Se ha hablado mucho acerca del papel que desempeña el Tribunal Supremo y, en general, el poder judicial israelíes para judaizar el espacio palestino al confirmar las prácticas gubernamentales israelíes de desposeer a los palestinos de su tierra, de demoliciones de casas y de constantes desplazamientos.
Este papel fue evidente en los primeros años del Estado de Israel cuando aprobó las expropiaciones masivas de las propiedades de los refugiados y la confiscación de las tierras que pertenecían a los palestinos que se habían quedado y que se convirtieron en ciudadanos israelíes después de 1948. La desposesión de la tierra continúa hasta nuestros días, lo mismo que el papel y la posición del Tribunal Supremo. Es probable que este papel no haya sido tan claro como lo fue en las dos primeras semanas de mayo de 2015. En esta ocasión su objetivo específico fue la comunidad beduina en Israel y en Cisjordania. En Cisjordania el Tribunal Supremo aprobó el desalojo y la demolición de las casas de un pueblo palestino para permitir la expansión de una colonia judía. En el [desierto del] Negev* el tribunal aprobó el desalojo y la demolición del pueblo beduino palestino de Um Al-Hiran para hacer sitio a una nueva colonia judía. Y, por último, el tribunal ratificó la postura del Estado de que las personas beduinas no tienen derechos sobre la tierra y en la mayoría de los casos son intrusas en tierra estatal.
El 4 de mayo de 2015 el Tribunal Supremo israelí desestimó la petición de los residentes del pueblo de Susya, que esperaban que el tribunal detuviera su tercer desplazamiento y la demolición de sus chabolas. Después de su primer desplazamiento en la década de 1980 los habitantes Susya se trasladaron a vivir a unas cuevas en las montañas al sur de Hebron. Sin embargo, el ejército israelí los expulsó de las cuevas y selló las entradas a estas para impedir que volvieran a vivir ahí. Como insistían en volver a sus tierras y lugares de asentamiento, los residentes tuvieron que construir hogares improvisados en los alrededores hechos de lonas, madera y metal. Entonces se emitieron órdenes de demolición de estas estructuras que el tribunal había aprobado el 4 de mayo, lo que dejó a los residentes sin hogar.
El 4 de mayo de 2015 el Tribunal Supremo israelí desestimó la petición de los residentes del pueblo de Susya, que esperaban que el tribunal detuviera su tercer desplazamiento y la demolición de sus chabolas. Después de su primer desplazamiento en la década de 1980 los habitantes Susya se trasladaron a vivir a unas cuevas en las montañas al sur de Hebron. Sin embargo, el ejército israelí los expulsó de las cuevas y selló las entradas a estas para impedir que volvieran a vivir ahí. Como insistían en volver a sus tierras y lugares de asentamiento, los residentes tuvieron que construir hogares improvisados en los alrededores hechos de lonas, madera y metal. Entonces se emitieron órdenes de demolición de estas estructuras que el tribunal había aprobado el 4 de mayo, lo que dejó a los residentes sin hogar.
Solo un día después de esta sentencia el tribunal aprobó la expulsión de Um Al-Hiran, situado solo a 20 kilómetros al sudoeste de Susya, en el Negev dentro de Israel. El tribunal rechazó un recurso presentado por la familia Abu Al-Kia contra la decisión del gobierno y de las autoridades de planificación de expulsar a los mil miembros de la familia que vivían en Um Al-Hiran. En el lugar en el que estaban asentados y en las tierras que cultivaba la familia el gobierno construirá una nueva colonia judía llamada Hiran. El Estado argumentó en el tribunal que los beduinos eran intrusos en tierra estatal. Basándose en esta afirmación, decidió establecer una colonia y autorizar la expulsión de los habitantes a cambio de una indemnización. Mientras escribo estas líneas a finales de noviembre, la policía israelí está presente en el pueblo y en cualquier momento se espera la llegada de los buldóceres para demoler algunas de las casas.
