzcan situaciones que pongan en riesgo la puesta en marcha o la actividad de estos proyectos. Los tres expertos de ODHE concluyen el análisis con una serie de recomendaciones para revertir una situación de injusticia colonial consumada. Unas tienen como destinatarios a las entidades financieras e inversores, que “deben desvincularse de forma responsable de los asentamientos ilegales en Palestina y cesar de inmediato sus actividades económicas en los territorios ocupados en consonancia con el derecho internacional y los principios rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas”. Otras están dirigidas a la sociedad civil, “que debe informarse sobre las inversiones internacionales de sus bancos y aseguradoras y retirar sus recursos económicos en el caso de que estén involucrados directa o indirectamente en vulneraciones de los derechos humanos”.

Organizaciones civiles que han redoblado la presión social contra los Estados que facilitan el suministro de armamento a Israel creen necesario que, además de un embargo efectivo de material bélico y petróleo, deberían de adoptarse otra serie de medidas como “la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y otras relaciones comerciales con instituciones israelíes y corporaciones privadas”, afirma Ana Sánchez, de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), un movimiento que ha tejido una tupida malla de vigilancia marítima para evitar que barcos cargados de armas con destino a Israel puedan hacer escala en los puertos españoles. Hasta el momento, han logrado que el gobierno denegara el permiso de entrada a dos de ellos, el ‘Borkum’y ‘Marianne Danica’. Para Ana Sánchez, “hay mucha incoherencia entre la retórica y los hechos de la política del Gobierno español, que dice estar comprometido con la defensa de los derechos humanos en Gaza y los territorios ocupados, pero que en la práctica lo relega a un segundo plano frente a otros intereses como los económicos. No se puede defender al mismo tiempo principios humanitarios y dar un trato comercial como socio preferente a un país que los vulnera”, dice. Entonces, ¿no hay voluntad política para revertir esta situación?

El pasado mes de febrero, la diputada del grupo parlamentario Sumar, Teslem Andala, y su compañero de bancada Enrique Santiago formularon una pregunta al Gobierno sobre la participación de INECO, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la construcción de la Línea Azul del tranvía de Jerusalén. Pese a que su actuación se limita a los tramos israelíes de la ciudad, sus estudios de ingeniería han resultado decisivos para la ampliación del metro ligero hasta el asentamiento ilegal de Ramot. La respuesta que recibieron los parlamentarios de Sumar no tiene desperdicio: “El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa informa de que la decisión de las empresas españolas sobre la conveniencia o no de su participación en procedimientos de licitación internacionales en las que compiten junto con empresas de otros países, corresponde a las propias empresas. El Ministerio no puede interferir en las decisiones adoptadas al respecto por las empresas”.

Más de un centenar de organizaciones sociales europeas remitieron a finales de marzo una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación de la UE con Israel. “A la luz de las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado de Israel”, comienza la misiva, también enviada al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola; y al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. “Estas violaciones de los derechos humanos”, continúa el escrito, “constituyen una violación de las cláusulas de los elementos esenciales, en particular del artículo 2 del Acuerdo de Asociación”, que establece que las relaciones entre las partes se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, “que inspira sus políticas interiores y exteriores”. Todo queda, por lo tanto, en manos del interés de la nueva administración europea en poner cerco al estado de sumisión y negación de la vida al que está siendo reducido el pueblo palestino. Y ya se sabe que, entre las buenas palabras y los hechos, cae la sombra.

La Base de Datos de empresas cómplices con la colonización pendiente de actualización CSCA

 El CSCA ha participado en la elaboración de informes de 10 empresas y entidades

La Base de Datos de empresas cómplices con la colonización pendiente de actualización

CSCA

El Alto Representante de las Naciones Unidas de Derechos Humanos recibió el encargo de crear una Base de Datos de empresas que actuaban en Territorio Palestino Ocupado (no así en los Altos del Golán sirio), en base a la resolución 31/36 (2016).

El 12 de febrero de 2020, tras un proceso de encuesta, consulta a las empresas inicialmente consideradas y excluir a muchas de ellas, se hizo pública una relación de 112 empresas, aún a pesar del rechazo de Estados Unidos, Israel y de la propia UE que no querían su publicación e intentaron que desapareciera esa Base de Datos poniendo impedimentos para la financiación de cualquier equipo encargado de su actualización.

Por eso, y con grandes dificultades, el 30 de junio de 2023, se actualizó esa Base de Datos, pero para excluir a 15 empresas de la primera relación pública, dado que por diferentes argumentos se entendió que desde una fecha habían dejado de actuar en los asentamientos israelíes, pero sin incorporar a ninguna nueva, a pesar de diferentes demandas de la sociedad civil. Una de ellas, consistió en pedir la inclusión de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en la Base de Datos, en la que participó el CSCA.

La novedad es que, hasta el 12 de junio de este año, se pudieron presentar por parte de la sociedad civil nuevos nombres de empresas y otras entidades utilizando fuentes verificables.