Unos días después, el 14 de mayo de 2015, el Tribunal Supremo emitió otra sentencia referente a las comunidades beduinas del Negev que concernía a la familia Al-Uqbi, la cual había recurrido una decisión del tribunal del distrito de Beersheba que desestimaba la afirmación de la familia de tener derechos sobre la tierra que habían poseído durante décadas hasta ser desplazados por las autoridades israelíes a principios de la década de 1950. Una parte de Al-Arakib, un pueblo que ha sido destruido por el Estado más de cien veces desde 2010, está en parte de las tierras reclamadas. Basándose en leyes otomanas y del Mandato británico (y en línea con su precedente original de la década de 1980) el Tribunal Supremo sentenció que la tierra en cuestión era tierra “muerta” (mawat) y, por consiguiente, tierra estatal. Según las leyes otomanas, “tierra muerta” es aquella tierra que no posee o cultiva nadie, y que se extiende más del alcance de la voz alta, de una caminata de media hora o de una milla y media de una zona habitada. Basándose en esta doctrina legal el gobierno y los tribunales israelíes consideran intrusos en tierra estatal a las comunidades beduinas en Israel lo mismo que en muchas zonas de Cisjordania. El tribunal se negó a cambiar esta doctrina legal con cuatro décadas de antigüedad a pesar de las pruebas abrumadoras de la posesión y del cultivo de la tierra, y del pago de impuestos desde los años del Mandato. Sin embargo, una revisión histórica revela que el tribunal recurrió a estas categorías legales de una manera tan selectiva y manipuladora que hizo que carecieran de sentido.
La guerra de 1948 tuvo unas consecuencias catastróficas para los beduinos árabes del Negev , solo un 13 % de los cuales permanecieron dentro de los límites de Israel marcados por el armisticio, los demás se convirtieron en refugiados en los Estados vecinos. Unos 11.000 beduinos permanecieron en el Negev, incluidas diecinueve de las noventa tribus que habían vivido en la zona antes de la guerra. La decisión sobre el destino de los beduinos que se quedaron en el Negev quedó en manos del entonces primer ministro [de Israel], David Ben-Gurion, y de otras figuras políticas y militares inmediatamente después de los combates en el Negev. En un principio Ben-Gurion quería expulsar a los beduinos que se habían quedado, pero cambió de parecer y sopesó esa idea frente a otras dos propuestas que se le hicieron: trasladar a los beduinos a ciudades mixtas judías y árabes en el centro del país o concentrarlos en una zona definida y establecerlos en tres ciudades. Se adoptó la última de las propuestas y a consecuencia de ello el ejército empezó a expulsar, reubicar y concentrar a los beduinos. Desde 1949 hasta mediados de la década de 1950, se desplazó por la fuerza a once tribus beduinas desde el oeste del Negev a la zona “siyaj” (o sayag), una zona cercada o cerrada. Allí se les unieron otras ocho tribus que habían vivido originalmente dentro del siyaj. Los límites de esta zona, que abarcaba aproximadamente un 8 % de la zona del Negev, se establecieron según consideraciones de seguridad y de control de la tierra. Sus habitantes permanecieron bajo control militar hasta 1966 y se establecieron ciudades beduinas dentro de la zona. Aunque actualmente no sean visibles, los límites del siyaj existen todavía y están en vigor (1).
Los primeros años del Estado de Israel configuraron la geografía humana y jurídica de los beduinos del Negev, en particular su desalojo, expulsión, traslado y criminalización respecto a la vivienda y la propiedad o posesión de la tierra . Las formas de desalojo variaron ligeramente de una comunidad a otra, pero en general implicaban una combinación de fuerza, amenazas del uso de la fuerza y pronunciamientos u órdenes oficiales del gobierno y del ejército. El comandante militar del Negev solía emitir una orden, firmada en árabe y hebreo, y entregarla al jeque de la tribu. La orden solía afirmar que la tribu tenía que trasladarse de su lugar de residencia por un período de tiempo de hasta seis meses. En la práctica la orden era indefinida y no se permitía a ningún residente regresar a sus tierras de origen. Bajo la política del gobierno, o la falta de la misma, la concentración de tribus beduinas en la zona siyaj creó un espacio construido en la ilegalidad y caracterizado por esta en los años posteriores. Las tribus fueron reubicadas y trabajaron la tierra en la que se les ordenó instalarse. La asignación de la tierra fue parcialmente oral e informal, y parcialmente oficial, por medio de un contrato de arrendamiento del Estado.
Por ejemplo, hasta 1956 las autoridades del Estado trasladaron a la familia Abu Al-Kia’an cuatro veces hasta que fue ubicada en Um Al-Hiran, donde, Uri Lubrani (que posteriormente fue asesor del primer ministro en asuntos árabes) concedió a toda la familia un total de 7.000 dunams (aproximadamente 1.730 acres) de tierra.
La familia Al-Uqbi sufrió una suerte similar de frecuentes desplazamientos. En general las tierras asignadas a las familias desalojadas y trasladadas pertenecían a otras tribus del Negev o a refugiados beduinos. Inmediatamente después de los desalojos la tierra que había sido vaciada o declarada zona militar cerrada era expropiada en base a la ley israelí (la Ley de propiedades abandonadas de 1950 o la Ley de adquisición de tierras de 1953). Generalmente los tribunales israelíes ignoran esta historia y la excluyen de la aplicación de la ley formal. Así, los tribunales desempeñan un papel fundamental para promover el relato sionista de la criminalidad beduina al tiempo que suprimen los relatos de expulsión y reubicación de las comunidades. Existe además un corpus considerable de historia legal vinculado a las tierras reclamadas por los beduinos del Negev que también se suele ignorar o malinterpretar.
En 1952 el ministro israelí de Justicia nombró un comité especial para clarificar la cuestión de la propiedad de la tierra de los beduinos de Negev (2). En un informe confidencial presentado al ministro de Justicia el comité concluía que “es conocido por un hecho que durante el Mandato británico grandes extensiones de tierra se registraron a nombre de los beduinos basándose en la prueba de que ellos habían cultivado estas tierras durante el periodo de tiempo que cualificaba la posesión de la tierra [10 años] y una parte importante de estas tierras se transfirieron [por medio de la venta], tras ser registradas, a Keren Kayemet [el Fondo Nacional Judío], a otras compañías judías y a personas judías individuales. Por lo tanto, hay cientos de precedentes en este asunto y somos de la opinión de que el gobierno de Israel no podrá, y no deberá, ignorarlos […] Después de todo, es posible que los beduinos tengan pruebas de posesión de muchas otras zonas, como los recibos del pago del impuesto del diezmo que servirán de prueba del cultivo de otras extensas zonas”. Por consiguiente, “no se deberían dejar de reconocer los derechos de propiedad que tiene los beduinos sobre las zonas que han demostrado haber cultivado durante mucho tiempo (el periodo de limitación)”, esto es, un periodo de diez años, como exigen las leyes otomanas y británicas.
El comité resumía en estas pocas frases unos hechos importantes de la historia de los beduinos y sus derechos. Los beduinos cultivaron entre dos y tres millones y medios de dunams (unos 3.500 kilómetros cuadrados) de la región de Beersheba. Su principal cultivo era la cebada, conocida por su calidad, parte de la cual se exportaba vía Gaza a la industria de la cerveza británica y del resto de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Aunque no se registraran formalmente, los beduinos obtuvieron derechos sobre la tierra por medio de la agricultura y del pago de impuestos, que eran los medios principales de obtener esos derechos. Por muy absurdo que pueda parecernos a algunos, la agricultura beduina existió durante siglos en el Negev en diferentes grados. Por ejemplo, el viajero estadounidense William Thomson, que atravesó el territorio beduino en el Negev en 1857, observó: “¿Qué tipo de territorio tenemos ante nosotros hoy? Hermoso en sí mismo, pero monótono. Calor, calor, un auténtico océano de calor”. El cultivo de la tierra fue unos de los medios principales para obtener derechos de propiedad bajo el dominio otomano. Las administraciones otomana y británica reconocieron el sistema de propiedad beduino y los registros internos de los jeques que también actuaban como recolectores de impuestos. Además, hubo beduinos que registraron sus tierras en el registro de tierras durante el periodo otomano.