Aprovechando esa oportunidad, voluntarios del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe han participado en la confección de informes de 10 empresas y entidades y los han registrado ante el Consejo de Derechos Humanos. Cinco de ellos son de empresas con sede en territorio español y otros cinco informes de empresas y entidades con sedes en otros países.

Nos consta que otras organizaciones de diferentes países han presentado alrededor de 700 informes de empresas o entidades para su consideración en la actualización de la base de datos de la ONU.

Además de las empresas, las propuestas incluían cerca de 100 instituciones financieras, incluidos los principales bancos no israelíes. Éstos sí están en la actual Base de Datos y que, a pesar de ello, la mayoría de las entidades financieras mundiales han seguido teniendo relación con ellos. También, se han incluido en diversos informes a varias ONG con sede en Israel y en otros países que, formalmente, se presentan como sin fines de lucro, pero están implicadas en proyectos sionistas de colonización de Palestina. 

Actualmente, ya hay una empresa española en esa Base de Datos. Nos referimos a la empresa on line de viajes, Edreams, que es comisionista en el alquiler de viviendas en los asentamientos israelíes en Territorios Ocupados.

Finalmente, hay que añadir que la empresa y directivos de Booking, también on line de viajes y que facilita el alquiler en asentamientos, está inmersa en una demanda penal en un juzgado de los Países Bajos por lucrarse en la colonización y facilitar la expansión económica de los asentamientos y colonos.

Base de datos de conformidad con la Resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos

OHCHR. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

El 24 de marzo de 2016, en su 31º periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) adoptó la resolución 31/36 titulada "Asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en el Golán sirio ocupado". El CDH es un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados miembros. Las resoluciones son votadas y adoptadas por estos Estados miembros.

El párrafo 17 de esta resolución solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que elabore una base de datos de todas las empresas comerciales que participan en determinadas actividades de asentamiento israelíes en el territorio palestino ocupado, en consulta con el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Alcance de la base de datos

Como se especifica en la resolución 31/36, los parámetros de las actividades empresariales que se reflejarán en la base de datos se definen en el párrafo 96 del informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Consecuencias de los Asentamientos Israelíes para los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales del Pueblo Palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental (A/HRC/22/63). 

El párrafo 96 del documento A/HRC/22/63 dice lo siguiente

Como se especifica en la resolución 31/36, los parámetros de las actividades empresariales que deben reflejarse en la base de datos se definen en el párrafo 96 del informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Consecuencias de los Asentamientos Israelíes para los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales del Pueblo Palestino en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental (A/HRC/22/63). 

El párrafo 96 del documento A/HRC/22/63 dice lo siguiente

96. La información recopilada por la misión mostró que las empresas comerciales, directa e indirectamente, han permitido, facilitado y se han beneficiado de la construcción y el crecimiento de los asentamientos. Además de las violaciones de los derechos de los trabajadores palestinos mencionadas anteriormente, la misión identificó una serie de actividades empresariales y cuestiones conexas que suscitan especial preocupación por las violaciones de los derechos humanos. Entre ellas se incluyen:

+El suministro de equipos y materiales que facilitan la construcción y la expansión de los asentamientos y del muro, así como de las infraestructuras asociadas.

+El suministro de equipos de vigilancia e identificación para los asentamientos, el muro y los puestos de control directamente relacionados con los asentamientos.

+El suministro de equipos para la demolición de viviendas y propiedades, la destrucción de explotaciones agrícolas, invernaderos, olivares y cultivos

+El suministro de servicios, equipos y materiales de seguridad a las empresas que operan en los asentamientos

+La prestación de servicios y utilidades que apoyen el mantenimiento y la existencia de asentamientos, incluido el transporte. [Negrita y subrayado del CSCA]

+Operaciones bancarias y financieras que ayuden a desarrollar, ampliar o mantener los asentamientos y sus actividades, incluidos los préstamos para la vivienda y el desarrollo de empresas

+El uso de los recursos naturales, en particular el agua y la tierra, con fines empresariales.

+La contaminación y el vertido de residuos en las aldeas palestinas o su traslado a las mismas

+La cautividad de los mercados financieros y económicos palestinos, así como las prácticas que perjudican a las empresas palestinas, en particular mediante restricciones a la circulación y limitaciones administrativas y jurídicas

+Utilización de beneficios y reinversiones de empresas propiedad total o parcial de colonos para desarrollar, ampliar y mantener los asentamientos

Informes posteriores al mandato

2018: El 20 de marzo de 2018, el ACNUDH publicó un informe provisional (A/HRC/37/39), en el que se expone la metodología utilizada para cumplir el mandato.

2020: El 12 de febrero de 2020, el ACNUDH publicó un informe (A/HRC/43/71) con una base de datos en la que figuraban 112 entidades empresariales.

2023: El 30 de junio de 2023, la OACDH publicó una actualización que contenía una revisión de las 112 entidades empresariales.