En la época del Mandato los derechos de la tierra siguieron anclados en diferentes formas, tanto formales como informales. Además, cuando se vendía la tierra a organismos o individuos judíos los propietarios beduinos registraban la tierra con sus nombres y solo después transferían los derechos a los compradores. Mientras quienes tuvieran derechos sobre la tierra pagaran los impuestos, satisfacían las principales demandas y expectativas de las autoridades otomanas y británicas, que no se molestaron en crear un aparato legal o administrativo completo en el distrito de Beersheba. El registro ordenado de derechos introducido por los británicos en 1928, conocido como el proceso de establecimiento de los título de la tierra, no llegó al Negev hasta 1948 . Sin embargo, el gobierno del Mandato británico señaló que cuando la regulación de los derechos de la tierra llegara finalmente a Beersheba, se esperaba que unos dos millones de dunams se consideraran tierra propiedad de los beduinos. Con el cambio del paisaje político en 1948 cambió también el régimen de propiedad junto con la historia de la región.
En 1970 el gobierno israelí inició un proceso de establecimiento de títulos de propiedad entre los beduinos, especialmente en la zona siyaj. Para 1979 los beduinos habían presentado 3.220 reclamaciones de propiedad sobre un total de un millón y medio de dunams, que incluía medio millón de dunams de pastos. Parte de la tierra reclamada estaba fuera del siyaj y ya había sido expropiada y registrada como tierra estatal. Un comité nombrado por el gobierno israelí en 1975, presidido por Plia Albeck, una funcionaria de la oficina del fiscal del Estado, señaló que la tierra que reclamaban los beduinos era 850.000 dunams y afirmó que estos no tenían derechos legales sobre la tierra. Basándose en leyes otomanas y británicas, Albeck determinó que la tierra era “tierra muerte” (tierra que estaba lejos de espacios habitados) que no se poseía ni se cultivaba y que, por consiguiente, pertenecía al Estado. Albeck adujo en nombre del Estado de Israel esta misma doctrina legal junto con otras similares para expropiar las tierras y destinarlas a colonias judías en Cisjordania. Aunque en este artículo me centro fundamentalmente en las prácticas israelíes en el Negev, la expulsión de Susya y el uso de doctrinas legales similares demuestran la invisibilidad de la Línea Verde (del armisticio de 1949) a ojos de los altos cargos israelíes y a la hora de analizar las políticas sobre la tierra de Israel.
No obstante, como Albeck esperaba que el tribunal no permitiera que se desalojara a los ciudadanos beduinos de la tierra sin una indemnización, recomendó que el gobierno congelara las demandas de propiedad de la tierra y negociara con los demandantes . Las fórmulas de indemnización eran complejas y diferentes de un demandante a otro, pero combinaban una parcela de terreno para construir en las ciudades beduinas planificadas por el Estado, agua para la agricultura y una compensación financiera, que en general ascendía al 10 % por ciento de la demanda . La oferta de indemnización se condicionaba a que el demandante se asentara en uno de los municipios beduinos construidos por el Estado y planificados para concentrar a los beduinos en los centros urbanos . El gobierno adoptó la recomendación, congeló las demandas y emprendió negociaciones. Desde el principio el gobierno tenía claro que los beduinos no estaban entusiasmados con la propuesta. Para 2005 el gobierno solo había resuelto el 15 % de las demandas, la mayoría de ellas por la fuerza durante el desalojo de la zona de Tel El-Meleh en el Negev para construir la base aérea de Nevatim, que se trasladó en parte a la península del Sinaí tras el acuerdo de paz con Egipto. Hacia 2005 el Estado comenzó a presentar contrademandas a las demandas originales de los beduinos y hasta la fecha ha ganado el 100 % de los casos (casi 300), el último de los cuales fue la sentencia Al-Uqbi.
La adopción de las recomendaciones de Albeck supuso la opción del Estado de llegar a una decisión respecto a las comunidades beduinas del Negev que cumpliera con su aspiración política de controlar las tierras por medio de la negociación. Sin embargo, en la última década el gobierno israelí pasó del modo de negociación al de confrontación aumentando la cantidad de casas demolidas e iniciando la política de contrademandas de la tierra. Al mismo tiempo el gobierno israelí se dio cuenta de que las cosas se estaba saliendo de su control ya que no se resolvían ni las demandas de la tierra ni el estatus de pueblos “no reconocidos”. Los sucesivos gobiernos israelíes siguen abordando la cuestión de la tierra beduina en el Negev sin tener en perspectiva una solución adecuada. Así, desde 2007 el gobierno israelí ha empezado a desarrollar un plan integral que abordará tanto las cuestiones de la tierra y la vivienda en Beersheba como el desarrollo socioeconómico.
Solo después de 2007 el gobierno nombró varios comités (los comités Goldberg, Amidror, Prawer Begin) para estudiar el asunto. El último intento fue el proyecto de ley Prawer, que se congeló y no se votó en el Knesset [parlamento israelí] debido a la importante oposición a un posible desplazamiento masivo de unos 40.000 beduinos de sus pueblos. No obstante, no se canceló [el proyecto de ley] Prawer y se espera que se presente de nuevo en el Knesset en su versión actual o con algunas enmiendas .
Mientras tanto ha fracasado el proyecto de urbanizar a los beduinos: decenas de miles de personas beduinas viven en pésimas condiciones en pueblos no reconocidos y unas 2.500 demandas de propiedad siguen esperando ser resueltas y llevan a desalojos y demoliciones, sin que se solucione nada sobre el terreno. Al mismo tiempo las autoridades israelíes intensifican sus políticas de urbanización y de desplazamiento de los beduinos a la Zona C de Cisjordania. Lo que está claro es que se sigue ejecutando el esquema del proyecto colonial de eliminación y reubicación de la población por medio de la desposesión, las demoliciones y el desplazamiento. No parece que haya una solución en perspectiva ni intención alguna por parte del gobierno de cambiar de manera profundas su política respecto a las personas beduinas. El gobierno israelí las sigue considerando intrusas y obstáculos para el “desarrollo”, esto es, para la judaización.
Social History Workshop junto con Journal of Levantine Studies publicaron una versión más breve de este artículo.
Notas:
* El desierto del Negev ocupa un área de unos 13 000 km², con forma de triángulo invertido cuyo vértice meridional se sitúa sobre la costa del mar Rojo. Al oeste limita con la península del Sinaí (Egipto) y al este con la zona meridional de Jordania. (N. de la t.)
(1) Un ejemplo de ello es una de las secciones del Plan Prawer que se enmendó posteriormente y que prohibía los asentamientos beduinos fuera del siyaj. Además, la mayoría de las personas que hicieron reclamaciones de la tierra dentro del siyaj recibieron ofertas de indemnización más favorables que quienes reclamaban tierras fuera de él.
(2) Sus tres miembros eran Yehosua Palmon, asesor del primer ministro en asuntos árabes; Binyamin Fishman, del Departamento de resolución de títulos de la tierra, y Yosef Weitz, representante del Fondo Nacional Judío (Keren Kayemet L’Yisrael)
Fuente: Ahmad Amara, Middle East Monitor / Rebelión (Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos)
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